Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

El primer plenario del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con más de 1.6000 delegados, resolvió esta tarde, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, “seguir dando pelea en las calles y en todos los espacios que sea necesario para defender el conjunto de las y los trabajadores”, reivindicó el derecho a huelga como “herramienta esencial” para defender los derechos laborales y definió que “el salario digno y la distribución de la riqueza” son el primer punto del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria. “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un salario mínimo vital y móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, señalaron en el programa, que fue votado a mano alzada durante el acto de cierre, y precisaron que el valor de ese salario debería ser $2,8 millones para un trabajador sin cargas de familia. En la actualidad es de $357.000.

Al cierre del Plenario, el secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM), Abel Furlán, afirmó: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”. “Mientras el Gobierno y los empresarios se reúnen en el Hotel Llao Llao para entregar el país, nosotros nos reunimos en esta contracumbre para defender la soberanía y a los trabajadores”, se refirió a la cita de hombres de negocios con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso Furlán definió la reunión porteña del FreSU como “contracumbre” del Foro Llao Llao.

“Vamos a recorrer distintas provincias para fundar el FreSU en todo el país para que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse”, prometió el metalúrgico. “Eso nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de nuestro país”, agregó Furlán.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que “hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”. “Llamemos a la desobediencia: que nadie pida permiso para hacer una asamblea. Le avisamos al Gobierno y a los patrones, pero sobre todo a las y los trabajadores: hoy iniciamos el camino por la recuperación salarial y no vamos a parar hasta que no nos devuelvan hasta el último peso que nos quitaron.”

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló: “Los compañeros vinieron a buscar una respuesta a la problemática que hoy tiene el movimiento obrero y se la van a llevar: este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Así fue que apuntó contra la CGT, que por ahora ha basado su estrategia contra la flexibilización laboral en recursos judiciales. Yofra llamó a “prender fuego el país con huelgas” para conseguir mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, que recibió la solidaridad del FreSU ante la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. “La multa millonaria aplicada por ejercer el derecho de huelga no es una medida administrativa: es un acto de persecución y disciplinamiento contra todo el movimiento obrero. El Gobierno pretende castigar a quienes paran, organizan y reclaman. Pretende instalar el miedo como límite a la acción sindical. No lo vamos a aceptar”, subrayó el FreSU en un comunicado. La multa ocurrió la misma semana en que la revista Noticias reveló que el patrimonio de Maturano creció con propiedades en el exterior, casas, departamentos y autos de alta gama, todos registrados a nombre de su esposa, Fernanda Selva.

“Convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido. Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”, afirmaron los delegados en el programa. “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no somos un obstáculo para salir de la crisis. Somos, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”, subrayó el FreSU en la introducción del programa de este frente conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, los Aeronáuticos de Pablo Biró, Docentes Universitarios, los Encargados de Edificios de Víctor Santa María, Portuarios, Papeleros, Molineros, Gráficos, Metrodelegados, Curtidores, Visitadores médicos y la Asociación de Personal Jerárquico del Gas. El FreSU también tiene diálogo con otros gremios como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que viene reclamando por los bajos salarios de todos y cada uno de los diarios.

Precisamente, el pasado lunes se celebró una asamblea de toda la prensa escrita reunida en Sipreba.“ Nuevamente, la aceleración de la inflación del primer trimestre de 2026 de casi el 10%, y que volverá a ser alta en abril, degradó la capacidad de compra de nuestros ingresos”, se advirtió. “Y todas las empresas, grandes, medianas o chicas, incluso los medios que son líderes en lectores, siguen sin dar respuestas acordes al momento que nos toca vivir. Por resolución del plenario, se definió realizar con asambleas, reuniones por sectores y recorridas para hacer escuchar nuestro reclamo salarial y que los medios del sector se dispongan a subir las escalas salariales y atender a la deuda histórica que afrontan con periodistas y trabajadores/as de prensa”, se promovió. El salario básico neto de convenio es de $586.000, algunos diarios lo pagan y otros tampoco superan el $1 millón, menos que $1.100.000 de la paritaria con más empleados, la de comercio.

AR

La muerte de Luis Brandoni, ocurrida este lunes, puede recorrerse siempre desde el trabajo pero desde diversas ópticas: la del cine, la del teatro, la de la política partidaria y, también, la del sindicalismo. Antes de consolidarse como uno de los actores más reconocidos de nuestro país, Brandoni fue parte de una generación que —como pocos— entendió la actividad artística como un espacio de organización colectiva.

Se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1962, en sus primeros años profesionales, cuando el oficio estaba atravesado por la inestabilidad, la intermitencia laboral y la dependencia de circuitos de contratación poco regulados. El sindicato funcionaba entonces como una herramienta para ordenar un mercado fragmentado, fijar condiciones mínimas y construir identidad profesional en un sector donde el trabajo no siempre tenía continuidad. Desde ese lugar, el sindicato negociaba convenios, fijaba condiciones de contratación y funcionaba como respaldo frente a la inestabilidad del sector.

Una militancia temprana y sostenida en el tiempo

Con el paso de los años, Luis Brandoni se convirtió en uno de los principales dirigentes del gremio: fue secretario general entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983, en una etapa marcada por una creciente conflictividad política y social.

Las listas negras, las presiones y las amenazas formaban parte del clima de época. El sindicalismo de actores no se ceñía a la discusión de sueldos sino que implicaba todo un posicionamiento frente a un proceso político que avanzaba sobre libertades básicas, tanto en la democracia, con el peronismo, como posteriormente en la dictadura, con los militares y sus colaboradores civiles. Brandoni, siempre lúcido, lo advirtió y se involucró de inmediato.

Por eso se convirtió en blanco de la Triple A, la organización paramilitar del gobierno peronista. En septiembre de 1974 se exilió en México tras recibir amenazas. Regresó al país en julio de 1975. Un año después, ya bajo la dictadura iniciada en 1976, fue secuestrado y sometido a torturas tras salir de una función teatral. En esos años, además, la Asociación Argentina de Actores fue intervenida por la dictadura, lo que desarticuló la organización sindical del sector.

La militancia sindical tuvo consecuencias directas sobre su vida personal y profesional. Pero la defensa del trabajo actoral permaneció ocupando el centro de su recorrido gremial. En un sector donde la discontinuidad era y aún es regla —rodajes que terminan, temporadas que se interrumpen, contratos breves—, la organización colectiva buscaba generar previsibilidad y protección. Salarios, condiciones de contratación y cobertura social eran parte de esa agenda.

Brandoni formó parte de ese proceso. También proyectó esa experiencia a nivel internacional: fue vicepresidente de la Federación Internacional de Actores.

Con el paso de los años, combinó su trayectoria gremial con la política institucional. Volvió a ocupar la secretaría general de Actores en 1996 y renunció en 1997 para asumir como diputado nacional por la Unión Cívica Radical, cargo que desempeñó hasta 2001. El pasaje del sindicato al Congreso prolongó una lógica de representación que había construido en el ámbito laboral.

Sin embargo, esa trayectoria no terminó de forma lineal. Con el tiempo, su vínculo con la Asociación Argentina de Actores se deterioró. En 2017 formalizó su alejamiento del sindicato, del que había sido uno de sus principales referentes, en medio de fuertes diferencias con su conducción, identificada con el kirchnerismo. Brandoni cuestionaba ese posicionamiento político y sostenía que ya no representaba al conjunto del colectivo actoral, en un escenario de conflictos internos y posicionamientos políticos cada vez más marcados dentro del gremio.

La partida de Brandoni es la de un actor que no sólo se destacó por una carrera profesional exitosa, premiada y aplaudida de pie por el público argentino y del mundo (trabajó en cine, teatro y televisión; participó en películas reconocidas y ovacionadas como La tregua, La Patagonia rebelde y Esperando la carroza; El hombre de tu vida, en Telefé, y más recientemente La odisea de los giles o la serie Nada), sino que participó activamente en la organización de su sector, en un momento en que hacerlo implicaba asumir costos concretos, como la persecución, los tormentos y la vida misma.

JJD

Un ultrarrico –técnicamente alguien que acumuló una fortuna superior a los US$1.000 millones– departía con un empleado, un economista y dos periodistas –por cierto, con patrimonios varias miles de veces inferior– el pasado martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, en Recoleta, en la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés). “Las inversiones van a venir, pero gradualmente”, admitió, cuando se le preguntó por la frase que horas antes en ese escenario había dicho el presidente del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, en relación a que “hay más proyectos que plata” y“ si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables”. ¿Entonces hay que esperar a 2028 para invertir?

En el establishment están divididos entre los sectores que van bien –materias primas y finanzas– y los que van mal –industria, comercio y construcción–, pero también entre los que confían en que Javier Milei superará la actual coyuntura de inflación rebrotado del 3,4% mensual y de escándalos de presunta corrupción y logrará la reelección y aquellos que empiezan a dudar de que lo logre. Hace dos meses, cuando se sancionaba la mayor flexibilización laboral de la historia argentina, no quedaban dudas de que el presidente ultra vencería en 2027. En la Argentina pendular, 60 días después comenzaron a surgir dudas también entre los empresarios que más valoran que impulse todas las medidas que siempre que soñaron.

“Estamos invirtiendo apostando a continuidad del modelo, no de Milei”, cuentan en un grupo energético. En las licitaciones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue, los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, se quedaron a fines de 2025 con dos de ellas como parte del grupo Edison –que se formó a principios de ese año junto a los dueños de Havanna, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, y los de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, cada vez menos pendientes de su negocio de electrónica– y para ello pusieron US$225 millones. Ganaron aquella subasta porque el pliego permitió que empresas con poca experiencia en generación participaran. Además se extendió el plazo de presentación de ofertas después de que rivales como la norteamericana AES pusiera la suya sobre la mesa y recién en el alargue Edison oficializó su propuesta. Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (Grupo Financiero Galicia), compraron otra de las cuatro centrales por US$245 millones y el sojero Manuel Santos Uribelarrea ganó la restante contra la italiana ENEL por US$235 millones.

Ahora los Neuss quieren quedarse con las privatizaciones de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y con Metrogas. Para la primera se presentan con Edison y en sociedad con Genneia, de Jorge Brito (Banco Macro), y se tienen mucha fe. Para la segunda, van en alianza con Mubadala Capital, fondo soberano de Emiratos Árabes. En ambas contiendas enfrenta a los mismos rivales: Central Puerto y Edenor, la distribuidora de José Luis Manzano –que por más que se haya fanatizado con Milei no corta su lazo con Sergio Massa–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Inversiones tímidas

“No hay casi empresas internacionales, sólo grupos argentinos que tienen incorporados el riesgo argentino”, continúan analizando en un grupo energético. “Hoy Milei tambalea con la inflación, con un crecimiento heterogéneo... Si hay retroceso en el modelo, estos activos que se privatizan van a valer menos y habrá que esperar tiempo a que recuperen valor”, advierten.

Es más, en otro conglomerado apuntan que todas estas empresas que el Estado vende necesitan inversión para operar y mejorar el ajustado sector eléctrico, que no está recibiendo tantos desembolsos como Vaca Muerta. “Inversiones tímidas”, las definió el CEO de AES Argentina, Martín Genesio, en la cumbre de Amcham. En los pasillos, otro inversor en el rubro rumoreaba con preocupación: “Es hora de bancar a Milei, pero con plata, es decir, con inversiones, y eso es lo que falta”. Más allá de que todas estas privatizaciones implican pagos en dólares al Estado (a YPF, en el caso de Metrogas), la inversión real en maquinaria y construcción cayó 11% en febrero, el último mes medido por el estudio Ferreres, después de bajar 6% en enero.

“La preocupación por la continuidad del modelo va ir inscrecendo más y más hasta las elecciones”, lamentan en el conglomerado de energía. “Este se supone que era el año del crecimiento, de la estabilidad política. Hoy todavía se espera que reelija Milei, pero si esto sigue así, puede surgir algo alternativo para sostener el modelo. (Paolo) Rocca debe estar tratando de buscar candidato, pero en el pasado no le fue bien –recuerda aquel apoyo implícito al radical Ernesto Sanz en la interna con Mauricio Macri en 2015 de quien ahora recibe insultos de Milei por proteccionista–. Si esto cruje, el empresariado va a pensar en una alternativa, pero todavía falta”, concluyen.

Ronda de nombres para 2027

No fue casual que el exdiputado Emilio Monzó se paseara por la reunión de Amcham después de visitar días antes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los empresarios se le acercaban para preguntarle si estaba armando algo alternativo, pero el exjefe de la Cámara de Diputados en el gobierno de Macri negaba que buscara una gran coalición contra Milei o que Kicillof busque un compañero de fórmula presidencial de la centroderecha, como hizo Luiz Inácio Lula Da Silva con Geraldo Alckmin para derrotar a Jair Bolsonaro hace cuatro años. Le contó que busca armar una opción de centro frente a los libertarios y al exministro de Economía como figura asociada al pasado kirchnerista. En ese espacio pretende incluir a peronistas como el exgobernador sanjuanino y diputado Sergio Uñac y a empresarios como Brito, por su experiencia al frente de River, o Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la licenciataria de los autos y las camionetas Mercedes-Benz. Brito y Herrero son nombres que también menciona el armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, que repite que se necesita un outsider para desplazar a otro outsider como el economista libertario. Al dueño del Macro le gusta la idea, pero no sabe si en 2027. En cambio, el ex CEO de Toyota carece de ese perfil político.

Sin embargo, hay hombres de negocios que descreen de Monzó y comentan que en realidad quiere armar una primaria abierta (PASO) entre el dueño del Banco Macro y el economista keynesiano al que la derecha apodaba El Soviético. “Kicillof no entiende lo que es el mercado”, decía Jorge Brito padre en 2015 cuando finalizaba su gestión como ministro de Cristina Fernández de Kirchner y días antes del balotaje entre Macri y Daniel Scioli. Todo cambia: ahora su hijo suena como aliado del gobernador, mientras el expresidente de la Nación y de Boca mantiene por ahora el apoyo al gobierno donde Scioli es secretario de Turismo y Ambiente.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, haya prometido en la Amcham que los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas, en el auditorio sonrían recordando que Milei había prometido en 2024 un crecimiento como “pedo de buzo”. Lo que sí esperan es que surta efecto la baja de tasas de interés que inició el Banco Central en abril para alentar el crédito y así evitar una recesión que sumaba a la inflación del 3% sería estanflación.

En el sector financiero aguardan que el abaratamiento del dinero permita que se refinancien a menor costo las deudas de las familias morosas, en niveles récord en dos décadas, del 13% en el segmento bancario y del 25% en el de las fintech. Sería uno de los métodos de mercado para reducir la mora. El otro es que la menor tasa puede llegar a tentar a personas que no tienen deuda. Por ejemplo, para renovar el televisor antes de la Copa del Mundo. Aunque de momento no hay clima mundialero, entre el consumo deprimido, el financiamiento que estaba hasta hace poco restringido y la falta de ansiedad por conquistar un trofeo que se logró en 2022 después de 36 años de espera. Pero los optimistas del crédito aún no pueden responder por qué mejoraría si persisten los tres motivos por los que se hundió: la inflación medio alta, el salario atrasado y la caída del empleo registrado.

El frente aceitero

Tres factores sumado a la más regresiva reforma laboral en cuatro décadas, mayor a las de Carlos Menem en 1991 y Fernando de la Rúa en 2000, impulsan a Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, a abogar por una huelga por tiempo indeterminado hasta que Milei frene su rumbo. Es lo que reclamará el 1 de mayo en el plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran gremios en posicionas duras como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Abel Furlán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de Rodolfo Aguiar, la de Pilotos, de Pablo Biró, y los papeleros de José Ramón Luque.

Se plantan frente a una CGT tibia que marchará el 30 de abril y apuesta a continuar bloqueando parte de la flexibilización laboral por la vía judicial. El Fresu se piensa similar a lo que fue el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) en los 90 frente a una CGT que transó con Menem. Al frente del MTA estaban el camionero Hugo Moyano -ahora acomodado en la CGT y enfrentado a su hijo más combativo, Pablo-, la aeronavegante Alicia Castro y el colectivero Juan Manuel Palacios.

“Estamos en este frente para combatir, no para dialogar. Porque no se puede dialogar cuando te quieren dejar sin nada”, dijo Luque este miércoles en un congreso de delegados de la UOM en Mar del Plata. Aguiar llamó a “enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo” y subrayó: “No la tenemos que cumplir”.

“A este gobierno no lo debilitás con un día de paro”, criticó Yofra a la CGT en un almuerzo con periodistas este jueves en el Hotel Metropolitano, en el barrio de Monserrat. De entrada, picada de fiambres y quesos y el segundo plato, un plato abarrotado de vacío y papas al horno. El aceitero recordó que su gremio paró tres días, aunque se los descontaran del sueldo. Recordó que por esa postura de lucha sus representados han pasado de vivir en villas a tener casa propia. Son de los mejor remunerados, aunque también se desempeñan en una industria ganadora con todos los modelos. “El costo salarial de las aceiteras es el 2% del total”, explica.

Yofra no sólo rechaza la escasez de la huelga de la CGT previa al debate legislativo sobre la reforma laboral sino también que ahora apueste a voltearla en los tribunales. Por ahora lograron frenar 82 de los 218 artículos de la ley. “Si tenemos que depender de abogados y jueces, estamos al horno”, sostiene Yofra, frente a la estrategia de la central que dirigen Jorge Sola, del gremio del seguro, el camionero Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidro, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pastor Jorge Gebel, residente en EE.UU. aunque con muchos pintores de paredes en los barrios populares del área metropolitana.

“Si negociás salario por empresa, te echan a la mierda. Hay fortalecer el sindicalismo como lo era en los 60 y 70”, continúa Yofra, que se reivindica como gremialista que no entra en política partidaria ni se hace empresario sino que sigue dentro de la fábrica. Eso sí, este santafesino critica a Cristina Kirchner y elogia que a Kicillof nunca le encontraron ningún afano, aunque le reclama que recorra el interior. “Sos un pecho frío si no salís a luchar. Que me importa que nos acusen de desestabilizadores, no vamos a decir que hay que esperar si los compañeros se están cagando de hambre ahora. Se viene un estallido social”, pronosticó el aceitero.

AR

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

Javier Milei dijo hace unas semanas que Maquiavelo ha muerto, para reivindicar una política sin cálculo, sin intrigas, sin el manual del florentino. No citó, sin embargo, una frase asociada al autor de El Príncipe, erróneamente adjudicada pero sugestiva en este contexto: “Divide y reinarás”. No hay evidencia de que el Gobierno haya impulsado una maniobra concreta para fracturar al sindicalismo, aun cuando la reforma laboral más profunda en más de medio siglo se debate en el Congreso. Si la CGT termina partida, no será por diseño oficial. La división, en todo caso, sería interna, algo que el florentino advirtió al analizar las fracturas del Estado y que resulta extensible a otras organizaciones. Entonces, ¿Maquiavelo ha muerto?

La expresión “divide y reinarás”, vale recordarlo, no pertenece a Nicolás Maquiavelo. La fórmula latina divide et impera se atribuye a líderes de la Antigüedad, como Julio César o Filipo de Macedonia. En El Príncipe, sin embargo, Maquiavelo sí describe la utilidad táctica de dividir a los adversarios y, a la vez, advierte que las fracturas dentro del Estado pueden debilitarlo frente a amenazas externas. Esas fracturas internas que señalaba Maquiavelo, está claro, son proyectables a otro tipo de organizaciones, como las sindicales: a mayor fragmentación, menos poder.

Ahí Maquiavelo sí está vivito y coleando. Y también, cuando uno mira las acciones estratégicas pensadas y ejecutadas por el gobierno libertario para lograr que su reforma laboral sea ley. Sí consta, por ejemplo, que hubo y hay negociaciones políticas para asegurar votos legislativos —como la modificación del capítulo sobre Ganancias para evitar afectar recursos coparticipables de las provincias—, pero no hay pruebas de operaciones destinadas a quebrar la CGT. Si la central se divide, no será por ingeniería oficial sino por tensión interna. Esa tensión es visible y, por qué no, precursora de otra ruptura en su historia institucional.

La reforma laboral en debate modifica aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que rige desde hace más de medio siglo. La actualización de un cuerpo legal con décadas de vigencia es, ya sólo por lógica temporal, razonable y necesaria. El problema radica en la orientación concreta de los cambios pretendidos por la Casa Rosada: ampliación de períodos de prueba, redefinición de indemnizaciones, revisión de licencias, alteraciones en la negociación colectiva y varias modificaciones más en contra de los trabajadores.

La conducción de la CGT eligió convocar a un paro sin movilización el día de la votación en Diputados. La sola decisión de esa modalidad de protesta, un paro en silencio, provocó un torrente de críticas desde dentro del propio universo sindical. La UOM, ATE, los aceiteros, La Bancaria y los camioneros, sólo por mencionar un puñado, cuestionan la plaza vacía que a su criterio promueve la central obrera peronista en su resolución, justo ahora, cuando está a las puertas de ser ley una reforma regresiva de la Ley de Contrato de Trabajo.

En 2025 más de 150.000 trabajadores accedieron al seguro de desempleo y se registraron casi 22.000 empleadores menos desde la asunción de Milei. La primera semana del año dejó casi 400 trabajadores despedidos en el sector privado. El frigorífico creador de la marca Paty suspendió a 450 trabajadores y paralizó su planta en La Pampa. Lustramax fue denunciada por despidos sin telegrama y violación de fueros sindicales. Fate acumuló 13 meses sin pagar aumentos y sus operarios hablaron de un “laboratorio de la reforma laboral”. Lácteos Verónica cerró tres plantas con salarios adeudados. ¿Todo esto es culpa de la legislación laboral argentina en vigor o más bien de la política económica que ejecuta el tándem Javier Milei-Luis Caputo? ¿Hace falta una reforma laboral como esta para que los trabajadores vivan mejor o una de otro tipo, como las que avanzan en la región, en países como México y Brasil?

Desde el empresariado pyme, mientras tanto, surgieron advertencias sobre el impacto negativo de la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza. La CAME señaló que la reforma no garantiza creación de empleo y alertó sobre su potencial judicialización. No es un debate binario entre sindicatos y empresariado (en esta era mundial de rebrote conservador, apoyado deliberadamente por el Gobierno), porque también hay diferencias en las miradas de los hombres de negocios.

En la Argentina nada es nuevo. Por eso la posibilidad de una CGT fracturada no sería una anomalía en la historia del sindicalismo argentino, sino una recurrencia.

Desde fines de los años sesenta, la central obrera atravesó escisiones cada vez que las tensiones internas coincidieron con coyunturas políticas decisivas.

En 1968, bajo el gobierno de facto de Onganía, un dictador inepto que también promovió políticas en contra de los trabajadores, la división entre la combativa CGT de los Argentinos —con Raimundo Ongaro como figura emblemática— y el sector más negociador vinculado a Augusto Timoteo Vandor marcó uno de los quiebres más profundos.

Durante la última dictadura volvió a escindirse entre la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y la CGT Azopardo impulsada por Jorge Triaca y Armando Cavalieri.

En 1989, ya en democracia, otra división opuso a Ubaldini en la Azopardo con la CGT San Martín conducida por Güerino Andreoni. Y en el año 2000, con una reforma laboral como telón de fondo (la de la ley Banelco), la central volvió a fracturarse: Rodolfo Daer condujo la CGT oficial mientras Hugo Moyano encabezó una estructura paralela hasta la reunificación de 2004 bajo un triunvirato.

La última gran ruptura se produjo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la central se partió entre el sector que respaldaba al Gobierno, encabezado por Antonio Caló desde la Unión Obrera Metalúrgica, y la CGT liderada por Hugo Moyano, que tomó distancia y endureció su posición frente al Poder Ejecutivo. En aquellos años también se dividió la CTA, que continúa partida en dos hasta nuestros días.

La historia muestra un patrón: cuando el debate interno se superpone con reformas estructurales o crisis políticas, la unidad sindical se resiente.

Hoy el escenario vuelve a parecerse a otros momentos críticos de la historia sindical. Un gobierno liberal impulsa una reforma laboral estructural proempresa —la más profunda en más de medio siglo— en un contexto de deterioro del empleo y cierre de empresas. Y, como en otras etapas de reformas intensas, la discusión sobre cómo enfrentar ese cambio abre fisuras dentro de la propia central. La eventual fragmentación no surgiría de alineamientos con el poder político, sino de desacuerdos internos sobre el método de confrontación.

La tensión interna en la CGT no es solo táctica —paro con o sin movilización— sino conceptual. ¿La central obrera peronista debería preservar canales de diálogo institucional frente a nada menos que la reforma de la ley marco del trabajo en la Argentina o bien, ante el avance parlamentario de esta iniciativa, sin que el Gobierno los hubiera convocado siquiera a participar del debate sobre el texto, tendría que plantarse y demostrar su rechazo por todas las vías (por supuesto, también en la calle)?

En política, las divisiones no siempre son producto de una mano invisible que las provoque. A veces emergen de la acumulación de desacuerdos, de estilos, de lecturas distintas del momento histórico. Maquiavelo —el real, no el apócrifo— advertía que las discordias internas podían resultar más peligrosas que los enemigos externos. Es irónico: a tres semanas de que el Presidente declarara muerto a Maquiavelo, la escena política argentina vuelve a dialogar con él.

Si la reforma laboral se aprueba y la CGT mantiene su fractura, Milei no habrá ejecutado acciones de división premeditadas. Pero podría beneficiarse de un sindicalismo menos compacto por obra y gracia del propio sindicalismo. A veces, el poder no se construye solo por acciones deliberadas y estudiadas. A veces el poder se consolida gracias a las grietas ajenas.

El tiempo dirá si esta reforma, en el caso de que sea sancionada, inaugura un nuevo régimen laboral y abre, además, un nuevo ciclo de división sindical. Maquiavelo quizá no haya dicho nunca “divide y reinarás” e incluso puede que esté muerto, como sostuvo el Presidente. Pero su sombra sí que reaparece cuando el poder y las divisiones se cruzan en el mismo escenario.

JJD

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD

La convocatoria de la Confederación General del Trabajo a una movilización sin paro contra la reforma laboral del Gobierno abrió una discusión interna en el movimiento obrero. Una de las críticas más directas surgió desde la propia conducción cegetista: Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT e integrante de la Unión Obrera Metalúrgica, cuestionó esa estrategia y anunció que su gremio parará actividades este miércoles desde las 10 y se movilizará a la plaza del Congreso.

En una entrevista en AM 530 Somos Radio, Lobato sostuvo que la UOM resolvió avanzar con medidas de fuerza porque “las instancias de negociación nunca estuvieron sobre la mesa, porque no era negociación, era imposición”. Según explicó, esa definición surgió del debate interno del gremio frente al avance del proyecto de reforma laboral y al deterioro del empleo industrial.

El dirigente señaló que la postura de la UOM fue clara desde el inicio del proceso legislativo. “Quizás podría haber sido antes, fuimos bastante prudentes, pero ante la situación general que vive el movimiento obrero, la UOM, a través de sus cuerpos orgánicos, decidió tomar la decisión de ir a la calle”, afirmó. En ese marco, recordó las movilizaciones realizadas en Córdoba y Rosario y confirmó que el miércoles el gremio realizará un cese de actividades y movilizará al Congreso.

La definición marcó una diferencia explícita con la conducción de la CGT, que convocó a movilizar sin paro. Consultado sobre esa decisión, Lobato indicó que no participó de las reuniones donde se definió la estrategia general. “Yo como secretario gremial no fui invitado a ninguna reunión, ni con los gobernadores”, sostuvo, aunque aclaró que la central estuvo representada por el triunvirato.

Sin embargo, cuestionó el resultado de esa línea de acción. “La mayoría decidió que había que agotar las instancias de diálogo, y lo hicieron con el mismo resultado que nosotros sabíamos que íbamos a tener: nada”, afirmó. Para Lobato, la diferencia entre movilizar con o sin paro no es secundaria y tiene consecuencias concretas sobre la participación real de los trabajadores.

“No entiendo cuál es la diferencia entre parar a las diez de la mañana y convocar a una movilización. Los que tienen que ser partícipes no son los dirigentes, son los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados”, sostuvo. En ese sentido, rechazó equiparar el impacto de la reforma sobre la dirigencia sindical y las bases. “No seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores”, agregó.

Lobato también cuestionó el contenido del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde su mirada, la reforma no respondió a un debate laboral genuino. “Esta ley es una ley absolutamente hecha en los estudios jurídicos de las multinacionales”, afirmó, y consideró que no implicó una modernización sino “un retroceso a la época de la esclavitud”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo central del proyecto fue debilitar al movimiento obrero organizado. “Para este proyecto económico, el único muro que quedaba era la CGT y el movimiento obrero, y lo van a tratar de destruir totalmente”, advirtió. Según señaló, la ofensiva actual buscó eliminar la capacidad de representación y defensa colectiva de los trabajadores.

El dirigente metalúrgico también apuntó contra gobernadores peronistas que acompañaron la reforma. Mencionó el caso de Tucumán, donde, según relató, 70 trabajadores perdieron su empleo mientras el gobernador respaldó el proyecto oficial. “Va a tener cada vez más ciudadanos tucumanos sin trabajo”, afirmó, y extendió esa crítica a otras provincias industriales.

“No se dan cuenta que los desocupados que van a venir son ciudadanos de su provincia, que ya están viniendo”, sostuvo. Para Lobato, el respaldo de algunos mandatarios respondió exclusivamente a negociaciones fiscales. “No he visto ningún gobernador discutiendo los derechos de los trabajadores”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente hizo una autocrítica sobre el estado del movimiento obrero. Reconoció que la representatividad sindical se deterioró con el paso del tiempo y que no se logró recuperar la cercanía con los trabajadores en la dimensión necesaria. Pero fue más allá y lanzó una de las definiciones más duras: “La solidaridad de la CGT no existe más”.

Según explicó, esa fractura se expresó con claridad entre gremios industriales y de servicios. “No es lo mismo la realidad de un gremio de servicios que no tiene un solo despido, que la de los metalúrgicos o los textiles, a los que les cierran empresas permanentemente”, afirmó. Desde su mirada, esa diferencia explicó parte de las tensiones actuales dentro de la central.

La UOM, indicó, se movilizará de manera orgánica y diferenciada. “Las 54 seccionales del país, en mayor o menor medida, van a venir a la movilización”, señaló, y aclaró que el gremio no se concentrará con las regionales de la CGT, sino directamente en el Congreso.

Las declaraciones de Lobato expusieron una discusión estratégica abierta dentro de la CGT en la antesala del debate en el Senado. Mientras la conducción convocó a una movilización sin paro, gremios industriales como la UOM anunciaron medidas de fuerza concretas, en un escenario donde la reforma laboral avanzó y el impacto sobre el empleo y los derechos de quienes trabajan quedó en el centro del conflicto.

JJD

La Confederación General del Trabajo se prepara para una movilización clave este miércoles frente al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La convocatoria coincidirá con la apertura del debate legislativo en el Senado de la Nación y se inscribirá en un escenario de conflictividad gremial en ascenso, atravesado por la pérdida salarial y por crecientes reclamos de acción directa contra la iniciativa oficial.

El anuncio lo realizó el viernes Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, quien recordó que la central obrera activó un plan de acción desde diciembre, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de “modernización laboral”. “Apenas se presentó este proyecto de pretendida ‘modernización laboral’, el 18 de diciembre, realizamos una convocatoria multitudinaria en Plaza de Mayo, que fue replicada en cada una de las provincias”, afirmó.

Según explicó, aquella movilización marcó el inicio de una etapa de confrontación con el Gobierno frente a una iniciativa que, desde la mirada sindical, afecta derechos laborales centrales y redefine la relación entre capital y trabajo. El nuevo punto de inflexión se produjo con la confirmación del tratamiento parlamentario. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate, en la Cámara de Senadores, vamos a movilizar a la plaza del Congreso para llevar adelante nuestra protesta”, sostuvo.

La CGT convocará a concentrar a partir del mediodía frente al Congreso, con la participación de sindicatos confederados, federaciones y organizaciones gremiales de distintos sectores. “Esa movilización será multitudinaria y contundente, con todos los trabajadores y sus organizaciones gremiales”, remarcó Sola, y subrayó que el objetivo será interpelar de forma directa a los legisladores.

En paralelo, la central definió una jornada de movilización federal, con protestas frente a las casas de gobierno provinciales. “Frente a cada una de las casas de gobierno de las provincias el mismo día se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en todo el país nuestro rechazo a esta propuesta de ley”, indicó el dirigente.

La convocatoria cegetista se produce en un contexto de presión creciente desde las bases y desde gremios combativos, que cuestionan la falta de definiciones más duras frente al avance legislativo del proyecto. Mientras la CGT anunció la movilización, otros sectores ya resolvieron medidas de fuerza concretas.

El frente de sindicatos estatales encabezado por ATE convocó a un paro nacional para el mismo miércoles, con movilizaciones simultáneas en todo el país, y advirtió que no esperará el avance del debate para salir a la calle. Desde ese espacio señalaron que la reforma también afecta de lleno al empleo público y habilita la profundización de esquemas precarios como el uso de monotributistas en organismos estatales.

En la misma línea, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió a los gobernadores no convertirse en “verdugos de los trabajadores” y anticipó un paro si la reforma avanza. “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, afirmó, y sostuvo que la respuesta sindical debe ser previa y simultánea al tratamiento legislativo.

También desde los gremios industriales se multiplicaron las señales de ruptura con la estrategia moderada. La UOM alineó a sindicatos dentro y fuera de la CGT para definir un plan de lucha común y cuestionó la falta de movilización frente a lo que definieron como una ofensiva estructural contra los derechos laborales. En ese espacio se debatió la adhesión al paro del día del tratamiento y la necesidad de rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

Los Aceiteros, por su parte, confirmaron que irán a la huelga si la ley avanza. “Hay que salir a la calle ahora”, sostuvo su secretario general, Daniel Yofra, quien expresó una abierta desconfianza hacia el Congreso. “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”, afirmó.

El telón de fondo del conflicto es la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, los salarios registrados subieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9%, lo que implicó una nueva caída real. En sectores como el transporte, el deterioro fue mucho más profundo: los choferes de la Línea 60 acumularon una pérdida real del 61,87% en dos años y continúan sin paritaria.

En ese marco, la reforma laboral se discute mientras los ingresos pierden contra los precios y se profundiza la precarización. Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el llamado banco de horas, que permitiría a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral. “El banco de horas lo decide el patrón, no el trabajador”, advirtió Sola, quien calificó el esquema como inconstitucional y regresivo.

Mientras el Javier Milei apuesta a aprobar la reforma en sesiones extraordinarias sin cambios sustanciales, el movimiento obrero ingresa en una fase de coordinación forzada por la urgencia. La movilización del miércoles aparece así no solo como una protesta contra el proyecto, sino como una respuesta a la presión interna de los gremios que exigen pasar del rechazo discursivo a la acción directa.

Hasta el cierre de esta nota, la CGT mantuvo la convocatoria sin modificaciones. La central confirmó que la concentración comenzará al mediodía y que las movilizaciones provinciales se realizarán en simultáneo. El Senado abrirá el debate con la protesta en la calle y con paros ya definidos por sectores clave, en un escenario donde el conflicto dejó de ser potencial y se volvió inmediato.

JJD

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibirá esta tarde en su sede porteña a una veintena de gremios que exigen una respuesta activa frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. El encuentro, convocado por el secretario general Abel Furlán, busca coordinar una estrategia común entre sectores sindicales que se consideran marginados por la conducción formal de la CGT.

Participarán sindicatos como Aceiteros, Luz y Fuerza, Personal Aeronáutico (APA), Pilotos (APLA), la Federación Obrera Ceramista (Focra), Viales, Mineros y Gráficos, entre otros. También se sumarán representantes de ATE y de organizaciones que no integran la estructura de la CGT pero que rechazan los términos de la reforma.

El encuentro surge como continuidad de una primera reunión celebrada la semana pasada, donde se declaró un “estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei”. En esa oportunidad, los gremios manifestaron su desacuerdo con la estrategia que sostiene el triunvirato de la CGT, que privilegia negociaciones con legisladores y gobernadores, y cuestionaron la falta de movilización ante una ofensiva que consideran estructural contra los derechos laborales.

Los sectores convocantes sostienen que el proyecto oficial busca facilitar despidos, debilitar la negociación colectiva y avanzar en una “flexibilización por goteo”. La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025 propone, entre otros puntos, modificar el régimen indemnizatorio, ampliar el período de prueba y recortar el derecho de huelga.

Además, se introducen figuras como el banco de horas, cuestionado por dirigentes como Jorge Sola, de la propia CGT. Según denunció, ese esquema “lo decide el patrón, no el trabajador”, y representa una quita de previsibilidad para las y los empleados.

En este contexto, la reunión de hoy podría servir para definir una primera acción conjunta: la adhesión al paro nacional convocado por ATE y otros gremios estatales para el día en que el Senado trate el proyecto. La fecha exacta dependerá del avance del tratamiento legislativo, previsto para después de la primera semana de febrero.

Entre los asistentes hay coincidencia en la necesidad de actuar desde tres frentes: jurídico, legislativo y político. No obstante, la divergencia sobre las formas sigue generando tensiones internas. Según trascendió, la participación de Furlán en estas instancias causó malestar en la conducción de la CGT, que considera que su accionar es “inorgánico”.

En declaraciones recientes, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, confirmó que su gremio irá al paro si la ley avanza. “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”, sostuvo, y llamó a ocupar las calles antes de que se vote la reforma.

Mientras se intensifican los debates, el deterioro del salario real amplifica el malestar en los sectores organizados. Según el Indec, los salarios registrados subieron 25,6% hasta noviembre de 2025, mientras que la inflación acumulada fue del 27,9%. La caída real afecta incluso a los segmentos con mayor cobertura sindical.

A la pérdida generalizada se suman casos críticos. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída del 61,87% de su salario real en dos años y siguen sin acuerdo paritario. La dirigencia de la UTA, señalaron delegados, no solo evitó convocar al debate interno, sino que no informó sobre el impacto de la reforma en las condiciones del sector.

La jornada de hoy podría consolidar un polo sindical que desborde la estrategia oficial de la CGT. Sin definiciones unificadas, pero con señales crecientes de coordinación, el espacio que gira en torno a la UOM aparece como el punto de encuentro para quienes rechazan la reforma y exigen una respuesta más confrontativa.

Hasta el momento, la CGT no convocó a nuevas acciones colectivas ni confirmó si acompañará el paro del día del tratamiento legislativo.

JJD

La CGT confirmó que participará de las reuniones en el Senado previstas para la segunda quincena de enero, con el objetivo de impulsar cambios al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno. La modalidad de su intervención aún no está definida: evalúan enviar a dirigentes de segunda línea o directamente a sus asesores legales, según señalaron desde la conducción de Azopardo.

“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, explicó a la agencia Noticias Argentinas una fuente de la central sindical, que en diciembre protagonizó una marcha a Plaza de Mayo en rechazo a la iniciativa oficial.

El proceso de negociación arrancará formalmente el viernes de la semana que viene, con la conformación de una comisión técnica en la Cámara Alta, que analizará los planteos tanto del movimiento obrero como del sector empresarial. La expectativa es que esa instancia derive en modificaciones al texto original, que luego se debatirá en el recinto el 10 de febrero.

Esta mesa de diálogo fue propuesta por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien en diciembre decidió postergar el tratamiento legislativo ante la resistencia sindical y la falta de consenso parlamentario.

La CGT rechaza varios puntos clave del proyecto, en particular el nuevo mecanismo de cálculo de las indemnizaciones, los artículos referidos a la actividad sindical y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que considera regresivo.

Además, este martes, la central obrera sumó críticas al capítulo que modifica el régimen de obras sociales y los aportes patronales para la salud. Lo hizo a través de publicaciones en sus redes sociales, en las que alertó sobre el riesgo de desfinanciar el sistema solidario que sostiene la atención médica de millones de trabajadores y trabajadoras.

Si bien el oficialismo busca avanzar con parte del paquete laboral, la presión sindical logró abrir una instancia de negociación que podría limitar el alcance de la reforma. La decisión de la CGT de participar del debate —aunque sea con presencia técnica— responde a la necesidad de preservar derechos básicos y evitar retrocesos que afecten las condiciones laborales.

La estrategia también contempla una posible judicialización en caso de que el Congreso apruebe artículos considerados inconstitucionales por los laboralistas que asesoran a la central. A su vez, no se descarta que el plan de acción gremial incluya nuevas movilizaciones o medidas de fuerza en febrero si no se logran avances sustanciales en la comisión.

JJD

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA, filial Buenos Aires) vivirá este viernes un terremoto que se cocinó durante meses. Por primera vez en 40 años, Rodolfo Daer no encabezará la lista oficialista. El histórico dirigente de 74 años, dueño y señor del gremio desde 1985, decidió correrse de la secretaría general, pero sin irse: busca dejar a su lugarteniente Sergio Escalante en la conducción y quedarse con la tesorería, un sillón estratégico para seguir manejando las finanzas y el pulso de la estructura. Enfrente, por primera vez, no hay una oposición fragmentada sino una lista de unidad que amenaza con dinamitar la hegemonía más larga del sindicalismo argentino reciente.

La apuesta de Daer es clara: Escalante, de 58 años, es su carta de continuidad. Se mueve en la CGT regional San Martín, con vínculos políticos con Gabriel Katopodis, y se muestra como garante de que nada cambie demasiado. Pero la novedad es que la oposición consiguió lo que parecía imposible: converger en una sola boleta. La llamada Lista Unidad lleva como candidato a Jorge Penayo, delegado de Mondelez, militante del PCR y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Penayo no está solo: lo respaldan las comisiones internas de Mondelez, Molinos Río de la Plata, Georgalos y Felfort, las fábricas más importantes del sector, además de los trabajadores de Alijor que rompieron con la Verde en plena campaña. Detrás se alinearon las agrupaciones Bordó, Celeste y Blanca, Transparente y Blanca y Negra. Una confluencia inédita que huele a golpe contra cuatro décadas de poder concentrado.

Sin embargo, la campaña fue áspera. El oficialismo apostó a la experiencia y repitió hasta el cansancio que el triunfo de Escalante “no corre riesgo”. La oposición, en cambio, agitó el hartazgo. En su cierre en General Pacheco, Penayo pidió “hacer el último esfuerzo para recuperar el sindicato para las y los trabajadores” y agradeció a quienes “rompieron con Daer porque se cansaron de no recibir respuestas”. Hubo testimonios de peso: Elizabeth González, despedida de Georgalos y reincorporada por la Justicia, denunció que “Daer ya no defiende a nadie”. Delegados y delegadas sumaron sus reclamos: más presencia en la obra social, jardines maternales en las fábricas, y un sindicato que no se limite a la rosca sino que esté en la línea de fuego de cada conflicto. La Lista Unidad promete reformas estructurales: limitar mandatos, equiparar los sueldos de la conducción al de un operario calificado, cortar con los privilegios.

El telón de fondo es espinoso. Hay 4.350 trabajadores habilitados para votar, con un detalle que le suma tensión: el decreto 342/25 del gobierno de Javier Milei quitó a la Secretaría de Trabajo la posibilidad de designar veedores en elecciones sindicales. El control quedó en manos del propio gremio. Daer contrató escribanos para mostrar formalidad, pero tanto él como Penayo cuestionaron la medida. El oficialismo teme la judicialización que puede demorar la certificación de autoridades; la oposición habla directamente de “riesgo de fraude” y organiza asambleas en cada fábrica para garantizar fiscalización. La campaña de Penayo se montó sobre el repudio a la conducción verde en fábricas de la zona norte y sur del conurbano, con recorridas, volantes y afiches que crecieron a la par del malhumor.

Es que la votación de este viernes se dará además en un contexto de conflicto abierto. El lunes 29, apenas tres días después, la Federación de la Alimentación que encabeza Héctor Morcillo convocó a un paro nacional de dos horas por turno en rechazo a la paritaria de 1% mensual. Tanto Penayo como Escalante confirmaron su adhesión, lo que convierte al salario en el telón de fondo más concreto de la disputa. No es solo una pulseada por nombres: se juega la capacidad de un gremio clave de marcar agenda en medio de una economía en crisis y de un gobierno que tensiona con los sindicatos.

Daer, que lideró la CGT entre 1996 y 2004 y sobrevivió a todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia, enfrenta su primera elección verdaderamente incierta. Desde el sector referenciado en Penayo le recuerdan que cuando asumió como secretario general del STIA en enero de 1985, la Coupe Fuego era el auto de moda y todavía Maradona no habia llevado a la Argentina a la gloria en el Mundial de México. Hoy, cuatro décadas después, la oposición insiste en que llegó la hora del cambio. El viernes, con los votos contados uno a uno, se sabrá si el reinado de Daer encuentra su continuidad en Escalante o si la bronca en las fábricas logra traducirse en batacazo.

PL/MG

La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.

No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.

Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.

La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.

Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.

El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. 

Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.

La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.

PL/JJD

Para la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, una organización religiosa puede ampararse en el derecho de objeción de conciencia para no cumplir con el pago de contribuciones sindicales. Así lo reconoció en un dictamen en donde hace lugar a un reclamo de una congregación evangélica, llamada Reuniones Evangélicas Argentinas, que denuncia que cumplir con las contribuciones a los sindicatos contradice su doctrina de fe. Un precedente que, de ejecutarse, podría abrirle la puerta al desfinanciamiento de las organizaciones sindicales.

La decisión del cuerpo de abogados del Estado fue una respuesta a un pedido realizado por la Secretaría de Trabajo, el organismo al que le había llegado la presentación de Reuniones Evangélicas Argentinas. Esta organización evangélica, minoritaria, que cuenta con un reducido número de feligreses —solo 320 personas estarían afectadas en su derecho de libertad religiosa, según admiten— argumentaba que la obligación de contribuir con los sindicatos iba directamente en contra de los mandatos de su fe. Un mandato que, sostienen, prohíbe terminantemente cualquier tipo de asociación o participación en organizaciones “que difieran de la propia Iglesia o el Estado”.

Fue así que Rodolfo Barra, junto al resto de la Procuración del Tesoro Nacional, decidió intervenir y emitió un dictamen —publicado la semana pasada— que respalda, echando mano a fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales, la necesidad de una “adecuación” del ordenamiento legal actual.

En concreto, la iglesia evangélica solicita poder exceptuar a empleados y empleadores de la congregación en el cumplimiento de las contribuciones atadas a sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo. Son varios convenios, que incluyen a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a los empleados de Comercio, a la Construcción, Camioneros, entre otros. 

En la práctica, lo que hace es avalar, por ejemplo, el no pago de la cuota sindical del 2% del salario para los trabajadores no afiliados de la UOM. Todo bajo el argumento de que esta “adecuación” no pone en riesgo “el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales” y, en cambio, protege “la libertad de conciencia religiosa”. Y lo hace basándose en dos antecedentes: la objeción de conciencia para participar del servicio militar obligatorio y en la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un desliz: cuando se refiere a la Ley IVE la define como “el aborto como supresión voluntaria de una vida humana”.

Desfinanciamiento de las organizaciones sindicales

“Hay que leer el dictamen en un contexto general, desde el DNU 70/2023 (el megadecreto que dictó Javier Milei a los pocos días de asumir en la Presidencia) hasta [el texto original de] la Ley de Bases original. Lo que se busca es cuestionar la validez de los aportes solidarios, lo que se busca es desfinanciar a los sindicatos. Esto sienta un precedente complejo”, explica el abogado laboralista y asesor sindical, Álvaro Ruiz, resaltando una continuidad que repetirán varios de los especialistas consultados por elDiarioAr: el dictamen de la Procuración como un nuevo intento, más curioso y rebuscado, de avanzar contra las cuotas solidarias a los sindicatos.

En el DNU 70, Milei intentó avanzar en este sentido, proponiendo introducir la obligatoriedad de un consentimiento explícito del trabajador como condición para que se le retuviera la parte del sueldo destinada a la cuota solidaria. Esta reforma, sin embargo, fue impugnada judicialmente por la CGT y nunca fue puesta en práctica.

El Gobierno llevó el amparo de la CGT a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió. Pero, curiosamente, no lo hizo solo: entre los amicus curiae que se presentaron junto al Estado aparecía, una vez más, la organización Reuniones Evangélicas Argentinas. “No tenemos ninguna relación especial con la organización”, informaron desde el gobierno nacional. La congregación evangelista, en cambio, no respondió a las consultas de este medio.

El Gobierno, luego, volvió a intentarlo con la Ley de Bases, pero lo quitó del proyecto final luego de varias reuniones con representantes de la CGT. “Esta es una vía más rebuscada y acotada de lo que ya intentaron hacer. Están abriendo una puerta, no es más que otro mecanismo para empezar a horadar el financiamiento de las organizaciones sindicales, que se sustentan por el aporte de los afiliados y por los aportes que hacen el resto de los no afiliados por el hecho de firmar un convenio colectivo y beneficiarse de las negociaciones salariales”, explica Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. 

Campos vincula, además, el dictamen de la Procuración del Tesoro con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2018, determinó que un grupo de trabajadores públicos no podía ser obligados a contribuir con la organización sindical que los representaba en las negociaciones colectivas. “En ese caso la cláusula que afectaba era la libertad de expresión. Acá es la objeción de conciencia. Pero que sea una organización religiosa es indistinto a los efectos de lo que buscan, que es decirle a la Secretaría de Trabajo que, cuando homologuen acuerdos paritarios, tengan en cuenta a los objetores de conciencia”, agrega el investigador de la CTA.

El dictamen de la Procuración abre, así, un interrogante en plena faena de negociaciones paritarias en varias actividades. Especialmente cuando el Gobierno se rehúsa a aceptar acuerdos salariales superiores al 1% mensual, abriendo numerosos conflictos con sindicatos que, como Camioneros, cerraron acuerdos más beneficiosos. “Esto va a marcarle la cancha a la Secretaría de Trabajo, que le va a dar más argumentos para poder objetar acuerdos salariales”, advierte Ruiz, que observa que el dictamen profundizará las trabas en el proceso natural de homologación de los convenios colectivos de trabajo.

¿Cómo? Planteando la posibilidad de que puede haber afiliados que son objetores de conciencia que no desean pagar la cuota solidaria. El dictamen, sin embargo, es una recomendación que el equipo de abogados que comanda Barra le hace al Ministerio de Capital Humano. “Nosotros aportamos elementos en base a la visión constitucional que tiene el procurador elegido por el presidente. Pero lo que pase con el dictamen ahora depende de Capital Humano”, explicaron desde la Procuración del Tesoro.

Los especialistas consultados por este diario afirman, de todos modos, que solo es cuestión de tiempo para que la Secretaría de Trabajo, que forma parte del Ministerio de Capital Humano, utilice el dictamen como insumo. En ese caso, el sindicato de Camioneros, por ejemplo, podría verse afectado, ya que la organización Reuniones Evangélicas Argentinas cuenta con trabajadores en la actividad. Y no solo trabajadores. Ya que el pedido de la iglesia evangélica refiere tanto a empleados como a empleadores. Es decir que si el dueño de la empresa transportista integra la congregación todos los trabajadores podrían verse afectados con su decisión de, por ejemplo, rehusarse a hacer el aporte a la obra social del sindicato.

“Acá se trata de intereses de terceros, que son el conjunto de los trabajadores que contribuyen al sujeto colectivo que es el sindicato que podrían verse afectados por el conflicto de objeción de conciencia de unas trescientas personas”, insiste Ruiz.

Los sindicatos consultados por este medio, mientras tanto, calificaron la resolución de “absurda”. “Buscan violar la ley. No es otra cosa. Es como si alguien invoque ‘objeción de conciencia’ para no pagar IVA o el impuesto a las Ganancias. No es serio. Parece un acuerdo concertado entre la organización, a la que le suben el precio, y el gobierno para sentar un precedente”, apuntó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

MC/JJD

La senadora nacional peronista Juliana Di Tullio anunció que hará una presentación ante la Justicia contra el gobierno de Javier Milei. “Usa dinero público para mandar a nuestros celulares mensajes violatorios de la ley”, expresó en la red social X como argumento de su decisión.

Junto al posteo mostró una captura de pantalla de la aplicación móvil Mi Argentina que reza: “Los sindicalistas no te dejan trabajar”.

El texto agrega: “Por medida de fuerza de los sindicalistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134”.

Di Tullio obtuvo rápidamente varios mensajes de adhesión y apoyo como así también críticas.

Este no fue el único canal que utilizó el Gobierno contra el sindicalismo. A través de los altoparlantes de las estaciones de trenes también se pudo escuchar el mismo mensaje.

Esta semana el sindicalismo retomó su pulseada contra la gestión de Javier Milei con tres paros: el primero de ellos para hoy martes, dispuesto por los estatales de ATE; el segundo, para mañana miércoles con una huelga de casi todos los gremios del transporte; y el tercero, para el jueves cuando se lleve adelante la paralización del servicio de colectivos que el día anterior sí funcionará.

Dos de las tres medidas de fuerza pautadas son impulsadas por los sectores sindicales más opositores al gobierno libertario, ATE y el moyanismo, mientras que el de colectivos de la UTA se centra más en una disputa salarial con las empresas del sector, sin tanta pirotecnia verbal contra la Casa Rosada. 

MM

Los jefes de la CGT salieron hacia el atardecer de la Plaza de Mayo con una certeza: el statu quo sindical no se toca. Así lo pueden haber entendido después de la reunión que la cúpula de la central obrera mantuvo este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien los había convocado para aliviar tensiones después de la promulgación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases.

Tan complejo resultó ese trámite para todas las partes —Gobierno, empresarios y gremios— que el farragoso capítulo laboral de esa ley todavía no fue promulgado del todo en el Boletín Oficial, y hacia esa vacante apunta todos sus cañones la CGT.

Los “Gordos” —tal como llaman a los representantes de los gremios de servicios, que son los más numerosos— buscan proteger el orden establecido que ven amenazado ante el avance del gobierno libertario, que con sus ínfulas de refundación del sistema político argentino apunta especialmente a la “casta” que componen los sindicalistas.

En esos términos se cifró la negociación que los “Gordos” mantuvieron este lunes con Francos: los gremialistas aceptan algunos puntos de la reforma laboral a cambio de que, en otro poder del Estado, el Congreso, los libertarios y sus aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica no avancen con un proyecto de ley de “democracia sindical” que podría amenazar el sostenimiento de todo el poder sindical.

“Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo y eso es fructífero. Estamos convencidos de que hay que dialogar con los que gobiernan, pero eso no quiere decir que quedamos impedidos de tomar las medidas que correspondan si no estamos de acuerdo”, aclaró, al salir de la reunión, el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el multiasesor estrella Santiago Caputo se reunieron por la tarde con la comitiva “dialoguista” de la CGT que encabeza el cotitular Héctor Daer, sin la presencia del camionero Pablo Moyano, otro de los triunviros que no sólo no quiere saber nada con el gobierno de Javier Milei sino que incluso alienta una nueva medida de fuerza de todos los sindicatos del transporte.

Además de Daer y de Carlos Acuña, el tercer cotitular cegetista, también participaron Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio); Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA) y Daniel Ricci (FEDUN).

Qué quiere cada parte

La CGT fue a la reunión con un reclamo puntual: el artículo 242 del capítulo laboral de la Ley de Bases, que establece las asambleas y bloqueos como causa justificada de despido por parte de los empleadores, sin necesidad de intervención de la Justicia. 

Conscientes de que ese es un punto sensible para el sindicalismo, Francos y Caputo mantuvieron esa norma al margen de la reglamentación de la reforma laboral, a la espera de un nuevo acercamiento con la CGT, que por su parte se había retirado del diálogo social promovido por el Gobierno en el marco del Consejo de Mayo.

Y los jefes gremiales se llevaron, efectivamente, una señal positiva del mileísmo. “Armamos un capítulo específico para discutir la reglamentación del artículo 242”, explicó Martínez, que aclaró que “la metodología del bloqueo no es parte de la esencia del sindicalismo de la CGT”.

Y abogó por encontrar una “respuesta” junto al Gobierno para “no darle la derecha al sector empresario para que determinen si es un bloqueo o no y generar la injuria a favor de ellos”. “Apostamos a que los argumentos que tenemos son suficientes y valederos. Somos la voz de la demanda ante la pobreza y la desigualdad”, afirmó Martínez.

En este sutil juego de cartas con el Gobierno, los libertarios conceden a la “casta” la vía libre para los bloqueos y la CGT se resigna a “entregar” la habilitación para que un trabajador independiente pueda contar con hasta tres trabajadores autónomos a su cargo sin relación de dependencia, como de hecho ya fue reglamentado, en lo que para los gremios implica un camino hacia la precarización laboral. La reforma laboral también incorporó, de manera optativa, el fondo de cese laboral en reemplazo del sistema de indemnizaciones.

La central obrera permitió además la implementación de otro artículo que resistía, y que también ya fue promulgado: la norma que establece que el período de prueba en cualquier relación laboral pasa de 3 a 6 meses, 8 meses o hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados, lo que prolonga la incertidumbre de un trabajador que empieza a prestar funciones.

Pero con esta negociación en curso el Gobierno se anota un punto aún más importante: la posibilidad de “desinflar” el paro de todos los gremios de transporte que Pablo Moyano y otros “duros” como Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (APLA) impulsan para el 17 de octubre próximo, a falta de una medida de fuerza general de toda la CGT.

El jefe de los colectiveros de la UTA, Roberto Fernández, estuvo en la reunión en Gobierno y, según pudo saber elDiarioAR, su presencia fue leída como un aval al diálogo y al acercamiento de posiciones entre las partes en medio de la desconfianza mutua. Una cosa por otra. Un toma y daca. Se sube una carta y se baja otra. El ala dialoguista se impone.

Hoy por tí, mañana por mí

A cambio, la CGT se queda, por ahora, con su statu quo: la semana pasada, por intervención del Gobierno, se frenó el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de “democracia sindical” que apunta contra el corazón del sindicalismo, porque busca limitar la reelección indefinida de los secretarios generales, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos.

Ese proyecto, que reúne una serie de propuestas hechas por la UCR, el PRO, LLA, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, establece además la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”. Un reinicio.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, el radical Martín Tetaz, estaba entusiasmado con obtener dictamen la semana pasada, pero una orden a último momento de Guillermo Francos paralizó el trámite legislativo. Se verá si en los próximos días el proyecto retoma su cauce o si se impone, finalmente, la reconciliación con la CGT.

NP/JJD

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá hoy en su despacho de la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT, a fin de aplacar la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalismo.

La reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó en los últimos días el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, luego de que meses atrás la central se retirara del diálogo social que promueve el oficialismo.

La reunión tendrá lugar a partir de las 17 con referentes de la central obrera en un encuentro a “agenda abierta”, aunque era poco probable que asista el cotitular Pablo Moyano, del sector cegetista más opositor, quien viene sosteniendo que no va a dialogar con este gobierno.

Se espera que concurran los otros dos cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).

Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conformen tanto a los trabajadores como a las empresas forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio conocer el Gobierno el pasado miércoles por la noche.

A pesar de lo complicado que está la relación, en los últimos días hubo un gesto del Gobierno a los gremios, cuando en el Congreso evitó sorpresivamente avanzar con un proyecto sobre democracia sindical. El mismo propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.

El martes pasado, lo que parecía un avance hacia la democratización sindical fue frenando a último minuto cuando el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se vio obligado a suspender una reunión que tenía como objetivo dejar lista para ser votada en el recinto una reforma que prometía más transparencia y límites a las reelecciones sindicales.

Celebración y llamado a la unidad sindical

El viernes pasado, la CGT celebró sus 94 años de actividad y advirtió que “solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”, en la antesala de hoy con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.  

“Hace 94 años se estableció la CGT, y hoy más que nunca es momento de mantener firme la misión y compromiso de las organizaciones para preservar nuestra central, protegiendo los derechos laborales en Argentina”, expresó el cotitular de la organización Héctor Daer desde sus redes sociales.  

 Para Daer, “esta fecha también nos brinda la oportunidad de destacar nuestro emblemático edificio en calle Azopardo, un lugar icónico que fue incluido en un listado de la Unesco, con expectativa de transformarse oficialmente en Patrimonio Mundial de los Trabajadores”, dijo en referencia a la sede de Azopardo 802.  

 “Solo unidos podremos resistir los ataques a nuestras conquistas”, señaló la CGT en momentos de tensión interna tras la reglamentación por parte del Gobierno de Javier Milei de la reforma laboral.   

En su publicación, Daer envió además un “gran saludo” a sus compañeros en la conducción tripartita, Pablo Moyano y Carlos Acuña, además de “todos los miembros del Consejo Directivo Nacional”.  

DM con información de agencia NA y elDiarioAR

Lo que parecía un avance hacia la democratización sindical se convirtió en una novela de traiciones políticas. A último minuto, el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se vio obligado a suspender una reunión que tenía como objetivo dejar lista para ser votada en el recinto una reforma que prometía más transparencia y límites a las reelecciones sindicales. La CGT movió sus hilos, y el gobierno de Javier Milei decidió ceder, dejando en ridículo a parte de la oposición, que ya había festejado el consenso.

En la quinta de sus reuniones destinadas a debatir la reforma sindical, la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados tenía previsto este martes emitir un dictamen sobre los proyectos presentados que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo tras el consenso alcanzado entre la oposición dialoguista y el oficialismo. El objetivo era que la iniciativa quede lista para ser debatida en el recinto.

Sin embargo, Tetaz, principal promotor de la reforma, decidió suspenderla a último minuto, según publicó el portal especializado Parlamentario, luego de que trascendiera que ni La Libertad Avanza ni el PRO iban a acompañar con su firma el despacho de mayoría tras un acuerdo que hizo el Gobierno nacional con la CGT para frenar la Reforma Sindical en el Congreso. El PRO aclaró después en un comunicado que sí está de acuerdo con el dictamen.

Sin esos 10 apoyos, Tetaz se quedaría sin la mitad más uno de las 31 firmas en ese grupo legislativo, cifra necesaria para que pueda llegar al recinto la iniciativa que propone profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

La decisión del gobierno de Milei, que se transmitió en la noche del lunes, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno, conformada por la dupla Guillermo Francos y Santiago Caputo, y a la vez a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene conversando entre algunos legisladores para que le quiten su apoyo al proyecto.

“Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio”, dijo Tetaz y resaltó los puntos del dictamen:

• Límites a las reelecciones indefinidas de los sindicalistas

• Participación de las minorías en los cuerpos directivos.

• Transparencia de los fondos de sindicatos y sindicalistas.

• Fin de los descuentos forzosos en los recibos de sueldo, como las cuotas solidarias, los cursos de capacitación, los seguros y otros curros.

• Más libertad para la elección de la obra social.

“Estamos confiados en que el Gobierno recapacite y que la semana que viene revele su verdadera preferencia. No se puede cachetear a [Pablo] Biró para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. Hay que elegir de qué lado están”, disparó el radical.

Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio

Martín Tetaz — diputado nacional de la UCR

“Para todos los que queremos limitar las reelecciones indefinidas. Para todos los que queremos más transparencia en los gremios. Para todos los que queremos que se terminen los descuentos forzosos en los recibos de sueldo. Para todos los que queremos más libertad en la elección de la obra social, esta decisión del Gobierno de frenar la reforma es miserable”, expresó Tetaz.

El proyecto era impulsado hasta ahora por los diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal, con el rechazo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el radicalismo estaban seguros de contar con 18 votos en la comisión para emitir el dictamen de mayoría, mientras el peronismo y la izquierda sumaban 13. El viraje del Gobierno, sin embargo, le quitó al proyecto 10 firmas (5 de La Libertad Avanza y 5 del Pro), por lo que quedará empantanado: se requiere de la mitad más uno para aprobar el dictamen.

Ejes centrales del proyecto

Según detalló el portal Parlamentario, el proyecto de Democracia Sindical, que unifica textos presentados por Tetaz, Verónica Razzini (Pro), María Eugenia Vidal (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, contempla modificaciones a la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) y a la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).

Además, propone limitación de mandatos de los dirigentes a fin de “garantizar la efectiva democracia interna”, a través de medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos de sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”. En suma, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias, la publicación obligatoria de informes financieros y auditorías por parte de la AGN.

“Los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación” y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”, agrega.

Por otra parte, incluye la presentación de declaraciones juradas patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura y una actualización anual de la información.

Otro punto incluido en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, sobre lo cual detalla que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Y agrega que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” esos requisitos.

También, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”, y detalla: “Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad”, y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”.

JJD