La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional oficinarescate@jus.gov.ar , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

“Por fin nos escucharon. Por fin dejaron de criminalizar nuestras vidas y piden tener en cuenta las pericias a las que nos sometimos durante seis meses”, dice a elDiarioAR una exalumna de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA). A ella y a otras ocho mujeres, todas mayores de edad, la Justicia las señala como “víctimas de una organización de trata de personas con fines de explotación sexual”. Por ese delito, sumado al de lavado de activos y asociación ilícita, el juez Ariel Lijo imputó a 17 personas que estuvieron a punto de ir a juicio hasta ayer, cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña devolvió el expediente. Considera que no se han tenido en cuenta las pruebas que indican que no existen indicios de captación y esclavitud con fines sexuales.

Carolina -así la llamaremos porque pidió reserva de su identidad- se sometió, al igual que el resto de sus compañeras, a una serie de pericias que arrancaron unos días después de las detenciones en el marco de la causa. Durante seis meses las nueve mujeres a las que según los investigadores las obligaban a ofrecer sexo a cambio de dinero -dinero que terminaba en las arcas de EYBA- se sometieron a entrevistas en Cámara Gesell, pericias psicológicas y psiquiátricas. Las pericias estuvieron a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), los peritos de parte y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Ninguna de ellas se percibió como víctima de trata de personas para explotación sexual, al punto que denunciaron a los fiscales que las consideraron de esa manera. Y ningún informe remitido al juzgado de Lijo da cuenta de signos que tengan que ver con la captación y retención. Se remarca, en cambio, que se trata de mujeres adultas con libre autodeterminación.

La Cámara, la misma que había ordenado las pericias, consideró que los informes no pudieron ser rebatidos por las defensas durante la etapa de instrucción porque no se tuvieron en cuenta en la requisitoria de elevación a juicio. Por lo tanto, pidió que se anule el juicio oral y público previsto, sin fecha confirmada pero con el Tribunal sorteado. El fallo lleva la firma de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, y la disidencia del juez Eduardo Farah que, directamente, postuló el sobreseimiento de los acusados. Así, el expediente vuelve a su lugar de origen, el despacho de Lijo, como si volviera a estar en la etapa de recolección de pruebas para sostener la acusación inicial: asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas con fines de explotación sexual.

Carolina, al teléfono con elDiarioAR, celebra que la Cámara haya advertido que el juez que investiga a EYBA y el fiscal que elevó la causa a juicio, “hayan leído las pericias”. Durante este tiempo, más de un año, las mujeres trabajaron en equipo, redactando escritos para presentarlos en la Justicia. Y hablaron a los jueces de la Cámara: “Nosotras estuvimos presente en las audiencias y hablamos, tuvimos nuestro tiempo para exponer ante los tres jueces. Hablamos nosotras mismas, fue nuestra voz”.

Hasta que la Escuela de Yoga de Buenos Aires funcionó con normalidad, Carolina trabajó en una de las inmobiliarias a través de la cual, según la investigación, la organización lavaba plata. No puede estar en contacto con los procesados, así que tuvo que dejar la inmobiliaria y buscarse otro trabajo. Carolina entró en EYBA siendo una adolescente. Allí se hizo amigos, viajó, festejó cumpleaños. Llegó a la jerarquía “Aspirante a 6”, cuatro escalones antes que el máximo nivel, “Formal 7”. 

Según la causa, ella era “una plantita” del Departamento “Botánico”. Los fiscales indican que la explotación sexual era la actividad que mayor dinero generaba para la organización. Abarcaba la Argentina y las ciudades de Nueva York, Chicago, Las Vegas y Londres, donde EYBA tenía filiales. Susana Mendelievich -alias Mendy- y Marcela Arguello, -alias Oscar- estaban a cargo. Entre las pruebas que acreditarían el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, están las fichas. Cada cliente tenía una ficha. Según una de esas fichas, el cliente de Carolina era “Robert”. Y Robert aportó US$427.000 a EYBA. Carolina asegura no tener idea de quién confeccionó esas fichas. Insiste, en cambio, en que nunca ofreció servicios sexuales a cambio de dinero.

Las conclusiones de la evaluación psiquiátrica y psicológica que le realizaron a Carolina dicen: “Percibe, piensa y discrimina con claridad. Adecuada diferenciación fantasía-realidad. No presenta características de sumisión, dependencia emocional, labilidad o manipulación, o la asunción de un rol pasivo en sus relaciones interpersonales. No hay secuelas postraumáticas asociadas a la victimización sexual”. Firmaron en conformidad los cuatro peritos de la defensa y las dos del Ministerio Público Fiscal, aunque se reservaron el derecho de ampliar.

Tampoco se detectaron indicadores compatibles con el delito de trata con fines de explotación sexuales en el resto de los informes que atañen al resto de las ex alumnas. No hay traumas relacionados por el sometimiento o esclavización sexual, o indicadores de trastornos en la esfera psicosexual. Tampoco se evidenciaron características de sumisión, dependencia emocional, labilidad o manipulación, o la asunción de un rol pasivo en las relaciones interpersonales.

VDM/DTC

Desde 1999, todos los 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas gracias al impulso de la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh, y la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas. La fecha busca concientizar y visibilizar este delito y su alcance a nivel global.

En particular en Argentina, este mismo día se aprobó la primera legislación mundial contra la prostitución infantil bajo el nombre de “Ley Palacios”, en honor al diputado socialista Alfredo Palacios, quien la redactó. Sentó así un precedente en materia de derechos de las mujeres e igualdad. El 23 de septiembre, pero de 1947, además, se logró otro avance en este aspecto: se promulgó la Ley 13.010 de Voto Femenino, popularmente conocida como Ley Evita, que reconoció el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y ser elegidas.

Pese a los avances en términos de regulación, alrededor de 1,8 millones de personas son víctimas de explotación sexual a nivel mundial, una delito con impacto equiparable al narcotráfico y el tráfico de armas. Este crimen tiene como paso previo la trata de personas, que consiste en la compra venta y explotación de niños y adultos para diversos fines como tráfico de órganos y la realización de trabajos forzados.

En general, las víctimas se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad tanto por desastres naturales como por conflictos armados, un contexto propicio para el secuestro de menores y adultos y su venta a distintos grupos armados y mafias. Con los recientes flujos migratorios, se han incrementado las posibilidades de comisión de este delito en un contexto en el que los refugiados y necesitados de asilo se encuentran más desprotegidos.

ACM

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo. El expediente tiene a 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Mediante un escrito de más de 600 carillas, los fiscales a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación Sexual (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, junto al titular de la fiscalía federal 4 Carlos Stornelli, recordaron que aún falta resolver la situación procesal de otros imputados que estuvieron prófugos.

Señalaron también que resta avanzar con nuevas imputaciones formuladas por los fiscales por delitos autónomos a los investigados hasta el momento, como el ejercicio ilegal de la medicina, la venta sin autorización sanitaria de medicamentos que requieren receta para su comercialización, y la falsificación de documentos, cometidos en la “clínica” ilegal de la organización que funcionaba en Almagro, según fuentes judiciales.

El pedido de elevación a juicio fue presentado el pasado viernes 4 de agosto ante el juez federal Ariel Lijo, quien ya corrió vista a las partes para que se expresen sobre el asunto. Será el magistrado el que decida el destino de la causa.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías que iban del 4 al 7, donde número tenía un significado: 4) “el ser humano filosóficamente equilibrado”; 5) “el genio”; 6) “el santo” y 7) “el ángel”.

En la cúspide de la jerarquía estaba Juan Percowicz, llamado “el ángel”, “maestro” o “papi”, sobre quien los testigos declararon en la causa que “llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos”.

Para los investigadores, el sistema de jerarquías y la supuesta “evolución” para que los cooptados pudieran convertirse en “ángel” era la fachada del verdadero objetivo de los imputados: alcanzar el mil millón de dólares. Quienes debían recaudar el dinero también eran sus víctimas, según el expediente.

De la documentación contable de la organización, se deprende que los imputados lograron acumular un patrimonio de 50 millones de dólares conformado por alrededor de 15 millones depositados en cuentas bancarias en el extranjero, entre otras recaudaciones.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix; monto que no pueden justificar según el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

Para lograr este objetivo multimillonario, Percowicz y sus socios en el plan dispusieron dicha organización jerárquica con división de funciones y control de los objetivos propuestos. Los registros contables de la organización y documentos donde se transcriben sus dichos dan cuenta de que su principal fuente de ingresos era la explotación sexual de sus víctimas.

Entre las víctimas, hubo personas que fueron prostituidas con personajes millonarios pero que terminaron endeudadas o en “rojo” con la organización, como también haber sufrido perjuicios en sus vidas personales producto de la explotación a la que fueron sometidas.

De acuerdo con las fuentes, los fiscales consideraron que el caso “no se trata ni de filosofía, ni de yoga, ni de literatura. Se trata de cómo se organizó y se llevó adelante un sistema a través del cual se obtuvieron cuantiosas sumas económicas a partir de la explotación sexual de mujeres en Argentina y en Estados Unidos, a lo que se agregaron posteriormente otras maniobras ilícitas que tuvo esta asociación y que pueden ser atribuidas a los miembros de la organización que aquí requerimos que enfrenten un juicio oral”.

La EYBA, concluyeron los fiscales del caso, fue el “vehículo que encontraron el líder y quienes lo secundaban para, a través de la explotación de sus víctimas y la puesta en marcha de distintos negocios ilícitos, lograr su propósito de constituirse en millonarios”.

LC con información de agencia Télam

Entre 2020 y 2022, unas 3.400 víctimas de redes de trabajo esclavo fueron rescatadas en la Argentina, informó a elDiarioAR el director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera, que depende de la Jefatura de Gabinete pero que articula su tarea con ministerios, provincias, municipios, ONG y sindicatos. La mitad de ellas sufría explotación sexual. La otra, laboral. Las primeras fueron halladas en departamentos, cabarets clandestinos y hasta clubes. Entre las otras 1.700 restantes, unas 1.200 fueron halladas trabajando empleadas en campos a partir de denuncias de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre).

“Hubo un cambio de dirección de 180 granos de la Uatre a partir de la asunción de José Voytenco como secretario general en 2020”, comenta Vera, en contraste con la gestión de Gerónimo “Momo” Venegas -aliado de Carlos Menem y Mauricio Macri- entre 1992 y 2017. “El 60% de los establecimientos rurales está trabajando de manera precaria, pero no todos son trabajo esclavo, algunos son trabajo informal”, aclara el funcionario, que ha guardado un bajo perfil en estos años de gobierno de Alberto Fernández.

“Cuando hablamos de trabajo esclavo, estamos hablando de tres parámetros básicos: trabajan más horas del máximo legal permitido, les pagan menos que el salario mínimo vital y móvil y trabajan en condiciones inhumanas, insalubres”, explica Vera lo que constituye la esclavitud en el siglo XXI. “Si se dan esas condiciones ya no es un problema de trabajo irregular. O sea, es un problema que tiene que ver con reducción a la servidumbre o explotación laboral”, explica quien creó la Fundación La Alameda en 2001, desde la que luchó contra la trata y estableció un estrecho vínculo con Jorge Bergoglio, el hoy el papa Francisco. Después fue elegido en 2013 legislador porteño en una alianza con Fernando “Pino” Solanas y Elisa Carrió, pero a partir de la experiencia del gobierno de Macri se sumó al Frente de Todos.

Las redes

En cuanto a las redes de explotación, la captación de víctimas ocurre cada vez más en el terreno digital. “La abrumadora mayoría de las denuncias que ingresan tiene un punto de partida en un contacto virtual, que puede desarrollarse inclusive sin contacto físico entre verdugo y víctima, hasta el momento en que la víctima llega a la boca del lobo, pensando que va a un paraíso, pero va al infierno. Por lo tanto, es muy importante el trabajo preventivo que hagamos con los docentes, con las comunidades, en materia de grooming, trata y virtualidad. Porque muchas vidas se han podido salvar a partir de que había cierto conocimiento de familiares o amigos de que estas cosas ocurren y las denunciaron a tiempo y pudimos parar los micros a mitad de camino con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) o Migraciones”, explica Vera.

El Comité de Trata ha establecido en julio pasado una red con otros ocho países sudamericanos para alertar de forma temprana sobre eventuales casos de personas trasladadas de una nación a otra. “Hoy el fenómeno de la trata en Sudamérica es inverso al que ocurría hace diez años por el tema de la relación del peso local con el dólar. Por lo tanto, hoy rescatamos más víctimas argentinas en el exterior que migrantes acá. En todo caso, acá rescatamos migrantes que no llegaron recientemente, salvo muy rara ocasión como, por ejemplo, en la recolección de la cebolla”, cuenta Vera y agrega contexto: “Durante el período de trabajo rural temporario, que es entre noviembre y marzo, se desplazan 100.000 personas al norte argentino, hacia la zona centro y la Patagonia. Cuando están terminando ese trabajo, en muchos establecimientos los patrones lo dejan de garpe, tirados, y los propios trabajadores llaman y denuncian”, añade el funcionario.

“La otra modalidad que está creciendo mucho son las organizaciones coercitivas, popularmente llamadas sectas, aunque no toda secta es una organización coercitiva”, aclara Vera. “Para que sea una organización coercitiva tiene que ser con fines de explotación sistémica, alguien que esté beneficiado y que se aproveche de la vulnerabilidad de otro. ¿Ejemplo? Templo de Filadelfia o Escuela de Yoga de Buenos Aires o estas comunidades pseudoterapéuticas que se han allanado, como esa donde había un conocido del mundo de los medios que no sé si tenía responsabilidad directa, pero había una situación de reducción de la servidumbre”, se refiere a Marcelo “Teto” Medina. “Otro caso menos conocido y reciente en Concordia: 60 jóvenes en una comunidad pseudoterapéutica, los iban alejando sistemáticamente de sus familias, a las que después les contaron que para rehabilitarlos lo mejor era que fueran al campo para recuperar la cultura del trabajo. Los tenían 14 y 15 horas trabajando gratis para una explotación rural de una manera totalmente vil”, dice.

En su trayectoria en La Alameda, Vera se había distinguido no sólo por denunciar la trata sexual y rural sino también los talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. “Seguimos denunciando, pero hoy es muy raro que vos encuentres un taller textil clandestino 100%. Te encontrás que son tres trabajadores en blanco, dos monotributistas y cinco que se escaparon por la ventana. O sea, los tipos juegan al truco con las inspecciones. Más bien por aproximaciones sucesivas fueron regularizando un poquito. Pero recordá que también en los años de Macri se abrió de manera irrestricta la importación y esto fue una quiebra generalizada. Y recordá también que se elevó muchísimo la calidad de vida en Bolivia, comparado con la Argentina”, se refiere al país de donde solían provenir las víctimas de los talleres, muchas veces parientes o conocidos de sus capataces y victimarios.

Entre 2008 y 2019, en la Argentina habían sido rescatadas unas 15.000 víctimas del trabajo esclavo. Pero el problema radicaba en que muchas de ellas volvían a caer en esas redes. Por eso, Vera, que llegó al cargo a principios de 2020, definió que su primer desafío debía ser “evitar la revictimización de las víctimas”. “La Argentina venía rescatando año tras año una importante cantidad de personas, pero el 80% de las personas que fueron rescatadas persistía en una situación de vulnerabilidad y muchas de ellas volvieron a ser explotadas. No había políticas públicas para garantizar la reconstrucción de un horizonte de vida. Logramos con el Ministerio de Desarrollo Social que unos 330 planes Potenciar Trabajo fueran afectados a personas que eran víctimas de delitos de trata. Fue muy importante conseguir 2.200 programas Acompañar, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que equivale a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses. También 678 prestaciones laborales del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales), que se dan por única vez a las personas que son rescatadas de trata y que no es incompatible con el Potenciar ni con el Acompañar. Hubo 40 ayudas urgentes. A eso le sumamos una línea de acompañamiento terapéutico permanente que armamos con el Ministerio de Salud. También logramos garantizar el patrocinio jurídico”, resumió las políticas de corto plazo.

En el mediano plazo continúa el acompañamiento terapéutico y se agregan dos medidas más. “Una es la capacitación e inclusión laboral, que es un programa del Ministerio de Trabajo que durante un año paga un salario mínimo y va capacitando en oficios que tienen que ver con las capacidades, habilidades o deseos. Primero empezó con una prueba piloto con 30 víctimas de nueve provincias y en 2022 pudimos aumentarlo a 70. Este año va a superar el centenar en dos convocatorias. Este programa va acompañado de una políticas que estamos haciendo en las provincias para que voten leyes de inclusión laboral. La primera provincia fue Catamarca, que sacó una ley en 2021 que plantea que a toda empresa que contrate víctima del delito de trata el Gobierno provincial le restituye el año de cargas sociales. Chaco votó una ley similar y agregó un cupo laboral en el ámbito estatal. Salta también. Votaron en más de 50 municipios de distintas provincias cupos de reinserción laboral. La otra política pública es más complicada, la estamos peleando provincia por provincia. Tiene que ver con un estatuto especial de acceso a la vivienda. Hay un presupuesto acotado que no alcanza para satisfacer la demanda de todos los que no tienen vivienda. Logramos que con (Jorge) Ferraresi (que fue ministro de Hábitat) firmar un convenio a través del cual se iba a crear un programa que diera soluciones habitacionales a las personas que eran víctimas de delito de trata. Todos los institutos provinciales de la vivienda, del oficialismo y de la oposición, acordaron una prueba piloto. Ya fue entregada la primera vivienda en Santiago del Estero. Ahora estamos prontos a entregar una segunda vivienda en Santiago, unas ocho o nueve en Catamarca, una seis o siete en provincia de Buenos Aires y unas dos o tres en Misiones. No se puede evitar la revictimización de una víctima, sino tiene tres cuestiones fundamentales: acceso al trabajo, acceso a la vivienda y al acompañamiento terapéutico.”

“En el largo plazo está el derecho a la reparación”, comenta el director del Comité contra la Trata. Se creó un fondo de reparación que administra los bienes decomisados por la Justicia en caso de trata y repara a las víctimas en base a la subasta de bienes decomisados. Pero las repara según sentencia judicial firme. Solamente hubo dos reparaciones. Una vergüenza, claramente. Creo que esto se va a acelerar cuando pasemos al sistema acusatorio, como lo está demostrando, por ejemplo, Salta, donde los casos de trata duran tres años y no 12“.

“Otro desafío más complejo, pero en el que también hemos avanzado, tiene que ver con tratar de que las sentencias judiciales vayan a la raíz, o sea, seguir la ruta del dinero”, admite Vera. “La trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial. No podés combatir la trata si no combatiste el lavado de activos. Por eso empezamos a hacer jugar un rol activo a dos organismos del Estado. Uno es la Unidad de Información Financiera (UIF) para empezar a capacitar a funcionarios en indicios para detectar elementos claves en un allanamiento que a veces no se tenían en cuenta para luego seguir la ruta del dinero. Habilitamos que la UIF pueda ser querellante en causas de trata. Y también se creó una división de la AFIP que se ocupa específicamente del combate al trabajo esclavo. A partir de una investigación tributaria se llegó a una importantísima empresa de soja donde se rescataron 77 personas en situación de esclavitud total en Chaco”, comenta el director del comité. ¿Cómo se llama la compañía? “MSU”, responde Vera, en referencia a las siglas de la firma de Manuel Santos Uribelarrea.

En su etapa como activista de La Alameda, Vera solía escrachar los nombres de las grandes empresas textiles y rurales que contrataban trabajadores esclavos. Ahora como funcionario debe manejarse con mayor prudencia. “Hubo 35 trabajadores que denunciaron explotación en una empresa chinocanadiense en Jujuy”, se refiere a Minera Exar. “Hay una causa abierta”. añade. “Después te podría decir, sin dar nombres precisos, porque son causas que están abiertas, que no han salido en los medios, pero hay campos de jueces federales, intendentes y gobernadores, prostíbulos de intendentes. Eso se sigue encontrando de manera transversal”, apunta a ambos lados de la grieta política.

“Tenemos cerca de 540 sentencias judiciales firmes desde que hay ley de trata en 2008, pero la mayoría rara vez sigue la ruta del dinero y sólo se concentran en el verdugo más inmediato dentro de la cadena de explotación”, lamenta el funcionario. “Para decirlo popularmente, es una colección de perejiles. Las condenas en el ámbito textil habitualmente se circunscriben al tallerista, nunca el intermediario, nunca la marca. A pesar de que la marca dejó todos los dedos del taller, dejó los moldes y dejó las etiquetas. Hay testigos que afirman que iban las propias camionetas, a veces hasta hay remitos. Sin embargo, los jueces, con un criterio clasista, han dejado impunes a la mayoría de las marcas, salvo honrosas excepciones. Lo mismo ocurría en el ámbito rural: las pocas condenas que había se circunscribían a los baquianos, a los cuadrilleros o al capataz que encontraban en este momento en el lugar. Nunca el que alquila campo, nunca al dueño del campo, mucho menos la sociedad anónima. Sobre todo cuando esta sociedad anónima disfraza la explotación de pseudocooperativas que en realidad esconden situaciones de fraude laboral. Cuando se trata de explotación sexual, también en general la condena es a él o la proxeneta, con el agravante de que la proxeneta antes había sido explotada”.

“El año pasado tuvimos dos fallos emblemáticos de la Cámara de Casación”, rescata Vera. “Uno fue el fallo de los hermanos Percara, que habían sido absueltos de una situación de explotación en Corrientes en campos de eucaliptus, pero ahora se ordenó iniciar de vuelta el juicio. Utilizaban pseudocooperativas para disimular explotación. Los Percara son lugartenientes de (Luis Miguel) Etchevehere. El otro fallo es por una familia que era explotada en una granja en Batán en condiciones totalmente inhumanas. Se revocó el sobreseimiento y se ordenó hacer el juicio de vuelta”, comente el director del Comité de Trata, que buscó extender su tarea a todas las provincias, pero en especial a las fronteras que él considera “calientes” como de la Clorinda (Formosa)-Asunción, La Quiaca (Jujuy)-Villazón (Bolivia), Salvador Mazza (Salta)-Yacuiba (Bolivia), Puerto Iguazú (Misiones)-Foz de Iguaçú (Brasil)-Ciudad del Este (Paraguay) o Aguas Blancas (Salta)-Bermejo (Bolivia). También se capacitó en trata a más de 66.000 funcionarios y se difundió la línea 145 para denunciar casos.

“También estamos trabajando para tipificar el delito que increíblemente no está tipificado en la Argentina de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes”, comenta Vera. “Claramente esto está ocurriendo en importante escala en el norte del país”, reconoce. “Tenemos que mejorar nuestra tipificación legal sobre tejidos y fluidos. Lo hemos visto en la pandemia con la venta del plasma. Tenemos que capacitar a la población y particularmente a los funcionarios en lo que tiene que ver con la prevención del tráfico de órganos, tejidos y fluidos porque es la modalidad que más crece en el mundo, no me consta en la Argentina”.

AR

_“¡Vecino, vecina, no sea indiferente; se mata a las travestis en la cara de la gente!”. 

Quien comienza con el reclamo es Rubí Gómez, delegada de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y primera mujer trans en recibirse de docente de nivel primario con orientación ruralidad en toda Latinoamérica. Megáfono en mano, a Rubí ya casi no le queda voz. No para de exigir por los derechos de las mujeres trans y las diversidades santiagueñas. Gritará pidiendo por una ley integral para personas trans y repite consignas a lo largo de la noche subida al acoplado de un camión en la que van ella a otras siete integrantes de ATTTA. Es la manifestación por la 11° Fiesta de la Diversidad y la 14° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Santiago del Estero.

Decenas de personas se congregaron a las siete de la tarde del sábado 20 de noviembre de 2021. La cita fue en la plaza Lorenzo Lugones, en la esquina súper céntrica de Avenida Roca y Avellaneda, frente a la iglesia San Francisco Solano, un enorme edificio de estilo gótico construido en 1567.

Con el correr de los minutos será cada vez más la gente que se arrima a participar. Las agrupaciones militantes, al compás de bombos, platillos, redoblantes y silbatos, se hacen sentir a lo lejos. Se sacan fotos entre sí. Hay drag Queens que se roban todos los flashes por sus despampanantes vestimentas. Poco a poco se empiezan a movilizar, colmando de ruido y color las angostas calles y veredas santiagueñas.

Para las nueve y media son miles y rodean la plaza Libertad. Frenan frente a la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen – de 1581, es la más antigua del país – y leen sus consignas. Además de ATTTA, están presentes otras organizaciones disidentes, feministas, sociales y políticas.

Los mensajes van escritos con fibrón o pintura negra en torsos y espaldas desnudas. En carteles y banderas. Piden por una reforma judicial feminista, por la legalización del cannabis, por la derogación de los artículos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual, por la ley integral trans, por el cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti-trans, y exigen justicia por Florencia Gómez y la aparición con vida de Tehuel de la Torre.

El 20 de noviembre también tiene un sentido especial: es el Día Internacional de la Memoria Trans, una fecha para recordar a quienes fueron víctimas de transfobia y transodio. En medio del plumaje largo y colorido, de los tacos aguja y el glitter, de los bocinazos caravaneros y el olor a pólvora de la pirotecnia, hay varios carteles que imploran: “Basta de violencia institucional”.

 La marcha emprende su rumbo por la avenida Belgrano, la que atraviesa toda la ciudad de sur a norte. Los eventuales peatones miran con asombro. Quienes viajan en colectivo se asoman a las ventanillas y sacan fotos. Los vecinos posan en los balcones de sus departamentos. Así hasta llegar a la plaza del Maestro, al lado de la Universidad Nacional, donde finaliza el recorrido. Más tarde empieza ahí la fiesta mayor, con artistas militantes de la diversidad. 

Marcela Castillo es una de las encargadas de conducir el acto. Es una mujer trans de 45 años, acompañante terapéutica y promotora de la salud sexual en el Consultorio Inclusivo para la Diversidad del Hospital Independencia. En medio de la algarabía, la música y el baile, como si fuera un chiste o una anécdota más, Marcela le grita por el altoparlante a Mariana Contreras: 

_¿Te acordás cuando nos escapábamos de la policía y nos refugiábamos en tu casa?

Mariana es una mujer cisgénero, integrante del programa de VIH/SIDA del Ministerio de Salud, y ambas ejercían el trabajo sexual. No hace mucho tiempo debían huir de los agentes Comando Radioeléctrico, que no les permitían estar en la calle. Mariana suelta una carcajada y asiente con la cabeza. La risa se contagia en la primera fila de la marcha. Marcela, ya en un tono más serio, reflexiona a los gritos por el altoparlante: 

-Hoy pensaba, al ver a tantas compañeras… piel de gallina… poder contarla. Tantas sobrevivientes. 

La gente aplaude. 

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la esperanza de vida del colectivo trans en Argentina es de 35 a 41 años (la esperanza de vida general es de 75 años). El 90 por ciento de las mujeres trans se dedica a ejercer el trabajo sexual, como consecuencia de la exclusión de los sistemas formales de educación y los mercados laborales, y el 42 por ciento padece sífilis. Es una población que, comúnmente, vive en la pobreza y la indigencia, y que, en su gran mayoría, han sido expulsados y expulsadas de sus hogares porque sus familias rechazan su identidad de género.

Sobrevivientes

Para conocer antecedentes del trabajo sexual en territorio santiagueño fui a la casa de Sandra Castillo, una mujer adulta trans de 61 años que lucha por acceder a la reparación histórica. Es decir, una pensión reparatoria dirigida a personas travestis y trans mayores de 40. Sandra es integrante de la organización Diversidad Valiente Santiagueña (Di.Va.S.) y coordinadora del archivo de la memoria trans y LGBTIQ+ de la provincia. 

A lo largo de la entrevista se mantiene seria, contesta lo justo y necesario, y de vez en cuando juega con las puntas de su única trenza rubia: 

-Empecé a ejercer el trabajo sexual en los años 70 hasta los 2000 -relata- Ahora ya no lo hago porque soy una mujer grande. El cliente ya no busca personas grandes. Directamente el trabajo sexual me hizo a un costado, no yo a él.

Sandra, oriunda de Clodomira, una pequeña ciudad del departamento Banda, comenzó a ejercer la prostitución cuando vivía en Buenos Aires. En 1988 regresó a Santiago a causa del fallecimiento de su madre. En su provincia natal ya había mujeres trans trabajadoras sexuales. Durante dos años trabajó sin problemas con la policía, a diferencia de Buenos Aires, donde la arrestaban por el simple hecho de ser trans:

-En esos tiempos no había mujeres trans como yo estaba construida. Yo estaba con pechos, todo. Había chicas que se vestían de mujer durante la noche, pero en el día no. Yo estaba las veinticuatro horas vestida de mujer. Trabajaba en la zona del Centro, haciendo la prostitución caminando, y la policía no se daba cuenta de lo que era.

¿En qué se amparaba la policía para detener a las mujeres trans? En la ley 2425 del Código de Faltas de Santiago del Estero. Estos códigos contravencionales decían, en los Actos Contrarios a la Decencia Pública, que quien “sin estar comprendido en el artículo 129 del Código Penal, ofendiere a la decencia pública con actos o palabras torpes, será reprimido con arresto hasta diez días” y en los artículos 77 y 78 prohibía a) “el transitar por las calles o sitios públicos falto de ropas o con prendas interiores, ofreciendo un aspecto indecoroso o inmoral”; b) “el que, en sitios públicos o accesibles a la vista del público, realice actos fisiológicos que sólo deben cumplirse en lugares reservados”; y c) “el que se exhibiere públicamente con ropas de otro sexo, siempre que la costumbre lo reprima, salvo durante las fiestas de carnaval u otras que estuviere permitido, pero en ningún caso cuando las vestimentas fueren indecorosas”.

Con respecto a la Prostitución Escandalosa (artículo 83) se establecía que “se aplicará arresto hasta quince días a la mujer que se ofrezca públicamente o provoque escándalo, y a las personas de ambos sexos que, en lugares públicos o en locales de libre acceso, hagan manifiestamente proposiciones deshonestas u ofrezcan relaciones con prostitutas. La pena podrá elevarse hasta un mes de arresto si las proposiciones o incitaciones fueren dirigidas a un menor de 18 años”.

A pesar de esto, había una letra chica no oficial. O al menos figuraba dentro de la ética y moral de algunos policías: las coimas: 

-Te llevaban y tenías que arreglar con trabajo sexual o dinero para que te dejen en libertad-,  recuerda Sandra- Siempre he pagado por una noche en libertad. Al precio de ahora es, supongamos, 300, 500 pesos por una noche. 

Al mismo tiempo, existían las “estadías”, que consistían en llegar a un acuerdo económico con algún oficial a cambio de no ser arrestada durante un lapso de tiempo determinado (generalmente una semana), pero con la condición de entregarse al menos una vez para que la policía pueda constatar que cumplía con su deber.

Para corroborar este relato recurrí a otras trabajadoras sexuales santiagueñas. Una de ellas, que prefirió preservar su identidad, comenzó a prostituirse en 1994, cuando tenía 13 años. En 2022, a sus 41, calcula que de aquel tiempo que empezó a ejercer, apenas tres compañeras viven. 

- Siempre estaba la forma de arreglar porque a nadie le gustaba dormir en un calabozo- cuenta- Y muchas veces de las peores formas. Tenías que ser violada, prácticamente, o acceder a tener sexo oral con diez o quince policías que trabajaban en las comisarías en el momento. Muchas veces accedías a tener sexo con quien a ellos se les cante, porque decías: “Bueno, me van a largar a las cuatro de la mañana”, y no te largaban. A veces te hacían a propósito y te largaban al mediodía, como para que todo el mundo te vea que salías de una comisaría solo por ser trans y ejercer el trabajo sexual.

Florencia Giselle Paz aún ejerce el trabajo sexual. Comenzó en 1997, cuando tenía 12 años, actualmente tiene 37: 

- Con 12, 13 años, le tenía terror a la policía- recuerda-. Antes era muy complicado, por la policía, trabajar. Y más siendo menor de edad. Hacían rastrillajes los fines de semana. Nos metían en una celda y a las más pendejas nos ponían en un costado y nos hacían que nos desnudemos, que caminemos y hasta que tengamos relaciones con los mismos presos. Imaginate la tortura que recibíamos en ese tiempo.

Florencia Giselle Paz aún ejerce el trabajo sexual. Comenzó en 1997, cuando tenía 12 años, actualmente tiene 37.

Ninguna de estas denuncias llegó a efectuarse en esos años ante las autoridades. ¿Los motivos? Al margen de que eran ignoradas y se burlaban de ellas, el miedo a que los policías acusados tomen represalias. El trabajo sexual era el único ingreso que tenían para subsistir y ayudar a sus familias. Si iban presas, no trabajaban, no comían. 

Cintia Cravero es abogada, activista por los derechos de las mujeres y personas de la diversidad. Trabaja como subdelegada del Inadi de Villa María, y también lo hizo en Santiago del Estero. Respecto de aquellas denuncias, dice: 

- Las compañeras con las que tuve contacto, que han tenido algún tipo de problema, decidieron no denunciar por la policía misma. La policía es la que patrulla las calles. Ellas quedarían muy expuestas ante denuncias institucionales contra la policía. De por sí era muy difícil que puedan acceder y ser respetadas al momento de querer interponer una denuncia. Denunciar a la institución era medio meterse en un problema más profundo y no poder salir.

Mía Leguizamón es una mujer trans de 29 años que aún ejerce el trabajo sexual. Sale a la calle solo cuando está aburrida o tiene ganas de exhibirse. Generalmente trabaja a través de un sitio web, para mayor seguridad, dice ella. Aunque es relativo. Reconoce: 

- Una nunca sabe con el cliente que te podés encontrar y la locura que puede llegar a tener.

En su perfil ofrece servicios virtuales, como videollamadas, venta de packs de fotos, o encuentros íntimos a convenir. Todo tiene que ser con transferencias de dinero por adelantado para asegurarse que la cita se va a concretar y no ir en vano. La joven no quiere dar demasiados detalles sobre el sitio que usa porque considera que si revela direcciones va a tener más competencia.

Mía mide, según dice su perfil, un metro cincuenta. Su altura no es un dato menor para este relato: 

- Imaginate, cuando tenía 17 años, era una de las más chiquititas. Todas eran semejante cosa y yo era una cagadita. Unos policías siempre la tenían conmigo. Varias veces me quejé porque yo trabajaba en el parque Oeste, entre Libertad y Moreno, y había una chica que era menor de edad, mujer cis, que trabajaba en la de Entre Ríos (las separaba una cuadra). Como era menor, nos traía problemas a todas nosotras con la policía por el hecho de ser mujer. Tenían sexo con ella y nos corrían a todas nosotras. Una vez, un policía me corrió y me pegó. Denuncié, pero nunca se hizo nada. Ese fue el único caso que tuve contra la policía, que ejercieron violencia contra mí.

A Mía le pegaron por negarse a irse de la “zona de las chicas trans”. Su propio espacio. Esto ocurrió en 2010, dos años después de la derogación de los artículos contravencionales. Fue acompañada por una amiga a hacer la denuncia a la comisaría Cuarta: 

- Se nos cagaron de risa- recuerda lamentándose-. Se hicieron los que tomaron la denuncia y quedó en la nada. El policía seguía trabajando ahí. Pasaba y se nos burlaba. No quedaba otra que seguir trabajando, porque era el único sustento que teníamos. 

Mía hace hincapié en que ella, al igual muchas mujeres trans, han abandonado la escuela en niveles primarios y, con suerte, secundarios. No tuvieron ni tienen conocimiento de cómo actuar ante esos casos. Es difícil encontrar denuncias legales por maltrato policial a trabajadoras sexuales en Santiago.

Para averiguar más visito el edifico del INADI. Allí me recibe Luisa Paz, la delegada provincial. Luisa es una mujer trans de 58 años, canosa e imponente. Me espera en su oficina. Ella se apodera de la escena. Su discurso es arrollador. Golpea el escritorio con sus uñas cada vez que quiere hacer énfasis en algo. Le pregunto por denuncias que hayan recibido y que impliquen a policías y trabajadoras sexuales. Me aclara que allí no reciben denuncias de violencia institucional, que eso le corresponde a Derechos Humanos de la Nación. Pero sí me cuenta que han ido compañeras trans a denunciar discriminación por no dejarlas entrar a boliches, escuelas o locales de ropa en la zona céntrica.

Termino con Luisa y camino aproximadamente seis cuadras hasta la Secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero. Allí solo recuerdan un caso en el que una mujer trans y un joven gay en un boliche, que denunciaron a la policía por conflictos previos. La denuncia se hizo ante el Ministerio Público Fiscal. Nada vinculado al trabajo sexual. En la Secretaria tampoco reciben denuncias, solo reclamos. Acompañan, asesoran, envían notas y poco más.

Policías

Esta una de las caras de la moneda. El testimonio en carne propia de las trabajadoras sexuales. Ahora, ¿qué pasaba adentro de las comisarias? Para eso, en primera instancia, salgo a la calle para hablar con algún oficial de turno. De esos que cualquiera se puede encontrar en las plazas, en las esquinas o controlando el tránsito. 

-¿Qué es lo que quieres saber?- me prepotea uno. No me saca la mirada de encima. Insiste. Se anticipa y me sentencia: “Ninguno va a querer hablar”. 

Intuye por donde va la cuestión. Sabe que la policía, en el imaginario popular, tiene mala fama. Y tiene razón, nadie quiere charlar sobre el asunto. ¿Tendrán miedo de que su empleo corra peligro si es que hablan de más?

Es por eso que recurro a un ex suboficial que prestó sus servicios en las comisarías Primera y N° 49, entre 1986 y 2015. El hombre prefiere que su identidad no se dé a conocer. Ante la consulta sobre presuntas coimas, me contesta: 

- He escuchado que en diversas partes había gente que les pedía plata para dejarlas trabajar. Casualmente, ante esa situación, me he plantado. No te voy a dar los nombres. Estando en la comisaría, una me manifiesta que dos oficiales le habían pedido plata para dejarla trabajar. Me fui a hablar con el jefe: “Jefe, mire, aquí una chica contraventora me manifiesta que hay dos policías del comando radioeléctrico que le habían pedido dinero. Como no les quería dar, la levantaron”. El jefe de la comisaria de ese entonces, de la Primera, se comunica con el jefe del comando y le dice: “Mirá, esto y esto está pasando con tus oficiales. Sacalos, no sé. Yo los voy a vivir metiendo presos si una contraventora viene y manifiesta eso”. Ahí quedó. 

Hasta acá el relato de las dos partes coincide. Pero la historia no termina ahí: 

- Recibí presión de estos dos oficiales -continúa el subofiicial retirado- porque sabían que yo había recibido la declaración indagatoria. Me reclamaron que cómo iba a creerle a una contraventora. Les digo: “He obviado de poner eso en la declaración indagatoria. He hablado directamente con el jefe”. Me dijeron que era un cagador. 

Eso lo manejaban de arriba. Había jefes a los que no les importaba nada. Ellos coimeaban y te mandaban al frente a vos. ‘

Pascual Jaime — Ex policía

En cuanto a violaciones o abusos a cambio de libertad, no le consta haber visto o escuchado algo. Quien también niega haber visto o escuchado algo es Pascual Jaime, un ex agente de las comisarias Primera y Sexta, entre 1980 y 2005. Aunque sí hace un aporte al rastro de las coimas: 

- Eso lo manejaban de arriba. Había jefes a los que no les importaba nada. Ellos coimeaban y te mandaban al frente a vos. ‘Vete, levantalo’, cuando ellos ya estaban recibiendo la plata. Con eso chocas cuando vas para allá. ‘A fulano ya le he dado plata’. Así se trabajaba en esa época. Esos comentarios había siempre en la fuerza.

El orgullo

Mientras tanto, en la plaza del Maestro, Mariana Contreras no para de bailar. Menea para todos lados su pollera con los colores de la bandera LGBTIQ+. Le cabe cualquier género musical. En un punto de la noche se saca sus tacos negros y los cambia por unas alpargatas para estar más cómoda. Todos y todas quieren tener una foto con ella. ¿Qué la convirtió en referente? La popularidad que tomó por ser testigo del doble caso de La Dársena, donde asesinaron a Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba el 6 de febrero de 2003. En aquel entonces, Elena Reynaga, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), la contactó para que organice a las trabajadoras sexuales santiagueñas.

A Mariana -50 años, madre de familia y orgullosa mujer viviendo con VIH- la conocí un par de meses antes. Me recibió en una oficina del Ministerio de Salud, donde trabaja codo a codo con Morena Lescano, su compañera trans que además es cantante. Y más tarde, en la marcha canta y hace cantar a la multitud. Cuando le pregunto sobre el trabajo sexual en Santiago, Mariana me dice: 

- Empiezo a organizar a las compañeras por el tema del atropello que sufríamos por parte de la policía, que se basaban en códigos contravencionales para llevarnos presas y hacer abuso deshonesto sobre la vida de nosotras. No solamente de las mujeres trabajadoras sexuales cis, sino de las compañeras trans. Nos metían a todas en el mismo calabozo. Nosotras veíamos cómo las violaban a las compañeras. Algunos nos coimeaban con dinero o con servicios sexuales para dejarnos trabajar“.

El diálogo entre Marcela Castillo y Mariana Contreras cobra sentido. No solo era una cuestión de complicidad, sino que interpelaba a quienes alguna vez fueron (o son) trabajadoras sexuales. Como me dijo Luisa Paz, “el trabajo sexual nos atraviesa por todo el cuerpo”. Es decir, no solo existen las consecuencias físicas, sino también las psicológicas y las familiares, porque las familias también sufren. Y en este acto hay muchas familias. Un cartel, pintado con los colores de la bandera del orgullo trans, reza: “Abracemos el futuro y luchemos por más sonrisas”.

Ya es 21 de noviembre y la fiesta sigue. Las disidencias bailan al ritmo de los Village People y se sienten libres de mostrarse tal cual son, sin miedo a represalias. 

- ¿Dónde sigue la fiesta?-, le pregunta una mujer trans a otra. Todos y todas quieren prolongar la celebración o detener el tiempo.

Me desligo del evento. Pasan las horas y sigo cruzándome con banderas y pañuelos orgullosos que van y vienen. En mi regreso a casa, ya muy lejos del centro, logro visibilizar a tres trabajadoras sexuales trans sobre la avenida Solís. Están casi escondidas, debajo de la sombra de los árboles y los postes de luz, a la espera de algún cliente. Una de ellas tiene una mochila pequeña con motivos infantiles. No sé si habrán estado en la marcha, pero entiendo que la fiesta no es para todas. Y que para muchas, el trabajo sexual sigue siendo la única manera de llevar el pan a su mesa.

JPS/MG

Juan Pablo Santillán es Periodista Deportivo recibido en Tea y DeporTEA. Se mudó de La Matanza a Santiago del Estero en 2021. Se dedicó a cubrir fútbol femenino. Escribe en Nuevo Diario y colabora en el programa Trans-mitiendo Realidades en Radio Universidad. Es tesista de la Licenciatura en Periodismo de la UNSE

El día que Marcela (nombre ficticio) viajó desde su Brasil natal hasta el norte de Portugal tenía 500 euros, una reserva de hotel de una semana, el pasaporte y la promesa de seis meses de trabajo cuidando a niños o limpiando hogares. Estaba equivocada: llegaba a Europa para ser esclava, para ser prostituida.

“Después de una semana de turismo en Portugal, nos encerraron y nos contaron la verdad. Teníamos una deuda inicial de 5.800 euros, más añadidos”, explica a Efe Marcela, superviviente de explotación sexual y trata en Portugal y España.

La esclavitud moderna “no es más que la esclavitud de la antigüedad llevada al mundo contemporáneo”, según Carolina Rudnick, presidenta de la fundación chilena Libera, contra la trata de personas y la esclavitud, y añade que dentro de ella se encuentran los delitos como trabajo forzado, servidumbre por deuda, proxenetismo o venta de niños y niñas.

Diecisiete años después, Marcela trabaja en España como mediadora social-lingüística en la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), y asegura que lo más importante es “el proceso de recuperación de cada mujer o niña”, que tiene que empezar siempre “desde dentro y hacia fuera”.

Naciones Unidas, en el último informe global sobre trata de personas de 2020, estima que 40 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud.

EL CASO DE AMÉRICA LATINA: ENTRE EL HAMBRE Y LA ESCLAVITUD

Rudnick explica que, en Latinoamérica, no sólo existe una “criminalidad organizada”, también cuenta con “una gran masa de trabajadores irregulares”, fáciles de captar por los explotadores.

“Los captan a través de ofertas de trabajo. El migrante va a decir que sí, a pesar que sea menos del salario mínimo y con unas condiciones de vida degradantes porque, entre el hambre y la esclavitud el migrante siempre elegirá la esclavitud”, apunta.

La migración irregular transformó al migrante “en un delincuente a ojos de la sociedad”, según la directora de Libera, quien añade que, por este estigma, muchos de ellos “nunca se atreven a denunciar” y sólo cuando son abandonados logran ser detectados a través de las ONG con las que trabajan en la fundación.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ESPAÑA

Según datos de Naciones Unidas, España encabeza el “ranking” de prostitución europeo y es el tercer país a nivel mundial y, como remarca Rocío Mora, directora de APRAMP, “dentro de la explotación sexual en el país, la violencia más brutal se ejerce a mujeres y niñas”, ya que el 64 % de los casos que denunciaron en 2021, comenzaron siendo menores de edad.

“Cuando una mujer te dice que desarrolla unos 40 ‘servicios sexuales’ al día te das cuenta de que es algo abusivo. Siempre lo comparo con la extracción de órganos, ¿por qué yo no puedo pagar porque tú me des un pulmón pero sí vemos que una mujer sea penetrada, y que hagan con su cuerpo lo que quieran a cambio de dinero?”, plantea.

APRAMP es la primera organización que cuenta con una escuela de formación para supervivientes de la trata, que atienden a 59 nacionalidades, y les “sorprende” la entrada masiva de mujeres colombianas, venezolanas y hondureñas, según Mora.

LA ESCLAVITUD, UN NEGOCIO RENTABLE

La esclavitud es “un negocio super lucrativo”, afirma Carolina Rudnick, con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hablan de que el mercado de la trata ronda los 150 billones de dólares al año.

Marcela reconoce que ha generado “mucho dinero a la mafia” pero que ella “no ha ganado nada”, pasando una semana con un putero llegó a producir 14.000 euros a los proxenetas e insiste en que “la prostitución no es el oficio más antigüo del mundo, lo es el seguir mirando hacia otro lado”.

“Cuando había redadas de la policía teníamos que mentir y decir que habíamos venido con nuestro propio dinero. Mis proxenetas llegaron a amenazarme con que me picarían en trocitos, me meterían en una maleta y me tirarían al río Guadalquivir (Sevilla), porque detrás de mí vendrían otras diez”, remarca.

Por Paula Urrutia, para la agencia EFE.

IG

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas con el fin de concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como a los gobiernos.

La trata de personas es definida como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

“Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, según el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.

De acuerdo a datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hubo alrededor de 50 mil víctimas de la trata de personas en 2018. Los datos dan cuenta de que el 50 % de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38 % fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Asimismo, las mujeres siguen siendo las principales víctimas y representan el 46 % y las niñas el 19 % de todas las víctimas de la trata. De hecho, a nivel mundial, una de cada tres víctimas detectadas es un niño o una niña.

En nuestro país, casi el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situaciones de explotación laboral. Las tareas de fiscalización, detección y denuncia para el delito de Trata de personas con fines de explotación laboral son llevadas a cabo por la Dirección de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral. Mientras que la Coordinación para la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso y para la asistencia a las víctimas desarrolla acciones vinculadas a la prevención, detección temprana y posterior asistencia a las víctimas.

La información es una herramienta clave para la prevención de este delito. En Argentina, se puede denunciar llamando a la línea 145 o para asistencia a la víctima podés consultar en el siguiente link.

DL

La Cámara Federal de Casación deberá decidir el destino de uno de los casos de presunta corrupción judicial más resonantes de los últimos años, confirmaron fuentes judiciales y de la defensa ante la consulta de elDiarioAR. Un prostíbulo solicitado por hombres del poder en Mar del Plata, trata de personas, supuesto tráfico de influencias y la presunta complicidad de uno de los jueces otrora más poderosos de la ciudad atlántica forman parte de la trama del caso contra el exjuez federal Jorge Daniel Ferro.

En agosto último, Ferro fue procesado por el juez federal de Mar del Plata Santiago Martín por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros dos acusados, sus presuntos cómplices, quedaron procesados por tráfico de influencias agravado. Sin embargo, en marzo, tres jueces convocados exclusivamente para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en este caso revocaron los procesamientos del excamarista y el resto de los imputados. Por eso, el equipo de fiscales federales a cargo del caso recurrió ante el máximo tribunal penal del país para que revise esta decisión de los jueces Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena. El expediente pende de un hilo por el paso del tiempo, la posible prescripción y la decisión de los camaristas. Los tres magistrados les negaron el recurso, por lo que los fiscales presentaron una queja ante Casación.

Desde abril, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, tiene pendiente resolver el recurso de queja presentado por Daniel Adler, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y sus pares Diego Velasco y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación contra Ferro estaba a cargo de la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri.

Borinsky, Hornos y Carbajo deberán determinar primero si admiten la presentación de los fiscales. Luego, de admitirla, si la conducta del exjuez y sus supuestos cómplices implicó delitos penales o meras “faltas disciplinarias”, lo que marcará precedentes para futuros casos de presunta corrupción de jueces y fiscales.

El caso implica una supuesta red de tráfico de influencias en torno a una causa de trata de mujeres en uno de los territorios más complejos de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata.

La causa contra el prostíbulo Madaho's comenzó en 2013. En plena investigación, en septiembre de 2014, la Justicia corroboró que el inmueble de la calle Alem en el que funcionaba la organización dedicada a la trata de mujeres estaba a nombre de Alejandro Ferrarello, cabeza de un estudio jurídico de Mar del Plata, aunque no es abogado.

La prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores

César Sivo — Abogado defensor de Ferrarello, uno de los investigados.

En un primer tramo de la causa del prostíbulo, Ferrarello quedó imputado como partícipe necesario de la trata de personas, aunque finalmente fue sobreseído. Sí está procesado en un segundo expediente del caso por el presunto lavado de dinero, que actualmente se encuentra en juicio.

Ferrarello y el juez Ferro se conocían desde 1989 y el primero fue empleado en el juzgado número 2 de Mar Del Plata cuando el segundo era el juez titular. Además de los asiduos llamados, mensajes y correos entre los investigados que demostraban extrema confianza entre ambos, según la investigación, Ferrarello tuvo cinco extensiones de la tarjeta de crédito American Express de Ferro entre 2003 y 2016, de acuerdo a los dictámenes fiscales analizados por elDiarioAR.

En abril de 2015, se allanaron las oficinas de Ferrarello de la calle Colón, donde funcionaba el estudio Games & Asociados. Si bien Ferrarello no es abogado, la investigación determinó que era quien manejaba el bufete. Allí, secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook de Ferrarello que fueron peritados. De esa pericia informática, surgieron las conexiones con el entonces camarista Ferro, que intervenía al mismo tiempo en la causa revisando las decisiones de juez de primera instancia, Santiago Inchausti.

Ferrarello

Además de ser el propietario del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, los investigadores también hallaron que, entre 2011 y 2014, el estudio de Ferrarello había funcionado en otra dirección en donde también funcionaba el estudio contable que administraba la sociedad anónima que explotaba el prostíbulo: Rolafa SRL. La defensa de Ferrarello rechazó las acusaciones de que éste estaría vinculado a la explotación sexuales de las mujeres que permanecían en Madaho’s.

El 1° de septiembre de 2016, los fiscales denunciaron a Ferro por sus nexos con Ferrarello y solicitaron que se apartara de la causa de Madaho's, cuando descubrieron la estrecha relación entre el juez y el imputado, a quien Ferro, según la investigación, favorecía en sus decisiones desde la Cámara Federal: aprobar las salidas del país del acusado; votar por la nulidad de la causa de trata; intervenir en el incidente de devolución de los teléfonos y aparatos informáticos cuya apertura permitió descubrir “el vínculo de corrupción existente entre ambos”; y votar a favor de apartar al juez Inchausti, quien avanzaba con la investigación contra el prostíbulo.

Ferro recién se apartó casi tres meses después de la denuncia en su contra, a finales de diciembre de 2016.

Los fiscales también denunciaron que en los correos y mensajes analizados surgía cómo el magistrado y su amigo habrían actuado en tándem durante trece años en distintos expedientes. Se abrió entonces un nuevo expediente en Mar del Plata contra el juez y Ferrarello, que quedó a cargo de la fiscal Mazzaferri.

La magistrada determinó que Ferrarello habría utilizado su amistad y relaciones económicas con el entonces juez Ferro para “influir” en sus decisiones judiciales en las causas que llevaba adelante el estudio jurídico a cambio de “beneficios económicos”, y a las que “el juez accedió en reiteradas ocasiones” a través de “colaboración y asesoramiento”, “dictado de decisiones judiciales ventajosas, decretos y resoluciones siempre favorables al estudio jurídico, que coinciden con los expresos pedidos que efectuaran” no sólo Ferrarello sino otros dos abogados de su estudio.

Estas meras infracciones no constituyen per se el delito

Fallo de los jueces López, Candisano Mera y Villena.

Ferro

La investigación de la fiscalía acusó a Ferro desde planificar la estrategia de un divorcio que llevaba adelante el estudio Ferrarello hasta adelantarle fallos por e-mail que no habían sido firmados; habilitar la feria para quitarle un expediente a otro juez de la Cámara Federal de Mar del Plata para lograr tener control de la causa; y recomendar a su amigo cómo debía hacer para apartar a ese magistrado; o incluso “aplazar deliberadamente” el tratamiento de un expediente que había llegado a la Cámara Federal de Mar del Plata por una deuda de dinero iniciada por una cooperativa contra dos particulares que eran clientes del estudio de Ferrarello “al ocultarlo en su caja de seguridad durante seis años” hasta que la fiscalía solicitó el expediente, según surge de los dictámenes de la fiscalía analizados por elDiarioAR.

Los correos electrónicos también “demostrarían que Ferro derivó clientela al estudio de Alejandro Ferrarello, participando inclusive del asesoramiento y la estrategia del proceso”, según la investigación fiscal.

Esta red de influencias habría funcionado entre 2002 y 2018, cuando Ferro finalmente presenta su renuncia al cargo, ante un proceso para removerlo por juicio político.

Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); informar la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)

Recurso de los fiscales ante Casación.

César Sivo, abogado de Ferrarello y los otros abogados investigados, sostuvo que “la prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores”; que los fiscales y juez Martín no tuvieron en cuenta los descargos de los acusados que explicarían las razones “inocuas” de los correos y mensajes que intercambiaron; que las pruebas recolectadas no constituyen la comisión de delitos, según un escrito presentado ante la Cámara. “Una abierta connotación moralista en el decisorio, rayano al derecho natural, pero por fuera del ordenamiento penal vigente”, dijo Sivo.

 La defensa de Ferro, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, también negó las acusaciones ante la consulta de elDiarioAR y sostuvo que se trató de un “hostigamiento” a su cliente. Además, el abogado afirmó que la causa “ya está prescripta” y que realizó dicho planteo ante el juzgado de Martín para que el juez de primera instancia dicte el sobreseimiento y cierre del expediente.

El fallo de la Cámara

Para tratar este caso, se debió constituir una nueva integración de la Cámara Federal de Mar del Plata, ya que es el tribunal que integraba Ferro. Se convocó a tres jueces que intervinieron para revisar los procesamientos: Alfredo López, Candisano Mera y Villena. En marzo, los tres les dieron la razón a las defensas de Ferro y Ferrarello.

¿Qué dijeron los jueces de la Cámara? Que las conductas cometidas por Ferro y los abogados “importarían la infracción de deberes institucionales”, del ámbito disciplinario y no penal, y que debían ser tratadas en el Consejo de la Magistratura. “Estas meras infracciones no constituyen per se el delito”, afirmaron. “De hecho, bajo la premisa de que el vínculo entre los aquí imputados podría poseer contenido económico y que las conductas investigadas podrían tener impacto en los patrimonios de los investigados, se creó un legajo patrimonial para cada uno, del que no surgió –en principio– tal circunstancia”, indicaron. “El contenido de una resolución judicial no puede, en principio, ser delito”, agregaron.

Ante la Casación, los fiscales replicaron: “Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); incitar a la denuncia de sus propios colegas jueces y compartir modelos de escritos para presentar en contra de aquellos en el Consejo de la Magistratura; informar a las partes acerca de cuál es la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)”.

Si la causa se cierra o avanza, dependerá de la Sala IV de Casación.

ED

Ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, los expertos sostuvieron que los niños de esta isla intercambian relaciones sexuales por dinero “para sobrevivir”, reportó la agencia Europa Press.

En la reunión también participó la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil (Ecpat) y los expertos señalaron que la prostitución infantil es un asunto “trivializado” que se lleva a cabo “abiertamente” en bares, discotecas, salones de masajes y hoteles en Madagascar.

Además, la organización advirtió que la pobreza es el principal motivo que lleva a los niños a realizar estas prácticas y que algunas familias incluso obligan a sus hijos, la mayor parte niñas, a someterse.

También destacaron que la prostitución de niños se incrementó los últimos años y el área más afectada es la capital, Antananarivo, y pueblos costeros.

Si bien la organización remarcó que más de 250.000 turistas visitaron Madagascar en 2017 -el último año con datos disponibles- la mayoría de los abusadores son ciudadanos de la isla.

Por otro lado, los expertos de la ONU recalcaron la extrema vulnerabilidad de las comunidades, afectadas por las recurrentes sequías y la escasez de alimentos y agua, y subrayaron que las tasas de desnutrición entre los niños han empeorado “exponencialmente”.

De esta forma, pidieron a las autoridad de este país tomar medidas para proteger a los niños de la prostitución infantil y otras violaciones a sus derechos humanos.

También exigieron al gobierno fortalecer los acuerdos multilaterales y regionales para prevenir el turismo sexual.

Estas recomendaciones llegan después de una revisión al país, que en 2004 se comprometió a erradicar todas las formas de violencia contra los niños, incluidas la explotación y el abuso sexual.

En las últimas semanas, Madagascar sufrió dos ciclones que causaron la pérdida de vidas humanas, dañaron varias partes del país y expandieron el hambre por todo el país.

Entre 2008 y agosto de 2021, 16.842 víctimas de trata de personas y explotación sexual fueron rescatadas de sus proxenetas, entre ellas, las 25 mujeres de Córdoba que la semana pasada recibieron la noticia de que sus explotadores las debían indemnizar con $ 31 millones. Los datos se desprenden del informe que año a año presenta la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) desde que en 2008 se sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas.

Pese a que los datos del combate contra explotadores y tratantes son alentadores, las víctimas de trata, como la activista Alika Kinan, denuncian que el rol del Estado es insuficiente. Kinan, víctima de proxenetas que la sometieron a todo tipo de abusos desde que tenía 19 años -cuando la captaron en Córdoba, donde vivía con su familia-, hasta los 36 años, cuando fue rescatada en 2012 de la whiskería Sheik en Ushuaia, es referente en Occidente de la lucha contra estas bandas.

-Un informe de la Protex publicado en agosto pasado revela que desde 2008, cuando se sancionó la Ley de Lucha contra la Trata, ya fueron rescatadas más de 16.000 mujeres de las redes de explotación sexual.

-Sobre el informe de la Protex debemos aclarar que, de ese total de 16.842 víctimas de trata rescatadas por el Estado, sólo 800 mujeres, o sea, sólo el 5% de las víctimas, tienen sentencia firme de la Justicia por haber sido víctimas de redes de proxenetismo. ¿Qué pasó en estos 13 años con las otras 16.000 mujeres violadas y violentadas en su dignidad? ¿Qué hizo el Estado por ellas, qué respuestas les dio? Ninguna. Además, la Protex no aclara algo fundamental: una vez que se produjo el rescate, hubo una asistencia del Estado de una semana, 15 días o tres meses. Y después no supimos más nada de estas mujeres violentadas. ¿Tuvimos 16.842 víctimas rescatadas, o la víctima “A”, rescatada de un prostíbulo de los Barey en marzo de 2012, volvió a caer en una red de trata en agosto de ese año, la rescataron en 2014 y en 2015 volvió a caer, y la rescataron tres meses después y “A” en vez de ser una persona, sólo se convirtió en un número que engrosa estadísticas? La solución a la trata de personas con fines de explotación sexual debe ser sustentable, con salarios dignos para no volver a caer en las redes de captación, y sostenibles en el tiempo, no como paliativos, sino con soluciones de fondo.

La solución a la trata de personas con fines de explotación sexual debe ser sustentable, con salarios dignos para no volver a caer en las redes de captación, y sostenibles en el tiempo, no como paliativos, sino con soluciones de fondo.

-La semana pasada La Justicia federal de Córdoba dictó un fallo novedoso al condenar a una banda de proxenetas liderada por los hermanos Fabio Barey y Daniel Barey a indemnizar a 25 víctimas. Eso marca un avance hacia el abolicionismo.

-La ley de Trata 26.364 de 2008 y su modificación, la Ley 26.842 de 2012 son muy buenas, pero nada de lo que establecen se cumple. Tener la ley escrita y que no se aplique, que la víctima no vea en su vida diaria la efectividad de la ley, es lo mismo que no tener legislación contra la trata. Nosotras, las víctimas, consideramos que corresponde la debida indemnización por la explotación que sufrimos y por los abusos a los que fuimos sometidas. Este juicio reveló algunas cosas: los proxenetas Fabio Barey y Daniel Barey fueron condenados a sólo cuatro años de cárcel debido a las negociaciones con la Justicia, en lo que llaman un juicio abreviado. Y en realidad no es un juicio abreviado por el transcurso de los años, si bien se respetó el debido proceso para los imputados en la causa, no se respetó el debido proceso para con las víctimas y sobrevivientes, como así los tiempos que destina el sistema en impartir Justicia. Y como ya estuvieron presos dos años y medio, llegaron al juicio en libertad y se fueron en libertad. Todo gracias a un acuerdo con la Justicia. Nunca se debe negociar con proxenetas y tratantes, ¡nunca! Este no es un delito común: la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito complejo, donde tratantes y proxenetas se enriquecen de forma desmesurada a través de la violación de los derechos humanos de las víctimas, con lo cual estamos ante un delito de lesa humanidad y debe ser reparado, no solo con una cifra indemnizatoria, sino con penas efectivas de cárcel de acuerdo a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes.

-Por lo menos en el caso de Córdoba, este fallo demuestra que vamos en un camino abolicionista.

-La Constitución Nacional, la adhesión a los tratados internacionales y la legislación dice que Argentina es un país abolicionista. Si nos fijamos, tenemos una Ley de Trata que dice que el Estado debe prevenir, erradicar, perseguir y sancionar a los proxenetas y tratantes desde una política criminal que la tiene, pero además debe evitar y condenar el pago por sexo y reconocer a las víctimas como tales y restituirles sus derechos. En Argentina no se evita ni se condena al hombre que paga por sexo, y en la práctica ni se reconoce a las víctimas como tales y mucho menos se les restituyen sus derechos, tenemos un abolicionismo de papel. Volviendo al juicio y la condena contra los Barey, dos de sus 25 víctimas fueron violadas reiteradamente a diario durante seis años, dos años más de la pena que recibieron los jefes de la banda ¡Esto es una vergüenza! Tenemos otras cuatro víctimas, que van a ser indemnizadas con menos de $ 3.000 pese a que fueron violadas durante 24 horas ¿En qué cabeza cabe esa condena? Desde la Justicia federal justificaron un acuerdo con los acusados a través de un juicio abreviado para no extender más los plazos. Las víctimas fueron rescatadas en 2012 y el juicio abreviado se realizó en 2021, pasaron nueve años ¿de qué juicio abreviado me hablan? ¿Alguien del Estado, no sólo de la Justicia, sino de los funcionarios, se preocupó por estas 25 víctimas a lo largo de estos nueve años? En marzo de 2012 nos enteramos por los medios que las víctimas habían sido rescatadas ¿supimos qué pasó con ellas a lo largo de esta década, supimos si lograron construir un proyecto de vida que las dignifique a ellas y a sus hijos? ¿O volvieron a caer en una red de trata y en la prostitución? ¿De las 25 víctimas, cuántas pudieron ser querellantes contra los hermanos Barey? Por eso decimos que pese a que Argentina tiene una legislación de avanzada, es abolicionista de papel.

-Pero la Justicia federal de Córdoba va en un sentido de cambiar las cosas.

-Debe quedar clara una cuestión y eso es irrenunciable, es innegociable: los proxenetas deben pagar con cárcel efectiva el daño que le hicieron a sus víctimas. La Justicia se equivoca al equiparar el rescate de las víctimas con un despido de una empresa. ¿En qué se basan para calcular la reparación económica? La prostitución, el mal llamado trabajo sexual, no es un trabajo. Es una forma de violencia, es claramente una violación a los derechos humanos de las mujeres, acá hay una romantización de la prostitución. Ninguna mujer es puta porque quiere, frente a la falta de oportunidades, con índices de pobreza del 40%, esas mujeres en situación de prostitución tienen que llevarles un plato de comida a sus hijos. El cálculo reparatorio se hizo en base al convenio colectivo de las trabajadoras hoteleras y gastronómicas, contemplando aguinaldo, como si las víctimas de trata violadas reiteradamente a diario, en vez de sufrir un abuso contra su integridad, trabajaran en el sector hotelería. La Protex ni la Justicia deben equiparar el trabajo en un hotel o un restaurante con una violación. No se puede equiparar un trabajo con un abuso sexual reiterado.

La prostitución, el mal llamado trabajo sexual, no es un trabajo. Es una forma de violencia, es claramente una violación a los derechos humanos de las mujeres, acá hay una romantización de la prostitución

-La semana pasada, desde la Fundación que usted preside denunciaron el caso de una víctima de trata que había sufrido destrozos en su vivienda por un temporal y que el Estado no le había dado respuestas. 

-Sí. Durante la noche del martes 12 una tormenta dejó sin hogar a una sobreviviente de explotación sexual en la ciudad de Córdoba, y esta víctima sufrió la pérdida casi total de su vivienda. Pedimos ayuda a la comunidad porque el Estado nacional, provincial y municipal no nos dio respuestas. Esta mujer, víctima de trata, se encuentra con sus hijos y una hija de 9 años con problemas respiratorios y dermatológicos. Recién este lunes, posterior al Día de la Madre, se comunicaron con esta víctima funcionarios de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba y le dieron el mismo trato que al resto de los damnificados del temporal, desconociendo que el Estado debía darle asistencia por su condición de rescatada, que no le dio, engrosando una estadística burocrática, en vez de ser visibilizada y humanizada. Como vemos en este caso puntual hay una ausencia del Estado y eso mismo pasa con todas las víctimas que fueron rescatadas. Les dan alojamiento y atención las primeras semanas y después el Estado se desentiende.

-En junio de 2019, el Congreso de la Nación aprobó la creación de un fondo fiduciario de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, que establece el destino exclusivo de los decomisos del delito de trata para el resarcimiento a las víctimas, por lo cual, el dinero en efectivo y el producido de la venta de bienes decomisados en procesos judiciales por el delito de trata, incluso aquellos formalizados por medio del delito de lavado de activos, sean destinados exclusivamente a restituir los derechos de las víctimas. 

-El fondo fiduciario ya cuenta con unas 150 propiedades y unos US$ 3 millones. pero las víctimas, como es el caso de las 25 de Córdoba, no han visto un peso. Esos bienes decomisados a los proxenetas de todo el país por los delitos de explotación, trata y lavado de dinero, no han llegado a nosotras. Ese patrimonio el Estado le ha dado un uso que no es el que corresponde, reparar el daño moral, psicológico y físico que sufrimos las víctimas. Y en este caso el Estado es responsable por acción o por omisión.

GM