Una mujer de aproximadamente 50 años denunció que fue víctima de una violación este martes en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, donde la Policía de la Ciudad montó un operativo en búsqueda del agresor sexual, informaron fuentes policiales.

La intervención policial se inició con un llamado a la línea de emergencias 911 de un hombre que reportó que se encontró con la víctima.

La mujer, de unos 50 años, le dijo que el delincuente la amenazó con una piedra y la llevó hacia los matorrales donde abusó de ella.

El hombre señaló a la Policía que él vio huir del lugar a un hombre de las características descriptas por la mujer.

Por ese motivo, la Policía de la Ciudad desplegaba este mediodía un operativo de búsqueda del sospechoso con móviles de la comisaría vecinal 1 E -con jurisdicción en la zona-, efectivos del área de Investigaciones y con el Grupo Urbano.

El hecho también fue confirmado por el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, quien en diálogo con el canal TN, dijo que la denunciante está “en shock” y que fue trasladada al Hospital Argerich.

“Es una mujer de aproximadamente 50 años. Se la está evaluando en el Hospital Argerich. Estaba con una crisis nerviosa”, dijo el titular del SAME.

Con información de agencias.

IG

Un incendio en la Reserva Ecológica Costanera Sur, el segundo en dos días, era combatido esta tarde por diez dotaciones de bomberos, quienes pudieron contener las llamas para evitar que se propaguen tras más de cuatro horas de trabajo, informó el gobierno porteño.

En esta oportunidad fue afectado el Camino de los Plumerillos, a 100 metros de la Laguna Seca, el mismo sitio del incendio originado el jueves pasado que recién pudo ser extinguido ayer por complicaciones con el viento.

Bomberos Voluntarios de San Telmo, de Puerto Madero, de Barracas, de Pompeya, de La Boca, de la Ciudad de Buenos Aires y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) trabajaban combatían las llamas.

Durante las últimas horas de esta tarde se observaron densas columnas de humo en esa zona de la Ciudad, que afectaron el barrio de Puerto Madero y además el olor a quemado también podía percibirse en otros barrios porteños e incluso en Provincia, al otro lado del Riachuelo.

Los bomberos “trabajan con 2 líneas de 38 milímetros y con una línea Befer. Se redujeron las líneas debido a que a medida que se va extinguiendo se tiene que continuar enfriando ya que las calorías en el lugar quemaban los materiales emplazados”, explicaron fuentes del gobierno porteño.

“En estos momentos el incendio está contenido en ambos laterales pero no está dominado todavía. En el lugar trabajan 10 dotaciones de bomberos”, detalló a Crónica TV, Marcelo Medina, jefe de bomberos.

Y agregó: “Los incendios forestales son muy complicados. La dirección del viento puede ir cambiando y hay que trabajar de forma tranquila para no poner en riesgo la vida de los bomberos”.

Aún se desconocen las causas del origen de las llamas, afirmaron los bomberos de Puerto Madero, aunque el incendio de hace dos días fue atribuido a factores climáticos.

En este sentido, Medina indicó que “entendamos que estamos en una época seca, de altas temperaturas y pocas lluvias. En menor medida, como la reserva tiene corredores, hay gente que por algún descuido puede prender algún cigarrillo y tirarlo donde no hay que tirarlo, o se meten donde no deben. Habrá que esperar los peritajes para determinar lo ocurrido”.

La Reserva Ecológica de Costanera Sur es un espacio verde de 350 hectáreas fronterizo de la Ciudad, delimitado al este por el río, al oeste por la avenida Intendente Hernán M. Giralt y la avenida Achával Rodríguez, al sur por la exCiudad Deportiva de Boca Juniors y al norte por el malecón de Puerto Nuevo.

En la actualidad, las autoridades de la reserva apuntan a la conservación y la preservación de este espacio, que es el hogar de aves, mamíferos, insectos y plantas.

La Reserva Ecológica de Costanera Sur es un espacio verde de 350 hectáreas fronterizo de la Ciudad, delimitado al este por el río, al oeste por la avenida Intendente Hernán M. Giralt y la avenida Achával Rodríguez, al sur por la Ciudad Deportiva de Boca Juniors y al norte por el malecón de Puerto Nuevo.

En la actualidad, las autoridades de la reserva apuntan a la conservación y la preservación de este espacio, que es el hogar de aves, mamíferos, insectos y plantas.

CRM con información de las agencias Télam y NA

La urbanización del barrio Rodrigo Bueno, ubicado en la Costanera Sur porteña frente a la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, provocó un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y vecinos que habitan el borde costero del asentamiento, que fueron relocalizados de manera forzada para facilitar el avance de un mega-emprendimiento inmobiliario de la empresa IRSA, sin que las viviendas tuvieran un “apto técnico”, según las familias denunciantes.

La situación fue comunicada por organizaciones sociales y barriales tras el desalojo de las familias que residían sobre la ribera del canal del Río de la Plata, que linda por un lado con la Reserva Ecológica Costanera Sur, pero que también queda enfrente al predio donde IRSA proyecta levantar el desarrollo conocido como “Costa Urbana”, que tendrá unas 20 torres de 145 metros.

La desocupación de las viviendas del borde costero comenzó hace algunos meses como parte del plan de urbanización que el Gobierno porteño ejecuta en el barrio en el cual habitan cerca de 3.000 personas y el cual contempla “la construcción de 611 viviendas nuevas, el mejoramiento de edificaciones existentes y la dotación de infraestructura para el acceso a los servicios”, según informó el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a cargo del plan.

Según contaron los vecinos afectados, la mudanza obligada fue para que “tuvieran buena vista” los potenciales compradores de los departamentos que se levantarán en los terrenos de IRSA y, para ello, las familias fueron reubicadas en viviendas del sector de Rodrigo Bueno conocido como “Barrio Histórico”, las cuales presentaban serios problemas de infraestructura.

“Estaban apurados por despejar el verde costero”, afirmó María, quien fue trasladada a una vivienda “que se está cayendo a pedazos” y que tiene filtraciones por el techo, pero también por el piso, ya que está construida encima de un pozo ciego que recibe los desagües cloacales de las restantes casas de la manzana lo que hace que “viva encima de excrementos humanos”.

A partir de esta situación, las familias se reunieron con funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad para reclamar por el pésimo estado de las construcciones, en un encuentro del cual también participaron Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

“Estamos desesperados porque la situación es crítica, mientras que (Horacio) Rodríguez Larreta promociona al barrio para su campaña electoral, acá la urbanización no está completa, apenas alcanza un 60%”, dijo otra vecina del barrio que pidió no dar su nombre por temor a quedar relegada en las mejoras habitacionales que demandaron.

Desde el IVC, indicaron que “al día de hoy fueron relocalizadas 572 familias a las nuevas viviendas y actualmente estamos llevando adelante la demolición de las viviendas vacías que se encuentran sobre el borde costero y sobre las trazas de las calles previamente planificadas como parte del proyecto de integración”.

Consultados por el reclamo de las familias relocalizadas, señalaron que no fueron relevadas durante el censo que se hizo en el barrio en 2017, por lo cual “no les corresponde una vivienda nueva”.

Koutsovitis coincidió en que “el proceso de reurbanización está lejos de estar concluido porque no resolvió las condiciones de hacinamiento de muchas de las familias que están en el Barrio Histórico y están pendientes los trabajos para los accesos a los servicios públicos básicos, como el agua potable, el sistema cloacal y un tendido eléctrico seguro”.

“Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA empezamos a intervenir asesorando a las familias respecto de las problemáticas que tenían, como el tener una vivienda asentada sobre un pozo ciego ya que no se realizaron los aptos técnicos previamente a la relocalización. Pedimos al IVC por una solución adecuada y esperamos que cumplan con el compromiso para que haya viviendas con las condiciones de habitabilidad que corresponde”, indicó.

En tanto, relacionó el plan oficial de urbanización por parte de la gestión de Rodríguez Larreta con el proyecto de Costa Urbana, el cual prevé la construcción de torres de lujo en los terrenos donde se iba a levantar la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, lo que nunca ocurrió.

“La liberación del borde costero estuvo muy vinculado a la ejecución de Costa Urbana. Este nuevo 'Puerto Madero' que el Gobierno porteño insiste con construir al lado del barrio Rodrigo Bueno y de la Reserva Ecológica Costanera Sur, va a generar un conjunto de impactos irreversibles para la Ciudad”, aseguró.

Con información de Télam

DA

El Juez Aurelio Ammirato, del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró este jueves la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 que autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y sobre uno de los últimos humedales de la ciudad.

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). Estos espacios generaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y ”Resistencia Verde“.

En los recursos presentados, se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final. Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.

Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de el “Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, detalló al conocer la decisión del magistrado que la política de los convenios urbanísticos “está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación. También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios obtuvo del GCBA en los últimos años, como la adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, la autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc. Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, remarcó.

De acuerdo al letrado, “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, Baldiviezo expresó que el fallo “viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos, como ciudadanía, impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, concluyó.

Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del IPYPP y fundadora de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, consideró al fallo del juez Ammirato como “histórico, porque no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”. Y agregó: “En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando. Las elecciones no son suficientes y las nuevas regulaciones exigen una co-decisión entre las comunidades y el GCBA”, sostuvo.

Para Koutsovitis, “la emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño. Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero. La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”. 

Claves de la sentencia

1. El reglamento dictado por el Secretario de Desarrollo Urbano para el tratamiento de los convenios urbanísticos (resolución n° 119/SECDU/20, del 30 de diciembre de 2020) no prevé ninguna instancia de participación pública, y de los expedientes administrativos remitidos a requerimiento de este estrado, no surge que en sede administrativa tal participación haya sido implementada.

2. El Acuerdo de Escazú exige participación pública en las etapas preliminares del tratamiento de las cuestiones ambientales, y con respecto a los convenios urbanísticos esa disposición fue interpretada por el legislador; quien, a nivel nacional, reconoció el derecho de toda persona a expresar su opinión en los procedimientos administrativos que se relacionen con el ambiente (ley 25.675, arts. 19 y 21) y en el ámbito local determinó que tal participación debe tener lugar antes de la firma del convenio. La suscripción del convenio por parte del titular del Poder Ejecutivo expresa una decisión estatal, y la ley determina que estos convenios deben ser decididos e implementados en marcos participativos.

3. Esta participación, en consecuencia, debe ocurrir ante el Poder Ejecutivo, y su inexistencia en este caso plasma un incumplimiento objetivo. El régimen jurídico prevé instancias participativas tanto ante el Poder Ejecutivo, que debe implementarla antes de adoptar la decisión de suscribir el convenio; como ante el Poder Legislativo, que debe convocar la audiencia pública antes de expresar su voluntad con respecto al convenio remitido a su consideración por el Poder Ejecutivo, aprobándolo o rechazándolo.

4. Suponer que la audiencia pública del procedimiento legislativo de doble lectura puede suplir la instancia de participación pública que el PUA exige antes de la firma del convenio urbanístico, implica aceptar que el legislador haya dictado esta norma ignorando la previsión constitucional, alumbrando de esa manera una disposición legal inútil, extremo que no cabe presumir (CSJN, Fallos: 343:140, sentencia del día 03/03/2020, entre muchos otros precedentes).

5. La autoridad de aplicación dictó un reglamento que no prevé ninguna instancia de participación previa a la firma del convenio, lo cual incumple el tratado internacional (Acuerdo de Escazú), la ley 25.675 y la ley marco, directamente prevista por el constituyente (art. 29, CCBA), a la que deben ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas (PUA).

6. Respecto a la segunda de las adendas al convenio urbanístico no se completó el procedimiento de doble lectura previsto por el constituyente, toda vez que fue efectuada después de la primera lectura del proyecto y de la celebración de la audiencia pública. Por ello, con relación a ella no existió ninguna instancia de participación pública, esto es, ni ante el Poder Ejecutivo ni ante el Poder Legislativo.

7. El procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone. Este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó.

8. Con estos argumentos, el Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada, admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 con respecto al inmueble situado en Av. España n° 2230/40, de sus adendas, y de todos los actos que sean su consecuencia. 

Con información proporcionada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

IG

La audiencia pública para discutir el proyecto inmobiliario que la empresa IRSA, con el apoyo del Gobierno porteño, planea construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca en Costanera Sur tendrá 14 jornadas que se realizarán entre este viernes y el 8 de noviembre próximo, en las que intervendrán primero funcionarios, comuneros y arquitectos, para dar luego lugar a los vecinos.

La Legislatura porteña, que organiza la audiencia con modalidad virtual, publicó este miércoles en su sitio web el “orden del día”, un documento que detalla quiénes serán los 23 expositores, es decir los funcionarios, comuneros y especialistas, y los 2.593 oradores, es decir, los vecinos que se inscribieron a la convocatoria dirigida todos los habitantes de la Ciudad.

En agosto, con 37 votos a favor y 20 en contra, la Legislatura había dado media sanción al proyecto, que ahora deberá ser debatido por la ciudadanía en audiencia pública.

El desarrollo inmobiliario que impulsan la empresa IRSA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiste en un conjunto de edificios, algunos de los cuales tienen hasta 145 metros de altura, y también calles internas. El convenio incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas. A cambio, IRSA se compromete a ceder el 67% del predio para que sea un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por 10 años.

Quienes se oponen a esta nueva urbanización sostienen que afectará de manera directa a la Reserva Ecológica Costanera Sur y al barrio popular Rodrigo Bueno, además de advertir que se emplazará sobre uno de los pocos humedales que todavía le quedan a la Ciudad de Buenos Aires.

El predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca tiene 71 hectáreas, es el más grande de la ciudad que está en manos privadas. Las tierras pertenecieron al club Boca Juniors entre las décadas de 1960 y 1990, cuando las vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA.

Expositores y oradores

La primera jornada de la audiencia pública será este viernes, a partir de las 14, y contará con las exposiciones de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño; Emilio Rivoira, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Cpau); y Agustina Señorans, asesora del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad.

También expondrán comuneros del opositor Frente de Todos, fuerza política que se opone al proyecto de IRSA, entre ellos, María Paz Carreira Griot (Comuna 14), Fernando Moya (Comuna 10), Luciana Grossi (Comuna 1) y Julián Cappa (Comuna 7).

Por otra parte, hablarán los comuneros de Juntos por el Cambio Cristian Mealla y Víctor Hugo Cáceres (Comuna 4).

Además, tomarán la palabra Pablo Bereciartúa, quien fue secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación entre 2018 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, y Miguel Mc Cormack y Fernando Yosovitch, presentados simplemente como arquitectos.

Por otra parte, hablará Amanda Martín, legisladora porteña del Frente de Izquierda; Diego Armando Gonzáles, delegado del barrio popular Rodrigo Bueno (lindero con la ex Ciudad Deportiva); Marcela Millan, titular del Ministerio Público de la Defensa de la CABA y Diego Zang, apoderado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Todos los mencionados son “expositores”, como se llama en las audiencias públicas de la Legislatura a los funcionarios y especialistas que intervienen al principio; luego es el turno de los “oradores”, es decir los vecinos que se inscribieron a través de la página web.

El primero en la lista de oradores es Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las principales organizaciones que se oponen al proyecto de IRSA, y le siguen la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandrina Barry y la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis.

La agenda incluye la lista de todos los oradores, que son 2.593, y se prevé que entre 100 y 200 personas hablen en cada jornada.

Dada la cantidad de inscriptos, esta audiencia será una de las más numerosas en la historia de la Legislatura, ya que el récord fue marcado el verano pasado, cuando unos 7.000 vecinos se anotaron para opinar sobre la privatización de Costa Salguero; pero en esa ocasión hubo un alto grado de ausentismo: finalmente hablaron cerca de 2.000 personas.

CB con información de Télam

Hace unas semanas en la Legislatura porteña se dio media sanción al proyecto para el cambio de norma en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La medida tuvo muchísimas críticas desde la oposición y organizaciones ambientales. Siempre que hay proyectos de cambios de normativa cabe hacernos la pregunta: ¿es la mejor forma de hacer ciudad? ¿Estamos haciendo una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible?¿Para quién hacemos la ciudad?

Los propulsores del proyecto, IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, argumentan que el mismo implica crear ciudad donde no hay y que la tierra pública es renovable. 

El proyecto contempla cambiar la actual normativa, que solo permite construir hasta 12 metros de altura, para realizar una mixtura de usos que incluye torres, cediendo IRSA el 67% del terreno a espacio público.

Uno de los argumentos de los que impulsan el proyecto es que hoy el predio no se usa para nada y está abandonado. Esto, que parece ser un argumento a favor, en realidad simplemente demuestra el carácter especulador de la empresa. Aunque podría haber realizado inversiones durante los últimos 30 años, porque la normativa siempre contempló edificabilidad, IRSA ha elegido tener al suelo de rehén para hacer lobby por una zonificación más rentable. Esto se podría contrarrestar con un impuesto al lote vacante urbano, que el Banco Mundial recomienda para “cambiar el comportamiento del sector privado y bloquear la especulación” y que se aplica en países como Brasil, China, Colombia, Corea, Filipinas y Taiwán. Tal vez lo único positivo del proyecto es la cuantiosa área verde que sería cedida y la inversión de U$S 40 millones que realizará la empresa para darle valor a ese espacio verde tan necesitado. Sin embargo, cada vez que se habla de espacio público y verde en CABA hay que ser cuidadosos de cómo se mide, ya que canteros y otro sinfín de espacios urbanos son clasificados como espacio verde, cuando no lo son. 

Con respecto a la supuesta mixtura de uso, basta con mirar el FOS (Factor de ocupación del suelo) y los retiros propuestos para darnos cuenta de que jamás puede ocurrir algo como lo que proponen. La conjunción propuesta de estos dos indicadores necesariamente implica una torre en el centro de un terreno, rodeada de un pequeño espacio. Ahora, ¿dónde está la incongruencia? ¿Son malas las torres? Acá caben varios detalles: por un lado, que el edificio esté en el centro y no ocupe la totalidad del terreno implica un espacio verde alrededor que, como se puede ver en Puerto Madero, se enreja. Si sumamos varios edificios de estas características obtenemos lotes enrejados y sin un frente a la calle, por lo que jamás puede haber comercios o cualquier tipo de uso diferente en la planta baja. Es imposible entonces que eso esté pensado para los peatones o para el uso mixto: parece más bien una reversión de la “ torre en el parque ” del arquitecto y urbanista Le Corbusier que ya ha fallado anteriormente, justamente por su segregación social y una trama urbana auto-céntrica, por lo que tampoco es tan “sostenible ” como dicen. 

Por otro lado, caben algunas cuestiones ambientales. Por sus características, el predio es parte de un humedal, según la convención internacional RAMSAR. Si hubiera una ley de presupuestos mínimos de humedales en Argentina sería todavía más difícil para IRSA poder realizar el proyecto. Sin embargo, el proyecto incluso contradice la normativa actual, ya que se violan los principios precautorios y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente, porque no hay un estudio de impacto ambiental hecho, es decir, se está legislando sobre algo que no se sabe cuánto impacto va a tener en el área. Digo cuánto, porque sí sabemos qué impactos se pueden esperar, especialmente inundaciones y pérdida del ecosistema que hoy se encuentra en el predio. 

La falta de información es una estrategia para disimular y esconder el claro impacto que el movimiento de toneladas de tierra va a generar. No tenemos que pecar de antropocéntricos, cuando los propulsores dicen que no hay nada, significa que no hay nada hecho por el hombre ni para el hombre, no hay nada construido, lo cual no significa que no tenga valor. Un claro ejemplo es la Reserva Ecológica Sur, que se encuentra al lado y donde todos los fines de semana cientos de personas buscan un poco de espacio verde y naturaleza para escapar, por lo menos unos minutos, de una ciudad de cemento.

En cuanto a la contraprestación de la empresa a la Ciudad de Buenos Aires, encontramos la entrega de varios lotes dentro de la nueva urbanización que totalizan 6.620 metros cuadrados. La mayor contraprestación del convenio se compone de la integración de U$S 180 millones (a través de un bono y no en dinero en efectivo), que la empresa entregará al Futuro Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

¿No tiene más sentido que ese monto se use para un sinfín de usos urbanísticos y de vivienda? Si el nuevo desarrollo no va a aumentar el stock de vivienda asequible, a crear una ciudad equitativa, por lo menos cabe pensar que parte de la valorización se utilizará para hacer cumplir el derecho real a la vivienda en otras partes de la ciudad. Nada de eso ocurre aquí: los fondos se destinarán a un fideicomiso que todavía no existe y no sabemos con certeza a dónde irán y qué fin tendrán esos bonos, lo único seguro es que no es para vivienda.

Finalmente, cabe el aspecto social. Se propone una mixtura de usos, que -como ya hemos expuesto- no puede suceder. Pero además, una mixtura de usos sin mixtura social no cumple con ninguno de los objetivos establecidos por las normas de la ciudad, las nacionales y los acuerdos internacionales al cual el país a suscrito para el desarrollo sostenible de las ciudades, a saber:

Lamentablemente esto sucede cuando la ciudad se desarrolla a base de excepciones en el Código. Si el espacio no está pensado para el peatón, si las viviendas no están pensadas para las personas, si el transporte público casi no llega, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para quién está pensado este espacio? 

Tal vez de los pocos aspectos positivos se resalta la cesión del 67% para espacio público del terreno, siendo el verde el que se encuentra cerca de la ribera. Además, el convenio prevé el mantenimiento por 10 años por parte de la empresa de los espacios públicos.

Por otro lado, creo que también hay que plantear una alternativa, porque criticar sin proponer no nos acerca a la sociedad que queremos construir. La expropiación, si bien tiene su respaldo en la Constitución Nacional, la Constitución porteña y en el Plan Urbano Ambiental de la CABA -y en este caso, teniendo en cuenta la sospechosa adquisición del bien en cuestión, que ha sido mal usado durante 30 años en una de las zonas más importantes de la ciudad y que alberga un humedal con beneficios ecosistémicos, está más que justificada- es imposible de aplicarse debido a la red política que hay en la ciudad. ¿Qué modificaciones se pueden hacer para un proyecto más sostenible e inclusivo?

En primer lugar se debe modificar la zonificación y sus implicancias de diferentes formas. Permitiendo alturas más bajas y un FOS que obligue a usar toda la planta del terreno y tenga salida a la calle o bien una altura más alta, pero que haya un retiro del frente en planta baja para que eso sea ocupado por un comercio con salida a un pequeño espacio verde que no requiera del consumo, como ocurre con el proyecto Donado-Holmberg.

Por otro lado, la plusvalía debería usarse en tres partes, un tercio para la integración socio-urbana de asentamientos como la villa 1-11-14, otro tercio debería darse en especie a través de metros cuadrados a precios accesibles en las unidades a construir, garantizando una mixtura social y reduciendo el déficit habitacional, y el último tercio debería usarse para la compra de lotes vacíos para la reconversión de espacios verdes en barrios de cemento como Boedo y Almagro.

De esta forma se cumplirá con lo que prometen y se evitaría el hábitat washing que se está realizando con la comunicación del proyecto, una lavada de cara del Puerto Madero de los 90. A 30 años del comienzo del proyecto maderense, la disciplina urbanística avanzó a grandes pasos, no cometamos los mismos errores que en el pasado y no nos dejemos convencer por renders de colores. La ciudad del 2050 se decide hoy.

SC/CB

Casi como parte de la campaña electoral, Horacio Rodríguez Larreta avanzó en las últimas semanas con un proyecto que beneficia a uno de sus interlocutores principales en la Ciudad, el Grupo IRSA. Logró que la Legislatura porteña apruebe por 37 votos a favor y 20 en contra la media sanción al convenio urbanístico con la desarrolladora inmobiliaria que es propiedad de Eduardo Elsztain para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca. 

En el predio de 71 hectáreas que se ubica en la Costanera Sur, IRSA proyecta levantar una urbanización bautizada “Costa Urbana” y la media sanción del proyecto 1831-J-2021 le otorga la posibilidad de edificar hasta 145 metros de altura en 4 de sus 59 parcelas. 

Aunque todavía falta la audiencia pública que fue convocada para el 15 de septiembre y la aprobación de la iniciativa en segunda lectura, el paso que dio Larreta en plena campaña tiene relevancia histórica: hace un cuarto de siglo que Elsztain esperaba darlo. IRSA compró los terrenos en 1997 y desde entonces pretendió en cinco oportunidades que la rezonificación prosperara sin éxito en la Legislatura. El predio está ubicado al sur de la Reserva Ecológica, frente a Puerto Madero y pegado al barrio popular Rodrigo Bueno. IRSA pagó 51 millones de dólares por esas tierras ribereñas y el cambio urbanístico propiciado por Larreta lo habilita para avanzar con un negocio inmobiliario que, según los cálculos de la oposición, redundaría en ingresos por entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 

Esta vez las cosas fueron diferentes y la velocidad de los acontecimientos sorprendió incluso a los altos mandos de la desarrolladora que es dueña de activos en la Ciudad entre los que figuran Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, DOT Baires, Alcorta Shopping y Distrito Arcos. ¿Qué cambió en esta oportunidad? Las fuentes involucradas en la negociación coinciden: esta vez, hubo un cambio en la modalidad y se decidió ir más allá del pacto entre cúpulas. Lo que Rodríguez Larreta y Elsztain acordaron más de una vez en forma personal fue refrendado por todos los bloques aliados al jefe de gobierno porteño: la Coalición Cívica de Elisa Carrió -alguna vez la más dura detractora de Elsztain-, Evolución de Martin Lousteau, el socialismo de Roy Cortina y Confianza Pública de Graciela Ocaña. Larreta le pidió a IRSA que buscara el consenso con sus socios de Juntos y la desarrolladora inmobiliaria se lanzó a un inédito trabajo de lobby que incluyó a parte de los diputados de la oposición que, de todas maneras, votaron en contra. 

El alcalde porteño puso a su secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, como enlace con los gerentes de IRSA. Así y en plena campaña electoral, el jefe de gobierno porteño exhibe su alianza con un gran financista de todas las campañas, incluida la del PRO.

Para Elsztain, que tiene a su hermano Daniel a cargo del real estate en el rol de CEO de IRSA Propiedades Comerciales, la reserva de tierra es su principal activo y el Estado en todos sus niveles es considerado siempre como un socio. 

La relación estrecha entre el jefe de gobierno porteño y la desarrolladora inmobiliaria es reconocida tanto en la política como en el sector privado. Está marcada por el rol de Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del alcalde que reportó durante 12 años a Elsztain como gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA. El menor de los Larreta, que había trabajado antes con el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández, dice haber conocido al magnate inmobiliario en un viaje a Davos durante la década del noventa. Pero ese vínculo de lo más estrecho terminó cuando Augusto se sumó al equipo de Emilio Monzó en la Ciudad, durante el último mandato de Macri. El larretismo afirma que fue en 2012 y desde entonces el contacto con Elsztain se interrumpió. Lo mismo aseguran desde IRSA. A un lado y al otro insisten en negar el rol del hermano de Larreta como puente entre las partes. No hace falta intermediación, dicen: el contacto entre el jefe de gobierno y Elsztain es directo y personal.

Socio del Estado nacional en el Banco Hipotecario, dueño de un millón de hectáreas de alta cotización en la Argentina y con una presencia creciente en Israel, el desarrollador inmobiliario vio en el triunfo municipal de Mauricio Macri en 2007 una gran oportunidad para avanzar con sus proyectos truncos. Sin embargo y pese al “compromiso histórico” que el ex presidente asumió con el empresario, nunca hasta hoy el proyecto de Costanera Sur avanzó como quería el zar de los shoppings. Le toca a Larreta, según parece, hacer realidad el anhelo de Elsztain. 

En el camino, el gigante que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es desde la década del noventa la mayor empresa de bienes raíces de la Argentina cedió más de lo que hubiera querido. Salvo que la audiencia pública o la segunda lectura se frustren, el convenio urbanístico que obtuvo media sanción le permitirá a IRSA modificar el tipo de uso del suelo de un predio que sólo tiene autorización para actividades deportivas. A cambio, la desarrolladora de Elsztain se comprometió a ceder el 67 por ciento del predio -41 hectáreas- para que se convierta en un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por un lapso de 10 años. Esta semana, en una entrevista en el programa “Fuego Amigo” de Canal 9, Larreta dijo que lo que IRSA le entregará a la Ciudad será menos: el 50% de los terrenos, unos 35 hectáreas.

Desde la oposición denuncian que la sanción del convenio viola la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Con los dos pasos, responden los defensores del pacto, se cumplirá en los próximos meses. La audiencia, en dos semanas; y el estudio de impacto ambiental, en un plazo estimado de tres o cuatro meses. Donde tampoco hay acuerdo es en la mayoría que se requiere para una ley de este tipo: el convenio se aprobó con la mayoría absoluta pero los críticos del proyecto afirman que corresponde que se vote con la mayoría agravada, dos tercios, lo que haría necesarios 40 votos para su habilitación. Por último, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirman que Larreta le cede a Elsztain la posibilidad de construir torres de aproximadamente 900 mil metros cuadrados, en detrimento de uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad. Sostienen que el impacto ambiental será irreversible y pondrá en riesgo la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno con impactos sonoros, modificación del asoleamiento y afectación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y los vientos.

Desde la empresa aseguran que todavía no hay un proyecto y por ahora solo existe el Masterplan, el código urbanístico habla de capacidad constructiva y le permite a IRSA tanto edificar torres como hacer un desarrollo de mayor extensión y menos altura. 

Quienes impugnan el convenio de la Ciudad con IRSA recuerdan que el predio de la ex Ciudad Deportiva era propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fue donado a Boca, con el objetivo de construir un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados. Con la media sanción de la Legislatura, el valor del suelo se elevará a la enésima potencia. 

DG