La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó hoy la decisión de un tribunal, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación” de información sobre el periodista Jorge Lanata, quien se encuentra internado desde hace tres meses, y su actual esposa Elba Marcovecchio.

La jueza Lucila Córdoba dispuso la medido por solicitud de Marcovecchio, a quien las hijas del periodista, Bárbara y Lola, acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud de Lanata.

“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.

Al respecto, ADEPA consideró, a través de un comunicado, que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.

“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”, añade la nota.

Además, la directiva de ADEPA remarcó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”.

“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, agregó.

Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.

Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8 en la que solicitan “en forma urgente” la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien se encuentra internado desde hace tres meses debido a sus problemas de salud.

El juzgado, por su parte, aceptó el pedido de prohibir a los medios informar sobre la situación de salud de Lanata y el conflicto entre sus hijas y Marcovecchio por el patrimonio del comunicador.

CRM con información de la agencia NA

La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó hoy un duro informe en el que hace un fuerte llamado a que el Presidente de la Nación deje de agraviar periodistas y medios en pos de un debate democrático.

“La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes”, dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa que se realizó en la ciudad de Posadas.

“La asimetría entre un presidente y un periodista es extraordinaria”, avanzó Dessein y agregó que “las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística”

Dessein recordó que en 2010 Adepa había indicado que “el lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía. Corresponde reiterarlo hoy”. 

“Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano”, alertó y citó las palabras de un intelectual valorado por el Presidente como Alberto Benegas Lynch (h) que dijo que “la libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia”.

El informe advierte también por otros aspectos en riesgo de la profesión como es el decreto que limita la Ley de Acceso a la Información Pública o los derechos de autor en tiempos de plataformas y de IA.

El informe califica de “preocupante” al reciente decreto del Poder Ejecutivo “por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”. 

“Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de ”máxima divulgación“ y establece excepciones de alcance limitado”, Indicó Dessein en la lectura del documento.

Redes, inteligencia artificial y periodismo tradicional

El trabajo final aborda también el desempeño de las redes sociales y de la prensa tradicional. Recordó que hace casi 25 años “las redes sociales irrumpieron en nuestras comunidades con la expectativa de ampliar los límites de la libertad, bajar las barreras para emprender y aumentar los niveles de democratización y transparencia”, pero alertó que hoy “son algunos de los conglomerados económicos más grandes del planeta, con cotizaciones superiores al PBI de un país como la Argentina”.

Se apuntó que “las redes generan el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social”, sin embargo indicó que hoy se encuentra contaminado con “diatribas tóxicas, y el periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenarlo”.

El trabajo destaca que sustituir el rol de la prensa con el de las redes sirve “para evitar la intermediación incómoda de los periodistas”.

“No se hacen allí preguntas difíciles, son permeables a las inyecciones anabolizantes que hipertrofian un tráfico inorgánico y generan la ilusión de una comunicación directa. También la falsa imagen de una supuesta autenticidad en la canalización de la ira y el resentimiento”, precisa el trabajo.

A partir de este punto el trabajo deriva en otro punto fuerte como es el del respeto de la propiedad intelectual.

“Para preservar su sustentabilidad, el periodismo requiere el respeto de la propiedad intelectual de los contenidos que genera. En países con economías y democracias desarrolladas, como Australia, Canadá o las naciones que integran la Unión Europea, existen legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven, de ese modo, la vital función que estos ejercen en la vida de sus sociedades. Esas normativas impulsan acuerdos razonables entre las plataformas tecnológicas –que lucran con el uso de contenidos periodísticos– y los medios de comunicación”, indica.

“En la Argentina existen acuerdos de esa naturaleza que constituyen antecedentes tan positivos como insuficientes, ya que están muy lejos de una compensación justa como la que deriva de los convenios alcanzados en los países citados o del marco regulatorio impulsado por gobiernos conscientes del rol estratégico del periodismo en toda democracia. Al mismo tiempo hay empresas tecnológicas globales que vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos”.

Por ello y como conclusión, Adepa insta “a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad”.

MM con información de la agencia NA.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifiestó hoy su preocupación por la publicación del decreto 780/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, por el que se modificó la reglamentación de la Ley 27.275, de 2016, conocida como Ley de Acceso a la Información Pública.

“Por esa inesperada medida, el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público”, señaló en un comunicado la asociación que nuclea a los principales medios de comunicación del país.

En su mensaje, Adepa afirmó que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia.

Según la asociación, algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario.

Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes que trae el nuevo decreto es el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. El Gobierno establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria”. La definición original de esa Ley prescribía que información pública es “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.

Adepa entiende que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios.

“El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país”, señala el comunicado.

“También se elabora en la flamante reglamentación una curiosa interpretación del término ”documento“ -amplía el texto publicado por Adepa-, al señalarse que ”las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público“. El artículo 8 inc. g) de la Ley 27.275 ya exceptúa este tipo de documentos cuando puedan afectar el derecho de defensa de la Administración Pública; llevar más lejos la excepción no sería admisible por decreto”.

La asociación manifestó que “Este tipo de reglamentaciones aplicadas con prescindencia de los principios consagrados en la Ley 27.275, en especial ”presunción de publicidad“, ”máxima divulgación“ y ”máximo acceso“, darían lugar a conductas cuestionables por parte de los funcionarios, al tiempo que conducirían a un empobrecimiento del debate público como insumo esencial del sistema democrático”.

Finalmente, Adepa afirmó quie es necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos.

DM con información de Adepa

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) analizó este jueves diversas situaciones con potencial impacto en el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en la Argentina. 

Respecto del anuncio público, luego corregido y en principio descartado, que realizara ayer el Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de su cuenta en X, sobre la exigencia de una supuesta matrícula para ejercer el periodismo, desde Adepa señalaron: “Hay que recordar que dicho requerimiento violenta el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los ciudadanos, sin condición ni limitación alguna, el derecho a publicar sus ideas por la prensa. En definitiva, el derecho a la libre expresión”.

“Hubiera llamado la atención, además, que en un gobierno que predica la libertad y la desregulación como banderas se hubiera querido revivir una norma totalmente anacrónica y perimida, establecida por una ley de 1946 (la número 12.908), que además de no haber sido nunca exigida en la práctica para el ejercicio periodístico, debe ser considerada derogada desde la ratificación por la República Argentina del Pacto de San José de Costa Rica, en 1994”, dijeron desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

“Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 5, de 1985, de modo unánime sostuvo que 'la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículos para expresar o transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos'”, agregaron.

En este contexto, Adepa reafirmó “la incompatibilidad de la colegiación obligatoria de los periodistas con el derecho de toda persona a buscar, difundir y recibir informaciones e ideas por cualquier medio, conjuntamente con el derecho de la sociedad a recibir información sin restricciones dispuestas por el Estado o por asociaciones gremiales”.

Por otro lado, en el encuentro se abordaron “las dificultades o las demoras que enfrentan diversos medios periodísticos de nuestro país para que sus profesionales obtengan o renueven sus acreditaciones en las salas de Prensa de Casa Rosada y otras dependencias estatales” y recordaron que “el trabajo de los periodistas acreditados está ligado a un derecho ciudadano inherente al régimen democrático, como es el acceso a la información pública” y que “para los poderes del Estado, se trata de la obligación constitucional de permitir su ejercicio de manera amplia y oportuna, sin discriminaciones ni represalias”. “ADEPA espera que se resuelvan estas situaciones en el menor plazo posible”, pidieron e insistieron “en condenar todos los hechos de violencia física y verbal contra periodistas y comunicadores ocurridos durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las últimas semanas en los alrededores del Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases” y alertaron “por el crecimiento de los ciberataques y hostigamientos lanzados desde el ecosistema digital (y replicados en ocasiones por funcionarios y políticos) contra periodistas, medios y organizaciones que los nuclean, en ciertos casos incluso a partir de noticias falsas o manipuladas”.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) hicieron un pronunciamiento en el mismo sentido. A través de un hilo en la red social X contaron “cómo el Gobierno quiso tapar la matriculación obligatoria de periodistas con un ataque a FOPEA”. Dijeron: “Se trata de una operación de desprestigio y desinformación de operadores digitales ligados al Gobierno que recibió el acompañamiento del presidente de la Nación, Javier Milei” y dieron cuenta de ello con una serie de capturas de pantalla y explicaciones que aparecen a continuación.

MM

Este lunes 10 de junio se abre la convocatoria a la 35ª edición de los Premios ADEPA al Periodismo. 

Los Premios Adepa al Periodismo tienen como objetivo destacar la excelencia profesional, la originalidad, la calidad y el impacto del periodismo argentino. 

 ¿Cómo participar?

CATEGORÍAS 2024

1. LIBERTAD DE PRENSA. Premio ADEPA/Clarín.

2. SOLIDARIDAD SOCIAL. Premio ADEPA/La Nación.

3. PERIODISMO POLÍTICO. Premio ADEPA.

4. DERECHOS HUMANOS. Premio ADEPA/Río Negro (Gral. Roca).

5. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca).

6. CARICATURAS E ILUSTRACIONES. Premio ADEPA.

7. FOTOGRAFÍA. Premio ADEPA/El Litoral (Santa Fe).

8. INFORMACIÓN GENERAL. Premio ADEPA. 

9. ARTES Y ESPECTÁCULOS. Premio ADEPA/La Gaceta (Tucumán).

10. ABOGACÍA ARGENTINA. Premio ADEPA/Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

11. EDUCACIÓN. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación.

12. CULTURA E HISTORIA. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero).

13. ECONOMÍA. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba).

14. DEPORTE. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan).

15. PERIODISMO CIENTÍFICO. Premio ADEPA.

16. INFOGRAFÍA Y PERIODISMO VISUAL. Premio ADEPA.

17. PERIODISMO JUDICIAL. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de la Nación.

18. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. Premio ADEPA/Editorial Perfil.

19. COBERTURA MULTIMEDIA. Premio ADEPA/Infobae.

20. INNOVACIÓN DIGITAL. Premio ADEPA//Google News Initiative.

21. PERIODISMO UNIVERSITARIO. Premio ADEPA/Los Andes (Mendoza).

22. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Premio ADEPA.

23. POLÍTICA INTERNACIONAL. Premio ADEPA. 

Quiénes pueden participar

Podrán participar en este concurso profesionales de medios periodísticos de aparición regular, cuyos trabajos hayan sido publicados en formato papel o digital, dentro del territorio de la República Argentina. Los concursantes deberán ser mayores de edad.

Para participar, los interesados podrán enviar hasta dos (2) trabajos por cada categoría. Los trabajos, escritos en castellano o en idioma extranjero con su correspondiente traducción, deberán haber sido publicados entre el 1º de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024 (salvo en la categoría PERIODISMO UNIVERSITARIO, donde pueden ser trabajos inéditos). 

Cada trabajo presentado no podrá participar en más de una categoría.

Premios

La difusión de los ganadores de cada categoría y la entrega de los premios por parte de ADEPA se realizarán durante el mes de diciembre de 2024.

Los premios consistirán, en todas las categorías, en una estatuilla y un diploma para el ganador. Podrá también adjudicarse en cada categoría un segundo premio, otorgándole un diploma al premiado. El jurado podrá declarar desierto el primer premio en cualquier categoría.

Los trabajos ganadores serán publicados por ADEPA a través de todas sus plataformas.

Jurados

Los integrantes del jurado en cada categoría serán designados anualmente entre personas destacadas en sus respectivas actividades, por la Comisión de Premios “Federico C. Massot” de ADEPA. 

Los jurados tendrán en consideración los siguientes criterios de evaluación de los trabajos: originalidad, calidad e impacto. Los resultados de su evaluación serán remitidos a través de un dictamen a la Comisión de Premios “Federico C. Massot” de ADEPA.

La lista de jurados por cada categoría se publicará en breve en el sitio web de ADEPA.

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) le dio anoche la bienvenida al nuevo gobierno de Javier Milei y recordó que la pauta oficial -que las autoridades anunciaron que suspenderán por un año- no es un subsidio ni un premio o un castigo, sino que es parte de la publicidad de los actos de gobierno. También llamó a “no profundizar las asimetrías” del reparto publicitario, ya que las grandes plataformas se quedan con el 80 por ciento de los avisos.

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, fue el orador principal de la cena anual de la entidad que reúne a 180 empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web. Estuvieron presentes los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y de Defensa, Luis Petri, además del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También fueron de la partida la nueva secretaria de Medios, Belén Stettler; el subsecretario Eduardo Roust; la senadora Carolina Losada; los diputados Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Hernán Lombardi y Emiliano Yacobitti; el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; y los emblemáticos excamaristas federales Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian.

En el comienzo de su discurso, Etchevers agradeció la presencia plural que se congregó en el hotel Sheraton de Retiro. Fue luego de que se pasara un video con imágenes históricas del fotógrafo presidencial Víctor Bugge sobre los 40 años ininterrumpidos de la democracia.

Etchevers destacó la necesidad de que exista una “sana tensión entre periodismo y poder”, ya que “es inherente al rol de la prensa en la democracia”. Y dijo que “el día que no exista, entonces probablemente alguno no estará cumpliendo bien su función”.

Luego recordó que en el mundo “democrático y capitalista” se plantea el dilema del debilitamiento económico del periodismo como una amenaza para la democracia. La idea es que ese fortalecimiento se de sin “premios y castigos”, sino con “herramientas legítimas y necesarias para favorecer la sostenibilidad de una industria periodística que ha visto declinar sus fuentes de ingresos a expensas de gigantes tecnológicos globales que no producen contenidos ni invierten en periodistas, pero se sirven de su trabajo cada vez más, sin brindarles una compensación justa por ese beneficio que obtienen”.

“Hacer periodismo profesional es costoso. Y tratar de hacer el mejor periodismo es más caro aún”, afirmó. Y habló de que la “sostenibilidad de una herramienta de raigambre constitucional constitutiva de la democracia”, como el periodismo, fue reconocida por la Corte Suprema.

“El Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”, reclamó y dejó bien claro que no se refería al sostenimiento artificial de medios sin audiencia verificada, creados para publicitar a un gobierno de turno.

“Hablamos de políticas públicas que favorezcan la contratación de periodistas”, dijo y se refirió a “regímenes que contemplen las nuevas formas de hacer periodismo que las tecnologías han puesto al alcance de la mano; hablamos de esquemas que exijan a las plataformas globales cumplir con su obligación de negociar con los medios un pago justo y razonable por el uso que hacen de sus contenidos periodísticos”.

Etchevers remarcó: “Hablamos también de la publicidad de los actos de gobierno, otro principio derivado de la Constitución”, que es algo que “hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano”.

En una misma línea, dijo que una práctica eficaz requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. “La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo”, subrayó.

Dijo que en este contexto donde los medios que hacen periodismo vieron declinar su participación en el mercado publicitario, hay “dos gigantes globales, que no producen contenido” y “se quedaron con más del 80% de la única publicidad que crece, la digital”. Agregó: “Reconociendo el difícil momento que vive el país, creemos que hay espacio para no profundizar esta asimetría, siempre de acuerdo con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema”.

Etchevers dijo que el rol la prensa libre e independiente “es, aquí y en todo el mundo democrático, el aguijón, el perro guardián, el mosquito que zumba y molesta. Pero también la que habilita un debate informado y vibrante, un contrapeso a los desvíos y a los excesos, un reaseguro frente a cualquier cheque en blanco”.

El presidente de ADEPA afirmó que la función de la prensa es “preguntar, indagar, investigar, explicar, traducir. Que trabaja para articular una conversación pública racional, basada en hechos y en datos; una narrativa con sentido ante una realidad cada vez más fragmentada y atravesada por la proliferación acrítica de mensajes e intereses cruzados, muchas veces sin verificar”.

Los periodistas, señaló Etchevers, deben protagonizar una “conversación que trascienda la consigna publicitaria, el golpe de efecto, el eslogan político, el meme viral, que son fenómenos alimentados por una polarización algorítmica que muchas veces no nos permite escucharnos y menos encontrar una base de discusión común”.

“El periodismo, y las empresas periodísticas como organizaciones que le dan sustento y permanencia, tenemos un papel en ese debate público. Con nuestros distintos puntos de vista, derivados de nuestras miradas editoriales, de nuestros ámbitos de pertenencia, de las audiencias que representamos”, enfatizó. Pero dijo que la prensa es “una interfaz entre la gestión gubernamental y las demandas de la ciudadanía”, donde además “el acceso a la información pública -como por ejemplo los actos de gobierno- es un derecho de la sociedad y del periodismo como vehículo de esta”.

Etchevers saludó al gobierno entrante, dijo que hay un mapa diverso con alternancia política y destacó que el oficialismo comparte los valores de la libertad y la República. “Ambos son inherentes a nuestra organización como país: el primero sintetiza las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, expresadas en la primera parte de la Constitución. El segundo es el respeto al sistema de frenos y contrapesos de la misma Carta Magna: la división de poderes, la independencia de la Justicia, la tolerancia a la disidencia, la plena vigencia de la libertad de prensa –sin censuras ni tampoco represalias ni hostigamientos–, el funcionamiento del Estado de derecho. Son conceptos en los que ADEPA abreva como fundacionales”, dijo.

El titular de la entidad que nuclea a las empresas periodísticas mencionó que los medios son compañías que asumen la lógica de mercado, pero a la vez la trascienden, representan audiencias, interpretan a sectores de la sociedad y “forman parte de los frenos y contrapesos republicanos”.

“Cuando los medios no están, cuando se debilitan, cuando desaparecen –como sucede con muchos desiertos informativos que se multiplican hoy en el mundo– crece el espacio para los feudalismos, para las hegemonías, para los autoritarismos, para la corrupción y para el mal gobierno. También para la pérdida de la libertad”, advirtió.

Etchevers tuvo palabras destacadas para reivindicar el rol de la prensa en estos 40 años de democracia y homenajeó a Magdalena Ruiz Guiñazú y José Luis Cabezas. Dijo que el periodismo en estos años tuvo un compromiso informativo contra las asonadas militares que jaquearon a Raúl Alfonsín y a Carlos Menem y destacó el papel que cumplieron los medios “al evidenciar los intentos por eliminar garantías republicanas, tales como la autonomía del Poder Judicial o la existencia de medios independientes”.

Etchevers concluyó con una exhortación: “Frente al inicio de un nuevo ciclo político en el país, ADEPA renueva su compromiso inalterable con los principios republicanos y la plenitud de la democracia, tal como lo señala nuestro estatuto fundacional de 1962. Al mismo tiempo, nos permitimos instar a toda la dirigencia –política, social, empresarial, sindical, religiosa– y a la ciudadanía en general a involucrarnos aún más con la defensa de esos valores que dieron origen a la Nación y que ayudaron a reconquistar la institucionalidad hace cuatro décadas. Ahora es el tiempo de abocarnos a las cuentas pendientes”.

Al cabo del discurso, Etchevers invitó a subir al escenario a la senadora Losada, al ministro Francos y al juez Rosatti. “Es un discurso para llevárselo y leerlo cada tanto, porque expresa la idea de velar por la libertad, la República y la democracia”, sostuvo el titular de la cartera política del nuevo gobierno. Por su parte, el magistrado de la Corte concluyó: “La libertad de expresión fue fundamental par celebrar los 40 años de democracia; no es suficiente pero es necesaria”.

La investigación A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual publicada por elDiarioAR el 22 de octubre de 2022 recibió el segundo premio en la categoría Información General de la 34ª edición del certamen anual “Premios ADEPA al Periodismo”.

Se trata un premio con el que cada año la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas premia la excelencia en el ejercicio de la profesión y que en esta oportunidad distingue el trabajo realizado por Mariana García, subdirectora de elDiarioAR, junto con Alicia Alvado, quienes llevaron adelante esta investigación en la que también participaron Nadia Burgués (edición), Victoria de Masi (textos) y Marcelo Morán (Infografía). A lo largo de diez notas, publicadas al cumplirse veinte años del inicio del caso Grassi, el equipo de elDiarioAR mostró como fue el recorrido de los abusos sexuales y de poder dentro de la Iglesia, cuáles fueron sus complicidades, y quienes los condenados y quienes aún siguen impunes.

Después de meses de trabajo, la investigación logró mostrar que a partir de que la denuncia contra Julio César Grassi se hizo pública, los casos comenzaron a salir a la luz, uno tras otro. En 20 años, se acumularon al menos 128 denuncias contra miembros de la Iglesia. Sin embargo, en ese tiempo solo hubo 31 condenados por la justicia, 28 expulsados del estado clerical -la máxima sanción que puede recibir un sacerdote por parte de la institución-, mientras que 11 recibieron tanto una condena judicial como una la expulsión del estado clerical. Seis monjas fueron denunciadas, ninguna de ellas fue condenada. La investigación incluye la lista completa de los 128 acusados.

La investigación mostró también como a lo largo de 60 años la Iglesia tomó medidas que no han servido de mucho para evitar abusos que se siguen cometiendo y sancionar la impunidad que los abusadores parecen tener garantizada. Otra de las notas, dio cuenta de como el traslado de los denunciados fue el mecanismo elegido para el encubrimiento.

El pasado 4 de noviembre, Emilia Delfino, periodista de elDiarioAR junto a sus colegas de La Nación e Infobae, resultó ganadora por la investigación de Pandora Papers con el Premio Fopea 2022

La Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) celebró su 61° Asamblea anual y subrayó el rol de la prensa en la protección de la democracia y la garantía del sistema de frenos y contrapesos que la caracteriza. “La democracia y el libre ejercicio del periodismo son caras de una misma moneda. No se puede pensar la una sin el otro”, señaló Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad.

“Defender la libertad de expresión y la vigencia de una prensa autónoma es defender la base misma del sistema democrático y republicano”, ratifica el Informe Semestral de Libertad de Prensa, aprobado por unanimidad por representantes de todos los medios de todo el país.

En el cuadragésimo aniversario del retorno a la democracia en la Argentina, ADEPA lamentó el resurgimiento de críticas y descalificaciones dirigidas a la prensa por parte de candidatos en el marco de la campaña electoral para los comicios del 22 de octubre. “La labor periodística es más relevante que nunca para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir en libertad y con información en la mano. Quienes deciden postularse a cargo electivos saben que, al aspirar a ejercer una función pública deben someterse a un mayor nivel de escrutinio y que ningún acto de la vida cívica está exento de las críticas, aunque ─como ha dicho ADEPA─ estas puedan parecer duras y hasta injustas”, destacó el documento presentado.

En este sentido, la entidad que agrupa a medios argentinos recordó el papel del periodismo como herramienta de auditoría social, de instrumentos de contrastación del discurso público y de foro de expresión de las distintas opiniones de la ciudadanía. “La prensa es una piedra angular en el sistema de frenos y contrapesos republicanos. Por ello es saludable, tanto para el ejercicio democrático como para el debate ciudadano, que los representantes de las diferentes fuerzas políticas comprendan profundamente la función del periodismo”, explicitaron.

“No se trata de pedirles discursos complacientes ni actitudes demagógicas hacia los medios. Tampoco de escapar al cruce riguroso e intenso de ideas y opiniones. Menos de pretender que aquello que se expresa en los medios no pueda ser confrontado con oposición de hechos y ejercicio de la razón. Pero sí se trata de creer sinceramente en la función del periodismo dentro del orden constitucional, y por ende, respetarla a rajatablas. De reconocer que aquello que se necesita y se aplaude cuando se está en el llano, o cuando se quiere llegar con un mensaje a la sociedad, también deber ser aceptado cuando la prensa interpela, cuestiona o desagrada”, agregó ADEPA.

En este sentido, la entidad resaltó la participación del periodismo en la visibilización y cobertura de algunos hechos históricos de la Argentina como el atentado contra la embajada de Israel y la AMIA, la tragedia de Once, el incendio de Cromañón, la explosión internacional de la Fábrica Militar de Río Tercero y la Guerra de Malvinas.

La prensa también cuenta con un rol preponderante en la difusión de información chequeada y verdadera en un contexto en el que proliferaron las fake news, especialmente en torno a la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y los procesos electorales que tuvieron lugar en distintos países. “Las llamadas burbujas de sentido y la polarización extrema fueron subproductos de estos fenómenos, de los que plataformas y redes constituyeron en vehículo necesario”, explicó el informe.

ACM

Impulso Local, un programa de apoyo al periodismo promovido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ en inglés) y Meta, anunció este lunes los medios que podrán desarrollar un proyecto gracias a sus fondos y el acompañamiento del programa. elDiarioAR es uno de ellos.

Los 94 medios seleccionados recibirán un apoyo económico de entre $5.000 y $25.000 dólares y el seguimiento de especialistas en medios digitales para desarrollar un proyecto de corto plazo que resulte estratégico para su sustentabilidad, así como para continuar sirviendo a sus comunidades con noticias e información de calidad.

Impulso Local nació en el 2021, con un fondo total de USD 1.000.000 y el acompañamiento de mentores que permitió que 100 medios argentinos desarrollen proyectos que permitan su sustentabilidad. La edición 2022-2023 del programa comenzó en octubre de 2022, con jornadas de capacitación enfocadas en los pilares de las organizaciones de noticias, donde participaron 235 medios.

En diciembre del año pasado, se abrió la postulación a la segunda etapa del proyecto para aquellos medios que completaron la etapa de capacitación. Para postularse, cada uno debió presentar propuestas de proyectos realizables en 6 meses, con un claro aporte a la sustentabilidad del medio.

De las 150 postulaciones recibidas, 94 medios fueron elegidos luego de un análisis minucioso para continuar con el programa: recibirán fondos y acompañamiento para sus proyectos. El jurado seleccionó a los medios según cumplieran los requisitos de postulación y los criterios de preferencia. La lista completa de seleccionados en este link.

De esta manera, Impulso Local puso a disposición de los 94 seleccionados un fondo total de USD 1.000.000. Los consultores especializados acompañarán a los participantes seleccionados en el desarrollo de los proyectos y les ofrecerán capacitaciones virtuales. La etapa de implementación de fondos y mentorías se extenderá hasta septiembre de 2023.

“Impulso Local es un programa gestado en la Argentina por Adepa, Meta e ICFJ, cuya continuidad alimenta el proceso de transformación de la industria periodística y ayuda a la sustentabilidad de los medios, constituyendo a esta altura un modelo trasplantable a otros países y regiones”, dijo Daniel Dessein, presidente de Adepa.

 “En ICFJ estamos comprometidos en ayudar a los medios independientes de Argentina y de otros países para que puedan construir organizaciones de noticias más fuertes y sostenibles que continúen brindando servicio a sus comunidades en el futuro”, dijo Patricio Provitina, director senior del Centro Internacional para Periodistas. “Este programa ofrece una combinación de capacitación, tutoría y subvenciones diseñadas para apoyar a los medios de comunicación argentinos que trabajan para adaptarse a un entorno de medios que cambia rápidamente”, resumió.

“Nos enorgullece ser parte de la segunda edición de Impulso Local junto con ADEPA e ICFJ, y continuar apoyando al periodismo local”, dijo Julieta Shama, Líder de Alianzas con Medios para Latinoamérica Hispana en Meta, y agregó: “Medios de todo el país accederán a financiamiento, capacitación y soporte para implementar proyectos sustentables y con impacto en sus comunidades”.

Sobre Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas es una organización sin fines de lucro que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país: editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web. Desde sus orígenes, Adepa ha desempeñado un rol activo en la defensa y promoción de la libertad de prensa, piedra fundamental del sistema democrático argentino, en el sostenimiento del periodismo profesional y en la sustentabilidad de la industria periodística.

Sobre ICFJ

El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) empodera a una red global de periodistas para producir informes de noticias que conduzcan a mejores gobiernos, economías más fuertes, sociedades más vibrantes y vidas más saludables. Brinda a su comunidad capacitación, tutoría, becas o apoyo financiero en cinco áreas clave: periodismo de investigación, reportajes sobre temas críticos, innovación en los medios, sostenibilidad financiera y liderazgo intelectual.

Sobre Meta

Meta colabora con medios de todo el mundo para fortalecer la conexión entre los periodistas y las comunidades para las que trabajan.

LC

La divulgación de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal coordina con empresarios, espías y otros funcionarios el armado de causas contra sindicalistas trajo aparejado un debate sobre el papel del periodismo, los off the records y la libertad de expresión.

En la mañana del lunes, cuando la denuncia publicada en Página 12 cobró vuelo, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon tuiteó un fragmento de su libro “La Raíz” (2018), en el que se preguntaba si “algún día” se sabría la existencia de la reunión que finalmente expuso el video. El párrafo de la página 168 describe con bastante exactitud quiénes concurrieron a ese encuentro de junio de 2017 y el lugar en que se produjo.  

Dos días más tarde, el periodista de La Nación dio a conocer el nombre del último integrante de la reunión que faltaba identificar: Ricardo Alconada Magliano, un tío segundo o tercero, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de La Plata, con quien dijo no mantener relación. Cabe aclarar que la familia Alconada tiene varias ramificaciones que transitan hace décadas los campos de la política, la Justicia y la empresa de la capital bonaerense.

Una primera reflexión sería por qué, si el cronista contaba con información tan precisa, no la publicó en su momento. Habría sido un elemento útil para develar a tiempo que la cruzada ética enarbolada por el macrismo, que tenía al diario La Nación como uno de sus principales propagandistas, se trataba en realidad de chapucerías extorsivas organizadas por espías, fiscales, jueces y funcionarios que soñaban con la Gestapo, con el fin de eliminar obstáculos y favorecer negocios personales. Hoy, ya conocidos el caso D’Alessio-Stornelli, el listado de visitas de jueces federales a Mauricio Macri y la trama espionaje omnipresente Super Mario Bros, el contenido del encuentro en el Banco Provincia resulta impactante, pero no sorprende.

Tras cartón, Alconada Mon fue acusado en medios y en redes de regular la información y ser cómplice de los mecanismos ilegales que se potenciaron bajo el Gobierno de Macri. La senadora Juliana di Tullio (Frente de Todos, Buenos Aires) llevó el tema a la sesión del miércoles. “Alconada Mon es un mago”, ironizó. “Va a tener que dar explicaciones en sede judicial; estoy harta de la connivencia de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos”, aseveró.

Reglas de juego

Para cualquiera que conozca los procedimientos del periodismo, la respuesta de por qué Alconada Mon se guardó el dato para un párrafo sugerente en su libro sería fácil de deducir. A veces, una información llega bajo la forma de rumor verosímil, pero el periodista no encuentra cómo corroborarla, o la fuente transmite hechos que presenció bajo la exigencia de no publicación. Esta modalidad de “off estricto” (te lo digo para que lo sepas, a condición de que no publiques una letra si no lo corroborás por otro lado) no es tan habitual en Argentina como en Estados Unidos o Alemania.

Si la fuente del cronista fue su tío segundo, es una hipótesis plausible. No cambia la razón que pudo haber llevado a Alconada Mon a manejarse con cautela. Si, por el contrario, el periodista eligió guardarse la información por complicidad, ¿qué sentido habría tenido volcarla en un párrafo perdido en un libro?

Un dato más invitaría a no precipitarse. Las investigaciones de Alconada Mon podrán ser más o menos sólidas, sus razonamientos políticos y prioridades periodísticas se podrán compartir más o menos, pero nadie debería omitir que fue certero a la hora de exponer los negociados de la familia Macri. El autor de “La Raíz” fue artífice de la publicación de los Panamá Papers que tenían a hermanos y amigos del entonces presidente y gran parte de su gabinete como protagonistas centrales, e informó el entramado de offshore y testaferros usado para depositar decenas de millones de dólares producto de supuestas compraventas espurias. Es cierto que La Nación se esmeró por hundir esas investigaciones hasta el límite del ridículo, pero los textos están en la web para quien los quiera constatar.

A tal punto Alconada Mon fue molesto para el Gobierno de Macri, que fue blanco, como Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros, de los espías “cuentapropistas” que reportaban a la Agencia Federal de Inteligencia de Arribas-Majdalani y entraban a la Casa Rosada para entregar conclusiones en la antesala del despacho presidencial.

En su momento, al periodista de La Nación también se le reprochó que demoró la publicación de los Panamá Papers hasta abril de 2016 para no arruinar la asunción de Macri en la Casa Rosada. Otra acusación sin fundamento. Las grandes filtraciones en las que participan periodistas de decenas de países requieren coordinar la campana de largada, porque si cada uno publica cuando le conviene, perjudica a los colegas de otras latitudes. Son las reglas de juego.

La reacción

Tras los dichos de Di Tullio, la corporación periodística entró en acción. La Nación, que contaba con la misma información que publicó el lunes Página 12, pero prefirió disimularla, rescató el tema y denunció un “ataque” por parte de la senadora peronista. Tras días de ningunear la jugosa trama de la célula Gestapo —en forma similar a lo que hizo con las investigaciones de Alconada Mon sobre Macri: crónicas enterradas todo lo posible—, La Nación decidió entrarle por los dichos de Di Tullio.

El papel central de la reacción le correspondió al tándem Fopea-Adepa. El dúo de periodistas profesionales y empresarios de medios emitió repudios casi idénticos contra las afirmaciones de la senadora.

En un argumento que bien podría enarbolar la defensa de Pepín Rodríguez Simón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad inspirada, entre otros, por el periodista de Clarín Daniel Santoro, arriesgó: “La postura de la senadora reflota la disparatada teoría del lawfare, mediante la cual se pretende instalar una sensación de permanente sospecha, sin ningún dato objetivo, sobre el rol del periodismo profesional y por consiguiente invalidar los procesos judiciales abiertos”.

Si el lawfare existe, es un debate del corazón de la política que trasciende fronteras, alcanza estrados judiciales y académicos, y excede el objeto de esta nota. De lo que no caben dudas es de que la libertad de expresión es un valor de la democracia que corresponde tanto a un periodista, una ONG, un sindicato, una senadora peronista, un barrendero y una jugadora de vóley.

Sería absurdo un ecosistema de la opinión pública en el que algunos periodistas tuvieran vía libre para el agravio y la acusación penal —varios de quienes propalan insultos al aire son connotadas figuras de la ONG que dicen defender el periodismo profesional— y los políticos se vieran restringidos a la hipercorrección para responder.

Claro que si una fuerza gobernante o un dirigente pasa del dicho al hecho y orquesta el arresto o la censura de un periodista constituiría una instancia grave e intolerable. No es el caso. Tan sólo se trata de la crítica de Di Tullio a Alconada Mon —para quien firma, descentrada— y su voluntad de que dé explicaciones en sede judicial.

En un país en que la censura prevaleciente viene por el lado de las pautas privadas y estatales, y los intereses extraperiodísticos de los propietarios o gestores, en los últimos años, lo más parecido al cercenamiento de la libertad de expresión fue el arresto arbitrario de dueños de medios opositores al macrismo acusados de evadir impuestos (Fabián de Sousa y Cristóbal López) y la amenaza de cárcel proferida desde pantallas televisivas contra quienes no se cuadraran. Esas aventuras seguramente fueron orquestadas en mesas judiciales similares al de la Gestapo antisindical de miembros del gabinete de María Eugenia Vidal, pero no merecieron ningún comentario de las ONG tan íntimamente vinculadas al mundo PRO.

De todas formas, lo más lesivo del accionar de Fopea no son sus silencios sino la confusión deliberada entre la acusación de una senadora oficialista a Alconada Mon y los procesos judiciales que involucraron a Daniel Santoro en las supuestas tramas extorsivas del fiscal Carlos Stornelli, el fallecido Claudio Bonadio, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros personajes por el estilo. Desde que hace dos años se descubrió la triangulación —voluntaria o involuntaria— entre extorsionadores, Comodoro Py y páginas de Clarín e informes televisivos, Fopea y Adepa dedicaron buena parte de sus manifestaciones públicas a denunciar que estaba en riesgo la libertad de expresión. En la innecesaria defensa de Alconada Mon de esta semana, la primera ONG mencionó que se trata de “un nuevo intento de estigmatizar y criminalizar la actividad periodística”, como si fueran asuntos parecidos. Para uno y otro caso, los razonamientos y las palabras fueron los mismos.

Dos procesamientos de Santoro fueron revocados por cámaras federales por falta de mérito (corresponde seguir investigando) y en una de las causas ya fue sobreseído. Las comunicaciones con extorsionadores, las informaciones que resultaron falsas y las coincidencias periodístico-judiciales están descriptas en los expedientes para quien quiera evaluarlas. No cabe, desde ya, violentar la presunción de inocencia.

La generación de alboroto entre un ataque a la prensa libre, un intercambio altisonante en un ambiente político habitualmente árido y una investigación judicial sobre supuestos delitos cometidos en el marco del ejercicio profesional no hace más que deteriorar el debate sobre la libertad de expresión y desdibujar la función del periodismo. 

SL

En un contexto mundial donde la desinformación y las noticias falsas se incrementan durante los períodos electorales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), recordó que desde el año 2019 los partidos políticos argentinos están obligados a destinar un porcentaje relevante de sus campañas en el espacio digital a sitios periodísticos de producción nacional y local.

La obligación fue puesta de relieve en sendas reuniones convocadas por la Cámara Nacional Electoral, tanto con los apoderados de los partidos políticos que competirán en las PASO y las elecciones generales, como con medios y periodistas de todo el país que cubrirán el proceso electoral. De hecho, la Cámara recordó, que tal como lo hiciera en 2019, los partidos deberán acreditar el cumplimiento de esta obligación al rendir su cuenta de gastos de campaña en ambas instancias electorales.

En efecto, en 2019 la Ley 27.504 incorporó a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos –ley 26.215– un conjunto de reglas aplicables específicamente al rubro de comunicación publicitaria electoral en Internet. En ese capítulo, el artículo 43 decies de la ley contiene una previsión específica en la cual contempla el destino que los partidos políticos deben asignar a la inversión en publicidad digital.

La norma establece que “del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un treinta y cinco por ciento (35%) deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro veinticinco por ciento (25%) a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial, siguiendo un criterio similar al de la coparticipación federal”.

Esta nueva norma se implementó por primera vez en las elecciones nacionales de 2019, tanto en las primarias como en las generales. Y tal como lo establece la misma Cámara Nacional Electoral, los partidos políticos están obligados a rendir informes con los detalles de la inversión realizada en medios digitales, cumpliendo con los porcentajes indicados.

Hace dos semanas, en una reunión de la Cámara Nacional Electoral junto al Consejo Asesor de Partidos Políticos, un grupo de directivos de Adepa señaló la vigencia de la norma para las elecciones de este año. Y el viernes pasado, durante una capacitación con periodistas de todo el país, el presidente de Adepa, Martín Etchevers, volvió a aludir al tema durante la apertura del encuentro.

AB