El fiscal Ramiro González, ícono de los tribunales de Comodoro Py, festejó sus 60 años con una pomposa fiesta en un lujoso salón de la costanera porteña. Él mismo compartió entre sus invitados un video de agradecimiento por haber dicho presente.

Las imágenes revelaron detalles llamativos, como que la animación estuvo a cargo del artista internacional Cristian Castro.

La información fue revelada por el periodista Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina. Contó que entre los asistentes estuvieron la jueza María Servini de Cubría; el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y su ahijado, Ariel Lijo. También fueron el empresario del juego, expresidente de Boca y allegado Mauricio Macri, Daniel Angelici. La lista de invitados continuó con Lucas Nejamkis, secretario privado de Jaime Stiuso y Gustavo Elías, vinculado al control de los puertos, entre otros personajes que abrieron interrogantes sobre su vínculo con la Justicia y cómo esto podría beneficiarlos en el ámbito privado.

Consultado por el sitio El Destape, el fiscal dijo: “Festejé mis 60 con mis colegas, compañeros de toda la vida, mi familia y amigos de Bahía Blanca y gente que quiero mucho”. Sobre el recital de Castro, añadió: “Está viviendo en Buenos Aires y quiso venir a cantar un tema”. 

“Imaginate que en tantos años de profesión y con una fiscalía federal, otra electoral y una más de medio ambiente tengo mucha gente con la cual celebrar”, apuntó ante la pregunta del periodista por teléfono.

El fiscal Ramiro González es titular de la Fiscalía Federal N° 7 de la Capital Federal desde mayo de 2012. Es reconocido por trabajar en causas mediáticas como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández o la Fiesta de Olivos. En marzo de 2015, ordenó investigar al exespía Antonio Stiuso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de una denuncia realizada por el legislador porteño Gustavo Vera.

Pese a su edad, algunos lo apodan “el nene” y en los pasillos de la Justicia se dice que es el “ahijado” de la jueza María Servini con quien se conoce desde hace más de 30 años.

MM con informmación de la agencia NA.

El fiscal federal Ramiro González prepara un pedido de indagatoria al expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia doméstica, de acuerdo a fuentes directas de la causa consultadas por elDiarioAR. La causa, iniciada tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, ingresa así en un nueva etapa clave, en la que el juez Julián Ercolini deberá decidir si están dadas las condiciones para indagar al exmandatario.

Fernández ya fue citado por Ercolini en los últimos días a otra declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros.

Fernández está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, de acuerdo al dictamen fiscal de imputación. Fernández niega las acusaciones de Yáñez.

El fiscal señaló en aquel escrito que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Durante los últimos tres meses, el fiscal González ordenó una serie de medidas de pruebas que incluyeron un desfile de testigos y el secuestro de dispositivos y teléfonos de Fernández y Yáñez.

Declararon desde María Cantero, exsecretaria privada de Fernández hasta Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. También Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de la ex primera dama; y la periodista Alicia Barrios.

Además, fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 que hubieran registrado movimientos en el chalet residencial de Olivos y en la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo.

González solicitó los antecedentes de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.

El inicio de la investigación

La denuncia de Fabiola Yañez sucedió luego de que en el marco de la causa Nación Seguros se detectaran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho se necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.

Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de enero cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello ya que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.

ED/MG

El fiscal federal Carlos Rivolo, que interviene en la causa Nación Seguros, solicitó este viernes al juez federal Julián Ercolini acceder al contenido de los dos teléfonos y 22 pendrives secuestrados al expresidente Alberto Fernández, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR. La decisión de Rivolo da un giro de 180 grados, ya que la Justicia no tenía planificado peritar los dispositivos por el momento, dado que así lo dispuso Ramiro González en la otra investigación que pesa sobre el expresidente, la iniciada por Fabiola Yañez por violencia de género. 

elDiarioAR reveló este jueves que los teléfonos y pendrives secuestrados el 9 de agosto último por orden del fiscal federal Ramiro González permanecen lacrados y resguardados en una caja fuerte en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 y que por ahora no serán peritados en el marco de la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra Fernández.

González considera que, por el momento, el secuestro de los teléfonos cumplió su misión: que cesara el supuesto hostigamiento de Fernández a Yañez y resguardar la prueba de la presunta violación de Fernández a la restricción judicial que pesa en su contra y le prohíbe acercarse físicamente a Yañez o tomar cualquier tipo de contacto con ella.

Sin embargo, existe otra causa en la que se investiga al expresidente y en la que ahora el contenido de los dispositivos secuestrados despertó interés. Se trata del expediente sobre el supuesto fraude con los seguros.

Fernández es uno de los investigados en el caso que se centra en una posible malversación de fondos públicos a través del pago por parte de organismos del Estado de cuantiosas comisiones a intermediarios de Nación Seguros. El principal señalado dentro de los brokers beneficiarios es la pareja de la secretaria de Fernández, María Cantero.

Este viernes por la mañana, Rivolo envió al juez Ercolini un oficio en el que le manifestó que cuando llegue el momento de realizarse la apertura de los dispositivos se constate la existencia de elementos que sean de interés para la causa del supuesto fraude con los seguros y se agreguen como prueba al expediente, “independientemente de los límites con los que V.S (vuestra señoría) eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos”.

elDiarioAR había consultado a fuentes de la fiscalía sobre la posibilidad de solicitar acceso a los teléfonos y pendrives de Fernández pero esa posibilidad había sido rechazada el jueves por la tarde.

ED/DTC

La Policía Federal Argentina (PFA) llegó el viernes 9 de agosto al departamento del edificio River View, en Puerto Madero, con la orden de secuestrar el teléfono del expresidente Alberto Fernández. Tres días antes, la ex primera dama Fabiola Yañez lo había denunciado formalmente ante la Justicia por violencia de género, no sólo física sino también psicológica, y el juez federal Julián Ercolini le había restringido al exmandatario cualquier contacto físico o telefónico con su expareja. 

Sin embargo, la denunciante habría informado a la Justicia que los contactos continuaron y el fiscal Ramiro González solicitó entonces el secuestro del teléfono de Fernández, medio por el cual habría continuado sus intentos por contactar a la ex primera dama, a pesar de la restricción judicial.

Por esa razón, el viernes 9 de agosto por la noche, los policías llegaron al piso 12 del edificio de Puerto Madero con la orden de secuestrar los dispositivos electrónicos que hallaran en el domicilio. Fernández colaboró entregando su teléfono celular pero los policías también incautaron un segundo teléfono celular que se encontraba resguardado, y 22 pendrives, entre otros dispositivos. Así lo confirmó a elDiarioAR una fuente de la causa con acceso al expediente.

La noticia disparó especulaciones periodísticas y políticas sobre el alcance que tendría un posible peritaje de los teléfonos y pendrives de Fernández, que permitirían acceder a contenido tanto de carácter privado como a viejas cuestiones de Estado. Una nueva caja de Pandora. Especialmente, debido a que Fernández es uno de los investigados en una causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario en el caso de los intermediarios en el negocio de los seguros que tenía a la pareja de su secretaria privada como uno de los principales beneficiados.

Pero, por el momento, el contenido de los teléfonos y dispositivos de Fernández estará resguardado. Los aparatos se encuentran lacrados y guardados en una caja fuerte en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002 y no se ordenará ningún peritaje sobre su contenido, informó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del expediente. El fiscal de la causa no tiene previsto peritar ninguno de los dispositivos secuestrados debido a que considera que se trata de una medida invasiva e innecesaria por el momento, explicó la fuente a este medio.

En cambio, el fiscal Carlos Rivolo, que interviene en la investigación por el supuesto fraude de los seguros, sí solicitó este viernes por la mañana acceso al contenido de los dispositivos, supo este medio de fuentes judiciales. Así, quedan contrapuestos los pedidos de los dos fiscales que intervienen en las causas que investigan al expresidente.

En los tribunales de Comodoro Py explicaron que el secuestro de los teléfonos ya cumplió su función: evitar que Fernández continuara “hostigando” a Yañez a través de llamados y mensajes y resguardar la prueba de ese supuesto hostigamiento, ocurrido durante la restricción judicial, entre el 6 y 9 de agosto. Fernández ha negado haber ejercido violencia contra Yañez en un comunicado y en dos entrevistas con El País y El Cohete a la Luna. 

La fiscalía a cargo de la causa por presunta violencia de género buscará caminos alternativos, menos lesivos, a la apertura de los teléfonos de Fernández para probar los dichos de Yañez. Por ejemplo: solicitar a la ex primera dama capturas de los mensajes y llamadas entrantes, explicó una fuente del caso.

Durante la declaración de Yañez de este martes, el fiscal González le preguntó a la ex pareja de Fernández si el expresidente había violado la restricción legal de tomar contacto con ella entre el 6 y el 9 de agosto. De haberlo hecho, habría incurrido en un nuevo delito. Yañez respondió que no recordaba el día exacto en el que recibió mensajes o llamados y que lo revisaría para aportar la información a la Justicia. Al cierre de esta nota, el jueves por la tarde, no había aportado nuevos datos al expediente en este sentido.

La causa

Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama,

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” en una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

González dispuso varias medidas de prueba: citó como testigos a María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; a Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos; y la periodista Alicia Barrios.

También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos entre 2021 y 2023 para revisar las grabaciones del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo debido a los episodios de violencia.

ED/JJD

Tras la declaración testimonial de Fabiola Yañez, el fiscal federal Ramiro González prepara nuevas medidas de prueba en la causa por supuesta violencia de género que la ex primera dama inició contra el expresidente Alberto Fernández, según informaron fuentes del caso a elDiarioAR. 

El fiscal González se encontraba este miércoles analizando la declaración que Yañez prestó el martes durante cuatro horas desde el consulado argentino en Madrid. La ex primera dama ratificó al menos seis hechos de supuesta violencia física, que habrían comenzado en 2016, además de otros episodios de presunto hostigamiento y violencia psicológica y reproductiva, ocurridos entre 2013 y 2024. 

González procederá en las próximas horas a definir la imputación al expresidente Fernández, la definición concreta de los supuestos hechos a investigar y posibles citaciones a terceros y otras medidas de prueba, informó a este medio una fuente con conocimiento del expediente. 

Hasta el momento, la causa está circunscripta en presunta lesiones leves pero la denunciante solicitó que se investigue a Fernández por “lesiones graves” y “agravadas por el vínculo”, entre otros agravantes. El expresidente negó las acusaciones en un comunicado y entrevistas con El País y El Cohete a la Luna.

Yañez afirmó este martes vía zoom frente a los fiscales González, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la titular de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy.

De acuerdo a su testimonio, los hechos de violencia comenzaron entre 2016 y 2017 en el departamento de Puerto Madero, donde actualmente sigue viviendo Fernández. Este punto es central para la denunciantes y su estrategia legal: si el fiscal González toma este punto como inicio de los hechos a investigar, la causa podría seguir tramitando en la Ciudad de Buenos Aires y no en San Isidro, como solicitó la defensa de Fernández en los últimos días. 

La abogada del expresidente, Silvina Carreira, planteó que si los hechos denunciados tuvieron lugar en la Quinta de Olivos, el expediente debe tramitarse ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La competencia es un tema central en el futuro de la causa contra el expresidente. Por eso, el fiscal González analizará el pedido de la defensa y dictaminará dónde debe tramitar el expediente. No sólo hay un planteo por incompetencia territorial (Capital Federal versus provincia de Buenos Aires), sino también con respecto a si la causa debe permanecer en el fuero federal o migrar a la Justicia penal ordinaria, donde tramitan las causas por violencia de género.

La declaración

Yañez sostuvo que la violencia física se inició luego de que quedara embarazada en 2016 y Fernández le exigiera hacerse un aborto, de acuerdo a un escrito presentado por la ex primera dama y su ratificación durante la audiencia del martes. Sin embargo, la ex primera dama indicó que la violencia psíquica, que incluía el hostigamiento y el excesivo control sobre su persona, había comenzado durante el inicio de la relación, tres años antes, al inicio de su relación, alrededor de 2013.

También ratificó al menos tres episodios de violencia durante la presidencia de Fernández. Yañez mencionó al médico de Olivos como uno de los testigos de los golpes.

Luego describió que la filtración de las fotos de la fiesta de su cumpleaños en julio de 2020, durante la cuarentena estricta, fue idea del expresidente y no de ella, pero que aún así Fernández la culpaba por la situación política y la derrota electoral de 2021.

Yañez también ratificó que Ayelen Mazzina, exministra de las Mujeres, estaba al tanto de los golpes que le atribuye a Fernández. La exministra negó la acusación en declaraciones públicas.

La abogada Mariana Gallego, que representa a la ex primera dama, sostuvo tras la declaración de su clienta que “sólo queda confiar en la Justicia”, a la vez que abogó por “seguir los pasos procesales”. “Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada y acompañada por toda la prensa, la gente, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Fiscalía”, sostuvo Gallego desde Madrid, España, adonde viajó para acompañar a Yañez, informó la agencia Noticias Argentinas.

Justo antes de la declaración de Yañez, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de la defensa del exmandatario para estar presente durante la audiencia. La abogada del expresidente presentó ante fiscalía una nota dejando constancia de que a pesar de que la notificaron de la audiencia de hoy no le permitieron participar ni presentar un pliego de preguntas para Yañez, informó una fuente del caso a elDiarioAR.

“La audiencia no es válida”, aseveró Carreira ante los medios que aguardaban en Comodoro Py, y añadió: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”.

La abogada dijo, además, que cuando se lo solicite, “Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse”, reclamó.

ED

La próxima declaración testimonial de Fabiola Yañez y el análisis de dos teléfonos del expresidente Alberto Fernández, además de un Ipad y 22 pendrives secuestrados este viernes a pedido del fiscal federal Ramiro González serán las medidas clave en la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama contra el exmandatario, informaron fuentes directas de la causa a elDiarioAR.

El expediente se encuentra en secreto de sumario y los dispositivos secuestrados a Fernández en su domicilio permanecen bajo resguardo de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que el fiscal González decida qué fuerza de seguridad analizará el contenido de los mismos. El expresidente entregó su teléfono a los oficiales que llegaron con la orden judicial pero los policías se llevaron además un segundo teléfono que hallaron en la vivienda, trascendió este viernes en los tribunales.

La declaración de Yañez, quien se encuentra en Madrid, será virtual, frente al fiscal González, quien quedó a cargo del caso tras un sorteo realizado el viernes. Su testimonio será central para terminar de circunscribir los hechos y decidir sobre la competencia territorial de la Justicia. Fernández negó las acusaciones en un comunicado esta semana.

El destino de la causa aún es incierto, pero por el momento permanecerá en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. La competencia de este fuero en la causa por violencia de género contra el exmandatario instaló en los despachos y pasillos una discusión entre empleados, jueces y fiscales: ¿debería estar aquí este expediente? Las posiciones están divididas. 

Serán Fernández y Yañez quienes podrán plantear la incompetencia de Comodoro Py en el caso. De hecho, este viernes trascendió que una de las partes ya planteó la incompetencia del juzgado federal número 10 debido a que los hechos habrían sucedido en la Quinta de Olivos, que corresponde a los juzgados de San Isidro. La competencia federal es otro punto que se discutió en despachos judiciales del edificio de Retiro, ya que los casos de violencia de género no son federales, sino que tramitan en la Justicia penal ordinaria. 

El caso nació en los tribunales federales porteños debido a que los hechos de violencia salieron a la luz en un expediente federal que ya tramitaba en un juzgado provisoriamente a cargo de Julián Ercolini: el caso de presunta corrupción en la contratación de seguros durante la gestión de Fernández, cuando se analizó el teléfono de su secretaria María Cantero y se descubrieron chats entre ambas mujeres y fotografías de Yañez con moretones en un ojo y en un brazo. Además, la propia Yañez se comunicó el 6 de agosto con dicho juzgado para hacer la denuncia formal. 

El juez Ercolini dictó las medidas urgentes del caso, como reforzar la custodia de Yañez, ordenar una restricción de 500 metros a Fernández y la prohibición de salida del país para el expresidente. Fernández tampoco puede contactarse con su ex pareja. Delegó la causa en la fiscalía número 6, provisoriamente a cargo de Carlos Rívolo.

Círculo de la violencia

Indiana Guereño, abogada penalista, explicó a elDiarioAR que a la violencia de género no hay que mirarla como una foto estática, sino como una película. “Es decir, un golpe ocurre un 5 de agosto a las 15:30, por ejemplo. Pero eso forma parte de un continuo de cosas. Un insulto, una desvalorización. Haber cortado los vínculos con familiares, con amigos y amigas. Es decir, hay muchas conductas que rodean o que forman parte de la violencia”, afirmó la letrada. “La violencia por motivos de género no es solamente un golpe, sino también violencia psicológica, que hace estragos en la mujer. La violencia psicológica y la violencia del silencio. Todo eso genera secuelas gravísimas. Eso no se puede mostrar en una foto”, aseguró Guereño.

La especialista explicó que la perspectiva de género estaba completamente ausente en el pasado y que incluso en la actualidad sigue siendo un desafío en los tribunales. “Pero es una obligación para el Estado argentino por los tratados internacionales que ha suscrito. Entonces no es una idea antojadiza de los feminismos sino que estos casos hay que juzgarlos con perspectiva de género, es una obligación. El Estado argentino puede incurrir en responsabilidad internacional si no cumple con eso. Así como si no cumple con el principio de inocencia”, sostuvo Guereño. 

La abogada afirmó que uno de los grandes desafíos cuando se aplica la perspectiva de género es que rija el principio de amplitud probatoria. “Tiene que ver con que el relato de la víctima, lo que la víctima viene a decir, tiene un peso específico muy importante”. “Antes, y existen juzgados que todavía hacen esto, el relato solo de la víctima era interpretado como que era algo que sucedía ‘entre cuatro paredes’ y no se podía probar. ¿Por qué? Porque era ‘la palabra de uno contra la palabra del otro’. Esto sucedía cuando no se aplicaba la perspectiva de género. Ahora se mira de otra manera”, explicó Guereño, quien, además, sostuvo que la mujer realiza la denuncia cuando puede y no tiene la obligación de hacerlo. 

De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron

Pamela Lodola y Clara Santamarina — Área legal de La Casa del Encuentro.

Dónde denunciar

Guereño explicó que es central que el abordaje sea interdisciplinario, no sólo penal, que tome en cuenta todas las dimensiones de lo que va a atravesar esa mujer a partir de esa denuncia. 

Si el hecho ocurre en Capital Federal, hay que dirigirse a la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. “Allí, la mujer se presenta y es atendida no solamente por abogados o abogadas, sino también por psicólogos, psicólogas. Hay también médicos y médicas para revisar y constatar lesiones. Se inicia una causa civil y eventualmente una causa penal, de acuerdo a la gravedad de lo que se esté denunciando. Luego la Oficina de Violencia Doméstica sugiere al juzgado que tome alguna medida urgente, como prohibiciones de acercamiento. Pero en ocasiones hay que pensar otra respuesta y otra estrategia”, aseguró. También existe la violencia económica, resaltó.

Si el hecho ocurre en la provincia de Buenos Aires existen las Comisarías de la Mujer. “También hay un Ministerio de las Mujeres súper fuerte. Y en este marco es esencial tener un plan antes de denunciar y acudir a las redes de contención, abogados, organismos, amigos, familiares, acudir a ellos para poder salir del círculo, tener un puchito de dinero guardado y la documentación siempre encima”.

El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas.

Indiana Guereño — Abogada penalista.

Uno de los organismos independientes que aportan este tipo de red de contención es La Casa de Encuentro. Las abogadas Pamela Lodola y Clara Santamarina, del área legal, explicaron a elDiarioAR, que de acuerdo a la información que se ha hecho pública, los hechos denunciados por Yañez podrían ser tipificados como lesiones leves agravadas por el vínculo que mediaba entre ambas partes. La pena que le cabría al acusado iría de los 6 meses a los 2 años de prisión. 

“Si bien la persona denunciada es un ex jefe de Estado y los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, consideramos que los mismos no fueron ejercidos en el marco de su función pública, por lo tanto no corresponde que sea el fuero federal el que investigue”, afirmaron las abogadas. “Es decir, que, sin perjuicio del lugar donde ocurrieron los hechos, los mismos deberían ser investigados en el fuero ordinario, y, por encontrarse en Olivos, la jurisdicción sería del departamento de Justicia de San Isidro”, agregaron ante la consulta de este medio. “La competencia federal se caracteriza por ser limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares”.

“De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron.

Guereño sostuvo que “es muy difícil para una mujer que está en esa situación poder ir a la Justicia a denunciarlo”. “Cuando llega a la Justicia tiene que ser recibida con escucha activa. Es decir, con tiempo para escuchar todo lo que esa mujer tenga para decir. A veces quienes trabajan en la Justicia, por la cantidad de trabajo, por la vorágine diaria, no tienen el tiempo suficiente para poder escuchar. En general hay un círculo de la violencia. Es central desde qué lugar, quien está juzgando estos hechos se va a parar, escuchando con perspectiva de género, sin vulnerar el principio de inocencia”, explicó la abogada.

“El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas. Y la violencia psicológica es invisible. Son como cadenas invisibles y bien profundas, recuperarse es sumamente complejo y difícil”, concluyó. 

ED/DTC

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

El anuncio de Alberto Fernández de que pagará a la Ciudad en bonos; el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires y sus denuncias penales contra el Presidente y sus funcionarios; además del paso al costado de la Corte Suprema, que esperará a febrero para volver a tratar el tema, agudizaron la crisis entre oficialismo y oposición, con el enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Gobierno Nacional de fondo. 

Hasta el momento, la Corte tomó una decisión temporal. El miércoles último dictó una medida cautelar en la que estableció que el Gobierno Nacional debe aumentar al 2,95% los fondos de la coparticipación que envía a la Ciudad para solventar el costo de la policía local y la seguridad pública del distrito. 

Luego de sostener públicamente que el fallo es de “imposible cumplimiento”, Fernández anunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo el Presidente en la red social.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la posibilidad de cobrar bonos en lugar de dinero y dijo que Nación continúa sin cumplir con el fallo de la Corte. ¿Puede Fernández pagar en bonos a la Ciudad? ¿Debe la Ciudad aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego, de dónde proviene y cómo se reparte la masa de impuestos nacionales de la Coparticipación Federal? Son algunas de las preguntas que plantea este nuevo capítulo del conflicto y que elDiarioAR responde en esta nota en base a la consulta de leyes, fallos y fuentes oficiales.

Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño con intervención directa en el caso) más 180.000 millones de pesos anuales para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, informó la misma fuente del Ejecutivo capitalino. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. Esa suma podría variar cuando la Corte dicte el fallo definitivo sobre el conflicto (ya que el último fallo sólo es temporario). Sería el 21,6% más con respecto a lo que está recibiendo de Nación desde el año 2021 para la Policía local (180.000 millones de pesos). También significa poder bajar impuestos a los porteños en un año electoral y mayor disposición de recursos propios para otros fines e inversiones.

Para el Gobierno Nacional, esos 39.000 millones de pesos significan, por ejemplo, el equivalente al presupuesto 2023 para los gastos del Senado de la Nación. Es casi lo que destinará el próximo año al Hospital Posadas; o los gastos corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad en 2023, de acuerdo con la Ley de Presupuesto enviada al Congreso.

También implicaría menor inversión en obras públicas en las provincias aliadas en un año electoral y en los que vendrán.

Provienen de la masa de la recaudación de todos los impuestos nacionales, como los de derecho de importación y exportación, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), combustibles, Impuesto PAÍS, Bienes personales, créditos y débitos en cuentas corrientes, entre otros.

La distribución actual de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos nacionales se rige por un acuerdo firmado en febrero de 2002 entre Nación, las provincias y la Ciudad. 

El “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificó la distribución de la coparticipación que ya regía por una ley de 1988, la número 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que estableció que el 42,34% de la recaudación de impuestos nacionales fuera a Nación mientras que el 56,66 % se destina a las provincias y el 1% restante al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN).

Cada provincia y la Ciudad reciben un porcentaje diferente, basado en la cantidad de población, la brecha de desarrollo entre las provincias y la dispersión de la población.  

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se convirtió en un Estado autónomo, el Congreso tenía plazo hasta 1996 para modificar la ley de coparticipación y readaptarla, pero eso no sucedió. Sí se incorporaron modificaciones, dándole igual tratamiento a la Ciudad que a las provincias, pero recién en 2003 la Ciudad comenzó a recibir el 1,4% de la masa coparticipables de impuestos. Su incorporación a la repartija no modificó los porcentajes que recibían las provincias sino que proviene del porcentaje que recibe Nación. 

Los cuatro jueces de la Corte ordenaron que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que todas las decisiones en relación a la coparticipación deben ser en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad. Es decir que Fernández no puede tomar decisiones unilaterales, como la del pago en bonos, sino que debe llegar a un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Si este aceptara el pago en bonos, como lo hizo la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional podría avanzar con la medida.

Además, la Carta Magna afirma que Nación no puede realizar transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos -por ejemplo, el traspaso de la Policía de la Ciudad y los fondos para solventarla- sin la aprobación de la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires. 

En el fallo, la Corte también resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que Fernández no contempló cuando en septiembre de 2020 estableció por decreto que la Ciudad dejaría de recibir el 3,5% de los recursos coparticipables y volvería a percibir el 1,4%. 

A su vez, las leyes y modificaciones de la Ley de coparticipación también deben realizarse en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad, lo que tampoco se cumplió con la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, confirmando la reducción de los fondos percibidos por el Estado porteño, ya que no incluyó un acuerdo previo con el gobierno de Rodríguez Larreta.

Los fondos que reclama la Ciudad son en bancarizados. El Banco Nación envía el dinero de la coparticipación diariamente a cada distrito. 

Los bonos funcionan de otra manera. Los títulos TX31 se ajustan por inflación y no se liquidan en el mercado financiero, como explicó este lunes elDiarioAR. Tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Por ejemplo, Santa Fe los aceptó con la idea de cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo y distribuyó parte de los bonos entre los municipios de la provincia como parte de la coparticipación de los impuestos provinciales. También puede usarlos para cancelar algunos créditos tomados con el Estado nacional para hacer obras o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

No exactamente, aunque ambos casos tienen que ver con decisiones unilaterales de distintos gobiernos nacionales en detrimento de las provincias o la Ciudad. 

En 2009, Santa Fe, al igual que San Luis, demandaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema por haberles deducido el 15% de los impuestos coparticipables a para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A finales de 2015, la Corte Suprema falló a favor de San Luis y Santa Fe. Declaró inconstitucional dicha deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables porque no se había realizado con el acuerdo de las provincias. 

En febrero de 2019, la Corte debió dictar un nuevo fallo ordenando al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el fallo de 2015 y concrete las negociaciones con San Luis y Santa Fe para llegar a un acuerdo sobre cómo Nación le devolvería a ambas provincias los fondos que les había quitado en 2009. Macri dejó la Casa Rosada sin llegar a un acuerdo.

Tras trece años de litigio, Santa Fe cerró el caso con el gobierno de Fernández para recuperar 151.000 millones de pesos. Como parte del convenio, el gobernador Omar Perotti aceptó que Nación le pague en bonos TX31.

El máximo tribunal no habilitará la feria de enero para analizar el conflicto debido a que el caso no cumple con las características de una urgencia, informó una fuente de la Corte ante la consulta de elDiarioAR. 

En el registro público del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra automáticamente sincronizado con los movimientos de los expedientes, el caso no ha tenido movimientos desde el fallo del 21 de diciembre último. 

Sin embargo, la Ciudad presentó este lunes una demanda por desobediencia contra el Gobierno Nacional y el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, se presentó este martes para recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y anexar al expediente el recurso de reposición in extremis en el que solicita a la Corte rever su decisión. 

La Corte debía correr traslado de la demanda de la Ciudad a Nación para que el Estado Nacional responda en el plazo de cinco días hábiles, que se vencen a principios de febrero próximo. También deberá correr vista del recurso in extremis para que la Ciudad plantee su posición. 

Los antecedentes indican que los jueces del máximo tribunal no revocan sentencias o decisiones que ellos mismos hayan tomado (es decir, con la misma composición de la Corte). 

En el recurso de reposición in extremis que presentó este martes, el Gobierno Nacional solicita a los jueces del máximo tribunal que dejen el fallo sin efecto debido a que está “basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales en el que ha incurrido el tribunal al dictar la medida cautelar”; “y en que no se encuentran reunidos los requisitos legales para la procedencia de medida cautelar alguna”. 

Para que avance el juicio político por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, la oposición debe contar con una mayoría en Diputados y en la Comisión de Juicio Político para que prospere la acusación y luego en el Senado para que avance el proceso de juicio y destitución, pero no cuenta con los números suficientes en ninguna de las dos cámaras.

Las denuncias penales contra Fernández y otros funcionarios nacionales corren por cuerdas separadas al caso en la Corte Suprema, pero están directamente relacionados. El fuero penal tampoco habilitará la feria de enero para continuar con el avance de los expedientes que se acumulan en los tribunales de Comodoro Py, ya que tampoco cumplen con las características de urgencia.

Todas las denuncias de la oposición contra Fernández y sus funcionarios de los ministerios de Interior y Economía, y los miembros del directorio del Banco Nación serán acumuladas en el mismo juzgado y fiscalía. Los casos quedaron a cargo de Daniel Rafecas y Ramiro González. 

El juez delegó la investigación en el fiscal, quien tomó las primeras medidas de rigor esta semana para intentar determinar más adelante si el Presidente y el resto de los denunciados cometieron delitos penales, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad pública.

ED

El juez federal Daniel Rafecas delegó en el fiscal Ramiro González la denuncia por el presunto delito de “desobediencia a una orden judicial” contra el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios, a raíz del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación federal.

Rafecas recibió este lunes, por sorteo, la radicación de la primera denuncia por el anuncio de no acatar la medida cautelar de la Corte que incrementó el porcentaje que debe percibir la Capital Federal por fondos coparticipables hasta el 2,94 por ciento.

La causa recayó en el Juzgado Federal número seis, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, y actualmente subrogado por Rafecas.

El juez suele delegar las investigaciones en las fiscalías para que sean los fiscales los que investiguen y el juez ejecute sólo los actos que le están reservados por el Código y vigile la legalidad del proceso.

La denuncia es la que presentó el titular de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, un habitué de la Mesa de Entradas de Comodoro Py con presentaciones basadas sobre hechos de repercusión pública.

Por tratarse de la primera denuncia, fijó radicación de la causa y todas las posteriores –entre las que figuran las de la Coalición Cívica y la de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich- tramitarán unificadas ante el mismo juzgado y bajo la fiscalía de Ramiro González.

El expediente está en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, de modo que el estado de situación se asemeja a una “investigación penal preparatoria” a cargo del Fiscal.

Con información de NA.

IG

La estrategia de defensa del presidente Alberto Fernández en el Olivos-Gate ya tiene varios efectos directos sobre las próximas decisiones que deberán tomar el fiscal y el juez del caso, la extensión del expediente y sobre el clima de malestar interno y externo que desencadenó el caso en plena campaña electoral, según surge de las consultas de elDiarioAR a fuentes judiciales, juristas, aliados y opositores. 

Mientras sus decisiones en torno a la causa -desde el asesoramiento del abogado Gregorio Dalbón hasta su rol como abogado propio y el pedido de ser sobreseído por inexistencia de delito- son cuestionadas como una sucesión de “torpezas” y “errores” por algunos aliados, la oposición buscará una amnistía general para miles de personas que tienen causas penales o condenas por el incumplimiento de las restricciones de circulación durante la crisis sanitaria (exceptuando a funcionarios públicos y fiestas clandestinas, entre otros).

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, existían al menos 50.000 causas judiciales en el fuero federal a lo largo y ancho del país por el incumplimiento a las normas impuestas por el Ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19, según los datos de la Procuración General de la Nación. 

Desde el jueves, Fernández está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas impuestas por su propio decreto durante la celebración del cumpleaños de su pareja, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, durante la prohibición de las reuniones sociales en julio de 2020, según el escrito que firmó el fiscal federal Ramiro González y al que accedió elDiarioAR.

Hecho I

Esta semana, la causa tendrá al menos dos hechos concretos. En primer lugar, el juez federal Sebastián Casanello abrirá un incidente para tratar el primer pedido del Presidente: ser sobreseído por inexistencia de delito, confirmaron dos fuentes judiciales. Luego deberá notificar al fiscal Ramiro González para que opine sobre si Fernández debe o no ser sobreseído con este argumento. 

A partir del momento en que informe de la situación al fiscal, éste tendrá tres días hábiles de plazo máximo para dictaminar. Tras el dictamen de González, la decisión quedará en manos del juez, confirmaron dos fuentes con acceso directo al caso.

Recién una vez resuelto este capítulo, la Justicia podrá iniciar una conciliación con Fernández y una negociación para establecer qué reparación económica deberá realizar para quedar sobreseído.

Hecho II

El segundo hecho concreto es que este martes por la mañana vencen los plazos del fiscal González y de las partes para plantear su posición sobre otro punto del expediente. El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de una de las participantes de la cena de cumpleaños imputada en la causa, planteó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente que estableció las restricciones a la circulación y reunión durante la pandemia.

El propio Fernández estaría en condiciones de responder el planteo del abogado D’Alessandro, pero nadie espera que lo haga. Este tramo de la causa también extiende la vida del expediente. Si el juez rechaza que el DNU sea inconstitucional, la defensa puede apelar y abrir nuevas instancias de revisión. En otra causa en la que interviene el defensor, otro fiscal federal, Santiago Marquevich, dictaminó que el decreto es constitucional porque busca preservar la salud pública en medio de la realidad excepcional que marcó la pandemia en le mundo, entre otros argumentos, según extractos del dictamen.

“Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto”, dijo D’Alessandro a elDiarioAR. “La política sabe que el DNU es inconstitucional -por las restricciones de circulación y otras garantías de la Constitución- pero no lo quiere reconocer por dos motivos: no hicieron nada para evitarlo y, si lo declaran, en la próxima emergencia van a tener que pasar si o si por el Congreso”, opinó el abogado.

El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses.

Comunicado de Presidencia — Jueves 26 de agosto.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

El penalista Andrés Gil Domínguez explicó a elDiarioAR: “Desde hace años se discute la inconstitucionalidad de este tipo de delitos en los que se criminalizan hechos que no generaron daños jurídicos”. El jurista, de habitual diálogo con el Presidente y quien integró el consejo consultivo para la reforma judicial de Fernández, no habla de la supuesta inconstitucionalidad del DNU sino de los delitos como el del artículo 205 del Código Penal. Ante la consulta de este medio, Gil Domínguez agregó: “El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite, como marca la Constitución, no puede interceder en cuestiones judiciales”.

El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite.

Andrés Gil Domínguez — Penalista.

Los órdenes cambiados

El jueves último, alrededor de las 18, Presidencia hizo circular un comunicado oficial. “El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses”, era el título del breve texto. Sin embargo, Fernández planteó en su escrito ante la Justicia dos vías distintas para resolver su caso.

En primer término, el mandatario pidió ser sobreseído al entender que no había cometido ningún delito; en segundo término, y en caso de que el juez del caso rechazara su sobreseimiento de cuajo, ofreció una conciliación y reparación económica. 

Fernández argumentó que no cometió delito alguno porque no causó daño, ya que no estaría probado que la celebración desencadenó contagios de Covid-19.

Por esta razón es que la Justicia debe resolver en primer término su pedido de sobreseimiento y postergar el inicio de una conciliación. La segunda opción planteada por Fernández es una salida ampliamente utilizada en los tribunales para resolver este tipo de casos: el imputado negociará con el fiscal un acuerdo para evitar la pena, se pacta una sanción o multa -el Presidente ofreció realizar una donación al Instituto Malbrán- y el juez debe homologarlo, si está de acuerdo con lo acordado. 

Fernández propuso en su escrito donar al Malbrán una suma que equivaldría a $630.518 (dos salarios completos, según los datos proporcionados por el Ejecutivo). El fiscal puede considerarlo insuficiente y requerir al imputado un esfuerzo económico mayor con la sociedad, explicó una fuente directa del caso. 

Abogado en trámite

La causa de Olivos se transformó en una concatenación de cuestionamientos al Presidente. Su estrategia de defensa es uno de los puntos atacados. Fernández decidió presentarse ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado defensor. El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que al ocupar la Presidencia, Fernández tiene prohibido por artículo 3 de la Ley 23.187 ejercer la abogacía. Además, el mandatario no contaba hasta ayer por la tarde con matrícula habilitada como abogado, según surge de la consulta a los registros públicos del Colegio profesional. 

Aún así, el viernes, a las 19:26, Fernández pagó vía electrónica un bono profesional de $500 al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó en el expediente judicial, según pudo corroborar este medio. Este bono es una especie de impuesto que los abogados deben abonar por cada causa en la que intervienen, lo que confirma que Fernández decidió intervenir como su propio abogado defensor.

En el Gobierno respondieron a este punto ante la consulta de elDiarioAR: “El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado si actúa en su propia causa y no de terceros”. De hecho, el artículo 4 de la Ley 23.187 permite esta excepción.

Amnistía y rebelión

Ante la consulta de elDiarioAR, una figura cercana al mandatario se mostró más preocupado por el efecto en la sociedad de los argumentos que Fernández ante la Justicia. No hablaba del impacto del caso en el electorado en plena campaña sino del temor a que ni el Presidente ni el Gobierno retenga la autoridad necesaria para ordenar nuevas restricciones a la población en medio del avance de la variante Delta.

En Diputados, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal tienen un proyecto de amnistía general para las miles de personas imputadas, procesadas y condenadas por causas vinculadas al quebrantamiento de las normas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) que dispuso el Presidente.

El proyecto fue presentado el 17 de agosto último por el diputado nacional Gustavo Menna (UCR, Chubut) y acompañado por el bloque radical. Plantea que se extinga la acción penal contra estas personas y la restitución de vehículos y bienes incautados durante los procedimientos policiales y judiciales. Por el momento, la campaña electoral tiene paralizado al Congreso y el proyecto no ha avanzado.

El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado su actúa en su propia causa y no de terceros.

Fuente oficial.

La amnistía tiene tres excepciones: no alcanzará a funcionarios públicos; no se aplicará a fiestas y reuniones clandestinas; y tampoco se podrá exculpar a aquellas personas que incumplieron una  medida de aislamiento o cuarentena por contagio, contacto estrecho, arribo de país o de una provincia. 

Menna afirmó a elDiarioAR que esta amnistía fue pensada para los casos de personas que se excedieron en el rango horario de circulación o que debían salir a trabajar a pesar de las restricciones. “El Gobierno pierde legitimidad para perseguir estos delitos cuando el propio Presidente incumplió la norma. Amenazás a los ciudadanos con iniciarles causas penales y ahora dice que si no contagiaste a otros no es delito”, aseguró Menna.

“Además, estas miles de causas son un gasto y esfuerzo para el Poder Judicial, que debería estar investigando causas de corrupción, lavado, trata de personas, narcotráfico. Esto tiene que tener una solución política. No creo que haya voluntad política para tratar el proyecto pero ojalá que sí”, dijo el diputado.

No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción.

Gustavo Menna — Diputado nacional por Chubut (UCR).

En Comodoro Py admiten el “colapso de causas de la pandemia”. Algunos fiscales y jueces resolvieron este tipo de casos con conciliaciones, probations y reparaciones económicas, en especial con donaciones a hospitales públicos, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. 

En otros juzgados y fiscalías se optó por el stand by: los expedientes en donde no hubo una fiesta clandestina, incumplimiento de cuarentenas por viajes al exterior o de personas con síntomas o PCR positivo, los magistrados optaron por dejar los expedientes sin avanzar sobre los imputados ni citarlos, a la espera de una resolución externa a la Justicia, confiaron varios de ellos ante la consulta. En otros casos donde los acusados pudieron justificar el incumplimiento, fueron sobreseídos.

El proyecto de amnistía de la oposición se presentó luego de la filtración de las primeras fotos del cumpleaños de Yáñez. “La revelación de la fiesta en la residencia presidencial de Olivos da lugar a que resulte una incongruencia que subsistan causas penales contra personas que cometieron la ‘falta’ de circular por la vía pública para ir a su trabajo, a visitar a un familiar enfermo o simplemente a tomar aire y ejercitarse”, afirmó Menna en el texto del proyecto. 

Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto.

Mauricio D'Alessandro — Abogado de una de las imputadas.

“No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas”, agregó el diputado opositor en el proyecto. 

Al ser funcionario público y al haber participado de una reunión que podría ser considerada contraria a la ley, Fernández no sería beneficiado por la amnistía. Tampoco todos aquellos miembros de la oposición que participaron del cumpleaños de Elisa Carrió, en diciembre de 2020.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados y uno de los firmantes del proyecto de amnistía, estuvo presente en la celebración del natalicio de la líder opositora y también es uno de los denunciados ante la Justicia por dicho encuentro durante las restricciones en Exaltación de la Cruz. 

Negri dijo a LN+ que el festejo de Carrió fue al aire libre, con hisopados previos y con la autorización del Municipio -lo cual debe ser investigado en la Justicia-.

ED