La marcha convocada para este jueves por la Central General del Trabajo (CGT) junto a las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) terminará de convertir el debate por la reforma laboral en un conflicto político de alto voltaje para el gobierno de Javier Milei. La concentración está prevista para las 15 en Plaza de Mayo y, según estimaciones sindicales, podría reunir a unas 150 mil personas, en lo que la central obrera ya anticipa como una movilización “muy grande”.

La convocatoria fue creciendo con el correr de los días y sumó a un abanico amplio de actores políticos y sociales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que acompañará la protesta y calificó el proyecto oficial como un retroceso histórico en materia de derechos laborales. También participarán las organizaciones de jubilados que suelen concentrarse los miércoles frente al Congreso, los organismos de derechos humanos —entre ellos H.I.J.O.S.— y, de manera orgánica, los movimientos sociales. La izquierda, en tanto, se movilizará en paralelo con una columna propia que partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y reclamará un paro nacional y un plan de lucha permanente, una instancia que por ahora la conducción cegetista evita formalizar.

La decisión de salir a la calle se tomó pese a que el Gobierno introdujo cambios en el texto original de la reforma. La CGT logró que se retirara el artículo que eliminaba de manera directa las denominadas cuotas solidarias, un golpe financiero que hubiera escalado el conflicto. La semana pasada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había asegurado que cualquier reforma sindical quedaría para una “segunda ley”.

Sin embargo, el resto del articulado del proyecto mantuvo ejes que los gremios consideran regresivos: abaratamiento de despidos, flexibilización de la jornada laboral, debilitamiento de los convenios colectivos, eliminación de la ultraactividad, prioridad de los convenios por empresa, restricciones al derecho de huelga y ausencia de políticas reales para reducir la informalidad.

La central obrera eligió tensar sin romper. Convocó a una movilización masiva, endureció el discurso y amplió el arco de adhesiones políticas y sociales, pero evitó por ahora llamar a un paro general. La conducción mantiene abierta la lectura del texto definitivo y no descarta volver a mover fichas cuando el proyecto avance en el Congreso. En ese delicado equilibrio se inscribe la ausencia de Gerardo Martínez en la presentación del informe del Consejo de Mayo, un gesto que en el mundo gremial fue leído como una señal de desgaste del canal de diálogo con la Casa Rosada, más allá de los intentos oficiales por minimizar el episodio.

Detrás de ese cortocircuito quedó expuesta una pulseada interna en el oficialismo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, empujó hasta último momento un paquete más disruptivo, que incluía avanzar sin concesiones sobre el financiamiento sindical como símbolo de ruptura con el modelo gremial tradicional. Del otro lado, el ala política del Gobierno advirtió que abrir ese frente podía poner en riesgo la aprobación de la reforma en el Senado y optó por priorizar la gobernabilidad legislativa antes que una confrontación total.

Reclamos abiertos

Este miércoles, en la Cámara alta, la CGT participó finalmente del debate por la “modernización laboral” en el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, una reunión atravesada por el escándalo y las tensiones entre oficialismo y oposición. Desde la central obrera habían avisado en un primer momento que no se sentarían a discutir el proyecto hasta después de la marcha. Sin embargo, al mediodía de ayer la agenda cambió y los representantes sindicales terminaron asistiendo a la comisión, en una señal de que la presión callejera convive con la disputa parlamentaria.

Desde los movimientos sociales, el tono es sensiblemente más confrontativo. Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la UTEP e integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social, calificó el proyecto como una “reforma esclavista” y sostuvo que “la esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”. Según Castro, la iniciativa “es anti-justicia social, quita derechos sagrados para las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”.

En paralelo, el Gobierno trabaja para que la jornada de este jueves no derive en un escenario de confrontación directa. Desde el Ministerio de Seguridad, ahora encabezado por Alejandra Monteoliva, aseguran que se aplicará el protocolo anti-piquete y que el operativo será coordinado con la Ciudad, priorizando evitar choques y escenas de tensión, en una marcha que el propio oficialismo admite como políticamente sensible, tanto por su volumen como por el momento en que se produce.

Para la CGT, las CTA y los movimientos sociales, en cambio, la movilización no clausura el conflicto sino que lo inaugura en una nueva fase. Sin paro por ahora, pero con la amenaza latente de escalar el plan de lucha si la reforma avanza sin cambios sustanciales, la calle vuelve a ser el escenario elegido para marcar un límite al Gobierno y condicionar una iniciativa que, sostienen, pone en juego derechos conquistados.

PL/CRM

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó este martes una sentencia que obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a reanudar la provisión de alimentos a comedores comunitarios. Se trata de una nueva derrota judicial para el Gobierno de Javier Milei en el frente social: ya son 12 los jueces federales que cuestionaron legalmente el recorte de la asistencia alimentaria implementado por la gestión libertaria.

El fallo, que responde a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con el respaldo del CELS y el abogado y dirigente social Juan Grabois, sostiene que el Estado no puede suspender de manera arbitraria la distribución de alimentos sin vulnerar derechos constitucionales fundamentales. La Cámara —integrada por los magistrados Sergio Gustavo Fernández, Jorge Eduardo Morán y Susana María Mellid— enfatizó la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.

Pese a las reiteradas decisiones judiciales en su contra, el Ministerio sigue sin acatar plenamente los fallos. Las organizaciones denuncian que el desmantelamiento de programas sociales continúa, en medio de una creciente emergencia alimentaria.

Además, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 volvió a intimar a la cartera de Pettovello a incluir en el reparto de alimentos a 53 comedores populares más. La orden se suma a una medida anterior que había dispuesto abastecer a otros 66 espacios comunitarios, lo que eleva a más de un centenar los puntos de asistencia que deben ser reincorporados a los esquemas oficiales.

Desde la UTEP y otras organizaciones sociales aseguran que persistirán en el camino judicial frente a lo que definen como una política deliberada de desprotección social. El caso, además, ya fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MM

Esta mañana tuvo lugar una nueva jornada de la Pastoral Judicial en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, que asiste con techo y comida a más de 1.500 personas. En el encuento, promovido por Monseñor Oscar Ojea, participaron referentes judiciales de diferentes extracciones -el procurador bonaerense Julio Conte Grand, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma y el histórico dirigente gremial de los Judiciales Julio Piumato, entre otros-, quienes tuvieron una visión de primera mano de muchas de las preocupaciones que atraviesan en este momento a los barrios populares, como la baja de la edad de imputabilidad, el hambre y el avance del narco ante la ausencia del Estado.

Reeditando los encuentros llevados a cabo en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, una amplia gama de jueces, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias.

Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.

La agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.

Abrió el encuentro el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó que: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016”.

Luego, tomó la palabra Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró que: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a  la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”. En ese contexto, agregó que: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”.

También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que: “desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.

Por su parte, el juez Slokar expresó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y concluyó: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Para cerrar el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Ojea  explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios “Sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”. El obispo luego hizo un llamado de atención a los medios de comunicación: “Parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores... Debemos ver la película entera de esas vidas, para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”, concluyó.

DM

La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales realizarán este miércoles una marcha por San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que sumará la participación de sectores de izquierda como el Polo Obrero e incluirá un acto en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento crítico hacia el Gobierno de Javier Milei.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los sindicatos de las tres centrales junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como “cayetanos”, confluirán en Plaza de Mayo, donde desde las 13 habrá un acto para denunciar “la emergencia alimentaria, social y laboral”.

Desde 2016, en los años de la gestión de Mauricio Macri, la marcha se viene realizando todos los 7 de agosto, día en que se homenajea al patrono del pan y el trabajo, cuando los sindicatos y movimientos sociales convocaban masivamente con tono crítico.

Posteriormente bajaron el perfil en la etapa de Alberto Fernández, con una postura oficialista, y ahora retomaron la convocatoria para protestar contra las políticas de la administración de Javier Milei. .

También asistirán el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, Madres de Plaza de Mayo, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina.

Desde las 8 se hará en el santuario de San Cayetano del barrio de Liniers una ceremonia religiosa encabezada por Jorge García Cuerva, arzobispo porteño, y Gustavo Carrara, vicario general y obispo villero, y una posterior bendición de herramientas de la UTEP.

A las 10, la peregrinación partirá de Cuzco y Avenida Rivadavia, y descenderá por esa arteria hasta ingresar por Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo.

“Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tiene que rebuscar para llevar el pan a la mesa”, sostuvo el cotitular de la CGT Héctor Daer en una conferencia de prensa conjunta que brindó este lunes en la sede de la central en la calle Azopardo.

Este año la marcha se produce en medio de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno de Milei sobre presuntas irregularidades de las organizaciones sociales en el manejo y reparto de planes y fondos. .

En ese marco, la UTEP, sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, denunció que enfrentan “la ”persecución“ del Gobierno y un ”ataque a las y los trabajadores en su conjunto“.

Los cortes de calles

Distintos cortes de tránsito se implementarán este miércoles en el barrio porteño de Liniers con motivo de la celebración de San Cayetano, el patrono del pan, la salud y el trabajo.

Desde hace unos días hay en el lugar cuadras de filas de los religiosos que se acercaron al Santuario de San Cayetano para pedir y agradecer, al tiempo que la misa central está prevista para las 11.

Los fieles acudieron a la parroquia con sillas y reposeras para “asegurar sus lugares” con el objetivo de disfrutar el festejo con mayor comodidad.

En este sentido, el tránsito se verá afectado por el evento y habrá distintos cortes totales en la zona.

La calle Bynon será cortada en los cruces con Casco, Gallardo y Gana, mientras que Amadeo Jacques también en la intersección con las calles Bueras y Gana, barrio porteño de Liniers, informaron fuentes del Gobierno porteño.

La Plaza de Mayo, vallada

El Gobierno nacional se prepara para la movilización por el día de San Cayetano que encabezarán movimientos sociales, gremios y partidos políticos este miércoles bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Para eso, se dispuso de un vallado en la Plaza de Mayo a la altura de Balcarce, aislando así a la Casa Rosada del escenario final de la protesta.

Lo cierto es que desde temprano cientos de efectivos policiales ubicaban el vallado preventivo a lo largo de la plaza para cercar el ingreso al Palacio de Gobierno y evitar que los manifestantes se acerquen al perímetro.

La Casa Militar dispuso algunas unidades de contención y brigadas de investigaciones que se suman al refuerzo de la Superintendencia de Seguridad y la custodia del lugar.

Adorni: “Algunos dirigentes sindicales tienen un rechazo récord en la historia argentina”

El martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló acerca de la manifestación coordinada desde el barrio porteño de Liniers, al sostener que la peregrinación “debe limitarse a una cuestión estrictamente de fe o religiosa y que no se tiene que entremezclar la política”.

“Evidentemente algunos dirigentes sindicales que tienen un rechazo récord en la historia argentina están probando nuevos métodos para lograr un poco de aceptación”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, amplió: “Cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Si creen que son mejores representantes por concurrir a una manifestación religiosa y de fe, que lo hagan, pero siempre respetando al que realmente va por sus creencias y por la propia fe”.

Ante la participación de los triunviros de la CGT, Adorni ironizó: “Hace muchas décadas que no necesitan ir a San Cayetano”.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones sociales de todas las tendencias políticas volverán a las calles este miércoles 7 de Agosto, en el marco de la tradicional celebración católica de San Cayetano, el Santo Patrono del Trabajo, en una concentración que unificará los reclamos ante las políticas económicas que aplica el gobierno de Javier Milei, que impulsa causas judiciales contra los dirigentes de varias agrupaciones y mantiene su decisión de no entregar alimentos a los comedores y merenderos populares.

Desde el peronismo y el cristianismo social, hasta la izquierda, los movimientos sociales confluirán en esta manifestación bajo la consigna de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, que supo impulsar el Papa Francisco. Más allá de los matices que las distinguen, los integrantes de las organizaciones pretenden que la movilización marque el inicio de un camino de acción para los próximos meses, frente a un escenario en el cual pueden agudizarse cuestiones como la pobreza, la desigualdad y la desocupación. 

La celebración comenzará en la Iglesia de San Cayetano a las 8.30, en Cuzco 150 del barrio de Liniers, donde habrá una bendición de “herramientas del trabajo” y luego se dará inicio a una peregrinación que encabezará el movimiento “Misioneros de Francisco” hacia Plaza de Mayo, donde confluirán con columnas de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero y la Unidad Piquetera. Además, se sumarán la CGT, las dos CTA, agrupaciones políticas, el movimiento de Iglesias Evangélicas, asociaciones que nuclean a las Pymes y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  

La peregrinación discurrirá hasta el centro porteño por la Avenida Rivadavia y constituirá también un desafío para el denominado “protocolo antipiquetes” que diseñó el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “La idea es que la peregrinación vaya por una parte de la ciudad y luego nos vamos a sumar desde las organizaciones para confluir todos en Plaza de Mayo. No queremos que se generen hechos de represión como los que sufrimos en otras manifestaciones”, señaló a elDiaioAR una fuente que integra una de las organizaciones sociales que participará de la marcha.

La idea de realizar una gran manifestación que discurriera desde Liniers a la histórica Plaza de Mayo fue desestimada por sectores de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que temen que se produzcan situaciones de violencia.

“Estamos en un contexto de agravamiento de los problemas sociales y es una situación que tenemos que visibilizar cuando se incrementan la pobreza, la indigencia y el desempleo. Estamos recibiendo cada vez más gente en los comedores de los barrios. La olla se hace cada vez más grande y tenemos que llenarla para asistir a los desocupados, los jubilados e incluso los que tienen trabajo y no llegan a fin de mes”, contó a elDiarioAR Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Los reclamos de las organizaciones incluyen la regularización de la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, que se resiste a normalizar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales, pese a los tres fallos judiciales que le ordenaron a la cartera normalizar la provisión de la comida que acopia en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.

“No nos entregaron más alimentos desde que comenzó la gestión de este gobierno y la situación está cada vez más difícil. Cada vez son más los que viene a los comedores”, afirmó a este medio Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur.     

Tras los reveses que sufrió en la justicia federal, el Gobierno decidió tercerizar la entrega de alimentos en la Fundación Conin, que lidera el médico Abel Albino, un médico de públicas posturas antiabortistas que centra su actividad en la provincia de Mendoza. Mientras tanto, Capital Humano anunció su intención de llevar hasta la Corte Suprema su apelación contra la entrega de los alimentos que retiene. 

“Parece que después, van a querer ir hasta la ONU para no darles los alimentos a los comedores”, ironizó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Esta organización que en los últimos días quedó esta semana en el centro de la escena, luego que el juez federal Sebastián Casanello, procesara a varios de sus militantes –Belliboni incluido— por haber presentado facturas con datos falsos en las rendiciones de cuentas de fondos del programa Potenciar Trabajo.

Casanello basó su resolución en la supuesta existencia de una empresa fantasma: la editorial Rumbos, que pertenece al Partido Obrero y funcionaría como una caja política. Desde la agrupación, aseguran, en cambio, que se trata de una editorial que existe y publicó numerosos libros y revistas sobre marxismo.

“Es una causa que se armó con llamadas anónimas a la línea 134 y la mayoría de los testimonios fueron desestimados. Se trata de una maniobra de persecución orquestada por Bullrich. Es una medida que Casanello dictó sin concedernos una ampliación de la indagatoria”, afirmó Belliboni.

La de Casanello no es la única causa que se sigue en la Justicia Federal contra las organizaciones sociales. El magistrado Luis Armella ordenó el mes pasado allanamientos a sedes de comedores populares con la Prefectura Naval en busca de alimentos vencidos. “Nos allanaron varios comedores en Florencio Varela, y no encontraron nada”, aseguró Saravia.

Además, el juez federal Ariel Lijo --propuesto por el Gobierno para ocupar una bacante en la Corte Suprema— lleva también una investigación sobre presuntas extorsiones de dirigentes sociales a beneficiarios de programas para que concurrieran a marchas. La causa también se basa en denuncias hechas a la línea 134 habilitada por Bullrich en junio pasado, Lijo ordenó 14 allanamientos y se secuestraron varios celulares.

“Son estrategias que buscan amedrentar y desmovilizarnos en un contexto de incremento de la miseria y la represión que ordena Bullrich”, consideró Belliboni.

La del miércoles será la primera gran movilización que se llevará a cabo tras la represión a las protestas que se dieron cita en Plaza Congreso en pasado 12 de junio, cuando se aprobó en el Senado la Ley Bases. Más de 30 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en esa jornada por cargos de “terrorismo y sedición”, que fueron formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli. 

La jueza María Servini ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos, pero aún continúan encarcelados Daniela Calarco Arredondo y Roberto María de la Cruz Gómez, cuyas liberaciones serán parte de las demandas que las organizaciones sociales plantearán en esta movilización de San Cayetano.

“La represión y las causas sociales son una forma de meter miedo e inmovilizar. Hay temor entre nuestros militantes, pero también hay convicción. Hace meses que estamos trabajando en los territorios con otras organizaciones y montando ollas populares. El miércoles vamos a marchar todos juntos y vamos a seguir así”, sostuvo Saravia.

Por su parte, Belliboni aspira al lanzamiento de “un plan de lucha que también involucre a la CGT y a las dos CTA. Es lo que tenemos que discutir con todas las organizaciones después del 7 de agosto. No queremos quedarnos solamente en lo religioso”.

Las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron la primera marcha de San Cayetano el 7 de agosto de 2016. Ese conjunto de agrupaciones y sus dirigentes –entre los que estaban Juan Grabois, Juan Carlos Alderete, Emilio Pérsico y Esteban Castro, entre otros–, fueron bautizados como “los cayetanos” y reconocidos por su alineamiento con los postulados de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” que promueve el papa Francisco. 

“Esta vez la convocatoria se amplía porque tenemos que darle visibilidad a la situación que estamos viviendo en los barrios y en toda Argentina. Entendemos que no se puede separar la fe de la lucha y de la vida. Por eso, vamos a expresar la unidad de la fe y la lucha. Son cosas que no se pueden desvincular”, remarcó al elDiarioAR Esteban Castro, referente del Movimiento Evita y primer secretario general de la UTEP que el miércoles peregrinará y marchará hacia Plaza de Mayo.

“La solidaridad de la gente en nuestros barrios se profundiza en los tiempos duros. Eso ya lo vivimos y es algo que está pasando de nuevo. Tenemos que movilizarnos con ese ejemplo, pese a la estigmatización y el miedo que nos quieren meter”, puntualizó Castro.      LC/MG         

En una muestra más del aggiornamento al que se ve obligada, la CGT decidió este jueves romper relaciones con el Gobierno, retirarse del “diálogo social” con los empresarios por el Consejo de Mayo y acompañar a los movimientos sociales a la marcha a San Cayetano que se hará el 7 de agosto.

Así lo decidieron los jefes gremiales en una reunión del Consejo Directivo que se hizo por la tarde en la sede de Azopardo 810 y que se extendió por unas tres horas, durante las cuales los sindicalistas hicieron un descargo por la situación que los inquieta y que también los divide: cómo sentar una posición que sea efectiva ante el gobierno de Javier Milei.

Participaron todos: los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, y representantes de distintos sectores como los “dialoguistas” Andrés Rodríoguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguro), el moyanista Omar Plaini (Canillitas) y el “independiente” Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.

Si bien hasta el momento habían primado las intenciones de mantener el diálogo, esta vez se impuso el ala dura que representa Pablo Moyano y, por eso, la central definió que cortará línea con el Gobierno y no asistirá a la reunión tripartita a la que los había convocado para el miércoles próximo el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Tras la sanción de la ley Bases, que había dejado disconforme a la CGT, el Gobierno de Milei lanzó el Consejo de Mayo, una suerte de órgano destinado a plasmar en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado con los gobernadores y al que habían invitado a la CGT. Disciplinados, los dirigentes asistieron la semana pasada a una reunión con Cordero en la sede del ex Ministerio de Trabajo, y este miércoles había sido el turno de los empresarios, con el influyente “Grupo de los 6” a la cabeza.

Pero ahora algo se cortó y la CGT no asistirá al encuentro organizado para las tres partes.  “El Gobierno no ha dado una respuesta positiva dos temas que para nosotros eran fundamentales: el Impuesto a las Ganancias y que se retirara la apelación al fallo del capítulo laboral del DNU 70/23”, explicó Daer, tras la reunión, en conferencia de prensa, donde estuvo flanqueado por los triunviros Moyano y Acuña.

En efecto, la central había llevado a la reunión con Cordero esos dos reclamos: que se modificara la aplicación de Ganancias para la cuarta categoría, que el Gobierno restituyó con la ley Bases para que volviera a alcanzar a los salarios de 1,8 millones de pesos, por un lado, y que se retirara la apelación en tribunales al fallo que en el verano había tumbado el capítulo laboral del mega DNU de Milei.

“No estamos dispuestos a sentarnos en un mesa tripartita cuando habíamos quedado en discutir la reglamentación, y el Gobierno este miércoles reglamentó la figura de que un independiente puede tener tres colaboradores, a los que llama independientes, y que tienen que ir al monotributo”, agregó Daer, en referencia a otro de los puntos discutidos de la ley Bases.

La CGT rechaza ese cambio en el sistema laboral que implica, por ejemplo, que “un empleado con tres colaboradores puede ser un importador de aviones, y esos tres colaboradores no estarán nunca en relación de dependencia, sino que los mandan por fuera de la ley de contrato de trabajo al monotributo, sin precisar en ningún momento cuáles son los límites de utilización”, explicó Daer.

La decepción de la central obrera también tiene que ver con el escaso poder de Cordero en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Dirigentes de la cúpula cegetista señalaron ante elDiarioAr que el funcionario no tiene voz ni voto en las filas libertarias y que por eso no lo reconocen como interlocutor. Ese escenario tal vez explique el fracaso de las negociaciones.

La letra chica

Daer también señaló este jueves que la CGT espera detalles sobre la reglamentación del artículo 242 de la reforma laboral, que es el que establece el despido por “injuria grave”, una categoría donde se incluyen “acciones sindicales” como bloqueos o movilizaciones. “Es un artículo que está muy mal escrito aparte de lo nocivo que es”, acusó Daer. Una discusión que, además de técnica, es literaria.

“Lo que sí queremos discutir es cómo generamos empleo y subimos el salario”, subrayó el dirigente, que anticipó que habrá un plenario de secretarios generales de la CGT y de las regionales de la central obrera para oficializar y comunicar las medidas decididas por el Consejo Directivo.

La pulseada por Ganancias y el caso de Neuquén

En materia de la puja por Ganancias, Daer aclaró que la central todavía se reserva la posibilidad de accionar de manera “colectiva”, “pluri-individual” o “individual” ante la Justicia con el argumento de que la restitución de ese tributo no contó con el aval de las dos cámaras del Congreso, tras el rechazo del Senado, donde hay mayoría peronista.

Los trabajadores ya tuvieron al respecto un caso a favor: en Neuquén, la Justicia falló este jueves a favor de una cautelar de los estatales de ATE y dispuso suspender la aplicación de Ganancias para la cuarta categoría. Así, la jueza local María Victoria Bacci ordenó a la provincia respetar las normas sobre convenios colectivos de trabajo hasta resolver la cuestión de fondo y convocó al Estado nacional a llegar a un acuerdo.

Confluencia en la calle

En clave política, la CGT cristalizó este jueves su alianza con los movimientos sociales al sumarse a la manifestación que se hará por San Cayetano en Plaza de Mayo, una fecha en la que durante los años del macrismo se escenificaron fuertes postales de resistencia popular. “No sé si ‘acompañar’ es el término”, dudó Daer, al admitir que un gigante como la central obrera no puede plegarse a la manifestación inorgánica de los movimientos sociales, aunque en los hechos así sea.

El año pasado, las nuevas autoridades del Movimiento Evita habían asumido sus cargos en el tradicional salón Felipe Vallese de la CGT, lo que daba cuenta de la buena sintonía entre ambos sectores. En efecto, muchos sindicalistas pujan por sumar a las organizaciones sociales al esquema oficial de la central. Esa es la postura del ala combativa que representan Pablo Moyano y gremios como La Bancaria, SMATA y la UOM, entre otros. Un sector que en la reunión de este jueves empezó a conducir a “Los Gordos” hacia un nuevo puerto.

DM/NP

Organizaciones sociales realizan este martes una jornada nacional de lucha con cortes y movilizaciones en todo el país, incluida una protesta frente a la Quinta de Olivos, que generó momentos de tensión con la Gendarmería, que frenó la movilización a metros de la Residencia de Javier Milei.

El objetivo de la medida de fuerza es repudiar “el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” por falta de alimentos.

“Denunciamos el desguace del programa Potenciar trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones”, señalaron los organizadores, que apuntaron contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una de las columnas de manifestantes se congregó a partir de las 10 en Puente Saavedra para marchar rumbo a la Quinta de Olivos. Cerca de las 12 del mediodía, un cordón policial de la Gendarmería avanzó contra los manifestantes para intentarlos llevar hacia la zona del Metrobús para tratar de liberar la avenida Maipú y se vivieron momentos de tensión.

La protesta generó demoras en el tránsito debido a los cortes, y la presencia policial fue reforzada para evitar que las columnas llegaran a la residencia presidencial. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes, ubicados a tan solo tres cuadras de la residencia presidencial, comenzaron a quemar neumáticos en la Avenida Maipú. La Policía Federal, en coordinación con Gendarmería, estableció un fuerte operativo para evitar que las columnas llegaran a la Quinta de Olivos, lo que generó un clima de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Algunas de las agrupaciones sociales que se movilizan serán la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD-Aníbal Verón, MRP, FOB, entre otras.

Ante las marchas anunciadas, las Fuerzas de Seguridad volvieron a aplicar el protocolo antipiquetes para intentar evitar que los manifestantes corten calles, rutas o accesos.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ironizó ante el jefe del operativo sobre si Olivos había sido declarado como “zona militar”, debido a la fuerte presencia de uniformados.

En medio de las negociaciones entre los piqueteros y las autoridades policiales, surgió la posibilidad de que los manifestantes puedan ser recibidos por el intendente de la Quinta de Olivos, algo que fue cuestionado por las agrupaciones sociales por no tratarse de un funcionario político con poder de decisión.

“Queremos marchar a la Quinta de Olivos para entregar un petitorio y reclamar una reunión y otra vez tenemos un dispositivo en territorio bonaerense aplicando el protocolo”, se quejó Belliboni.

Con información de agencias.

IG

El dirigente social y exfuncionario Emilio Pérsico salió este lunes a responder la denuncia que presentará en su contra el Gobierno y sostuvo que se trata de un expediente que ya tuvo “curso legal porque lo había presentado la Coalición Cívica” y que en 2019 “ya fue desestimado”.

“Es una denuncia que ya tiene curso legal, ya la había hecho la Coalición Cívica. Empieza por un expediente que venía del gobierno anterior y que yo firmo y cometo un error al firmarlo porque era el expediente de una cooperativa de la que yo había sido parte un año antes, pero ya había renunciado. Pensaba que no había problema porque fue un año antes y la nueva reglamentación hablaba de tres años”, explicó Pérsico en declaraciones a Radio Splendid.

“Apenas pasó eso, me presenté en la Oficina Anticorrupción y me dijeron como tenia que salir de ese error, que yo reconocí, y para mí ahí terminó. Fue apenas llegamos al gobierno (de Alberto Fernández)”, continuó.

Al respecto, Pérsico dijo que la denuncia que presentará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene un trasfondo político y la vinculó a que en la misma jornada las organizaciones sociales hicieron un “piquetazo” contra el gobierno de Javier Milei.

“Esto que era del 2019 aparece ahora de nuevo porque hoy hubo cortes de ruta. Esta denuncia ya está desestimada. Mi abogada me dijo esto ya está, no hay nada”, insistió el dirigente.

“Se va a hacer otra denuncia y va a volver a dar que no hay nada. Ahora lo que hicieron fue agregar otra cooperativa. Dicen que La Patriada no hizo las obras, pero vamos a demostrar que se hicieron”, concluyó.

MM con información de la agencia NA.

Organizaciones y movimientos sociales de todos los sectores políticos se reunieron hoy y acordaron llevar a cabo una gran jornada de reclamo contra los recortes en los comedores y la falta de pago del programa Potenciar Trabajo de marzo. La protesta será el 12 de marzo y tendrá alcance nacional. Habrá cortes de rutas y bloqueos de los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuentes cercanas a los movimientos aseguraron que será una jornada muy importante. El centro de los bloqueos sería Puente Pueyrredón.

“Denunciamos la decisión del Gobierno nacional y la ministra Pettovello de no pagar el Potenciar Trabajo a más de un millón de personas y nos declaramos en estado de alerta. Si no se efectúa el pago tomaremos medidas de fuerza para defender el ingreso de las y los trabajadores”, dijeron desde Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Por otra parte, ayer el dirigente de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo: “Tenemos que hacer un gran plan de lucha de todos los trabajadores y una huelga general para derrotar el plan Milei que es un plan antiobrero y criminal”.

Con el objetivo de reducir la injerencia de las unidades de gestión, que controlan las tareas que realizan los beneficiarios y que, en muchos casos, están vinculadas con las organizaciones sociales, Javier Milei decidió eliminar el plan Potenciar Trabajo y, en su reemplazo, crear dos nuevos planes sociales, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, según informaron fuentes oficiales.

Los actuales beneficiarios del Potenciar Trabajo se reagruparán en estos dos planes sociales nuevos, con el fin de que obtengan más rápidamente un empleo formal.

MM

La puja entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional por la asistencia estatal no merma. Desde las 11 se realiza una nueva concentración en reclamo a equiparar el Salario Mínimo, Vital y Móvil al costo de la Canasta Básica que alcanzó los $596.823 en enero. 

La sede de las protestas y manifestaciones es la Secretaría de Trabajo, ubicada en Leandro Alem 650, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. 

La convocatoria está a cargo de cocineras y coordinadoras de comedores populares, con la adhesión de distintas agrupaciones de izquierda, entre ellas, Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). 

La denuncia penal al presidente Milei

El titular de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, encabezará hoy una conferencia de prensa para informar la denuncia penal presentada contra el presidente Javier Milei por incitación a la violencia e intimidación pública.

Acompañado por abogados y dirigentes políticos, Belliboni presentará formalmente ante la Justicia Federal la denuncia penal, luego de haber enviado una intimación por carta documento.

Motorizó la acción penal el video compartido por el mandatario en el que se lo veía personificado como “Terminator” detectando “enemigos” sindicalistas, diputados y gobernadores. El clip hace especial mención a Belliboni y, desde la izquierda, consideran que es “una incitación al delito y una intimidación pública inaceptable legal y políticamente”.

“En el País en el que han sido asesinados Kosteki y Santillan, Fuentealba, Mariano Ferreyra y que la propia vicepresidente CFK sufrió un atentado criminal, no se puede tomar a la ligera amenazas desde la primera magistratura. Responsabilizamos por cualquier atendido o agresión que sufran los dirigentes sociales y políticos como autor intelectual al presidente Milei”, argumentó el dirigente del Polo Obrero.

MM

Con información de la agencia NA.

Los movimientos sociales, peronistas, de izquierda e independientes, se reunirán el próximo lunes por la tarde para anunciar la realización de un plan de lucha nacional, previsto para el próximo jueves, en una jornada de protestas que incluirá movilizaciones, en reclamo por la “falta de alimentos y la emergencia alimentaria” en los comedores comunitarios, informaron voceros gremiales.

El encuentro se desarrollará el lunes a las 14, en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), ubicada en Pedro Echagüe 1235, en el barrio porteño de Constitución, confirmaron a esta agencia voceros del sector.

“Está confirmada para el próximo lunes la reunión de todos los movimientos sociales, del amplio espectro de las organizaciones, para anunciar para el jueves la realización de una jornada nacional de protestas, con el eje de la emergencia alimentaria”, anticiparonvarios dirigentes piqueteros que participarán del encuentro.

En ese marco, adelantaron que el lunes se “confirmarán” distintos aspectos de la jornada de protestas para del próximo jueves que “incluirá movilizaciones a supermercados, reclamos a la COPAL (la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), ollas populares, y entrega de petitorios en dependencias de los Gobiernos Nacionales, provinciales y municipales”.

Además de las organizaciones sociales y políticas de la UTEP, -Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Somos Barrios de Pie- participarán referentes de el Movimiento Libres del Sur; del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

Con información de agencias.

MM

El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, intimó hoy al Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) a abonar casi 40 millones y medio de pesos en concepto de “pago solidario” por “los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre para que cesaran actos ilegítimos y mantener el orden”.

Ese día la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y varios movimientos sociales se movilizaron hacia el Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.

“En virtud de las Resoluciones 943 y 949/23 y varios informes se determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que intimo al sindicato camionero al pago solidario de 40.419.227,56 pesos en el plazo de 10 días hábiles”, afirmó Siracusa.

El funcionario de la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich sostuvo que el gremio deberá abonar ese “pago solidario” en “el plazo perentorio de 10 días hábiles luego de recepcionada esta carta-documento”, que envió ayer a través del Correo Argentino.

“El pago deberá realizarse en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos de ese día en miras de mantener el orden público”, dijo Siracusa, quien advirtió que si no se cumple “se iniciarán acciones legales pertinentes”.

En la misiva al gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, el funcionario afirmó que el pago solidario obedece a la necesidad de cubrir “los gastos producidos el 27 de diciembre” por las organizaciones que participaron “total o parcialmente en la interrupción del tránsito”.

Además, Siracusa mencionó entre otras organizaciones que participaron en esa protesta frente a Tribunales a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y a la Izquierda Socialista.

También responsabilizó por el corte del tránsito vehicular a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), ambas CTA, Conadu Histórica y el Sipreba.

MM

Con información de la agencia Télam.

La justicia laboral rechazó hoy el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el DNU de Javier Milei.

El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet rechazó la presentación de la central de los trabajadores aunque hay otras tantas presentadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal. 

“Desestimar la medida cautelar ”interina“ solicitada por la parte actora y  correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver”, resolvió el juzgado.

“Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones ”graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia“, valoró el juzgado

“Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, agregó.

“Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”, advirtió el magistrado en la primera medida cautelar que se conoce sobre el DNU de Milei.

Además, valoró que por la “enorme trascendencia y afectación de distintos derechos que el DNU 70/23 traería aparejado, y toda vez que, hasta el momento del dictado de la presente resolución, no se vislumbra que pueda constituirse la Comisión Bicameral, y que, además, el plazo constitucional para que el jefe de gabinete eleve a consideración dicha Comisión es de 10 días mientras que la entrada en vigencia de la norma cuestionada sería a los 8 días de su publicación, resulta obvia la necesidad de que sea tratada en forma rápida”.

Si bien el juez no entra en el análisis del DNU sí dice que según su criterio los planteos varios no deben ser acumulados en un sólo juzgado porque todos son reclamos variados. 

“No se me escapa que la declaración de invalidez de la norma que pudiera dictarse en alguno de los procesos colectivos iniciados, tornaría abstracto cualquier pronunciamiento posterior, pero hasta que ello no ocurra y dado que la presente acción no ha sido iniciada como una ”colectiva“, sino por la representación que invoca la Confederación General del Trabajo respecto de todos los trabajadores en los términos más arriba expuestos, razones de celeridad aconsejan que la causa tramite como fue planteada ante este Fuero”, dijo el juez.

Así si bien el juzgado rechazó la cautelar sí siguió el procedimiento habitual y pidió informe al Gobierno para que realice un descargo, luego de lo cual seguirá el proceso pero no bajo la lógica de una cautelar de pronta resolución. No obstante, el fallo de Ramonet puede ser apelado a la Cámara Nacional del Trabajo por la CGT. 

MM

Información de Noticias Argentinas

Nucleados en el bloque de Unidad Piquetera y el Polo Obrero los movimientos sociales realizaron este miércoles la primera manifestación que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La razón fue conmemorar un nuevo aniversario del estallido social que terminó con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa en diciembre 2001.

La movilización tuvo como antesala la amenaza que lanzó el Gobierno de regir las protestas con un nuevo protocolo, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al anuncio le siguió la advertencia de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cortar el beneficio de los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones. El combo terminó poniendo a las organizaciones sociales en estado de alerta. 

Las organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) se desconcentraron a partir de las 18 de este martes de la Plaza de Mayo, después de haber protagonizado una movilización contra el ajuste dispuesto por el gobierno de Javier Milei (fue la primera marcha de su gestión presidencial, que lleva tan sólo 10 días) y en conmemoración de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. El retiro de los manifestantes se produjo pacíficamente, por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur, que desembocan en la Plaza de Mayo, al cabo de una jornada de máxima tensión por el debut del “protocolo antipiquetes” que había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el fin de reprimir la protesta social para impedir los cortes de tránsito que, de todas maneras, sí se produjeron. Afortunadamente, no se registraron incidentes de gravedad, a pesar de que en algunos momentos de la marcha la policía reprimió a algunas personas.

Una jornada de máxima tensión

Sobre la vereda, en la esquina, en una plazoleta, la primera movilización contra Javier Milei esperaba la hora indicada para saltar a la calle. Cierta tensión recorría el nutrido grupo de manifestantes del Polo Obrero apostado en las inmediaciones del cruce de avenida Belgrano y Diagonal Sur, aún sin cortar la calzada que dirige a la Plaza de Mayo. Agentes de tránsito de la Ciudad, por su parte, hacían custodia a la distancia mientras la Infantería motorizada recorría la zona de manera permanente. Eran unas cincuenta motos negras con dos policías a bordo.

Un par de horas antes de la llega a Plaza de Mayo, que se produjo a partir de las 16.30 de este miércoles, ya había un millar de personas, que habían llegado desde distintas barriadas porteñas y del conurbano. Había mujeres pero no se veían muchos niños, luego de los insistentes reclamos del Gobierno para que no hubiera menores en la marcha. Entre ellos se mezclaban vendedores ambulantes.

En medio de la política oficial de criminalización de la protesta social, los manifestantes prefirieron no hablar: “Ahí está mi delegada. Fijate con ella”, dijo a elDiarioAR un hombre que llegó desde Ituzaingó. Por teléfono otro manifestante le avisó a un compañero que no llevara banderas: “Sino te van a detener”, le advirtió. El PO dispuso varios fletes para traer sus banderas más grandes. Las desplegaron recién a las 16, horario en que empezó la manifestación y en cuyo trayecto a Plaza de Mayo se produjeron algunos incidentes que, por suerte, no pasaron a mayores. En Diagonal Norte hubo otra: del MST, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La incógnita de esta tarde era cómo haría la policía para cumplir el protocolo antipiquete de los encargados de Seguridad, Patricia Bullrich por la Nación, y Waldo Wolff, por la Ciudad, dispusieron para que no se corten calles y vías de tránsito. “Muy amablemente nos pidió acá el comisario que vayamos por la vereda y la primera mano de la calle. Y si se desmadra que ahí les avisemos”, dijo con cierta ironía la histórica dirigente Vilma Ripoll a este medio, parada delante de una gran bandera del MST en Diagonal Norte y Esmeralda. A su alrededor había una decena de policías porteños. “Acá vamos a ser entre 10 mil y 15 mil personas, no sé cómo piensan hacer”, anticipó.

A último momento la Izquierda había modificado el cronograma de su marcha en repudio al ajuste de Milei y en homenaje al estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001: iban a concentrar en la plaza del Congreso para dirigirse a la Casa Rosada por la avenida de Mayo. “Queremos sortear la provocación del Gobierno y la ministra Bullrich”, argumentaron desde el PO. “No le íbamos a dar el lujo de cortar la 9 de Julio para poder cruzar hacia la plaza y que nos repriman. Ese era el tema que tenía la ministra”, completó Ripoll.

MC/JJD

El protocolo para regular la protesta social que lanzó la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la adventicia de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cortar el beneficio de los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones, puso a las organizaciones sociales en estado de alerta. Las agrupaciones aseguran que además de cercenar derechos constitucionales, el Gobierno no ofrece respuestas concretas sobre obras y provisión de alimentos en un contexto de constantes aumentos de precios. Pese a las advertencias, las organizaciones marcharán hoy a Plaza de Mayo desde las 16.

Nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera y el Polo Obrero los movimientos sociales conmemorarán allí un nuevo aniversario del estallido social que determinó la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa en diciembre 2001.

Será la primera movilizaciones que enfrenta el Gobierno de Javier Milei a apenas diez días de haber asumido la presidencia de la Nación y en un contexto de máxima tensión. Pettovello, afirmó este lunes que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán” los planes sociales y “todo tipo de diálogo” con su cartera. La declaración de la funcionaria sumó tensión en la relación entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales.

Las organizaciones se concentrarán a partir de las 12 en las estaciones Constitución, Retiro y Once que hoy amanecieron con carteles con la amenaza de cortar la asistencia a quien corte calles. Desde allí se movilizarán por las avenidas 9 de Julio, Rivadavia y Leandro N. Alem hacia Plaza de Mayo. También se estima que puede haber concentraciones en los puentes Pueyrredón, La Noria, Saavedra, en las autopistas La Plata, Dellepiane, Acceso Oeste y Ruta 3.

Para las 20, una hora antes de que hable por cadena nacional el Presidente, se convocó a un “ruidoso” en distintos puntos de la Ciudad y el gran Buenos Aires.

“Los anuncios de Petovello están en la misma sintonía que las medidas (del Ministro de Economía, Luis) Caputo y de Bullrich con el protocolo de Seguridad y representan un ataque y amenazas a los trabajadores sociales y a quienes cobran un plan social.Seremos miles los trabajadores que nos vamos a movilizar. Los planes están congelados y no es que los van a dar de baja porque alguien se movilice. Van a desaparecer como producto del proceso inflacionario”, señaló a través de un comunicado, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que se movilizarán mañana a Plaza de Mayo.

Hoy, en comunicación con elDiarioAR, el dirigente agregó: “Si hay Represion, se tendrá que hacer cargo la ministra Bullrich”.

Desde este sector, se denuncia además que “los depósitos de alimentos para comedores populares están vacíos y no hay una perspectiva sobre el cobro del aguinaldo para los trabajadores desocupados”.

En la primera semana del gobierno de Milei hubo contactos entre las organizaciones y los funcionarios de Capital Humano, la cartera que ahora engloba a Educación, Trabajo y Desarrollo Social, el Ministerio que desde los tiempos de Alicia Kirchner administraba el otorgamiento de planes sociales.

Esa cartera quedó subsumida en la Secretaría de Niñez y Familia y el encargado de recibir y oficiar de nexo entre el Ejecutivo y las agrupaciones sociales es Héctor Calvente, actual secretario de Seguridad de San Miguel y vinculado al hombre fuerte de ese distrito, Joaquín de la Torre. 

Los primeros contactos se llevaron a cabo en el piso 14 del edificio ubicado en la intersección de Belgrano y la 9 de Julio, y no dejaron conformes a los integrantes de las organizaciones. 

“No conocen sobre las obras en los barrios populares, que están paradas, y el trabajo en los comedores populares. Además, tenemos problemas con los proveedores, que en medio de la escalada inflacionaria no le quieren vender al Estado hasta que no haya un precio”, señaló en diálogo con elDiarioAR, Marianela Navarro, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En medio de esos contactos, se produjo el anuncio del “protocolo de acción pública” de Bullrich, por el cual se disponen sanciones por movilizar, cortar calles y “financiar” el traslado de los manifestantes a las eventuales protestas como las que hoy tendrán como epicentro a la Plaza de Mayo.

“El protocolo es inconstitucional y los anuncios de Pettovello reafirman una ilegalidad. Es una forma de extorsionar a los beneficiarios de los planes”, remarcó Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie, en diálogo con elDiarioaAR.

Saravia adelantó que acompañarán las presentaciones judiciales que presentaron ante la justicia organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta semana, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el “cese” de su aplicación.

“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, sostuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por medio de un comunicado. 

Entre los solicitantes de esta medida figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Barrios de Pie, el FOL y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) adelantaron que no participarán de la marcha de mañana a Plaza de Mayo, pero comunicaron que realizarán una jornada de lucha el viernes, que incluirá la instalación de ollas populares en varios puntos del país.

El dirigente social Juan Grabois aclaró que no formará parte de la convocatoria de la Unidad Piquetera y del Polo Obrero a Plaza de Mayo, pero confirmó que integrará una comisión que supervisará el accionar de las fuerzas de seguridad durante una convocatoria que sus organizadores estiman que tendrán un carácter multitudinario.

Ante las advertencias oficiales de cortar beneficios y habilitar la línea 134 para habilitar denuncias sobre “los intermediarios” que puedan obligar a los beneficiarios a marchar, las organizaciones interpusieron ante la Justicia Federal un Habeas Corpus Colectivo que lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades políticas y sociales.

Más allá de esta situación de conflicto en el inicio de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, grupos de mujeres, responsables de comedores y merenderos comunitarios, administrados por la organización social Somos Barrios de Pie, solicitaron que Pettovello les conceda una audiencia “ante el delicado cuadro de la situación social del país”.

Ante los constantes aumentos de precios, los refuerzos de la AUH y el Progresar Trabajo dispuestos por el Gobierno, llegarán recién en enero y pueden licuarse rápidamente en medio de la escalada inflacionaria. En este panorama, las próximas semanas serán decisivas para conocer cómo se configura el vínculo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales en medio de esta crisis.

LC/MG

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó hoy un acto con movimientos sociales en el microestadio Malvinas Argentinas e increpó a Juntos por el Cambio por sus cuestionamientos a la modificación de Ganancias. En este sentido, llamó a la oposición a votar en el Congreso a favor de la baja de impuestos para los que menos tienen y mejorar, así, el ingreso de los trabajadores.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el peronismo quiere comprobar si quienes “se llenaron la boca hablando de que en Argentina había que bajar impuestos van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen”.

El lunes, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández envió a la Cámara Baja un proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias, al que se sumó otra iniciativa que busca que “en la canasta básica no se cobre más el IVA ni en leche, carne, frutas, verduras, alimentos y productos de higiene personal y del hogar”.

“No hay impuestos más regresivo e injusto que el IVA, porque lo paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director de una empresa”, sostuvo Massa, quien también recordó la vigencia hasta el 31 de diciembre del programa de devolución de este impuesto sobre la compra de artículos de la canasta básica.

Ante la militancia, dirigentes como Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Fernando “Chino” Navarro, y de la mano de su compañero de fórmula y jefe de gabinete Agustín Rossi, Massa ratificó sus ganas y determinación para ganar las elecciones presidenciales e inaugurar un nuevo Gobierno que incluya a los sectores populares a la economía formal.

Con este objetivo en mente, también anunció que impulsará un programa de “lotes” con servicios para aprovechar las “tierras ociosas” del Estado de modo tal que “ninguna familia tenga que andar como mendigo”.

Con este acto en el microestadio Malvinas Argentinas, las organizaciones sociales que se congregaron para brindar su apoyo a Massa inauguraron la campaña “barrio por barrio” para “defender la patria” en las elecciones generales del 22 de octubre.

ACM con información de agencias.

-¿Qué balance hace de la Plaza del 25 de mayo, en conmemoración a los 20 años del primer triunfo de Néstor Kirchner, y del discurso de Cristina?

-Nos dejó un balance similar a la inmensa mayoría que estuvo en la Plaza. ¿Qué es lo que esperaba la Plaza? Que se dijera su candidatura, porque los que militamos -y la gente también- creemos que, lanzando su candidatura, podía reordenar todo el Frente de Todos, y no había discusión sobre el tema de las candidaturas. Eso abre un espacio de discusión que creo que tenemos que abrir, pero tiene que ser con un análisis a través del cual se diga qué táctica, qué estrategia nos damos para ganar nuevamente la Presidencia.

-¿No alcanzó la movilización para que Cristina aceptara? ¿Qué fue lo que falló? Porque había mucha expectativa en torno justamente al lugar que va a ocupar Cristina…

Sí, hay cuestiones legales también que hay que analizar junto con las políticas. La justicia se entreveró tanto con la política que se tornan medidas políticas y se resuelve desde la política lo que tendría que resolver la justicia. El temor es que, si se presenta como candidata, a lo mejor la misma Corte Suprema de Justicia no la autoriza. O, suponiendo que las elecciones ya pasaron y las ganó, que también la Corte pida invalidarlas. Ése es el riesgo que se corre también, ya lo han hecho con Tucumán y con San Juan.

-En ese sentido la Plaza no alteró el razonamiento de Cristina.

-Aquellos que hemos estado allí en la Plaza esperábamos que se hablara con más profundidad sobre lo que significó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La que tomó el gobierno anterior es una deuda impagable. Nosotros también lo hemos planteado, y yo he votado y fundamentado en contra de ese acuerdo cuando se trató en el Congreso. Ese no era ningún tipo de acuerdo bueno, como algunos querían hacer creer, significaba ajuste en un momento en que nosotros estábamos en medio de la pandemia.

-Sí, es paradójico el escenario, ¿no? Dentro del Frente de Todos hay distintas fuerzas. Es una fuerza muy heterogénea. Pero claro, tenemos un ministro de Economía que tiene el respaldo de la vicepresidenta, pero además sobrecumplió las metas con el Fondo. A fines del año pasado, después de Guzmán, asumió Massa y ajustó por demás, podríamos decir que sobrecumplió con el Fondo. ¿No tiene eco este tipo de planteo? ¿Qué pasa cuando hay algunas fuerzas dentro del Frente de Todos que dicen “hay que endurecerse”?

-Fuimos 28 diputados y diputadas nacionales los que votamos en contra y otros seis los que se abstuvieron en el Frente de Todos. Eso significa que se ha ganado con los votos de Cambiemos, que a Cambiemos le interesaba que ese acuerdo llegara para blanquear esa estafa tremenda que ha hecho con ese endeudamiento el gobierno de Mauricio Macri.

-¿Qué significa para el Frente de Todos que Cristina se quede al margen de la disputa electoral? ¿Cómo se ordena? ¿Hay chances de tener potencia electoral sin Cristina? ¿Cómo ve el escenario hacia adelante del Frente?

-Tenemos que seguir insistiendo, por más que nos lleve horas de discusión, para ponernos de acuerdo y, que, por consenso, salga un candidato, porque es el consenso el que nos puede unificar a todas las fuerzas que integramos el Frente de Todos. Ahora, si hay una Paso, es decir, éstas siempre dejan una interna, siempre dejan heridas que muchas veces cuesta mucho cicatrizar, y no nos alcanza el tiempo porque las elecciones generales son en octubre.

-¿Y cuál puede ser un candidato de consenso?

-Cualquier candidato que salga del Frente de Todos tiene que salir con un programa de gobierno que diga cómo resolver los problemas que está pasando la gente: las pymes, los trabajadores, los jubilados, los que no tienen trabajo. Que se diga qué políticas se van a tomar, cómo van a aplicar ese programa, y, si ese programa en algunos puntos no se puede ejecutar, que sean muy claros con la sociedad diciendo por qué no se puede ejecutar, qué impedimento hay para que no se pueda ejecutar.

Nosotros insistimos en que, si no se recuperan las palancas clave de nuestra economía, es muy difícil que se solucione la crisis con curitas y aspirina. Por lo tanto, decimos que, si sigue en pie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es imposible que nosotros salgamos de esta crisis. Al contrario, nos vamos a hundir más. De acá a fin de año hay que pagar más de 10 mil millones de dólares, no alcanzan las reservas que hay en el Banco Central. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar algunas medidas, y al Fondo, mínimamente, decirle: “Paren, esperen un cacho, porque ustedes también han sido cómplices al otorgar ese préstamo porque nuestro país no estaba en condiciones de recibir esa histórica suma y deuda que contrajo el gobierno anterior”.

- Massa fue en China con una comitiva, con Máximo Kirchner, esperando algún tipo de ayuda financiera, que se amplíe el swap, fortalecer las reservas. Pero también Massa está al mismo tiempo pidiendo que el Fondo adelante los desembolsos. ¿Eso sería un buen camino para el gobierno del Frente de Todos: lograr que el Fondo adelante esos desembolsos que están previstos para fin de año? ¿Hay que hacer borrón y cuenta nueva? ¿A esta altura se puede?

-Claro que se puede. Si se pudo en el 2001, cuando, gracias al default, se pudo salir de esa crisis, porque en este momento no es que no se quiere pagar; se quiere pagar, pero no se puede. En cualquier lado, en cualquier almacén en que uno saca fiado, cuando no te puedo pagar te puedo decir “te puedo ir dando a medida que también tenga un salario con el que pueda pagarte la deuda y también seguirte comprando”. No es que me voy a comprar a otro lado porque vos me estás aguantando en darme crédito, no es así. Por eso digo que hay que investigar a fondo qué se ha hecho con esa plata, dónde fue a parar esa plata.

-¿No es tarde ya para eso?

-Cuando uno tiene esta dificultad tan grande, hay que discutir seriamente. Discutir sin hacer ningún tipo de concesión, porque lo que estamos haciendo en concesión perjudica a nuestro pueblo.

-Sí, pero ¿por qué no se hizo? ¿No había consenso en el Frente de Todos? ¿No había voluntad, claridad?

-No había claridad, porque inclusive se manifestaba que el acuerdo con el Fondo que había hecho el ministro anterior, Guzmán, era muy bueno. Entonces lo plantearon como muy bueno, pero no ha mostrado la letra chica, como se dice vulgarmente. La letra chica de ese acuerdo no se mostró. Los diputados y diputadas nacionales sí conocíamos la letra chica. Por esa misma razón es que decidimos algunos de ellos no votarlo porque sabíamos que era muy dañoso para nuestro país.

-Tenemos claro que hay una realidad que está impactando en los barrios muy fuertemente. Usted conoce bien esa realidad. La inflación descontrolada por completo, 110% interanual, muy elevada en este primer cuatrimestre. Ya se habla de que la inflación de mayo fue de ocho y medio, nueve dicen algunos. ¿Cuál es el mensaje de ustedes como dirigentes sociales en los barrios a mucha gente que tenía otra expectativa, que esperaba recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri y ve que su salario, sobre todo en el sector informal, sigue cayendo de manera profunda?

-En primer lugar, el Estado tiene herramientas políticas legales para congelar los precios ya, y junto con eso tiene otras que tienen que acompañar ese congelamiento. Tenemos que ir a una reforma monetaria para cuidar mucho más el peso argentino. Tenemos que usar las Leliq, no en la timba financiera. Que ese dinero, en vez de ir a parar a los bancos, vaya a la producción, a la salud, a la educación. Que vaya a un inmediato aumento de sueldo para poder recuperar el poder adquisitivo que mes a mes se va perdiendo. Los gremios que, en su momento, le han ganado a la inflación haciendo las paritarias, ya lo perdieron. Es decir, se pierde el poder adquisitivo y eso significa menos trabajo o también significa trabajo provisorio. Por lo tanto, no podemos seguir con curitas y aspirina, sino que se tienen que tomar otras medidas.

-¿Qué le dice la gente en los barrios?

-Está enojada, harta de la política, porque dice con claridad “se ha hecho una promesa para mejorar mi situación y mi situación no ha mejorado”. Por otro lado, por suerte la gente cada vez conoce más qué es lo que tiene enfrente, qué es lo que propone la oposición. Si gana, en pocos días apenas asuma irá a una reforma laboral, a una reforma previsional. Algunos candidatos quieren privatizar la educación, la salud, hasta las calles quieren privatizar. Por lo tanto, no es que la gente no sepa eso, pero sí cuesta ir al debate con la gente porque vive una realidad muy cruda y esa realidad te hace enojar. Esa realidad no te hace pensar mejor que cuando vos tenés el estómago lleno.

-¿Cómo interpreta usted el crecimiento de Milei? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo explica? ¿A qué se debe que ese enojo, en muchos casos, vaya a un candidato como Milei?

-En primer lugar, ha sido muy inflado por algunos medios, y eso llega a la gente. Por otro lado, particularmente en la juventud, todos los que hemos sido jóvenes, hemos sido rebeldes y hemos ido en búsqueda de algunas cuestiones desconocidas también para uno mismo, ¿no? Pero, cuando uno va a la discusión con el sector juvenil y también con los grandes a los que llega ese discurso, hay que decirles: “Mirá dónde nos puede llevar tu enojo”, explicarles qué modelo de país propone Milei y qué modelo de país propone cada fuerza política. Yo quiero vivir en un país, como lo he vivido en años anteriores, con trabajo, con salud, con educación. Eso hay que resaltar. Muchas veces se pone el debate como si fuese solamente de los jóvenes, y el debate es político, no biológico. Tenemos que pensar cómo podemos ayudar a los jóvenes a su formación, a su capacitación, porque, así como hay jóvenes malos, hay jóvenes buenos. Hay viejos malos y hay viejos buenos, también.

-¿Qué postura tienen los movimientos sociales dentro del Frente de Todos para esta etapa que viene ahora? Parece que la heterogeneidad también ahí se impone. Uno escucha a Grabois que dice “Massa es la peor opción”. En el movimiento Evita hay algunos sectores más cercanos a Cristina, otros que todavía siguen más cercanos al presidente. ¿Cuál es la postura de la CCC? ¿Hay una postura común? ¿Puede haber una postura común de acá a las PASO o cada uno por su lado, como hasta ahora?

-En el 2001, allí cuando se nos caracterizaba como los bomberos de ese momento era preferible ser bombero y no dejar que se desate algo que no sabíamos dónde podía terminar. A partir de allí, nos empezaron a escuchar un poco más algunos gobernantes. Eso se aceleró cuando asumió Néstor Kirchner, que nos escuchó mucho más. Por eso es que la organización, en particular la nuestra, la Corriente Clasista y Combativa, del 2004 al 2015, construyó en nuestro país 7200 viviendas en 18 provincias, también se insertó en la pequeña y mediana obra pública. Hemos hecho convenios con universidades como la UTN, donde se prepararon chicos para ser obreros industriales. Muchos de ellos, cuando la economía volvió a florecer, fueron a trabajar a plantas automotrices, a la metalúrgica.

-Usted dijo que durante el gobierno del Frente de Todos hubo una transferencia de ingresos brutal a favor de los sectores concentrados, algo que ha dicho también la vicepresidenta en más de una oportunidad; que hubo una redistribución de la pobreza y tenemos una ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que está ajustando. ¿Lo hace ella sola, con el aval del ministro de Economía, o con el del presidente? Porque si no, parecería que es demasiado poder el que tiene una ministra de Desarrollo Social para afectar los intereses de una parte de la propia Alianza de Gobierno.

-Jamás creería que una ministra o un ministro vaya por fuera del conocimiento del presidente. Es decir, seguramente está avalada y seguramente por eso es que nosotros también hablamos de que se está ajustando en los programas sociales. No es que eso se tiene que esconder: sí se está ajustando. En muchos de los proyectos del ministerio de Desarrollo Social se miente; hablamos por ejemplo de bajas de 1800 originarios del Impenetrable, donde no hay internet, ni conectividad, y el propio ministerio le sigue pagando el plan social, pero lo hace por fuera del mecanismo normal que se tenía para controlar los programas sociales. Por lo tanto, decimos nosotros que eso tendría que darse vuelta. Me parece equivocado poner que, como hay déficit fiscal, hay que ajustar un poco, cuando es el 1,9% del Producto Bruto interno. Ahora, los subsidios que van a esas corporaciones, a esas grandes empresas, ocupan el 4,5% del Producto Bruto Interno. ¿De qué déficit me están hablando? ¿Nos están diciendo que el sector más empobrecido y necesitado es el causante de los problemas en Argentina?

-Junto con el discurso de los medios que usted mencionaba, hace poco hubo un episodio en TN de hostigamiento por parte de un cronista a una militante de la Corriente Clasista y Combativa. También se da desde Comodoro Py muchas veces: investigaciones, hostigamiento, ir a buscar algo en sintonía con el gobierno de turno. Por ejemplo, hay causas que lleva adelante el fiscal Marijuán que apuntan a los movimientos sociales. ¿Qué opinión tiene usted de esos fiscales, de esos movimientos desde Comodoro Py que muchas veces van hacia los movimientos sociales?

-Estos ataques judiciales están ligados a la política claramente. Es decir, se inventan las pruebas y a partir de eso te tienen corriendo en los juzgados, en los despachos de los abogados para ver quién te defiende. Causa susto también, porque si vos no estás cometiendo ningún delito, lo único que hacés es salir a defenderte y tratar de mejorar lo que estás viviendo, no podés ser considerado delincuente, no puede ser. Por eso insisto en que también tiene que haber una reforma judicial, porque no puede ser que cuatro supremos de la Corte Suprema de Justicia se crean dueño, señor y amo de nuestro país.

-Leía algo que usted escribió en las redes sociales, recordando que hace 22 años, en la Ruta 3, hubo 18 días de acampes con 10.000 manifestantes. En ese momento se los llamaba piqueteros, con Luis D'Elía al frente y lo que era la Federación de Tierra y Vivienda. Usted decía: “le torcíamos el brazo al gobierno de De la Rúa y Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Trabajo”. ¿Cómo se imagina, en el caso de un triunfo de Patricia Bullrich, la política que ella puede tener con respecto a los movimientos sociales?

-Es por eso que actúa directamente con la justicia, porque está preparando un escenario en el que, si llega a ganar, muchos de los dirigentes sociales, sindicales, políticos, vamos a terminar presos, porque saben la actuación que hemos tenido en ese corte de 18 días, cuando ella nos trataba de cualquier cosa. Se tuvo que ir a firmar un convenio, el contrato social que se firmó allí, que fue uno de los más grandes que se consiguió en la historia de los trabajadores desocupados, porque ahí se consiguió el ensanchamiento de la Ruta 3, se consiguieron escuelas, salas, inclusive móviles de salud, en los que, cuando se inundó Santa Fe, algunos de ellos fueron a trabajar allí a Santa Fe. Es decir, conseguimos muchas de las cosas que nos hacían falta, por supuesto con un arco de aliado de profesionales de salud, de comerciantes, de estudiantes. Hasta los boletos estudiantiles conseguimos en ese momento, tanto para la primaria, la secundaria y para los universitarios.

-Durante el gobierno de Mauricio Macri, había un triunvirato, los llamados Cayetanos tenían negociaciones frecuentes con Carolina Stanley. Estaban las distintas fuerzas, la CCC, el Movimiento Evita. Hubo críticas incluso de sectores de la política por esa relación de los movimientos sociales con el gobierno de Macri, con Stanley. ¿Cómo debería ser? ¿Piensa usted la estrategia de los movimientos sociales? Si vuelve a ganar Juntos, ¿debería ser similar a la que hubo? ¿Debería ser distinta?

-Primero, cambió en la calidad y en la cantidad. Los movimientos sociales eran mucho más chicos en ese momento. La contestación va a ser siempre la misma: es la única herramienta que nosotros tenemos para poder enfrentar. Después, nosotros no tenemos patrones, por lo tanto, por eso salimos a la calle, porque es el Estado con el que tenés que llegar a una negociación para llevar alivio la gente, no por una cuestión solo política y levantar la bandera política nada más, sino que tenés que tratar de buscar soluciones para el sufrimiento que está padeciendo la gente. En ese momento, la discusión que había en los movimientos, particularmente con los compañeros de Barrios de Pie y del Movimiento Evita, era sobre que decían que la calle estaba asfaltada en el año 2018, en las elecciones del 2019, y nosotros decíamos que la calle no estaba asfaltada porque justamente la calle y todo lo hemos logrado con presión, también en la calle, porque allí surgió la Ley de Emergencia Social.

-Escuchaba también un proyecto que usted tiene sobre el litio. En este momento, está la secretaria de Minería en China, justamente con Massa, con tres proyectos que tienen que ver con litio, con Salta, donde esta semana hubo una represión a los docentes. ¿Se puede discutir desde los movimientos sociales qué hacer con los recursos naturales, con los recursos estratégicos, o estas gestiones que vemos en China no tienen nada que ver con lo que piensan o proponen desde los movimientos sociales?

-No, para nada. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo en el anteproyecto de ley que hemos presentado, porque lo quieren desvirtuar, lo descalifican. Algunos lo hacen con desconocimiento y otros lo hacen con conocimiento. La primera cuestión es que tratan de que el proyecto es nacionalizar el litio, y no es así, porque si fuera nacionalizar, eso iría contra de la reforma de la Constitución del año 94, iría en contra de los recursos de las Provincias y de su derecho de negociación directamente con las empresas, cualquiera fuese, la negociación de la extracción de la explotación de cualquier mineral.

En este caso no estamos hablando del mineral. Por lo tanto, lo que quiero discutir es para atrás: hay que reformar las regalías, y lo que quiero también con el litio que se industrialice en nuestro país. Está comprobado inclusive que el litio hace falta a la industria farmacéutica, a la nuclear, a la aeroespacial, no sólo a la batería de celulares y nada más. Por lo tanto, acá no se industrializa, se extrae y se exporta la materia prima. Nosotros queremos tener mano de obra argentina porque no se necesita mucha tecnología para el mineral, para cualquier minería no se necesita la alta tecnología. Acá, hay tecnología como para hacerlo nosotros mismos. Si no, ¿para qué crearon el departamento de litio de YPF? Ya lo hacen también con alguna picardía, porque llevan a la YPF, como en el caso de Catamarca, le dan cuatro hectáreas para que explote el litio allí y, vendiendo la empresa YPF estatal, ellos son los que se tienen que hacer cargo del medio ambiente con las cosas que están haciendo los mismos en Jujuy. Por suerte por ahora, YPF rechazó esa propuesta que están haciendo en Jujuy.

Acá, hay una fábrica de batería que es de la Universidad Nacional de La Plata, que he conocido en el 2020 cuando empezamos a trabajar sobre el tema de la vacuna argentina, sobre por qué teníamos que depender de los laboratorios extranjeros en medio del medio de la pandemia. Allí, conocí a científicos del CONICET, empezamos a hablar del litio y qué es lo que significaba el litio. Antes era un material muy desconocido para nosotros. Quisieron comprar litio a las dos empresas que están explotando en nuestro país. La empresa se negó a venderle en primer momento; llegaron a comunicarse con una empresa de Chile para comprar litio en Chile para poder desarrollar esa fábrica. Sería una cosa bochornosa. La empresa accedió a vendérselo a la fábrica de litio que hay allí en la Universidad Nacional de La Plata. Lo mismo hay en Formosa, y están instalando otra allí en Santiago del Estero. ¿Por qué se enojan algunos funcionarios cuando se dice “revisemos la Ley Minera, revisemos la Ley de Medio Ambiente”? El proyecto de ley no dice esa cosa, sólo dice que el litio tiene que ser recurso estratégico para nuestro país. El Estado tiene el derecho de comprar ese litio y también, en cualquier momento, por soberanía, por necesidad del Estado, también puede pararle la exportación de esas empresas, porque los primeros que tenemos que comprar somos nosotros, los argentinos.

-¿Quién lo apoya en el Frente de Todos?

-18 diputados y diputadas nacionales.

-¿Y en el Ejecutivo?

-En el Ejecutivo, todavía no hemos escuchado ninguna palabra, salvo la de la vicepresidenta, que habla de manera permanente de la necesidad del litio.

Entrevista realizada por Diego Genoud para su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos)

DG

Este lunes, organizaciones sociales iniciaron en La Quiaca la denominada Marcha Federal Piquetera en reclamo por trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza. El jueves, confluirán en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires junto a otras columnas que llegarán desde otras regiones del país.

Del arranque en el norte jujeño participaron dirigentes locales y nacionales, entre ellos Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) quien instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, sostuvo en el acto realizado en la plaza Centenario de La Quiaca, 300 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.

Belliboni afirmó que la marcha se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró. En medio de un frío reinante y más de 3.400 metros de altura, salió desde La Quiaca una de las cabeceras de la marcha con “miles de compañerxs para llevar nuestros reclamos al centro del poder político”.

La Marcha Federal piquetera tiene previsto realizar actos y movilizaciones camino a Buenos Aires, la primera parada siendo esta tarde en la Plaza Belgrano de la capital jujeña. Además de Belliboni, se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa Mtr y el dirigente del PO de Jujuy y constituyente electo, Sebastián Copello.

Se informó que otros dirigentes nacionales también partieron en caravana desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde las regiones del Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades. Las movilizaciones tienen la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional golpea aún más en el interior del país”.

Con un acto del Polo Obrero en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y otro en la Quiaca, continuarán mañana con acciones en distintos puntos del país y el miércoles por la noche con una vigilia en la Plaza de Mayo para confluir finalmente el jueves con la protesta anunciada por la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Nacional Territorial (FeNaT).

Bajo el reclamo de “trabajo y salarios” y en rechazo al “hambre y la pobreza”, la convocatoria del PO incluye actos y movilizaciones en “centenares de ciudades” del país para concluir el jueves en la concentración prevista desde Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en el centro porteño. Se estima que el miércoles próximo las columnas que lleguen desde distintos puntos se congreguen frente al Congreso Nacional a partir del mediodía y, por la tarde, avancen hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acampe.

Este lunes, se realizaron acciones en Formosa capital y Comodoro Rivadavia, Chubut, y a las 17 se prevén protestas en San Nicolás y en San Miguel de Tucumán. Para las 18 está anunciado un acto en Neuquén capital, donde estarán presentes los ceramistas de Zanon, docentes de la dirección de ATEN, trabajadores de la salud y sindicatos locales.

En tanto, la columna sureste saldrá a las 8 de mañana martes desde Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia; la columna suroeste a la misma hora desde Puelo, mientras que en San Juan habrá un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y Córdoba capital a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sur-este y sur-oeste de la Patagonia se unificarán, mientras que a las 19 saldrá la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Finalmente, luego de confluir en la Capital Federal el miércoles al mediodía, las columnas marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acto a las 16 y luego dar inicio a un acampe y vigilia. Los integrantes del Polo Obrero se sumarán el jueves a la “marcha unitaria” convocada para ese día por Unidad Piquetera, UTEP, Fenat y otros movimientos sociales.

LC con información de agencia Télam

El ministro de Economía Sergio Massa, anunció este miércoles a una convocatoria a empresarios y dirigentes gremiales y sociales para “establecer el sendero de los próximos 90 días” en materia de precios. De esta manera, se busca evitar que haya “trampas justificadas” en la suba del dólar paralelo que den lugar a la remarcación de productos.

Massa destacó que, luego de “terminar con el proceso de estabilización” cambiaria, “es clave sentar a la mesa a empresarios y los trabajadores para establecer el sendero de los próximos 90 días, que no haya trampas justificadas en esto que algunos vivos intentaron generar sobre al base de rumores y de versiones”.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijo que “nos hacemos presentes en el momento que está viviendo todo el pueblo argentino”, para “garantizar el apoyo, la confianza y todo lo que tiene que ver con generar las condiciones de estabilidad”. Apuntó que su presencia “tiene que ver con que no vamos a ser simples espectadores de aquellos que especulan”.

El también Secretario General de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) se refirió a los aumentos de precios al decir que “no genera sustentabilidad social estos incrementos que se dieron aprovechando esta volatilidad”. “Son precios de marquesina, absolutamente inexistentes pero que generan estas condiciones macroeconómicas”, opinó.

Emilio Pérsico, Secretario General del Movimiento Evita y Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, consideró que “el Estado ahora tiene que poner todas sus herramientas para dar la batalla de anclar el dólar para que podamos bajar la inflación”. En su breve intervención, le dijo a Massa que “cuente con nosotros para ir a marcar especuladores que subieron los precios y no los bajen a partir de ahora”.

Por su parte, Massa describió como “inexplicable” el hecho que “hoy haya intentos de remarcación de precios sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue, porque todos los queimportan lo hacen a dólar oficial”. “No es aumento justificado en la marcoeconomía, sino justificado en alguna avivada”, agregó.

Dirigiéndose a los presentes, pidió que “nos ayuden a ser garantes y controladores de que haya abastecimiento y cumplimiento de acuerdos de precios”. En esa línea, dijo que “es mi tarea como ministro tratar de dar certidumbre en los precios, los salarios y la asistencia social, en los programas de inclusión social y los productivos”.

“Es clave, terminado el proceso de estabilización, sentar a la mesa empresarios con ustedes, para de alguna manera establecer el sendero de los próximos 90 días”, convocó el titular de la cartera económica. “Vamos a garantizar que se cumplan los acuerdos de precios”, sentenció.

En la reunión con dirigentes de la CGT y de movimientos sociales en el Palacio de Hacienda. Estuvieron presentes Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN); Carlos Acuña, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE); Gerardo Martínez, Secretario General de Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Jorge Sola, Secretario General del Sindicato del Seguro; José Luis Lingeri, Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias y Armando Cavalieri, Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

Por parte de los movimientos sociales, estuvieron Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro de Movimiento Evita y Daniel Menéndez de Barrios de Pie.

LC