El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará el próximo jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales. Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria.

Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril. 

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Primeros postulantes

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos —que preside Juan Carlos Pagotto— expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal; y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

Asimismo, defenderá su pliego Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

La primera Audiencia Pública contempla que también expongan Santiago Poncio, que se postula como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal; Germán Degano, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64 de la Capital Federal; y José Guerrero, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal.

El Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de jueces, fiscales, y defensores

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. 

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan —esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del caso Libra— para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Con información de NA.

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia participan este lunes de un acto público para presentar oficialmente la propuesta que elaboraron para la selección de jueces, aunque lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó.

La propuesta lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó. Pese a esa discrepancia los jueces del máximo tribunal de la Nación se mostrarán juntos este lunes para explicar la acordada que incluye un proyecto que propicia que el Consejo de la Magistratura tenga la sanción de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal.

La propuesta, cuyo impacto será mayor para los futuros integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py, busca que en ese proceso se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y se evite la discrecionalidad. 

El texto fue suscripto por Rosenkrantz y Lorenzetti y según trascendió desde Tribunales, la presencia de Rosatti, presidente del tribunal, apunta a que se reciba el proyecto como una postura de toda la Corte, sin fisuras internas.

La propuesta que se explicará mañana en forma detallada, plantea que los nuevos jueces sean elegidos por el Consejo de la Magistratura por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.

También se habla de un banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

El proyecto completo conn sus 100 artículos

Con información de agencias.

IG

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó este martes oficialmente que el Gobierno enviará al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores para cubrir la gran cantidad de vacantes existentes.

“Esta cifra supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Este Gobierno recibió una Justicia con vacantes del 30%, es decir que uno de cada tres juzgados no tiene juez. Además, una de cada dos fiscalías no tiene fiscales”, detalló Adorni.

Dijo que el Poder Ejecutivo “espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”, ya que “los ciudadanos esperan que no haya más impunidad en la República Argentina”.

El vocero estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien precisó que actualmente existen 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores. Al respecto, recordó la “preocupación” que esas vacantes generan en organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que en los últimos tiempos recomendó al Gobierno cubrirlas.

Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza del presidente Javier Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

Según trascendió, el envío de los pliegos a la Cámara alta se hará en tandas de 20. Además a todos los postulados hay que pedirles una declaración jurada y la actualización del currículum, que algunos no enviaron aún.

Según la ONG Compromiso Judicial, “solo entre los 602 Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales del país, hay a la fecha 241 vacantes, de las cuales, 51 están a consideración del Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación”.

En el anuncio no hubo precisiones sobre si se cubrirán puestos clave como los de jueces federales o en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los jueces federales de todo el país se designan por concurso en el Consejo de la Magistratura, presidido por presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo está integrado por diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, además de jueces que representan a sus pares, abogados y académicos. 

Además de realizar los concursos, los consejeros deben elaborar las ternas (tres candidatos) para enviar a los elegidos al Ejecutivo. Para ello, se requiere del consenso y la negociación entre todos los sectores que conforman el organismo. De allí, que el Consejo de la Magistratura se convirtió en el escenario de pujas, acuerdos y disputas entre la política y los jueces por el diseño del poder Judicial: quien tiene más poder en este organismo, tiene más jueces en el sistema.

Tras recibir la terna, el Presidente debe elegir a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura y enviar el pliego del posible juez al Senado. Luego, los senadores deben evaluar y votar el pliego o rechazarlo. En el caso de los jueces y fiscales federales y nacionales sólo se requiere una mayoría simple en la votación.

El procedimiento para nombrar fiscales federales es similar pero lo realiza otro organismo: la Procuración General de la Nación. Es por concurso y también se elabora una terna que se envía al Presidente. Luego el Senado, evalúa y vota al candidato enviado por el Ejecutivo.

Con información de la agencia NA

Esta mañana tuvo lugar una nueva jornada de la Pastoral Judicial en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, que asiste con techo y comida a más de 1.500 personas. En el encuento, promovido por Monseñor Oscar Ojea, participaron referentes judiciales de diferentes extracciones -el procurador bonaerense Julio Conte Grand, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma y el histórico dirigente gremial de los Judiciales Julio Piumato, entre otros-, quienes tuvieron una visión de primera mano de muchas de las preocupaciones que atraviesan en este momento a los barrios populares, como la baja de la edad de imputabilidad, el hambre y el avance del narco ante la ausencia del Estado.

Reeditando los encuentros llevados a cabo en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, una amplia gama de jueces, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias.

Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.

La agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.

Abrió el encuentro el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó que: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016”.

Luego, tomó la palabra Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró que: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a  la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”. En ese contexto, agregó que: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”.

También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que: “desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.

Por su parte, el juez Slokar expresó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y concluyó: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Para cerrar el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Ojea  explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios “Sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”. El obispo luego hizo un llamado de atención a los medios de comunicación: “Parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores... Debemos ver la película entera de esas vidas, para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”, concluyó.

DM

Manuel José García-Mansilla, a quien este martes Javier Milei designó por decreto, sin el debido acuerdo del Senado, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló el 29 de diciembre último al cumplir 75 años, es un abogado constitucionalista de perfil conservador: está vinculado a la organización católica Opus Dei y fue uno de los expositores en contra del derecho al aborto, durante el debate en el Congreso.

Nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, tiene 53 años, está casado, tiene tres hijos y comezó a ejercer la abogacía en 1996, luego de graduarse en la Universidad Austral, donde actualmente es decano de la Facultad de Derecho.

Es portador de un apellido de prosapia histórica: es descendiente de Manuel José García, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, y de Lucio N. Mansilla, héroe de a Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

Se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Antes, y durante cuatro años y medio, fue abogado de la petrolera Oxy, que posteriormente fue comprada por el empresario Eduardo Eurnekián, uno de los principales impulsores del proyecto presidencialista de Milei, un anterior empleado suyo en Corporación América.

García Mansilla fue propuesto al Senado, con su correspondiente pliego, el 20 de marzo de 2024, y al parecer su nombre había sido sugerido a Milei por quien entonces se desempeñaba procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exintegrante de la mayoría automática de la Corte menemista, y otro expositor antiabortista relacionado con el Opus Dei.

“Es evidente que el aborto [legal] no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir a través del ejercicio del poder constituyente. Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional”, pidió García-Mansilla en 2018. El Senado le hizo caso: ese año el proyecto fue rechazado. Finalmente fue convertido en ley el 29 de diciembre de 2020.

El 28 de agosto último, ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto. El entonces candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó ese día una salida técnica a su postura. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

García-Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que denunció como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico”, que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.

La oposición también le lanzó un dardo a García-Mansilla luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justo el día anterior a esa audiencia en la comisión de Acuerdos, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero García-Mansilla, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.

JJD

¿De dónde va a sacar La Libertad Avanza los dos tercios que necesita en el Senado para cumplir el deseo de Javier Milei de que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? En el edificio del Congreso nadie sabe. Probablemente, en la Casa Rosada tampoco.

La noticia es muy reciente y por eso, ante las consultas que realizó elDiarioAR, en el Senado nadie quiere conjeturar on the record sobre la suerte de ambos nombramientos pero en off todos coinciden en algo: no la ven.

La Corte funciona con 4 de los 5 miembros que establece la ley desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, que se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2021. Es decir, más de dos años. Alberto Fernández, quizás asumiendo que no reuniría los dos tercios en el Senado para nombrar un reemplazante, terminó su mandato sin proponer a nadie.

Ahora su sucesor propone al juez federal Lijo para cubrir la vacante que dejó Highton, y a Manuel García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien el próximo 29 de diciembre cumplirá 75 años de edad y, en consecuencia, deberá retirarse.

La Constitución nacional establece que para designar a un juez del máximo tribunal de Justicia del país el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en el recinto. Hoy por hoy, a esos dos tercios no los conseguirían ni Lijo ni García Mansilla, porque prima facie no son juristas que vayan a reunir, por su perfil y sus antecedentes, el consenso amplio que se exige para cargos de tanta relevancia institucional.

Antes de la reforma de 1994 los pliegos de jueces de la Corte se aprobaban por mayoría absoluta (al menos la mitad más uno de los miembros de la Cámara de Senadores). Ahora se exigen los dos tercios de los presentes en sesión. Si todos los integrantes del cuerpo estuvieran presentes, se deberían reunir al menos 48 votos afirmativos para que Lijo y García Mansilla —en cada caso– se conviertan en jueces de la Corte. Un número inalcanzable no sólo por la distribución de fuerzas, con un oficialismo en situación de hiperminoridad, sino por el clima político, de conflicto y falta de acuerdos.

Cristina no pudo nombrar a sus jueces en la Corte por falta de acuerdo en el Senado

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso a tres candidatos para el máximo tribunal sin éxito en ningún caso.

En enero de 2015 elevó el pliego de Roberto Carlés (apodado Robertino) para cubrir la vacante que había dejado el ya jubilado Raúl Zaffaroni. La cantidatura del penalista Carlés nunca consiguió respaldo político para alcanzar los dos tercios en el Senado. Fue sobre el final de una gestión que ya transitaba el desgaste de su octavo año consecutivo.

El entonces nonagenario Carlos Fayt, considerado adversario político por aquella adminstración peronista, había anunciado en octubre que renunciaría finalmente —después de más de tres décadas— a su sillón en el supremo tribunal. Conocida esa decisión, 42 días antes de dejar el poder, Cristina retiró la postulación de Robertino Carlés, que entonces tenía 33 años de edad, y propuso a los abogados Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, pliegos que jamás fueron considerados por el Senado.

El 11 de diciembre de aquel año, en el segundo día de la Presidencia de Mauricio Macri, se hizo efectiva la renuncia de Fayt y la Corte quedó con tres miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En diciembre próximo, y como consecuencia de la eventual inviabilidad de los pliegos de Lijo y García Mansilla, la Corte podría volver a quedar menguada, con tres de los cinco integrantes: Lorenzetti, designado en 2004, y Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados en 2016, durante la gestión Cambiemos (finalmente con acuerdo del Senado, como manda la Constitución, aunque inicialmente Macri los había designado por decreto, una decisión cuestionada por todo el arco político y judicial).

Qué se dice en el Senado

Antes de llegar al recinto, y como consecuencia del decreto 222 firmado en 2003 por el entonces flamante presidente Néstor Kirchner, los candidatos a la Corte deben sortear un proceso de participación de la sociedad civil, con audiencias en las que se permite la presentación de impugnaciones y apoyos a los pliegos. Ese proceso se sustancia en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que ahora preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri, del PRO.

“Mirá, esto recién empieza, pero mi primera intuición es que lo de Lijo puede ser un acuerdo con el PJ, y el otro es un ultracatólico montano celeste, que se asocia a la concepción conservadora de este gobierno”, analizó una fuente parlamentaria del radicalismo. “No sé si el Gobierno habrá hecho algún cálculo o si tendrá algunas cuestiones ya habladas. Pero hoy los dos tercios no existen acá”, sostuvo otra fuente del Senado del mismo espacio político.

En el peronismo tampoco la ven: “Pareciera que hacen todo por perder y ponerse en víctimas”, dijo un senador del interbloque Unión por la Patria, espacio que tiene 33 de las 72 bancas.

Esto significa que sin el apoyo de al menos una parte importante de Unión por la Patria no hay ninguna chance de que las candidaturas de Lijo y García Mansilla lleguen a buen puerto. A lo mejor habría que esperar al próximo turno electoral, en octubre de 2025, y que la renovación parlamentaria sea favorable a los planes de Milei para la Corte. Pero por ahora, nadie lo ve posible.

JJD

El pago del Impuesto a las Ganancias para los magistrados que fueron nombrados a partir del 2017 fue declarado inconstitucional hoy por el juez Pablo Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, en el marco de una demanda impulsada por José Luis Agüero Iturbe, Fiscal General Adjunto. La medida fue criticada por el opositor Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO y uno de los principales impulsores y autores del proyecto de ley en 2016, que la calificó como “un retroceso”.

Por aquel entonces, y en pleno gobierno de Mauricio Macri, Tonelli trabajó en la ley para que los jueces pagaran este tributo. Hoy, luego de conocerse la medida del magistrado Cayssials, fue consultado por el elDiarioAR y aseguró que “es una manifestación muy rotunda de que todavía quedan muchos jueces que ven a la Justicia como una verdadera corporación y que defienden privilegios absolutamente irrazonables e injustificables en pleno siglo XXI”.

La Ley estableció que quedaban alcanzados por el Impuesto a las Ganancias todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales del país nombrados a partir del 1° de enero de 2017 y tenía como fin evitar su judialización para que no afectara a los “derechos adquiridos” de aquellos jueces que estaban en funciones y continuaban exentos del pago del tributo. De hecho, por ejemplo, de los nueve jueces federales penales de primera instancia de Comodoro Py, ocho fueron nombrados antes de la entrada en vigor de la norma. Es por eso que la única magistrada de ese grupo que paga Ganancias es María Eugenia Capuchetti, que asumió en 2019.

“Sinceramente, más allá de las razones que ha dado el juez, que por supuesto no comparto, sobre todo por el hecho de que quienes asumieron a partir de 2017, asumieron los cargos de jueces sabiendo que tenían que pagar el impuesto a las ganancias, que ahora vayan en contra de sus propios actos voluntarios y cuestionen el pago de ese impuesto me parece muy deleznable desde el punto de vista ético”, dijo Tonelli.

Para el diputado todavía resta algo por hacer. “Yo espero que este fallo sea rápidamente revocado por la Cámara de Apelaciones o en última instancia por la Corte Suprema y las cosas vuelvan al lugar en el que tienen que estar. Todos los jueces, todos los magistrados designados a partir de 2017 paguen el impuesto a las ganancias. Y ojalá que muy pronto lleguemos a una situación en la que ya no quede ningún juez que no pague el impuesto a las ganancias y todos, incluidos los funcionarios y algunos empleados jerarquizados del Poder Judicial, paguen ese impuesto exactamente igual que lo hacen el resto de la población”, expresó. 

Una vez conocido el fallo, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, una de las principales colaboradoras de Cristina Fernández de Kirchner, salió a cuestionarlo en X (ex Twitter). “Mientras tanto, el juez Cayssials, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 e integrante del comando 'Lago Escondido' declara la inconstitucionalidad del Imp a las Ganancias para jueces nombrados desde el 2017. Acá no entiende el que no quiere”, escribió en una publicación que segundos más tarde reposteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.

Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.

El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.

Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.

Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.

Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.

“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

LC con información de agencia Télam

Mientras avanza la investigación del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político, los cuatro ministros del máximo tribunal mantienen en reserva si asistirán a la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este miércoles 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dará su discurso, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco habían recibido invitación al cierre de esta nota.

Las invitaciones para el 1° de marzo son enviadas por el Senado, presidido por la vicepresidenta, pero los invitados son elegidos por el Poder Ejecutivo. Usualmente, se cursan a último momento. Este año no es la excepción. El Senado comenzó a enviar las invitaciones este viernes, tras la publicación de la convocatoria oficial en el Boletín Oficial, y la nómina incluye a los jueces de la Corte, de acuerdo a una fuente de la Cámara alta consultada por elDiarioAR. 

El acto oficial, con el pleno de Diputados, el Senado y el Gabinete en el recinto, además de expresidentes, es la oportunidad de Fernández para anunciar el envío de proyectos de ley al Congreso o solicitar la sanción de leyes pendientes, pero es también el momento en el que el Presidente tendría a los jueces de la Corte de cuerpo presente frente a sus críticas al máximo tribunal y el Poder Judicial. 

Este año, la habitual tensión entre ambos poderes alcanzó su pico máximo con el pedido de juicio político del Gobierno a los cuatro magistrados y la apertura de una investigación en la comisión parlamentaria por presunto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Habrá que esperar para ver si asisten a la convocatoria o dan un faltazo histórico, respondieron dos fuentes con acceso a los ministros de la Corte ante las consultas de este medio. Desde que el oficialismo aumentó la presión sobre el tribunal, el habitual hermetismo de los magistrados supremos se potenció y son escasas las decisiones institucionales que trascienden en el Palacio de Justicia.

En los últimos tres años, no todos los magistrados estuvieron presentes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2020, sólo acudieron Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, quien renunció a su cargo a finales de 2021. Entonces, Lorenzetti se reportó enfermo y no trascendieron las razones de ausencia de Rosatti.

En 2022, cuando el clima de tensión escalaba entre el Gobierno y los supremos por el fallo del tribunal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales-, los cuatro jueces asistieron. 

Ocho horas

El jueves, mientras se celebraba la sesión de la comisión parlamentaria, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda mantuvieron una reunión de acuerdo y firmaron sentencias. Rosenkrantz se encontraba de licencia pero regresará esta semana a sus funciones.

El jueves último por la mañana, el clima en la Corte se tensó más de lo habitual de los últimos meses. Un ex funcionario del tribunal y cinco letrados que trabajan codo a codo con los jueces debieron presentarse ante la comisión de Juicio Político para declarar como testigos frente a los diputados, en una sesión que se transmitió en vivo y se extendió por casi ocho horas.

Sin embargo, el resultado de la sesión hacia dentro de la Corte terminó amortiguando, al menos temporalmente, la inquietud. Desde la perspectiva del tribunal, en la mayoría de los interrogatorios, los diputados demostraron “desconocimiento sobre a quiénes estaban interrogando y sobre el funcionamiento de la Corte” y una “evidente falta de preparación” para las entrevistas a los testigos.

En muchos casos no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años. 

A casi seis horas de iniciada la sesión del jueves, el diputado José Luis Gioja (San Juan) comenzó a interrogar a Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, para consultarle cuál había sido el criterio adoptado por la Corte para determinar que el Estado Nacional debe entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia”, respondió Rodríguez.

“Ah, estamos muertos, entonces.. estamos cagados”, se lamentó en voz alta y con espontaneidad el sanjuanino, ante las risas de sus colegas y la mirada sorprendida de la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), y el rostro inmutable del testigo. Es que el cuestionario de Gioja se basaba en la presunta participación o conocimiento de Rodríguez en el expediente que motivó el pedido de juicio político a la Corte.

Rodríguez terminó explicando cuál es el procedimiento ante los juicios que se originan en la Corte. La situación se repitió con otros testigos, como el último de la lista del jueves, Roberto Miguel Ángel Saggese, interrogado por el diputado Ricardo Herrera (La Rioja), quien comenzó leyendo las preguntas. “Bueno, se nos ha encomendado una serie de preguntas respecto del caso Muiño (en referencia al fallo Muiña, que aplicó la Ley del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad)”. “No puedo contestarle porque no participé en ese caso”, respondió el funcionario de la Corte. El resto de sus respuestas al interrogatorio fueron variantes de esa frase.  

La “obsesión Robles”

Como balance, en la Corte se inquietaron más porque los funcionarios del tribunal debieron informar públicamente sus domicilios y permanecer a disposición de la comisión durante casi ocho horas que por las preguntas que debieron responder. 

Hay otro hecho que inquieta a muchos en el tribunal: la citación a María Burdín, vocera del juez Lorenzetti, para declarar como testigo el martes 7 de marzo ante la comisión parlamentaria. La funcionaria mantiene un enfrentamiento con otros funcionarios de la Corte que responden a los colegas de su jefe.

En el tribunal también se preguntan por qué el oficialismo dedicó la mayor parte de los interrogatorios a la “obsesión con Silvio Robles”, como definió una de las fuentes consultadas por elDiarioAR a los reiterados intentos por obtener información sobre Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte, e involucrado en la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En el oficialismo, apuestan a que, como mínimo, la exposición a Robles en la comisión alimente sospechas sobre Rosatti a través de los medios de comunicación.

Además, el oficialismo debió dar marcha atrás con una de las medidas más duras que votó su mayoría en la comisión hace diez días: admitió que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamadas entre el asesor de Rosatti y el ministro D’Alessandro.

La Corte cree que a través de Robles no habría posibilidad de avanzar en la investigación contra presunto mal desempeño de Rosatti. Las preguntas de los diputados oficialistas giraron en torno a si Robles accede a los secretarios letrados de los jueces; si recibe informes de los fallos del tribunal; si integra grupos de chats con funcionarios de la Corte; si una inundación ocurrida a finales de enero en el Palacio de Justicia afectó la oficina del vocero -suspicacias sugeridas por el diputado Leopoldo Moreau porque el episodio sólo afectó el despacho y antedespacho de Robles, incluyendo su computadora-; entre otras cuestiones sobre el protagonismo y nivel de toma de decisiones de Robles en la Corte.

El día anterior al acto del 1° de marzo en el Congreso, la Corte tomará juramento a los senadores que deben asumir como consejeros de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales, en medio de la polémica por la decisión de tribunal de no tomar juramento a Martín Doñate, uno de los senadores elegidos por Fernández de Kirchner para asumir en el Consejo en representación del oficialismo en el Senado. 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó este jueves un planteo de nulidad de la acordada de la Corte que excluyó a Doñate de asumir en el Consejo, donde se debate quién será juez y quién no. A su vez, la asunción de Doñate quedó cuestionada judicialmente por la oposición y el tribunal declaró invalido que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta se haya partido en dos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría en el organismo.

ED

Compromiso Judicial, una de las agrupaciones de jueces federales y nacionales, criticó el debate de juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que comenzó ayer jueves en una sesión preparatoria en la Cámara de Diputados. Le reclamó también al Gobierno Nacional por las vacantes que hay en el Poder Judicial.

“Frente a los actos preparatorios de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en relación a las denuncias formuladas contra los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteramos nuestra fuerte preocupación sobre el riesgo institucional que tal proceder ocasiona, ello en la medida que tal proceder se fundamenta en el contenido de sus sentencias”, sostuvo la agrupación en un comunicado.

La entidad consideró que “debe trazarse en el comienzo del 2023 una agenda de trabajo que consolide y ponga en funcionamiento las instituciones y asumir el rol que nos compete de lograr el equilibrio que la Constitución reclama para un Estado pacífico y republicano de gobierno, avanzando sobre los problemas reales y diarios, tanto de la justicia como de la sociedad”.

En ese marco, describió un déficit histórico en la Justicia: las vacantes de jueces nacionales y federales. “Tan solo entre los 602 Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales del país, hay a la fecha 241 vacantes, de las cuales, 51 están a consideración del Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación”, detalló.

“Lo sucedido en el recinto nos conmueve a exhortar a las autoridades de los demás poderes a trabajar en conjunto para dejar de lado cuestiones particulares y avanzar para brindar a la sociedad una justicia más ágil, eficiente y en funcionamiento. Solo sobre la base del respeto a la Constitución Nacional podrá sentarse la base de un país más justo y democrático”, concluyó el texto.

El Gobierno planteó el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por sus fallos sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, los fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y casos de delitos de lesa humanidad.

La Comisión arrancó ayer jueves el debate por el proceso contra los jueces del máximo tribunal, con duros cruces entre el oficialismo y la oposición. Volverá a reunirse el próximo jueves a las 11 horas.

LC

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, instó anoche a “seguir construyendo un Poder Judicial fuerte, sin transar ni negociar” sus “decisiones”.

En la habitual cena de camaradería de la Justicia con motivos de la celebración de fin de año y a la cual concurrieron unas 500 personas, Rosatti pidió “que los conflictos institucionales no haga perder de vista” que se deben “a lo justiciable” y advirtió: “Esta Corte no negocia fallos”.

“Necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte, sin transar ni negociar nuestras decisiones. La peor consecuencia es aquella que deriva de no aplicar la Constitución y las leyes. Con la Constitución no temo ni ofendo y nadie debe sentirse ofendido”, precisó el presidente del Máximo Tribunal.

Asimismo, indicó que deben “conseguir felicidad de la comunidad”, al tiempo que sostuvo que están “para tomar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley”.

“A veces pasa que tenemos dudas, vivimos un clima de tensión, de rispideces. En esa situación de confusión hay que cerrar los ojos, respirar hondo y hacer lo correcto. Eso es aplicar la ley, empezando por la Constitución”, afirmó.

Rosatti consideró que “los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte, que no negocia fallos, jueces que no se cuecen en el primer hervor y que está dispuesta a apoyar a buenos funcionarios judiciales para lo cual hay que dar el ejemplo”.

“No quiero dejar pasar este momento y quiero hacer referencia a alguien que se ha consagrado a la función pública. Me refiero a Juan Carlos Maqueda que está aquí con nosotros. Nuestro respeto profundo hacia él que lleva 20 años en la Corte”, indicó.

Además, afirmó que se verá “una Justicia mejor”, pero aclaró que eso “depende de la convicción” que tengan, “la cual debe estar apoyada en la Constitución”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, aseguró que “las fórmulas mágicas no existen” y agregó que “el rol debe partir de una decisión constitucional”.

“Ningún juez puede pretender respeto si no se ajusta su conducta. Es una premisa que ha sostenido nuestra institución”, señaló Gallo Tagle. Sostuvo que “quedan muchos políticos honestos, jueces y funcionarios de bien y comprometidos con la ley”.

“No todo depende de la Justicia, pero sí mucho. No elegimos las cartas, pero sí debemos impedir que se jueguen con las cartas marcadas”, cerró Gallo Tagle.

NB con información de agencia NA.

Julián Leunda, el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, renunciará este martes a su cargo, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. Leunda aparece mencionado en el chat filtrado, que se publicó en varios medios el fin de semana, y decidió tomar esa decisión 48 horas después de que trasciendan las conversaciones. La salida del funcionario es, explican en Gobierno, para “descomprimir al Presidente”.

Más simple: el lunes, aparece el tema impulsado por sectores del cristinismo, incluso lo mencionó Juan Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner en la causa que investiga el intento de magnicidio. En medio de las tensiones explícitas entre la vice y Fernández, se vio como otro factor de ruido interno, en particular en la antesala de la sentencia que se conocerá este martes por la causa Vialidad.

La decisión estaba en evaluación desde el lunes cuando el presidente decidió hablar en Cadena Nacional para “visibiizar el tema” -según la definición de fuentes de Casa Rosada. Pero, en ese momento, se decidió esperar porque, se afirmó, tomar una decisión sobre el funcionario implicaba cambiar el eje de lo que debía estar en observación.

“El chat es cotillón”, indicó una fuentes oficial a elDIarioAR en un contacto el día lunes luego de la cadena de Fernández, y ante la consulta de si estaba en evaluación tomar una decisión sobre Leunda. “El tema es el viaje, el financiamiento. Lo que se habla en el chat, en realidad, no es importante: lo importante es el hecho, lo que ocurrió”, apuntó.

El domingo, según reconstruyó este diario, Fernández empezó a analizar qué medidas tomar al trascender la información sobre el viaje que realizaron al sur funcionarios judiciales, ex agentes de inteligencia, y un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, invitados por directivos del grupo Clarín.

“Se estuvo analizando, se trabajó sobre el texto que y evaluando las acciones. El lunes suspendió la actividad que tenía en Tecnópolis para ir a grabar la Cadena a Casa Rosada”, explicó una fuente. Fernández conversó con el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti. Luego le contó a Sergio Massa, el ministor de Economía, sobre la cadena y el contenido de la misma luego de que este terminó con la actividad en el CCK de la firma del acuerdo para cruce de información fiscal con EEUU. También lo conversó con Juan Manzur, el jefe de Gabinete. No hubo, según se contó, contactos ni con Cristina Kirchner ni con funcionarios de su espacio, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Leunda tuvo un rol de mucha cercanía con Fernández, sobre todo en toda la etapa de la campaña del 2019 y luego durante el primer tramo de la gestión del Frente de Todos. Fue, hasta mediados del 2022, vicejefe de asesores, como segundo de Olmos. Cuando este funcionario juró como vicejefe de Gabinete, en el lugar que dejó Jorge Neme para asumir en Economía, Olmos ocurpó ese rol y Leunda pasó a la tarea que tenía Olmos. Leunda tuvo, sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, un rol gerencial en el grupo Indalo, conglomerado de medios al que todavía sigue vinculado.

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este domingo que los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram por jueces federales, el procurador porteño, directivos del Grupo Clarín, exmiembros de la AFI de la gestión macrista y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, tras compartir todos ellos un viaje a Lago Escondido, “constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare”.

A través de un hilo de Twitter, Soria se refirió a la información publicada este domingo por los diarios Tiempo Argentino y Perfil junto al portal El Cohete a la Luna, en la que difundieron el contenido del grupo de Telegram filtrado tras un hackeo.

Para el funcionario, las mensajes difundidos reflejan “una extraordinaria confesión de múltiples delitos”, entre ellos “dádivas, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad”.

“La primera reacción de estos jueces y camaristas es plantar pruebas falsas y esconder la verdad”, añadió el ministro para cuestionar la conducta de los jueces que formaron parte del vuelo privado de tipo charter que partió desde San Fernando a San Carlos de Bariloche el último 13 de octubre y entre sus pasajeros figuraban Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, titular de la sala II de Casación Penal.

Al referirse a Ercolini, Soria lo definió como “el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad” y a partir de los audios difundidos lo acusó de “incitar a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas”.

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia advirtió que los intercambios revelados en el grupo de Telegram demuestran que aquellos que “deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo”.

Para Soria, lo más grave de todo este episodio es la constatación de “cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia”.

Una de las principales discusiones sobre el presupuesto 2023 radica en la exención del impuesto a las Ganancias a los jueces y demás empleados de altos sueldos de los Poderes Judiciales nacional y provinciales que ingresaron antes de una reforma de 2017. Por ese beneficio, el Estado dejará de recaudar el año próximo $ 237.850 millones, el equivalente a 3,3 veces el esfuerzo contributivo que hacen todos los monotributistas del país. Con lo que se podría recaudar de los magistrados y sus asistentes de mayores ingresos -los que ganan menos de $ 330.000 no pagarían de ningún modo Ganancias- se podría utilizar para duplicar la inversión en autopistas o el reparto de alimentos o el presupuesto de las fuerzas de seguridad o el gasto militar, o se podría financiar el plan de crédito hipotecario Procrear, toda la infraestructura educativa (llámese plan Conectar Igualdad de reparto de computadoras, nuevos jardines de infantes y escuelas, etc.) o el 80% de lo destinado a obras de agua potable y cloacas.

Pero los jueces y sus empleados no son los únicos privilegiados. En la separata del proyecto de presupuesto que envió el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso para rever exenciones impositivas figuran también las siguientes:

AR

El oficialismo decidió incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.

El legislador entrerriano argumentó que no se trata de una cuestión de “independencia del Poder Judicial”, sino de “justicia” para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.

“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva.

Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable“, enfatizó el diputado del Frente de Todos.

La propuesta cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical y ahora se discutirá su inclusión durante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller.

La idea de Casaretto viene a sumarle un grado más de tensión a la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.

El debate del Presupuesto 2023

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó después de las 10 la reunión donde se analiza el dictamen que se emitirá sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión que se celebrará el 25 de octubre.

Al comenzar el plenario, el presidente de la comisión, Carlos Heller, dijo que la idea sería que la reunión termine a las 14 horas.

Durante el debate el oficialismo definirá si aceptará el pedido de Juntos por el Cambio de una cláusula para que en caso de que la recaudación suba un 10 por ciento o la inflación supera a mediados de año el 60 por ciento que el Gobierno envíe una corrección del Presupuesto.

Se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte del interior y un nuevo mecanismo para el pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y otros pedidos por legisladores sobre universidades, manejo del fuego y programas sociales.

El Frente de Todos tenía asegurado anoche poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.

El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.

La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas, según confiaron fuentes parlamentarias a Télam.

Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria.

El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.

Asimismo, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) resumió sus discrepancias con el proyecto del Poder Ejecutivo al reprobar el accionar del Banco Central. 

“Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, fustigó para luego criticar que “este diseño institucional es nocivo para el crecimiento del país, la desigualdad, la pobreza y un estigma para el crecimiento”.

Al rechazar “técnicamente” el proyecto, López Murphy consideró “equivocado el programa macroeconómico que subyace a este presupuesto, no sólo por su impacto inflacionario, sino por el impacto macroeconómico para el empleo y el crecimiento”. Al respecto, puntualizó que “Argentina va a crecer cuando el eje sean las importaciones y la inversión y no la deuda neta que crece espectacularmente en este esquema”.

Luego, Héctor Bárbaro (FdT) hizo hincapié en la importancia del sector tabacalero para el país. “El 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta, es un producto que tiene un procesamiento y tiene retenciones. 

También movemos la industria local porque compramos todo lo que se necesita para producir el tabaco“, detalló.

Romina Del Plá (PO/FIT – Unidad) ratificó que “vamos a rechazar” el proyecto y, además, “denunciar que sigue habiendo cortes notorios en distintas áreas para que les cierre las cuentas”. En ese sentido, manifestó que “tenemos una divergencia de fondo” en relación a las bases económicas del presupuesto, que se evidencia, entre otras cuestiones, por estar orientado “integralmente a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI”.

“Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ayuste para la mayoría de los trabajadores”, sostuvo. Y, prosiguió: “La mayoría de lo que se vota son subsidios a distintos sectores patronales”, sentenció.

En tanto, Martín Tetaz (Evolución Radical) hizo referencia a modificaciones que sugiere a ciertos artículos del proyecto. Por ejemplo, entre otros, pidió que el artículo 9 diga “claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que vamos a hacer en esta ley tiene que venir al Congreso y no como DNU”. “El segundo punto tiene que ver con lo que hemos denominado desde la oposición el ´plan bomba´ de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer de esos ingresos”, dijo.

“El tercer punto es sobre el artículo 72 de blanqueo que es un premio para los que no cumplen, que debe incluir un premio para los contribuyentes cumplidores, que la clase media pueda deducir hasta 50 mil pesos por mes de gastos educativos en el impuesto a las ganancias”, ejemplificó al tiempo que añadió: “El último punto es en el articulo 96 vinculada a la facultad extraordinaria para establecer retenciones que son un pésimo impuesto”, ilustró al pedir un compromiso por parte del gobierno para empezar a “discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones”.

Con información de Télam.

IG

La Cámara Federal de Casación deberá decidir el destino de uno de los casos de presunta corrupción judicial más resonantes de los últimos años, confirmaron fuentes judiciales y de la defensa ante la consulta de elDiarioAR. Un prostíbulo solicitado por hombres del poder en Mar del Plata, trata de personas, supuesto tráfico de influencias y la presunta complicidad de uno de los jueces otrora más poderosos de la ciudad atlántica forman parte de la trama del caso contra el exjuez federal Jorge Daniel Ferro.

En agosto último, Ferro fue procesado por el juez federal de Mar del Plata Santiago Martín por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros dos acusados, sus presuntos cómplices, quedaron procesados por tráfico de influencias agravado. Sin embargo, en marzo, tres jueces convocados exclusivamente para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en este caso revocaron los procesamientos del excamarista y el resto de los imputados. Por eso, el equipo de fiscales federales a cargo del caso recurrió ante el máximo tribunal penal del país para que revise esta decisión de los jueces Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena. El expediente pende de un hilo por el paso del tiempo, la posible prescripción y la decisión de los camaristas. Los tres magistrados les negaron el recurso, por lo que los fiscales presentaron una queja ante Casación.

Desde abril, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, tiene pendiente resolver el recurso de queja presentado por Daniel Adler, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y sus pares Diego Velasco y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación contra Ferro estaba a cargo de la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri.

Borinsky, Hornos y Carbajo deberán determinar primero si admiten la presentación de los fiscales. Luego, de admitirla, si la conducta del exjuez y sus supuestos cómplices implicó delitos penales o meras “faltas disciplinarias”, lo que marcará precedentes para futuros casos de presunta corrupción de jueces y fiscales.

El caso implica una supuesta red de tráfico de influencias en torno a una causa de trata de mujeres en uno de los territorios más complejos de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata.

La causa contra el prostíbulo Madaho's comenzó en 2013. En plena investigación, en septiembre de 2014, la Justicia corroboró que el inmueble de la calle Alem en el que funcionaba la organización dedicada a la trata de mujeres estaba a nombre de Alejandro Ferrarello, cabeza de un estudio jurídico de Mar del Plata, aunque no es abogado.

La prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores

César Sivo — Abogado defensor de Ferrarello, uno de los investigados.

En un primer tramo de la causa del prostíbulo, Ferrarello quedó imputado como partícipe necesario de la trata de personas, aunque finalmente fue sobreseído. Sí está procesado en un segundo expediente del caso por el presunto lavado de dinero, que actualmente se encuentra en juicio.

Ferrarello y el juez Ferro se conocían desde 1989 y el primero fue empleado en el juzgado número 2 de Mar Del Plata cuando el segundo era el juez titular. Además de los asiduos llamados, mensajes y correos entre los investigados que demostraban extrema confianza entre ambos, según la investigación, Ferrarello tuvo cinco extensiones de la tarjeta de crédito American Express de Ferro entre 2003 y 2016, de acuerdo a los dictámenes fiscales analizados por elDiarioAR.

En abril de 2015, se allanaron las oficinas de Ferrarello de la calle Colón, donde funcionaba el estudio Games & Asociados. Si bien Ferrarello no es abogado, la investigación determinó que era quien manejaba el bufete. Allí, secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook de Ferrarello que fueron peritados. De esa pericia informática, surgieron las conexiones con el entonces camarista Ferro, que intervenía al mismo tiempo en la causa revisando las decisiones de juez de primera instancia, Santiago Inchausti.

Ferrarello

Además de ser el propietario del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, los investigadores también hallaron que, entre 2011 y 2014, el estudio de Ferrarello había funcionado en otra dirección en donde también funcionaba el estudio contable que administraba la sociedad anónima que explotaba el prostíbulo: Rolafa SRL. La defensa de Ferrarello rechazó las acusaciones de que éste estaría vinculado a la explotación sexuales de las mujeres que permanecían en Madaho’s.

El 1° de septiembre de 2016, los fiscales denunciaron a Ferro por sus nexos con Ferrarello y solicitaron que se apartara de la causa de Madaho's, cuando descubrieron la estrecha relación entre el juez y el imputado, a quien Ferro, según la investigación, favorecía en sus decisiones desde la Cámara Federal: aprobar las salidas del país del acusado; votar por la nulidad de la causa de trata; intervenir en el incidente de devolución de los teléfonos y aparatos informáticos cuya apertura permitió descubrir “el vínculo de corrupción existente entre ambos”; y votar a favor de apartar al juez Inchausti, quien avanzaba con la investigación contra el prostíbulo.

Ferro recién se apartó casi tres meses después de la denuncia en su contra, a finales de diciembre de 2016.

Los fiscales también denunciaron que en los correos y mensajes analizados surgía cómo el magistrado y su amigo habrían actuado en tándem durante trece años en distintos expedientes. Se abrió entonces un nuevo expediente en Mar del Plata contra el juez y Ferrarello, que quedó a cargo de la fiscal Mazzaferri.

La magistrada determinó que Ferrarello habría utilizado su amistad y relaciones económicas con el entonces juez Ferro para “influir” en sus decisiones judiciales en las causas que llevaba adelante el estudio jurídico a cambio de “beneficios económicos”, y a las que “el juez accedió en reiteradas ocasiones” a través de “colaboración y asesoramiento”, “dictado de decisiones judiciales ventajosas, decretos y resoluciones siempre favorables al estudio jurídico, que coinciden con los expresos pedidos que efectuaran” no sólo Ferrarello sino otros dos abogados de su estudio.

Estas meras infracciones no constituyen per se el delito

Fallo de los jueces López, Candisano Mera y Villena.

Ferro

La investigación de la fiscalía acusó a Ferro desde planificar la estrategia de un divorcio que llevaba adelante el estudio Ferrarello hasta adelantarle fallos por e-mail que no habían sido firmados; habilitar la feria para quitarle un expediente a otro juez de la Cámara Federal de Mar del Plata para lograr tener control de la causa; y recomendar a su amigo cómo debía hacer para apartar a ese magistrado; o incluso “aplazar deliberadamente” el tratamiento de un expediente que había llegado a la Cámara Federal de Mar del Plata por una deuda de dinero iniciada por una cooperativa contra dos particulares que eran clientes del estudio de Ferrarello “al ocultarlo en su caja de seguridad durante seis años” hasta que la fiscalía solicitó el expediente, según surge de los dictámenes de la fiscalía analizados por elDiarioAR.

Los correos electrónicos también “demostrarían que Ferro derivó clientela al estudio de Alejandro Ferrarello, participando inclusive del asesoramiento y la estrategia del proceso”, según la investigación fiscal.

Esta red de influencias habría funcionado entre 2002 y 2018, cuando Ferro finalmente presenta su renuncia al cargo, ante un proceso para removerlo por juicio político.

Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); informar la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)

Recurso de los fiscales ante Casación.

César Sivo, abogado de Ferrarello y los otros abogados investigados, sostuvo que “la prueba colectada solo alimenta suspicacias y el nivel de subjetividad de los instructores”; que los fiscales y juez Martín no tuvieron en cuenta los descargos de los acusados que explicarían las razones “inocuas” de los correos y mensajes que intercambiaron; que las pruebas recolectadas no constituyen la comisión de delitos, según un escrito presentado ante la Cámara. “Una abierta connotación moralista en el decisorio, rayano al derecho natural, pero por fuera del ordenamiento penal vigente”, dijo Sivo.

 La defensa de Ferro, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, también negó las acusaciones ante la consulta de elDiarioAR y sostuvo que se trató de un “hostigamiento” a su cliente. Además, el abogado afirmó que la causa “ya está prescripta” y que realizó dicho planteo ante el juzgado de Martín para que el juez de primera instancia dicte el sobreseimiento y cierre del expediente.

El fallo de la Cámara

Para tratar este caso, se debió constituir una nueva integración de la Cámara Federal de Mar del Plata, ya que es el tribunal que integraba Ferro. Se convocó a tres jueces que intervinieron para revisar los procesamientos: Alfredo López, Candisano Mera y Villena. En marzo, los tres les dieron la razón a las defensas de Ferro y Ferrarello.

¿Qué dijeron los jueces de la Cámara? Que las conductas cometidas por Ferro y los abogados “importarían la infracción de deberes institucionales”, del ámbito disciplinario y no penal, y que debían ser tratadas en el Consejo de la Magistratura. “Estas meras infracciones no constituyen per se el delito”, afirmaron. “De hecho, bajo la premisa de que el vínculo entre los aquí imputados podría poseer contenido económico y que las conductas investigadas podrían tener impacto en los patrimonios de los investigados, se creó un legajo patrimonial para cada uno, del que no surgió –en principio– tal circunstancia”, indicaron. “El contenido de una resolución judicial no puede, en principio, ser delito”, agregaron.

Ante la Casación, los fiscales replicaron: “Esconder un expediente en la caja fuerte durante seis años (…); incitar a la denuncia de sus propios colegas jueces y compartir modelos de escritos para presentar en contra de aquellos en el Consejo de la Magistratura; informar a las partes acerca de cuál es la posición de las partes en los acuerdos de jueces que son secretos; y omitir inhibirse para favorecer a Alejandro Ferrarello (…) resultan hechos ilícitos (…)”.

Si la causa se cierra o avanza, dependerá de la Sala IV de Casación.

ED

La localidad de Eldorado es la tercera ciudad más grande de la provincia de Misiones. Limita al norte con Brasil y al oeste con Paraguay. Un tramo de 100 de kilómetros de la ruta nacional número 12 la conecta, al norte, con Puerto Iguazú, el punto argentino de la Triple Frontera con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). El jueves último, el único juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero, subió al estrado que ocupaban los cuatro ministros de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- en el encuentro realizado en Rosario sobre el juzgamiento del narcotráfico y dio un mensaje sin rodeos: “Si no tomamos en cuenta lo que está sucediendo en la jurisdicción donde yo trabajo, creo que en diez años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”.

Es “un llamado de atención para el poder Judicial”, dijo el juez de Eldorado frente a 120 jueces federales de todo el país y el máximo tribunal, reunidos por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) en un encuentro inédito. Guerrero trabajaba codo a codo con el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, asesinado la última semana por sicarios en una playa de Colombia mientras se encontraba de luna de miel. Les habló a los jueces de la Corte de la causa que investigaba junto a su par de Paraguay, el caso Barakat, y afirmó: “Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial”. “La seguridad física de todos los jueces y fiscales debe ser responsabilidad del Estado”, advirtió.

El caso Barakat es una investigación transnacional entre Paraguay, Brasil y Argentina -por participación activa de los Estados Unidos- por supuesto lavado de dinero y presunta financiación de la organización Hezbollah, acusada por la Justicia argentina de la autoría del atentado a la AMIA en 1994, desde la Triple Frontera. Hezbollah nunca reconoció su autoría en el ataque a la mutual judía. 

Assad Ahmad Barakat es el supuesto líder del “clan Barakat” que habría utilizado cifras millonarias en fichas de un casino de Puerto Iguazú, Misiones, para las maniobras de lavado, con numerosos movimientos migratorios en Argentina. Es libanés naturalizado paraguayo y fue detenido en Brasil en 2018, pero la investigación se extendió a otros comerciantes libaneses de la Triple Frontera.

Argentina tiene actualmente tres focos donde se concentra la mayor actividad de narcotráfico y narcocriminalidad: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil, según el último informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). En estos tres puntos geográficos, el narco desarrolló presencia local, rutas nacionales e internacionales del tráfico de cocaína, marihuana y, en menor medida, drogas de diseño.

La ciudad Eldorado es un poco más extensa que Rosario pero menos populosa: cien mil habitantes versus poco más de un millón. Sin embargo, el municipio que encabeza, que lleva el mismo nombre que la ciudad misionera, es mucho más extenso y el departamento de Eldorado tiene más de 63.000 habitantes.

Jueces de frontera

El juzgado federal de Eldorado es multifuero (civil, penal y fiscal), pero además absorbe las causas de Puerto Iguazú porque el juzgado federal de esa ciudad misionera no está habilitado y en marzo último el Consejo de la Magistratura volvió a aplazar el nombramiento de su juez titular. Por eso, el juez Guerrero tiene a su cargo ambos juzgados: Eldorado y Puerto Iguazú, ambos en distintos puntos de las fronteras con Brasil y Paraguay, explicó en el estrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario ante sus superiores. 

La invitación a Guerrero como orador no fue causalidad. Los jueces federales de Misiones vienen insistiendo en foros y presentaciones sobre el exponencial crecimiento del tráfico y drogas en la zona y de la instalación de bandas y jefes de grupos con fuerte presencia en Brasil y Paraguay que se mueven por Misiones. El principal temor es que la disputa por el territorio replique la principal problemática de Rosario: la violencia. La ciudad santafesina tuvo 33 homicidios sólo en abril último, afirmó su fiscal general, Jorge Baclini, ante la consulta de elDiarioAR.

La hipótesis de que Eldorado y Puerto Iguazú podrían mutar en un territorio en disputa que siembre la consecuente violencia se basa en un marcado crecimiento de la actividad de bandas internacionales pero también en el perfeccionamiento de su capacidad económica y logística. Los jueces y fiscales de la frontera lo resumen con un dato que parece anecdótico pero no lo es, aseguran: los camiones que usan las bandas para pasar la droga camuflada ya no son camiones de segunda mano, son vehículos extremadamente costosos, nuevos.

Datos

Guerrero explicó en Rosario que durante “los tres primeros meses de 2022 se secuestraron más de 45 toneladas de marihuana; 10.000 pastillas de MDMA; 180 kilogramos de cocaína; el secuestro de más de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al Código Aduanero constitutiva de delitos, no infracciones. Todo ese caudal de causas es gestionado por una estructura que se diseñó y se planificó para una realidad del año 1985”, año en el que se creó el juzgado que encabeza.

El juez de Eldorado aseguró que sus investigaciones confirman “la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los Estados vecinos, asociadas a grupos locales vinculados al narcotráfico, tráfico y trata de personas, el lavado de activos con el fin de financiar el terrorismo”. Un dato concreto resume el panorama: “En los últimos 45 días, (tuvimos) 9 detenciones con alertas rojas y pedidos de captura de Brasil vinculados a la delincuencia organizada transnacional”. Se trata de miembros de las principales bandas de ese país que se encontraban viviendo en Misiones: el Primer Comando de la Frontera (PCF), Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y Bala Na Cara, aseguró Guerrero. “La presencia no es hipotética. Las alertas rojas vinculan a esas organizaciones a los nueve sujetos a extradición internacional”, afirmó. 

En 2020, una investigación realizada por la Procunar y la justicia federal de Posadas permitió establecer que el Primer Comando de Frontera en Misiones era comandado por un detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, acusado de tres casos de homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas que lo investiga por uno de esos hechos. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”, informó el informe anual de la Procunar. 

Barakat y Pecci

“Guerrero es nuestro enlace con la AJUFE de Brasil, la asociación de jueces federales brasileños que incluye a los magistrados de la megacausa Lava Jato y los que trabajan las causas de narcotráfico. También tiene a su cargo una de las causas por las que se cree que asesinaron al fiscal paraguayo en Colombia”, explicó a elDiarioAR uno de los jueces federales que organizó el encuentro en Rosario. Se refiere al caso Barakat, 

En Rosario, Guerrero pidió rendir homenaje al fiscal paraguayo Pecci y contó que habían tenido una reunión “muy productiva hace un mes” y que su colega “aportó información muy valiosa en la causa de Barakat sin la que no hubiésemos podido llegar a algunos lugares”.

El juzgado de Eldorado tiene un plantel técnico de 22 personas y 13.000 causas, sólo en la secretaría penal. Cuando se habilitó el juzgado en 1988 tenía 300 expedientes al año entre las tres secretarías, dijo Guerrero. Actualmente, ingresan 1.300 expedientes penales por año, además de otros miles de las secretarías civil y fiscal. “Ese equipo tramita causas de una complejidad como la famosa causa del clan Barakat -una organización vinculada a la organización Hezbollah- sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos para el financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para asignar un equipo de especialistas que ayude a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, afirmó el juez de Eldorado a sus superiores, quienes lo escuchaban atentamente.

“En 2016, se acreditaron en la causa 2.700 transacciones que importaron más de 3.000 millones de dólares, con un 99% de esas transacciones desde una sola ciudad a puntos controlados a un Estado extranjero por la organización terrorista a la que reportarían”, agregó. Se refería a Hezbollah.

ED

El encuentro convocado por la Asociación de Jueces Federales de la Argentina en la ciudad de Rosario, y encabezado por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocó una singular repercusión, sobre todo porque la agenda de la discusión se centró en las complejísimas aristas vinculadas con rol del Poder Judicial frente al narcotráfico.

De hecho, circularon mensajes falsos y alertas de todo tipo que exigieron manifestaciones de las autoridades orientadas a un concienzudo llamado a la responsabilidad.

No debe ser soslayado el hecho de que este intercambio se haya emplazado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es decir, en un escenario donde cotidianamente se apuesta a la construcción del conocimiento jurídico. Tampoco merece minimizarse que esta misma semana el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario emitió una contundente declaración respaldando la labor de los fiscales Luis Schappa Pietra –que, además, es docente de dicha casa de estudios- y Matías Edery, quienes han sufrido episodios de persecución por sus actuaciones en causas de sensible impacto para los marcos delictivos actuales de la ciudad de Rosario.

En definitiva, la academia acoge, como corresponde que suceda, una preocupación que atraviesa, sin distinción alguna,  la vida de la comunidad en la que se inscribe.

En virtud de ese mandato, una de las empresas iniciales en la enseñanza del derecho está dada por ubicarlo en sus íntimos vínculos con el poder. Allí, solemos decir que el poder reconoce contornos mucho más oscuros de los que efectivamente ostenta, esto es, posee una dimensión “subterránea” donde se mueven los hilos de aquello que, finalmente, se nos muestra aprehensible.  Esos poderes que, frecuentemente, subyacen agazapados detrás de las estructuras visibles, hoy están exhibidos con plena nitidez, sin discreción alguna.

Por lo tanto, se refuerza la idea de que el estudio del derecho requiere, indefectiblemente, de perspectivas antiformalistas que lo sitúen y se hagan cargo de las significaciones en confrontación, más allá del texto de la ley.   Poco podría contribuirse, ante tensiones del tamaño de las que nos convocan, si continuáramos afincados en la lógica de la reproducción y de la asimilación acrítica.

Las prácticas que nos atemorizan integran una serie de normatividades que amenazan el orden jurídico estatal y desacreditan su elemento distintivo: la fuerza. Convive, en suma, el derecho producido por los actores legítimamente investidos de autoridad con reglas respaldadas por la coerción, pero emergentes de otros centros de poder. En este último terreno no hay espacio para la deliberación, ni para los límites, no es posible advertir sujeción alguna, sólo ferocidad.

El hecho de que esta detección ingrese a las aulas no la legitima ni coadyuva a sostenerla, forma parte de un ejercicio realista, de una verídica descripción del derecho como producto histórico, resultante de infinidad de tensiones encarnadas por sujetos muy diversos.

La academia es la atmósfera más saludable para tomar las riendas en ese desafío, porque allí prima la pluralidad, porque nos escuchamos, porque acordamos en la conveniencia de que subsista el desacuerdo.

En pocas palabras, los poderes salvajes –recuperando el título de una obra de Ferrajoli- no serán domesticados por la imposición del saber jurídico, pero conocerlos, someterlos a análisis, supone la conciencia de que toda disputa por el territorio es una disputa de sentido. Y ese sentido no se configura ni legitima en soledad.

 Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy.

Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho de la UNR

Éramos pocos y parió la abuela: como si faltaran temas de los que ocuparse, esta semana comenzó a debatirse en el Congreso la ampliación de la Corte Suprema. En el undécimo aniversario de la recesión argentina, tal vez pueda parecer una discusión sin sentido. Sin embargo, no deberíamos apresurarnos en ridiculizarla. Según una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, el Poder Judicial argentino se encuentra en el subsuelo de la legitimidad social. Más despacio: los jueces argentinos (es decir, aquellos encargados de solucionar nuestras disputas de modo pacífico y consistente) son los actores de la vida pública con la peor imagen pública del país, por debajo de periodistas, políticos y sindicalistas. La Corte, sin ir más lejos, pasó en tres años de ser duramente acusada de peronista por el macrismo a ser duramente acusada de macrista por el peronismo. Ok: tenemos un problema serio del que ocuparnos. Pero, ¿ampliar la Corte apunta a resolverlo? Veamos, entonces, qué problemas y qué soluciones identifican quienes proponen la ampliación.

Una primera y constante obsesión es la de los miles de causas que debe resolver la Corte anualmente, ya que revisa sentencias de todos los tribunales del país. Con ese flujo de trabajo, se nos dice, nuestra Corte no tiene más remedio que tomarse largos años para decidir y, por si fuera poco, no puede concentrarse en el centenar de casos que son realmente importantes. Ampliar la Corte, continúan, permitiría dividirla en “salas” especializadas que puedan repartirse el trabajo.

Es interesante detenerse en lo que este argumento deja de lado. Primero, como alerta uno de los proyectos en danza, más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó. La ANSeS apela estos fallos para postergar su pago hasta llegar a la Corte, que los resuelve de a cientos. Pensemos en explicarle esto a un marciano: ¿cómo resolvemos el problema de la población pasiva en la Argentina? ¡Muy simple! Tenemos una oficina (el Congreso) que fija un monto para los jubilados, otra (la ANSeS) que les paga cualquier otro monto, y un montón de otras oficinas (los jueces de todo el país) ante la cual reclamar cuando la segunda oficina no obedece a la primera. El marciano lo pensaría un rato y nos diría que si la ANSeS dejara de apelar los juicios contra los jubilados, se despejaría la mitad del trabajo de la Corte (o propondría tal vez que el Estado pague lo que corresponde desde el principio, pero claro, es marciano, no tarado).

Más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó

Es verdad, nos dirán, pero todavía nos quedan unas 13 mil causas, suficientes para distraer a los cortesanos de las cosas relevantes y para privar a la gente de una respuesta de calidad. Lo primero no parece verificarse en la realidad. Como dijo un ex juez de la Corte al exponer en el Senado, las causas que tratan sobre temas mundanos son proyectadas por la burocracia de la Corte y firmadas por los jueces sin leerlas, con la sola pregunta “¿hoy estamos sacando algo importante?”. En cuanto a lo segundo, se critica que la enorme mayoría de las causas son rechazadas en dos líneas, en las que la Corte dice “esto no es tema nuestro”, sin más fundamentación. Pero tampoco está claro que haya aquí un problema genuino: antes de la intervención de la Corte hubo dos o tres instancias previas, en las que las partes recibieron una explicación de por qué ganaron o perdieron. No existe, contra lo que parecen creer algunos, un derecho a que a nuestra causa la resuelva la Corte Suprema.

Otras voces eligieron no alzarse contra el flujo de causas, sino contra la estructura que debería tener la Corte para cumplir mejor su rol: no es lo suficientemente representativa, o no es lo suficientemente federal. Estos argumentos también causan alguna perplejidad. 

¿Qué significa que no sea lo suficientemente federal? Aparentemente, a pesar de que los jueces de la Corte son aprobados por dos tercios del muy federal Senado, debería haber en ella menos porteños y más provincianos (como quienes escriben esta nota). Sin embargo, este argumento es contradictorio con el de la cantidad de causas. Hoy, el noventa y tantos por ciento de las causas que llegan desde los tribunales provinciales son rechazadas sin más trámite. Es decir: la Corte permite que sean las provincias las que, a través de sus respectivos jueces, decidan sus cuestiones internas. Preparar a la Corte para resolver más causas es, entonces, armarla para revisar más sentencias provinciales. En nombre del federalismo, lo que se propicia es una constante intervención en los poderes judiciales desde el Estado federal y en Buenos Aires (eso sí, mientras escuchamos al Chaqueño Palavecino).

¿Qué significa que no sea lo suficientemente representativa? “¡La Argentina tiene 45 millones de habitantes!”, nos dicen, “¡un país tan rico, vasto y diverso no puede ser representado por sólo cinco jueces!” Entonces, nos proponen nueve. Es decir, en vez de un juez cada 9 millones de habitantes, uno cada 5 millones. Ahora sí quedaría representada la magnífica diversidad de la Argentina. Una vez, hablando de la Conmebol, Daniel Osvaldo se quejó amargamente: “cinco gordos de traje en un escritorio se robaron la ilusión de mi sobrino”. No sabemos si se hubiera contentado con nueve. Nosotros no: ya tenemos una institución pública en la Argentina que representa, con imperfecciones pero con ahínco, la diversidad de nuestro país. Se llama Congreso Nacional.

Y aquí deseábamos llegar. Los sucesivos oficialismos han criticado, una y otra vez, el rol de la Justicia en el diseño de políticas públicas. Y puede que tengan razón: ya hemos hablado en esta columna sobre la excesiva judicialización de los temas públicos. El problema no es que la Corte no sea representativa, sino que asuma un rol que debería ser de los representantes. El problema no es que no sea federal, sino que asuma un rol que debería ser de las provincias. Si el diagnóstico es que la Corte tiene mucho poder, la solución pasaría por devolver el poder a los lugares de los que no debería haber salido: mejorar nuestros procesos legislativos, mejorar los poderes judiciales provinciales. 

Pero la tentación es más fuerte: ¿ya que tiene tanto poder, qué pasaría si lo usara para hacer el bien? Resolvemos los temas rápido y con la última palabra. Y detrás de las propuestas parece subyacer esta idea: con mayoría de gobernaciones peronistas y la mitad de ambas Cámaras, una Corte federal y representativa le convendría al oficialismo.

Spoiler alert: no le convendría al oficialismo ni a nadie. Este plan, aun ejecutado con buenas intenciones, adolece de dos errores fatales. El primero, es que el poder de la Corte depende de su legitimidad pública. Si la ciudadanía percibe que el tribunal es una dependencia partidaria, habrá dejado de ser un tribunal. Gran parte de la mala imagen actual de la Corte tiene que ver justamente con la percepción de que hace política. Si el objetivo no es evitar esto, sino hacer otra política, será robarse el caballo ganador… cortándolo en pedacitos. 

Si con esto no convencemos a los escépticos, tenemos otro. Los jueces, una vez nombrados, ya no son del gobierno, sino del derecho (o de lo que ellos dicen que es el derecho). Nada nos garantiza que en tres o siete o diez años seguirán pensando igual, o que nosotros lo seguiremos haciendo. La historia de los Estados Unidos está llena de presidentes que declararon que sus elegidos para la Corte Suprema fueron los peores errores de sus gobiernos. La argentina también. Tal vez podamos, por una vez, aprender de la experiencia.

MA/SG

Los ministros de la Corte Suprema encabezarán el próximo jueves un encuentro de más de cien jueces federales de todo el país que se realizará en la ciudad de Rosario con el eje en el avance del narcotráfico. Detrás del fenómeno que los convoca y el impacto político de la reunión, traslucirán escasos resultados para exhibir en cuanto a condenas de los grandes operadores del tráfico de drogas; juzgados sin jueces ni infraestructura; magistrados observados o acusados; narcos condenados que continúan delinquiendo desde las cárceles; y una reforma que buscaba desterrar varios de estos problemas pero sigue pausada en el Congreso: la implementación del sistema acusatorio. Este es el diagnóstico de magistrados y funcionarios consultados por el elDiarioAR en la previa del encuentro.

¿Qué buscan realmente los jueces federales y la Corte Suprema en Rosario? Hay intereses diversos. El encuentro nació casi como uno más de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), durante una reunión virtual de la entidad. Uno de los vicepresidentes de la asociación (cada región del país tiene un vice), es el titular del juzgado federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, quien propuso que el próximo cónclave fuera presencial y en su ciudad, según confirmaron fuentes directas de la organización.  

Pero rápidamente el contexto político ensanchó la convocatoria a un escenario para la Corte -atravesada, además, por su propia interna- en el punto más álgido de la tensión entre el máximo tribunal y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el control del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces federales y nacionales.

AJUFE no quiere que el encuentro en Rosario -pautado entre las 11 y 13.30- sea el tiempo y el espacio para reclamar por las demoras en el nombramiento de jueces federales en zonas clave del avance del narcotráfico, dijeron dos de los organizadores a elDiarioAR. Jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender en distintos off the record que el motivo del encuentro es llevar apoyo a sus colegas de Rosario frente al escenario de violencia narco y sus ramificaciones, protagonizadas principalmente por dos clanes locales: Los Monos y Alvarado. Otro de los magistrados agregó que es momento de mostrar la responsabilidad del poder Judicial ante la sociedad y dejar de patear la pelota a otros poderes. 

Sin embargo, para el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, santafesino, será una oportunidad para conjugar variables. El magistrado abrirá el encuentro, bautizado “El juzgamiento del narcotráfico”. El cierre estará a cargo de su colega Ricardo Lorenzetti, también santafesino, y quien mantiene un enfrentamiento con sus pares por la presidencia del máximo tribunal.

Según las estadísticas publicadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre 2011 y 2020 se iniciaron 212.223 causas judiciales por drogas. El 47% de los expedientes fueron por tenencia simple y tenencia para consumo personal. Sólo el 3% fue por contrabando de estupefacientes. El 46% fue por tenencia para comercialización o comercialización, en distintos grados.  

Rosatti tiene un mapa en donde los territorios más afectados por la narcocriminalidad coincide con las zonas con mayor vacantes de jueces. Como asumió también como presidente del Consejo de la Magistratura, cursó invitación a los miembros del organismo. Diez de ellos habían confirmado asistencia al cierre de esta nota. 

En Rosario, el 25% de la Justicia federal de primera instancia está vacante, ya que de los cuatro juzgados federales de la ciudad, el número 1 no tiene magistrado y la terna está esperando en el Ejecutivo, según el sitio del Consejo de la Magistratura. 

También falta el 50% de los cargos de tribunales orales federales, los encargados de llevar adelante los juicios y dictar los veredictos en casos de narcotráfico. La jurisdicción tiene sólo dos tribunales orales federales y uno está vacío. El Ejecutivo tiene pendiente nombrar dos cargos para que el tribunal número 2 pueda funcionar adecuadamente. Además, faltan dos camaristas que revisen las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. Sus nombramientos dependen del Ejecutivo y el Senado, según publicó el Consejo de la Magistratura.

En el Consejo también hay pedidos de juicio político y acusaciones contra jueces con relación directa a la problemática del narcotráfico que poco han avanzado en el organismo. Un antecedente paradigmático es el del exjuez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, quien pasó a la cúspide de los colmos cuando estuvo a punto de ser nombrado como autoridad de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico de la Corte Suprema y estaba siendo investigado por recibir coimas de los narcos para evitar el avance de las investigaciones de su juzgado. Finalmente fue destituido y condenado gracias a una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fiscales federales de Salta. Actualmente se encuentra detenido en Marcos Paz.

La reunión del jueves es importante pero el sistema federal necesita que comience a funcionar el acusatorio.

Jorte Baclini — Fiscal general de Santa Fe.

El único representante del Ejecutivo nacional invitado al encuentro, al cierre de esta nota, es Gerónimo Ustarroz, consejero de la Magistratura -quien confirmó asistencia- y hermano del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. AJUFE invitó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (Partido Justicialista - Frente Unido), quien estuvo la última semana con el presidente Alberto Fernández reclamando la presencia de fuerzas federales en su provincia; y al intendente de Rosario, Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social), quien se encontró con Rosatti para dialogar sobre la problemática narco también en los últimos días. Los organizadores no cursaron invitación para los ministros de Justicia, Martín Soria, ni para su par en Seguridad, Aníbal Fernández.

Rosario

Más allá de las posiciones de los forasteros, en Rosario distintos integrantes de la Justicia -tanto federal como provincial- reconocen que las amenazas y balaceras de las bandas narcos se han concentrado exclusivamente en los fiscales y jueces provinciales, aquellos que han avanzado en los últimos años con las investigaciones y juicios, que, si bien se centran en miembros de las bandas narco, no son por narcotráfico (un delito federal) sino por crímenes “comunes”, objeto de la justicia ordinaria: homicidios y extorsiones, entre otros hechos. Basta con revisar las noticias de los medios de la ciudad.

“Los fiscales y jueces provinciales andan con chaleco antibalas todo el tiempo, los federales caminan mucho más tranquilos por la calle porque vienen mucho más atrasados en el juzgamiento de las bandas”, explicó uno de los magistrados que mejor conoce el territorio y la problemática. Este fenómeno ha generado críticas a los jueces y fiscales federales en Santa Fe y desde las fiscalías y tribunales provinciales esperan que el encuentro del jueves “colabore” con que los federales asuman mayor protagonismo en la persecución de los narcos de Rosario, coincidieron fuentes oficiales y judiciales ante la consulta de elDiarioAR. Rosatti lo sabe. Estuvo reunido con jueces y fiscales de la Justicia provincial a finales del año pasado.

Jorge Baclini, fiscal general de Santa Fe, dijo a este medio que abril ha sido uno de los meses más violentos de la historia en Rosario: 33 homicidios. “La ciudad se ha convertido en un paso previo de la droga que llega luego a Buenos Aires y eso ha generado una disputa entre las bandas por el control del tráfico”, explicó el jefe de los fiscales de la provincia. 

“La reunión del jueves es importante pero el sistema federal necesita que comience a funcionar el acusatorio. Eso va a permitir al Ministerio Público Fiscal generar una política común en toda la provincia, algo que ya hemos empezado a trabajar con Casal y los fiscales federales”, aseguró Baclini. 

Al fiscal general también le preocupa que los condenados en Rosario sigan operando desde las cárceles, tanto provinciales como federales. En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva.

Los jueces federales de Rosario han optado por delegar todas las causas a los fiscales federales, algo que tarde o temprano sucederá con el acusatorio. Sólo que actualmente, los fiscales no tienen ni las herramientas ni la infraestructura para investigar adecuadamente al narcotráfico, aseguran en los tribunales de la ciudad. Tampoco cuentan con una policía judicial, algo que también quedó pendiente en la reforma de 2014 en la provincia, explicó Baclini, lo que dejó a los fiscales provinciales dependientes de una policía acusada y deficiente.

La implementación del sistema acusatorio en el fuero federal sólo funciona en Salta y Jujuy. Debía comenzar a implementarse en Santa Fe y Mendoza, pero la comisión bicameral encargada de su funcionamiento ha avanzado poco y nada. Los legisladores sólo realizaron dos reuniones públicas durante 2021. Para los judiciales es la base de cualquier cambio a favor de la persecución de la narcocriminalidad, coincidieron todas las voces consultadas.

El acusatorio, explican los consultados, permitirá acelerar los tiempos judiciales, obliga a desarrollar las causas en las audiencias públicas y orales; y que los fiscales investiguen en secreto durante un plazo establecido por ley y que los jueces juzguen de manera imparcial las pruebas.

ED