Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes de Madrid recibió este jueves un homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina, que concluyó con el grito de “No a la guerra”.

Un grito que lanzó el viejo rockero Miguel Ríos, tras interpretar 'a capella' un poema escrito por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que coreó después toda la sala, en donde se habló también de Gaza y de Oriente Medio.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, el acto, organizado por el Gobierno español en el año en que se cumple medio siglo del arranque de aquel episodio de la historia, comenzó con un minuto de silencio por las 307 víctimas españolas de la dictadura militar (1976-1983), y con el mensaje de que no ocurra “nunca más en Argentina, Chile, España o cualquier otro país del mundo”, subrayó el informador.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas a través de testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y también con mucha música.

Hubo, además, un debate sobre justicia universal y reparación, en el que intervinieron, entre otros, la exministra de Justicia y actual fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado español, Dolores Delgado, y otros expertos argentinos que combaten la impunidad.

El momento más emotivo de este homenaje lo protagonizó el actor Juan Diego Botto, cuyo padre es uno de los desaparecidos de la dictadura militar. Con lágrimas en los ojos, Botto defendió que mirar atrás es “un ejercicio necesario para entender lo que somos y reivindicar la lucha de nuestros padres”.

Botto se refirió al “genocidio en Gaza” al señalar que es una situación que parece que se vive con “impotencia y desamparo”, pero insistió en que hay que echar la vista atrás “y recoger las victorias del pasado”.

“Si pudimos, podemos, si todo un pueblo que había sufrido una dictadura fue capaz de acabar con esa impunidad y juzgar a los genocidas, podemos acabar con este momento genocida que estamos viviendo”, aseguró.

La cantante y actriz Ana Belén puso voz a una de esas historias que tantas veces han contado las abuelas de mayo sobre uno de esos bebés robados y entregados a una familia de la lista “siniestra” de padres que no podían tener hijos.

Después, el ministro Torres recordó esa “engrasada máquina del terror que se puso en movimiento en Argentina” y que asesinó e hizo desaparecer a miles y miles de personas para lamentar que aún hoy haya personas que cuestionen y minimicen estas cifras, como el presidente argentino, Javier Milei, o que haya en España “nostálgicos del franquismo”.

No obstante, “tenemos el antídoto, que es la democracia y la memoria”, subrayó Torres, que emplazó a contar las historias de todas esas víctimas: “Nunca más la impunidad del olvido”.

Antes, Albares, ministro de Exteriores, señaló que el asesinato de esas 307 personas, muchas de las cuales buscaron en Argentina “refugio y libertad”, huyendo del franquismo, precisamente pagaron con sus vidas “su compromiso con la libertad y la justicia”.

El ministro dijo que esos crímenes “nos interpelan a todos como humanidad”, insistiendo en que el actual Gobierno español “asume el deber” de recordar y recordarlos y continuar su búsqueda, recalcando el compromiso de España con la democracia “cuando hay fuerzas que la quieren deteriorar agitando discursos de extrema derecha”.

EFE

El Gobierno argentino interrumpió el envío a los consulados de los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo.

Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, sostiene en una entrevista con EFE que uno de los argumentos del Gobierno argentino para justificar la interrupción de esta política es que “no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial”.

“Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez”, añade.

El envío de kits de ADN a los consulados para facilitar análisis de identidad se estableció en Argentina hace 20 años y, ahora, con su desmantelamiento, deja sin alternativa a quienes no pueden costearse un viaje a Buenos Aires para realizar la prueba.

Esta política, relanzada en 2021, bajo el lema “Argentina te busca”, invitaba a las personas que dudan de su identidad a acercarse a los consulados y recibir asesoramiento. Además, habilitaba la extracción de sangre en territorio argentino, frente a autoridades argentinas, es decir en las sedes consulares, con el kit de ADN que Cancillería enviaba a través de valija diplomática.

Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial:

“Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar”, agrega.

La Agencia EFE intentó confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero sus portavoces rehusaron pronunciarse desde Buenos Aires sobre este asunto.

Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, manifiesta a EFE que “toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos”.

Así mismo, Josefina Nacif, una trabajadora despedida de la desmantelada Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, señaló a EFE que, “no hay intención institucional de trabajar conjuntamente, al contrario”.

“Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”, afirmaron las Madres y Abuelas el pasado 24 de marzo en un acto en la Plaza de Mayo.

Una red internacional para buscar a los hijos de los desaparecidos

En Argentina, el robo de bebés de desaparecidos por los militares durante la dictadura es considerado un delito imprescriptible desde 2007: “No prescribe porque hasta que no recupere la identidad el último de los nietos, el delito se sigue perpetrando en él o ella y también en sus hijos”, detalla Parrondo.

Desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aseguran que cerca de 400 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, por eso se creó una red de búsqueda en el exterior bajo el amparo del Estado argentino.

El área de Memoria, Verdad y Justicia de la Cancillería, solo entre 2005 y 2019, “gestionó 110 extracciones de sangre a través de CONADI en el exterior y otras 46 a pedido del Poder Judicial”, afirma Nacif.

La función de la red de las Abuelas en el exterior es orientar a las personas en el proceso de búsqueda que, hasta ahora, fundamentalmente contactaban con CONADI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia que iniciaba las investigaciones para instruir a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería en los pedidos y avanzar con la toma de muestras de ADN en las sedes consulares.

La red internacional de la Asociación está establecida en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá, explica a EFE Martín Moze, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) Barcelona, que sostiene que en estos momentos “hay alrededor de 20 personas con su identidad vulnerada (no necesariamente hijos de desaparecidos) que pueden estar viviendo en España”.

Si bien, la vía judicial aún puede instruir a Cancillería para que realice en los consulados las muestras de ADN dentro de una investigación penal en el exterior, los recortes de Milei en materia de derechos humanos obstaculizan la búsqueda en el extranjero, denuncian las fuentes.

Degradación en materia de Derechos Humanos

El desmantelamiento más visible es la degradación y los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, junto con la consecuente erosión de la CONADI bajo la órbita de esta cartera.

Claudia Carlotto, quien estuvo al frente de la CONADI 32 años y fue obligada a jubilarse asegura: “Esa unidad fue diluida, desecha por decreto y mi cargo fue también eliminado”.

“A todas las compañeras de Dirección de Derechos Humanos (de la Cancillería), las echaron. No tenemos más interlocutor”, denuncia desde Roma Jorge Ithurburu.

Nacif, quien trabajó 18 años en Cancillería como interlocutora con la CONADI, el Banco Genético, los consulados y las organizaciones civiles, fue despedida en diciembre del año pasado, al igual que todas las compañeras que constituían esa cartera, según denuncia.

“Siempre hubo una interlocución y ahora (...) la rompieron. Ya no les interesa, creen que no hay que trabajar en esto, sino todo lo contrario”, sostiene a EFE.

A pesar de todos estos obstáculos, Moze se muestra optimista: “Si ellas pudieron encontrar a nietos en plena dictadura, nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir buscando y encontrando a nuestras hermanas y hermanos”.

Por Malén Sabella y Sebastián Rodríguez Mora, para la agencia EFE.

Avanzada la década de 1970, el Cono Sur de América Latina era un campo minado para los militantes y disidentes de izquierda. A sus veintipico, Rosario Barredo y William Whitelaw ya habían escapado de dos dictaduras: la de su propio país, Uruguay, y la de Chile. Pese a su pasado común en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y la ruta de exilio hacia la tierra de Salvador Allende, formaron pareja recién en Buenos Aires, a poco de eludir la cacería desatada tras el golpe de Augusto Pinochet, en septiembre de 1973.

Cuando el terrorismo de Estado de Videla se estrenaba con furia en 1976, estos militantes uruguayos vivían en el barrio de Caballito, centro geográfico de Buenos Aires, junto a los pequeños Máximo, de tres meses, Victoria, de 18, y Gabriela, de cuatro años. Los dos primeros eran hijos en común, mientras que Gabriela era hija de Barredo y Gabriel Schroeder, otro tupamaro asesinado en Montevideo, en 1972.

En la madrugada del 13 de mayo de 1976, una patota atacó la casa en el pasaje Matorras 310. Los represores saquearon y destruyeron todo, y se llevaron secuestrados a Barredo, Whitelaw y los tres niños.

Los hermanos recorrieron casas de familias asignadas por los represores, hasta que finalmente recalaron en el centro clandestino de detención (CCD) en la calle Bacacay, sucursal de Automotores Orletti, el campo de concentración ubicado en Floresta por el que pasaron uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.  

Gabriela Schroeder tiene recuerdos nítidos de aquellos días. A tal punto, que cuando declaró en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, en 2022, 46 años más tarde, quienes le tomaron testimonio se sorprendieron de la precisión con la que describió la arquitectura del CCD de Bacacay, coincidente con la de adultos que fueron detenidos y torturados allí.

La niña de cuatro años no paró de hablar y preguntar durante sus días de cautiverio. Acaso por eso no llegó a ser apropiada, como unos quinientos hijos de desaparecidos. “Con lo hinchahuevos que era, o me entregaban o me mataban”, dice desde Montevideo.

El abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder viajó de urgencia desde Montevideo a Buenos Aires apenas se enteró del secuestro de su nuera y su familia. Tenía conexiones profesionales en la ciudad. Schroeder era un letrado con honorarios importantes y cierta vocación social, afín al Partido Nacional (Blanco). Sus hijos Gabriel y Gustavo se habían enrolado en la guerrillla Tupamaros. El primero había sido asesinado diez días antes del nacimiento de Gabriela y el segundo vivía sus días en Argentina.

El 20 o 21 de mayo de 1976 —hay dos versiones—, aparecieron los cuerpos de cuatro uruguayos en un automóvil Torino en una intersección de Flores Sur. Eran Barredo, Whitelaw y dos prominentes políticos: el blanco Héctor Gutiérrez Ruiz —centrista, expresidente de la Cámara de Diputados— y el exsenador frenteamplista (izquierda) Zelmar Michelini, secuestrados respectivamente en Recoleta y el Centro entre la noche del 18 y la madrugada del 19. Secuestro, detención y asesinato pasaron en barrios próximos de Buenos Aires: Caballito, Floresta y Flores Sur.

El abuelo Schroeder, ayudado por su hijo Gustavo y Fernando Barredo, hermano de la madre de los niños desaparecidos, repartió cartas por toda la ciudad. Se leía en un párrafo:

“Les pido que nos devuelvan a Lita María (Gabriela, su nieta), a María Victoria y a Máximo Fernando (hijos de su nuera), para educarlos en el amor a la patria –sin distinción de fronteras entre la tierra uruguaya y la tierra argentina— y en el amor a todos los hombres. Sin excluir a los que mataron a sus padres”.

Las puertas en Buenos Aires se cerraban para Schroeder. El poder económico e institucional que este abogado había conocido se había plegado a la lucha anticomunista de la Junta. Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox.

Este periodista, llegado a Buenos Aires en 1959, a sus 25 años, había sido instruido sobre la Argentina en el ideario antiperonista y concebía a Jorge Rafael Videla como un general que pondría orden ante los escuadrones ultraderechistas de la Triple A y la violencia de las organizaciones armadas ERP (trotskista) y Montoneros (peronista), y repondría las libertades. Sus juicios y prejuicios no le nublaron la mirada ni mucho menos la voluntad. A esa altura, con dos meses transcurridos de la dictadura, era consciente de un terror que atribuía a elementos descontrolados del Proceso de Reorganización Nacional. Sin miramientos, Cox se había comprometido a salvar vidas, una tarea que asumió junto al secretario de redacción, el argentino Andrew Graham-Yooll, el primero en informar sobre violaciones a los derechos humanos en el Herald.

Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox

Schroeder entregó la carta al director del diario el 27 de mayo. Cox le pidió fotos de la nieta y sus hermanastros y preparó su arma más poderosa: publicó primeros planos de los tres niños en la tapa del periódico que leía la comunidad de habla inglesa, los ejecutivos extranjeros y —clave en esas circunstancias— el cuerpo diplomático. El título principal del 28 de mayo de 1976 citó a Schroeder: “Help me save the children” (Ayúdenme a salvar a los chicos“).

Ese mismo día, el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, citó a Cox a su despacho. Se produjo un diálogo que se transformaría en un clásico ante cada impertinencia del Herald.

—Se está dejando llevar por mentiras.

—Usted tiene que encontrar a los niños. El abuelo no pide demasiado, sólo que le devuelvan a sus nietos (…)

—Está completamente equivocado.

—No, el equivocado es usted. Continuaremos publicando la nota hasta que aparezcan los niños (reproducido en el libro Guerra Sucia, Secretos Sucios, de David Cox. Sudamericana, 2010)

Aparición con vida

Los niños Victoria y Máximo Whitelaw Barredo y Gabriela Schroeder Barredo aparecieron el 30 de mayo en un hospital de zona norte del Gran Buenos Aires y el abuelo los reencontró en una comisaría del municipio de Vicente López. Cox firmó al día siguiente una crónica pulcra con el título “Niños desaparecidos sanos y salvos”, que incluyó la mención a automóviles Falcón —icónicos de los represores— y a “escuadrones de la muerte de derecha” que habían matado a sus padres y a Michelini y Gutiérrez Ruiz. El director del Herald cerró el texto: “El Gobierno argentino repudió el asesinato y ordenó una investigación”.

Schroeder permaneció varios días más en Buenos Aires hasta que aprobaron el traslado a Uruguay de su nieta y los hermanastros que tenían el apellido de su nuera, Barredo, porque Whitelaw estaba en la clandestinidad y no pudo inscribirse como padre.

Ya de regreso a su casa de Montevideo junto a los tres niños, con un hijo y una nuera asesinados, Schroeder envió una carta a Cox.

“Hay ocasiones en la vida en que, andando por un camino, encontramos problemas de gran magnitud que nos enfrentan cara a cara con oscuros abismos. En esos momentos, hasta nuestros mejores amigos desaparecen de la vista, pero también aparecen grandes amigos… Al heraldo de la trompeta, y adhiriendo a la causa, su nombre ha quedado para siempre grabado en mi vida y en la de mi familia. Cuando regresé a Montevideo, iba acompañado por el retrato de mi hija y las fotografías de los niños rescatados que aparecieron en la primera plana de su periódico. Nunca he olvidado que mi padre… decía que los actos simples van de la mano con la grandeza del alma. Por esa razón, quiero expresar en estos párrafos, en mi nombre y en el de mi mujer y mis hijos, particularmente en el de Gabriela y sus hermanos, que aquí, en Montevideo, nuestra casa de la calle Millán 3835 lo estará esperando cada día a partir de hoy… No hay necesidad de que anuncie su visita. Las puertas de la casa y nuestros corazones estarán siempre abiertas. Lo saludo con afecto, Juan Pablo Schroeder”.

Víctimas

Los destellos del terror quedan impregnados en la memoria de las víctimas. Una vida acaso tumultuosa, pero con mamá y/o papá en el hogar, queda arrasada de buenas a primeras cuando irrumpe un grupo de tareas. Cada casa de la ciudad de La Plata bombardeada, el cuerpo que aparece en las costas de Las Toninas, los restos que encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense, el nieto que recupera su identidad a sus 45 años, la escena en la que una patota baja de un Ford Falcon y chupa a una persona, o el bebé que le arrancan a la madre en la Capucha de la ESMA deja una huella que se inscribe en la historia y en la crónica periodística. Pero la vida sigue para los protagonistas. A sentir y reflexionar sobre ello se dedica Gabriela Schroeder desde hace cinco décadas.

Los niños Máximo y Victoria pasaron al cuidado de los abuelos Whitelaw y partieron a fin de 1976 a Francia, donde se exilaron la familia y otros dirigentes de Nuevo Tiempo, un grupo posterior a la salida de Tupamaros que integraron Rosario Barredo y William Whitelaw antes de ser asesinados.

Gabriela quedó en Montevideo al cuidado de Juan Pablo Schroeder y su abuela, Beatriz Orozco, “mi madre”. Sus abuelos Barredo ya habían fallecido.

“En mi casa siempre hubo un eterno agradecimiento y reconocimiento a Cox”, dice a este diario.

Nunca se encontró ni habló con el director del Herald que ayudó a salvarle la vida. Las cosas se complicaron aun más apenas se instaló en Montevideo. Los allanamientos fueron una constante y al poco tiempo desapareció otro tío. Gustavo Schroeder, hermano de su padre, debió partir a un nuevo exilio. Cuando Gabriela todavía era una niña, Juan Pablo Schroeder tuvo un accidente cerebro-vascular, sufrió hemiplegia y falleció en 1981, a sus 61 años.

La mujer rememora la carta en la que su abuelo afirma la voluntad de “criarla en el amor a todos los hombres”. “Un tipo absolutamente extraordinario, que ganaba un juicio y los honorarios podían ser un penthouse en Punta del Este, y al mismo tiempo, atendía causas probono para ayudar a los más necesitados. Cuando la vida giró 180 grados, se dedicó a tratar de salvar las vidas de sus hijos de y los hijos de sus amigos”.

“Sin ponerme de espaldas a lo que había vivido, me criaron en el absoluto amor, alejada del odio y del rencor. Más allá de que mi abuelo me encontró y me devolvió la vida, y de que el Herald fue importantísimo para que me recuperara, fue la crianza que me dieron él y mi abuela la que me rescató el alma”, dice.

La muerte de sus padres era omnipresente en el hogar formado con los abuelos, pero el texto de reconocerse víctima, “que no es lo mismo que ser victimizado”, demoró años en redactarse. “Fue a través de una terapia que pude reconocerme víctima y a darme cuenta de que había sido secuestrada con cuatro años y había sobrevivido. Imaginate ver a tu abuela con ese inmenso dolor y esos ‘grandes héroes’ que entregaron su vida. Te preguntás: ¿‘qué derecho tengo yo al dolor’?”.

Gabriela Schroeder no se enroló en movimientos de derechos humanos ni de familiares de desaparecidos. Estuvo atenta a las causas, militó de adolescente el “voto verde” que intentó infructuosamente en 1989, a través de un referéndum, poner fin a la impunidad pactada con la dictadura uruguaya. “Nunca usando mi nombre ni diciendo quién soy. No es fácil ser la única niña desaparecida y aparecida. Pasás a ser una niñita símbolo y no es fácil manejarlo”.

A sus 18 partió a Chile, donde vivió los 25 años siguientes. Se recibió de ingeniera en acuicultura, trabajó en empresas e instituciones privadas, se casó con un chileno y fue madre de tres hijos, hoy de 21, 26 y 29 años.

Testimonio

En 2009, la hija de Rosario Barredo y Gabriel Schroeder viajó a Buenos Aires para prestar testimonio en el juicio por el asesinato de su madre y de “Willy” Whitelaw. Un siniestro comandante de la represión, Jorge Olivera Róvere, resultó condenado a prisión perpetua.

Gabriela volvió a vivir a Uruguay hace una década. Continuó su carrera en el ámbito científico estatal y privado, y desde hace un año es jefa de Innovación en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En 2016, quince jerarcas argentinos y uruguayos vinculados al Plan Cóndor (Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Manuel Cordero Piacentini, Miguel Ángel Furci) fueron condenados a penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Otro expediente que investiga delitos en Automotores Orletti y el CCD de Bacacay tiene procesados a cinco agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Gabriela Schroeder declaró en la instrucción de la causa no sólo como denunciante del asesinato de sus padres, sino también de su propio secuestro. Fue un paso trascendente en su vida. El juicio oral por Orletti-Bacacay comenzó en febrero pasado.

Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones

Gabriela Schroeder

Reflexiona: “Lo que nos pasó a los niños, en mi país al menos (Uruguay), está absolutamente invisibilizado. Somos víctimas directas, nos secuestraron. No lograron apropiarse, pero lo intentaron. Es muy importante reconocerlo porque dibuja la crueldad más absoluta de lo que pasó. Ni siquiera a los niños nos respetaron. Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones”.

En 2021, Gabriela plasmó su vivencia en Un mundo nuevo — Una novela que rescata silencios de la historia reciente, con Ignacio Ampudia como coautor.

Máximo y Victoria Whitelaw fueron criados en Lyon “en una familia muy distinta, con formas de encarar el pasado de forma muy diferente” a la de los abuelos Schroeder y Orozco. Los Whitelaw regresaron a Montevideo cuando Uruguay recuperó la democracia, en 1985. Con el tiempo, los hermanos continuaron su vida en Europa. Máximo es ejecutivo de la industria petrolera y reside en Ginebra, y Victoria vive en Bruselas, donde es consultora en sustentabilidad ambiental. “Les tengo todo el cariño, aunque querría haber tenido otra vida con ellos”, dice Gabriela.

Robert Cox tiene 92 años y reparte su año entre Buenos Aires y Charleston, Estados Unidos, donde se radicó tras partir al exilio en 1979. En 2023 falleció su esposa, Maud Daverio, una argentina proveniente de una familia con recursos que resultó fundamental en el compromiso del director del Herald con los familiares de desaparecidos. Graham-Yooll, quien se exilió en Londres en septiembre de 1976 y regresó a Buenos Aires 18 años más tarde, falleció en 2019.

Gabriela Schroeder se apresta a participar de los actos por la Memoria, la Verdad y la Justicia el próximo 20 de mayo en Uruguay. La fecha más importante del movimiento de derechos humanos en ese país conmemora la desaparición y muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina, y dijo que “hoy los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa” al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.

“Como nos recuerda el papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, sabemos que ‘Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante’. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”, afirmó la CEA. Y agrega: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor. Que esta memoria sea íntegra y luminosa en cuanto sea posible es algo que estamos llamados a intentar, una y otra vez, porque ”la verdad nos hará libres“.

Para los líderes de la Iglesia, “¿Qué es lo que no podemos olvidar? El dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ”desaparecido“, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él. La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”.

El bien común y el valor del trabajo

“La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana. El desarrollo humano integral es, hoy, el nuevo nombre de los derechos humanos. Un desarrollo que abarque a todos porque mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?”, se preguntan los obispos.

Además, sostienen que la democracia “se envilece cuando deja a alguien afuera, cuando no protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas. Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno. Más vida democrática significa, entonces, asumir el valor del trabajo como uno de los ejes centrales de la cuestión social”, reclamaron.

Según el documento, los Obispos pidieron que, para mantener y defender la democracia, el Estado “vele por la dignidad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos”, y que se privilegien de igual modo “las puntas de la vida: los ancianos y los niños”.

Violencia y autoritarismo

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, destacó la CEA. 

La Conferencia Episcolar remarcó en su mensaje que la sociedad tiene que “volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. ¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación.

La economía al servicio de la dignidad humana

Para los obispos argentinos, “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable”.

“Con sus ventajas y desafíos, la democracia siempre tendrá como axioma la custodia de la vida. Cualquier afrenta o violencia contra la dignidad de la persona es, en esencia, una agresión que destruye al sistema mismo”, afirmó la CEA, en un documento de su Comisión Permanente, presidida por monseñor Marcelo Colombo.

El escrito eclesiástico sostiene que “la Constitución Nacional es la ley suprema, si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”.

Recalca el texto que “la democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”.

“Es clave, entonces, una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”, añade.

Para la CEA “en la carta magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”, incluyendo “un proyecto estratégico de desarrollo, que abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad”.

“Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra Patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”, afirman los obispos de todo el país.

Para la CEA el 24 de marzo de 1976 fue “el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finalmente recuperamos la democracia”.

Además, el documento recalca: “Reconocemos la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.

En este caso, Camila Perochena entrevista a Paula Canelo sobre la política y la organización institucional del régimen. ¿Cómo se organizó institucionalmente? ¿Cómo se desarrollaron las internas entre las distintas fuerzas armadas? ¿Cómo jugaron los partidos políticos? ¿Cuándo y por qué se inició la derrota política de la última dictadura? ¿Qué caracterizó el proceso de transición?

Conduce: Camila Perochena

Entrevistado: Paula Canelo

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada Jorge Pablo Cabrera (59) por apología del delito y por incitación a la persecución y al odio, luego de que asegurara en un programa radial que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados. La fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, sostuvo que no se trata de una opinión política ni de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.

La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.

La imputación se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.

La fiscalía recordó además la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite limitaciones a la libertad de expresión cuando se utiliza de forma abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.

El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla y la causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente.

Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

Con información de la agencia NA

Cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, una fecha que rinde homenaje a los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar.

En septiembre de 1976, un grupo de efectivos policiales del Batallón 601 organizó un operativo para secuestrar a jóvenes de entre 16 y 18 años, de distintas pertenencias políticas, que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, entre otras acciones vinculadas a la participación política estudiantil.

En la noche del 16 de septiembre, fueron secuestrados en la ciudad de La Plata María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racero y Horacio Ángel Ungaro. Dentro de este mismo operativo, el 17 de septiembre fueron detenidas Emilce Moler y Patricia Miranda; y el 21 de septiembre, Pablo Díaz. Gustavo Calotti, que compartió el cautiverio con este grupo de jóvenes, había sido secuestrado el 8 de septiembre, señala un artículo de educ.ar.

Los estudiantes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos de detención, entre ellos: el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos: Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel y María Clara, y sólo cuatro sobrevivieron: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda.

Este episodio emblemático se recuerda como “La noche de los lápices”. El informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) estableció que más del 20% de los desaparecidos y desaparecidas durante este período (1976-1983) eran estudiantes. 

Detalles sobre La noche de los lápices

La Noche de los Lápices es el nombre con que se conoce una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de colegios secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires.

En total diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura gobernante, de los cuales seis fueron asesinados sin que se hallaran sus restos hasta la fecha: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo represivo para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como “subversión en las escuelas” la cual era fundamental “erradicar”.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el Juicio a las Juntas. Además, Díaz participó de la creación del guion que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido, en la película homónima. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

Contexto

Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, había reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil.

Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, ha popularizado la hipótesis de que los secuestros hayan sido consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros sobrevivientes, como Emilce Moler, afirman que ese reclamo específico no tuvo ninguna incidencia en el episodio del 16 de septiembre. Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil, que habían conseguido los estudiantes secundarios en septiembre de 1975, fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar, mediante un trabajo de inteligencia, quienes eran los líderes en cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, mencionó un documento hallado en la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, titulado La Noche de los Lápices, firmado por el comisario general Alfredo Fernández, en el que describía las acciones a realizar contra los estudiantes, a quienes se calificaba como “integrantes de un potencial semillero subversivo”.

Los secuestros y asesinatos

Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas de Fernández y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. Lo más llamativo de las mismas es que, en todos los casos, se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, usando vehículos Ford Falcon de la armada para cometer los hechos.

Néstor Beroch, fue el principal acusado de integrar el grupo de tareas que secuestró a los estudiantes de la Noche de los Lápices durante la última dictadura cívico militar, Sin haber sido juzgado por ese hecho, Beroch murió en la localidad platense de City Bell el 26/05/2022. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata lo había sometido a un juicio oral y público por la verdad, en julio de 2000. En dicha causa judicial Beroch fue defendido por el Mayor Abogado del Ejército Jorge Humberto Appiani quien hoy está detenido en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad. Con el retorno de la democracia, Beroch se desempeñó como profesor de literatura en un colegio de la ciudad de La Plata y fue descubierto por organizaciones de derechos humanos que acusaron al hombre de integrar el grupo de tareas que secuestró en septiembre de 1976 a los estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil, en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos dos camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en la que sus nombres figuraba. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes.

Según la CONADEP, “los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires”. Se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977.

Las condenas

Los responsables de la llamada Noche de los Lápices, en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, fueron condenados en marzo de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata a prisión perpetua luego de diez años de proceso.

El exministro de Justicia bonaerense Jaime Lamont Smart y el médico Jorge Antonio Bergés fueron dos de los condenados a perpetua más relevantes de la jornada. También se penó a Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo.

Por otra parte, Julio Condioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Barre fue absuelto. El represor Miguel Etchecolatz, que también participó de estos delitos, murió antes de la condena. Todos son represores que actuaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril de 2012, contó con Abuelas de Plaza de Mayo como querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack -quien busca a su hermano o hermana-; y con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor.

Abuelas acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad.

El juicio

La causa Pozo de Banfield, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, abordó 442 casos e investigó los crímenes contra 253 víctimas: en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigada de Lanús, 62.

El debate se ocupó de investigar privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.

La repercusión internacional de la serie El Eternauta trajo consigo la historia de Héctor Germán Oesterheld, el guionista de la historieta de la que habla el mundo, y la de su familia, diezmada durante la última dictadura cívico militar argentina. Entre 1976 y 1978 fueron secuestradas las cuatro hijas de Oesterhel y él por sus militancias en la organización Montoneros. Fernando Araldi Oesterheld, de 49 años, tenía un año recién cumplido cuando fue secuestrado junto a Diana, su mamá, en plena calle, en Tucumán. Ella y su pareja, Raúl Araldi, se habían radicado hacía poco tiempo en esa provincia. Desde entonces, Diana está desaparecida. “El Eternauta tiene el tema de la resistencia: es un mensaje atemporal, muy actual. Es un libro muy universal y muy argentino. Juan Salvo dice 'mi historia es de buscar', y nuestra familia tiene una historia y un presente de búsqueda”, reflexiona Fernando, en una entrevista con elDiarioAR

Al hablar de la serie es imposible de abstraerse de los números que generó su lanzamiento. La más vista en Argentina, Brasil, Alemania, Italia, España, Bangladesh, Arabia Saudita, Bolivia, India y Turquía, entre otros 27 países, según la plataforma Flix Patrol. También la número uno de habla no inglesa a nivel mundial, de acuerdo a Netflix. Se lanzó en 200 países y fue doblada a más de 12 idiomas y subtitulada en más de 30. “Imaginate la felicidad que tengo porque recuerdo en mi niñez que hubo varios ideas para llevarla a la pantalla pero eran proyectos para una película. En su momento, hubo interés de Adolfo Aristarain, Fernando 'Pino' Solanas y de Lucrecia Martel, más aquí en el tiempo. Y ahora se concretó en formato de serie por su consumo masivo y el interés de Netflix. Hubo mucho trabajo y dedicación, sobre todo, de mi primo Martín y de su esposa, que se dedican al cine, y se llegó a un acuerdo. No podemos estar más contentos porque es muy buena”, sostiene, con voz pausada, sin apuro.

–¿Qué opinas de los puristas de la historieta que le han puesto reparos a algunos cambios que se hicieron para el formato serie?

–Yo creo que, salvo algunos detalles muy puristas para los que puedan llegar a quejarse de que no tiene nada que ver con la original, aunque no tiene por qué, al tratarse de una adaptación en tiempo actual de Netflix, partiendo de esa base, la serie es increíble. Recién hace poco la vi entera y ahí están las bases del libro original, lo tiene todo. Tiene la resistencia, tiene la argentinidad, tiene lo popular y Ricardo Darín está muy, muy bien. Tuve la oportunidad de decírselo personalmente.

La publicación original de “El Eternauta” fue en 1957, en la revista Hora Cero semanal, como una serie de 106 episodios. Fernando nació 18 años más tarde, cuando la tira ya se había convertido en lectura de culto y estaba instalada. Confiesa que durante la niñez con sus abuelos paternos, en Pergamino, a los 9 años, un amigo tenía una versión completa, la agarró pero “más que nada por los dibujos”. “Como a los 13 o 14 años ya la leí con otro interés y, es más, ahora la estoy leyendo de nuevo debido a la serie y por mi abuelo, por el orgullo que siento. 

–¿Qué encontraste en esa lectura actual?

–Hay varios mensajes, por ejemplo, el de la resistencia, que es atemporal. Y bueno, no sé, se puede usar para tanto. Económicamente puede ser un mensaje en contra del ultracapitalismo. En términos políticos, en contra de la dictadura. ¿Qué sé yo? Y por eso es tan actual. En el libro original creo que el mensaje del nadie se salva solo, es una resistencia que abarca a todos los estratos sociales. No es solo lo colectivo por sobre lo individual, es un vamos en conjunto, es con todos. Y eso es lo interesante también de ese mensaje. Es un libro universal y muy argentino. Hay una editorial de China que lo sacó y se agotó. Hasta está traducido en griego y en croata.

Ver la serie, aunque se la haya leído, es ir directo también a la historia de su autor, de Héctor Germán Oesterheld, sobre el que Fernando reconoce tener una profunda admiración. “Mi abuelo fue un orgullo, la coherencia entre los escrito y lo vivido que tuvo no me la quita nadie”, dice. 

Mi abuelo fue un orgullo, la coherencia entre los escrito y lo vivido que tuvo no me la quita nadie

Una familia diezmada por la dictadura 

El ensañamiento con los Oesterheld fue brutal. Beatriz Marta fue detenida el 19 de junio de 1976, tenía 19 años. Su cuerpo apareció días después en el partido de Tigre, en Buenos Aires, con impactos de bala. Dos meses después fue secuestra Diana, con 23 años y embarazada, la madre de Fernando. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado el autor de “El Eternauta”, tenía 57 años, quien fue visto por exdetenidos de los centros clandestinos de detención El Campito (guarnición militar de Campo de Mayo), El Vesubio y la subcomisaría de Villa Insuperable/Sheraton. Está desaparecido. El 27 de noviembre de 1977 se llevaron a Marina, de 19 años, que estaba embarazada, junto a su esposo, Alberto Seindlis. Y un mes más tarde fue acribillada Estela, la mayor, de 25 años, junto a su pareja Raúl Mórtola, al resistirse al intento de secuestro. Tenían un hijo de tres años, Martín. La única que sobrevivió fue Estela Sánchez, la esposa del guionista, que pudo recuperar a sus dos nietos, se sumó a Abuelas de Plaza de Mayo y que hasta su muerte no dejó de buscar a su esposo, hijas desaparecidas y nietos apropiados.

Diana y Raúl formaban parte de Montoneros y militaban en Buenos Aires cuando. En 1975, se trasladan a Salta, en donde estuvieron pocos meses, hasta que se instalan en Tucumán, en una casa sobre calle Frías Silva al 200, en el barrio La Ciudadela, en la zona del club San Martín, en la capital tucumana. El 28 de julio de 1976, cuando en la vivienda había una reunión, una patota del Ejército ingresó a buscar a la pareja, que ya estaba en el radar represivo. “Un compañero la ayudó a escapar por el fondo, aún con su panza de seis meses, y no los atraparon. 'Pocho' –como le decían a Raúl– no estaba. Después hay un vacío, le perdimos el rastro sobre el lugar en donde ella se ocultaba, hasta que nos enteramos que la levantaron en la calle junto a su pequeño hijo”, contó a elDiarioAR Ángel González, quien militó junto a Raúl, aunque reconoce que no fueron amigos. 

El secuestro de Diana fue el 7 de agosto, apenas unos días después de haber logrado escapar de las garras de la dictadura. Fernando, de un año y un mes, fue dejado por los secuestradores en la Sala Cuna, sin identidad. Un mes más tarde fue recuperado por sus abuelos paternos y vivió con ellos en Pergamino. Lo último que se supo de Diana es que su nombre figura en La Lista de Clemente, un documento clave en uno de los juicios por la verdad en Tucumán, y a su lado las iniciales DF, “Destino Final”, su condena a muerte. Por testimonio de un testigo, se cree que estuvo en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, una mazmorra que se montó durante el Operativo Independencia para detener y torturar. 

Fernando cuenta que en Pergamino vivió en un contexto “muy de campo” y cree que la decisión de que se quedara con ellos obedece a que primaba el miedo, todavía era plena dictadura. “Recién a mis 17 años volví a Buenos Aires y comenzó un proceso de reconstrucción familiar con la familia de mi abuela materna, muy desde cero, desde el vacío. Es decir, volver a vincularme. No digo que no estaban pero viajábamos poco con mis abuelos paternos a Buenos Aires, solo dos veces al año, así que veía poco a mi otra abuela y a mi primo Martín”, rememora. 

Sé que mi vieja está ahí, enterrada en algún lugar de Tucumán. Recorro las calles tucumanas pensando en ella, porque sé que anduvo por ahí. Ir a Tucumán es un retorno a un momento fundamental de mi vida

–¿Tu abuela Elsa te hablaba de tu abuelo? 

–Sí, siempre. De las chicas, sobre todo, mucho. Y en relación a mi mamá siempre tuve claro que empecé a pensarla un poco desde la cuestión política. Tuve claro el contexto en que ella vivió de dictadura, sí o sí podía desaparecer, no había chance. Y no es una cosa tirada de los pelos, sino porque desde chiquita tenía una sensibilidad especial. Una anécdota que me contaba mi abuela fue que iban por la calle con mi vieja, que tendría unos 6 o 7 años. Vio a una chica en la calle con una beba y mi vieja se las quiso llevar, siempre quería ayudar. Eso es una cosa rara para una niña de esa edad y la adolescente que después iba a ser. Así eran las cuatro y así también fue Héctor.

En Buenos Aires, Fernando se encontró con muchos recuerdos, como cuadros, poesías, dibujos, cuadernos con anotaciones y un mundo nuevo que atesoraba Elsa. Considera que de sus padres y de su abuelo Héctor heredó el gusto por las letras. Estudió fotografía en Barcelona pero a los 35 años dejó la fotografía, comenzó a escribir y no paró más. Ha publicado los libros “El sexo de las piedras” y “Un veneno de sí”. “Tengo recuerdos no solo de mi mamá, de todas. Hay escritos, hay poemas, hay cuadros. Atesoramos eso. Mi viejo tenía una letra ilegible, así que tengo una cantidad de cuadernos y cosas que tengo que reescribir, que no los puedo decodificar y por suerte hay una compañera de secundario que ya se tomó el trabajo de traducirme algo. Básicamente son poesías, textos con tono poético, pensamientos”.

Raúl, el papá de Fernando se quedó en Tucumán tras el secuestro de su compañera, quizás con la esperanza de encontrar alguna pista que lo llevara a ella, al reencuentro. No pudo ser. Fue asesinado por las fuerzas represivas el 31 de julio de 1977, en la ciudad de Banda del Río Salí, al este de San Miguel de Tucumán. Fue en plena calle, al resistirse a su secuestro. Sus restos fueron arrojados a una fosa en el Cementerio de Norte, de la capital. Cuando comenzaron los juicios por la verdad un dato llevó a los peritos arqueólogos hacia la fosa en donde estaba enterrado como NN. En 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó que esos restos pertenecían a Raúl Araldi. “Cuando me lo informaron sentí que fue una alegría familiar pero también fue un triunfo para la sociedad, un triunfo colectivo”, reflexiona.

De todos modos, Fernando aún sobrelleva dos interrogantes, encontrar los restos de su madre y de su hermano o hermana, que debería tener 48 años. Y allí también entra “El Eternauta” porque con la serie se revitalizó la campaña para dar con el destino de sus tías y primos. La visibilización de ello fue la intervención que hizo HIJOS en los afiches que promocionaban en la vía pública la serie. “También está sirviendo la serie para la difusión de la gran tarea que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo y aunque ahora muchos quieran hablar conmigo, todo es trabajo de ellas, no deseo que por ser Oesterheld haya algún privilegio para nuestra familia”, sostiene.

–¿Volviste a Tucumán después que te entregaran los restos de su padre? 

–Sí, varias veces, es una provincia hermosa, a la que estoy muy unida desde lo emocional por mi vieja. Sé que está ahí, enterrada en algún lugar. Recorro las calles tucumanas pensando en ella, porque sé que anduvo por ahí. Ir a Tucumán es un retorno a un momento fundamental de mi vida.

Una cuadrilla de Vialidad Nacional, que en la provincia de Santa Cruz depende de Paulo Croppi y Raúl Bórquez desde mayo de 2024, demolió este martes un monumento creado por el escultor Miguel Jerónimo Villalba con la imagen del escritor Osvaldo Bayer y la frase “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, que estaba ubicado desde el 24 de marzo de 2023 en la entrada por la Ruta Nacional 3 a la ciudad de Río Gallegos.

La medida llevada a cabo por la administración libertaria el día después de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 que instaló la dictadura cívico-militar en la Argentina hasta 1983 y en medio de múltiples discursos negacionistas de funcionarios de la gestión de Javier Milei, generó múltiples reacciones en redes sociales. En tanto, Pablo Grasso, el intendente peronista de Río Gallegos, ya anunció que van a restituirlo: “Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se ve cómo los empleados de Vialidad, con una excavadora y martillos neumáticos, tiraron abajo la obra que representaba un homenaje al autor que registró en “La Patagonia rebelde”, que recrea el fusilamiento de los obreros del campo patagónico en 1921-22 a manos del Ejército Argentino después de que un grupo de trabajadores sindicalizados que lideraban una huelga fueran perseguidos, torturados y deportados por pedir mejoras en sus condiciones laborales.

Al respecto, Alicia Kirchner, senador ´por Santa Cruz y exgobernadora de la provincia patagónica, expresó en redes sociales, sobre la demolición de la obra: “Aunque quieran imponer el silencio, la memoria se multiplica. Vialidad arrasó con el monumento a Osvaldo Bayer, historiador de la Patagonia Rebelde. No podrán borrar la memoria de los 1500 peones fusilados ni de los 30.000”.

En tanto, la Secretaría Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz hizo público su rechazo a la destrucción de la obra del artista Miguel Jerónimo Villalba que personal de Vialidad Nacional realizó en el ingreso a la ciudad de Río Gallegos. “Nuestra tarea es que la memoria de Osvaldo Bayer y toda su obra persista a través del tiempo”, afirma en un comunicado.

Tras conocerse que Vialidad Nacional derribó el monumento en homenaje al historiador Osvaldo Bayer emplazado en el ingreso de la capital provincial, la Secretaría de Estado de Cultura emitió un comunicado en el que repudia la destrucción de este monumento y resaltó la figura del escritor. “Osvaldo Bayer, historiador riguroso, mantuvo viva la lucha de la Huelga Obrera y Patagónica en la memoria colectiva” comienza el comunicado publicado en redes sociales de Cultura Santa Cruz.

Y añade: “Destruir su monumento es mucho más que dañar una escultura, es intentar silenciar la historia intrínseca que corre en las venas santacruceñas, y nos trae al presente valores y dignidad; es desconocer la riqueza de la diversidad de opiniones; es retroceder en materia de derechos humanos”.

Finalmente, remarca: “La construcción simbólica se consolida de generación en generación; y es nuestra tarea que la memoria de Osvaldo Bayer y toda su obra persista a través del tiempo”.

Asimismo, la dependencia provincial destacó que Osvaldo Bayer “eligió a Santa Cruz como refugio, como raíz y como horizonte. Fue a estas tierras donde volvió luego del exilio, para reencontrarse con los paisajes y con las luchas que marcaron su vida y su obra. Fue en estos paisajes que sembró memoria, con la firmeza de su palabra y la ternura de su compromiso con la historia y los pueblos del sur”.

Y agregan: “Destruir su monumento es negar las huelgas obreras, los fusilamientos en la estepa, los relatos a los que Osvaldo le dedicó su vida para reconstruir, párrafo a párrafo, una de las historias más tristes de la Patagonia. Bayer no solo investigó Santa Cruz: la quiso con el alma. 'Que sigan allí –decía–, que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos sigan allí, sigan metidos en esa tierra preciosa que yo quiero tanto'. Esa conexión profunda es también parte de lo que hoy se intenta borrar”.

“Es por eso, que desde la Secretaría de Estado de Cultura y la Secretaría de Igualdad e Integración exigimos la restitución inmediata del monumento retirado arbitrariamente, y su reubicación con el respeto que merece quien iluminó una de las páginas más silenciadas de nuestra historia. La memoria histórica es un pilar de nuestra identidad como santacruceños y patagónicos”, concluye la comunicación oficial.

Qué dijo el autor de la escultura

El escultor y artista plástico Miguel Jerónimo Villalba, autor del monumento homenaje a Osvaldo Bayer, expresó su enérgico repudio hacia la remoción de la obra que realizó en 2023, la cual rendía homenaje al escritor y periodista que dedicó su vida a esclarecer los eventos de la Patagonia Rebelde, especialmente los sucedidos en la provincia de Santa Cruz, de acuerdo a lo que informa El Patagónico. 

Villalba emitió una carta pública en la que calificó de “violentas” las acciones del actual gobierno nacional, que retiró el monumento ubicado a la vera de la Ruta 3, en la altura de Güer Aike. 

En su misiva, Villalba lamentó profundamente lo sucedido y afirmó: “En virtud de los lamentables acontecimientos sucedidos en el día de hoy por parte de Vialidad Nacional, y como artista creador de la obra 'monumento a Osvaldo Bayer' realizada en el año 2023 para la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, hago un repudio total a las acciones violentas por parte del actual gobierno Nacional, quien destruyó el monumento a nuestro gran escritor y periodista Osvaldo Bayer, quien dedicó toda una vida a esclarecer una parte trascendental de la historia de la Patagonia y especialmente de la provincia de Santa Cruz”. 

El escultor no dudó en acusar al gobierno nacional de un intento deliberado de destruir la historia de la región y de los derechos relacionados con su conocimiento y memoria. “El gobierno Nacional quiere destruir nuestra historia y nuestros derechos por conocerla y recordarla. Este accionar absolutamente repudiable y violento realizado justo un día después del 24 de marzo, Día de la Memoria, solamente deslegitima y desprestigia moralmente a quienes actualmente tienen a cargo llevar adelante los destinos de nuestra Nación”, expresó Villalba, quien también destacó la contradicción de la acción con la fecha elegida, recordando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día emblemático en la lucha contra la impunidad. 

El autor de la obra resaltó que el monumento formaba parte de un arduo proceso de reivindicación de las “Huelgas del 21”, llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de la Memoria de la provincia de Santa Cruz, y que su remoción representaba un ataque directo a la memoria histórica de la región. 

Por último, Villalba exigió la restitución y restauración inmediata de la obra, y, en caso de no ser así, solicitó a Vialidad Nacional, a través de su jefe en el distrito 23 de Santa Cruz, Ing. Paulo Croppi, la devolución del monumento. “En caso de no restituir y restaurar la obra exijo a Vialidad Nacional Ing. Paulo Croppi jefe del 23º distrito Santa Cruz, la devolución de la misma”, concluyó el artista en las declaraciones que recoge El Patagónico. 

El legado de Bayer

Osvaldo Bayer nació el 18 de febrero de 1927 en Santa Fe y murió a los 91 años el 24 de diciembre de 2018. Descendiente de alemanes, realizó sus estudios en Historia, entre 1952 y 1956, en la Universidad de Hamburgo y, de vuelta en la Argentina, se dedicó a la investigación, al periodismo y a la escritura de guiones cinematográficos, de acuerdo a la semblanza que está aún publicada en la página de la Secretaría de Cultura. 

Fue un intelectual anarquista comprometido con las luchas de los obreros y de los pueblos originarios. Su principal investigación fue sobre los hechos acontecidos en Santa Cruz entre 1920 y 1921, conocidos en su obra Los vengadores de la Patagonia trágica (base del guion de la película de 1974, La Patagonia Rebelde), cuando 1.500 obreros y líderes sindicales fueron reprimidos y fusilados por orden del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Los obreros estaban realizando una huelga contra los estancieros y terratenientes locales. Toda la investigación, que le llevó 10 años, resulta en un libro de cuatro tomos al que tituló Los vengadores de la Patagonia trágica. 

En octubre de 2020, a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos declaró como monumento histórico nacional la antigua comisaría de Puerto San Julián, Santa Cruz, donde estuvieron detenidos los huelguistas. Se evitó así la demolición total de este histórico edificio. En una entrevista que concedió a Radio Nacional Calafate, Esteban Bayer, periodista e hijo del gran escritor, señaló que la Comisión de Monumentos “acertó en la celeridad para parar la demolición”. 

La decisión presidencial habilita también la construcción de un museo que, en palabras de Esteban, permita “entender lo que pasó hace 100 años”. Sostiene que “hoy podemos aprender muchísimo de esa historia porque hay situaciones que siguen vigentes” y que, “como siempre, después de conocer la verdad y mantener la memoria, lo que esperamos es que se haga justicia”.

Fiel a su ideología, el historiador apoyó y defendió luchas obreras como en el caso de la entonces Zanon, actual Fábrica Sin Patrones (FaSinPat), o Madygraf. Ambas empresas lograron transformarse en cooperativas gracias a la incesante lucha de los trabajadores y trabajadoras. 

Bayer, periodista crítico y referente de las organizaciones de derechos humanos, tuvo una estrecha relación con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, impulsando la lucha contra la impunidad de los genocidas. Además, y en la misma línea, formó parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras.

La asociación más conocida entre el periodista y el cine es el filme La Patagonia rebelde (1974). El guion, escrito por Bayer junto a Héctor Olivera y Fernando Ayala, está basado en el libro Los vengadores de la Patagonia trágica. Se narra la masacre y represión ejercidas sobre los obreros patagónicos que habían decidido sindicalizarse ante las injustas condiciones de trabajo a las que estaban sometidos.

La película ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1974 y fue prohibida el 12 de octubre de 1974 durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y al poco tiempo la mayoría de los actores y realizadores debieron exiliar. Bayer se fue a Alemania. En Argentina, la película pudo volver a exhibirse con la vuelta de la democracia en 1984.

Otra película para destacar es Awka Liwen, un documental con guion y libro cinematográfico de Bayer, Mariano Aiello y Kristina Hille, con dirección de Aiello y Hille estrenado en 2010. Es un documental sobre las matanzas contra los pueblos originarios en Argentina, con la consiguiente expulsión de sus tierras y la actual discriminación contra ellos y sus descendientes.

También Simón, hijo del pueblo: otro documental inspirado en los estudios que Bayer realizó sobre Simón Radowitzky, escrito y dirigido por Rolando Goldman y Julián Troksberg. En este caso, el periodista no sólo colaboró en la escritura del guión sino que también aparece frente a cámara. Allí se cuenta la historia de Radowitzky, que en noviembre de 1909 había puesto una bomba en el carruaje que llevaba al coronel Ramón Falcón, jefe de la Policía Federal. Meses antes, el 1 de mayo, Falcón había dirigido la represión a caballo contra manifestantes que pedían una jornada laboral de ocho horas y que terminó con cuatro muertos y cuarenta y cinco heridos.

En Ángel, la diva y yo (1999), Bayer participó como actor en un papel de escritor; en el cortometraje Importar la Revolución (2007) hizo la voz en off.

Como guionista, se pueden mencionar las películas Fútbol argentino (1990) y Sin querer (1996); y La amiga (1989), como colaborador en el guion.

Además, escribió textos para los films Cuarentena (1983); Juan, como si nada hubiera sucedido (1987); Jaime de Nevares, último viaje (1995), Botín de guerra (2000) y Abuelas (2020). Y también el argumento de La maffia (1972).

Su participación en el cine lo tuvo también como entrevistado en numerosas películas, entre ellas, Soriano (1998), P4R+ Operación Walsh (1999), Harto The Borges (2000), Los cuentos del timonel (2001), Cortázar: apuntes para un documental (2002), Mate Cosido, el bandolero fantasma (2003), La palabra empeñada (2010), Incayal, la negación de nuestra identidad (2012), Osvaldo Bayer, “La livertá” (2014), S.C. Recortes de prensa (2014), A vuelo de pajarito (2014), El sombrero de Greca (en producción).

Bayer y su relación con la prensa

Su primer trabajo fue como reportero de sucesos de Noticias gráficas. Luego, pasó a la sección de noticias laborales del mismo periódico. Dos años más tarde, aceptó un trabajo como editor de Esquel, en la provincia de Chubut. Allí, en 1958, fundó junto a Juan Carlos Chayep La chispa, un periódico del que circularon sólo ocho números. Él decía que era el “primer periódico independiente de la Patagonia”. El lema era: “Contra el latifundio, contra la injusticia y contra el hambre”.

En la primera edición de La chispa se publicaron notas de investigación que explicaban el despojo de las tierras del Cushamen mediante tretas comerciales en las que estaban implicadas comerciantes y políticos locales. Tierras que hoy sigue reclamando la comunidad mapuche a su nuevo dueño, Benetton, y que en febrero de 2017 terminó con una salvaje represión de la gendarmería contra los integrantes de esa comunidad.

En 1959, presionado por las patrullas de la policía urbana de Esquel y con cuatro hijos, necesitaba un trabajo estable por lo que volvió a Buenos Aires. Un excolega de Noticias gráficas le ofreció un trabajo en Clarín. Bayer trabajaría en ese diario durante los siguientes quince años: fue secretario de redacción y realizó la primera huelga en la historia de la redacción del diario. En aquellos años, trabajando entre doce y catorce horas al día, compuso la mayor parte de las páginas del periódico anarquista La protesta.

De 1959 a 1962 fue secretario general del Sindicato de Prensa.

Años después, por el libro Los vengadores de la patagonia trágica y su filme, fue perseguido y en 1975 se vio obligado a abandonar el país. Vivió en el exilio, en Berlín, hasta su regreso a Buenos Aires, en 1983.

Sin empleo durante un tiempo, Bayer encontró finalmente un nuevo espacio en Página/12, fundado en 1987 por su amigo Osvaldo Soriano, escritor y periodista que también había huido a Alemania durante la última dictadura cívico-militar argentina. Con un lugar estable durante los siguientes 25 años en Página/12, recuperó su lugar entre los más importantes intelectuales públicos argentinos del siglo XX. Allí escribió las muy recordadas contratapas, siempre con la misma impronta de lucha a favor de las causas populares, de los trabajadores y las trabajadoras. 

Con información de agencias.

IG

Fue condenado tres veces por delitos de lesa humanidad. Sus víctimas del centro clandestino El Olimpo todavía recuerdan la insignia nazi en el brazo con la que llegaba a la torturas. Este martes, murió a los 84 años Julio Héctor “El Turco Julián” Simón, uno de los símbolos de la represión y el espanto que ocurría en los centros clandestinos de detencion de la dictadura.

Cumplía su condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Dos semanas atrás, la Justicia volvió a rechazarle un pedido de prisión domiciliaria.

Simón había sido condenado en 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires. El ex integrante de la Policía Federal formaba parte del circuito de represión llamado “ABO”, integrado por los centros clandestinos de Detención “El Atlético”, “Banco” y “El Olimpo”. La justicia lo encontró culpable del secuestro, tortura y desaparición de 181 personas.

Su primer proceso judicial comenzó en 2006. Fue uno de los dos juicios que se llevaron adelante tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado. Fue condenado a 25 años de presión por la detención ilegal y torturas a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y la apropiación de su hija de ocho meses, Claudia Poblete. En ese mismo juicio fue condenado otra pieza clave de la represión, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Luego llegarían las otras condenas, tambien por secuestros y torturas en la causa ‘Batallón 601’.

Había nacido el 12 de agosto de 1940. Con el regreso de la democracia, se instaló en Brasil y sólo regresó luego de que fueran sancionadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que le garantizaron impunidad. Pero en 2001, el juzgado que investigaba la apropiación de Claudia Poblete decretó la nulidad de ambas leyes. La decisión judicial abrió el camino para que luego la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad.

De sus días como torturador, el director de cine Jorge Augusto Taglioni testificó que el “Turco” Julián –tal como se lo conocía en los centros de detención– se ensañaba particularmente con los secuestrados judíos y no ocultaba su fascinación por el nazismo.

El camarista Gustavo Hornos, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria escribió: “Julio Héctor Simón, al momento del examen, se encuentra clínicamente compensadocon buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución”. Y recordó las razones que lo mantenían en prisión: “Es preciso también señalar que el acusado fue condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, los que concurren materialmente entre sí”.

 A fines de febrero había ingresado al Hospital Larcade de San Miguel con “pie diabético”, producto de problemas vasculares vinculados a enfermedades preexistentes. 

Estaba internado en el Hospital Larcade de San Miguel donde le apuntaron un pie a causa de una diabetes.

En 1995, dio un reportaje a Telenoche Investiga. Allí aseguró que para él la tortura era “absolutamente negativa”,ya que “el detenido quedaba demasiado deteriorado en algunos casos cuando no se podía prescindir del shock eléctrico”.

Hoy, al conocerse la noticia de su muerte, Carlos Pisoni, referente de HIJOS, escribió en su cuenta de X: “Murió un 25 de marzo y pudo ver el millón de personas que se movilizaron ayer contra lo que él ejecutó”.

Poco después de que comenzara la desconcetración de la masiva marcha que en Plaza de Mayo repudio el golpe de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a las “organizaciones armadas” como Monteneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de haber interrumpido el “orden constitucional”.

En una publicación en su cuenta de X, escribió: “Hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos: la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos”.

Con esta publicación Villarruel, una de las principales referentes de la avanzada negaciónista del gobierno de Javier Milei, vuelve a quitar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la instalación de la dictadura militar mas sangrienta de la Argentina y acusa a las organizaciones guerrilleras de golpistas.

Villarruel desplegó así su propia versión de la historia que desconoce el accionar de los represores. “El 24 de marzo de 1976 comenzó un gobierno de facto que se extendió hasta 1983, todo esto hace casi 50 años. Absolutamente todo lo sucedido en ese período fue juzgado y castigado con una visión sesgada de la realidad de los hechos”, sostuvo.

Sus dichos parecen ir a contramano de los datos de la propia justicia. Según informo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006, tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad en las cuales fueron condenadas 1.197 personas. Y agrega que actualmente se están llevando a cabo 14 juicios, mientras que 63 causas se encuentran elevadas a juicio para tratarse en un debate. Y todavía siguen en la fase de instrucción otras 258 causas.

En la visión negaciónista de la vicepresidenta, “los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la Nación Argentina, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán”.

En otro tramo, Villarruel menciona a “civiles indefensos sin ninguna asistencia del Estado” y habla de unas supuestas “17.380 víctimas” de las organizaciones guerrilleras, aunque no menciona de donde proviene ese dato ni señala que sus crimenes no pudieron ser juzgados porque prescribrieron y las víctimas no reclamaron en la justicia.

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

Jimmy Carter, quien falleció hace pocos días, a los 100 años, llevaba en febrero de 1977 pocos días como presidente de Estados Unidos, cuando su gobierno anunció que reduciría la ayuda militar a la Argentina y otros dos países (Uruguay y Etiopía) por violaciones a los derechos humanos. La novedad resultó no solo humillante, sino también desconcertante para la dictadura argentina, que nunca entendería por qué Carter abandonó su tradicional política de respaldo sin condicionamientos a las dictaduras anticomunistas latinoamericanas.

“Le duele a la Argentina la incomprensión de sus amigos”, le dijo en una reunión privada el vicealmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura, al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, según se lee en documentos desclasificados por la embajada. La respuesta pública la dio el dictador Jorge Videla, quien trató de encender el nacionalismo, al afirmar que el país enfrentaba una “campaña mundial sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la Argentina, encaminada a robustecer a las fuerzas subversivas”.

El relato de esos días corresponde a lo que fue apenas el primer capítulo de largos desencuentros entre Carter y la dictadura. Durante sus cuatro años en el poder, el gobierno demócrata reclamó en forma privada y pública que la dictadura revelara la lista de detenidos en poder de las Fuerzas Armadas y llevara ante la Justicia a los acusados de violaciones a los derechos humanos. Impuso, además, sanciones económicas relevantes.

Así, Carter no solo se diferenció fuertemente del gobierno republicano que lo antecedió (el de Gerald Ford, con Henry Kissinger como Secretario de Estado) y el que lo sucedió (Ronald Reagan), que apoyaron la represión ilegal, sino también de todos los demás países. Algunos solo denunciaron y presionaron a la dictadura argentina cuando las víctimas fueron sus propios nacionales, como hizo Francia cuando desaparecieron las monjas Alice Domon y Leonie Duquet o Suecia, cuando fue secuestrada Dagmar Hagelin. Otros directamente respaldaron al gobierno militar, como la Unión Soviética, que le dio su apoyo en foros internacionales, mientras el Partido Comunista Argentino defendía ardorosamente al régimen de las críticas externas. De hecho, cuando Estados Unidos impuso la sanción contada al principio de esta nota, el PC se quejó de que el gobierno de Carter “interfiere en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de las violaciones a los derechos humanos”, en un comunicado firmado por sus principales dirigentes, Rodolfo Ghildi, Rubens Iscaro y Fernando Nadra.

Derian, la punta de lanza

Ya desde su campaña electoral, Carter fue crítico del combate al comunismo a cualquier costo que había caracterizado a la política exterior estadounidense desde los inicios de la Guerra Fría. Una vez que asumió la presidencia, hizo saber que el respeto a los derechos humanos era un valor universal , en el que no debían reconocerse fronteras, lo que tendría fuertes implicancias para la Argentina.

El presidente norteamericano lo explicitó cuando habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en marzo de 1977, y avisó que ningún país “puede afirmar que el maltrato a sus ciudadanos es un asunto exclusivamente suyo. Ninguno puede eludir su responsabilidad de examinar y denunciar casos de tortura o privaciones injustificadas de la vida en cualquier parte del mundo”.

Ese mismo mes visitó por primera vez la Argentina la coordinadora de Derechos Humanos de Carter, Patricia Derian, quien se convertiría en una enemiga tenaz de la dictadura. En ese primer viaje, Derian se reunió con familiares desaparecidos y también con distintos actores de la realidad argentina, muchos de los cuales le aseguraron que Videla era un “moderado” al que convenía cuidar, porque si no vendrían los “duros”. Derian, sin embargo, nunca creyó esa versión, tan extendida en la época, y no solo enfrentó personalmente a los mayores jerarcas de la dictadura -Videla, Massera y Harguindeguy- sino que motorizó todo tipo de denuncias y de sanciones económicas contra el país.

Carter y Videla se vieron las caras por primera y única vez en septiembre de 1977, cuando los presidentes del continente fueron invitados a Washington, en ocasión de la firma del Tratado del Canal de Panamá, con Omar Torrijos. El líder estadounidense dio una entrevista al dictador argentino en la Casa Blanca y después los dos hablaron con la prensa. 

“Discutimos extensamente la cuestión de los derechos humanos: la cantidad de personas que están detenidas en la Argentina, la necesidad de juicios rápidos y de que el país haga conocer al mundo la situación de los prisioneros”, explicó Carter. Videla, como otras veces, hizo gala de su cinismo, cuando dijo: “La guerra contra la acción subversiva está llegando a su fin y la Argentina pasará una Navidad mucho más feliz”. Era falso, por supuesto. Hacia fin de año la represión ilegal no sólo no cesó, sino que se apuntó a los familiares que se atrevían a buscar a sus seres queridos y fueron desaparecidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El país herido por la incomprensión

La presión del gobierno de Carter tampoco cesó y tuvo una de sus expresiones más fuertes cuando el Secretario de Estado, Cyrus Vance, realizó una visita a la Argentina y trajo en su valija una lista con los nombres de 7.500 desaparecidos, elaborada por organismos de derechos humanos.

A partir de 1978, la estrategia de Carter se centró en lograr una visita de una misión investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto fue considerado en principio inaceptable por los jerarcas de la dictadura argentina, que seguían desconcertados y furiosos por la actitud norteamericana. “Ningún argentino que ame su patria puede aceptar los cuestionamientos de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Todo el país está herido por tanta incomprensión”, casi le gritó una tarde el entonces secretario general del Ejército –y más tarde presidente– Reynaldo Bignone al embajador norteamericano, Raúl Castro, cuentan los cables de la embajada.

Derian, mientras tanto, continuaba su tarea con la misma determinación. Luego del triunfo en el Mundial 78, que había dado al relato de la dictadura –según entendía el régimen– un barniz de legitimidad, la coordinadora de Derechos Humanos se presentó ante el Capitolio para afirmar que continuaba en la Argentina la tortura sistemática de prisioneros políticos. 

Esa audiencia generó una respuesta enérgica de la prensa que acompañaba a la dictadura. El diario Clarín pidió que fuera rechazada “la intromisión en los asuntos internos” y señaló que, después de todo, la represión ilegal había sido necesaria, contaba con apoyo social y eso clausuraba cualquier discusión. “Los expedientes de excepción a los que fue necesario recurrir, por las modalidades de la batalla empeñada, concitan la comprensión de la ciudadanía que quiere vivir en un ambiente de tranquilidad y paz”, editorializó el diario más vendido.

Finalmente, la dictadura aceptó la visita de la CIDH, para sorpresa de muchos, que se concretaría en 1979. Poco antes de su muerte, en una entrevista, Videla señaló que se admitió a la misión investigadora debido “a la presión de gente como Patricia Derian, que jorobaba tanto”.

La visita de la CIDH tuvo un impacto profundo, que desarticuló lo que quedaba en pie de las mentiras de la dictadura y sus apologistas. Miles de familiares se presentaron en oficinas instaladas en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario para denunciar y dar detalles de la desaparición de sus seres queridos. Se denunciaron 5.580 casos. En abril de 1980 el organismo hizo público su informe, en el que señaló que “la lucha desatada con el objeto de aniquilar totalmente la subversión tuvo su más sensible, cruel e inhumana expresión en los miles de desaparecidos, hoy presumiblemente muertos, que ella originó”.

Sin embargo, para esa época ya se había morigerado la presión de Carter, debilitada por la contraofensiva de corporaciones norteamericanas que habían perdido negocios en la Argentina. Una columna publicada en el Washington Post cuantificó en 1.400 millones de dólares el monto que las empresas dejaron de ganar debido a las sanciones económicas y eso resultaba intolerable. El New York Times explicó el escenario de esta manera: “La administración Carter, luego de provocar indignadas reacciones de los militares y de la comunidad local de negocios americana con criticas públicas y sanciones económicas, aparentemente ha decidido que la persuasión silenciosa puede ser un método más exitoso”.

Carter terminó su gobierno golpeado por un aumento de la inflación en Estados Unidos y por la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán. Cuando Unión Soviética invadió Afganistán y la Casa Blanca decretó un embargo de exportaciones de cereales a su rival en la Guerra Fría, intentó sumar a la Argentina. El presidente norteamericano se lo pidió a Videla en una carta personal, en la que le recordó los términos razonables en que los que siempre habían discutidos sus diferencias en los temas de derechos humanos. El dictador argentino dijo que no. Poco después, la agencia de créditos para las exportaciones de Estados Unidos -el Eximbank- aceptó financiar con 700 millones de dólares la participación de empresas norteamericanas en la construcción de la represa Yacyretá, que un año y medio antes había rechazado por la cuestión de los derechos humanos.

En marzo de 1980, al cumplirse el cuarto aniversario del golpe militar de 1976, el New York Times informó: “El régimen militar argentino empieza su quinto año en el poder, cortejado diplomáticamente tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética y unido sólidamente en sus objetivos políticos y económicos”.

Los días de la presión del gobierno de Jimmy Carter por las violaciones a los derechos humanos se terminaban y para la dictadura argentina era un gran alivio. Ronald Reagan ya asomaba en el horizonte.

DG/MG

Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

A pesar de estar avanzando, no logro entender si realmente

estoy viviendo la noche, si estoy viviendo la noche del día de mi

sueño o si no fue un sueño.

Sí, fue un sueño.

Un sueño de campeón.

Miguel Benancio Sánchez corrió, militó, trabajó, escribió. Su nombre hoy es memoria. Miguel, que desde el 8 de enero de 1978 es uno de los 30.000 desaparecidos de la Argentina, es también carreras que llevan su nombre en homenaje, es un libro que se publicó con sus escritos y poemas, “Sueño de un campeón”, es una calle y ahora además una escuela. La Legislatura porteña votó un proyecto de la comunidad educativa que presentó el ex diputado Claudio Morresi para que la Escuela de Educación Media que está dentro del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), lleve el nombre del atleta.

Fundada en 2005, hasta hoy era conocida como “la escuelita del Cenard”. Nació también por iniciativa de Morresi —futbolista en Huracán y River, entre otros clubes, y cuyo hermano, Norberto, fue asesinado por la dictadura, desaparecido e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense a fines de 1989—, cuando fue Secretario de Deportes. La idea tenía un objetivo: que las y los deportistas que venían del interior del país pudieran continuar con su escolaridad secundaria mientras se entrenaban en sus deportes.

Miguel podría haber sido uno de ellos. Había nacido en Tucumán, fue el décimo hijo de una familia muy humilde, y se mudó a Berazategui, donde trabajaba de cadete en el Banco Provincia. Además, por las tardes militaba en barrios populares. Miguel jugó al fútbol —estuvo en las divisiones inferiores de Gimnasia— pero eligió el atletismo y en su casa, donde fue secuestrado cuando tenía 25 años, además de sus poemas y narraciones, tenía 50 medallas y trofeos.

Conocer gente

mucha gente

llevar mi mensaje de amor.

Argentino “Tino” Demetrio hoy es entrenador de atletismo en la escuela municipal de Oberá, el pueblo donde nació, pero sabe de la importancia de la escuela del Cenard. De allí egresó. Había vivido toda su vida en un hogar hasta que encontró en el atletismo una pasión y un talento. Lanzaba disco y bala, y consiguió una beca para entrenar en el Centro Nacional. Fue como llegar al Disney del atletismo. Se sumó al segundo año de la secundaria en 2008.

“Yo era bastante terrible —cuenta—, hasta que una docente que todavía recuerdo, Lorena Steller, de Historia, me hizo ver la vida de otra manera. Actuaba de manera impulsiva, pensaba en seguir solo con mis cosas y me sentía saturado. Con ella aprendí que siempre alguien me iba a acompañar y a impulsar”.

Demetrio compitió en torneos nacionales, en Copas nacionales, en un Sudamericano interescolar en Coquimbo, Chile, en un Sudamericano federado en Santiago de Chile; y cuando terminó la secundaria y no pudo seguir con la beca volvió a Oberá. Intentó estudiar Ciencias Políticas pero al final eligió el Profesorado de Educación Física. Estuvo entre los que votaron que la escuela llevara el nombre de Miguel Sánchez. Conoció su historia en esta escuela, cuando un grupo de compañeros presentó un trabajo sobre derechos humanos y contó sobre el atleta desaparecido.

“Me gusta que se lo haya homenajeado, era una muy buena persona, muy solidario”, dice Demetrio. El Cenard, el predio al que recuerda con mucho cariño, queda sobre la calle Miguel Sánchez desde 2011. Tino entrenaba aquí cuando la Legislatura votó el cambio de nombre de la Avenida Crisólogo Larralde, entre Libertador y Lugones.

“El deporte te puede llevar a cualquier lado pero sin estudio no podés llegar muy lejos, siempre voy a replicar eso con mis atletas. Hoy, si tienen que faltar a un entrenamiento para estudiar elijo que lo hagan, no tengo problemas”, cuenta Demetrio. Y recuerda que a esta misma escuela la quisieron cerrar. Esos terrenos, en Núñez, siempre fueron objetivo apetecible de emprendedores inmobiliarios, en alianza con el Gobierno de la Ciudad.

“Me parece patético —dice Demetrio—. No pueden cerrar una institucion por un capricho político. Yo ahí encontré otro camino, sentí que podía abrir mis alas y volar a otros destinos”.

Yo también disfruto de tu libertad, no dejes que la marea te haga naufragar.

Voy en busca del gran jurado, voy camino a la libertad.

¡Oh, línea de llegada, seré absuelto y te voy a pisotear!

Romina Banchik es hoy la directora de la escuela en la que trabaja desde 2010. Cuenta que la elección del nombre fue un proceso que comenzó con un trabajo con los y las estudiantes ahí mismo. La lista de candidatos incluía también a Delfo Cabrera (atleta, medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres 1948), Jeanette Campbell (nadadora, campeona y plusmarquista argentina y sudamericana y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936), Mary Terán de Weiss (tenista, campeona argentina entre 1941 y 1948, triple medallista durante los Juegos Panamericanos 1951, militante peronista, proscripta y perseguida después del golpe de Estado de 1955). Ganó Miguel Sánchez.

“La idea era que fuera un deportista con compromiso social. Miguel era poeta, ayudaba en las villas —dice Banchik—. En un momento en el que el gobierno nacional busca retroceder en un montón de derechos y en el que avanza el negacionismo, me parece muy lindo que la escuela se llame así. Que Miguel y la historia estén siempre presentes y que no vuelva a pasar lo que le pasó a él y a tantos otros”.

Cuando la escuela se inauguró, hace 19 años, se creó con la orientación en Ciencias sociales y humanísticas, pero ahora está en el proceso para convertirse en la primera escuela pública del Gobierno de la Ciudad que dará una certificación de alto rendimiento.

Banchik cuenta que la ahora escuela Miguel Sánchez es un lugar que fue defendido por la comunidad. “Pasamos el 2019 con el peligro de que querían tirar abajo todo. Nos decían que nos iban a trasladar. Nos movimos para que eso no sucediera. Nosotros acá queremos que el deportista tenga una formación más integral”, dice la directora.

Para Banchik el trabajo está en cómo comprender el deporte. “No lo entendemos como entretenimiento, o como algo vinculado al mercado y al dinero sino como espacio de convivencia, con valores de inclusión, de estar con el otro, con la importancia que tiene vinculado a la salud”.

Entre los y las alumnas y egresadas la directora cuenta a Elías Romero (representó a Argentina en los últimos Juegos Paralímpicos en tenis de mesa), Rocío Ledesma (compitió en los Paralímpicos en judo), Valeria Pereyra (compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en gimnasia artística), el atleta Guillermo Ruggeri, el nadador Ignacio Méndez y la gimnasta Mia Mainardi, entre tantos otros.

En tiempos en los que los deportistas son muchas veces cuestionados por no manifestar sus opiniones sobre la realidad política y social, la directora Banchik explica que muchas veces quienes representan al país y cuentan con una beca ese derecho “se les complica por el temor a que después tomen represalias”. “Igualmente, hoy en día y más allá de lo que puedan hacer los deportistas hay un discurso antipolítica, un mensaje de que la política es mala; más la influencia de las redes que creo que va en detrimento de que los adolescentes puedan tener posturas más comprometidas o más críticas. La escuela debería ser un espacio para desarrollar un pensamiento crítico, una visión de comunidad, de defensa de derechos humanos”, dice.

El nombre de Miguel Sánchez será, en ese sentido, un faro que ahora estará presente aquí todos los días.

Para vos, atleta,

que recorriste pueblos y ciudades

uniendo estados con tu andar.

Para vos, atleta,

que desprecias la guerra y ansías la paz

AP/JJD

El exmilitar argentino Carlos Luis Malatto reclamó este lunes en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia, país al que se fugó en 2011, y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan, cometidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).

La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir este lunes si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicaron fuentes del juicio.

En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.

Malatto, que en octubre cumplirá 75 años, logró salir de Argentina y llegar a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina (sur), hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.

La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas.

En la audiencia de ese lunes la defensa del exmilitar sostuvo que debía ser procesado por la Justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.

A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como los montoneros, los tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Una tesis que el fiscal, Stefano Opilio, no comparte ya que cree que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.

En la vista de hoy en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan ya que cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de la misma, todos ellos desaparecidos entre 1976 y 1977.

Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil, y el tipógrafo Florentino Arias.

Malatto acudió al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, ya que la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.

Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.

Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua por aquellos hechos.

CRM con información de la agencia EFE

La periodista y escritora Leila Guerriero, referente literario en Latinoamérica, planteó su preocupación acerca de si “en dos años” la Argentina en la que creció “seguirá ahí”, al criticar al gobierno del presidente Javier Milei en una charla sobre periodismo, actualidad política y feminismo con motivo de su participación en el Hay Festival de Querétaro, donde presenta su último libro, La llamada.

La publicación de la obra, que trata la vivencia en prisión de una mujer argentina perteneciente a un grupo de izquierdas que es represaliada por una dictadura que la somete a torturas y violaciones, coincide con el ascenso al poder de Javier Milei, cuyo gobierno pone en duda los crímenes cometidos por los militares, a la vez que trata de legitimar esa etapa oscura retratada por Guerriero.

“Yo me pregunto si en dos años el país en el que muchos crecimos seguirá ahí o será un país completamente desconocido. En el que todos estos consensos estén definitivamente derrumbándose, eso me preocupa muchísimo”, señala Guerriero ante el cuestionamiento de conceptos que parecían tan claros como que los militares argentinos cometieron delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.

La periodista ve signos preocupantes en el proceder de una administración que, “bajo el radar”, está dando pasos como la desfinanciación de grupos que investigaban material desclasificado de las fuerzas armadas, el cierre de la CoNaDi (comisión encargada de la investigación de niños desparecidos durante la dictadura), o la visita de miembros del gobernante partido La Libertad Avanza a represores presos con la intención, se sospecha, de negociar su excarcelación.

“Hay una reivindicación de la actuación de los militares durante la dictadura, se quiere poner otra vez en igualdad de posiciones a lo que fueron las guerrillas y la acción del terrorismo de Estado”, afirma la escritora, de 57 años, en la charla con la agencia EFE en la ciudad mexicana de Querétaro.

“La historia del feminismo es de avances y retrocesos”

Ante el auge en todo el mundo de ideologías que se contraponen a los avances que el feminismo promueve en cuestiones de igualdad de género, la argentina no se muestra alarmista y lo considera un paso más en la historia de un movimiento que siempre encontró respuestas contrarias en la sociedad.

“La historia del feminismo es una historia de avances y retrocesos, cuando se avanzan diez pasos se retroceden dos, me preocupa, como me preocupó toda la vida, la violencia de género”, sostiene Guerriero.

La argentina trata de no caer en el pesimismo y encuadra estos movimientos en la evolución histórica que ha vivido el movimiento feminista desde sus comienzos.

“Es una utopía pensar que por el avance de ciertos reclamos feministas algunas cuestiones patriarcales y machistas se van a terminar por completo en el mundo, eso no va a pasar de un día para otro y quizás no pase nunca”, resume con realismo.

Optimista sobre del periodismo

Pese a la desconfianza, para algunos generalizada, en la sociedad respecto a los medios convencionales de comunicación y al auge de las noticias falsas, Guerriero no es alarmista respecto a la situación de la profesión.

“Soy optimista porque veo un montón de colegas que lo hacen muy bien. Si miras las postulaciones a premios de periodismo, los trabajos son excelentes”, asegura la escritora, quien a pesar de ello reconoce las dificultades económicas y de precariedad que abundan en la comunicación.

Para Guerriero es complicado combatir discursos muy establecidos como que el periodismo es el enemigo, que los periodistas son todos unos corruptos y otras creencias muy extendidas en la sociedad.

“A eso se le puede responder con periodismo bien hecho, lo que pasa es que a veces los mismos medios, sobre todo los más hegemónicos, conspiran contra ese periodismo bien hecho”, sentencia.

EFE

El 5 de diciembre de 2023, a punto de dejar su banca y cinco días antes de que asumiera Javier Milei, el senador macrista José Torello ingresó dos proyectos de ley a la mesa de entradas del Senado: uno para dar prisión domicilaria automática a los mayores de 70 años y otro para limitar los plazos de resolución de las causas penales. Aunque no lo mencionaban, los proyectos habían sido escritos a la medida de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Torello puso la firma, pero la iniciativa surgió de los abogados e hijos de represores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.

Así lo revelan varios mensajes enviados por Olea en marzo a un grupo de WhatsApp que compartía con diputados libertarios, con el objetivo de organizar visitas a represores presos y motorizar acciones en su favor. Además de Olea, Saint Jean y otros abogados, en el grupo también participaban el ex juez Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del torturador Jorge Olivera. Durante meses de chat y algunas reuniones presenciales, los tres letrados les acercaron distintas ideas a los legisladores para beneficiar a los militares en prisión. Una de las propuestas fue retomar los proyectos presentados a través de Torello en el Senado, que por ahora esperan tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Los chats del grupo se conocieron luego de que la diputada libertaria Lourdes Arrieta acusara a sus compañeros de bancada de haberla llevado “engañada” a visitar a represores famosos en el penal de Ezeiza, el 11 de julio. Arrieta dijo que ella no sabía quién era Alfredo Astiz –“ Nací en 1993”– y que se dejó arrastrar por los demás. Cuando explotó el escándalo, se despegó de la visita y presentó una denuncia contra los organizadores ante la justicia federal. Arrieta le entregó al juez Ernesto Kreplak los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Olea, Saint Jean, Riggi, Olivera Ravasi y los diputados Guillermo Montenegro, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce y Carlos Zapata, entre otros libertarios.

elDiarioAR accedió a las conversaciones sobre los proyectos de Olea y Saint Jean ingresados al Senado con la firma de Torello, hombre de confianza de Mauricio Macri. El 2 de marzo, la abogada Olea, hija del represor Enrique Braulio Olea, informó a los demás: “Tenemos un recurso de inaplicabilidad de ley en Casación y un proyecto de ley presentado por el senador Torello” sobre el tema de las prisiones domiciliarias. Dijo que ambas cosas debían “ser impulsadas con urgencia”, a lo que Riggi respondió: “Nos gustaría mucho evaluar el proyecto de Torello antes de la reunión del 14”. Se refería a una cena convocada el 14 de marzo por Olivera Ravasi, para organizar una visita a militares presos que se realizaría al día siguiente.

Olea envió al grupo de WhatsApp los proyectos de ley firmados por Torello y explicó: “Son los dos proyectos que le presentamos con Ricardo [Saint Jean] al senador Torello. Ingresaron el 5 de diciembre de 2023 en la mesa de entradas del Senado”.

Qué dicen los proyectos 

El proyecto sobre domiciliarias propone cambiar la redacción legal para que la aplicación del beneficio sea automática para los presos mayores de 70 años, y no una prerrogativa de cada juez como ocurre hoy. Además, se limita a dos años el tiempo máximo de las prisiones preventivas. El proyecto firmado por Torello es parecido a otro redactado por Elisa Carrió e ingresado en marzo a Diputados, con la diferencia de que el de Carrió explicita que los principales beneficiarios serían los militares condenados, mientras que el del PRO evita mencionarlos. En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de lesa humanidad ya goza de prisión domiciliaria.

El segundo proyecto ingresado por Torello y articulado por Olea y Saint Jean −hijo de Ibérico Saint Jean, interventor bonaerense de la dictadura− es sobre el “plazo razonable” para la resolución de las causas penales. Propone limitar a veinte años el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de un proceso y su sentencia firme. Pasado ese lapso, el acusado quedaría en libertad. Esto favorecería a represores presos por crímenes probados en varias instancias pero sin confirmación de sus condenas por los máximos tribunales, debido a las demoras del Poder Judicial −que perjudican sobre todo a las víctimas− y a la batería recursiva que suelen aplicar los abogados defensores ante los jueces. Los grupos promilitares se quejan de que hay demasiados presos sin sentencia firme. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 70% de los investigados en causas de lesa humanidad transitan los procesos en libertad.

En el chat con los libertarios, Olea mencionó una idea que quedó excluida en el proyecto de Torello: “En el proyecto de plazo razonable original que le presentamos con Ricardo al senador Torello habíamos propuesto que no alcanzara a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos esa objeción”.

Este medio se comunicó con Olea para consultarla por los chats, pero su respuesta fue: “Si hay una denuncia penal en curso, prefiero no hablar del tema”. Por su lado, Riggi contestó: “No sé decirle qué ha presentado Torello porque yo no lo conozco ni le he entregado nada”, aunque admitió que “alguien puede haberlo propuesto [retomar los proyectos] y yo puedo haber dicho que podía ser de interés analizarlo”. Según Riggi, él asistió a una sola reunión del grupo.

elDiarioAR también habló telefónicamente con Torello, que dijo: “No me consta que los proyectos los hayan redactado estas personas [Olea y Saint Jean]. Yo no estaba en todas las reuniones de mi equipo de trabajo. Desconozco si estas personas colaboraron con mi gente. Probablemente yo lo haya firmado, porque en materia de domiciliarias y preventivas estoy de acuerdo.

−¿Entonces desmiente que los proyectos los hayan armado Olea y Saint Jean?

−No, digo que no me consta. Yo trabajo con mucha gente. A lo mejor, puede haber ocurrido, no me consta, que alguno de mi equipo haya hablado con esta gente. Pero no es que yo trabajé con ellos ni que coincido con sus ideas. Podemos haber coincidido en algunos conceptos plasmados en lo que firmé. Pero yo no tuve nada que ver con esas personas, yo tengo que ver con lo que yo firmé. Si hay alguien que dice que me vio a mí y que trabajé con ellos, lo desmiento.

−¿Conoce a Olea y Saint Jean?

−No.

Quién es quién 

El chat de WhatsApp fue armado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi. Ese mismo mes, su padre Jorge Olivera, ex mayor del Ejército condenado a cadena perpetua y en prisión domiciliaria, había violado las reglas de su arresto al organizar una gran fiesta en su casa por sus 50 años de casado, en la que cantó Palito Ortega. Olivera Ravasi fue el puente entre los diputados libertarios y los abogados Saint Jean y Olea, a quien un fiscal que la trató en juicios describe como una defensora “con un perfil duro pero técnico y punzante, con oficio”. 

Olea es cercana a Riggi y fue secretaria de su vocalía cuando era juez de la Cámara de Casación. En 2011, le abrieron un sumario cuando se supo que alternaba su trabajo como funcionaria judicial con la defensa legal de su padre, condenado en 2008 en Neuquén junto a otros represores del centro clandestino “La Escuelita”. “Se levantaba de la silla en su oficina y cruzaba a una sala de audiencias en el mismo edificio para defender a su padre”, recuerdan en Casación. Después de que trascendiera su doble rol, terminó renunciando.

Hoy se mantiene activa como abogada de imputados en juicios de lesa humanidad. Actualmente defiende, por ejemplo, a acusados en la megacausa “Zona V” de Bahía Blanca. Combina su trabajo de defensora con el activismo en favor de los militares condenados, para lo que se mueve a dúo con Saint Jean. Ambos integran la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tienen llegada a sectores de la política, la justicia y las fuerzas armadas.

Posteo de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que integran los abogados que están detrás del proyecto presentado por Torello.

Menos de una semana después de que los proyectos firmados por Torello entraran al Senado, Olea y Saint Jean también tocaron la puerta del Poder Judicial. El 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milei, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación convocara a un plenario de todos sus jueces con el fin de discutir una “doctrina unánime” sobre las domiciliarias. El planteo de los abogados fue rechazado tres meses más tarde por Casación, que recordó que la jurisprudencia sobre el tema ya fue definida por la Corte Suprema.

Con la vía jurídica por ahora cerrada, les queda la política. Así lo resumió el cura Olivera Ravasi en el WhatsApp con los libertarios, en una minuta sobre la cena del 14 de marzo: “Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico”. En la reunión de esa noche se evaluó que lo más “viable” era “la promulgación de parte del presidente de un decreto o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, es decir, un proyecto como el que ya le habían llevado a Torello.

Los argumentos de Olivera Ravasi sobre la conveniencia política de la iniciativa fueron explícitos: “El beneficio de este ‘plazo razonable’ no sería sólo para los militares, sino también para muchos legisladores, políticos, empresarios que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’”.

Los contactos entre los abogados de represores y el entonces senador Torello, amigo de Macri desde que iban juntos al colegio y señalado como referente de la “mesa judicial” del macrismo, no resultan demasiado sorprendentes. El PRO siempre incluyó a sectores receptivos a los pedidos de los grupos promilitares. Figuras como Marcos Peña y Germán Garavano se pronunciaron a favor de las domiciliarias automáticas. En 2022, los diputados Alberto Asseff (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo implementara medidas para “asegurar la igualdad de derechos” a los represores presos, lo que incluía la prisión domiciliaria “para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena”. Casualmente o no, ese proyecto también llevaba la firma del entonces diputado Pablo Torello, hermano de José.

A fines de julio pasado, cuando ya había explotado el escándalo por la visita a Ezeiza, el diputado Benedit le mandó un mensaje a Arrieta en el que la llamaba a silencio. Su argumento era que ellos no habían hecho nada novedoso: “Guillermo [Montenegro] expuso la verdad muy bien anoche, incluso contó que el año pasado visitó un penal donde había presos de estas causas con VV [Victoria Villarruel], Asseff, Zapata y otros más, todos de Cambiemos en ese momento, y no pasó nada. No somos los primeros en las visitas humanitarias. Pero RB [Rocío Bonacci] lo usó para la prensa haciendo un escándalo que distorsiona todo y perjudica, mucho egoísmo y malicia. No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”.

FFB/DTC

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

FFB/DTC

En el corazón de la Casa x la Identidad, en el predio de la ex Esma, se custodia un tesoro invaluable: el Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo. Con más de 2.000 unidades documentales, este archivo contiene información crucial: aquella que permite reconstruir la historia del activismo desplegado por las abuelas para encontrar a los más de 500 niños y niñas desaparecidos durante la última dictadura militar. 

En sus más de 40 años de historia, Abuelas de Plaza de Mayo ha recopilado notas de prensa, publicaciones, cartas y documentación relacionadas con su militancia por los derechos humanos. Además, en 1998 creó el Archivo Biográfico Familiar, que ofrece a cada nieto o nieta, en el momento de la restitución de su identidad, la oportunidad de conocer la historia de sus padres desaparecidos mediante fotografías, cartas, objetos y testimonios de sus amigos y familiares. Se trata de información sensible e íntima que, ante el recambio generacional y las amenazas presentadas por la actual coyuntura política, despierta nuevos debates y preocupaciones. ¿Cómo se preserva este  archivo único en el mundo? ¿Cómo se gestiona el acceso a la  información que alberga? ¿Con qué fondos y recursos se digitaliza y se protege este material? 

Para poner en valor este archivo y garantizar su adecuada preservación, en 2020 se realizó un acuerdo entre Abuelas de Plaza de Mayo y Conicet, con la coordinación de la historiadora Isabella Cosse y la antropóloga Carla Villalta. El pasado 10 de julio, se presentaron los resultados de tres años de trabajo, en los que se contribuyó a jerarquizar sus documentos, contextualizarlos, organizarlos y abrir el debate respecto del acceso y usos en el presente y futuro de este acervo documental. 

Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas y miembro del directorio del Conicet, explicó: “Los archivos no solo nos remiten al pasado, también tienen un carácter performativo en el presente: producen preguntas y preocupaciones por la generación que viene y las que todavía no están, ¿qué uso harán de este archivo? ¿Cómo aporta a la transmisión de nuestra memoria?”. 

Una de las cuestiones más delicadas que presenta el Archivo Biográfico Familiar es el cuidado de la información confidencial y privada que contiene. Se trata de un archivo de recuerdos, con testimonios orales de amigos y familiares de las personas desaparecidas, fotografías que transmiten emociones y contribuyen a los procesos de reconstrucción de identidad. Cada caja que espera su destinatario fue creada para ese nieto o nieta que las abuelas buscan incansablemente. Puede ser pensado como la contracara de otro gran hito de la colaboración entre la ciencia y Abuelas, el Banco de Datos Genéticos. Mientras uno resguarda la información genética que permite establecer los vínculos biológicos entre las personas que tienen dudas sobre su identidad y los familiares que las buscan, el otro aporta a conocer las historias y recomponer los lazos que el poder dictatorial intentó borrar.

Hasta el presente, el acceso al Archivo Biográfico Familiar es exclusivo para los nietos restituidos. Sin embargo, a partir de unas jornadas realizadas en 2023 en las que participaron más de 100 archivistas, investigadores y estudiantes, se comenzó a debatir la posibilidad de su apertura para otro tipo de consultas. “Se trata de un acervo de enorme riqueza y propusimos una reflexión en torno a otros usos que puede tener este archivo, o algunos de sus documentos. Por ejemplo, para el arte, como la obra de teatro La Memoria Futura, que hicieron Luciana Mastromauro y Eugenia Pérez Tomas a partir de las voces de las abuelas. Desde las ciencias sociales, aportamos a pensar el archivo no sólo como una fuente de la cual extraer datos, sino comprenderlo como algo vivo que se va modelando con las operaciones del presente”, explicó Carla Villalta, antropóloga, investigadora de Conicet y una de las coordinadoras del convenio.  

En el momento de su restitución, cada nieto o nieta recibe en una caja el archivo biográfico familiar de sus padres desaparecidos. Los testimonios coinciden en el enorme valor emocional que tiene recibir dicho material durante ese delicado proceso. “Recibí mi caja en el 2015, cuando todavía tenía muy fresca la noticia de mi identidad. Para mí, fue un elemento muy importante para reconstruir la historia de mis padres, diferentes momentos de su vida, su infancia y su militancia”, contó a elDiarioAR Jorge Castro Rubel, nacido en la ESMA en junio de 1977, hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro. “Lo esperaba con ansiedad y llegó en un momento en que estaba en pleno descubrimiento, era como una esponja –siguió–. Me permitió recuperar las voces de quienes ya no estaban con vida para contarme sus recuerdos. Además, como papá, sé que el archivo queda en nuestra familia para el día de mañana responder también nuevas preguntas que puedan tener mis hijos”.

Ante el avance de discursos no solo negacionistas, sino reivindicativos de los crímenes de la última dictadura militar, el archivo de Abuelas cobra aún más importancia. Como explica la historiadora Cosse, “este un archivo que ha cumplido una función crucial en la búsqueda y restitución de los nietos, pero también tiene una gran importancia para el conocimiento histórico de la violación de los derechos humanos y las luchas de los organismos”. “A su vez, aporta a la transmisión intergeneracional de la memoria sobre el pasado, y creemos que tiene un papel aún más central hacia el futuro. En este momento es clave defender la importancia de los archivos y su papel en la cultura democrática. El hecho de que se puedan mostrar los documentos, los objetos, los vestigios materiales de ese pasado, tiene muchísimo valor”, agrega.

La preocupación por los archivos de la historia reciente ha cobrado actualidad en los últimos meses. Recientemente, los organismos de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas y fue despedida una gran parte del personal civil del Ministerio de Defensa que trabajaba en esas tareas. Además, ante rumores de un decreto que busca quitarle facultades de investigación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), el juez federal Ernesto Kreplak ordenó esta semana la preservación de toda la documentación de ese organismo. 

Al indagar por los desafíos en la preservación del archivo de Abuelas, Carla Villalta explicó: “El riesgo hoy es la falta de recursos financieros. Estamos en un contexto no solo de repliegue del apoyo estatal, sino también de los apoyos internacionales. Por eso, Abuelas ha abierto una campaña de donaciones. La principal amenaza hoy a este archivo es la falta de financiamiento para sostenerlo”. 

Archivos como el de Abuelas nos interpelan sobre el legado que buscamos dejar a las generaciones siguientes, como resguardos de la memoria más allá de las disputas del presente y como testigos de una cultura democrática en permanente construcción. 

MNA/DTC