San Antonio Este fue el escenario de una audiencia pública que marcó un nuevo capítulo en el debate sobre la explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías, una zona de gran valor ambiental y turístico. En el centro de la discusión: el proyecto de Pan American Energy (PAE) para instalar un buque de licuefacción de gas natural en sus aguas, cuyas implicancias para la fauna marina y el ecosistema local ya generan profundas divisiones.

La audiencia pública comenzó alrededor de las 9 de la mañana con la apertura a cargo de la secretaria de Ambiente y Energía de la Provincia de Río Negro, Andrea Confini; la de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, y el intendente de San Antonio Oeste, Adrian Casadei, del partido Juntos Somos Río Negro, el espacio que gobierna la provincia y que lidera el gobernador Alberto Weretilneck. El evento se realizó en el gimnasio municipal de San Antonio Este que amaneció vallado y con gran despliegue policial. La lista de oradores superaba las 220 personas. 

El primer bloque de la jornada contó con la presentación del proyecto a cargo de Marcos Porteau, gerente de proyectos de la empresa Southern Energy, que integran PAE y la noruega Golar. Porteau fue subsecretario de Hidrocarburos de la gestión de Javier Iguacel como ministro de Energía de la presidencia de Mauricio Macri. En ese primer bloque también se realizó la exposición del Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Consultora Serman y Asociados.

En diálogo con elDiarioAR, Porteau prometió que durante la etapa se generarían 600 puestos de trabajo local que tienen que ver con la construcción del gasoducto que saldrá desde Cerro Fuerte Argentino hasta un buque licuefactor a 7 kilómetros mar adentro. Al preguntar sobre la duración de estos puestos de trabajo durante esa etapa, el directivo y exfuncionario macrista afirmó que será de 18 a 22  meses. Además, el representante de Southern sostuvo que “durante la etapa operativa son 850 puestos de trabajo directo e indirecto”, porque “viene el barco”, que “va a tener asociadas a la operación en buque 168 personas aproximadamente”.

“Es un proyecto que es por ahí distinto de otros, que tienen una construcción más pequeña y una operación más importante. Por eso se suma más gente durante la etapa operativa, cuando nosotros esperamos que eventualmente toda la gente sea local. La pregunta es cuándo eso ocurre. Nosotros vamos a empezar una parte del personal local y de a poco se va a ir calificando a la gente para que vayan tomando esos puestos de trabajo y en un horizonte que es muy difícil hoy hasta que armemos los planes de capacitación y de certificación, que veamos qué gente podemos conseguir”, dijo Porteau y reconició que es “difícil anticipar exactamente”, pero que cree que será “de tres a cinco años”.

Después, la gerente de estudios ambientales de la consultora Serman y Asociados, Maria Sol García Cabrera, estuvo encargada de presentar el Estudio de Impacto Ambiental que le encomendó Southern Energy. elDiarioAR consultó acerca de una de las mayores preocupaciones de organizaciones proteccionistas de la fauna marina y ambientalistas: la posibilidad del aumento de colisiones con mamíferos como las ballenas. Cabrera respondió: “Una de las cuestiones que vieron los especialistas del grupo de megafauna marina fue esa. Primero, lo que se analiza es la frecuencia de movimiento de buques. En este caso, en particular, por una cuestión de operación del propio buque licuefactor no es posible que sea mayor a dos o eventualmente tres (las llegadas de los buques metaneros)”.

En este sentido, sostuvo que “sabiendo que uno de los posibles efectos era una potencial colisión, hay medidas de gestión”, y al respecto indicó que “cuando ingresen las embarcaciones”, que se prevea que “reduzcan la velocidad, que el personal esté capacitado y preparado” para advertir la presencia de mamíferos en las inmediaciones “y puedan disminuir la velocidad”. Añadió que “en caso de una colisión hay todo un programa de aviso a la autoridad de aplicación para ver cómo gestionar esa situación con el animal que en ese momento tuvo el incidente”.

Luego del almuerzo, se dio paso a las expresiones de integrantes de la comunidad y distintas organizaciones como sindicatos, organismos estatales y ciudadanos que se expresaron a favor y en contra del megaproyecto.

Posiciones a favor

Las posiciones a favor fueron mayoritarias y contaron con el apoyo de legisladores de la provincia y sindicatos. Los argumentos giraron principalmente en torno del posible desarrollo económico, de la generación de empleo, aunque también se preocuparon por expresarse sobre el cuidado ambiental, planteando que no debía ser a cualquier costo la aprobación de las obras, al tiempo que exigieron a las autoridades que tengan especial atención sobre el impacto ambiental.

Alejandro Monteiro, de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, se manifestó a favor del proyecto, argumentando que traerá la estabilidad macroeconómica que argentina no pudo lograr para desarrollarse en el país. “Rechazar o demorar esta iniciativa seria perder la posibilidad de diversificar nuestra economía. El gas natural no es una oportunidad económica, es también una herramienta para el desarrollo del país”.

Nicolás Carasalle, secretario de Turismo de San Antonio, reclamó enfáticamente: “Dejen de generar miedo, es una oportunidad única, no nos podemos perder el tren y debemos pensar en el desarrollo de nuestra provincia y nuestros chicos”. Y agregó: “Esto va a tener derrame, esto va a generar empleo”.

Posiciones en contra, a los gritos, entre redoblantes de la Uocra

Cabe destacar que casi la totalidad de quienes se posicionaron en contra del proyecto tuvieron que exponer con el repentino toque de bombos y redoblantes de personas con banderas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Los planteos en contra del proyecto giraron en torno del daño al territorio, de desmentir la promesa de la generación de puestos de trabajo local y de la necesidad de protección del medio ambiente, así como la falta de distribución actual de los recursos.

Natalia Contrera de la Multisectorial Comarca Marítima argumentó: “Como parte de este plan de entrega para 'salvarnos', el gobierno de Weretilneck entregó nuestra agua, nuestro bien más preciado, a la empresa israelí Mekorot cediéndole la propiedad intelectual, toda la información hídrica de nuestra provincia para que construya, diseñe y elabore el manejo el agua. Una empresa que usa el agua como arma de guerra, que niega el agua  a cientos de miles de palestinos. Y su rol en nuestra provincia será saquear y garantizar el agua para las grandes mineras y petroleras. Además está escrito que en caso de que la empresa nos demande se resolverá en tribunales internacionales”. 

Y agregó: “Nos hablan de proyectos que van a traer trabajo, mientras la empresa rionegrina NRG empresa clave en el suministro de arena en vaca muerta, acaba de despedir a 181 trabajadores, y nos quieren endulzar con 200 puestos de trabajo solo por 22 meses, ni siquiera dos años”.

La bióloga Raquel Perier planteó, a su turno, que la promesa de puestos de trabajo para los locales es engañosa, por el grado de peligrosidad que tiene la actividad hidrocarburífera que se propone y la necesidad de mano de obra calificada que trae aparejada por ejemplo, el manejo de materiales altamente inflamables como el gas metano.

En diálogo con elDiarioAR sostuvo: “Un barco de esas características prácticamente no tiene personal que no esté especializado. Se necesitan ingenieros mecánicos, electricistas, tienen que saber de termodinámica, tienen que manejar toda la cuestión de sistemas criogénicos, es decir, altísima presión y bajísimas temperaturas. Entonces, es toda una cuestión de que los puestos de la tripulación que el gobernador dice que va a tener 200 o 250 personas, por más que las prepararan, como Panamerican Energy dice que las va a preparar durante estos dos años que falten hasta que venga el barco, es imposible: se requiere de 5 años como mínimo”, sostuvo y añadió: “Son especializaciones difíciles de realizar; sobre todo, tenés que tener incluso la secundaria realizada y ya tenés que tener alguna que otra capacitación o por lo menos una facilidad en las ciencias físicas y químicas porque realmente requiere de mucho conocimiento”, concluyó la científica.

Además, desde las mismas fuentes de la petrolera PAE, aseguraron que habrá “mayor actividad económica y transición energética” argumentando que “el buque de licuefacción posibilitará la llegada de un producto de valor agregado (GNL) a nuevas regiones, generando actividad económica local, aumentando las exportaciones y generando divisas, en un marco de transición energética global en la que el gas natural es considerado el combustible 'puente' que contribuirá a la descarbonización de la matriz energética mundial”.

En la misma línea, en entrevista con este medio, el ambientalista Perez Orsi se posicionó en contra del proyecto: “Es apostar hoy en día a la cortita ventana que tiene Vaca Muerta haciéndonos pagar a los argentinos”, planteó. Afirmó, además, que “acá hay dinero del Estado involucrado en el proceso de autorización, hay capital público puesto al servicio de la aprobación de estos proyectos que tendría que estar craneando soluciones reales para el futuro de la provincia, de la región, etcétera. Y están ahora militando este proyecto, que va a beneficiar a cuatro o cinco durante un corto tiempo y después se irán, como pasó con la Mina de Sierra Grande”.

A pesar de las intensas críticas y las preocupaciones ambientales que persisten en la comunidad, el futuro del proyecto parece encaminado hacia la aprobación, al igual que iniciativas anteriores en la región. Así, se alza la pregunta de si será posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de uno de los ecosistemas más importantes de la Patagonia.

elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

LG/JJD

El nuevo proyecto de explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías se debatirá este miércoles en una audiencia pública en la localidad de San Antonio Este, provincia de Rio Negro. Se trata de un buque de licuefacción que se ubicará frente a las costas del golfo, una zona protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando se habilitó el transporte de hidrocarburos en la zona. El golfo es, además, zona de cuatro áreas protegidas y de la Península Valdés, en Chubut, Patrimonio de la Unesco.

El proyecto está a cargo de la petrolera Pan American Energy (PAE) junto con la noruega Golar y que contará con la participación de Pampa Energía y Harbour Energy. YPF también se podría sumar próximamente“.

Raquel Perier, bióloga y una de las impulsoras de la ley que protegió al golfo San Matías del transporte de gas y petróleo hasta 2022, conversó con elDiarioAR sobre este tercer proyecto de explotación petrolera que impulsa el gobierno de Rio Negro sobre la misma zona desde la modificación de la ley, luego del oleoducto Vaca Muerta Sury un gasoducto en Punta Colorada, también ubicada en el golfo San Matías.

La científica alertó sobre el impacto que tiene asociado este modo de producción de Gas Natural Licuado (GNL): es transportado desde tierra en estado gaseoso y en el buque se licúa para poder exportarlo en su versión líquida y por tanto, con menor volumen. “Van a usar agua del mar para enfriar el gas: primero la desalinizan y después la utilizan. Ese agua que utilizan para enfriar el gas absorbe el calor que están sacándole para poder enfriarlo. Vuelven a tirar el agua al mar una vez usada, con mayor temperatura que la que fue extraída”, explicó Perier.

La bióloga afirmó que “la salmuera que se produce (al desalinizar el agua) también se tira al ma Además, por las características del golfo, sus aguas profundas y de un recambio lento entre septiembre y marzo, hacen que las probabilidades de disolución y renovación sean bajas”. 

Perier también alertó sobre los buques llamados “metaneros” que vendrán cargados con agua para equiparar el peso y deberán liberarla en el golfo: “Van a entrar tres barcos metaneros por mes, porque tardan unos 11 días más o menos en cargar. Esos barcos metaneros vienen para llevarse metros cúbicos de gas, pero vienen vacíos. Vienen cargados con agua para poder mantener el equilibrio en el viaje. Y ese agua, ¿dónde va? Al golfo, al mar. Eso se llama ‘agua de lastre’”, concluyó la científica.

Qué se discute

PAE y sus socias contrataron a la consultora Serman & Asociados para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la actividad que le espera al golfo San Matías a partir del proyecto. El estudio tiene 8 cuerpos y alrededor de 3.200 hojas que fueron escaneadas como fotos por la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Rio Negro. Una de las quejas de los ciudadanos de Las Grutas, vecina de San Antonio Este, es que ello impidió utilizar motores de búsqueda para procesar la información. 

En PAE destacaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “fue elaborado conforme a la legislación nacional y provincial vigente y siguiendo los estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas en materia de evaluación y gestión socio ambiental, avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial”. Otra de las críticas de los conservacionistas, ambientalistas y vecinos de la zona es que este tipo de estudios, clave para determinar qué impacto tendrán las actividades en el ecosistema, la flora, fauna y los humanos que habitan la región afectada, es que son realizados justamente por empresas contratadas por petroleras y mineras. 

PAE sostiene que “el EIA concluye que el proyecto es viable” y que los impactos serán “bajos”.

Cuestión de citas

Otro punto que causó controversia fue el uso que se le dio a la bibliografía citada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según Perier, se citan estudios que ella misma realizó, pero de manera meramente expositiva, sin tomar dimensión de lo investigado y tampoco condicionando el resultado del estudio.

Perier contó a elDiarioAR un ejemplo específico con respecto a su investigación sobre la merluza en la zona. Sus estudios demuestran que el golfo San Matías alberga una población única de merluza que completa todo su ciclo de vida dentro de esas aguas. Sin embargo, el EIA de la consultora Serman no aborda este hallazgo al evaluar los riesgos del proyecto para esta población de merluza, sostuvo la bióloga. 

La investigadora criticó el estudio por usar su trabajo y el de otros científicos como “una fachada de credibilidad sin comprometerse realmente con sus hallazgos”. Esta práctica, aseguró, distorsiona la evaluación real de los impactos del proyecto en el golfo San Matías.

“No hay en realidad una información clara sobre las cuestiones relevantes del ecosistema, lo que son las zonas de reproducción, lo que son las zonas de desove, o la crianza de juveniles, las zonas larvarias, las zonas de alimentación, cómo son las corrientes, es decir, cosas que a vos te permiten hacer una evaluación de los riesgos que puede tener un proyecto de estas características dentro del golfo”, afirmó Perier.

Buques de agua 

Fuentes de PAE explicaron a elDiarioAR que el estudio realizado en la zona incluyó análisis de la calidad de agua, sedimentos, suelos y aire. Además, la petrolera encargó mediciones de ruido ambiente, estudios hídricos y geológicos; y un relevamientos de flora y fauna terrestre, acuática y marina en 2 temporadas contrastantes.

La empresa sostiene que se realizaron prospecciones arqueológicas y paleontológicas, relevamientos de usos del suelo, la costa y las aguas del golfo; además de estudio de impacto acústico aéreo y subacuático; y análisis de posibles contingencias durante la operación del buque. Se estudiaron emisiones, impacto paisajístico para la zona y s relaizó una identificación y mapeo de partes interesadas.

Científicos de la organización ELAW realizaron un análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y advirtieron sobre distintos puntos que no fueron tenidos en cuenta. Entre ellos, destacaron el impacto sobre la temperatura del agua que implicará el enfriamiento del gas para licuarlo: “Este volumen de agua equivale a la descarga de casi 16 piscinas olímpicas por hora de manera continua durante toda la fase de operación del proyecto, a una temperatura hasta 7°C superior a la del agua de mar”. Los resultados, afirmaron, no son representativos de lo que ocurriría en la realidad.

Además, los expertos de ELAW adviertieron: “Se descargarían aguas con altas concentraciones de sales y otros contaminantes al ambiente marino de manera continua durante la operación del proyecto, con un efecto acumulativo en la Bahía”. 

Áreas protegidas

Otros puntos que destaca el informe son las particularidades de las áreas naturales protegidas del Golfo y la Península Valdés, que se verían afectadas por la contaminación del proceso productivo, de acuerdo a los expertos. 

Una de esta zonas protegidas es la Bahía de San Antonio, donde está presente una población endémica de caballito de mar Hippocampus patagonicus y la ballena franca, de presencia estacional, junto con las aves y mamíferos, que han permitido el desarrollo de turismo de avistamiento de fauna marina.

Otro ejemplo es el Área Natural Protegida Península Valdés, que además de ser la zona predilecta de las ballenas francas para tener sus crías, alberga a la colonia reproductiva más importante del sector continental del pingüino de Magallanes.

Posibles riesgos para la fauna

“En el golfo San Matías, la ballena franca hace un uso muy intenso del área costera. Entonces va a interferir con las operaciones del barco, va a encontrar agua caliente, va a encontrar ruido, va a encontrar un montón de cosas que van a desalentar que ese linaje, que esa línea matriarcal que hace uso de ese lugar continúe con la repoblación de ese espacio”, explicó a elDiarioAR Hernán Pérez Orsi, investigador ambientalista.

Roxana Schteinbarg, cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), sostuvo en diálogo con éste medio: “Lo cierto es que las ballenas no distinguen de fronteras ni de límites jurisdiccionales, ni dónde termina una provincia y la otra. La población de ballena utiliza las aguas de los golfos norpatagónicos: el golfo San Matías, el golfo Nuevo y el San José”. “Nosotros desde hace 54 años hacemos la fotoidentificación y muchas ballenas que observamos en el golfo Nuevo también están en San Matías. Además de hacer un uso indistinto de los golfos, tienen una gran fidelidad a los sitios”, sostuvo la científica.

“Nos preocupa muchísimo justamente por la alteración que producen el hábitat. Estamos hablando de mayor tráfico marítimo y el riesgo a mayor cantidad de colisiones: imaginate lo que son estas grandes embarcaciones, la posibilidad de maniobrar es imposible”, explicó Schteinbarg. “Van a generar un tráfico marítimo mucho más intenso en una zona de altísima concentración, no solamente de ballenas, sino de orcas, de delfines, de pingüinos, de lobos y elefantes”, agregó en referencia a los buques que transitarán por el golfo de realizarse los tres proyectos pendientes en la zona.

El futuro del golfo

Perez Orsi cree que el destino del proyecto es que se apruebe más allá de la opinión disidente de los vecinos, tal como sucedió con el proyecto del oleoducto de Vaca Muerta Sur: “La experiencia nos ha dictado que definitivamente por más cosas buenas que aportemos, no va a cambiar una coma de actuación ambiental, no se va a modificar el destino que esto tenga. Así que es definitivamente una obligación de las partes estar ahí, decir, ‘yo no quiero este proyecto por esto, van a provocar esto’. Será para atestiguar la voluntad de cada uno de los vecinos y la firmeza en la postura, pero definitivamente hay poca esperanza puesta en el resultado final que esta audiencia pública pueda llegar a tener”, concluyó.

*elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

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Un nuevo proyecto de explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías se debatirá este miércoles en una audiencia pública en la localidad de San Antonio Este, provincia de Rio Negro. El desarrollo consiste en la instalación de un buque de licuefacción llamado Hilli Episeyo, que se ubicará a una distancia de entre 4,5 y 7 km frente a las costas del golfo, y a 35 km en línea recta de la ciudad turística de Las Grutas.

El golfo San Matías era una zona protegida por ley hasta septiembre de 2022. Hasta esa fecha, el transporte de hidrocarburos se encontraba prohibido, pero los legisladores de Río Negro modificaron a puertas cerradas y en tiempo exprés la legislación vigente, autorizando así el desarrollo de un primer proyecto en la zona, el oleoducta Vaca Muerta Sur, a cargo de YPF. Ahora, se suma el proyecto del buque de Pan American Energy (PAE) y sus socias.

Para este proyecto, PAE firmó un acuerdo con la empresa noruega Golar para que ésta última se ocupe del servicio de licuefacción del gas que le suministrará. Juntas conforma la empresa Southern Energy. Fuentes de PAE afirmaron a este medio que “PAE y Golar vienen conversando con otras productoras de gas para que se sumen al proyecto”. Además, relataron que “recientemente, Pampa Energía y Harbour Energy se sumaron con un 20% y 15% de participación respectivamente en Southern Energy. YPF se podría sumar próximamente”.

La audiencia pública se desarrollará a partir de las 9 de este miércoles en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, que ya está vallado y con un gran despliegue policial y de Gendarmería. 

Tiempo de debate

El encuentro de este miércoles es paso legal obligatorio para que pueda llevarse a cabo el proyecto de las petroleras. La audiencia se dividirá en bloques y comenzará con una exposición de las autoridades locales y provinciales, según informó la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Rio Negro en un comunicado. Luego vendrá la presentación formal del proyecto por parte de representantes de Southern Energy y la consultora ambiental, quienes describirán los aspectos técnicos y ambientales en una hora de exposición. 

Entre los expositores, habrá expertos y universidades, Prefectura Naval Argentina, INVAP, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG). Además, hablarán funcionarios y legisladores provinciales. La lista de oradores alcanza el número de 220 personas. 

Luego de ese bloque, la comunidad costera podrá expedirse a favor y en contra de la iniciativa, aunque sólo quienes residan en la provincia de Rio Negro podrán expresar sus posiciones. Así, quedan excluidos los ciudadanos chubutenses de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, principales destinos de avistaje de ballenas franco australes, que colindan con el golfo San Matías.

Sólo para rionegrinos

Al igual que el oleoducto Vaca Muerta Sur, la posible presencia del buque de licuefacción en las aguas del golfo San Matías despertó las alertas de los conservacionistas de Chubut. Tanto Puerto Pirámides como Puerto Madryn son Patrimonio de la Humanidad debido a la presencia de ballenas que llegan a sus aguas para tener a sus crías. Las ballenas también viajan con sus crías por el golfo San Matías, de acuerdo a los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Las colisiones con buques es la principal causa de muerte de estos mamíferos.

“Las audiencias como instancia de participación ciudadana, más allá de que sean no vinculantes, deberían tener ciertas características, por ejemplo, permitir que participe la población que va a ser afectada, además de las consultas previas. Todo esto no sucede”, sostuvo Fabricio Di Giácomo, miembro de la Multisectorial por el Golfo de San Matías en diálogo con elDiarioAR.

La página oficial de PAE ya da por confirmada la ejecución del proyecto, aunque aún no pasó por la audiencia pública, donde las voces disidentes deben ser tenidas en cuenta por el gobierno de Rio Negro a la hora de emitir una resolución que apruebe o rechace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentará este miércoles en la audiencia. 

“Los mismos funcionarios hablan del proyecto como si ya estuviese aprobado, cuando en realidad según la ley de ambiente también es necesaria la audiencia y es necesario lo que determine la autoridad competente luego de la audiencia para ver si el proyecto finalmente es aprobado o no”, sostuvo Di Giacomo, y agregó: “Todas las autoridades, tanto el gobernador de la provincia como el intendente de San Antonio Este y diferentes autoridades o legisladores y legisladoras de la provincia hablan del proyecto como una realidad que ya es, cuando deberían hablar de un proyecto que todavía no está aprobado formalmente según las instancias que corresponden: la audiencia y luego la aprobación por el órgano competente”, concluyó. La aprobación deberá ser realizada por la autoridad ambiental de Río Negro.

El proyecto

Según la petrolera PAE, el buque tendría una capacidad nominal de 2,4 millones de toneladas por año de Gas Natural Licuado (GNL). El gas natural sería transportado desde la estación de bombeo a través de un gasoducto desde Cerro Fuerte Argentino hasta un buque licuefactor que será operado por la empresa noruega Golar para su posterior exportación. Se espera que comience en 2027.

El proyecto busca también ingresar en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), informó la empresa en un comunicado. PAE destacó que el negocio “posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”.

Fuentes de PAE aseguraron que se generarían nuevos puestos de trabajo local, con la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto durante la fase de construcción. Además, agregaron que en la etapa de operación, se generarán aproximadamente 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. “Habrá una importante participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa tarea para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado a la provincia de Río Negro y el país,” afirmaron desde la petrolera.

Borrar la ley

Un dato clave que posibilita este tipo de explotación hidrocarburífera en una zona con diversas áreas naturales protegidas y hasta una reserva de la biósfera por la Unesco fue la modificación de la ley provincial 3308 en 2022, que protegía al golfo de esta actividad desde 1995. 

“Tanto el buque de licuefacción de gas como cualquiera de los otros proyectos hidrocarburíferos que amenazan nuestras comunidades, nuestros territorios, sean el golfo San Matías o Península Valdés, parten de la base de la modificación ilegal de la ley 3308, una ley que nos defendió durante más de 20 años”, sostuvo Di Giácomo. 

La modificación de la legislación en 2022 tuvo detrás la participación de YPF, como reveló elDiarioAR. “Es por ello que consideramos que cualquier proyecto, al basarse en esta modificación legal se sustenta en una modificación inconstitucional de una ley que fue producto de luchas populares y de articulaciones entre diferentes sectores de la comunidad, incluído también el sector político en ese momento”.

*elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

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Lipán es un pueblo artesano aislado de la Puna jujeña. Llegar a esta comunidad originaria, en la zona de Salinas Grandes, requiere recorrer al menos 30 minutos de caminos de ripio, luego de desviarse de la ruta 79. Esta aldea de casas de adobe tiene apenas unos 50 habitantes, una escuela, una sala de atención para la salud y paneles solares, montañas y clima seco. 

Una parte de la comunidad de Lipán le ha dicho sí al litio, a contramano de la mayoría en la zona de la Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Lipán quebró así la unidad que conformaban 38 comunidades de los pueblos originarios que habitan esta cuenca, que comparten Jujuy y Salta. Se lo considera el tercer salar más grande del mundo.

Lipán está a su vez dividida por la decisión de dejar entrar a la minera Lithos (actualmente denominada Lition Energy), del grupo Pan American Energy (PAE), propiedad de la familia Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC.

La compañía y el entonces gobierno de Gerardo Morales lograron en marzo de 2023 que una asamblea aprobara de manera extraordinaria el ingreso de la empresa a una zona de las Salinas Grandes que pertenece a la comunidad, la mina Agonic, a cambio de promesas de trabajo y servicios básicos para los habitantes que el Estado jujeño no ha garantizado hasta el momento pero que la minera otorgará a la comunidad.

En las próximas semanas, Lithos (ahora Lition Energy) estará presentando los resultados de la prospección inicial y geofísica, informó el gobierno de Jujuy a elDiarioAR. En base a esos resultados, la minera presentará una planificación para la próxima etapa: debe informar las ubicaciones de las perforaciones que quiere realizar en las Salinas Grandes, declarada una de las Siete Maravillas de la Argentina. Una vez informadas las ubicaciones, estás deben ser aprobadas por la comunidad y el Ejecutivo jujeño. 

El litio, también conocido como “oro blanco”, es un mineral codiciado por la industria minera que busca abastecer la producción de baterías para los autos eléctricos. El objetivo de los países ricos de Europa es cumplir con sus metas de reducir el cambio climático disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero.

Argentina forma parte del Triángulo del Litio, junto a Chile y Bolivia. Entre Salta, Jujuy y Catamarca, el país tiene decenas de proyectos para extraer litio de los salares. Sin embargo, en Salinas Grandes, un bloque de 38 comunidades indígenas frenaron en 2010 el avance de las mineras en el gran salar, advertidos por científicos y organizaciones ambientalistas sobre los impactos medioambientales de la extracción de litio, es especial, la amenaza a la provisión de agua dulce para los habitantes y sus animales y cultivos, el turismo y la extracción de sal, principales fuentes económicas de las comunidades. 

La minera de PAE no es la única que ha logrado avanzar sobre las Salinas Grandes. En el mercado aseguran que Litica, de la petrolera Pluspetrol, también se encuentra avanzando en la porción del salar que corresponde a otras dos comunidades: Sausalito y Quera y Agua Caliente. elDiarioAR se comunicó con la minera Litica y Pluspetrol para consultar sobre el estado de los proyectos pero hasta el momento no ha recibido respuesta. En la Puna, fuentes directas de las asambleas confirmaron a este medio que ambas comunidades dejaron de asistir a las reuniones del bloque anti litio.

A la espera de la Justicia

El conflicto en la región está judicializado a nivel local, nacional e internacional. En 2013, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Mientras se acumulan amparos y presentaciones ante la Justicia provincial, las comunidades de Salinas Grandes de Jujuy y Salta llegaron con su reclamo contra los gobiernos provinciales ante la Corte Suprema de la Nación a finales de 2019. En 2023, el máximo tribunal ordenó a ambas provincias y a la Nación información económica y ambiental sobre el caso, que todavía está bajo análisis. 

El desembarco de la minera en Lipán también está judicializado. Un grupo de vecinos de la comunidad presentó un amparo en la Justicia de Jujuy para intentar frenar la búsqueda de litio. Consideran que la asamblea extraordinaria en la que se votó a favor del litio fue fraudulenta y sostienen que la cuenca funciona como un todo y que la explotación minera en un sector de las Salinas Grandes puede afectar a todas las comunidades en cuanto a la provisión de agua. 

elDiarioAR recorrió la zona para dialogar con las comunidades que se enfrentan al dilema del litio, en un viaje financiado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que patrocina a las comunidades que se oponen a la explotación minera en las Salinas Grandes. Este medio se trasladó a la comunidad de Lipán para dialogar con quienes apoyan el proyecto de Lithos pero las autoridades de la asamblea del pueblo prefirieron no hacer declaraciones por el momento.

La integrante de la asamblea Adriana Castillo dijo a elDiarioAR que la comunidad no tiene por qué dar información sobre las decisiones que ha tomado. El presidente de la asamblea, Raúl Calpanchay, respondió que el próximo mes, cuando se reúna la asamblea de Lipán, comentará a la comunidad el pedido de elDiarioAR y entonces se decidirá si la comunidad quiere o no responder las consultas.

elDiarioAR también intentó comunicarse durante días con Angélica Castillo, actualmente diputada provincial por Frente Cambia Jujuy -que también integra el exgobernador Morales- y excomisionada de El Moreno, cuya jurisdicción incluye a Lipán, pero no obtuvo respuesta. 

No al litio

Una habitante de Lipán dijo a este medio que “cuando la empresa vino en noviembre de 2022 a presentar su propuesta, la asamblea dijo que no estaba de acuerdo con la explotación del litio”. “Teníamos un acuerdo con más de 33 comunidades”, ahora ampliadas a 38, según los representantes del bloque.

Lipán tiene una característica que se repite en pueblos de la zona: muchos de sus habitantes trabajan en San Salvador de Jujuy, Purmamarca y otras zonas de la provincia, van y vienen los fines de semana, o cada 15 días. La comunidad se reúne en asamblea el cuarto fin de semana de cada mes, pero las autoridades de la asamblea de Lipán decidieron apurar los trámites de imprevisto y convocaron a una asamblea extraordinaria con 48 horas de anticipación, lo que impidió a algunos integrantes de la comunidad que se oponen llegar a la reunión para manifestarse en contra de la iniciativa minera, explicó la integrante de la comunidad.

Sí al litio

Los pueblos indígenas cuentan con un derecho que el Estado debe garantizar para modificar el territorio en el que habitan las comunidades. Este derecho se denomina “consulta previa, libre e informada” y garantiza el acceso a la información, la participación y el diálogo entre el Estado y los pueblos originarios. En general, las comunidades toman las decisiones en asambleas ordinarias, explicaron a elDiarioAR en diferentes pueblos de la Puna. Las decisiones no suelen someterse a votación sino que tratan de llegar a un consenso.

Sin embargo, la llegada de Lithos no sólo se aprobó en una asamblea extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2023. La decisión, además, se tomó por votación. Entonces, se reunió casi la mitad de la comunidad. De los 50 integrantes de Lipán, participaron 24: 20 personas votaron por el sí y cuatro por el no, habilitando así el desembarco de la empresa minera en el territorio de la comunidad.

“Varios familiares de las autoridades de la asamblea que viven fuera de la comunidad sí llegaron a tiempo. Durante la asamblea aparecieron representantes de Jemse -la empresa minera de la provincia de Jujuy- y de Lithos. Luego, se recurrió a algo que no es usual. En lugar de intentar llegar a un consenso, se sometió el tema a votación, pero nunca antes habíamos votado”, aseguró la integrante de la comunidad que se opone al litio y pidió reserva de su identidad.

“Cuando nos quejamos por lo sucedido, la señora Angélica (Castillo) -entonces comisionada de El Moreno- nos dijo que había que negociar con el litio para que no nos ganaran otras comunidades. Le dijimos que no podíamos decidir solos, que somos una cuenca, y que en 2022 habíamos decidido lo contrario. Nos respondió que un acta se tapa con otra acta”, contó la vecina de Lipán.

El presidente de la asamblea de Lipán reconoció a los disidentes que “había sido un error no convocar a toda la comunidad pero que ya no se podía volver atrás”, afirmó la testigo. “También nos dijo que éramos bienvenidos si queríamos sumarnos, y si no, nos quedábamos afuera” de los beneficios.  

“El presidente nos dijo que las otras comunidades de la cuenca no quieren que Lipán crezca” y por eso se oponen al litio, contó la mujer.

Clemente Flores, referente de El Moreno, cuya jurisdicción política incluye a Lipán, es uno de los voceros de las comunidades que se oponen al litio. “Nos preocupa el caso de Lipán. Allí se hicieron tres intentos de aprobación del proyecto. Desde 2010 venimos decidiendo sobre el futuro de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc en unidad porque lo que suceda en una comunidad afecta al resto”, dijo a elDiarioAR.

En marzo de 2023, en una nota publicada en el sitio oficial de la gobernación de Jujuy, varios vecinos de Lipán hablaron tras una visita de Morales a la comunidad para brindar informacion sobre el ingreso de la minera. El integrante de la comunidad Angel Lamas aseguró que “la gente sentía miedo por algunas personas que están en contra (de la minería del litio) por mala información que tienen. Con esta visita del gobernador y de otras autoridades la gente se quedó más contenta y más tranquila”. “Yo creo que hemos quedado más firmes con la decisión que habíamos tomado de avanzar con la minería. Hay gente que pensó en las fuentes de trabajo, porque hay muchos que se van del pueblo porque no hay trabajo, para que los chicos no se vayan a estudiar lejos y se queden en la zona”, declaró Lamas.

Inversiones en Lipán

La comunidad tiene muchas necesidades: se encuentra muy aislada y no quiere desaparecer. El aislamiento no es sólo geográfico y ante la ausencia del Estado, la minera ofreció a los habitantes de Lipán las inversiones que nunca tuvieron: desde potabilización del agua que consumen hasta la posibilidad de vender sus artesanías en la capital de la provincia.

“Las mineras terminan actuando como un paraestado, solucionando problemas de las comunidades, proveyendo servicios y bienes que debía proveerles el Estado”, afirmó Silvina Ramírez, doctora en Derecho y profesora de posgrado de la Universidad de Buenos Aires,  miembro de la Asociación de Abogadxs de Derecho Indígena (AADI).

Lition Energy aseguró a elDiarioAR que ya lleva invertidos más de $20 millones en diez becas para estudiantes del secundario, a los que este año se sumarán otros diez alumnos. También dará 15 becas universitarias e implementó una plataforma digital en la escuela primaria y secundaria de la comunidad. Además, donó 150 computadoras y facilitó la conectividad en las escuelas, que pasó de 5 a 30 megas, sin costo. 

Cuando nos quejamos por lo sucedido, la señora Angélica (Castillo) -entonces comisionada de El Moreno- nos dijo que había que negociar con el litio para que no nos ganaran otras comunidades.

“Vamos a priorizar la mano de obra local. Ya hemos contratado a doce personas de Lipán: ocho para la construcción del nuevo sistema de agua potable para la comunidad y cuatro para el inicio de la etapa de exploración”, informó la minera ante la consulta. 

Lition Energy (Lithos) donó además 16 kilos de hilo para que las artesanas de Lipán puedan tejer sus artesanías y capacitó a 17 mujeres del pueblo para que constituyeran su marca (“Lipán Manta”, que significa “de Lipán”). La minera hizo algo muy simple pero trascendental para los habitantes de la comunidad: puso sus artesanías a la venta en las estaciones de servicio Axion Energy (propiedad de PAE) en San Salvador de Jujuy. 

El Estado jujeño ha dejado todavía más espacios sin ocupar que la minera no ha dejado de aprovechar para lograr el consentimiento de la comunidad: la empresa invirtió $42 millones en un nuevo sistema de potabilización de agua e instaló 5.630 metros de cañería nueva, seis cisternas y cinco tanques de agua. “Inclusive estamos llevando el tendido de los nuevos caños de agua hacia el paraje Chilcayito, donde vive una sola persona”, explicó la minera.

Lipán y la autonomía

La comunidad sostiene que tiene autonomía y que esta la habilita a tomar una decisión por fuera del resto de las comunidades de la cuenca. “El derecho a la autonomía y a la libre determinación engloba la gestión de los bienes comunes naturales y la propiedad de sus tierras”, explicó Ramírez ante la consulta. La abogada, sin embargo, no coincide con el criterio de las autoridades de Lipán: “La autonomía se pensó en un contexto de las comunidades frente a un Estado que no respeta estos derechos de los pueblos indígenas. Hay un uso tergiversado de la autonomía en el caso de Lipán porque la usan para apartarse del acuerdo con el bloque de las comunidades”, aseguró la abogada.

Ramírez afirmó que “en América Latina, las mineras y los Estados actúan fragmentando a las comunidades y realizando consultas pour la galerie, distorsionadas. Se montan consultas rápidas, en las que ni las comunidades ni nosotros podemos procesar toda la información técnica del caso”, sostuvo. 

“El derecho a la consulta libre e informada no implica decidir en una tarde o un día, a las apuradas un tema tan complejo como el litio, eso es una distorsión del derecho. Deben cumplirse etapas, acceso y análisis a información técnicas para poder dimensionar los impactos, tiempo para debatir y dialogar, puede llevar semanas o más”, aseguró la abogada. 

ED/DTC

La llaman Ruta del Desierto, en otros tiempos menos revisionistas la conocían como Conquista del Desierto, pero es la ruta provincial 20 de La Pampa, se la suele recorrer de camino de Buenos Aires a Bariloche y está plagada de carteles que advierten: “¿No descansó? Hágalo”, “No insista. Pare y descanse”, “No se duerma. Pare y descanse”. Pero por estos días, aquí hay quienes no paran de sol a sol. A los costados, arbustos y suelos arenosos y a la altura del pueblo La Reforma, el desvío hacia una obra revolucionaria. Puede que este caserío sólo albergue a 280 habitantes e integre el municipio menos poblado del país, Limay Mahuida, con 420 almas, pero la semana pasada era el epicentro de una obra que en su pico máximo empleó a 3.000 trabajadores. Un camino de tierra con carteles de “Prohibido cazar” conduce hacia donde están colocándose los últimos tramos bajo rutas provinciales y rurales y ríos del Gasoducto Néstor Kirchner, ese que ya está en periodo de pruebas con agua para que el 20 de junio, un día antes del invierno, esté operativo.

“Techint-Sacde”, rezan las tapas de las puntas de las tuberías que aún faltan por unir. Son las constructoras de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin. Grandes grúas amarillas levantan polvo y entierran caños. Circulan por un sendero arenoso, por el que pasó la topadora, depositan allí los tubos que fabricó otra empresa de Techint, Tenaris, en Valentín Alsina, con acero importado de su propia planta en Brasil. Por allí circulará en un mes gas de Vaca Muerta, que elevará así 30% su producción. Las petrolera de Techint, Tecpetrol, y de Mindlin, Pampa Energía, son dos de las cinco principales productoras de gas de la formación neuquina, junto con YPF, la francesa Total y Pan American Energy (PAE, propiedad de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni).

El pasado viernes 12 se transmitió por TV la última soldadura automática, desde Buenos Aires con Alberto Fernández y Sergio Massa y aquí en La Pampa con el presidente de Energía Argentina SA (Enarsa, la empresa estatal que encargó la obra a Techint, Sacde y BTU), Agustín Gerez. Por eso ya regresaron a su país los soldadores turcos que fueron contratados para esta tarea clave para que el gasoducto se pueda terminar en un plazo inédito para la Argentina. “Este proyecto tiene la particularidad de los tiempos de construcción: es una obra que normalmente se podría ejecutar en 20 meses y actualmente se va a construir en un plazo de nueve meses”, destaca el inspector de higiene y seguridad laboral de Enarsa, Mateo de la Mata, que vino de Córdoba para la obra. “La obra tiene la particularidad de que involucra la soldadura automática, que es una tecnología que no se había utilizado anteriormente en otros gasoductos en la Argentina y agiliza mucho los tiempos de obra”, agrega De la Mata. Los operarios trabajan 25 días y después descansan cinco, con una jornada de viaje de ida a su tierra y otra de vuelta. Meses intensos para De la Mata y sus compañeros de trabajo. Además de personal de todo el país también lo hay de otros países, no sólo los especialistas de Turquía sino también de Venezuela, Chile o España.

En la obra primero pasó la etapa de topografía y apertura de pista, en la que se reconoció el terreno por donde pasarían los 573 kilómetros de gasoducto, compuesto de 52.000 caños de 12 metros cada uno. En esa etapa participaron hasta arqueólogos porque se hallaron piezas de pueblos originarios que vivían allí antes de que pasara la Conquista del Desierto que rememora la ruta, la de Julio Argentino Roca. Después se despejó vegetación y se la acumuló a un costado: de un lado se hizo la zanja para colocar el caño y del otro, una calle para que circulen las grúas. Ahora está depositando las últimas tuberías en el hueco. Se trabaja siempre que el sol ilumine, entre polvo, cascos y guantes de seguridad. Todavía hay soldaduras manuales de tramos que van por debajo de rutas provinciales o caminos rurales. Al mismo tiempo, comenzaron ya las pruebas de agua: consiste en enviar líquido por determinados trayectos del gasoducto para probar que se encuentran en perfectas condiciones. Algunos operarios recorren el tubo para controlar que la membrana que lo recubre se halle en buen estado. Cuando el trabajo esté listo, la tierra y la vegetación levantada se pondrá en su lugar, algo que inquieta sobre todo a los productores agropecuarios de tierras más fértiles que las pampeanas, las dedicadas al forraje en la provincia de Buenos Aires. Todo se pone a punto para que el 20 de junio, ante de la temporada alta en el consumo de gas, el Gasoducto Néstor Kirchner funcione. Ya nadie duda de que se cumplirá con la fecha comprometida. Si no se terminaba a tiempo, iba a ser un drama más para la escasez de divisas que sufre el país y que se agravó con el impacto de la sequía en la cosecha de soja y maíz porque iba a tener que importarse más el caro gas natural licuado (GNL), que se trae en barco de países como Estados Unidos, Trinidad y Tobago o la tierra donde se ganó el Mundial, Qatar.

Tanto en esa Copa del Mundo como en esta obra, la Argentina ha demostrado que puede, en medio de tantas otras frustraciones. Eso sí, el gasoducto se terminará en tiempo récord para nuestro país, pero el proyecto en sí llevaba años de retraso. Expertos consideran que ya a fines de 2016 era necesario empezarlo porque la producción de Vaca Muerta venía creciendo en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y continuó haciéndolo en el inicio del de Mauricio Macri, en ambas etapas, gracias a subsidios. De hecho, en la actualidad estas subvenciones duplican los fondos destinados a las energías renovables, como solar y eólicas, que reciben desgravaciones impositivas. Pero volvamos a 2016. La capacidad de transporte iba a llegar pronto a un límite que impediría seguir elevando la extracción. Pero en 2018 por la nueva crisis económica y las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), se podaron las ayudas al gas, con la queja de Techint, y la extracción comenzó a estancarse en 2019.

La administración Macri lanzó seis meses antes de finalizar una licitación para que el sector privado construya el caño, pero la terminó suspendiendo ante la inestabilidad financiera que ahuyentaba inversores. En 2020, la producción se contrajo con la pandemia. En 2021, con el nuevo Plan Gas de subsidios, comenzó a recuperarse y ya comenzó a hablarse en las petroleras de la necesidad urgente de retomar la iniciativa para instalar el tubo. Ese año se recaudó el aporte extraordinario a las grandes fortunas que en parte se destinaría a financiarlo. Ya no sería el sector privado sino el público el encargado del emprendimiento. Pero este gobierno, al igual que el de Macri, se demoró y entonces llegó 2022 con la guerra de Ucrania, que disparó el precio del GNL que debía importarse y que además abrió el apetito de países europeos como Alemania de suplir el gas ruso. Sólo entonces el Gobierno puso manos a la obra, licitó la compra de caños y su instalación y ahora sí está a punto de inaugurarlo.

En su despacho en Buenos Aires, la secretaria de Energía que asumió con Massa en agosto pasado, la salteña Flavia Royón, destaca la importancia del gasoducto Néstor Kirchner, que en su primera etapa va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) pero que en junio se licitará para que con fondos privados se expanda en 2024 hasta San Jerónimo (Santa Fe), donde hay un nudo de tubos que unen a todo el país. “El Gasoducto Néstor Kirchner es una obra estratégica que va a cambiar la matriz energética de Argentina, además de lo que significó la obra en sí y el tiempo récord en que se llevó a cabo con última tecnología y los puestos de trabajo que ha generado. Su importancia es que esta primera etapa posibilita ya la sustitución de importaciones. Este año todavía Argentina va a necesitar GNL porque esta primera etapa va a estar terminada para la última semana de junio, ya con el invierno comenzado, pero el año que viene ya va a tener un impacto pleno y va a permitir ahorrar cerca de 4.200 millones de dólares en importaciones. Además el gasoducto está inscripto dentro de un programa que se llama Transportar, que prevé esta primera etapa del gasoducto va a permitir la evacuación de Vaca Muerta hacia el centro del país. Después, habrá la reversión de otro gasoducto que va a posibilitar que el gas de Vaca Muerta pueda llegar al norte argentino. Hoy este ramal tiene un sentido de norte a sur porque está pensado para evacuar el gas de la cuenca noroeste y las importaciones de Bolivia y abastecer el norte argentino. Pero con el declino de la cuenca noroeste más el declino también de Bolivia, la obra va a posibilitar no necesitar más de las importaciones de Bolivia. Para julio, el volumen transportado va a ser de 11 millones de metros día. Después hay dos plantas compresoras: una va a estar para agosto y la otra para noviembre, que van a posibilitar 10 millones de metros cúbicos adicionales. Se incrementa la evacuación de Vaca Muerta en un 30%”, cuenta Royón.

“Cuando tengamos el segundo tramo, el volumen va a ser ya de 44 millones de metros cúbicos día”, continúa la secretaria. “Esto va a posibilitar que hacia 2024 o 2025 la Argentina pueda hablar de autoabastecimiento en materia de gas, con un porcentaje de cobertura de la demanda interna de un poco más del 95%. Se van a seguir requiriendo importaciones simplemente en los picos de invierno, además de claramente no necesitar importaciones ni de GNL ni de Bolivia. El gasoducto posibilita también un salto de producción en Vaca Muerta. Que Vaca Muerta pueda ya constituirse no tan solo en un abastecedor del mercado doméstico y regional. Porque después del mercado doméstico, claramente hoy ya estamos trabajando en exportaciones a los mercados regionales, como Chile, Brasil y Uruguay, pero también esto va a permitir un salto cuantitativo de instalación de plantas de GNL en la Argentina.”

Con la mira en ese desarrollo, el Ministerio de Economía que encabeza Massa y en el que está Royón envió la semana pasada a la Presidencia un proyecto de ley de impulso al GNL, que difícilmente vaya a aprobar el Congreso en este año de disputa electoral. Igual, la secretaria de Energía se ilusiona con la exportación del GNL al mundo: “No es una realidad de largo plazo. Entendemos que puede ser una posibilidad a mediano plazo. De hecho, ya está el proyecto de ley de GNL y entiendo que esta semana el ministro la estaría enviando al Congreso porque nosotros, con el potencial energético de Argentina y en particular de Vaca Muerta, lo que aspiramos es pensar en grande y pensar mucho más que el mercado interno de Argentina o los mercados regionales, sino transformarnos en proveedores energéticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una geopolítica estable, tiene condiciones como para poder transformarse en un proveedor de energía seguro para el resto del mundo”. Ya hay varios proyectos de GNL en análisis: “Tenemos diversos proyectos dando vueltas, todos esperando, por supuesto, a la ley. El más importante de ellos es el proyecto de Petronas (de Malasia) e YPF. Es un proyecto ambicioso que podría estar siendo realidad hacia 2026 o 2027. Hay proyectos de menor escala que podrían estar exportando en 2025, pero todo depende. Lo que queremos es consolidar el GNL y el marco jurídico como una política de Estado para que estos proyectos puedan avanzar”.

Pero el gasoducto no sólo posibilita la exportación sino el añadido de valor en la producción interna. Por ejemplo, hay planes de la fabricante de urea Profertil de usar el gas adicional para invertir en elevar la producción de este fertilizante clave para el trigo. “Este gasoducto también cambia la matriz energética argentina en dos sentidos”, cuenta Royón. “Primero, encamina a una matriz energética más competitiva, porque el gas de Vaca Muerta es muy competitivo en valor, tiene un precio promedio 3,80 dólares hasta 2028, lo cual hoy es por lo menos seis veces más barato que el gas importado. Esta competitividad tiene un impacto, un gran impacto fiscal, porque va a permitir que el Estado Nacional se ahorre un monto importante en subsidios energéticos. La Argentina viene subsidiando tanto a la mayoría de su población residencial como a otro tipo de usuarios en materia energética y, al tener una matriz más barata, claramente esto va a disminuir y va a repercutir en el orden fiscal de nuestro país. Pero también esta nueva red de gasoductos reconfigura el desarrollo industrial a futuro de nuestro país porque va a permitir que industrias que son intensivas en el uso de energía puedan tener acceso a una energía más competitiva. También tiene un impacto en la matriz de generación eléctrica argentina porque posibilita dar futuro, previsibilidad y accesibilidad al gas a otros lugares de nuestro país y va a permitir también generación de energía eléctrica de base en base a gas, más competitiva”. Hasta ahora, muchas centrales eléctricas, ante la ausencia de gas en invierno, utilizan gasoil o fueloil, más caros y más contaminantes.

Royón no se detiene, igual que los operarios que ultiman el gasoducto en La Pampa: “También este gasoducto tiene una importancia vital en la balanza del sector energético. El sector energético en la Argentina el año pasado tuvo una balanza negativa de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Este año, estimamos, va a estar en equilibrio, pero hacia 2030 va a haber una balanza positiva de aproximadamente 12.000 millones de dólares y esto va a constituir al sector energético como el segundo sector generador de divisas de la economía argentina. Claramente la Argentina tiene una necesidad primero desarrollo y segundo de diversificación de su matriz exportadora en otros sectores que no dependen y no estén concentrados fundamentalmente en el agro. Hoy estamos atravesando la peor seca de los últimos 100 años y esto está golpeando a la macroeconomía argentina. Ya con un sector energético encaminado y desarrollado, esto va a permitir otra robustez de la matriz exportadora y de la macroeconomía.”

Todas las petroleras están ilusionadas con el gasoducto, incluida la alemana Wintershall Dea, que es socia de Total, YPF y PAE en un par de áreas de Vaca Muerta que opera la firma francesa. En Buenos Aires, su director general, Manfred Boeckmann, analiza el impacto del ducto en línea con la secretaria de Energía: “El nuevo gasoducto es un proyecto de transformación para la Argentina porque a través de la ampliación de la capacidad del sistema de transporte de gas reducirá las importaciones de gas de Bolivia, de GNL y de combustibles líquidos, particularmente, en el alto consumo durante los inviernos, lo que llevará a un autoabastecimiento en el futuro. De esta manera, el país puede aprovechar sus abundantes recursos locales, pero no sólo va a suministrar todas las zonas de demanda doméstica, sino también va a significar un ahorro importante evitando las importaciones caras que resultan del contexto mundial. Al mismo tiempo, la nueva infraestructura atraerá nuevas inversiones que van a aumentar la producción local de gas. Con lo cual, si el cuelo de botella desaparece, también habrá volúmenes de gas adicionales disponibles para la exportación”.

En principio, habrá más fluido para Brasil y Chile, “pero a largo plazo hay algunas oportunidades para exportar fuera de la región”; comenta Boeckmann. “Creemos que la exportación de GNL es una gran oportunidad a largo plazo de la Argentina, que le posibilitará potenciar sus recursos naturales mientras sea posible”, se entusiasma el ejecutivo oriundo de Hamburgo, Alemania. Wintershall Dea está analizando la idea de instalar una planta de GNL, pero depende de varias condiciones. “En principio creo que el sector energético de este país está capacitado para realizar este proyecto. Pero el desafío de la Argentina, una vez más es con la propia Argentina, porque en este tipo de proyectos con gran envergadura son más importantes las condiciones del contexto, como las macroeconómicas y regulatorias, para así conseguir la cantidad significativa de financiamiento que se requiere. Estamos monitoreando estas condiciones de manera de tener claridad sobre las alternativas y estar listos para avanzar con aquellas que sean factibles en este momento. Ya hay algunos proyectos o iniciativas en los cuales se está avanzando y Wintershall Dea está interesada en participar en esta etapa de análisis. Porque para nosotros es evidente que en las próximas décadas el mundo necesita más fuentes de energía relativamente bajas en carbono, un futuro con una matriz energética más limpia”, sostiene Boeckmann, en contraposición con aquellos ecologistas y científicos que no sólo reclaman eliminar el uso del carbón y el petróleo sino que rechazan la idea del gas como combustible de transición. Mientras, las tuberías del Néstor Kirchner se ultiman para que en un mes comience a fluir por allí el gas adicional que extraigan Wintershall Dea y las demás petroleras que invierten en Vaca Muerta.

AR

Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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