Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirma por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en Ciudad de Gaza y advierte que se extenderá al resto de la franja en los próximos meses si no se toman medidas. Se trata de la primera vez que este organismo declara una hambruna en Oriente Medio, lo que se espera que aumente la presión sobre Israel.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, ha señalado este martes la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés).

El IPC sostiene que 514.000 personas —aproximadamente una cuarta parte de los palestinos en Gaza— sufren hambruna y advierte que la cifra aumentará hasta los 641.000 a finales de septiembre. “Como esta hambruna es totalmente provocada por el hombre, puede detenerse y revertirse. El tiempo del debate y la vacilación ha pasado; la hambruna está presente y se propaga rápidamente. No debe caber ninguna duda de que se necesita una respuesta inmediata y a gran escala. Cualquier retraso adicional, incluso de días, resultará en una escalada totalmente inaceptable de la mortalidad relacionada con la hambruna”, señala el informe.

Tom Fletcher, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias, afirmó este viernes que se trata de un “testimonio irrefutable”. “Esto es una hambruna. La hambruna de Gaza. Una hambruna que podríamos haber prevenido. La comida se acumula en las fronteras por la obstrucción sistemática de Israel. Una hambruna a unos cientos de metros de la comida y una tierra fértil”.

“Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra”, ha denunciado Fletcher. “Es una hambruna que nos perseguirá a todos. Permitida por indiferencia y sostenida por la complicidad”.

Antes que Ciudad de Gaza, el IPC ha declarado cuatro hambrunas: Somalia (2011), Sudán del Sur (2017), Sudán del Sur (2020) y Sudán (2024).

Para que una región sea clasificada en hambruna, al menos el 20% de su población debe sufrir escasez extrema de alimentos, con uno de cada tres niños gravemente desnutridos y dos personas de cada 10.000 muriendo diariamente de hambre o desnutrición y enfermedades. Israel rechaza la declaración de emergencia y alega que se basa en datos de Hamás —al inicio también rechazaba el recuento de fallecidos del Ministeiro de Sanidad, considerado válido por la ONU—.

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados este viernes indican que “entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna” hacia el centro y el sur del enclave.

“Si hubiésemos tenido una política de hambruna, nadie en Gaza habría sobrevivido”, afirmaba hace unos días Netanyahu respondiendo a las acusaciones internacionales y las fotografías de niños desnutridos. El primer ministro incluso amenazó con demandar al periódico New York Times por publicar algunas de esas imágenes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha comentado la situación: “Justo cuando parecía que ya no quedaban palabras para describir el infierno en Gaza, se añade una nueva: hambruna”. “Esto no es un misterio, es un desastre provocado por el hombre y un fracaso de la gumanidad”.

“Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas en virtud del derecho internacional, incluido el deber de garantizar el suministro de alimentos y medicamentos a la población. No podemos permitir que esta situación continúe con impunidad”, ha añadido Guterres.

En la cama del hospital, Randa sostiene a su hija más pequeña, Baraa, la cual rompe el silencio de la sala con un llanto débil. Tiene apenas tres meses, pero su cuerpecito pesa lo mismo que el de muchos recién nacidos: tres kilos y medio. Randa la acuna con ternura, sabiendo que su cuerpo ya no produce suficiente leche debido a que la falta de alimentos ha secado su propio sustento. “Sufro mucho por ella en este momento… no se está amamantando bien”, dice con la voz quebrada. “Me aterra la idea de perderla”, dice, mientras observa cómo la fuerza de su hija se desvanece día tras día.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha entrevistado a madres cuyos niños están hospitalizados en Gaza debido a la desnutrición extrema causada por la hambruna provocada por el bloqueo israelí. Estas madres, como Randa, también se encuentran gravemente desnutridas y, al no tener suficientes nutrientes para producir la leche, no pueden amamantar a sus niños.

Además, según denuncian la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, Israel lleva bloqueando desde hace semanas la entrada de la asistencia necesaria para alimentar a los recién nacidos, sobre todo del sustituto principal de la leche materna: la leche de fórmula.

Por si fuera poco, el precio de la escasa fórmula que se encuentra en Gaza es desorbitado, al igual que el de la harina (35 euros el kilo) y la leche normal (40 euros por lata). Esto hace que la leche de fórmula se haya convertido en un lujo inalcanzable para la familia de Randa.

Sus otros tres hijos, de ocho, siete y cuatro años, la rodean cada mañana, pidiéndole pan, suplicándole comida. Antes, en tiempos menos crueles, podían hacer tres comidas al día. Ahora la hambruna las ha reducido a una sola. “Queremos comer”, “Hornea pan para nosotros”, “Tenemos hambre”, dice la madre repitiendo las consignas de sus hijos.

Incluso lo más básico se ha vuelto inasequible. Los pañales, cuando aparecen en el mercado, cuestan cincuenta euros el paquete, así que tiene que improvisar con tiras de tela.

La agencia de la ONU señala que la diversidad dietética entre los bebés y niños pequeños ha disminuido significativamente debido a la escasez generalizada de alimentos. Las evaluaciones de la circunferencia del brazo (MUAC) realizadas entre mayo y mediados de junio de 2025 muestran un marcado aumento en la desnutrición aguda entre los menores de cinco años, con tasas que se duplican o cuadruplican en ese periodo, particularmente en las localidades de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur). Además, un aumento en la diarrea acuosa aguda y otras enfermedades está contribuyendo a la desnutrición secundaria.

Uno de cada cinco bebés en la Franja de Gaza nace prematuro o con bajo peso. Casi 11.000 mujeres embarazadas se enfrentan al hambre y otras 17,000 necesitan tratamiento urgente por desnutrición aguda. Suzan Mohammad Ma’rouf, especialista en nutrición clínica, explica en un vídeo difundido por UNICEF que entre 250 y 300 infantes visitan la unidad de desnutrición terapéutica de la Asociación de Amigos de los Pacientes de Gaza en la que ella trabaja y dónde se encuentran estos niños debilitados por la hambruna. Hasta el 25% de los infantes sufre desnutrición entre leve y moderada, mientras que hasta el 13% sufre desnutrición severa.

Dina, con apenas 21 años, cuida de su hijo Waseem, de seis meses. “Vine aquí al hospital y su peso era de solo 4,6 kilos”, cuenta. La falta de leche lo ha llevado a una desnutrición grave. En su voz no hay reproche, solo agotamiento. El cuerpo pequeño de Waseem le pide algo que ella no puede darle.

En otra habitación, Yasmin vigila a su hijo Mohammad, de tres meses. Desde que nació, la lucha por alimentarlo ha sido constante. “Di a luz en casa. No puedo amamantarlo… no hay comida en estas condiciones”, explica.

Ella misma apenas come, ¿cómo podría producir leche? “Si tuviera suficiente para mí, mi bebé estaría en buen estado de salud en lugar de estar en el hospital ahora mismo”.

Estos testimonios destacan la importancia del acceso de ayuda humanitaria, en específico alimentos, a la Franja de Gaza dónde, según el Gobierno gazatí en un comunicado difundido por su oficina de medios, más de 100.000 niños de dos años, incluidos 40.000 bebés menores de un año, se enfrentan “a la amenaza de una muerte masiva en cuestión de días”, ante la escasez de leche de fórmula y suplementos nutricionales.

A pesar de lo grave que es la situación con los recién nacidos, la falta de alimentos también deja graves secuelas en niños más mayores. Para Madlala, la guerra no solo le arrebató la tranquilidad, sino que también le robó la salud de su única hija. Maryam tiene ocho años y hace un año y medio que también sufre desnutrición.

“Maryam ha estado sufriendo de desnutrición durante un año y medio y yo he estado sufriendo junto con ella. No ha habido ninguna mejoría en absoluto”, dice. Cuando Maryam logra ganar algo de peso y recibe el alta, la recaída siempre llega. “No hay comida para que coma, ni siquiera huevos. Lucho con ella porque no come nada.”

Su cabello se cae, su cuerpo carece de calcio y la fuerza para ir al baño sola ya no existe. Madlala la tiene que cargar en brazos, igual que cuando era pequeña. A veces, Maryam llora y pregunta: “¿Qué me pasa?”. No hay una respuesta que pueda aliviarla.

“Espero que mi hija vuelva a ser como antes. Ese es mi único deseo… mi único deseo en la vida. No tengo otras hijas aparte de ella”, dice Madlala mientras mira a su pequeña.

Desde el comienzo del genocidio, 96 niños y niñas han muerto por la desnutrición, según las autoridades sanitarias de Gaza. A menos que se puedan ingresar suministros médicos y de nutrición especializados, alimentos, combustible y otra ayuda humanitaria a Gaza a gran escala, las vidas de niños como Baraa, Mohammad, Waseem y Maryam corren un riesgo directo. Un alto el fuego definitivo es vital para salvar sus vidas.

La masacre sigue superando hitos sombríos tras casi 22 meses de guerra en Gaza, donde Israel mató a más de 60.000 personas –incluidos 18.000 menores– y causado heridas a casi 146.000. Los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad palestino no reflejan el sufrimiento de las casi 6.000 familias de las que solo ha sobrevivido uno de sus miembros; de las madres cuyos bebés han fallecido (cerca de 1.000 niños de menos de un año han muerto desde octubre de 2023); de los padres que no han podido conseguir comida para sus hijos (88 niños y niñas han fallecido por desnutrición); de los más de 2.200 huérfanos que ha dejado la devastadora ofensiva israelí.

Además de la violencia sin pausa, con ataques aéreos y terrestres que han causado una gran destrucción en toda la Franja, Israel ha aplicado un férreo bloqueo sobre el pequeño territorio palestino que ha llevado a los peores niveles de hambre que se habían registrado en Gaza, cuyos más de dos millones de habitantes están ahora en riesgo grave de hambruna, según el último informe del principal sistema internacional que evalúa la seguridad alimentaria y la nutrición, respaldado por la ONU.

Los datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) y del Ministerio de Sanidad palestino ofrecen solo una idea de las consecuencias de la guerra de castigo que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu lanzó contra Gaza después de los ataques contra el sur de Israel del grupo palestino Hamás del 7 de octubre de hace dos años.

Una “hambruna provocada”

“Cualquier cosa que digamos de la situación en Gaza no puede reflejar lo que estamos sufriendo”, afirmó este martes desde Gaza Amjad Shawwa, director de la Red de Organizaciones no Gubernamentales Palestinas (PNGO), en una rueda de prensa online. “Esta es en una hambruna provocada desde el primer día”, denunció, recordando que después del 7 de octubre de 2023 el Gobierno israelí decidió cortar el suministro de agua y energía a la Franja. El pasado mes de marzo, Israel impuso un bloqueo total sobre el enclave. “Han pasado cinco meses sin que entre nada” en Gaza, agregó.

El pasado domingo, el Ejército israelí anunció algunas medidas que deberían facilitar la llegada de la ayuda humanitaria y aliviar el sufrimiento de la población. Por una parte, prometió que pararía sus ataques entre las 10:00 y las 20:00 horas locales de cada día en Al Mawasi, Deir al Balah y Ciudad de Gaza para permitir la distribución de la ayuda; por otro, que establecería “rutas seguras” en toda la Franja desde las 06:00 a las 23:00 horas locales para el tránsito de los convoyes de alimentos y medicinas de la ONU y otras organizaciones humanitarias.

Según Shawwa, las denominadas “pausas humanitarias” de Israel no están en vigor: “En los pasados tres días han muerto más personas que en los anteriores. No ha habido una mejora de la situación humanitaria”, ha asegurado en videoconferencia desde la Franja. “Sólo han entrado 60, 70, 80 camiones cada día con harina y algunos paquetes de comida. Es un engaño para el mundo (...) mientras Israel continúa con el bloqueo que ha causado esta situación”.

El director de PNGO explica que las organizaciones que integran la red que dirige no tienen apenas suministros y no pueden asistir a los palestinos que les piden ayuda. “Las madres piden leche porque no pueden dar el pecho o piden algunos kilos de harina para hacer pan para sus hijos, que es la única comida que hemos tenido en mucho tiempo”, ha relatado. “No piden plátanos o manzanas, piden lo más básico para mantener a sus niños con vida”.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y su Fondo para la Infancia (UNICEF) destacan que más de un tercio de la población de Gaza (el 39%) pasa varios días seguidos sin comer y casi una cuarta parte (más de 500.000 personas) soporta condiciones similares a las de una hambruna, con base en los datos del informe del IPC. “A fecha de julio de 2025, más de 320.000 niños y niñas, es decir, toda la población menor de cinco años de la Franja de Gaza, corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda y miles ya padecen desnutrición aguda grave, la forma más letal de desnutrición”, alertan en un comunicado.

El pasado mes de junio, 6.500 niños y niñas fueron ingresados para recibir tratamiento contra la desnutrición, la cifra más alta desde que comenzó el conflicto, y sólo en las dos primeras semanas de este mes de julio fueron ingresados otros 5.000, de acuerdo con las dos agencias de la ONU.

“Una crisis de proporciones inimaginables”

Los números pueden difuminarse en lo asbtracto, ha dicho Ghada Al Haddad, encargada de comunicación de la ONG Oxfam en la rueda de prensa online. Pero, ha añadido, “estas personas son hijos, hijas, padres, madres...”.

“Hasta hoy no he visto la ayuda llegar a Gaza de forma consistente o sifnificativa”, ha denunciado la mujer, cuando han pasado tres días desde que Israel permitió el ingreso de los primeros convoyes por carretera y el lanzamiento de paquetes de comida desde el aire. “Unos pocos camiones de harina no pueden revertir el hambre que existe en Gaza desde hace más de 20 meses, todos lo sabemos”, ha agregado.

Al Haddad lamenta que después de meses de “bombardeos, bloqueo y devastación total, Gaza está al borde de una hambruna tan amplia y tan intencional que amenaza con eliminar a generaciones enteras”. Según la trabajadora humanitaria, los ataque aéreos y de artillería no han parado y teme que las imágenes de niños emaciados distraigan la atención de la violencia y el sufrimiento incesantes.

La mujer ha destacado que Israel ha creado “una crisis de proporciones inimaginables” en Gaza, empleando todas las armas a su alcance contra los palestinos. “Con esta guerra anormal, Israel ha introducido nuevas formas crueles de sufrimiento”, ha declarado, recordando que ya antes de la actual ofensiva israelí, la Franja estaba sometida a un duro bloqueo y el 80% de la población necesitaba ayuda humanitaria. Antes del 7 de octubre de 2023 y durante la tregua que estuvo en vigor unos dos meses a principios de este año, solían acceder a Gaza entre 500 y 600 camiones de suministros cada día, los cuales cubrían las necesidades básicas de la población.

Según el informe del IPC, los indicadores de consumo de alimentos y nutrición en Gaza han alcanzado sus peores niveles desde que comenzó la ofensiva israelí. “El conflicto y los desplazamientos se han intensificado, y el acceso a alimentos y otros artículos y servicios esenciales se ha reducido a niveles sin precedentes”, señala. El consumo de alimentos, que representa el primer indicador básico, se ha desplomado en Gaza desde mayo de 2025. Al mismo tiempo, la desnutrición aguda, que es el segundo indicador básico, ha aumentado a un ritmo sin precedentes en la Franja. “Cada vez hay más pruebas de que el hambre generalizada, la malnutrición y las enfermedades están provocando un aumento de las muertes relacionadas con el hambre”, recoge el IPC.

El doctor Tarek Loubani, director médico de la iniciativa Glia, ha asegurado en la rueda de prensa virtual que todos y cada uno de los pacientes que atiende en el hospital de Gaza en el que trabaja están desnutridos. “Hay una hambruna que afecta a todos, incluido a mí mismo, he perdido unos 20 kilos en los dos meses que he estado aquí. Ayer comí sólo un poco de arroz, porque era lo único disponible para los doctores”, ha relatado.

Loubani lamenta que no cuentan con los tratamientos necesarios para curar la desnutrición y que, incluso cuando pueden suministrar esos tratamientos, los pacientes no llegan a curarse porque no reciben el alimento que deberían, aparte de los medicamentos y suplementos nutricionales. “Israel no permite la entrada de comida, un poco de harina no es comida. No es un alimento nutritivo con el que la gente pueda sobrevivir”, ha denunciado.

“Todos los padres con los que me he encontrado cuentan la misma historia: intentan desesperadamente alimentar a sus hijos pero no pueden porque los nutrientes que necesitan, como la fórmula para lactantes, no pueden ser sustituidos por ninguna otra cosa de las que hay” en Gaza, ha explicado.

Según el doctor, que cuenta con una amplia experiencia en las anteriores ofensivas israelíes sobre Gaza, el número oficial de muertos por desnutrición “es una cifra muy conservadora”, que refleja probablemente un pequeño porcentaje de los fallecidos reales. Preguntado por elDiario.es, Loubani dice que las autoridades sanitarias solo clasifican como muertos por desnutrición los casos en los que la relación con el hambre es clara y en los que no existen otras causas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la FAO, Qu Dongyu, celebraron la exclusión de Brasil del Mapa del Hambre de la ONU. El mandatario sudamericano llamó al titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés) para ponerse a disposición en la lucha global contra el hambre y la pobreza, según informó la Presidencia brasileña.

“Para acabar con el hambre y la pobreza, necesitamos incluir a los pobres en el presupuesto del país, en los presupuestos de los estados y de los municipios”, declaró Lula.

El presidente se declaró el “hombre más feliz del mundo”, pero también asumió el papel de “soldado de Brasil, soldado de la FAO, soldado global” en la causa de erradicar el hambre y la pobreza, con o sin mandato presidencial.

Por su parte, el ejecutivo de la ONU aseguró que, en 2026, la FAO visitará Brasil para conocer las experiencias del país en la lucha contra el hambre durante el Foro de la CELAC.

El comunicado indica que “esta fue la segunda vez que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva retiró al país de esta categoría: la primera fue en 2014, tras 11 años de políticas consistentes”.

Sin embargo, a partir de 2018, el desmantelamiento de los programas sociales provocó que Brasil retrocediera y volviera al Mapa del Hambre.

Brasil salió nuevamente del Mapa del Hambre gracias a una reducción significativa de la inseguridad alimentaria, un avance que representó un hito histórico impulsado por políticas integradas y efectivas, anunció el Gobierno.

“Es con gran orgullo e inmensa alegría que informo que Brasil está una vez más fuera del mapa del hambre. Esto significó que reducimos la inseguridad alimentaria grave y la desnutrición a menos del 2,5% de la población”, resaltó Lula.

En sus redes sociales, también escribió: “Es una conquista histórica que demuestra que con políticas públicas serias y compromiso con el pueblo es posible combatir el hambre y construir un país más justo y solidario”.

El ministro Wellington Dias recordó que salir del Mapa del Hambre fue el primer objetivo del presidente Lula al iniciar su mandato en 2023.

“Demostramos que, con el Plan Brasil Sin Hambre, mucho trabajo y políticas robustas, era posible alcanzar esa meta en apenas dos años. No hay mandato sin justicia alimentaria. Y no hay justicia social sin democracia”, expresó.

El anuncio se realizó durante la Segunda Cumbre del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, en Etiopía.

Según el Gobierno, para finales de 2023 unos 24 millones de personas salieron de la inseguridad alimentaria severa, mismo año en que la pobreza extrema se redujo al 4,4%, el nivel más bajo registrado en Brasil.

El Mapa del Hambre de la ONU identifica a los países donde más del 2,5% de la población sufre desnutrición severa.

Las políticas que impulsaron esta transformación incluyeron la creación del plan Brasil Sin Hambre, el relanzamiento del PAA y la restitución del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

También se revalorizaron instrumentos como el programa Bolsa Familia, clave en la salida de Brasil del Mapa en 2014, mediante transferencias condicionadas que garantizan educación, salud y alimentación.

Brasil está impulsando, además, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, lanzada durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con respaldo de más de 80 países.

El objetivo es compartir buenas prácticas y acelerar la erradicación del hambre en otras naciones antes de 2030.

JJD, con información de EFE.

Dos importantes organizaciones de derechos humanos con sede en Israel, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, dijeron que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza y que los aliados occidentales del país tienen la obligación legal y moral de detenerlo.

En informes publicados este lunes, las dos organizaciones afirman que Israel atacó a civiles en Gaza únicamente por su identidad como palestinos durante casi dos años de guerra, causando daños graves y, en algunos casos, irreparables a la sociedad palestina.

Múltiples organizaciones internacionales y palestinas ya calificado la guerra de genocida, pero los informes de dos de las organizaciones de derechos humanos más respetadas de Israel y Palestina, que llevan décadas documentando abusos sistemáticos, probablemente aumentarán la presión para que se tomen medidas.

Los informes detallan crímenes como el asesinato de decenas de miles de mujeres, niños y ancianos, desplazamientos forzados masivos y hambruna, y la destrucción de viviendas e infraestructuras civiles que privaron a los palestinos de la asistencia sanitaria, la educación y otros derechos básicos.

“Lo que vemos es un ataque claro e intencionado contra la población civil con el fin de destruir a un grupo”, dice Yuli Novak, directora de B'Tselem, quien pidió que se tomen medidas urgentes. “Creo que todo ser humano debe preguntarse: ¿qué harías ante un genocidio?”.

Novak sostiene que es fundamental reconocer que se está produciendo un genocidio, aunque no haya una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. “El genocidio no es solo un delito legal. Es un fenómeno social y político”.

Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) se centra en su informe en un relato cronológico detallado del ataque al sistema sanitario de Gaza, con muchos detalles documentados directamente por el propio equipo del grupo, que trabajaba regularmente en Gaza antes del 7 de octubre de 2023.

Su director, Guy Shalev, señala que la destrucción del sistema sanitario por sí sola convierte la guerra en genocida según el artículo 2c de la Convención sobre genocidio, que prohíbe infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para destruir a un grupo “en su totalidad o en parte”.

“No es necesario que se cumplan los cinco artículos de la Convención sobre genocidio para que algo sea genocidio”, afirma, aunque el informe también detalla otros aspectos genocidas de la guerra de Israel.

“No podría suceder sin el apoyo de Occidente”

Tanto B'Tselem como PHR denuncian que los aliados occidentales de Israel están permitiendo la campaña genocida y comparten la responsabilidad por el sufrimiento en Gaza. “No podría suceder sin el apoyo del mundo occidental”, dice Novak. “Cualquier líder que no esté haciendo todo lo posible para detenerlo es parte de este horror”.

Shalev dice que Estados Unidos y los países europeos tienen la responsabilidad legal de tomar medidas más enérgicas que las que tomaron hasta ahora. “Se deben utilizar todas las herramientas disponibles. Esto no es lo que pensamos, es lo que exige la Convención sobre el genocidio”.

Israel niega que esté llevando a cabo un genocidio y afirma que la guerra en Gaza es una medida de autodefensa tras los ataques transfronterizos de Hamas el 7 de octubre de 2023, que causaron la muerte de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Más de 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza, donde 50 siguen retenidas como rehenes, 20 de las cuales se cree que siguen con vida.

Un elemento clave del delito de genocidio, tal y como lo define la convención internacional, es demostrar la intención de un Estado de destruir total o parcialmente a un grupo objetivo.

Tanto PHR como B'Tselem creen que las declaraciones genocidas de políticos y líderes militares, y una cronología de los impactos bien documentados sobre la población civil tras casi dos años de guerra son prueba de esa intención, incluso sin un rastro documental de órdenes de las altas esferas.

El informe de PHR detalla cómo “la intención genocida puede inferirse del patrón de conducta”, citando el precedente legal del Tribunal penal internacional para Ruanda.

“Israel tuvo tiempo de detener este ataque”

La extensa documentación recopilada por médicos, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos durante un largo período de tiempo hace que el Gobierno de Israel no pueda alegar que no comprendía el impacto de sus acciones, defiende Shalev. “Israel tuvo tiempo y oportunidades suficientes para detener este ataque sistemático y gradual”.

Desde el inicio de la guerra se registraron incitaciones al genocidio. Es uno de los dos asuntos sobre los que el juez israelí que lleva del caso en la Corte Internacional de Justicia votó con la mayoría al ordenar medidas de emergencia para proteger a los palestinos del riesgo plausible de genocidio.

“No necesitamos adivinar lo que está haciendo Israel y lo que está haciendo el Ejército israelí, porque desde el primer día de este ataque, los líderes israelíes, los más altos dirigentes, los líderes políticos, incluidos el primer ministro, el ministro de Defensa y el presidente de Israel, dijeron exactamente eso”, dice Novak. “Hablaron de animales humanos. Hablaron del hecho de que no hay civiles en Gaza o de que hay toda una nación responsable del 7 de octubre”.

“Si los dirigentes de Israel, tanto los militares como los políticos, conocen las consecuencias de esta política y siguen adelante con ella, está muy claro que es intencionado”, asegura.

La destrucción de la infraestructura sanitaria, dos años sin atención médica y el asesinato de trabajadores sanitarios también significan que el número de víctimas del genocidio seguirá aumentando incluso después de que cualquier alto el fuego detenga los combates, explica Shalev.

“Por ejemplo, hace meses que no hay máquinas de resonancia magnética en Gaza, así que ¿qué pasa con todas las enfermedades y dolencias que no se diagnosticaron durante todo ese tiempo? Hay casos de malnutrición y enfermedades crónicas que no se trataron, y vamos a ver los efectos de eso durante los próximos meses y años”.

Si bien los medicamentos pueden traerse en cuestión de días, no hay una forma fácil de reemplazar a los trabajadores sanitarios que fueron asesinados, incluidos los especialistas que tardaron décadas en formarse, agrega el activista. “Al observar las condiciones de vida, se abre una escala temporal aterradora si queremos creer en un futuro en el que la población de Gaza pueda de alguna manera vivir sus vidas con seguridad y buena salud. Es muy difícil verlo”.

El número de muertos en Gaza a causa de la guerra se acerca a los 60.000, lo que supone más del 2,5% de la población anterior a la guerra. Algunos de los que defienden la guerra de Israel argumentan que es una cifra demasiado baja para que la campaña se considere un genocidio. Novak responde a estas voces e indica que esto se basa en un malentendido fundamental del delito de genocidio, que la convención define como atacar a un grupo “en su totalidad o en parte”. “No significa que haya que matar a todas y cada una de las personas”.

El genocidio contra los palestinos como grupo solo fue posible porque Israel los deshumanizó durante décadas y les negó sus derechos, añade Novak. Los políticos de extrema derecha aprovecharon el trauma colectivo para acelerar una agenda que llevaban años persiguiendo. “[El 7 de octubre] fue un momento impactante y un punto de inflexión para los israelíes, porque les infundió un sentimiento sincero y real de amenaza existencial. Ese fue el momento que empujó a todo un sistema y su funcionamiento en Gaza desde una política de control y opresión hacia una de destrucción y exterminio”.

Preocupación por Cisjordania

Ahora que Israel lanzó una campaña genocida en Gaza, existe un riesgo urgente de que se extienda para atacar a otros palestinos, advierte el informe de B'Tselem.

“El régimen israelí tiene ahora una nueva herramienta que no había utilizado antes: el genocidio. Y el hecho de que esta herramienta o esta política utilizada en Gaza aún no se haya desplegado en otras zonas no es algo con lo que podamos contar durante mucho tiempo”, dice Novak.

Cisjordania es motivo de especial preocupación, con 1.000 palestinos muertos y más de 40 000 desplazados de comunidades como Yenín y Tulkarem, en una campaña de ataques cada vez más intensos y limpieza étnica desde el 7 de octubre de 2023.

“Lo que vemos es básicamente el mismo régimen con la misma lógica, el mismo ejército, normalmente los mismos comandantes e incluso los mismos soldados que acaban de luchar en Gaza. Ahora están en Cisjordania, donde la violencia va en aumento”, afirma Novak. “Lo que nos preocupa y sobre lo que queremos advertir es el hecho de que cualquier pequeño detonante podría hacer que el genocidio se extendiera desde Gaza a Cisjordania”.

El hambre no solo está matando a los palestinos de Gaza uno por uno. También está destruyendo a la sociedad palestina y causando daños permanentes en sus cuerpos y mentes, según alertan voces expertas.

A medida que aumentan las esperanzas de un alto el fuego, la amenaza del hambre extrema es especialmente grave. En las treguas anteriores, Israel ha seguido utilizando el control de los alimentos como arma contra la población civil y es posible que vuelva a hacerlo.

El hambre obliga al cuerpo a consumir sus propios músculos y órganos para obtener energía, lo que puede causar lesiones permanentes, perjudicar el futuro de los niños demorando su crecimiento físico y mental, y hasta dañar la salud de los descendientes de las personas que han logrado sobrevivir.

El hambre también destruye a las comunidades, provocando enfrentamientos de unos con otros por la desesperación de conseguir comida, y obligando a la gente a cometer actos vergonzosos, humillantes o violentos para sobrevivir.

Según los expertos en hambrunas, incluso las personas que se recuperan físicamente no se libran del trauma que les acompañará toda la vida por haber tenido que elegir entre hijos, o por haber rechazado a familiares que piden comida, o por haber vendido sus propios cuerpos, o el de una hermana o una hija, a cambio de comida.

“La hambruna se puede abordar como un fenómeno biológico que experimenta cada individuo, pero también es una experiencia social colectiva”, dice Alex de Waal, director de la Fundación Mundial para la Paz en la Universidad de Tufts, en Boston y autor de Mass Starvation: the History and Future of Famine (Inanición de masas: la historia y el futuro de la hambruna). “Muy a menudo, en el recuerdo que le queda a los supervivientes, antes que la experiencia biológica individual es más significativo ese elemento social del trauma, la vergüenza, la pérdida de dignidad, la ruptura de tabúes y de lazos sociales”.

“Todos estos traumas son la razón por la que a los irlandeses les llevó casi 150 años poder conmemorar lo que vivieron en la década de 1840”, explica. “Los que infligen el hambre son conscientes de eso, saben que lo que están haciendo en realidad es desmantelar una sociedad”.

El superviviente del genocidio y abogado Raphael Lemkin esbozó esta “sociología del hambre”. Es el mismo que acuñó el término “genocidio” y luego hizo campaña para que fuera reconocido como delito en el derecho internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lemkin describió en profundidad el racionamiento “como forma de debilitar a los grupos”.

El hambre como arma

Aprovechando el impacto social del hambre un agresor puede usar el control de la comida para crear una dinámica de “humanitarismo genocida”, en palabras de Alex de Waal, proporcionando las calorías justas para evitar la muerte en masa pero haciendo que el hambre extrema “destruya el sentido de su vida como grupo”.

Expertos internacionales han advertido de manera insistente sobre la situación creada en Gaza con la guerra. Dicen que está acercándose al umbral internacionalmente reconocido como de hambruna, medido por factores que incluyen tasas de mortalidad y de desnutrición.

Chris Newton, experto del centro de estudios International Crisis Group estudia las hambrunas y la inanición como armas de guerra, explica que haber pasado largos periodos en un estado de hambre extrema no puede revertirse por completo, incluso sin cruzar la línea de la hambruna. “No se trata de una declaración formal de hambruna ni de un número determinado de camiones o de comidas; se trata del intento de Israel de matar de hambre a Gaza indefinidamente sin provocar lo que llamamos hambruna, que es la muerte en masa en poco tiempo por inanición y enfermedades derivadas”, dice. “Este experimento no puede durar para siempre, pero las consecuencias del hambre sí que pueden”.

Riesgo pese a una tregua

Uno de los signos más evidentes del derrumbe social en Gaza es el saqueo habitual a los camiones de ayuda que entran en el territorio, y los tiroteos casi diarios contra las personas que intentan obtener los limitados suministros de los centros de distribución que gestiona la hermética Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), respaldada por Israel y por Estados Unidos.

“El hambre rompe el orden social y transforma la capacidad de gobernar en una sola cuestión: ¿quién puede alimentar a la población?”, dice Nour Abuzaid, investigador principal de la agencia Forensic Architecture, especializada en investigar violaciones de los derechos humanos. “Si puedes alimentar a la gente, puedes gobernarla porque la vida se ha reducido a una sola pregunta: ¿qué vamos a comer hoy?”.

Forensic Architecture ha documentado las características estructurales que hacen a los centros de la FHG letales desde su diseño, por haberlos ubicado en zonas donde el Ejército israelí había ordenado la evacuación de la población civil, y por las rutas para llegar a ellos, que hacen pasar a los civiles cerca de los puestos militares israelíes.

Israel puede seguir restringiendo los alimentos y canalizándolos exclusivamente por los centros de la FHG incluso durante una pausa en los combates con armas convencionales. “Esto es exactamente lo que pasó durante el anterior alto el fuego, que seguía vigente cuando el 2 de marzo Israel cortó la ayuda”, dice Abuzaid. Si eso ocurre, la ubicación y el diseño de los centros de la FHG hacen prever un aumento en las muertes, añadió, citando los repetidos tiroteos contra civiles que se acercan a la “zona de amortiguación” establecida por las fuerzas israelíes.

“Solo por estar cerca de la zona de amortiguación fueron asesinadas más de 100 personas durante el alto el fuego”, dice Abuzaid. “Es de esperar que continúen las víctimas civiles si se sigue utilizando el modelo basado en los centros de racionamiento (de la FHG) situados en la zona de amortiguación o cerca de ella”. Según Abuzaid, el control sobre la comida también significa que Israel “puede destruir activamente el orden civil incluso durante un alto el fuego”.

Dos meses

Según Alex de Waal, el control que ejerce Israel sobre las fronteras terrestres y marítimas de la Franja le permite supervisar totalmente la cantidad de alimentos que entran en el territorio, y la información de la ONU con el detalle de la malnutrición que sufren los palestinos impedirá que los líderes israelíes se defiendan diciendo que no veían venir la inanición. “No se puede matar de hambre a nadie por accidente. Se puede disparar a alguien por accidente, pero con la inanición, tienes 60 o hasta 80 días para remediar el error”, dijo.

Según el director de Forensic Architecture, Eyal Weizman, su organización ha llegado a la conclusión de que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de alimentos en Gaza tienen un carácter genocida en dos sentidos. “Obviamente, matar de hambre a la gente de forma intencionada es genocida, y el hambre también se utiliza para romper la sociedad, el hambre es el medio y el hambre es el fin”, dice.

“Si este sistema se mantiene durante cualquier alto el fuego futuro, con control sobre cada caloría y cada persona con derecho a ella, Israel seguirá rompiendo a la sociedad palestina”, dice Weizman. “El genocidio podría continuar durante un alto el fuego”.

Traducción de Francisco de Zárate.

“Mi hija mayor tiene cuatro años. Deberías verla intentando cargar un bidón, es descorazonador. No puede”. Empieza así el relato de una madre de Gaza, uno más entre tantos que reflejan cómo el hambre implacable causada por el bloqueo israelí se ensaña con los más chicos. “Ya no queda nada; no puedo hacer nada”, dice, desesperada en un testimonio recogido recientemente por Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las ONG que en condiciones precarias siguen operando en la Franja, donde ayudar a la población palestina es cada vez más complicado.

Mientras las esperanzas de un alto el fuego se desvanecen tras el estancamiento de las negociaciones, el hambre sigue extendiéndose y cobrándose vidas en el enclave gazatí. El grueso de las más de 100 personas fallecidas por esta causa durante la guerra eran menores. Desde abril de este año, el número de niños que murieron por no tener nada que llevarse a la boca aumentó de 52 a 80, un incremento del 54% en menos de tres meses, según el Ministerio de Salud palestino. La última víctima mortal de la escasez de alimentos y productos básicos se llamaba Abdel Qader Al Fayyumi, según informó el hospital Bautista Al Ahli.

Los datos de la ONU apuntan a que los niveles de desnutrición están aumentando significativamente entre los más pequeños. Durante las dos primeras semanas de julio, las organizaciones colaboradoras con la ONU que trabajan en la ayuda alimentaria cribaron 56.440 niños para ver si estaban desnutridos en toda la Franja. De entre ellos, 4.984 sufrían desnutrición aguda y 838 de estos, a su vez, presentaban un estado de desnutrición aguda grave. Esto es reflejo de una tendencia creciente y preocupante, según el último informe quincenal de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La tasa general de desnutrición aguda entre los niños examinados subió del 2,4% en febrero al 6% en junio y el 8,8% en julio. Mientras tanto, la tasa de desnutrición aguda severa pasó, en los mismos intervalos temporales, del 1% al 1,5%, y luego al 2%, respectivamente.

Las causas de la desnutrición infantil son la mala dieta, la falta de alimento y cuidados, y el acceso limitado a agua, cuidados sanitarios y condiciones de salubridad básicas, que en el contexto actual se ven gravemente comprometidas, como recuerda la oficina de la ONU.

Un niño desnutrido tiene 10 veces más posibilidades de morir que uno bien alimentado, pero más allá de ese riesgo inmediato, las consecuencias para los supervivientes pueden prolongarse durante toda su vida. La desnutrición infantil puede entorpecer el desarrollo cerebral, debilitar el sistema inmune, reducir la capacidad del cuerpo de absorber nutrientes y lastrar el crecimiento cognitivo y físico, con consecuencias a largo plazo, explica la OCHA.

Las cifras, en aumento

A fecha de 20 julio, recibían tratamiento en centros de estabilización de Ciudad de Gaza, Deir al Balah y Jan Yunis un total de 218 niños con desnutrición aguda severa, según la OCHA. Son cifras que empeoran diariamente.

En Ciudad de Gaza la situación es particularmente alarmante: de los 14.774 niños cribados en julio, el 16% sufrían desnutrición aguda (348 de ellos, en estado grave). El porcentaje es marcadamente superior al de febrero, cuando la tasa era del 4%. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció este jueves que uno de cada cinco niños sufre malnutrición en Ciudad de Gaza, y los casos aumentan cada día.

El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, alertó de que la mayoría de los niños que atienden sus equipos están “demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan urgentemente”. “Los padres están demasiado hambrientos para cuidar de sus hijos”, dijo, y aseguró que los que llegan a sus clínicas “no tienen la energía, los alimentos ni los medios para seguir los consejos médicos”.

“Durante meses se vinieron generando todas las bases para que se produjera la situación que se está produciendo”, dice a elDiario.es la responsable de incidencia internacional de Save the Children, Arantxa Osés. “Se permitió la entrada de ayuda humanitaria con cuentagotas; se bloqueó el acceso de esta ayuda; luego se abrió de nuevo; se volvió a bloquear y ahora tenemos un sistema de distribución en el que murieron ya más de 1.000 personas”, detalla.

El sistema de distribución al que alude Osés es el que desde finales de mayo opera a través de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización sin experiencia previa, patrocinada por Israel y EEUU y que reparte comida en cuatro centros que funcionan como atolladeros; hay muertos “todos los días” entre los gazatíes que acuden a los puntos por caminos destrozados, flanqueados por tanques, soldados y drones, según aseguraba esta semana a elDiario.es Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de MSF en la Franja.

La ONG humanitaria advirtió que las tasas de desnutrición severa en niños menores de cinco años se triplicaron solo en las últimas dos semanas. La semana pasada, hizo revisiones en sus centros y clínicas a pequeños de entre seis meses y cinco años y a mujeres embarazadas y lactantes y el 25% presentaba malnutrición. “No se trata solo de hambre. Esto es inanición deliberada y provocada por las autoridades israelíes”, denuncia MSF.

The Guardian recopiló testimonios de familias desesperadas por no poder alimentar a sus pequeños. Un caso que recoge es el de Mohammed, un bebé de siete meses que pesa apenas cuatro kilos e ingresó ya dos veces en el hospital de la Patient’s Friends Benevolent Society, en Ciudad de Gaza.

“Mi mayor temor es que muera desnutrido”, cuenta su abuela Faiza Abdul Rahman, que a su vez está siempre mareada por comer poco. “Sus hermanos también tienen hambre severa y hay días en que se van a la cama sin haber comido nada”, lamenta.

La natalidad se ve asimismo afectada. El Fondo de Población de Naciones Unidas informó la semana pasada que los nacimientos cayeron 41 puntos porcentuales en Gaza en el primer semestre del año, en comparación con antes de la guerra. Más de 20 niños murieron antes de las primeras 24 horas tras el parto, y el 33 de los nacimientos fueron prematuros.

“Lo que tenemos son unas condiciones en que los sistemas inmunitarios de los niños y las niñas sometidos a estas circunstancias de privación, o sea, no poder acceder a alimentos, no poder acceder a agua potable, estar rodeados de basura, estar hacinados y no tener servicios de salud adecuados, porque también diezmaron, [nos llevaron a] un momento en el que la tuerca salta”, indica Osés.

“Lo más difícil de todo es cuando mi hija me pide que le haga un sándwich para la guardería y no tengo pan”, se lamenta otra de las madres entrevistadas por MSF. El precio de un kilo de pan se disparó hasta 100 dólares (85 euros), según el Fondo de Población de Naciones Unidas.

La desnutrición vuelve a los niños vulnerables a las enfermedades, lo que es más grave aún por la escasez de suministros médicos, que Israel bloquea. “Me devasta ver que muchas veces los niños sobrevivirían si les diésemos algo tan sencillo, pero no lo tenemos”, indica Musab Farwana, pediatra del Patient’s Friends Benevolent Society, que intenta hacer todo lo posible por salvarles la vida. Esta semana murieron tres niños que estaban en cuidados intensivos. Una era una niña que probablemente hubiese sobrevivido con una inyección de potasio en vena. Es un tratamiento básico, pero hoy casi imposible de obtener en Gaza.

“Probamos con sustitutivos orales, pero por las complicaciones de la desnutrición, no los pudo absorber”, explica al diario británico. “Estos casos me atenazan, nunca me los saco de la cabeza. La niña podría haber vuelto con su familia y llevar una vida normal, pero por una cosa tan sencilla que no estaba disponible, no sobrevivió”.

El número real puede ser mayor

“La cifra de niños y niñas que murieron por desnutrición en el hospital es de 88, pero es que hay muchos que no están consiguiendo llegar a los hospitales, por lo que este número puede ser muchísimo mayor. Y se está aumentando el ritmo”, alerta Osés, que señala que el propio personal de la organización sufre las carencias. “Cada vez están más delgadas”, cuenta.

La entrada en funcionamiento del mecanismo de la GHF no hizo más que agravar la situación, señala la responsable de incidencia internacional de Save the Children. “Creo que no se puede atribuir únicamente a ese factor, pero sí se vino a situar sobre un contexto al que se llegó de manera deliberada y del que las entidades llevamos avisando desde hace mucho tiempo”, incide.

Umm Youssef al-Khalidi, madre de cuatro niñas y dos niños, se decidió el martes a probar suerte en un centro de distribución de la GHF por primera vez. Hasta ahora lo había evitado porque el pequeño tiene dos años y el mayor solo 13, y su marido está en silla de ruedas. “Acallamos el hambre con agua”, señala. “Temo más por mi familia que por mí, por que me pase algo malo y se queden sin nadie que los atienda”, expresa, y describe: “Los niños se quedaron en el esqueleto, solo son piel y huesos. Todo los marea. Se sientan, piden comida y no tengo nada que darles”.

6.000 camiones de ayuda listos para ingresar a Gaza. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) volvió a pedir a Israel que permita la entrada de los suministros que se necesitan urgentemente en el enclave palestino asediado por el Ejército de Benjamin Netanyahu, donde se propaga la hambruna, que se cobró la vida de más de 100 personas, muchas de ellas niños.

El director de la agencia Philippe Lazzarini dijo este jueves que la organización tiene el equivalente a 6.000 camiones cargados de comida y suministros médicos en almacenes de Jordania y Egipto. Según la agencia, esta cantidad puede proporcionar alimentos a toda la población durante tres meses.

Según los últimos datos de la agencia de Naciones Unidas, uno de cada cinco niños sufre malnutrición en Ciudad de Gaza, y los casos aumentan cada día.

“Cuando la malnutrición infantil se dispara, los mecanismos de supervivencia fallan, el acceso a los alimentos y a la atención sanitaria desaparece y la hambruna comienza a extenderse silenciosamente”, dijo Lazzarini.

“La mayoría de los niños que atienden nuestros equipos están demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan urgentemente”, agrega. “Los padres están demasiado hambrientos para cuidar de sus hijos. Los que llegan a las clínicas de la UNRWA no tienen la energía, los alimentos ni los medios para seguir los consejos médicos”.

Lazzarini pidió acceso a las organizaciones humanitarias para prestar asistencia humanitaria “sin restricciones e ininterrumpida” a Gaza.

“Estamos profundamente alarmados por el riesgo de hambruna”, alertan en un comunicado conjunto AFP, Associated Press, BBC y Reuters por la situación de los periodistas que están en Gaza. El llamamiento a favor de la entrada de ayuda en la Franja llega unos días después de que AFP fuera la primera gran agencia en poner de relieve los riesgos para los periodistas ante la falta de alimento.

“Estamos desesperadamente preocupados por nuestros periodistas, que cada vez son más incapaces de alimentarse ellos y sus familias”, advierte la nota. Durante las últimas semanas se está poniendo de relieve el uso por parte de Israel del hambre como arma dentro de la ofensiva contra la población gazatí. Entra poca ayuda y la que entra se reparte en procesos donde ya murieron cientos de civiles a causa de tiroteos del ejército israelí.

Estas agencias recuerdan en el comunicado cómo los periodistas locales son los que sirvieron de “ojos y oídos para el mundo” desde el terreno, ante la imposibilidad de entrar para profesionales extranjeros. “Están sufriendo ahora las mismas terribles circunstancias de las que están informando”.

“Urgimos a las autoridades israelíes para que permitan la entrada y salida de los periodistas”, remarca el comunicado publicado este jueves. “Es esencial que el adecuado reparto de alimentos llegue a las personas que están allí”, concluye.

Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron este miércoles que en las últimas 24 horas murieron de hambre otras 11 personas, que sumadas a las 33 de las dos jornadas previas, entre ellas 12 niños, elevan a 111 (80 menores) los fallecidos así desde el comienzo de la invasión israelí, en octubre de 2023.

La ONU dijo este viernes que Israel impone “una camisa de fuerza” en cada etapa de sus esfuerzos por hacer llegar ayuda humanitaria a la población de Gaza, que se convirtió “en el lugar con más hambre del planeta y donde ”el 100 % de la gente está en riesgo de hambruna“.

“Este es el único territorio definido, sea un país o una zona dentro de un país, en el que toda la población está en riesgo de hambruna. El 100% de gente está en riesgo de hambruna”, aseguró en Ginebra el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Jens Laerke.

A pesar de que Israel afirma que dejó entrar cierta ayuda humanitaria de la ONU por el cruce de Kerem Shalom en los últimos días, el portavoz sostuvo que en la práctica esto no supuso ninguna mejora en la entrega de ayuda humanitaria.

De los 900 camiones con ayuda de Naciones Unidas autorizados a ingresar en los últimos diez día (la ONU repitió hasta la saciedad que se necesitan al menos 500 camiones diarios para cubrir las necesidades vitales de los gazatíes), solo se permitió que 600 fueran descargados del otro lado del paso fronterizo.

Sin embargo, menos de la mitad del contenido que llevaban pudo ser cargado en otros camiones dentro de Gaza -conforme al procedimiento que se utiliza- para dirigirse a los almacenes y donde poder ser distribuido entre la población.

“Esta baja recogida se debe a que las rutas impuestas por las autoridades israelíes con frecuencia se encuentran congestionadas, son inseguras o implican largos retrasos en las aprobaciones necesarias para su uso”, explicó.

Algunos de los camiones que salieron “fueron rodeados en el camino por personas que tomaron lo que había en una reacción de supervivencia para alimentar a sus familias, a sus hijos y a si mismos. Y por cierto, la ayuda en esos camiones fue pagada por los donantes para llegar a esas personas, así que ni por un segundo los culpo por tomar ayuda que, en esencia, les pertenece”, relató el portavoz.

Del contenido, Laerke dijo que prácticamente todo es harina y no hay paquetes de alimentos diversos ni listos para comer porque así lo ha dispuesto Israel.

A medida que el hambre aumenta en Gaza la ONU multiplica sus voces para intentar que la presión internacional obligue a Israel a permitir más ayuda neutral.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, afirmó este viernes en comentarios al medio británico BBC que “la gente de Gaza está siendo sometida a una hambruna forzada” y no dudó en calificar esta acción de “un crimen de guerra”.

“Sí, clasifica como un crimen de guerra, aunque obviamente sean las cortes las que tengan que juzgar esto y, en última instancia, la historia será la que juzgue”, comentó.

Laerke explicó a la prensa que las trabas impuestas por Israel equivalen a “una camisa de fuerza operativa” y que “la distribución de alimentos y asistencia en Gaza en una de las más obstruidas del mundo en tiempos recientes”.

Naciones Unidas afirma tener “decenas de miles de palets de alimentos y otros suministros vitales” listos para entrar a Gaza y que para ello necesita corredores humanitarios seguros desde Egipto y Jordania.

Isabel Saco, para la agencia EFE.

IG

El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable. 

Cada año se desechan en el país más de 16 millones de toneladas de comida al mismo tiempo que millones de personas sufren hambre y malnutrición.

“La paradoja es inaceptable. Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió el legislador cordobés.

El proyecto, que está basado en experiencias exitosas de países como Francia, España y Dinamarca, se propone fomentar “la responsabilidad social empresarial, la solidaridad y el desarrollo de una economía circular”.

Según Agost Carreño, se trata de una política pública que puede tener beneficios económicos indirectos al reducir el impacto ambiental y amortiguar los efectos sociales del hambre. 

“Donar no puede ser más costoso que tirar. Esta ley busca revertir esa lógica”, afirmó el diputado, que remarcó la urgencia de construir una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa contempla incentivos fiscales para las empresas que donen sus excedentes, una plataforma nacional para articular la redistribución con organizaciones sociales y bancos de alimentos, y campañas de concientización para reducir el descarte en todos los eslabones de la cadena alimentaria. 

También promueve el uso sustentable de lo que no es apto para consumo humano, como la producción de compost, biogás o alimentos para animales.

Entre los beneficios fiscales, se incluye la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias y de las contribuciones patronales en un 15% para micro y pequeñas empresas, un 10% para empresas medianas y un 5% para empresas grandes.

En lo referente a la responsabilidad social empresarial, se estipula la creación de un sello distintivo para aquellas empresas “comprometidas con el aprovechamiento de alimentos”, con beneficios concretos como prioridad en contrataciones estatales o acceso a créditos con tasas preferenciales.

Se reconocerá con dicho sello a las compañías que adopten buenas prácticas, como donar de manera regular sus excedentes de comida, implementar estrategias de reducción de desperdicio en su producción, y capacitar a su personal en consumo responsable de alimentos.

“La idea no es solo evitar el desperdicio. Es impulsar una economía circular y reconocer a quienes se comprometen con una forma más responsable de producir, vender y consumir”, enfatizó Agost Carreño.

Con respecto a las campañas de concientización, las mismas estarán orientadas a sensibilizar a la población sobre el desperdicio de alimentos, promover buenas prácticas en supermercados, restaurantes y hogares, y a informar sobre consumo responsable en las escuelas.

Por último, la iniciativa prevé “medidas correctivas” en el caso de detectarse que un establecimiento destruye o desecha alimentos aptos para el consumo sin la debida justificación.

Ante faltas leves, la empresa será pasible de recibir una advertencia con asesoramiento respecto de las alternativas al descarte. 

Si persistiera la falta o la misma tuviera mayor gravedad, se establece un sistema de multas con una graduación que tendrá que cuenta “la conducta, la recurrencia de ésta, la cantidad desperdiciada y demás requisitos que imponga la reglamentación” de la ley.

Con información de agencias.

IG

Dos años después del estallido del conflicto entre el Ejército regular sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el país africano está sumido en una de las peores crisis humanitarias del planeta. La crisis de desplazamiento es, según Naciones Unidas, la más grave del mundo: más de 8,5 millones de personas huyeron de sus hogares y cerca de 4 millones se refugiaron en los vecinos Egipto, Sudán del Sur, Chad o la República Centroafricana, países que sufren las repercusiones de la violencia en Sudán, no solo por el flujo de refugiados, sino por cómo afectó a los equilibrios geopolíticos regionales. 

Las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias denuncian las dificultades para llegar a los civiles necesitados, tanto dentro de Sudán como en los países fronterizos, y la falta de financiación internacional, sobre todo a raíz de la retirada de las ayudas por parte de la Administración de Donald Trump. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lamenta el grave impacto que tendrán “los recientes recortes globales en la financiación humanitaria” en los desplazados dentro y fuera de Sudán, donde alrededor de 30,4 millones de personas –más de dos tercios de la población– requieren algún tipo de asistencia debido al colapso económico que provocó la guerra. 

“La falta de paz, de ayuda humanitaria suficiente y de oportunidades en los países de asilo está empujando a más personas a buscar seguridad más allá de las fronteras de Sudán”, señala ACNUR. Según datos de la agencia, en los primeros dos meses de 2025, las llegadas de sudaneses a Europa aumentaron en un 38%, aunque los números siguen siendo reducidos.

Dos años de “violencia extrema”

“Fueron dos años de violencia extrema contra la población, de conflicto continuado, de bloqueo de acceso y de suministros”, explica la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Sudán, Esperanza Santos. “La situación no hace sino deteriorarse porque el conflicto continúa y la ayuda humanitaria no es suficiente, los servicios sanitarios están colapsados y estamos viendo cada vez más epidemias, como el sarampión o el cólera”, agrega.

Santos destaca, entre otras cosas, el aumento de los niveles de desnutrición. En la actualidad, 26 millones de sudaneses –la mitad de la población– se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria, después de que en 2024 se declarara por primera vez en siete años la hambruna en varias regiones de Sudán. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), en ningún otro lugar del mundo la gente pasa hambre a esta escala y la situación empeorará con el comienzo de la temporada de lluvias, a partir del mes de mayo. “El siguiente pico de desnutrición, que se espera en la estación de lluvias, será todavía peor que el anterior, porque a la población no le dio tiempo a recuperarse”, alerta la coordinadora de emergencias. Los niños y niñas, y las mujeres embarazadas y lactantes son las que más sufren la desnutrición.

También Intermon Oxfam advierte de que “la próxima temporada de lluvias, combinada con los recortes de ayuda por parte de EEUU y otros donantes importantes, amenaza con obstaculizar aún más los esfuerzos humanitarios, poniendo en riesgo a millones de personas”. Uno de cada dos sudaneses ya padece hambre y casi ocho millones más corren riesgo de inanición, agrega la ONG en un comunicado.

El pasado fin de semana se registraron ataques contra los campos de desplazados de Zamzam y Abu Shouk (que albergan a más de 700.000 personas), y la ciudad de Al Fasher, en la región de Darfur, atribuidos por la ONU a “fuerzas afiliadas” a las FAR. Cientos de personas murieron o resultaron heridas en varios días de ofensiva y miles tuvieron que huir de nuevo en busca de seguridad. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 16 niños fueron asesinados en Al Fasher, otros seis niños en el campo de Zamzam y un niño más en Abu Shouk. Además, nueve trabajadores humanitarios de Relief International perdieron la vida.

“Es un ejemplo de la brutalidad de la guerra, de lo que viene pasando desde hace dos años”, dice la coordinadora de emergencias de MSF, que atendió a algunos de los heridos y de los 10.000 desplazados que llegaron a Tawila (a unos 60 kilómetros de Zamzam) entre el sábado y el domingo pasados. Según la organización, esas personas llegaron en estado de deshidratación y agotamiento, solo con la ropa que llevaban encima, sin nada que comer o beber, y están durmiendo al raso.

Inseguridad y trabas para entregar ayuda humanitaria

Desde MSF y otras muchas organizaciones que operan en Sudán, denuncian las dificultades para llegar a la población civil y la obstrucción de la ayuda y de la labor de los trabajadores humanitarios por las dos partes en conflicto. “Hay muchos factores que afectan al acceso, como la inseguridad y las barreras físicas y geográficas, pero también impedimentos burocráticos que ponen los dos bandos”, explica Santos, quien relata que hay localidades que están “completamente sitiadas” por una de las partes y a ellas no llega la ayuda humanitaria ni cualquier otro tipo de suministro. Asimismo, la infraestructura y servicios básicos fueron blanco de ataque de forma reiterada, lo cual deja a la población civil sin agua o electricidad, o ambas. 

“Pedimos a las dos partes del conflicto que dejen de atacar a los civiles y las infraestructuras civiles, y que faciliten el acceso a la ayuda y los servicios básicos”, dice la representante de MSF.

Además de no poder entregar ayuda humanitaria, las organizaciones internacionales tampoco pueden prestar la asistencia y los cuidados que la población civil necesita. La ONG Acción contra el Hambre calcula que más de 12 millones de mujeres y niñas sudanesas necesitan apoyo contra la violencia sexual y de género, que se disparó durante el conflicto armado, mientras la guerra limita el acceso a la atención médica y psicosocial necesaria para las mujeres y niñas afectadas. “Debido a este contexto de inseguridad, muchas mujeres deciden dejar sus hogares en busca de un futuro más seguro y, por ello, representan más del 50% de las personas refugiadas de Sudán en 2024”, dice en un comunicado Acción contra el Hambre.  

MSF señala que las mujeres embarazadas se ven especialmente afectadas por la falta de acceso a la atención sanitaria y eso tiene profundas repercusiones en su salud y en la de sus bebés. Según la organización –que presta apoyo a 22 hospitales y 42 centros de salud y clínicas móviles en Sudán–, muchas embarazadas llegan desnutridas al hospital, lo que muchas veces provoca partos prematuros y desnutrición.

Los ataques del pasado fin de semana en Darfur son una muestra de que el conflicto sigue muy activo después de dos años, con varios frentes abiertos en todo el país, y sin ninguna vía política ni diplomática abierta para buscar una solución negociada. Además, algunos actores regionales fueron acusados de fomentar la violencia con el envío de armamento, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que apoya a las FAR.

Abusos “generalizados” contra los civiles

“En los pasados dos años, las partes beligerantes de Sudán sometieron a la población a horribles abusos y sufrimiento, y bloquearon la ayuda, hundiendo al país en los peores desastres humanitarios del mundo”, denuncia en un comunicado el investigador de Sudán para Human Rights Watch, Mohamed Osman.

A finales del pasado mes de marzo, las tropas regulares lideradas por el general Abdelfattah Al Burhan, recuperaron el control de la capital sudanesa, Jartum, y el cese de los enfrentamientos con las FAR posibilitó la vuelta de muchos residentes y la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad, según varias agencias de Naciones Unidas. “Miles de personas comenzaron a regresar a Jartum y a otros centros urbanos como Umdurmán, Wad Madani y al estado de Al Yazira, pero estas cifras son mínimas en comparación con los millones de personas que aún permanecen desplazadas”, señala ACNUR. Además, los que regresan se encuentran con la infraestructura de la ciudad devastada y sin los servicios esenciales.

“Volvimos a Jartum y la encontramos en ruinas”, relató una mujer de 51 años, residente de la vecina localidad de Bahri, a Human Rights Watch (HRW). “En nuestro barrio, todos perdieron un familiar o un vecino por los combates. Algunos de nuestros vecinos llevan desaparecidos meses. Descubrimos que la gente usó un parque infantil cercano para enterrar a los muertos porque no pudieron hacerlo adecuadamente en el cementerio”, dijo la mujer.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció a principios de abril ejecuciones sumarias de civiles que tuvieron lugar en Jartum en los días que siguieron a la toma de la capital por parte del Ejército sudanés, por “aparentes sospechas de que estaban colaborando con las FAR”. Según el alto comisionado, las informaciones apuntan a que las ejecuciones fueron llevadas a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad sudanesas, y milicias y combatientes que lucharon en el bando gubernamental.

HRW afirma que tanto los militares sudaneses como los miembros de las FAR “cometieron abusos generalizados, incluidos asesinatos extrajudiciales, violencia sexual y saqueos desenfrenados, y destruyeron la infraestructura civil desde que el conflicto estalló el 15 de abril de 2023”. La organización defensora de los derechos humanos recuerda que los civiles siguen sufriendo esas atrocidades en varias zonas de Sudán donde las hostilidades continúan, como Darfur. En la región de Al Yazira, las tropas del Ejército y milicianos afines a ellas atacaron a los habitantes de la capital y de zonas aledañas durante la ofensiva para recuperar el control de la ciudad, entre diciembre de 2023 y febrero de 2025.

“La impunidad por los crímenes en Sudán fortalece a las fuerzas que cometen abusos”, lamenta HRW, que hace un llamamiento a que los líderes mundiales –reunidos este martes 15 de abril en Londres en una conferencia sobre Sudán– a apoyar la rendición de cuentas en el país árabe y la protección de los civiles, además de tomar medidas para que las partes en conflicto dejen de cometer abusos y permitan la llegada de ayuda humanitaria a todos los rincones del país sin restricciones.

Con una realidad que marca una pobreza instalada y en crecimiento y con sectores sociales que denuncian estar cada vez más marginados de las políticas sociales del Estado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una acción conjunta con otras organizaciones sociales para exponer el próximo 14 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional”, de acurerdo a la comunicación de las agrupaciones.

“En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino”, dice la comunicación distribuida por las organizaciones.

Ante la CIDH, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expondrá “la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional”.

La prersencia de la UTEP ante la OEA se da como “una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable”.

Durante la audiencia del 14 de noviembre, los representantes de las organizaciones expondrán “detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. Sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular”, expresaron desde UTEP.

En su pedido, los representantes de los trabajadores de la economía popular hicieron hincapié en “la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana”.

En ese sentido, explicaron: “Desde el mes de diciembre de 2023 a esta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.

El comunicado expresa, también, que la Argentina “tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas”.

De acuerdo a Gramajo, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, el país sufre en estos momentos “un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo. No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”, remarcó el dirigente social.

Asimismo, desde UTEP recordaron que, como antecedente, “la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias”, concluyen.

IG 

Una época –una crisis– se revela menos en los comentadísimos índices macroeconómicos que en las anónimas tragedias cotidianas. “Una persona que llega a la fundación con tres días sin comer se para en la puerta y ve que tiene que subir una escalera. Siente que no va a tener la fuerza para hacerlo porque está muerta de hambre. Esas son las cosas que nos impactan porque antes no pasaban”.

Malena Famá –41 años, estudiante de medicina, fundadora de Multipolar– da testimonio del desmoronamiento. Elige hacerlo sin modales, brusca, urgida por una causa: la gente se está muriendo.

“La definición institucional de Multipolar –insiste– es acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral para que puedan aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo favoreciendo su autonomía. Pero lo que a mí me sale de las tripas es contarte que hace poco se me acercó un señor de cincuenta años porque le dijeron que yo era doctora, cuando estoy en tercer año de la carrera nada más. Me contó que tenía un tumor en el hígado y me pidió que le dijese en cuánto se iba a morir. Le dije que la pregunta era otra, que teníamos que pensar en cómo abordar el tratamiento. Me contestó que antes que seguir viviendo en la calle prefería morirse. Había tomado la decisión de no tratar su enfermedad para morirse más rápido”, cuenta a elDiarioAR.

La administración mileista y su apología de la motosierra vuelve casi imposible que una persona en situación de calle pueda reinsertarse en la dinámica, no ya de los empleados formales, sino de aquellos que al menos tienen la posibilidad de comer o ducharse una vez al día. “Hay un contexto político-social que en los últimos cuatro meses provocó un crecimiento exponencial del deterioro de las personas que se acercan a la fundación. Han perdido lo poco que tenían y no pueden comprar ni un jabón para higienizarse; una persona que no puede lavarse los dientes está expuesta a un montón de enfermedades; y lo más grave, han cerrado muchos comedores porque no distribuyen alimentos. Antes la gente venía a buscar trabajo, ahora viene a pedir comida”.

El vaivén de los últimos días del Gobierno nacional respecto del futuro del Hospital de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” desbloqueó nuevos niveles de angustia en Malena. La propuesta oficial de cierre, luego aligerada a “reestructuración”, hubiera significado el cese de la atención de urgencias y nuevas internaciones en una institución especializada en salud mental y adicciones única en el AMBA y a la que llegan, en su mayoría, personas en situación de vulnerabilidad social, es decir, los mismos que golpean las puertas de Multipolar.

“El tema más importante para nosotros es la salud mental porque no se consiguen turnos. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, si llamás para una admisión de salud mental te dan un turno para agosto de 2025. El Bonaparte es el único lugar que sabemos que si llevamos un joven en situación de calle descompensado o en pleno ataque lo van a atender profesionales comprometidos que van a demostrar el interés que no mostraron otros, porque para muchos la persona en situación de calle no vale nada”.

Malena destaca del Bonaparte que es uno de los pocos hospitales del país que hace un abordaje interdisciplinario como requiere la actual ley de salud mental: no son solo psicólogos y psiquiatras, también hay trabajadores sociales, centros culturales, proyectos artísticos y talleres de formación para el trabajo, entre otros.

“Les pido a las personas que no conocen del tema que no se dejen llevar por lo que escuchan y que se tomen el tiempo para informarse. En el Bonaparte no hay ñoquis; esos trabajadores existen y son de los mejores profesionales. Y algo importante: una persona que trabaja en una guardia atendiendo a un adicto en Navidad no lo hace por plata porque ni siquiera cobran un salario digno”.

“El Estado se corrió”

Se acuerda como si hubiera sido ayer: ella, con apenas 17, se dio cuenta de que algo en su padre había cambiado para mal. “Cuando llegó Edenor a privatizar Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la exempresa estatal argentina encargada de la generación, transmisión y distribución de electricidad el Gran Buenos Aires y en parte de la provincia de Buenos Aires), le pidieron que se acoja al retiro voluntario y la indemnización le quedó en el corralito. Ahí empecé a intentar ayudarlo a conseguir trabajo, y después a otros hombres de su edad. Me convertí en la chica de los currículums. El trabajo de las personas se convirtió en una especie de obsesión porque mi papá no lucía como mi papá cuando perdió su trabajo. Y eso me afectó mucho a mí y a mi familia”.

No pasó tanto tiempo hasta que Malena decidió hacer algo con esa obsesión por sacar a las personas del pozo. Con el novio de entonces, armaron capacitaciones para los manteros que echaban de las calles. En paralelo, sumaba experiencia en la intermediación con personas que luchaban por abandonar el consumo de paco. Con esa experiencia a cuestas fundó hace 13 años Multipolar, la organización que ayuda a más de 300 personas en situación de calle por año. Nadie dijo que sería fácil.

“Si antes cinco de cada diez personas que recibíamos tenían problemas por consumo de sustancias, hoy son ocho. A eso hay que sumarle que todos los lugares de tratamiento se están cerrando porque los están desfinanciando. Multipolar siempre se planteó como articuladora con el Estado, pero ahora el Estado se corrió y el presupuesto mínimo está desapareciendo. Yo estoy haciendo malabares para sostener los honorarios profesionales del equipo, hay mucha angustia y está afectando a nuestra propia salud mental; sufrimos desgaste por empatía, burnout (lo que se conoce como ”síndrome del quemado“), estrés traumático. A mí me llega un mensaje de un muchacho con crisis de abstinencia que me dice 'llegué hasta acá, me quiero suicidar'. Es mi vocación, es lo que decidí, pero no tengo las herramientas para resolverlo, llega un momento en que no podemos ayudar a nadie”.

GR/JJD

Más de siete millones de chicos y chicas viven en la pobreza monetaria y un millón se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según los datos de la Octava Encuesta Rápida realizada por UNICEF y revelados este martes en el marco del lanzamiento de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. Si se tienen en cuenta el resto de las comidas, la cantidad de niños y niñas alcanzadas es de un millón y medio. En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares, el número llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños.

“Los datos reflejan que en la mitad de los hogares con chicas y chicos los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes. Frente a estas restricciones de ingresos, las familias despliegan múltiples y diversas estrategias. En primer lugar, se endeudan de diversas formas (formales e informales) y restringen recursos consumos básicos como salud, transporte y vestimenta, lo que tiene efectos sobre las condiciones de vida de las niñas y niños”, explicó Carolina Aulicino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF a elDiarioAR.

Es la primera vez que la encuesta pregunta sobre niñas y niños que se van a la cama sin cenar.  Sin embargo, en 2023 ya se consultó sobre la proporción de hogares que se salteaban comidas y los resultados muestran un aumento. Se pasó del 6,4% de las chicas y chicos en 2023 al 7,4% obtenido en 2024. “Se observa que la situación de los adultos en 2024 también es más severa: en un 30% de los hogares, los adultos tuvieron que saltearse una comida por falta de dinero (desayuno, almuerzo, merienda y/o cena). En 2023, esta proporción era de 28%”, detalló  Alejandra Beccaria, oficial de Evaluación y Monitoreo en diálogo con este medio. 

Las personas más afectadas son aquellas que viven en hogares con menor acceso educativo y en los monomarentales, con jefatura femenina o cuando están situados en un barrio popular. Lo que da cuenta de la feminización de la pobreza y como afecta especialmente a mujeres y niños. “La restricción en el consumo de alimentos tiene consecuencias negativas sobre el bienestar general de las chicas y los chicos, no solo en el corto plazo. En particular, una adecuada nutrición durante la primera es clave para el desarrollo y potencial futuro”, agregó Beccaria.

La encuesta se realiza desde el 2020 y si  bien este año se publicó en junio, hoy el organismo dio a conocer las  nuevas mediciones en el marco de la campaña “El hambre no tiene final feliz” que se difunde por redes sociales con el hashtag #CambiaElFinal. Meses atrás se conoció que alrededor de diez millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos que el año pasado y que la mitad de los hogares modificaron la variedad de sus dietas aumentando el consumo de productos más baratos y menos nutritivos.

El informe muestra la reducción del consumo de alimentos centrales como carne, verduras, frutas y lácteos y el aumento de los más baratos y menos nutritivos como fideos, harina y pan. Además, un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento, once puntos más que en 2023. Se trata de  3,3 millones de hogares, un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos. La cifra es del  67% en aquellos donde se percibe la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar. Incluso, la situación se repite en aquellos hogares con jefes y jefas de hogar registrados, donde el porcentaje es del 35%.

Además del hambre y el impacto en el desarrollo, la  situación tiene consecuencias subjetivas y simbólicas. “Esto genera barreras en el ejercicio de sus derechos y en el desarrollo de capacidades. UNICEF ha relevado las voces de las chicas y chicos que viven en situaciones de vulnerabilidad narran las huellas que deja atravesar la infancia en contextos de pobreza estructural. Los procesos de estigmatización, de culpabilización que quedan impregnados y  la sensación de que las oportunidades no están disponibles para ellos y ellas”, sostuvo Aulicino.

Tal como contó elDiarioAR, el informe muestra que en el 48% de los hogares con niñas y niños, los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes, siete puntos más que en 2023 y quince más que en 2022. Son más de tres millones de hogares en esta situación. En aquellos donde los jefes o jefas de familia tienen empleos informales, un 65% no puede afrontar sus gastos. Llamativamente la situación también se da en aquellos con empleos registrados, un sector en el que asciende al 30%. Esto demuestra que el tener un empleo no resulta suficiente para salir de la pobreza.

Por otra parte, un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos y un 32% redujeron los controles médicos y odontológicos. En algunos casos, estas restricciones también tienen impacto sobre sectores medios: un 9% de los hogares tuvieron que darse de baja de la prepaga o cambiar a las niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. 

El deterioro en la calidad de vida niños, niñas y adolescentes revelado por el organismo tiene correlato con los datos publicados la semana pasada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina que indicó que la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, en tanto que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

CDB/DTC

Nelly Maldonado tiene 15 años y espera en la fila para entrar la Capilla de San Cayetano, en Liniers, junto a Lionel, su hermano de 10 años. “Estamos acá porque mi papá se quedó sin trabajo hace dos días”, dice y corta la frase para no llorar. Agrega que el hombre trabajaba de recolector en una cooperativa a través de un plan social. Están con su mamá que cuida a otros dos hijos a unos metros. Cada fin de semana, Nelly, Lionel y su mamá trabajan como cuidacoches en la feria “El Zanjón” de José C. Paz. Es 7 de agosto y en Argentina se celebra el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. La iglesia desborda de fieles, pero este año también desborda la Plaza de Mayo donde se congregaron los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y movimientos de curas villeros. Denuncian que no hay trabajo ni pan y que en los barrios la gente tiene hambre. 

Celia Flores también espera para entrar, tiene 41 años y está con su bebé de 1, lo lleva envuelto en un aguayo colorido. “A veces no tengo para darle leche, ahorita tampoco. Por eso vengo a pedir a San Cayetanito”, cuenta mientras llora. Su marido la abandonó y no consigue trabajo, tampoco tiene con quién dejar a su hija. Cada día va a los comedores de González Catán para retirar tuppers con comida. Celia entra en las estadísticas de la UCA que muestran que 1 de cada 5 personas en Argentina es indigente. 

Son las 9 de la mañana y sobre la calle Bynon hay tres cuadras de fila para entrar a la capilla a tocar al santo. Hace frío y está nublado. Mario Díaz, de 71 años, le manda un mensaje a su esposa asombrado por la poca cantidad de gente. Lo mismo dicen dos mujeres que conversan más adelante. “Años anteriores salía de trabajar a las 2 de la mañana y venía a hacer la cola, que estaba pasando la cancha de Vélez a 7 u 8 cuadras de acá”, dice. Es una observación con la que también coinciden los voluntarios que organizan a la gente. “Esto también pasó en el macrismo, hay gente que no tiene para llegar hasta acá y comer algo, entonces van a las capillas de sus barrios”, explican. 

Luis Pavón tiene 39 años, es ingeniero mecánico y trabaja como delivery. Hace tres meses lo despidieron de una empresa. Cuando puede hace changas como pintor, plomero o electricista. Está con su esposa, Alicia Salas, de 41. Ella es técnica superior en Relaciones Industriales y desde hace tres meses limpia departamentos. Llegaron desde Venezuela hace 6 años y tienen dos hijas que no superan los 11. “Somos creyentes y salimos todos los días a remarla. He tenido muchas entrevistas, pero por ahora nada. El tiempo de Dios es el mejor”, sostiene Luis.

Pero a Liniers no solo llegan los pedidos de quienes perdieron sus empleos formales, también hay exbeneficiarios de planes sociales a los que el Gobierno Nacional dio de baja. Laura vino desde San Justo. Es una de las 27.000 personas a las que a principios de este año le quitaron el plan Potenciar Trabajo por supuestas irregularidades. “Fui a Misiones a trabajar con la cooperativa y de ahí crucé a Brasil, también a trabajar, y  me quitaron el plan. Yo tengo 53 años y la secundaria completa y no consigo. Y yo quiero trabajar”, dice. Sabe que a su edad es más difícil.

Un desafío a la represión

La peregrinación desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo es la primera movilización masiva después de la represión en el Congreso durante el debate de la Ley Bases en la que fueron detenidas más de 30 personas. Un punto de encuentro entre la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales. La marcha que desde el 2016, en el inicio del macrismo, iniciaron “Los cayetanos” (Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa) hoy nuclea a los sectores populares y gremiales que rechazan las políticas de Javier Milei.

Hoy no hay represión, pero hay una presencia policial excesiva. Una hilera de efectivos de la policía de la Ciudad de una cuadra de extensión acompaña a los peregrinos por la Avenida Rivadavia. “Nos quieren intimidar, pero nosotros venimos a pedir trabajo”, dice Laura. También hay despliegue de vehículos y decenas de efectivos de la Policía Federal en las zonas aledañas al Congreso. Además, un vallado en Plaza de Mayo con acantonamiento de la Federal detrás de la Casa Rosada.

Los reclamos se dan en un contexto en el que el Ministerio de Capital Humano se resiste a  cumplir con los tres fallos judiciales que lo intiman a regularizar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales.  Esa denuncia está en la movilización, hay mujeres que llevan delantales y ollas vacías. Piden la Emergencia Alimentaria y dicen que en los comedores tienen que decidir a quiénes priorizan para darles de comer. Que en sus barrios crece la violencia entre vecinos y dentro de las familias por la crisis económica. 

“Una perturbada resignación”, así lo define José Oscari, docente de La Matanza y militante de Barrios de Pie.  “Vemos una pérdida emocional, psíquica y psicológica en la sociedad. La gente no esperaba que este gobierno le saque todo lo que sacó. Veo personas arrepentidas, que pensaron que Milei le iba a resolver los problemas. Y lo que hay son deudas sobre deudas que generan malestar y violencia que se transmite a los chicos, lo vemos en el aula”.  José carga en sus hombros una figura de San Cayetano a la que  enciende velas los 7 de cada mes. “No me pesa, es una emoción. Tiene que ver con reivindicar la historia de los catolicismos y de los jesuitas, los sacerdotes villeros y tercermundistas”, dice. 

En una Plaza de Mayo repleta, la figura de San Cayetano se mezcla con otras de la Virgen de Luján, el padre Carlos Mugica y  Eva Perón que muestran el abanico de espacios que se concentran hoy para venerar al santo, pero también para poner límites a las políticas de ajuste de Milei.

DM/CDB

Alrededor de diez millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos que el año pasado por la situación económica y más de un millón se saltea una comida diaria. También se redujo la ingesta de verduras y frutas, en contraposición con el aumento del consumo de fideos y harinas. “Comer un guiso con carne es un lujo”, dicen desde los comedores. 

Los datos surgen de la Octava encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes de UNICEF difundida hoy que muestra la reducción del consumo de alimentos centrales como carne, verduras, frutas y lácteos y el aumento de los más baratos y menos nutritivos como fideos, harina y pan. Además, un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento, once puntos más que en 2023. Se trata de  3,3 millones de hogares, un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos. La cifra es del  67% en aquellos donde se percibe la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar. Incluso, la situación se repite en aquellos hogares con jefes y jefas de hogar registrados, donde el porcentaje es del 35%.  

“Nos encontramos con un panorama muy triste ya que tenemos infancias que lamen los platos, literal”, dice Lourdes Alfonso, maestra de séptimo grado de la Escuela Francisco P. Moreno, en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. “La muestra de hambre es extrema. Aumentó el número de peques que cómo único alimento reciben lo que se les proporciona en la escuela. Peques que llegan con dolor de cabeza o de panza ya que la última comida que recibieron fue la merienda escolar del día anterior. Cuentan que en sus casas todo es ajustado y a muchos se les cerró el comedor”, afirma la docente en diálogo con elDiarioAR.

Nos encontramos con un panorama muy triste ya que tenemos infancias que lamen los platos, literal

Lourdes Alfonso — Maestra de séptimo grado en Barracas

La encuesta muestra que en el 48% de los hogares con niñas y niños, los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes, siete puntos más que en 2023 y quince más que en 2022. Son más de tres millones de hogares en esta situación. En aquellos donde los jefes o jefas de familia tienen empleos informales, un 65% no puede afrontar sus gastos. Llamativamente la situación también se da en aquellos con empleos registrados, un sector en el que asciende al 30%. Esto demuestra que el tener un empleo no resulta suficiente para salir de la pobreza.

“Un guiso de carne hoy es un milagro”, cuenta María Medina, coordinadora del comedor “Sueños cumplidos”, en el Barrio Las Lilas, Almirante Brown. “Cuesta muchísimo comprar un pedazo de carne, es un lujo. Pero también el pan, la leche, las cosas básicas que necesita una criatura para alimentarse. En el barrio antes usaban alitas de pollo para los guisos en los comedores, algo que ya no pueden realizar. ”Antes poníamos un poquito cada una entre todas las compañeras que organizamos el comedor. Compramos la carne y la verdura, pero hoy se nos hace imposible por el hecho de que si gastamos para hacer la comida en el comedor no tenemos para hacer la casa, tenemos que contar los centavos porque cobramos en la cooperativa“, explica. 

La muestra indica que un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos y un 32% redujeron los controles médicos y odontológicos. En algunos casos, estas restricciones también tienen impacto sobre sectores medios: un 9% de los hogares tuvieron que darse de baja de la prepaga o cambiar a las niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. 

Paula Pani es médica y dirige el Centros de Atención Primaria de la Salud 25, en la provincia de Buenos Aires. Cuenta que si bien el problema de la malnutrición es algo que ya sucedía, empeoró mucho en los últimos meses porque se recortaron los insumos a los comedores, que muchas veces entregan la única comida fuerte de un niño o niña. “Por supuesto que repercute en la salud inmediata: vemos aumento de cuadros respiratorios o diarreas por la malnutrición. También el déficit de proteínas, por ejemplo, trae diarrea y cuestiones asociadas con la falta de proteínas. Hay mala absorción intestinal, entonces por ahí el chico come pero no lo absorbe eso y repercute en la talla, entonces no crece.También afecta en el desarroll neurológico, en la inteligencia”, le explica a este diario.

“Volvimos a tener un brote de gripe y de todo lo que es bronquiolitis y eso también tiene un daño colateral de la malnutrición. Ahora no está haciendo tanto frío, sin embargo, estamos en los peores picos y se espera también para julio, entonces es como una cadena que empieza por un lugar y no termina nunca”, agrega Pani.

En este contexto, el presupuesto transversal de la Administración Nacional destinado a la niñez ejecutado en los primeros cinco meses de 2024 cayó un 25% en términos reales en comparación con el mismo período del 2023

En este contexto, el presupuesto transversal de la Administración Nacional destinado a la niñez ejecutado en los primeros cinco meses de 2024 cayó un 25% en términos reales en comparación con el mismo período del 2023. Los datos surgen de otro informe realizado por UNICEF al 31 de mayo. La caída afectó políticas sensibles para el sector educativo  como comedores escolares, infraestructura, compra y distribución de materiales o la discontinuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros. En cuanto a la salud hubo una reducción en el presupuesto para Abordaje de Curso de Vida y Desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva; y de partidas destinadas a la Secretaría de Niñez.  

El especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, explica que estas decisiones “implican riesgos significativos de desfinanciamiento que pueden comprometer la continuidad, cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, lo que llama a la necesidad de ampliar el financiamiento y acelerar la ejecución de los recursos para contribuir a proteger y mejorar el bienestar de niñas y niños”. 

 Además, agregó que de no mediar refuerzos presupuestarios adicionales significativos, 2024 sería el tercer año consecutivo con signo contractivo en los recursos asignados a las políticas de niñez y adolescencia del gobierno nacional, después de la caída registrada en 2023 (-17%), y en 2022 (-1,8%). “Sin embargo, la dinámica presupuestaria que viene mostrando 2024 es preocupante en términos de magnitud y generalidad, en un contexto de elevados niveles de pobreza entre los chicos y las chicas”, describe.

CDB/MG

Unicef declaró este jueves que 9 de cada 10 niños de Gaza no podían ingerir nutrientes de suficientes grupos de alimentos para garantizar su crecimiento y desarrollo saludables.

“En la Franja de Gaza, los meses de hostilidades y las restricciones a la ayuda humanitaria colapsaron los sistemas alimentario y sanitario, lo que generó consecuencias”, dijo el organismo.

Además, señaló que cinco conjuntos de datos recogidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024 habían encontrado que nueve de cada diez niños en la Franja de Gaza, que ha sido golpeada por una ofensiva israelí desde octubre pasado, sufren de pobreza alimentaria severa, lo que significa que están sobreviviendo con dos o menos grupos de alimentos por día.

“Esto demuestra el terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños, y la velocidad a la que esto pone a los niños en riesgo de desnutrición potencialmente mortal”, declaró Unicef.

Israel, por su parte, afirma que no pone límites a los suministros humanitarios para la población civil de Gaza y culpó a las Naciones Unidas de la lentitud de las entregas, alegando que sus operaciones son ineficaces.

Pero ante la aparición de focos de hambruna en Gaza, con algunos niños muriendo de desnutrición y deshidratación, incluso los aliados más firmes de Israel han aumentado la presión para que haga más por dejar entrar alimentos.

Para alcanzar la diversidad dietética mínima para un desarrollo saludable, los niños deben consumir alimentos de al menos cinco de los ocho grupos de alimentos definidos por una puntuación de diversidad dietética utilizada por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos grupos incluyen la leche materna, los huevos, los productos lácteos y la carne, las aves y el pescado, entre otros.

Unicef señaló que, en todo el mundo, el 27% de los niños viven en situación de pobreza alimentaria infantil grave en la primera infancia, lo que equivale a 181 millones de niños menores de 5 años.

La campaña terrestre y aérea de Israel se desencadenó cuando Hamas asaltó el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y capturando a otras 253 como rehenes, según los recuentos israelíes.

La ofensiva mató a más de 36.500 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias del enclave gobernado por Hamas.

En el mundo, 181 millones de niños menores de 5 años sufren deficiencia alimentaria grave

Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre una situación de pobreza alimentaria infantil grave, se decir, solo disponen diariamente de dos de los ocho alimentos considerados necesarios para una vida sana, según un informe de UNICEF publicado este jueves.

Estos datos indican que alrededor de 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta para estos menores hasta en un 50 % sus probabilidades de sufrir “emaciación”, una forma de malnutrición que pone en peligro sus vidas.

El informe analiza los impactos y las causas de la privación alimentaria entre los más jóvenes del mundo en casi 100 países y en todos los grupos de ingresos.

Advierte de que millones de niños menores de cinco años no pueden acceder ni consumir una dieta nutritiva y diversa para mantener un crecimiento y desarrollo óptimos en la primera infancia y en etapas posteriores.

Cuatro de cada cinco niños en esta situación son alimentados únicamente con leche materna/leche y/o un alimento básico con almidón, como arroz, maíz o trigo.

Menos del 10 % de estos menores toman frutas y verduras y menos del 5 % come alimentos ricos en nutrientes como huevos, pescado, aves o carne.

“Los niños que viven en situación de pobreza alimentaria grave son niños que viven al borde del abismo. En este momento, esa es la realidad para millones de pequeños, y esto puede tener un impacto negativo irreversible en su supervivencia, crecimiento y desarrollo cerebral”, afirmó la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

El informe advierte de que, si bien los países aún se están recuperando de los impactos de la pandemia de COVID-19, los efectos de las crecientes desigualdades, los conflictos y la crisis climática han elevado los precios de los alimentos y el costo de la vida a niveles récord.

De los 181 millones de niños que viven en pobreza alimentaria grave, el 65 % reside en sólo 20 países. Alrededor de 64 millones de niños afectados se encuentran en el sur de Asia y 59 millones en el África subsahariana, asegura el informe.

En el caso de América Latina y el Caribe el 9 % de los menores padece pobreza severa (un total de 5 millones) y el 28 por ciento moderada (18 millones).

UNICEF cita como ejemplos Somalia, donde el 63 % de los niños están en riesgo, o la Franja de Gaza, en plena guerra, donde las cifras hablan de que 1 de cada 9 menores sufren pobreza alimentaria severa.

Para la agencia de la ONU, estos datos son una prueba del terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños en Gaza.

El informe encuentra que casi la mitad (46 %) de todos los casos de pobreza alimentaria infantil grave se da en hogares pobres donde la pobreza de ingresos probablemente sea un factor importante.

Pero el 54 % (97 millones de niños) afectado vive en hogares relativamente más ricos, donde los entornos y las prácticas alimentarias deficientes son las principales causas de la pobreza en la primera infancia.

El informe señala, no obstante, que se han producido algunos éxitos en este terreno.

Por ejemplo, Burkina Faso ha reducido a la mitad la tasa de pobreza alimentaria infantil grave, del 67 % (2010) al 32 % (2021) y Nepal la ha reducido del 20 (2011) al 8 % (2022).

También Perú ha mantenido la tasa por debajo del 5 % desde 2014 en medio de un período prolongado de declive económico.

Para poner fin a la pobreza alimentaria infantil, UNICEF insta a los gobiernos, las organizaciones humanitarias y de desarrollo, los donantes, la sociedad civil y la industria de alimentos y bebidas a transformar los sistemas alimentarios para que los alimentos nutritivos, diversos y saludables sean la opción más accesible, asequible y deseable para que los cuidadores alimenten a los niños pequeños.

También aprovechar los sistemas de salud para brindar servicios de nutrición esenciales para prevenir y tratar la desnutrición en la primera infancia, incluido el apoyo a los trabajadores comunitarios de salud y nutrición para asesorar a los padres y las familias sobre las prácticas de alimentación y cuidado infantil.

EFE.

IG

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Tucumán hay 370 barrios populares donde viven unas 43.600 familias. En Costanera Norte, un rectángulo apoyado sobre el borde este de San Miguel de Tucumán, entre el río Salí y la autopista de Circunvalación, hay 660 familias. Las mujeres son la mitad de la población, pero están al frente del 80% de los hogares. 

Hace veinte años años para entrar al barrio había que andar saltando entre charcos. La zona está cambiada: las casas están pintadas y hay jardines en las entradas. Lo que no cambia es la ferocidad con la que las mujeres enfrentan la pobreza y el hambre, a las drogas y a los transas. Muchas de ellas fueron madres muy jóvenes, una historia repetida en el barrio, y ahora ven caer a niñas y adolescentes en el consumo de paco y pastillas.   

La retirada de dispositivos que promueven los derechos sexuales y reproductivos, como el Plan ENIA, de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, se convierte en una tragedia más, ante el incremento de adicciones en mujeres jóvenes que son madres y en niñas de hasta 11 años. El consumo suma vulnerabilidad y las expone a violencias y abusos.

Heredar una tarea: dar de comer

Roxana Ortiz, conocida cariñosamente como “Toti”, lidera uno de esos lugares de contención comunitaria. Desde 2015 lidera el comedor “Unión y Esperanza”. Es la heredera de una tradición que se remonta a su madre, doña Rosa, quien allá por 1989, ayudó a crear el “Club de Madres” para, entre todas, capear con un plato de sopa, la tormenta de la hiperinflación. 

Luego vinieron otras crisis económicas y sociales, como la aplanadora de 2001-2002, y la actual, que parece acumular energía pero que aún no explota.

En el equipo del comedor trabajan 12 personas, con mayoría de mujeres, que reciben el programa Potenciar Trabajo. Otras, como Sonia Juárez, son voluntarias y aportan su tiempo hace muchos años. Ellas convencieron a Toti, después de que murió su madre, para que continúe con la tarea, la más básica para la supervivencia humana: dar de comer. 

La contención y el trabajo en comunidad vinieron después. “Acá también se dieron charlas sobre anticonceptivos y prevención del embarazo para las chicas”, cuenta Toti. Aclara que siempre sobrevuela el temor a que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), primera línea de la atención sanitaria en la provincia del barrio, se quede sin implantes subdérmicos, el método anticonceptivo más elegido. 

En 2024 los CAPS de Tucumán han recibido los métodos de prevención de embarazo que ya estaban pedidos y alcanza para los próximos meses, pero no se sabe si habrá nuevas licitaciones para proveer de métodos anticonceptivos a todos los barrios. El gobierno nacional aún no informó cómo va a resolver esa demanda. 

“Hay zonas de la provincia donde el embarazo adolescente es más frecuente. En Costanera Norte, ser madres a temprana edad está naturalizado, atravesado por estereotipos sociales y culturales que hace que a veces sea visto como un proyecto de vida”, explica Agustina Taibo Soler, psicóloga Asesora del Equipo de Base Comunitaria del Plan ENIA, que trabajó entre 2019 y 2022 en el barrio.  

El vaciamiento del Plan ENIA -una política pública interministerial que ayudó a reducir a la mitad el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país- está dejando a las adolescencias en desamparo y las consecuencias de este cierre afectarán a toda la población del barrio, dice Agustina. 

En Tucumán, 67 profesionales -psicólogues, trabajadores sociales, asistentes de salud, entre otros- llevaban adelante la intervención en escuelas, servicios de salud y centros comunitarios. Sus contratos vencieron el 31 de marzo y ya les avisaron que no hay intenciones de continuar con el programa. A lo largo de 2023, en Tucumán, se realizaron 58.110 asesorías a adolescentes y jóvenes, se colocaron 4.838 implantes subdérmicos, y se capacitó en Educación Sexual a personal de 138 escuelas: 775 docentes y 32.661 estudiantes.

ESI y anticoncepción en el comedor

Como se hizo en el comedor Unión y Esperanza, otros espacios comunitarios recibieron del programa actividades de sensibilización y asesorías en salud integral a adolescentes y jóvenes, mayoritariamente mujeres menores de 20 años no escolarizadas. A lo largo de 2023, en Tucumán, se realizaron 58.110 asesorías a adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, se colocaron 4.838 implantes subdérmicos, y se capacitaron en Educación Sexual a 138 escuelas, entre ellas a 775 docentes y 32.661 estudiantes.

Los y las referentes del ENIA trabajaban en la Costanera Norte también en conjunto con equipos de prevención y tratamiento de adicciones, porque muchas veces ambas problemáticas van de la mano. En 2020, abrieron, en el Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla) Costanera, una asesoría sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes. En 2022, se incorporó al Cepla un espacio para el cuidado de primera infancia, con el objetivo de contener y cuidar a los niños y niñas para que sus madres puedan asistir a sus tratamientos por el consumo problemático de sustancias.

Desde la última gran crisis

 “Cuando, en 2015, logramos poner los papeles al día y ya me hago responsable del manejo de la plata y de las compras, sólo nos alcanzaba para preparar comida para 50 personas. Ahora cocinamos para 400”, rememora Toti.

“¿Por qué sigo? -se pregunta Toti- Y, porque hace falta. Sería un sueño que los chicos comieran en su casa, que ya no necesitaran de lo que hacemos aquí”. Ahora cuenta con el sostén del Estado provincial, que provee de partidas para hacer las compras, aunque igual reciben donaciones de pan y otros alimentos, porque nunca alcanza. 

Desde los 90 afrontaron varias crisis. Quizás la peor de ellas haya sido la de 2001-2002, cuando Tucumán saltó a las páginas de la prensa de todo el país porque acá los chicos se desmayaban de hambre en las escuelas y la desnutrición aguda se llevaba vidas por decenas. 

Para noviembre de 2002, casi un año después del estallido que tomó la forma de saqueos, tomas de tierras y violencia callejera, al menos 369 niños habían muerto por desnutrición aguda y el escándalo se hacía internacional. Tucumán era sinónimo de hambre y enfermedad. 

Toti recuerda ser chica e ir con su mamá y otra colaboradora. “Caminábamos lejos, ‘hasta la quinta del tío’, como se suele decir, para conseguir donaciones: bolsas de maíz, de arroz, leche, enlatados, pan”, recuerda Toti. 

“Después (desde el Estado) empezaron a entregar porciones de comida deshidratada, pero eran incomibles. Si no le agregábamos verduras y un poco de carne o caldo casero, no se podían comer. La gente dejaba la porción en el plato”, se ríe entre dientes Liliana, una de esas pioneras. Ella también perdió el nombre en el camino y ahora todos la llaman “la Negra”.  

Es tímida y apenas se le escucha la voz, pero maneja la cocina y el equipo con mano firme. Liliana vive en la parte del barrio que está más cerca del río, a donde no llegó el pavimento. Sabe que hacen falta 47 kilos de arroz para este guiso, y que necesita más de 10 bolsas de papas y cebollas. 

También sabe que algunas de las recomendaciones del equipo de nutricionistas del gobierno provincial sobre el menú para las cocinas barriales no tienen lugar en la suya. Muy linda la propuesta de hacer hamburguesas de lentejas, pero acá es inviable. “Imaginate la cantidad de lentejas que hay que hervir y hacer puré para cumplir con 400 porciones. No alcanza el tiempo y lleva mucho trabajo. Además, no a todos les gusta”,  dice Toti, mientras Liliana asiente. Acá lo que se come es guiso de arroz o fideos, pizza, pastas con salsa, pollo o milanesas con puré, cuando hay. 

Este pequeño universo del comedor es un reflejo de la vida del barrio y de cómo fueron solucionando algunos problemas. Liliana recuerda cuando con doña Rosa caminaba kilómetros a buscar leña para hacer fuego. “Se cocinaba en un barril de chapa cortado al medio, en el patio de tierra, bajo la lluvia o el sol, a veces con los dedos duros por el frío”, cuenta. Cuando no estaba cocinando, Liliana se quedaba a cuidar a los chicos para que la mamá de Toti pudiera salir a hacer la ronda para conseguir donaciones. 

Ahora tienen una cocina industrial, en un espacio techado, con gas de red, lugar para guardar las provisiones y un ventilador para ahuyentar moscas y mosquitos, en plena epidemia de dengue, y hacer más llevaderos los 40 °C de este Tucumán tropical. Pero todavía hay gente que necesita un plato de comida. 

La crisis actual, después del salto de casi el 300% en los precios de la canasta básica de alimentos, empieza a parecerse a aquella de 2001-2002, con la diferencia de que ahora se transita con resignación. Se extraña el espíritu de rabia y organización que atravesaba las jornadas de los años del “que se vayan todos”. 

La pandemia que cambió todo

En la galería con techo de chapa quedaron mesones y decenas de sillas, como recuerdo de los tiempos previos a 2020, cuando madres y niños se sentaban a comer. “Con las restricciones de la pandemia, empezamos a pedir que la gente traiga el tupper para llevarse las porciones”, cuenta Toti. 

La nueva práctica vino a parchar un problema.  “A veces los chicos se sentaban y pedían repetir. Y nos quedábamos cortas para darle de comer a todos. Cómo le voy a decir a un chiquito que coma una sola vez, que no hay más, que no va a alcanzar para los demás”. No lo dice, pero deja flotando que, a veces, esa es la única comida fuerte del día. 

A lo largo de los años ha pasado muchísima gente por ese espacio. Ya hay varias generaciones que asisten al comedor. Lalo era uno de los chicos que se sentaba en los mesones a esperar un plato de comida. “Nos traía una prima, a mí y a mis hermanos”, cuenta. Ahora es un trabajador más del Unión y Esperanza, el que hace fuerza para llevar las ollas gigantes desde el fuego al mesón donde se sirven las porciones. 

Los de la cuarentena fueron meses duros, entre las restricciones de acercamiento, las dificultades para salir a trabajar y la preocupación sobre qué pasaba en las casas durante el aislamiento. “Con miedo y con dificultades, seguimos trabajando. Tratábamos de cumplir las indicaciones de los agentes sanitarios: el barbijo, el distanciamiento, la limpieza de la vajilla, la entrega de las viandas a través del portón. Eso funcionó un tiempo -se ríe con ganas-. A los pocos días, los chicos se prestaban los barbijos en la vereda para poder acercarse a retirar el tupper”. 

Haciendo de necesidad, virtud, el permiso para seguir funcionando como cocina les sirvió para no permanecer encerradas en sus casas. “Al menos acá, nos juntábamos a cocinar, nos reíamos un rato y nos olvidábamos de las cosas horribles que estaban pasando. Porque pasaron cosas muy feas, con las mujeres encerradas en sus casas…”, reflexiona en voz baja. 

No es una preocupación vacía. El 22 de abril de 2020, a poco más de un mes de iniciado el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), eran seis las víctimas de femicidio en la provincia. A mitad de año, habían llegado a 11 las muertes, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios, elaborado por el Observatorio Mumalá. Una de ella era Rosa Guaraz, del barrio Costanera, asesinada a tiros el 30 de abril de 2020, por su ex pareja. 

“La violencia hacia las mujeres en Tucumán creció exponencialmente durante la cuarentena por covid. El aumento de las tensiones derivadas del aislamiento social y el confinamiento, la fractura en las redes afectivas comunitarias fuera del hogar (...) y el incremento de la crisis económica desató diferentes tipos de violencias ejercidas contra las mujeres”, plantea la psicóloga e investigadora María Milagros Argañaraz en su trabajo “Percepciones de mujeres tucumanas sobre la violencia hacia mujeres durante la pandemia del covid-19”. 

El barrio era distinto

El Costanera Norte es un barrio viejo, nacido en la década del 60 e hijo de una dictadura, la de Juan Carlos Onganía, que dejó en la calle a miles de familias rurales cuando ordenó el cierre de las fábricas azucareras del sur y el este de la provincia. Muchos de esos nuevos desocupados migraron a la capital y se instalaron en los bordes, en zonas bajas y pantanosas, junto al río Salí. En esa época se les llamaba “villas miseria”. 

No es el mismo que hace 20 años, cuando era un laberinto de pasillos con casas de chapa y cartón, con callejuelas encharcadas con barro podrido y una canilla por cuadra, en el que un día de 2001 descubrimos que había niños y niñas desnutridos, viviendo en pésimas condiciones sanitarias, en el lugar a donde iban a parar los desechos del río y de la ciudad.

No es el mismo porque ahora hay una parte del barrio que tiene calles pavimentadas y otras con cordón cuneta para que el agua no se estanque, iluminación en casi todas las cuadras, gas natural y cloacas. Angélica, que vive a un par de cuadras del comedor, muestra con orgullo qué lindas se pusieron algunas casas, bien pintadas y con un jardincito adelante, desde que mejoró la infraestructura urbana. 

Las mejoras no alcanzaron a todos y la pobreza sigue siendo un desgarro. “Se abrieron calles, pero del otro lado todavía está lleno de pasillos. Aquello que se ve allá -señala Toti- estaba lleno de casillas”. 

El consumo de las mujeres

Hace unos pocos años se disparó la cantidad de chicos y chicas con problemas de consumo de paco y de pastillas. El fenómeno del narcomenudeo y la convivencia con los transas atraviesa cualquier política social que intente implementarse, incluso la de prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. 

La vieja idea de que la droga venía de otros barrios no se sostiene más porque los transas viven en la misma cuadra, a veces en la misma casa. Y el consumo problemático de sustancias entre las chicas ya es un fenómeno que hay que tomar con seriedad, dice el psicólogo Emilio Mustafá, director de Asistencia de Adicciones, y que a principio de los 2000 ya era un referente social del barrio, antes de hacerse cargo del Cepla Costanera. 

“El problema siempre estuvo, pero quedaba en el ámbito de lo privado. Por falta de un registro confiable y con una mirada machista, se sostenía que las mujeres no se drogan. Por eso, siempre se demandaba la creación de dispositivos para varones. Eso cambió. Desde 2015 para acá ya empezó a ser un problema público el consumo de paco y de pastillas entre las mujeres”, explica Mustafá. 

Cuando el consumo problemático de sustancias se cruza con los estereotipos de género y la falta de un abordaje integral, se aleja la posibilidad de llevar una vida sexual y reproductiva libre de enfermedades y de violencias. 

Porque la distribución de anticonceptivos es fundamental para prevenir embarazos no deseados, pero abre toda una parafernalia de nuevos problemas. El implante subdérmico, que se coloca una vez y va liberando hormonas paulatinamente, parece un método ideal, que ofrece protección permanente y no requiere de una disciplina (o de plata) para continuar su uso. 

La contracara es que la seguridad que da esa protección puede esconder situaciones de violencia o de abusos. Y definitivamente, no evita las infecciones de transmisión sexual, como sí hace en gran medida el preservativo. El abordaje, complejo y con escucha atenta, es imposible si no se cuenta con dispositivos y políticas claras para trabajar con las mujeres y adolescentes en los distintos aspectos de su vida y de sus derechos reproductivos. 

Además, las adicciones desencadenan una avalancha de otras vulneraciones y ponen en peligro la autonomía y la seguridad de las mujeres, expuestas a abusos y violencia a cambio de un puñado de pastillas. 

“Antes, uno veía puros varones consumiendo, al lado de la autopista. Ahora, hay chicas de 15 años o menores, y algunas son mamás -relata una de las jóvenes en el comedor-. De noche, ese lugar se llena y a veces se pasan días ahí. Parece que no tiene solución”. 

VT

“Tacitas no es un merendero”, dice Otilia Ledesma, de 48 años. No es un error: definir el espacio como un merendero es poco. Junto a otras cinco mujeres, todas migrantes, Otilia le da de comer a cientos de personas desde el 2018 como parte de su organización La Poderosa.  “Tacitas es un refugio”, afirma. 

Su jornada se reparte entre sus roles de madre, cocinera comunitaria y trabajadora. La trama de su día se enreda con tareas que expanden las horas para que alcancen: servir la leche o cocinar parece un fragmento pequeño en el relato completo. Para que la comida esté disponible en la olla, antes hubo que buscarla ida y vuelta con el carro desde el merendero en el barrio San Blas hasta el otro lado de la Villa 21-24 en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, conseguir donaciones para sostener el espacio, mantener su limpieza, arreglar la humedad de la última inundación, y además, garantizar la propia subsistencia y el cuidado de la familia. Algunas organizaciones describen ese día eterno como una triple jornada laboral. 

La fotógrafa Victoria Gesualdi se enfoca en estas mujeres que sostienen el entramado social de sus propios barrios con su trabajo y su tiempo. 

“Estamos hablando de hambre”

Tacitas brinda merienda de lunes a viernes y almuerzo dos veces por semana, pero las puertas están siempre abiertas: son la posibilidad de una escucha en un contexto en el que la violencia, el abuso y el consumo desbordan las calles del barrio. “La organización salva vidas”, asegura Otilia. Ella misma es un ejemplo: durante más de 23 años fue violentada por su ex pareja y esa misma contención que hoy da, fue la que le permitió a ella denunciar y comenzar el camino para ser una referente popular. 

El merendero no está reconocido oficialmente, ni recibe recursos directos del Estado Nacional. Los primeros meses de 2024 la necesidad hizo que aumentaran alrededor de 100 raciones de almuerzo y llegaron a repartir 265 viandas. “Las familias tienen que pensar si van a comer o comprar pañales o útiles para los hijos. Hay gente que nunca vino y ahora trae su taper”, cuenta Otilia. En el país hay alrededor de 44.000 comedores comunitarios que mantienen sus cocinas abiertas con el trabajo de más de 140.000 cocineras que no cobran un salario por sus tareas. “Siempre nos sentimos abandonadas en este barrio. Los gobiernos no responden con las cloacas, el riesgo eléctrico, el agua… Pero ahora estamos hablando de hambre. Es muy grave. Sin luz podemos estar, pero sin comida…”. 

En el campo de Concepción, Paraguay, de donde migró expulsada por el hambre en 2006, lo único que tenía era una planta de guayaba llena de frutas. “Siempre inventaba comida de eso, disimuladamente, para no decir que no había para comer”, recuerda. Casi 20 años después, la historia se repite en otra coordenada y Otilia, junto con sus compañeras del merendero, inventan comida para mantener la hornalla encendida.

VG/MA