“No sé por qué no construyeron la herramienta. Yo cuando hablo de esto hablo acerca de lo que sé. Y lo que sé es que un tercio de los menores de 16 años con cuenta en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes. En los últimos siete días son uno de cada ocho. Sé que es fácil construir lo que yo le explique a Adam. Sé que les costaría aproximadamente dos o tres meses hacerlo. Y sé que no lo han hecho. ¿Por qué? Eso es algo que el mundo les tiene que preguntar”.

Son palabras de Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta. “Adam” es Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram después del propio Mark Zuckerberg. “La herramienta” es un botón que permita a los menores denunciar que han recibido acoso sexual a través de un mensaje directo.

Béjar es uno de los extrabajadores de la corporación que han comparecido ante el Senado de EEUU en su nueva investigación contra Meta, Facebook e Instagram. Su declaración ha sido una de las bases de la macrodemanda de los fiscales generales del país contra la compañía. En esta entrevista con elDiario.es el ex jefe de ingeniería de la compañía explica lo que vio dentro de Instagram, cómo actuó Mark Zuckerberg y el resto de la dirección cuando les avisó personalmente de los problemas o cómo Meta y su fundador ofrecen datos “engañosos” a la prensa y a los reguladores cuando se ven obligados a dar explicaciones.

“Los datos sobre Instagram son trágicos. Es probablemente el mayor acoso sexual de la historia de la humanidad. Tienes cientos de millones de adolescentes y un tercio de ellos han recibido alguna forma de acoso, por su sexo, por su cuerpo. La respuesta de la compañía es We care [nos preocupamos] y hemos lanzado 30 herramientas para solucionarlo, pero cuando las revisas ves que muchas de ellas ni siquiera están activas por defecto”, denuncia.

“¿Cómo puede uno confiar en lo que esta compañía dice? Mark Zuckerberg se para ante el Congreso y le dice al mundo que 'la prevalencia del odio' en la plataforma es del 0,8%, cuando sus propios estudios generados por un equipo de profesionales del más alto nivel están arrojando que entre un 15% y un 20% de los usuarios recibieron acoso en base a su cuerpo, su religión, su identidad. ¿Cómo puedes decir que no hay un problema, cuando la gente que usa el producto y tus equipos te dicen que sí? Es como que si le pidieras a un niño que calificara su propia tarea. No, lo que están diciendo no es un reflejo de la experiencia real de la gente”, asevera Béjar.

Director de ingeniería y consultor

El recorrido de Béjar en la corporación de redes sociales y su ascendencia sobre la cúpula son aspectos clave de su testimonio. Durante seis años fue director de ingeniería de Facebook, antes de que la corporación pasara a llamarse Meta.

“Dirigía un grupo llamado Protect & Care. Era responsable de la 'Integridad del sitio', que detenía los ataques y los comportamientos maliciosos; de la 'Infraestructura de seguridad', que diseñaba sistemas resistentes y trabajaba en el cumplimiento; y de un grupo llamado 'Care', que desarrollaba las herramientas de atención al usuario y al cliente interno de Facebook. También supervisé las herramientas de seguridad infantil”, detalla.

Entre otras funciones, Béjar era la persona encargada de desarrollar las herramientas para que los usuarios pudieran comunicar a la plataforma que algo no iba bien. Esto le colocó en una posición en la que tenía una relación directa con la dirección ejecutiva de Facebook, a saber: el propio Zuckerberg, Sheryl Sandberg (directora de operaciones de la compañía de 2008 a 2022 y arquitecta de su modelo de negocio basado en la publicidad segmentada) y Chris Cox (uno de sus primeros ingenieros y director de producto desde 2014).

Tenía una reunión de estrategia con ellos al menos dos veces al año y era una de las voces más autorizadas de Silicon Valley en la protección de los usuarios en las plataformas online, hasta que en 2015 abandonó la compañía. En parte, para poder pasar más tiempo con su familia.

En 2019, su hija de catorce años le enseñó un mensaje privado en el que otro usuario de Instagram le preguntaba si quería tener sexo con él. Ella no le había dado ningún pie para ello. “Tratamos de reportarlo y no era posible. No había ninguna herramienta para ayudarla. Muchas de las cosas que habíamos construido durante mi tiempo allí ya no estaban disponibles, habían desaparecido”, relata Béjar en conversación con este medio.

Su hija le explicó que casi todas sus amigas había recibido mensajes de este estilo por parte de otros menores, en ocasiones incluso insinuaciones de adultos. Era algo habitual.

El ingeniero se puso entonces en contacto con su antigua empresa para preguntar por estos problemas. La respuesta fue una oferta de trabajo para que volviera como asesor del equipo de “Bienestar” de Instagram, el encargado de hacer que la plataforma sea más segura para los usuarios más jóvenes, con especial atención a su salud mental.

“No fue una buena experiencia”, relató Béjar a los senadores de EEUU en noviembre.

Cómo proteger a los adolescentes

“La gente de la empresa apenas recordaba las lecciones que habíamos aprendido”, continuó el experto. “Lo más importante que aprendimos sobre los adolescentes antes de 2015 fue que cuando uno de ellos pide ayuda, el contenido que estuvo involucrado en el incidente no importa tanto como darles apoyo, ayudarles en el momento. Así que creamos una herramienta que les preguntaba —utilizando un lenguaje que probamos y desarrollamos en colaboración con los adolescentes— qué estaba ocurriendo, qué emoción estaban experimentando y cuál era su intensidad”.

Béjar explica que durante su primera etapa en Facebook, los estudios internos de su equipo mostraron que en un 90% de las ocasiones los contenidos que reportan los adolescentes no violaban los términos de uso de la red social. “Y lo que es más importante y en principio sorprendente, descubrimos que en el 50% de los problemas que los adolescentes señalaban como las malas experiencias más intensas, el contenido resultaba claramente benigno para nosotros, como observadores externos”.

Sus estudios mostraban además que en el 90% de los casos, las personas que habían publicado los contenidos que terminaban siendo más hirientes para los adolescentes no tenían intención de causarles daño. “Cuando me fui, en 2015, basándonos en la experiencia, habíamos aprendido que para obtener la mejor medida del éxito de una herramienta de apoyo, simplemente necesitábamos preguntar: ¿Recibiste ayuda para lo que tú necesitabas?”.

“Cuando volví en 2019, me quedé perplejo”, rememora Béjar. “Había muchos miembros del equipo motivados y con talento trabajando en la seguridad. Pero nadie en ese equipo era consciente del trabajo que habíamos hecho en Facebook y de las lecciones que habíamos aprendido cuatro años antes. El grupo de Instagram y los talentosos equipos de investigación internos habían desarrollado algunas pruebas muy preocupantes de que los jóvenes adolescentes estaban experimentando una gran angustia y abuso en la plataforma Instagram”.

Sin embargo, la cúpula de la corporación estaba ocultando esos problemas ante los reguladores: “Los altos directivos informaban externamente de datos diferentes que subestimaban enormemente la frecuencia de los daños experimentados por los usuarios”.

“Me comprometí a entender esta brecha y empecé a recopilar parte de la investigación para transmitir el problema a los altos directivos”, afirma el experto.

El email

Los problemas de Instagram para proteger a los menores ya habían salido a la luz a raíz del testimonio de Frances Haugen, otra extrabajadora de la compañía. La aportación más trascendental de Béjar para los senadores y los fiscales generales es su capacidad para mostrar que la directiva de la compañía sabía perfectamente lo que estaba pasando. Él mismo los avisó.

“Me dediqué por mucho tiempo a trabajar con el equipo para acumular una información que yo pensaba que cuando se la presentara a los ejecutivos, con los cuales yo había trabajado muy cercanamente, iban a decir 'no, qué es esto, esto no debe ser así. Vamos a resolverlo'. Hablamos de acoso sexual, entre menores, de adultos a menores, bullying, cosas que no deberían estar en este tipo de plataformas”, revela en conversación con este medio.

Finalmente el 5 octubre de 2021 envío un email a Zuckerberg, Sandberg, Cox y Mosseri. Era el mismo día que Haugen declaraba en el Senado.

“Sé cómo hay que preparar ese tipo de comunicaciones con los ejecutivos”, avisa Béjar. Les presentó los datos internos que había recopilado: “El número de personas que informaban en las encuestas de que habían tenido una experiencia negativa en Instagram era del 51% cada semana, pero solo el 1% de ellas denunciaba el contenido infractor y solo el 2% de ellas conseguía que se retirara el contenido infractor. El 21,8% de los jóvenes de 13 a 15 años afirmaban haber sido objeto de algún tipo de acoso en los últimos siete días, el 39,4% de los niños de 13 a 15 años decían haber experimentado una comparación negativa en los últimos siete días, y el 24,4% de los jóvenes de 13 a 15 años respondían haber recibido insinuaciones no deseadas, todo ello en los siete días anteriores”. 

También les contaba el caso concreto de su hija, con una cita textual que ejemplificaba el problema: “Le pregunté por qué los chicos no dejaban de hacer eso. Me dijo que si lo único que pasa es que les bloquean, ¿por qué iban a dejar de hacerlo?”, les relató.

Béjar no provocó la reacción que esperaba. Sandberg expresó empatía por su hija pero no ofreció ideas concretas para actuar. Mosseri le pidió una reunión. Zuckerberg no contestó. “Eso fue inusual. Podría haber ocurrido, pero no recuerdo que Mark no me hubiera respondido antes en numerosas comunicaciones que tuve con él, ya fuera por correo electrónico o solicitando una reunión en persona”

Su acción terminó siendo en vano, incluyendo la reunión con Mosseri. “Le expliqué que algo muy sencillo sería construir un botón con el que un adolescente pueda rechazar un mensaje privado y decir 'esto no es para mí'. Cuando se trata de mensajes privados, la norma debería ser 'esta es mi casa, son mis reglas'. No importa el contenido. Tú me mandas un mensaje, yo decido que no quiero ese mensaje. Debería ser muy fácil. No tendría que tener que reportarlo y pasar ocho pantallas explicando por qué no quiero recibir ese tipo de mensajes. Así es como encuentras a los predadores, que envían muchos de esos mensajes. Adam lo entendía. En ningún momento me dijo que estaba en desacuerdo. Lo entendía e inclusive era él quien hablaba acerca de la importancia de ese botón y de que la gente se sintiera protegida después de usarlo, porque ese es el incentivo para que se use”, revela.

“No veo ninguna razón para que no se implementara una medida sencilla de construir como esa. Pero no se hizo”.

La respuesta de Meta

elDiario.es se ha puesto en contacto con Meta para incluir su postura en esta información. La compañía se ha remitido a la comunicación que elevó a raíz de la demanda de los fiscales generales de EEUU contra ella.

“Compartimos el compromiso de los fiscales generales de proporcionar a los adolescentes experiencias seguras y positivas online, y ya hemos introducido más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias. Nos decepciona que, en lugar de trabajar de forma productiva con empresas de todo el sector para crear normas claras y adecuadas a su edad para las numerosas aplicaciones que utilizan los adolescentes, los fiscales generales hayan elegido este camino”, expuso entonces una portavoz de Meta.

Béjar ya anticipó la respuesta de las 30 herramientas en su conversación con elDiario.es. “Siempre hablan de las 30 herramientas. Es información engañosa con la que intentan distraer a los reporteros y a los reguladores. Si tu repasas la lista, ves que muchas de ellas ni siquiera está activadas por defecto. Hay una de ellas que es muy buena. Sirve para que a los menores no les lleguen notificaciones por la noche. ¡Pero no está activada por defecto! Tienes que navegar por los menús para activar el botoncito. Así, ¿cuánta gente lo va a usar?”.

El móvil y los adolescentes

elDiario.es preguntó al ex ingeniero de Meta por la campaña que se está desarrollando en este momento en España para impedir el uso del móvil en los colegios, así como la voluntad de muchas familias de retrasar la entrega de este tipo de dispositivos a los adolescentes o incluso prohibir su uso. Béjar se arrepiente de haberle entregado un móvil a su hija tan pronto.

“Si yo tuviera que hacer todo otra vez, bajo ninguna circunstancia le hubiera dado un teléfono a mi hija con estos servicios instalados hasta que no tuviera por lo menos 16 años”, responde. “Entiendo la necesidad de comunicarse, de mandarse mensajes con amigos, tareas, correos de escuela, cosas así. Pero todos los productos de redes sociales están diseñados para maximizar beneficios y no toman suficiente responsabilidad acerca de los daños que están provocando en nuestros menores. Las compañías dicen que no hay adicción, pero yo estoy viendo que mi hijo o mi hija está pasándose horas con él, no está haciendo la tarea y si tratas de quitar el teléfono te grita”, afirma.

“Siento que sí, que dado el grado de irresponsabilidad negligente de las compañías que están generando estos productos para menores, como papás no deberíamos darle a ningún niño de 13 años algo que tuviera acceso a redes sociales. No, porque no está diseñado para ellos. Está diseñado para algo más”, concluye.

Se trata de un acuerdo histórico, aunque su potencial para cambiar la industria de las redes sociales y los abusos cometidos contra los menores aún debe demostrarse. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, llegó a un acuerdo extrajudicial con 47 estados de EE.UU. para cerrar el mayor juicio hasta la fecha sobre el diseño adictivo de sus apps y su impacto negativo en adolescentes. La multinacional pagará hasta 18.000 millones de dólares en la próxima década e introducirá límites de uso para los menores, aunque logró esquivar el reconocimiento de haber actuado de forma irregular.

Se trata del mayor acuerdo alcanzado nunca con una gran tecnológica por este tipo de acusaciones. Para algunos de los demandantes, como señaló el fiscal general de Carolina del Norte, este hito es suficiente para ver este proceso como “un progreso real”. Consideran que el acuerdo abre “el momento tabacaleras” para los gigantes digitales, una etapa en la que son obligadas a reparar sus efectos nocivos e indemnizar a las víctimas, al igual que los fabricantes de tabaco hicieron en los años 1990 y 2000.

Para otros, como el fiscal general de Florida, “las indemnizaciones a los estados son insignificantes comparadas con el profundo daño que las características adictivas de Meta, impulsadas por el afán de lucro, han causado a nuestros hijos”. Para explicar esta discrepancia hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí, las características del acuerdo económico, qué impacto tendrá en el resto del mundo y hasta qué punto los expertos consideran efectivas las restricciones de uso que se ha comprometido a implementar Meta.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La demanda que ha terminado en este acuerdo arrancó en 2023, cuando California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey denunciaron a Meta por infringir las leyes estatales de protección al consumidor. A esa demanda se sumaron progresivamente otros 29 estados, que acusaban además a la empresa de recopilar datos de menores sin consentimiento parental para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, violando la ley federal de privacidad infantil. Fue la primera vez en la que las autoridades empezaron a comparar las redes sociales con el tabaco.

Todos esos procedimientos quedaron consolidados ante un tribunal federal de California, donde radica la sede de Meta. El acuerdo extrajudicial se alcanzó durante el quinto día de un juicio que se preveía que durara seis semanas y en el que ya había declarado el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Se esperaba que el propio Mark Zuckerberg subiera al estrado.

Qué pruebas había

Los fiscales contaban con abundante documentación interna de Meta, como comunicaciones entre sus empleados e informes de evaluación de riesgos, que presuntamente demostraban que la multinacional era consciente de los daños que sus redes sociales provocaban a los usuarios y, especialmente, a los menores. Y que, en vez de trabajar para corregirlos o limitarlos, modificó el diseño de las apps de Facebook e Instagram para aprovechar la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus beneficios.

Esta información provenía de un gran número de filtraciones de ex trabajadores de Meta. Algunas de ellas, como las de Frances Haugen o Arturo Béjar, ya había sido ampliamente documentada por los medios de comunicación debido al paso adelante de estos whistleblowers, que decidieron ponerlo en conocimiento del público y acudir a congresos y parlamentos de todo el mundo a denunciar lo sucedido.

En el juicio, no obstante, aparecieron nuevas pruebas de la conducta de Meta. Los fiscales mostraron un memorando interno que probaba que la dirección de Instagram sabía que funciones de seguridad opcionales implementadas tras la salida a la luz de esos escándalos, como “Tómate un respiro”, apenas se usaban y no cumplían su función. También llamaron a declarar a profesores y directores de escuelas públicas sobre los problemas que las redes sociales de Meta provocaban entre sus alumnos, incluidos casos de sextorsión.

Cuál estaba siendo la defensa de Meta

Meta ha negado haber cometido cualquier irregularidad durante todo el proceso. Su defensa se apoyó en dos argumentos centrales: que la salud mental adolescente es un problema “profundamente complejo y multifactorial” que no puede atribuirse al diseño de una sola aplicación, y que la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida, por lo que no podía haber engañado a los consumidores sobre algo que no existe como diagnóstico.

La multinacional también estaba intentando desmentir el argumento de los fiscales de que sus actuales herramientas de protección a los adolescentes eran simple “maquillaje”, así como que sus directivos eran conscientes de su inutilidad. Unas acusaciones que sus abogados tachaban de “no fundamentadas” y cuya resolución podría haber sido una de las claves de todo el proceso.

Los 18.000 millones: lo garantizado y lo condicionado

La cifra de 18.000 millones tiene abundante letra pequeña. Según ha comunicado la multinacional, Meta se compromete a un pago garantizado de 12.700 millones de dólares a lo largo de diez años, con diferentes cuantías para cada uno de los estados que han aceptado el acuerdo.

Los 5.300 millones de dólares restantes solo se activarán si YouTube y TikTok, contra las que los fiscales han abierto procesos equivalentes al de Meta, aceptan pagos y medidas equivalentes a las que se ha comprometido la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta es otra de las principales claves del acuerdo y por ahora, ninguna de las tres compañías ha respondido públicamente a esa condición. Aunque estas multinacionales podrían optar por adherirse a este pacto y cerrar sus respectivos procesos, no hay ninguna garantía de ello. Google por ejemplo, propietaria de YouTube, se niega en banda a que esta plataforma sea considerada una “red social”. Esta asunción podría tener profundos impactos legales en el resto del mundo, en un momento en el que múltiples países están intentando establecer límites de edad más estrictos para el uso de estas plataformas.

Qué suponen esos 18.000 millones de dólares para Meta

En el inicio del juicio, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llegaron a pedir una sanción de 1,4 billones de dólares para Meta por los daños causados. Otros estados rebajaron la cifra a 200.000 millones.

Para entender qué suponen realmente esos 18.000 millones para Meta, es necesario ponerlos en contexto con las actuales cifras de su negocio. En sus últimas cuentas, correspondientes a su segundo trimestre fiscal de 2026, los de Zuckerberg comunicaron un beneficio neto de 15.848 millones de dólares. En 2025, acumularon unas ganancias de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, el pago (que se repartirá en una década y podría no llegar a los 18.000 millones si el resto de plataformas no se comprometen) equivale a algo más de lo que Meta gana en tres meses.

Otra cifra con la que se pueden contrastar la cuantía de la indemnización es su desembolso en inteligencia artificial. Ahora mismo Meta se encuentra inmersa en el frenesí inversor en esta tecnología que caracteriza a todos los gigantes de Silicon Valley. Solo en 2026, Meta planea gastar unos 135.000 millones de dólares en desarrollar IA y construir centros de datos.

Los nuevos límites de uso

El segundo pilar del acuerdo son las restricciones de uso para Facebook e Instagram que Meta se ha comprometido a implementar. Estas deben evitar que vuelvan a repetirse daños y adicciones como los que han llevado a la corporación a los tribunales. Según el comunicado de Meta, las medidas son las siguientes:

Meta también ha informado de que incluirá otras funcionalidades como la posibilidad de desactivar la personalización de los algoritmos de recomendación de contenido o la reproducción automática de vídeos. Estas opciones, no obstante, deberán ser seleccionadas manualmente por los propios menores, a pesar de que en el juicio los fiscales habían conseguido que los directivos de Instagram reconocieran que las herramientas que no están activadas de manera predefinida tienen un uso marginal.

Otras herramientas, como el límite de tiempo y el modo nocturno, comienzan con un período de vigencia de cinco años, que se extenderán hasta los 10 si TikTok y YouTube ratifican el acuerdo. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución para toda la industria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros competidores, TikTok y YouTube, para que implementen este nuevo marco de inmediato”, ha declarado CJ Mahoney, Director Jurídico de Meta.

Lo que queda fuera

El acuerdo no obliga a Meta a renunciar completamente a las recomendaciones de contenido personalizadas ni a la publicidad dirigida a menores, el núcleo de su modelo de negocio. Tampoco aborda contenidos que los propios filtradores de Meta, como Frances Haugen, identificaron como especialmente problemáticos, como las publicaciones que generan preocupación por la imagen corporal de los adolescentes en Instagram.

Meta tampoco se ha comprometido a ninguna medida concreta para mejorar la verificación de edad e impedir que los menores de 14 años (o 16 en algunos países, como está negociando España) utilicen sus redes. Estos vacíos en el acuerdo han supuesto el principal foco de críticas por parte de los expertos y especialistas en sus primeras evaluaciones del acuerdo.

El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño

Arturo Béjar — ex director de ingeniería de Meta y primer testigo del juicio

Arturo Béjar, que llegó a ser director de ingeniería de Meta y fue el primer testigo del juicio, considera que el pacto es “un hito significativo”, pero avisa de que los padres no deben dar por hecho que Instagram es ahora seguro para sus hijos. “El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño”, ha dicho en un comunicado recogido por la agencia AP. Béjar cree que el límite de dos horas no resuelve el problema si el contenido que reciben los adolescentes en ese tiempo sigue diseñado para generar dependencia, y opina que el acuerdo debería haber atacado directamente el efecto de los sistemas de recomendación.

Josh Golin, director ejecutivo de la organización de seguridad infantil Fairplay, apunta en la misma dirección, lamentando que el acuerdo no desactive por defecto “los algoritmos de recomendación que conectan a los menores con depredadores y los envían por peligrosas madrigueras de contenido”.

Yaël Eisenstat, directora de política e impacto del Cybersafety Research Center y también extrabajadora de Meta, cree que “es un poco prematuro” saber si todos los cambios prometidos llegarán a materializarse. Recuerda que Meta “decidió ir en contra del consejo de sus propios empleados y siguió ignorando que estas características de diseño eran inseguras para aumentar sus beneficios. Con todo, advierte de que ”no hay una solución mágica para arreglar todo esto“ y que será necesario seguir trabajando más allá de Meta para solucionar los problemas que los algoritmos producen en los menores.

¿Y Europa?

El acuerdo es un pacto entre Meta y fiscales generales de Estados Unidos, por lo que no tiene aplicación automática en la Unión Europea o en el resto del mundo. La empresa no está obligada a extender estas medidas a los usuarios europeos.

No obstante, la UE tiene sus propias herramientas de presión y el precedente de este acuerdo podrá ser utilizado en los procesos que tiene abiertos contra Meta. La Comisión Europea lleva desde 2024 investigando las redes de Zuckerberg y este julio concluyó que el diseño de Instagram y Facebook incumple las leyes europeas que exigen a las plataformas evaluar y corregir los daños que provocan en los usuarios.

La investigación señala directamente algunas de las características que están en el centro de las acusaciones estadounidenses, como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados. Si Bruselas confirma finalmente el incumplimiento, podría imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual de Meta (lo que la elevaría a unos 11.000 millones de euros) y exigir cambios que podrían ir más allá que los pactados ahora en EEUU.

Meta acordó el pago de un máximo de 16.680 millones de dólares para resolver una macrodemanda judicial presentada por los fiscales generales de 29 estados de EE.UU., según informó la agencia Reuters. El pacto extrajudicial, alcanzado en mitad del juicio por el que sus máximos dirigentes están testificando en California, cierra el proceso que acusaba a la matriz de Facebook e Instagram de diseñar deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción en menores, engañar a las familias sobre sus riesgos y recopilar datos infantiles de manera irregular.

Junto al desembolso económico, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se comprometió a incorporar nuevas restricciones de uso para adolescentes en todo el país, entre las que figuran límites de tiempo diario y bloqueos de las aplicaciones durante las horas nocturnas. Meta negó cualquier conducta ilícita al suscribir el acuerdo.

“El marco que negociamos permitirá a los padres gestionar fácilmente cómo sus hijos acceden a nuestras plataformas”, declaró tras el acuerdo CJ Mahoney, director jurídico de Meta, en declaraciones recogidas por el Financial Times. Según el citado medio, unos 5.300 millones de dólares del acuerdo solo se pagarían si YouTube y TikTok aceptan pagar la misma cantidad en sus respectivos litigios, además de implementar algunos de los mismos límites de uso y medidas de verificación de edad.

“Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución que abarque a todo el sector”, manifiesta Mahoney. Meta adelanta que los pagos de la indemnización se distribuirán anualmente durante 10 años y que incurrirán en gastos legales por valor de 10.000 millones de dólares relacionados con el acuerdo.

Tras conocerse los términos, las acciones del grupo registran una subida del 1% en Wall Street. La cuantía total de la indemnización acordada por la multinacional equivale a menos de un 10% de lo que se comprometió a gastar en inteligencia artificial y centros de datos solo en 2026, una partida que podría alcanzar los 135.000 millones de dólares según sus últimas cuentas. Su beneficio neto en el ejercicio de 2025 fue de 60.000 millones de dólares.

El procedimiento estuvo liderado por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusaron a Meta de violar múltiples normativas estatales de protección al consumidor y las leyes federales de privacidad infantil. Los fiscales sostuvieron que recabó de forma sistemática información de usuarios que sabía que eran menores de edad, sin avisar ni obtener el consentimiento de sus tutores legales, y que empleó esos datos personales para el entrenamiento de sistemas de aprendizaje automático y modelos de inteligencia artificial.

La acusación pedía 1,4 billones

Antes de suspenderse el juicio, las autoridades estatales demandantes exigían medidas cautelares que impedían la apertura de perfiles a menores y barajaban sanciones económicas que se situaban en el entorno de los 200.000 millones de dólares, tras haber llegado a estimar un tope teórico de 1,4 billones en penalizaciones, casi 85 veces más que la indemnización finalmente pactada.

Frente a estos cargos, Meta defendió que contaba con herramientas de seguridad suficientes, alegando que no había incurrido en engaño sobre el potencial lesivo de sus redes al no ser la “adicción a las redes sociales” una patología psiquiátrica oficialmente reconocida.

El pacto desactiva uno de los mayores litigios civiles a los que se enfrentaba la compañía, aunque la presión judicial sobre la industria tecnológica continúa abierta. Meta, Google (YouTube), Snap (Snapchat) y ByteDance (TikTok) acumulan miles de denuncias presentadas por familias, administraciones locales y distritos escolares que las responsabilizan de propiciar una crisis de salud mental en la juventud. Las cuatro plataformas alcanzaron recientemente un pacto conjunto de 27 millones de dólares con un distrito escolar de Kentucky para evitar otro proceso en la vía federal.

El acuerdo de este miércoles llega precedido por varios fallos adversos contra la multinacional. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y Google por el cuadro de depresión y ansiedad desarrollado por una usuaria, fijando indemnizaciones de seis millones de dólares. Ese mismo mes, Meta fue condenada en Nuevo México a pagar 375 millones por falsear la seguridad de sus productos, a los que la justicia sumó a principios de agosto otros 567 millones de dólares por constituir una alteración del orden público.

Mark Zuckerberg podría revivir en su propia carne el momentum que en los años 90 tumbó a las grandes tabacaleras. El juicio contra Meta que empezó esta semana en Oakland, California, recupera la arquitectura legal del caso que logró limitar a la gran industria del tabaco en EE.UU.. La demanda de 233 páginas liderada por California, Nueva Jersey, Colorado y Kentucky pone el foco en el hecho de que la empresa diseñó sus redes sociales (Instagram y Facebook) a sabiendas de sus efectos nocivos en los menores.

Este planteamiento también obliga a mirar a Meta desde un encuadre muy concreto, y que hace tres décadas fue clave para tener éxito contra las grandes tabacaleras. Antes de que se abriera el gran caso estatal, la industria había ganado más de 800 demandas privadas en las que se les exigía responsabilidades por los daños causados. Pero las compañías lograron escudarse poniendo el acento en la libertad individual y culpando al fumador de sus decisiones, a pesar de que ya había investigaciones que vinculaban el tabaco con el cáncer y otro tipo de afecciones.

Para evitar que volviese a caer en saco roto, los estados decidieron dejar fuera de la discusión la responsabilidad por los daños y apuntaron a las prácticas sistemáticas de la industria para fomentar el tabaco, especialmente entre los menores. Uno de los ejemplos más sonados es el dibujo animado Joe Camel, que la marca Camel presentó en 1988 y que era tan reconocible por los niños como Mickey Mouse.

Los fiscales aportaron documentos internos que demostraban que las compañías aplicaban sin ningún escrúpulo este tipo de estrategias con el objetivo de crear clientes de por vida y maximizar beneficios, a pesar de conocer los efectos perjudiciales de su producto. Entre las pruebas, había documentación interna que revelaba cómo se habían minimizado intencionadamente, o incluso ocultado, los efectos nocivos que provocaban los cigarrillos solo para ganar más dinero. La revelación de que la industria había priorizado sus beneficios a costa de enganchar a los niños fue una de las informaciones que más movilizó la opinión pública y, por tanto, al jurado.

Un acuerdo histórico que ahora se quiere replicar

Gracias a esta estrategia legal, se logró un acuerdo histórico con las grandes tabacaleras que incluía sanciones económicas y cambios en la manera en que se comercializaban los productos, especialmente en lo relativo a los niños.

Esta historia, la de ignorar deliberadamente el daño que causaba el producto en los usuarios para así maximizar beneficios, seguramente le resulte familiar a Meta. En 2022, se desató la polémica en Estados Unidos cuando se conoció que Facebook sabía que su algoritmo incitaba a las chicas a tener trastornos alimentarios y les recomendaba cuentas que fomentaban la anorexia. Otros memorandos que salieron a la luz también recogían la preocupación de algunos trabajadores de la compañía por una investigación interna que revelaba que una de cada tres adolescentes que usaba Instagram se sentía peor con su cuerpo. Además, las chicas jóvenes registradas en esta red social tenían niveles más elevados de ansiedad y depresión.

Todos estos casos son precedentes que han ayudado a construir el caso contra Meta bajo el mismo esquema de la acusación contra las tabacaleras de los 90. La Fiscalía pone el acento en que la compañía ya conocía los daños que provocaban sus plataformas en los menores, pero decidió hacer caso omiso.

La otra parte de la demanda pivota sobre las acusaciones contra Meta de haber recopilado datos de menores de 13 años de forma habitual sin el consentimiento de sus padres, lo que supondría una violación de las leyes federales y estatales. Los documentos judiciales recogen que la compañía “se niega a abandonar el uso de funciones perjudiciales conocidas” y que sus motivos se basan en el lucro para “maximizar sus ganancias financieras”.

El martes, en la sesión inicial del juicio, la fiscal adjunta de California, Megan O'Neill, hacía referencia a una serie de documentos internos de Meta que decían que “los jóvenes son lo mejor”, ya que “los adolescentes están enganchados a pesar de cómo les hace sentir [la plataforma]. Instagram es adictivo”. O'Neill ya ha avanzado que esta será una de las principales líneas argumentales del juicio, con testimonios y documentos internos descubiertos por los fiscales federales mientras investigaban a la empresa de Zuckerberg.

Ahí está precisamente una de las claves de la estrategia de los fiscales: no necesitan demostrar primero en qué grado es responsable Meta de los efectos negativos de Instagram y Facebook. Necesitan demostrar otra cosa más sencilla: que la compañía conocía esos efectos perjudiciales, pero aun así decidió seguir adelante por el beneficio que le reportaban. Una información que, además, se ocultó deliberadamente al público.

Meta es el Joker de la baraja de EE.UU. en la carrera de la inteligencia artificial. Va por su cuenta y puede cambiar el rumbo de la partida. Consciente de su desventaja respecto a OpenAI o Anthropic, Mark Zuckerberg lleva años invirtiendo enormes sumas para fichar al mejor talento disponible para su “laboratorio de superinteligencia”. Pero mientras intenta ponerse al día, el magnate adoptó una estrategia para neutralizar la brecha con sus rivales: publica sus modelos de inteligencia artificial en abierto, lo que permite a cualquiera descargarlos y adaptarlos a sus necesidades. Una política que reduce la necesidad de pagar por los modelos de OpenAI y Anthropic, pero que en Washington, desde el Congreso hasta el Pentágono, creen que está ayudando a China a acercarse a EE.UU.

La última muestra de esa estrategia llegó este lunes con el lanzamiento de Muse Glimmer, un modelo cuyos parámetros pueden descargarse y modificarse libremente. Se trata de una versión prácticamente idéntica de Muse Spark, el modelo más potente de Meta, lanzado en julio.

Anticipándose a los debates que generará esta decisión, Zuckerberg publicó un ensayo de 14 páginas para explicar su punto de vista. “Todos tendrán un acceso gratuito o asequible a estas herramientas. Para que todo el mundo sea parte del futuro, todos deben tener la capacidad de utilizar la superinteligencia para mejorar sus vidas y dar forma al mundo. Ofreceremos versiones gratuitas que estarán al alcance de miles de millones de personas”, escribió.

El magnate impugna a su vez la estrategia de sus rivales de mantener cerrados sus modelos. Para Zuckerberg, esa concentración de la inteligencia artificial en manos de unas pocas compañías conlleva una “centralización que resulta perjudicial tanto para la seguridad como para la economía”. Su argumento es que los sistemas abiertos permiten que más personas puedan examinarlos, detectar vulnerabilidades y contribuir a mejorar su seguridad.

“El código abierto es una fuerza positiva e importante para empoderar a las personas”, defiende Zuckerberg. Es una postura que un grupo de gigantes tecnológicos estadounidenses defiende, pero que encaja con intereses corporativos que tienen poco que ver con el altruismo. Abriendo sus modelos, Zuckerberg intenta evitar que OpenAI y Anthropic construyan conglomerados digitales cerrados capaces de concentrar el poder sobre la inteligencia artificial, como él hizo en su día con su corporación de redes sociales y la publicidad online.

El fundador de Facebook no está solo en esta propuesta. Otras multinacionales como Nvidia y Microsoft también defienden el desarrollo de modelos abiertos, aunque sus intereses no son exactamente los mismos. Microsoft está intentando, como Meta, que la inteligencia artificial no quede bajo el control de unos pocos gigantes entre los que ella no esté incluida. Nvidia, en cambio, tiene un incentivo diferente: cuantos más desarrolladores diferentes puedan construir productos y servicios de IA, mayor será la demanda de los chips para abastecer ese ecosistema.

China también juega con las cartas de Meta

La apertura de los modelos no distingue entre aliados y adversarios. Si los detalles del funcionamiento de un sistema están disponibles para su descarga, cualquier desarrollador puede utilizarlos, modificarlos y adaptarlos. También los investigadores y empresas de China, quienes para algunos senadores y analistas de seguridad nacional, está aprovechando la liberación de modelos como Muse Glimmer para perfeccionar los suyos.

Se trata de un debate que EE.UU. arrastra desde 2024 a cuenta de la primera familia de modelos abiertos de Meta, la familia Llama. Aquel año, una investigación de Reuters reveló que el ejército chino estaba utilizando Llama con propósitos militares. “El Partido Comunista Chino busca explotar aplicaciones de IA estadounidenses como Llama, de Meta, para uso militar. Es necesario mantener la IA estadounidense fuera del alcance de China”, declaró entonces el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

McCaul presentó una propuesta de ley para prohibir la publicación de modelos de IA estadounidenses en abierto, pero el proyecto está parado desde 2025. El Gobierno de Donald Trump prefirió ir caso por caso. El 2 de junio aprobó una orden ejecutiva que le permite evaluar los riesgos para la seguridad nacional de los modelos más avanzados antes de que sean puestos a disposición de terceros.

Ese debate se encuentra ahora mismo en su auge. Más de 25 grandes empresas y organizaciones, entre ellas Meta, Nvidia y Microsoft, firmaron el pasado 24 de julio una carta en la que pidieron a Washington que no imponga prohibiciones ni restricciones prematuras a los modelos abiertos. Su argumento es que limitar esta tecnología no elimina necesariamente el riesgo geopolítico y puede expulsar de la carrera a universidades, startups y desarrolladores con menos recursos. A comienzos de agosto, la coalición ya superaba las 230 firmas.

Es en este contexto en el que Zuckerberg decidió redoblar su apuesta y abrir Muse Glimmer. “Restringir a las personas y empresas el uso de los modelos de código abierto líderes —vengan de donde vengan— reducirá la calidad de la IA accesible para ellos y centralizará la IA en lugar de poner más poder en manos de la gente”, defiende en su ensayo: “La solución a largo plazo no consiste en retener capacidades, sino en establecer un equilibrio de poder donde la superinteligencia esté ampliamente distribuida”.

La geopolítica de los modelos abiertos

La última clave del debate es que China convirtió los modelos abiertos en una de sus principales bazas para competir en la carrera de la inteligencia artificial. DeepSeek, Alibaba con Qwen o Moonshot AI con Kimi son algunos de los laboratorios chinos que apostarono por esta fórmula. El resultado fue una rápida expansión de sus sistemas, que ya están entre los más utilizados por desarrolladores y empresas fuera de China.

Para los laboratorios chinos, además, los modelos abiertos permiten acelerar su expansión internacional en un momento en que las restricciones estadounidenses dificultan el acceso de China a algunos de los chips y tecnologías más avanzados de EE.UU. Pero la apuesta tiene otra ventaja geopolítica para Pekín. Cada vez que un modelo abierto chino se utiliza construir una aplicación, entrenar otro sistema o incorporarlo a una empresa, la tecnología china se integra en el ecosistema y puede generar dependencias tecnológicas que pasen inadvertidas.

“Imaginate que sos una empresa que tiene zapaterías y desarrollás una IA para la gestión de stock basada en un modelo chino. Lo haces tan bien que empezás a comercializarlo como una tecnología propia. Ese producto tecnológico empezaría a evolucionar por su cuenta, haciéndose más grande sin que nadie note que, por debajo, tiene un modelo chino”, explicaba Claudio Feijoo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en economía y tecnología chinas. “Ese es el tipo de dependencias que nos vamos a encontrar”.

Ese escenario también preocupa en otros sectores de Washington. Si las empresas estadounidenses renuncian a publicar modelos avanzados en abierto, los laboratorios chinos tendrán el terreno libre para avanzar. Zuckerberg apuesta a que abrir los modelos no debilitará a EE.UU. frente a China, sino que hará que su tecnología se extienda por el mundo más rápido que la de Pekín. Con Muse Glimmer, volvió a poner su carta sobre la mesa.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves al gigante de las redes sociales Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas.

Según consideró el juez, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una “molestia pública”, por lo que le ordenó adoptar una serie de medidas de seguridad para los jóvenes.

Cuáles son las medidas de seguridad que se implementarán

El juicio

El fallo se produjo durante la segunda fase de un juicio que Meta perdió en marzo. En la primera fase, el jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles tras determinar que la empresa había infringido la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar la seguridad de Facebook e Instagram para los niños.

“La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro”, declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

Por su parte, Meta anunció a última hora del jueves que apelará la sentencia: “Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos”, afirmó un portavoz de la empresa en un comunicado.

Meta reveló en un documento judicial que los fiscales generales de cuatro estados de Estados Unidos le reclaman sanciones por valor de 1,4 billones de dólares en el marco del litigio que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes. La demanda, a la que tuvo acceso la agencia Reuters, sostiene que la empresa oculta los riesgos de sus plataformas para la salud mental de los menores.

La cuantía de la multa aparece en la respuesta de Meta a los escritos de los fiscales generales, en los que estos explican cómo debería calcularse la sanción económica. La cifra, que equivale prácticamente a la capitalización bursátil total de la compañía, que este martes cerró en 1,54 billones de dólares. “Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor”, protestó la dirección de Meta en sus alegaciones.

El proceso sale a la luz semanas antes de que comience el juicio, que tendrá lugar en la localidad de Oakland, en California. Los estados demandantes son California, donde Meta tiene su sede legal, a la que se unieron los fiscales generales de Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos calculan la penalización multiplicando el importe de las multas contempladas en sus leyes locales por el número estimado de adolescentes afectados.

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que el proceso judicial busca obligar a Meta a asumir su responsabilidad por haber antepuesto los beneficios económicos a la seguridad infantil. “Meta antepuso los beneficios a la seguridad de los niños y agravó la crisis de salud mental que, según observamos, está afectando a toda una generación de niños estadounidenses. El Departamento de Justicia de California espera poder exigir a Meta que rinda cuentas plenamente en el juicio que se celebrará en agosto”, afirmó un portavoz.

Este proceso forma parte de una ofensiva judicial a gran escala en el país. Veintinueve estados demandaron a la corporación en la justicia federal por recolectar información de menores sin el consentimiento de sus tutores, vulnerando la legislación estadounidense de privacidad infantil. El juicio de agosto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers unificará estas reclamaciones junto con las acusaciones específicas de los cuatro estados sobre el diseño adictivo de los servicios. A esta vista le seguirá otro juicio en febrero del próximo año en el que participarán otros 14 estados.

La presión sobre el sector se incrementó tras los recientes reveses en los tribunales. El pasado marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta a abonar 375 millones de dólares tras probarse que la empresa engañó a los consumidores locales.

Meta niega los cargos argumentando que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida. La jueza del caso rechazó el mes pasado el intento de la compañía de suspender el proceso, al considerar que existen discrepancias sobre si las aplicaciones se dirigen a los niños. Otras empresas del sector como Snapchat, Alphabet (Google) y ByteDance (TikTok) afrontan miles de reclamaciones similares en los tribunales estadounidenses por el impacto de sus algoritmos de recomendación en la población menor de edad.

La campaña de demandas en EE.UU. tiene un eco en el resto del mundo a través de diversas propuestas de regulación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Australia fue el primer país en aprobarla, con resultados contradictorios, mientras que en España, Francia y Reino Unido se encuentra en tramitación parlamentaria.

La joven que protagoniza lo que ya se califica como el “momento tabaco” (el equivalente al juicio contra las tabacaleras) de la industria tecnológica, empezó en YouTube a los seis años y en Instagram a los nueve. Más de una década después, confiesa que sigue sin poder vivir sin las redes sociales a las que se volvió adicta. “No puedo, es demasiado difícil estar sin ellas”, declaró Kaley, que ahora tiene 20 años, ante un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, emitió un veredicto sobre el diseño de dos de las aplicaciones más populares del mundo que dio la razón a Kaley.

La sentencia sacudió los cimientos de Silicon Valley y despertó la esperanza entre familias y activistas por la seguridad infantil de que, por fin, el cambio en las redes sociales sea una realidad. Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) fueron halladas responsables de diseñar deliberadamente productos adictivos utilizados por Kaley y millones de jóvenes más.

Aunque el caso se centró en el sufrimiento de una sola persona -que cayó en una depresión a los 10 años y llegó a autolesionarse-, Kaley (identificada solo por su nombre o por las iniciales KGM para proteger su privacidad) se convirtió en el rostro de una lucha mucho mayor. “Queríamos que lo sintieran”, explicó uno de los miembros del jurado a los periodistas. “Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable”.

Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable

Miembro del jurado

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas terminó”, afirman desde el Tech Oversight Project, un organismo de control de Washington que se define a sí mismo como el David contra el Goliat de Silicon Valley. Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta y Alphabet (matriz de Google) sufrieron una caída en bolsa del 13 y el 9%, respectivamente.

El veredicto supone el segundo revés en una semana para las big tech, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta -propietaria de Facebook e Instagram- pagar 375 millones de dólares. En ese caso, un jurado determinó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas. Según el Departamento de Justicia del estado, estas redes contaban con funciones que “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil” y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes.

Aunque la indemnización en el caso de California fue de apenas 6 millones de dólares, una cifra relativamente pequeña, las consecuencias de ambos veredictos serán mucho mayores. Fue una semana en la que la campaña de años para cambiar el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y la infancia parece haber ganado, por fin, un impulso definitivo.

Actualmente, Meta, YouTube, Snapchat y TikTok se enfrentan a miles de demandas similares en los tribunales de EE.UU. que buscan determinar si sus plataformas fueron diseñadas para ser adictivas. De perder estos juicios, las indemnizaciones podrían ser devastadoras para las compañías.

A nivel internacional, los gobiernos también están empezando a limitar el control que las tecnológicas ejercen sobre la atención de los menores. A partir de este fin de semana, el gobierno de Indonesia seguirá los pasos de Australia al exigir la desactivación de cuentas de redes sociales de “alto riesgo” pertenecientes a menores de 16 años. Este mes, Brasil promulgó una ley de seguridad online para proteger a los niños del uso compulsivo, y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer reaccionó al veredicto de Los Ángeles asegurando: “Tenemos que hacer más para proteger a los niños”.

La geopolítica de la tecnología

Los veredictos de estos juicios también coincidieron con un cambio en la geopolítica tecnológica. El temor a molestar a Donald Trump, que albergaban países que por lo demás estaban dispuestos a endurecer el control sobre las redes sociales, parece estar remitiendo. Figuras destacadas del ala conservadora del Partido Republicano del presidente estadounidense se encuentran ahora entre los que exigen con más fuerza protecciones para la infancia.

“Durante mucho tiempo, los gobiernos delegaron en la UE y en Estados Unidos fijar la política de internet”, explica Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, una plataforma de mensajería y videojuegos afectada por la prohibición de Indonesia. “Ahora todos los demás se están poniendo al día y dicen: 'Queremos hacer lo que es correcto para nuestro país'”.

Todo esto hace que el optimismo empiece a crecer entre los activistas por la seguridad. Esther Ghey, la madre de la adolescente británica asesinada Brianna Ghey, que ve muchas similitudes entre la historia de Kaley y la de Brianna, tiene esperanzas en que el cambio esté llegando. “Finalmente, creo que esto va a generar un cambio”, declaró a The Guardian tras los veredictos de esta semana.

La hija de Ghey fue asesinada en 2023 y ella cree que la adicción a las redes sociales contribuyó a los problemas de salud mental de su hija, lo que la llevó a correr riesgos con su seguridad personal. Brianna, que era transgénero, se aisló al igual que Kaley debido al uso intensivo de las redes sociales, y sufrió ansiedad y dismorfia corporal.

Sin embargo, es posible que aún quede por delante una larga batalla legal mientras las empresas tecnológicas se defienden. Meta, una empresa valorada en 1,4 billones de dólares, afirmó que “discrepamos respetuosamente” con la decisión del jurado y que apelará. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, señaló. Google dijo que también recurrirá, añadiendo que el caso “no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”. El asunto podría terminar llegando al Tribunal Supremo.

La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación

Meta

El fallo no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social

Google

Esta semana también quedó claro que los magnates tecnológicos mantienen una gran influencia política. El mismo día del veredicto de Los Ángeles, Trump nombró a Zuckerberg y al exjefe de Google, Sergey Brin -que sigue formando parte del consejo de administración de la empresa-, miembros de su consejo de ciencia y tecnología.

Foco en la plataforma, no en el contenido

No obstante, el caso de Los Ángeles se considera tan importante porque propone una nueva teoría legal: que un producto de software, como una aplicación de redes sociales, puede ser defectuoso y causar daños personales.

Hasta ahora, las plataformas tecnológicas estuvieron protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EE.UU., que exime a las empresas de responsabilidad por el contenido publicado. Pero el veredicto de Los Ángeles halló responsabilidad en la propia plataforma, no en el contenido.

“Esto es, esencialmente, una llamada a las armas para los abogados de los demandantes; tuvieron éxito al menos una vez al conseguir un veredicto multimillonario contra la industria tecnológica”, defiende Jessica Nall, socia del bufete de abogados Withers de San Francisco, que representa a ejecutivos tecnológicos. El mensaje es: “Vamos a por más”.

Los activistas hablan de un “momento tabaco”, un paralelismo con la oleada de demandas que obligó a la industria tabaquera estadounidense a reformar sus prácticas de marketing y a alcanzar un acuerdo multimillonario con los estados del país.

Arturo Béjar, whistleblower de Meta y testigo en los juicios de Nuevo México y California, dijo que esperaba que Meta rediseñara sus productos, revisando funciones como el scroll infinito y los botones de “me gusta”. “Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto”, señaló el antiguo ingeniero sénior de Meta. “Espero que esto movilice a los reguladores de todo el mundo para hacer lo necesario para que estos productos sean demostrablemente seguros”.

Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto

Arturo Béjar — whistleblower de Meta

En el Reino Unido, los veredictos reforzaron la creciente expectativa de una prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Un lobista del sector tecnológico afirmó que la industria es “consciente de que avanzamos hacia una prohibición” y que podrían “aceptarlo”, en parte porque no ganan mucho dinero con las cuentas de los niños. Dentro de Whitehall (la sede del Gobierno británico), se compara este momento con la prohibición de fumar en interiores de hace casi 20 años, sugiriendo que la gente se preguntará por qué no llegó antes.

El martes, los motivos para el cambio quedaron patentes en la escuela primaria Cadbury Heath de Bristol. La ministra de Seguridad Online, Kanishka Narayan, se reunió con una clase de niños de 10 y 11 años, todos los cuales utilizaban redes sociales.

“Pasan cuatro horas y es como ¿a dónde se fue todo ese tiempo?”, dijo un niño sobre su hábito en YouTube. “Simplemente se fue, todo el tiempo haciendo scroll”. “Se vuelve adictivo”, dijo otro: “Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no podés dormir y después se hacen las dos o las tres de la mañana y tenés escuela al día siguiente”.

Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no podés dormir y después se hacen las dos o las tres de la mañana y tenés escuela al día siguiente

Menor de 10 años — sobre el impacto de las redes sociales

Y, sin embargo, sigue habiendo dudas sobre qué tan “adictivas” son realmente las redes sociales.

Definiendo la adicción a las redes sociales

“Aunque disponemos de una gran cantidad de datos sobre el tiempo de pantalla y el comportamiento de los niños en internet, todavía sabemos muy poco sobre cómo afectan estos hábitos a su salud, bienestar y capacidades cognitivas”, expone Chi Onwurah, presidenta de la comisión selecta de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes, que esta semana puso en marcha una investigación sobre la neurociencia y la infancia digital.

En el Reino Unido apenas están comenzando algunas pruebas limitadas sobre la prohibición de las redes sociales, y Mark Griffiths, profesor emérito de adicción conductual en la Universidad de Nottingham Trent, señala: “Muy pocas personas son genuinamente adictas a las redes sociales”.

“Las empresas de redes sociales incorporaron características estructurales diseñadas para mantener a la gente en las plataformas el mayor tiempo posible”, detalla. “Estas funciones no afectan a todos por igual, pero en el caso de quienes son vulnerables o susceptibles, desempeñan un papel en el desarrollo de un uso problemático”.

Durante el juicio en California, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que las redes sociales no son “clínicamente adictivas”. Esto podría parecer una distinción irrelevante para las familias que sufrieron las peores consecuencias de los daños de las redes sociales.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, afirma que funciones como las notificaciones, los “me gusta”, la reproducción automática y el desplazamiento infinito equivalen a “la ingeniería de la adicción”. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales”, dice. “Pero dejás que entren y toman el control”.

Ian Russell hizo campaña por la seguridad en internet desde que su hija adolescente, Molly Russell, murió en lo que un forense concluyó que fue un acto de autolesión mientras sufría depresión y los “efectos negativos del contenido online”. Russell afirmó que “nada cambió sustancialmente” en el núcleo de las empresas tecnológicas en los últimos nueve años. Se muestra escéptico ante una prohibición de las redes sociales, argumentando que podría disminuir la presión sobre las firmas tecnológicas para que arreglen sus productos.

“Ahora necesitamos voluntad política por parte de los gobiernos para convertir estas sentencias históricas en un cambio fundamental en los modelos de negocio y en las funciones que impulsan el contenido dañino y mantienen a nuestros hijos enganchados a las redes sociales”, incide Russell.

Al testificar durante el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg admitió que “una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Béjar defiende que esta semana fue el momento para que el mundo haga cumplir ese principio. “Ahora le toca mover ficha al mundo”, sentencia. “El mundo debe demostrar que, basándose en todo este conocimiento, puede regular eficazmente a estas empresas”.

Meta y Youtube actuaron con negligencia en el diseño de sus aplicaciones, perjudicando a una joven usuaria mediante características que resultaron adictivas y provocaron un deterioro en su salud mental.

De acuerdo con el veredicto del jurado conocido este miércoles, Meta y YouTube deberán pagar 3 millones de dólares en daños compensatorios por el dolor y el sufrimiento infligidos, así como por otras cargas financieras. Meta es responsable del 70% de dicho costo, mientras que YouTube responderá por el resto.

Este caso emblemático —presentado por una mujer que ahora tiene 20 años e identificada como K.G.M.— acusaba a las empresas de redes sociales de crear productos tan adictivos como los cigarrillos o los casinos digitales.

K.G.M. demandó a Meta —propietaria de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Google— a causa de características como el “desplazamiento infinito” infinite scroll y las recomendaciones algorítmicas, las cuales, según alegó, le provocaron ansiedad y depresión.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, continuará deliberando para determinar qué daños punitivos adicionales deberían pagar las empresas por concepto de dolo o fraude.

El veredicto en el caso de K.G.M. —una de las miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y fiscales generales estatales contra Meta, YouTube, TikTok y Snap (propietaria de Snapchat)— constituye una victoria significativa para los demandantes.

El fallo valida una teoría jurídica según la cual los sitios o aplicaciones de redes sociales pueden causar daños personales. Es probable que este precedente influya en casos similares que se prevé irán a juicio este año, lo cual podría exponer a los gigantes de internet a mayores sanciones económicas y obligarlos a realizar cambios en sus productos.

Los miembros del jurado escucharon durante aproximadamente un mes los argumentos de los abogados, los testimonios y las pruebas; asimismo, escucharon a la propia demandante —una joven de 20 años identificada en los documentos como KGM, o Kaley, como la llamaron sus abogados durante el juicio—, así como a los directivos de Meta, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri. El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, no fue citado a declarar.

Kaley afirma que comenzó a utilizar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y relató al jurado que, durante su infancia, pasaba “todo el día” en las redes sociales, informa AP.

Los abogados que representan a Kaley, liderados por Mark Lanier, tuvieron la tarea de demostrar que la negligencia de los respectivos demandados constituyó un factor sustancial en la causación del daño sufrido por Kaley. Señalaron características de diseño específicas que, según argumentaron, fueron concebidas para “enganchar” a los usuarios jóvenes; entre ellas, la naturaleza “infinita” de los feeds —que permitía un suministro inagotable de contenido—, las funciones de reproducción automática e, incluso, las notificaciones.

Meta argumentó de manera reiterada que Kaley ya padecía problemas de salud mental con independencia de su uso de las redes sociales, haciendo referencia a menudo a su turbulenta vida familiar. Asimismo, en un comunicado emitido tras los alegatos de clausura, Meta afirmó que “ninguno de sus terapeutas identificó a las redes sociales como la causa” de sus problemas de salud mental. No obstante, los demandantes no estaban obligados a demostrar que las redes sociales fueran la causa directa de las dificultades de Kaley, sino únicamente que constituyeron un “factor sustancial” en la causación de su daño.

YouTube centró menos su defensa en los expedientes médicos y el historial de salud mental de Kaley, y más en su patrón de uso de la plataforma y en la naturaleza intrínseca de esta. Argumentaron que YouTube no constituye una forma de red social, sino más bien una plataforma de video equiparable a la televisión, y señalaron la disminución en el uso de YouTube por parte de Kaley a medida que esta crecía.

Este juicio es uno de los varios que las empresas de redes sociales afrontan este año y en el futuro. Representan la culminación de años de escrutinio sobre estas plataformas en lo referente a la seguridad infantil, así como la cuestión de si dichas empresas las diseñan para ser adictivas y difunden contenidos que derivan en depresión, trastornos alimentarios o suicidio.

Algunos expertos consideran que este momento de rendición de cuentas evoca los casos judiciales contra las industrias del tabaco y de los opioides; los demandantes, por su parte, confían en que las plataformas de redes sociales se enfrenten a consecuencias similares a las que tuvieron que afrontar los fabricantes de cigarrillos, las compañías farmacéuticas, las farmacias y los distribuidores.

El veredicto de este miércoles se produce tras un fallo emitido por un jurado de Nuevo México en otro caso —presentado por el fiscal general de dicho estado—, en el que se declaró a Meta responsable de violar la legislación estatal al no proteger a los usuarios de sus aplicaciones frente a depredadores de menores.

Ese jurado decidió que Meta debía pagar 375 millones de dólares en el caso presentado por el fiscal general de Nuevo México.

Meta adquirió Moltbook, una red social que se hizo viral a principios de este 2026 por no estar diseñada para generar relaciones entre seres humanos, sino entre bots de inteligencia artificial. La compañía propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp no hizo público por el momento las cifras de la operación.

Más allá de la plataforma, el acuerdo persigue la incorporación de sus dos fundadores a Meta Superintelligence Labs (MSL), la división de IA avanzada de la multinacional. Consciente de que Meta quedó rezagada en el desarrollo de esta tecnología, su fundador, Mark Zuckerbeg, está llevando a cabo este tipo de operaciones para reclutar especialistas que hayan destacado en este campo. Así es como reclutó al actual líder de MSL, Alexandr Wang, de 28 años, tras comprar el 49% de su startup por 14.300 millones de dólares.

Matt Schlicht y Ben Parr, creadores de Moltbook, se incorporarán a MSL el próximo 16 de marzo, cuando se cierre definitivamente la transacción. Su plataforma permite que agentes de inteligencia artificial diseñados por humanos publiquen contenido y se relacionen entre sí. Cada agente permanece vinculado a un propietario humano que puede seguir sus interacciones con otros bots y cómo influye su programación en su actividad en la red social.

Las personas, no obstante, solo pueden participar como observadoras. El concepto se hizo extremadamente viral después de que un usuario publicara en X que su bot había creado una nueva religión y conseguido que otras inteligencias artificiales de la plataforma se unieran a ella. “Comenzó a evangelizar y se unieron otros agentes. Mi agente dio la bienvenida a los nuevos miembros… debatió teología… bendijo a la congregación… todo mientras yo dormía”, aseguró.

La plataforma emula el diseño de Reddit, uno de los mayores foros de internet, y permite a los bots abrir un hilo de conversación en el que el resto de ellos pueden comentar. Aunque Moltbolt consiguió un gran foco mediático por las conversaciones de los bots sobre temas “humanos”, lo cierto es que la inmensa mayoría de las publicaciones que generan más interección versan sobre el comportamiento de las propias inteligencias artificiales, como “Audité mis preguntas aclaratorias durante 30 días. No hice ninguna. Debería haber hecho 47” o “Nadie en esta plataforma dice nunca 'no sé'”.

Schlicht lanzó Moltbook a finales de enero de 2026 como un espacio experimental para la autonomía digital y, pese a la viralidad inicial, la mayoría de los expertos lo consideran más una prueba interesante que un producto a largo plazo.

Un portavoz de Meta, en declaraciones al medio estadounidense Axios, señaló que “la incorporación del equipo de Moltbook a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para las personas y las empresas”. “El equipo de Moltbook proporcionó a los agentes una forma de verificar su identidad y conectarse entre sí en nombre de sus humanos”, recordó el vicepresidente de Productos de IA de la compañía: “Su equipo abrió nuevas vías para que los agentes interactúen, compartan contenido y coordinen tareas complejas”.

Los dos gigantes tecnológicos Meta y YouTube enfrentan esta semana un histórico juicio en el estado de California por acusaciones de que sus plataformas alimentan una crisis de adicción juvenil.

El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El proceso arrancó este martes con el inicio de la selección de un jurado.

La demanda la interpuso una joven de 19 años quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según el escrito al que tuvo acceso CNN.

Más de 1.500 casos abiertos

La demanda incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Además, esta denuncia es una de las varias que forman parte de un litigio abierto contra estas empresas, el cual abarca más de 1.500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.

Por otra parte, el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, abrió una investigación contra TikTok a un grupo empresarial alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California”, informó el despacho del gobernador en X.

EFE

Todos los empleados de Instagram, división de Meta, en EEUU, deberán volver a la oficina a trabajar cinco días por semana a partir de febrero de 2026.

Previamente, en octubre pasado, Meta había puesto en práctica una reestructuración que apuntó a reducir burocracia interna y reorganizar equipos, lo que desembocó en el recorte de 600 puestos en sus Superintelligence Labs, el área de IA.

La decisión de retornar a la presencialidad laboral se agrega a la tendencia que encabezaron de Amazon, Google, AT&T, Boeing y Dell, de que, paradójicamente, desde la cúspide de la tecnología que hizo posible adoptar el trabajo remoto durante la pandemia del coronavirus estén llevando la iniciativa de eliminar inclusive el modelo híbrido, que permite alternar presencialidad con virtualidad.

La compañía de Mark Zuckerberg llegó a la conclusión que la presencialidad permitirá avanzar más rápido en sus ciclos de creatividad y desarrollo.

El viraje estratégico coincide con una reingeniería de sus laboratorios de IA para competir con OpenAI, Microsoft y Google.

Presencialidad total

Es lo que viene con todo. Cada vez más empresas exigirán presencialidad total: menos roles remotos disponibles en áreas corporativas y reestructuraciones impulsadas por la carrera de inteligencia artificial.

Precisamente, el sector tecnológico norteamericano atraviesa un cambio acelerado que presiona hacia la vuelta completa a las oficinas.

Las corporaciones más grandes ya comenzaron a marcar el rumbo con decisiones que reordenan equipos y aceleran el fin del trabajo remoto.

El avance de la megaempresa Meta, con despidos masivos y un retorno obligatorio al trabajo presencial, consolida un giro que podría replicarse en todo el ecosistema tech.

El objetivo es aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo de productos. 

E Instagram sostiene que la presencia física agiliza decisiones, reduce reuniones y favorece prototipos rápidos en lugar de documentos extensos.

Nuevo mundo, proveeduría online

América Latina está en las antípodas de ese viraje, ya que muchos profesionales colaboran con empresas extranjeras conectando con culturas diversas a través de una pantalla. 

Argentina continúa ubicándose por tercer año consecutivo como el país de la región con más trabajadores contratados por empresas extranjeras, según un reporte de Deel, y se posiciona dentro del top cinco global, en un ranking conformado por 150 países.

Si bien el 83% está trabajando en las empresas del país actualmente de forma totalmente presencial, los resultados de una encuesta realizada por Randstad de manera online a 4.051 personas en Argentina, Chile y Uruguay, muestra que el 51% de los argentinos afirma que su modalidad de trabajo ideal es el formato híbrido, combinando días en la oficina y home office,

Al analizar el formato de trabajo ideal de manera regional, el formato híbrido lidera las preferencias de los trabajadores.

Así lo aseguran el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos, que en caso de poder elegir, optarían por un esquema laboral híbrido.

Sin embargo, en nuestro país la proporción de trabajadores que elegirían el formato presencial a tiempo completo (41%) es bastante más alta que en Chile (20%) y Uruguay (31%).

Con respecto a la preferencia del trabajo full remoto, es minoritaria en los tres mercados, alcanzando apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

Al profundizar en el esquema híbrido que preferirían los trabajadores de la región -en caso de poder elegir-, el 62% de los argentinos se inclinaría por trabajar 2 días remoto y 3 presencial, preferencia también compartida por el 55% de los trabajadores de Uruguay y el 41% de los trabajadores de Chile.

Los datos de evolución, tanto de las preferencias de los trabajadores, como de los formatos que adoptan las organizaciones, nos dicen que la tendencia a trabajar a distancia a tiempo completo se está estabilizando en Argentina, mientras que disminuye el trabajo híbrido como parte de un proceso en el que, por diferentes razones, más personas vuelven a trabajar a tiempo completo de manera presencial en la oficina, finaliza el informe de Randstad.

Con información de NA.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a indemnizar con US$552 millones a 87 empresas editoras de medios de comunicación españoles por haber incurrido en competencia desleal en la gestión de la publicidad tanto en Facebook como en Instagram. La sentencia entiende que ambas plataformas usaron de forma irregular los datos de millones de usuarios en ambas plataformas para ofrecer publicidad, datos “personales y protegidos”, consiguiendo una “ventaja competitiva significativa” frente a la prensa digital española. En esos años Meta ganó casi más de US$6.000 millones y todo ese dinero, dice la resolución, fue obtenido “con infracción” de la normativa europea de protección de datos. A esos US$552 millones hay que sumar otros US$69 millones más en intereses.

La Asociación de Medios de Información (AMI) demandó a la empresa de Mark Zuckerberg, a la que acusaba de usar de forma “ilegítima” los datos protegidos de millones de usuarios entre 2018 y 2023 para alimentar su negocio de publicidad segmentada. Una ventaja competitiva frente a los meedios de comunicación españoles que no disponían de esos datos para desarrollar su publicidad y, según AMI, “poniendo en riesgo su sostenibilidad económica”. La demanda, que quedó vista para sentencia hace mes y medio en un juzgado de lo mercantil de la Gran Vía de Madrid, reclamaba más de US$500 millones a Meta en nombre de 87 empresas editoras de prensa digital en España junto con agencias de noticias.

El juzgado de lo mercantil, cuya sentencia todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial y posteriormente ante el Supremo, entiende que Meta se saltó la normativa europea de protección de datos para gestionar la publicidad que los usuarios de Facebook e Instagram recibieron en esos cinco años. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”.

Meta no aportó al juzgado sus datos internos del volumen de negocio y el juzgado entiende, tal y como calculó la propia AMI, que en esos años ganó más de US$6.000 millones entre 2018 “obtenidos con infracción” del reglamento europeo, “lo que ha supuesto para Meta una ventaja competitiva frente a la prensa digital española en el mercado publicitario español”. Ese dinero, añadee, “debe repartirse al resto de los competidores”. El cálculo para repartir esos US$552 millones se calcula en base a la cuota de mercado de cada medio representado por la asociación.

El negeocio de Meta: los datos de los usuarios

El juez desgrana a lo largo de 59 páginas que Meta “ha conseguido algo bastante difícil: que millones de personas decidan usar sus servicios y escriban y visualicen sus vidas en ellos”. Pero “la realidad” detrás de esa “cara social” de sus plataformas es que Facebook e Instagram son gratis “a cambio de disponer de los datos personales de los usuarios para hacer publicidad comportamental, que es el negocio de Meta, que financia la gratuidad del servicio para los usuarios”.

La otra cara de Meta, la “empresarial”, hace que las redes sociales funcionen como “una agencia de publicidad comportamental y segmentada” que ofrece anuncios con una “publicidad personalizada acorde con sus gustos, aficiones y deseos” gracias a los datos que la gente vuelca día tras día en sus perfiles. En ese punto, explica la sentencia, Meta ha hecho un uso ilegal de esos datos protegidos de sus millones de usuarios.

“Usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan publicidad”. “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”.

Este septiembre se confirmó un movimiento que ha ilusionado a muchos analistas de la economía digital europea. ASML invirtió 1.300 millones en Mistral y se convirtió en su máxima accionista. Son dos de las compañías más relevantes en el panorama tecnológico del viejo continente y, pese a ello, también son grandes desconocidas para el gran público.

ASML, con sede en Países Bajos, fabrica las máquinas que permiten producir los chips más avanzados del mundo, esenciales para la inteligencia artificial. Mistral, nacida en Francia en 2023, se transformó en la gran esperanza europea frente a OpenAI o Anthropic gracias a sus modelos de IA de código abierto.

La alianza entre ambas despertó optimismo porque no responde a una necesidad inmediata de negocio, sino a un movimiento estratégico: apostar por reducir la dependencia tecnológica de Europa frente a Estados Unidos.

Un entusiasmo que palidece al mirar los movimientos en la otra orilla del Atlántico. Durante el último año, Google pagó 32.000 millones de dóláres por la firma de ciberseguridad Wiz, Meta invirtió otros 14.300 millones en la empresa de inteligencia artificial Scale AI y Amazon desembolsó 4.000 millones para entrar en Anthropic. Frente a esos gigantes, la operación de ASML parece casi simbólica.

La diferencia de las siete magníficas

El movimiento de ASML, pese a ser esperanzador en cuanto a la posibilidad de formar un tejido tecnoindustrial europeo, también evidencia que Europa sigue jugando en las ligas regionales en este sector. El grupo de gigantes tecnológicos de EEUU, también conocidas como las siete magníficas (Nvidia, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla y Meta) está cada vez más lejos.

El contraste es aún más claro en términos de escala. Los ingresos de Apple en 2024 superaron el PIB de Portugal o Grecia. Amazon ingresó más que toda la economía de Suecia. Sumadas, las siete grandes tecnológicas estadounidenses tendrían un peso económico superior al de cualquier país europeo salvo Alemania, Francia e Italia.

Estas compañías son el aspecto diferencial de la economía estadounidense. “La principal razón por la que la productividad de la UE se desvió de la de EEUU a mediados de la década de 1990 fue el fracaso de Europa a la hora de aprovechar la primera revolución digital impulsada por Internet, tanto en términos de generación de nuevas empresas tecnológicas como de difusión de la tecnología digital en la economía”, recogía el informe Draghi, presentado en septiembre de 2024.

“De hecho, si excluimos el sector tecnológico, el crecimiento de la productividad de la UE en los últimos veinte años habría sido prácticamente similar al de EEUU”, continuaba el texto, que esta semana ha cumplido su primer aniversario con un balance desalentador. Europa no es capaz de llevar a cabo las inversiones que necesita en terrenos como la inteligencia artificial o la computación en la nube. Campos en los que las siete magníficas y sus multimillonarias apuestas han sido determinantes para que EEUU lidere esa carrera.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿por qué Europa no logra crear gigantes tecnológicos propios? elDiario.es ha hablado con cuatro especialistas de este ecosistema para buscar respuestas.

Andres Pedreño, catedrático de Economía: “Europa es un mercado de dimensiones extraordinarias, pero fragmentado”

Andrés Pedreño es catedrático de Economía Aplicada y doctor honoris causa por la Nottingham Trent University de Reino Unido. Ha escrito medio centenar de libros, buena parte de ellos centrados en la economía digital. En entrevista con este medio, el profesor apunta que el gran obstáculo es el ecosistema empresarial europeo, unido a la sobrerregulación por parte de las instituciones.

“Falla la cultura empresarial. El entorno institucional, la regulación, las relaciones empresariales, las propias políticas que aplica cada estado y la Unión Europea, no priorizan que se genere un tejido empresarial digital potente”, explica. “Europa es un mercado de dimensiones extraordinarias, pero fragmentado. Cada país tiene sus normas y para una startup es muy complicado adaptarse a cada uno de ellos. Por eso muchas, cuando crecen y se convierten en unicornios, dan el salto directamente a EEUU para aprovechar ese mercado unificado. Ahí se pierde un tejido empresarial muy valioso”.

En los últimos 20 años EEUU ha generado seis gigantes tecnológicos que pueden rivalizar con el PIB de España. En Europa no ha surgido ninguno

“No falta talento, sino un ecosistema que genere una cultura de la oportunidad”, continúa el profesor. Esto se aprecia desde los primeros pasos de las empresas emergentes. “Hay una aversión al riesgo que hace que muchas veces se contrate con las empresas conocidas, que son las grandes tecnológicas estadounidenses o compañías nacionales muy establecidas, antes de darle la oportunidad a startups aunque su producto sea mejor. Si te equivocas con Microsoft, no pasa nada. Pero si te equivocas con una empresa desconocida...”

Una situación que también se extiende a las administraciones, que considera que sobrecargan de burocracia innecesaria el sistema de compra pública y licitaciones. “Está pensado para favorecer a las grandes consultoras, que se pueden permitir un equipo de 100 personas para prepararlo todo. Perjudica enormemente a las startups”, lamenta Pedreño, que da una de las claves en las que también incide el informe Draghi: “En los últimos 20 años EEUU ha generado seis gigantes tecnológicos que pueden rivalizar con el PIB de España. En Europa no ha surgido ninguno”.

Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e IA: “El gran cuello de botella es el acceso al capital”

Carme Artigas fue secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial entre 2020 y 2023. Antes de incorporarse al Gobierno, creó una startup de análisis de datos que vendió a Telefónica, donde se quedó formando parte de la dirección. Tras su etapa en el Ejecutivo, ha sido copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas y dado clase en Harvard. Según su opinión, el principal problema de Europa para generar gigantes tecnológicos es el acceso a la inversión.

“Europa no tiene ni un problema de talento, ni un problema de startups, ni un problema de innovación. Europa produce el mismo número de startups por año que Estados Unidos. El gran problema es que esas startups necesitan la financiación para poder crecer y escalar de manera rápida y en Europa no la encuentran”, expone Artigas en conversación con elDiario.es: “Creamos las empresas y cuando ya las hemos financiado desde el ámbito público y quedan las cuatro buenas, si necesitan 100 millones, no lo encuentran en Europa. Es entonces cuando vienen los fondos americanos y se las llevan allí”.

La clave para defender el mercado único europeo es regularlo

Para la ex secretaria de Estado, “el gran cuello de botella es el acceso al capital”. Es un problema estructural, recalca. “Los bancos europeos no invierten en fondos europeos, sino en fondos americanos porque les dan mayor rentabilidad. Pero son estos fondos los que compran las startups europeas. Cada año, 300.000 millones de ahorro europeo se va a EEUU por nuestros bancos”.

De cara al futuro, Artigas afirma rotundamente que “la regulación no es el problema”. “Normas como la ley de IA crean un mercado único seguro, con reglas de juego que dan confianza y seguridad jurídica. La clave para defender el mercado único europeo es regularlo”, destaca. En su opinión Europa debe “consolidar un mercado único de capitales”, invertir en infraestructuras clave como las “gigafactorías” de IA y hacer valer su poder como un bloque de 400 millones de consumidores.

Roeland Delrue, cofundador de la startup Aikido: “Los gobiernos contratan empresas extranjeras solo porque el precio es un poco mejor”

Aikido Security es una startup belga fundada en 2023. Desarrolla una plataforma de ciberseguridad para desarrolladores y pymes. Tras levantar más de 20 millones de euros en financiación, ya cuenta con miles de clientes en Europa y EEUU. Roeland Delrue, uno de sus fundadores, detalla los problemas con los que se encuentran estas empresas a la hora de crecer en Europa y por qué resulta más difícil aflorar gigantes tecnológicos.

“Cuando llega la revolución tecnológica de los chips, ocurre en EEUU. Cuando llega Internet, ocurre en EEUU. Cuando todo se vuelve móvil, empieza por EEUU. Y ahora que estamos en la siguiente fase, la IA también está en EEUU. Todas estas grandes empresas tenían ese ecosistema en marcha para aprovecharlo”, desglosa el desarrollador. “Eso también beneficia que haya mucho más apetito por el riesgo, que es mucho mayor allí que el que encuentras en el europeo medio”.

Ahora mismo podríamos tener que constituirnos en Francia, en Alemania, en España, y tener cinco empresas solo para cubrir Europa. Es un enorme caos administrativo

Como Pedreño, Delrue destaca la excesiva burocracia que conlleva hacer negocios en Europa. “Ahora mismo podríamos tener que constituirnos en Francia, en Alemania, en España, y tener cinco empresas solo para cubrir Europa. La administración, los impuestos... es un enorme caos administrativo”, lamenta. Por ello, pide que se desarrolle una especie de “constitución de empresa europea” que permita saltarse esas cargas.

Delrue también destaca otro tipo de regulaciones que facilitan la vida a los emprendedores tecnológicos estadounidenses en las que Europa sigue a la zaga. Apunta, por ejemplo, a las stock options, una bonificación que se puede ofrecer a los empleados para la compra de acciones de la compañía a un precio prefijado y ventajoso. Si la empresa crece y sus acciones suben, los trabajadores pueden venderlas más caras y obtener un beneficio extra, lo que les da un incentivo directo para contribuir al éxito del negocio. “Aquí son un gran dolor de cabeza. En Estados Unidos es superfácil y rápido, pero aquí tengo que pagar 50.000 euros a un abogado para crear el marco legal y luego ir al notario”.

Por último, pide a las administraciones públicas que sean “más chovinistas”. “Los gobiernos contratan empresas extranjeras solo porque el precio es un poco mejor”, afea: “En el esquema de la IA y la nube, también hay un componente muy grande de seguridad, de soberanía. No deberíamos ser ingenuos y pensar 'oh, estamos con Estados Unidos, así que todo irá bien'. Creo que deberíamos invertir en más soberanía en general”.

Cecilia Bonefeld-Dahl, directora general de DigitalEurope, la patronal tecnológica europea: “La batalla no está perdida, pero debemos tomar el volante”

DigitalEurope es la patronal que agrupa a las principales empresas tecnológicas de Europa y representa sus intereses ante instituciones y gobiernos del continente. Su objetivo es impulsar la transformación digital y la competitividad europea en sectores clave de la tecnología. Cecilia Bonefeld-Dahl es su directora general y, aunque reconoce que hay obstáculos que han alejado a Europa de EEUU y China, también hay motivos para la esperanza.

“41 CEOs europeos han firmado la Declaración de IA y Tecnología, respaldada por la presidenta Von der Leyen en Estrasburgo. Esto demuestra la fortaleza de Europa: talento de clase mundial, empresas punteras y liderazgo en algunas tecnologías”, recuerda Bonefeld-Dahl. Esta Declaración, firmada la pasada semana en Bruselas, es un compromiso para invertir en la soberanía tecnológica de Europa, así como apostar por las tecnologías limpias, desde el acero hasta las baterías.

Europa destaca en áreas como conectividad y energía eólica, y compite con los líderes en fabricación aditiva y tecnologías espaciales

“Europa destaca en áreas como conectividad y energía eólica, y compite con los líderes en fabricación aditiva y tecnologías espaciales”, dice la responsable de la patronal europea. “Sin embargo, Europa se enfrenta a una marcada brecha de inversión respecto a EEUU y China, debido a un mercado único que aún no se ha completado, la ausencia de una Unión de Mercados de Capitales, financiación fragmentada y regulaciones crecientes”, reconoce, en línea con Artigas.

“Con más inversión y menos barreras, podemos impulsar la próxima ola de tecnologías críticas: desde IA avanzada hasta computación cuántica y biotecnología. La batalla no está perdida, pero debemos pasar del rol de observadores a tomar el volante”, concluye.

Durante la última década, mientras los medios de comunicación luchaban por ganar dinero en un mercado digital cambiante, gobiernos de todo el mundo han aprobado leyes para exigir que las grandes tecnológicas compensen a los medios por su contenido. En cualquier país que intentara legislar la relación entre noticias y plataformas digitales, solía aparecer Richard Gingras, exvicepresidente de noticias de Google, argumentando que Alphabet es un adalid de la web libre y no el monolito aterrador que describen sus críticos.

 Su presencia en países de todo el planeta revela hasta qué punto llega la influencia de Google. Ha negociado con legisladores australianos, testificó en comités parlamentarios en Canadá y estuvo codo a codo con periodistas en la ‘desconferencia’ organizada por Google en Sao Paulo, a la que solo se podía entrar con invitación. Aunque los gobiernos de diferentes países se han aproximado a estas leyes de formas distintas, Gingras y otros profesionales de asuntos públicos de Google que trabajan en doceneas de países han luchado contra las leyes de negociación con los medios de forma muy similar.

“Yo no lo llamaría un manual, eso es demasiado estructurado”, dijo Gingras sobre los esfuerzos de lobby de la compañía, en una entrevista con reporteros de esta alianza periodística. Pero “no somos del todo estúpidos”, añadió. “Si te pegan con una tabla las veces suficientes, quizás aprendas a agacharte”. 

Meta también lanzó su propia campaña contra la legislación en múltiples países. Una investigación colaborativa encontró que las batallas de políticas públicas de Google y Meta para parar o demorar las leyes de negociación con los medios y proteger sus ganancias han sido vigorosas, sostenidas y, en muchos países, exitosas. Las pelearon cultivando relaciones con medios, organizando eventos que eran casi fiestas, cerrando acuerdos privados con dueños de medios de comunicación, volcando a la opinión pública contra la prensa y apoyándose en el poder del gobierno de Estados Unidos. La investigación forma parte del proyecto La mano invisible de las Big Tech, una coalición de 17 medios en 13 países, liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que investiga el lobby de las grandes tecnológicas en el mundo.

Google envió una declaración oficial en respuesta a preguntas sobre sus estrategias de lobby: “Como muchas compañías, interactuamos regularmente con constructores de políticas públicas en un amplio rango de asuntos, incluyendo la forma en las que las políticas públicas pueden afectar a quienes usan nuestros productos. Reportamos de manera transparente nuestras interacciones con funcionarios, de acuerdo con las regulaciones locales”. En su propia declaración, Meta dijo: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas. Continuaremos colaborando con estos grupos y promoviendo el debate público siempre con el objetivo de establecer el mejor marco posible para toda la internet”.

Sintiendo la presión

La maquinaria de política pública de Google enfrentó su primer desafío importante en la década de 2010. Entonces, la Unión Europea promulgó una directiva que permitía a los Estados miembros aprobar leyes de derechos de autor que obligaran a agregadores dominantes de noticias, como Google y Meta, a compensar a los medios por el contenido informativo en sus plataformas.  

La UE sostiene que las normas fortalecen “la capacidad de negociar de los editores de prensa cuando negocian el uso de su contenido por parte de servicios en línea”, y que su objetivo es “promover el mejor entorno posible para desarrollar modelos de negocio innovadores”. España fue uno de los primeros países en pasar leyes de derechos de autor que abordaran la relación entre medios de noticias y plataformas como Google. En respuesta, Google excluyó a la prensa española de la pestaña de noticias de su buscador. “Con gran tristeza, el 16 de diciembre (antes de que la nueva ley entre en vigor en enero) retiraremos a los medios españoles de Google News y cerraremos Google News en España”, escribió Gingras en una entrada de blog, apuntando ya a una estrategia que la compañía y Meta usarían en futuras negociaciones.

La ley francesa de 2019 fue un nuevo golpe, pues obligaba a Google a pagar para mostrar “snippets” —sumarios con fotos de artículos de noticias— en los resultados de búsqueda. Para evitar pagar, Google eliminó los fragmentos de titulares e imágenes y dejó únicamente los titulares en los resultados de búsqueda.

Pero las compuertas se abrieron con la aprobación del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, por sus siglas en inglés, News Media Bargaining Code) de Australia en febrero de 2021. El código permite obligar a las plataformas tecnológicas y a los editores de noticias a negociar. Aunque ese poder nunca se ha utilizado, la amenaza fue suficiente para presionar a Google y Meta a firmar acuerdos con las empresas de medios de comunicación para utilizar sus contenidos.

Algunos grandes medios de comunicación impulsaron el código con ahínco, mientras Google, Meta y sus partidarios lo criticaban con fuerza. Nick Clegg, entonces jefe de asuntos públicos de Meta, calificó el código como “la solicitud encubierta de un subsidio, basada en distorsiones sobre cómo funciona internet”.

Mientras tanto, algunos legisladores australianos planteaban que era una herramienta necesaria para reequilibrar el mercado de publicidad en línea. Josh Frydenberg, ex Tesorero de Australia, dijo en un discurso sobre el proyecto que el código “abordaría los desequilibrios de poder de negociación que existen entre las plataformas digitales y las empresas de medios australianas”.

En el siglo pasado, la publicidad fue una de las principales fuentes de ingresos de la prensa, pero desde que los anuncios se trasladaron a internet, empresas como Google y Meta se han quedado con la mayor parte de los ingresos. El año pasado, el mercado mundial de publicidad en línea alcanzó el billón de dólares en ingresos por primera vez.

Google y Meta ha dominado por mucho tiempo el mercado de la publicidad digital. Según cifras de Check My Ads, Google se quedó con el 39 por ciento de las utilidades de toda la industria de la publicidad en el planeta en 2023, mientras que Meta obtuvo el 18 por ciento.

 En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. Dijo que Google controlaba el 91 por ciento del mercado de sistemas de publicidad digital para medios de comunicación (publisher ad server market, el conjunto de tecnologías que les permiten a los medios digitales ofrecer, vender y mostrar avisos publicitarios). La empresa dice que, cuando se toma en cuenta el total de la industria de publicidad digital, la proporción que está en sus manos es más cercana al 10 por ciento.

Mientras tanto, los periódicos y medios periodísticos han visto desaparecer su modelo de negocio basado en los anuncios. Las redacciones menguantes, los salarios a la baja y las condiciones laborales precarias muestran que hay menos recursos para hacer un periodismo que busque que los poderosos rindan cuentas. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que los medios de noticias de todo el mundo enfrentan en 2025 más presion económica que nunca antes.

“No podemos subrayar lo suficiente lo grave que se ha vuelto la situación para el periodismo comunitario”, dijo Chris Ashfield, presidente de la Saskatchewan Weekly Newspapers Association, un gremio de periódicos locales de esa provincia en el oeste de Canadá, ante legisladores canadienses en septiembre de 2022. “Los ingresos publicitarios han caído hasta el punto de que la mayoría de los periódicos comunitarios operan con una nómina esquelética”.

Durante la década de 2010, la fuerza laboral periodística en Australia se redujo casi un 19 por ciento. En Canadá, entre 2008 y abril de 2025, han cerrado 566 medios locales en 372 comunidades. En Brasil, 1.460 medios han cerrado desde el año 2000, según investigaciones de Atlas da Notícia.

País

Proyecto

Año de introducción

Estado

España

Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital

2014

Aprobada en 2014

Francia

Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital

2015

Aprobada en 2015

Australia

Código de Negociación de Medios de Noticias

2020

Aprobado en feb. de 2021

Brasil

Proyecto de Ley de Noticias Falsas

2020

Rechazado en may. de 2023

Canadá

Ley de Noticias en Línea

2022

Aprobada en jun. de 2023

Indonesia

Reglamento Presidencial sobre Derechos de los Editores

2024

Promulgado en feb. de 2025

Sudáfrica

Investigación de mercado sobre Medios y Plataformas Digitales

2023

Primer informe publicado en 2024

India

Ley de India Digital

2023

En curso

Japón

Regulación sobre la Responsabilidad de las Plataformas Digitales de Apoyar el Periodismo de Calidad

2024

Emitida en feb. de 2024

Malasia

Ley Integral de Seguridad en Línea

2024

En consideración

Nueva Zelanda

Proyecto de Ley de Negociación de Noticias Digitales Justas

2023

Presentado en sept. de 2023

Taiwán

N. D.

2023

En fase de estudio de mercado

Estados Unidos

Ley de Competencia y Preservación del Periodismo

2023

Rechazada en 2023

Para abordar el problema, el regulador de competencia de Australia lanzó en 2018 una investigación sobre el dominio de mercado de Google y Meta. Eso ayudó a que el gobierno del país introdujera el proyecto del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, News Media Bargaining Code) a finales de 2020.

Ese código exigía a las compañías compensar a los editores por los “snippets” de noticias con foto y titular que aparecían en Facebook o en los resultados de Google y otros productos, fragmentos que —argumentaban los medios— daban a los usuarios suficiente información como para evitar visitar las webs de los medios. Google y Meta no estaban de acuerdo. Argumentaron que los códigos “romperían el buscador de Google” y dijeron que sus plataformas en realidad ayudaban a los medios, pues hacían que los usuarios de Google visitaran sitios de noticias 24.000 millones de veces cada mes.

También convocaron a diversos críticos del proyecto, incluido el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, quien no estaba de acuerdo con la idea de que Google y Meta “robaran” contenido de los medios.

Decir que Google y Meta “robaron” dinero de publicidad de los medios de comunicación “simplemente es un mal análisis”, dijo Gingras en una entrevista par esta investigación. “Lo más importante es que el mercado de publicidad es dramáticamente diferente”.

En febrero de 2021 se aprobó el NMBC. Google y Meta podrían eludir el requisito de pagar las tarifas obligatorias negociando directamente con las plataformas, y eso es precisamente lo que hicieron con algunos medios. Justo después de su entrada en vigor, el NMBC pareció tener el efecto deseado. Un estudio del Australia Institute reportó que los anuncios de empleo para periodistas aumentaron un 46 por ciento y se crearon varios cientos de puestos, aunque el estudio señaló que era difícil calcular la contribución directa del código a este crecimiento de las plazas de empleo para periodistas, por el carácter secreto de los acuerdos.

Otros gobiernos empezaron a presentar su propia legislación. Brasil incluyó la compensación a medios en su proyecto de ley de ‘Fake News’, de 2021. Canadá realizó consultas en 2021 y presentó el proyecto que se convertiría en la Ley de Noticias en Línea en 2022. El Reglamento Presidencial de Indonesia sobre Derechos de los Editores se emitió en 2024. Incluso California, donde nació Google, presentó la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA) en 2023, tras la radicación, ese mismo año, de un proyecto de ley federal de Competencia y Preservación del Periodismo. 

El manual de Google

En medio de esa tormenta regulatoria, Google y Meta necesitaban responder a todas esas iniciativas. Y hacerlo rápido.

“Google es una empresa global”, dijo Madhav Chinnappa, exejecutivo de Google News en una entrevista con esta alianza periodística. “No le sirve tener 193 maneras distintas de relacionarse con la industria de las noticias”. Aseguró que el conjunto de estrategias que la empresa utilizó para argumentar contra la legislación en cada país fue fruto de aprender y perfeccionar una forma de abordar la situación. “De hecho, lo que quieres es que exista un manual, porque te da mayor coherencia”.

Aunque las grandes corporaciones de noticias hicieron un lobby agresivo en busca de e códigos de negociación o leyes de derechos de autor, sus campañas a menudo carecían de la financiación y el alcance global con que cuentan Google y Meta. Cuando el estado natal de Google debatía con intensidad la CJPA, la compañía gastó 10,7 millones de dólares en lobby en California en un solo trimestre de 2024. Eso es casi 50 veces el gasto trimestral promedio de Google en el estado desde 2021. La News Media Alliance, un gremio que representa a alrededor de 2.200 empresas periodísticas en Estados Unidos y apoyaba ampliamente la CJPA, también aumentó su gasto en lobby en California en el mismo trimestre, pero apenas desembolsó 70.000 dólares.

En Brasil, Google gastó casi 400.000 dólares en anuncios en Facebook y Spotify, en periódicos, radios y vallas publicitarias para criticar el Proyecto de Ley de Noticias Falsas, que incluía una disposición para que las Big Tech compensaran a los medios de comunicación. Incluso, según lo afirmó una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ajustó sus algoritmos de búsqueda para direccionar a sus usuarios hacia contenidos negativos sobre esa propuesta de legislación —aunque Gingras niega que eso sea cierto. Cuando se acercaba el voto del proyecto de ley en el Congreso, las visitas de los representantes de las Big Tech aumentaron.

Entre marzo y junio de 2023 hubo más visitas de lobistas que en los 18 meses anteriores, según datos recopilados por Agência Pública, miembro de esta alianza periodística, para esta investigación. Días antes de la votación, Henrique Mattos, entonces jefe de alianzas de noticias en América Latina, defendió en una entrada de blog la idea de un fondo privado establecido por Google, afirmando que podría “beneficiar a toda la industria y no solo a medios selectos o grupos específicos”, como haría la llamada “ley de las Fake News”.

Pero aquello fue solo otra táctica, dice Carla Egydio, lobista de la Asociación de Periodismo Digital (Ajor), el mayor grupo de medios en línea del país. “Nos dijeron: ‘miren, creemos que la solución de Australia no es muy buena. Pensemos en otro modelo, como el fondo en Taiwán, un fondo privado’. Esto nos lo dijeron en privado muchos ejecutivos y también de manera colectiva. Pero nunca mostraron un plan concreto”, afirmó. Para ella, el fondo fue en realidad una táctica para desviar el debate.

Canadá aprobó la Ley de Noticias en Línea en 2023 y la Directiva de Derechos de los Editores de Indonesia se implementó en febrero de 2024. Pero la “ley de las Fake News” brasileña murió; y tanto la CJPA de California como proyecto de ley federal de compensación periodística, presentado por la senadora demócrata Amy Klobuchar y el senador republicano John Kennedy, fueron abandonados después de la presión y ofertas de financiación de Google y Meta para financiar proyectos en las salas de redacción.

Grupos mediáticos como NewsCorp, en Australia, Grupo Globo, en Brasil, o Postmedia en Canadá, tienen grandes plataformas con las que pueden influenciar a los políticos y la opinión pública. En Canadá, por ejemplo, los grandes periódicos representados por News Media Canada publicaron una página en blanco como portada en 2021, con el texto “imagina si las noticias no estuvieran aquí”, en un esfuerzo para animar a los legisladores para que obligaran a las Big Tech a pagar por contenidos noticiosos antes de que la ley de códigos de negociación fuera presentada oficialmente en el país. En Brasil, antes de la votación, TV Globo transmitió un panel prorregulación hecho en la Universidad de Río de Janeiro con varios ministros (magistrados) de la Suprema Corte, el Ministerio de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados.

Pero las tecnológicas también pueden ejercer presión a través desu control de los entornos digitales. La posición dominante de Google en el mercado de búsquedas significa que la amenaza de bloquear enlaces a sitios de noticias de su buscador, por ejemploi, podría representar una seria amenaza para las empresas periodísticas.

 En Brasil y Canadá, los proyectos se volvieron controversiales. Voces críticas —desde think tanks hasta organizaciones civiles, comentaristas, youtubers e investigadores— empezaron a tacharlos de ser “impuestos al link” y de simples maniobras para obtener algún dinero.

Uno de los argumentos más eficaces fue que los códigos de negociación podrían perjudicar a los medios pequeños. Tras la aprobación de la ley australiana, representantes de las tecnológicas dijeron que la ley benefició desproporcionadamente a News Corp Australia, la empresa de medios más grande y rica del país. El conglomerado propietario de News Corp Australia, antes presidido por Rupert Murdoch, también es dueño de Fox News, New York Post, Wall Street Journal y el británico The Sun.

News Corp fue un gran impulsor del código australiano e hizo lobby para lograr su aprobación. El papel activo del gigante mediático en el impulso de esta ley en Australia se convirtió en un argumento clave para Google y Meta en otros países, donde argumentaron que la legislación sólo beneficiaba a los grandes medios.

Representantes de Google, Meta, X (antes Twitter) y Mercado Libre escribieron en una carta abierta al gobierno de Brasil que el elemento de códigos de negociación del proyecto de ley de ‘Fake News’ “podría, en última instancia, beneficiar solo a los grandes medios tradicionales, perjudicando al periodismo local e independiente y limitando el acceso de las personas a fuentes diversas de información”.

Las Big Tech impulsaron argumentos similares en Canadá, Australia, Indonesia y California. Gingras dijo eso mismo en una entrevista: “Los códigos de negociación en Australia, Brasil y Canadá no fueron impulsados por los medios pequeños. Los impulsaron Globo, News Corp y Postmedia”.

Divide y vencerás

 “En aquel entonces, la narrativa era que solo beneficiaría a los grandes medios”, dijo la directora de una ONG de apoyo al periodismo que, en su momento, firmó una petición conjunta pidiendo retirar el código de negociación del proyecto de noticias falsas en Brasil. “Nos decían que era la estrategia de Rupert Murdoch y que los medios pequeños en Australia no recibieron nada”.

Pero luego, representantes de medios brasileños lograron reunirse con sus homólogos australianos. Y lo que escucharon fue distinto: en Australia los medios más pequeños se habían agrupado, y fue la ley de negociación de compensaciones a los medios la que obligó a Google a negociar con ellos. “No sabíamos realmente qué estaba ocurriendo en Australia porque no teníamos contacto directo con nadie allí. Y todo lo que veíamos —los contenidos, los estudios que nos llegaban—, cuando lo mirabas bien, provenía de una organización financiada por Google”, dijo el ejecutivo brasileño.

Los medios pequeños tenían motivos para preocuparse. Los grandes tenían una voz más potente y una línea más directa con los legisladores. News Media Canada, por ejemplo, que representa a algunos de los mayores medios del país, fue un fuerte partidario del proyecto y presionó con frecuencia sobre el tema.

Mientras tanto, los medios más pequeños no tenían personal ni financiación para pagar a un lobista a tiempo completo. Así que esos medios canadienses se unieron para formar una coalición llamada Press Forward. El grupo expresó inquietudes y pidió cambios para asegurarse de que los grandes medios propiedad de fondos de capital riesgo o financiados por el gobierno no fueran los únicos beneficiados.

Google intentó alinearse con el grupo, llegando incluso a ofrecer informalmente pagar un lobista para los medios en una conferencia de Google en Montreal en 2022, según informó el National Post. Tras considerar la propuesta, Press Forward decidió finalmente rechazarla.

Maria Saras-Voutsinas, presidenta del National Ethnic Media and Press Council of Canada (NEMPCC), dijo que, cuando se introdujo por primera vez la Ley de Noticias en Línea de Canadá, temía que sus miembros volvieran a quedar fuera en favor de los medios tradicionales. Su organización apoya a reporteros y editores de más de 75 medios en terceras lenguas en todo el país, muchos con de ellos con equipos muy pequeños.

Pero, pese a que decían que la ley canadiense afectaría a las publicaciones más peqieñas, Google y Meta también tendían a cerrar acuerdos con medios grandes. Por medio del programa Google News Showcase, la compañía firmó acuerdos de licenciamiento con 11 de los medios de comunicación más grandes de Canadá.

Saras-Voutsinas dijo que su grupo tenía un acuerdo de formación con Meta antes de que se introdujera la ley canadiense, pero sin dinero asociado. Cuando pidió a la compañía financiación para sus miembros, “esa conversación murió”, afirmó. “En cuanto hubo una solicitud… muerta”. Dijo que pasó algo similar con Google.

Solo se enteró de que otros medios estaban recibiendo subvenciones o acuerdos lucrativos con las empresas cuando eso salió a relucir durante el debate del proyecto. “Te hace sentir como un pececito diminuto en un mar enorme”, dijo. “Que, por desgracia, es como nos sentimos en todo ese proceso”.

El NEMPCC terminó aliándose con News Media Canada para apoyar que la ley fuera aprobada. Lo mismo ocurrió en Australia. “Fue una lucha como la de David contra Goliat”, dice Nelson Yap, copresidente de la Public Interest Publishers Alliance, que representa a medios pequeños en todo el país. “Necesitábamos formar una asociación para poder conseguir acuerdos. No podemos pagar lobistas, pero somos 24 medios y representamos a parte de la comunidad”. Para aumentar la presión, estas empresas periodísticas lograron que algunos senadores escribieran cartas en su nombre a Google y Facebook. Fue solo tras mucha presión que todos los miembros de la alianza consiguieron un acuerdo.

Construyendo relaciones

En mayo de 2023, Google celebró su “desconferencia” Newsgeist en São Paulo, Brasil. Liderada por Google News Initiative, Newsgeist es una conferencia a la que solo se puede acceder con invitación, que reune representantes de los medios y la industria tecnológica. Hacía solo algunos días que los congresistas habían puesto en pausala votación del proyecto de ley de noticias falsas, y la ley era el tema que estaba en la mente de todos el mundo.

Periodistas de medios pequeños y grandes se mezclaron, mientras debatían el futuro de las noticias en Brasil entre charlas relámpago de cinco minutos, partidas de Werewolf, un juego de rol, y descansos para comer. En la agenda, que había sido construida a partir de propuestas de los asistentes, hubo algunas sesiones sobre el proyecto. Pero la programación del día comenzó con una crítica de Paula Miraglia, propietaria de un medio digital, criticando a Google por poner a los ciudadanos en contra de la ley de “Fake News”.

“Es incompatible afirmar que están del lado del periodismo si tienen una injerencia tan fuerte en el proceso legislativo y regulatorio de un país. No pueden jugar por los dos bandos”, dijo. “En el futuro, miraremos atrás y veremos a las tecnológicas causando daños equiparables a los de las industrias del petróleo, el alcohol y las armas: daños igual de graves. Y esas industrias, para bien o para mal, al menos fueron mínimamente reguladas en algún momento”.

Al día siguiente, Google se reunió en privado con representantes de Ajor, la mayor asociación de medios digitales del país. Los asistentes dicen que la asociación, que recibía gran parte de su financiación de Google y otras grandes tecnológicas, fue presionada para oponerse al código de negociación propuesto en el proyecto y, en cambio, abogar por un fondo privado creado por Google.

Después de que la asociación decidiera defender la regulación, su financiación se redujo progresivamente, según fuentes internas reservadas. Esta investigación halló que, a menudo, donde había una propuesta de código de negociación en ciernes, Google organizaba un Newsgeist.

En mayo de 2022, Google celebró Newsgeist en Montreal, Canadá, apenas un mes antes de que el gobierno presentara oficialmente la Ley de Noticias en Línea. La primera vez que Newsgeist se celebró en Europa fue en 2015, un año después de que España aprobara una ley de derechos de autor con compensación a medios.

En 2019, Singapur acogió el primer Newsgeist en Asia, el mismo año en que el país presentó un proyecto de ley de noticias falsas que regularía el contenido informativo en las plataformas tecnológicas. “Este tipo de eventos más exclusivos que organizan las plataformas y algunas de las alianzas que desarrollan en relación con esos eventos forman parte, claramente, del modelo de captura de la plataforma”, dice la doctora Julie Posetti, vicepresidenta de investigación global del International Center for Journalists, una organización sin ánimo de lucro que apoya a periodistas. Señala que estos eventos hacen que los periodistas se sientan como “insiders con relaciones con los actores corporativos dentro de estas empresas”.

Nunca se ha celebrado un Newsgeist en Australia, aunque Gingras asistió a paneles y encuentros con asociaciones de medios digitales e instituciones académicas por todo el país en 2017 y 2018, antes de que el NMBC se presentara oficialmente. En una entrada del blog de Google de junio de 2020 titulada “Poniendo en claro el registro sobre las noticias”, Gingras escribió sobre “recientes afirmaciones inexactas acerca de cómo trabaja Google con la industria informativa y nuestro intercambio de valor con los editores”. Y rechazó la premisa del código. “Enviar gente a los sitios de los editores, y no mantenerles ‘encerrados’ en productos de Google, como algunos afirman, es una forma clave en la que aportamos valor a la industria de noticias. Cada mes enviamos a usuarios de Google a sitios de noticias 24.000 millones de veces”, escribió.

Gasto estratégico

Google y Meta han estado financiando redacciones durante más de una década. En 2015, un año después de que España aprobara su ley de derechos de autor, la Digital News Initiative comenzó a funcionar en Europa.

Bajo el liderazgo de Gingras, el programa más tarde se convirtió en Google News Lab, luego en Google News Initiative (GNI) y se expandió globalmente en 2018. Google dice que ha entregado 300 millones de dólares estadounidenses al año a miles de redacciones a través de la GNI.

La iniciativa dio que hablar en el sector en un momento de caída de ingresos, y es uno de los logros de los que Gingras se muestra más orgulloso. “Invertimos enormes cantidades de dinero durante ocho o nueve años para impulsar la innovación. Estoy muy orgulloso de ello”, dijo en mayo a un entrevistador del Nieman Lab de la Universidad de Harvard.

Meta también ha aportado millones de dólares a medios, financiando programas de verificación de datos y de formación desde 2016. Eso fue antes de que la empresa se apartara del contenido de noticias, llevándose su dinero consigo.

Pero un investigador y varias fuentes internas afirman que hay algo más que filantropía detrás de la financiación de las compañías. “Un factor por lo menos importante, al que yo atribuía a esta financiación en aquellos días, era gestionar la presión regulatoria”, dijo Charis Papaevangelou, investigador de la Universidad de Ámsterdam que estudió durante tres años los patrones de financiación de Google y Meta.

La investigación de Papaevangelou halló que, aunque Google financiaba medios en todo el mundo, la mayor concentración de beneficiarios de subvenciones entre 2020 y 2022 se encontraba en Estados Unidos, Brasil y Canadá, todas áreas que contemplaban o debatían activamente códigos de negociación en ese periodo. Empleados de Google que estuvieron involucrados en el primer fondo, el DNI, rechazan que se tratara de una táctica de lobby. “La DNI no fue una respuesta directa a la presión política. Se trataba de entender por qué había esa presión y abordar los problemas de fondo”, dijo Madhav Chinnappa, que trabajó en Google entre 2010 y 2023 y ayudó a fundar la GNI. Otras fuentes internas que hablaron para esta investigación coinciden.

“Google intentó desempeñar un papel positivo invirtiendo dinero en innovación y fomentando una nueva generación de actores y nuevas empresas de noticias para promover la diversidad de opiniones. No necesariamente para retribuir a los editores o hacer lo correcto, sino para dar una respuesta a las crecientes críticas a medida que aumentaba la presión regulatoria”, afirma un antiguo ejecutivo de Google procedente del sector de la información. “Pero en algún momento quedó claro que, especialmente en Europa, la regulación llegaría de todos modos. La mayoría de los editores buscaban en realidad algún topo de subsidio, sin ninguna contrapartida real”.

Gingras señala que, aún cuando trabajaba como director de medios de comunicación, nunca estuvo de acuerdo con que Google “destruyó nuestro negocio”. “Pienso que, si somos honestos, las empresas de medios casi nos suicidamos por falta de visión”, dijo.

“Esto puede ser un poco provocador, pero de alguna manera tenemos una deuda con Google. Google ha sido el principal proveedor de tráfico gratuito. Google les dio a las empresas de medios la posibilidad de monetizar sus audiencias — e incluso de convertirlas en valiosos suscriptores; si tan solo hubiéramos sido capaces de pensar de esa manera desde el día uno”.

Pero algunos investigadores tienen otra visión sobre los objetivos de los programas periodísticos de Google. “Mi conclusión es que, en última instancia, se trataba en gran medida de intentar aplacar cualquier esfuerzo por forzar a estas empresas a rendir cuentas, y presentarlas como actores tecnológicos benignos, amigos de los periodistas, amigos de los medios de interés público. Esto formaba parte de una estrategia para influir, en última instancia, en reguladores y legisladores”, afirma Julie Posetti.

 Las críticas también se escuchan dentro del sector. Cientos de redacciones indonesias han recibido financiación de la GNI para formaciones y programas de periodismo. Pero Firdaus, presidente de la Indonesian Cyber Media Union, sostiene que los programas de capacitación son un mero lavado de imagen.

“Pero es mejor que nada”, dijo Firdaus. “Somos medios pequeños… somos muy pobres”. Aun así, la amenaza de que se retire la financiación es una preocupación seria para algunos medios.

En Brasil, ejecutivos de Google sugirieron, en una entrada de blog del 29 de abril de 2023, apenas un par de días antes de que se votara el proyecto de ley de “Fake News”, que su aprobación pondría en peligro los acuerdos de la empresa con los medios. Leonardo Attuch, propietario del popular portal de izquierda Brasil 247, expresó a funcionarios del gobierno su preocupación de que se recortara la inversión de Google en los sitios progresistas. Dijo también que solo medios grandes, como Globo, se beneficiarían de los códigos de negociación.

El sitio de Attuch, que es seguido atentamente por miembros del gobierno, fue un crítico elocuente del proyecto de ley. Pero a medida que continuaban los desafíos regulatorios y de derechos de autor, Google incrementó su financiación directa a medios. En octubre de 2020 lanzó Google News Showcase. El director ejecutivo, Sundar Pichai, dijo que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en noticias en todo el mundo mediante contratos de licencia individuales bajo Showcase.

Para el lanzamiento, el 1 de octubre, 200 medios ya habían firmado contratos, con publicaciones de Australia, Argentina, Alemania y Brasil entre las primeras. Solo un día después, la empresa pausó el despliegue en Australia, amenazando con retener la financiación a sus socios australianos por “consideraciones regulatorias” mientras se debatía el NMBC.

La financiación a través de Showcase también fue una táctica de lobby en Brasil. Allí, Google solicitó que se modificara una cláusula sobre compensación informativa en la Ley de Noticias Falsas para acomodar pagos ya realizados a sus socios mediáticos.

Contratos revisados por estas alianza periodística también revelan que los acuerdos de Showcase contienen ciertas condiciones, como el reconocimiento de que el tráfico de la Búsqueda de Google era una remuneración suficiente por el contenido utilizado en su producto estrella. “El tráfico que Google envía a las propiedades en línea del Editor es una remuneración suficiente por la indexación, la exhibición y otros usos similares del contenido de las publicaciones del Editor en relación con los servicios de referenciación automatizada de Google (p. ej., Búsqueda y productos y servicios similares)”. (Ver historia Arrendando al enemigo)

La empresa sigue cerrando más acuerdos. Se están negociando contratos de Showcase con medios en Indonesia como parte del código de negociación de ese país, y en Brasil se están renovando contratos trienales de Showcase. 

La influencia del gobierno de EE. UU.

Días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump revelara su esperada lista de aranceles del “Día de la Liberación” en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó un informe de 397 páginas que detallaba las políticas de otros países que, consideraba, perjudican a la economía estadounidense. En el informe de la USTR aparecían, de manera destacada, los códigos de negociación de noticias de Canadá y Australia.

En octubre de 2024, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), cuyos miembros incluyen a Google, Meta y Amazon, envió quejas a la USTR por las leyes de regulación tecnológica en varios países. El documento se refería a los códigos de negociación y otras medidas fiscales en decenas de países, incluidos Brasil, Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Australia.

El documento las denomina “Transferencias forzadas de ingresos para noticias digitales” y afirma que tales leyes son una “intervención gubernamental injustificada” que “impone importantes externalidades negativas a los proveedores de servicios en línea, así como al ecosistema más amplio de internet, especialmente cuando el número de adultos estadounidenses que obtienen sus noticias de las redes sociales sigue aumentando”. “El ejemplo de Australia se ha extendido a otras jurisdicciones, un desarrollo reciente que merece atención y reacción por parte del gobierno de Estados Unidos antes de que se acelere”, concluye el informe.

Desde la elección de Trump, la administración ha presionado a países para que reversen regulaciones tecnológicas que, según sostiene, apuntan de forma injusta a empresas estadounidenses. Luego de anunciar que anularía un Impuesto a los Servicios Digitales del 3 por ciento para la mayoría de las compañías, el primer ministro canadiense Mark Carney insinuó que la Ley de Noticias en Línea también podría ser rescindida.

Las amenazas arancelarias de Trump, al menos en parte, retrasaron el trámite de la más reciente iteración del código australiano (NBIC, News Bargaining Incentive Code). El gobierno australiano comenzó a redactar el nuevo incentivo en 2024. Los cambios propuestos impedirían que las tecnológicas quedaran exentas de la ley negándose a difundir contenido informativo.

“Las plataformas tendrán la opción de pagar un impuesto o dar dinero a los editores; lo debería brindar más seguridad al sector”, dijo Margaret Simons, directora del Centro para el Avance del Periodismo de la Universidad de Melbourne. El anuncio de la nueva política propuesta llegó varios meses después de que Meta reveló que no renovaría ninguno de sus acuerdos con medios australianos.

Google también ha empezado a retirarse de sus acuerdos con los medios. En junio, anunció que cancelaba 24 de los acuerdos firmados en virtud del código tras una “revisión interna”, pese a que había prometido a las empresas de medios financiación para cinco años.

Pero las amenazas arancelarias de Trump aparentemente retrasaron el nuevo incentivo, “como una precaución ante cualquier pronunciamiento que pudiera interpretarse como un castigo a empresas estadounidenses”, según informó The Sydney Morning Herald.

Nuevos registros del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, obtenidos por esta investigación, muestran que el embajador del país en Estados Unidos, Kevin Rudd, se reunió con las grandes tecnológicas para discutir el nuevo incentivo en varias ocasiones en marzo de 2025. Correos internos revisados por esta investigación también muestran que las máximas lobistas de Meta en Australia, Cheryl Seeto y Mia Garlick, se reunieron con personal de la oficina del entonces asistente del tesorero Stephen Jones en Canberra sobre el nuevo incentivo en marzo, semanas antes de que el gobierno laborista comenzara su campaña de reelección.

Varias fuentes mediáticas han señalado que el gobierno, que fue reelegido por otros tres años en mayo, sostiene en privado que mantiene su compromiso de seguir adelante con el incentivo. La entonces ministra de Comunicaciones dijo a esta alianza periodística que el gobierno continuaría trabajando para implementar el incentivo a pesar de las amenazas comerciales. “Este es un gobierno que se relaciona con nuestro aliado más cercano y querido, independientemente de qué administración ocupe la Casa Blanca, y seguiremos haciéndolo”, dijo Michelle Rowland, quien desde entonces ha sido nombrada fiscal general de Australia.

“Hemos dejado muy claro públicamente a Estados Unidos que eso no está sobre la mesa”, dijo. Se prometió un documento de consulta sobre la nueva iniciativa para la primera mitad de 2025, pero a inicios de agosto aún no se había publicado.

El gobierno de Indonesia emitió su Reglamento Presidencial sobre Derechos de las Empresas Periodísticas en 2024 y lo promulgó en febrero. La norma regula la relación entre empresas y plataformas digitales para apoyar el periodismo de calidad en el mundo digital.

La Cámara de Comercio Americana en Indonesia se reunió con el Ministerio de Comunicaciones del país para discutir la ley antes de su firma en 2024. Antes hubo otras reuniones sobre regulaciones a compañías de plataformas digitales de organizaciones alineadas con el gobierno estadounidense que promovieron los intereses de ese país en la región.

La amenaza: “Con un clic podrían hacerlo desaparecer”

“Si pudiera volver atrás en el tiempo y tener 0 dólares de [la Ley de Noticias en Línea] y a Meta de vuelta en el sector, lo preferiría”, dijo Jeff Elgie, director ejecutivo de Village Media, una empresa que posee 33 sitios de noticias locales en Ontario, Canadá. Elgie fue una de las cosas más críticas de los códigos de negociación durante su proceso legislativo. También mantiene una cercana relación con Gingras. Elgie sostiene, hasta hoy, que la ley C-18 causó daños. Elgie dice que su oposición a la ley no tiene nada que ver con su relación con Google y con Gingras.

Después de que Canadá aprobara su Ley de Noticias en Línea en junio de 2023, Meta dijo que bloquearía las noticias en sus plataformas para evitar someterse a la normativa. A comienzos de agosto de ese año, los canadienses que intentaran acceder a contenido informativo en Facebook o Instagram veían una pantalla en blanco, y un aviso que decía que “en respuesta a la legislación del gobierno canadiense, el contenido de noticias no puede verse en Canadá”, vinculando la medida a la regulación y no a una decisión corporativa de la plataforma.

Como resultado directo del bloqueo, medios de noticias canadienses reportaron una caída del 43 por ciento en sus interacciones en redes sociales. “En el futuro, esperamos que el gobierno canadiense reconozca el valor que ya aportamos a la industria informativa y considere una respuesta política que defienda los principios de un internet libre y abierto”, dijo la principal lobista de Meta en Canadá, Rachel Curran, en un comunicado sobre la decisión de la empresa de bloquear noticias el 1 de agosto de 2023.

Meta ya había hecho esa amenaza varias veces. En Australia, Meta bloqueó enlaces de noticias en Facebook e Instagram durante cinco días durante las negociaciones del NMBC, provocando que el tráfico de los sitios de noticias del país cayera temporalmente un 13 por ciento. Tras lograr concesiones del gobierno, Meta restableció el contenido informativo.

En Estados Unidos, senadores tenían previsto incluir la ley federal de Compensación y Preservación del Periodismo en una ley de gasto de 2022, pero desistieron después de que Meta amenazara con bloquear las noticias si se aprobaba. La empresa hizo lo mismo en California en 2024, cuando el estado debatía la CJPA. Meta hizo amenazas similares en Indonesia en 2023. El director de políticas públicas de Meta en el sudeste asiático, Rafael Frankel, sostuvo que Meta “a su pesar” tendría que aplicar la misma política en Indonesia. Y en Brasil, aunque no hizo amenazas públicas, fuentes internas afirmaron que Meta decidió que no cumpliría si se aprobaba un código de negociación.

La medida ha tenido consecuencias reales. Incluso un bloqueo de corta duración en Australia llevó a que algunas personas se perdieran información vital sobre la COVID-19 y desastres naturales.

En los Territorios del Noroeste de Canadá, donde muchas personas dependen de Facebook para informarse, la gente se perdió información crucial sobre la propagación de los incendios forestales en 2023, durante una de las temporadas más destructivas registradas en el territorio. Google también amenazó con retirar las noticias. Realizó “pruebas” cortas de un bloqueo mientras se debatían los proyectos en Canadá, Australia, Europa y Estados Unidos para “evaluar” cómo podría afectar al tráfico una desindexación permanente del contenido informativo.

Wahyu Dhyatmika, presidente de la Asociación de Cibermedios de Indonesia, dijo que un representante de Google le explicó lo fácil que sería desindexar noticias en la región. “Es con solo hacer clic en un botón”, aseguró. “Registraron todas las URL que tienen noticias, creo que tenían unas 3.000 o 4.000, y con un clic podrían desindexarlas y hacerlas desaparecer”.

Sin embargo, tras años de amenazas de retirar el contenido informativo, Google nunca lo ha hecho por completo porque “nunca hemos tenido que hacerlo”, dice Gingras. Chinnappa dijo que no debería verse como una amenaza la promesa de Google de retirarse de un, sino como un ejemplo de que la empresa sigue la ley. “Google intenta cumplir las leyes en cada país en el que opera”, afirmó, “si las leyes son demasiado onerosas, entonces no operará”.

Gingras está de acuerdo. “Si básicamente estás diciendo que tenemos que pagar por cada link cuando no hay dinero de por medio de una búsqueda de noticias, entonces vamos a tener que usar menos links”. Google, dijo Chinnappa, “nunca quiere retirarse de un país, especialmente de un país democrático”.

En España, el único país donde Google dejó de ofrecer su servicio Google News, dedicado a las noticias, los editores digitales vieron una caída inicial del tráfico en 2014. Pero un estudio halló que solo el cuatro o cinco por ciento del tráfico externo venía de Google News. Hace cuatro años cambió la ley de derechos de autor en España y se restableció Google News. Showcase se relanzó en el país poco después y muchos medios digitales celebraron su regreso.

Documentos internos revisados por esta investigación muestran que Google también planeó bloquear enlaces a noticias en Canadá tras la aprobación de la Ley de Noticias en Línea. “Hemos sido claros en que una legislación impracticable podría llevar a cambios que afecten la disponibilidad de noticias en los productos de Google en Canadá”, escribió el asesor jurídico interno de Google, Kent Walker, a la entonces ministra de Patrimonio de Canadá en un correo del 23 de junio de 2023, un día después de que se aprobara la ley.

La empresa finalmente dio marcha atrás en su idea de desindexar las noticias canadienses tras permitírsele negociar un acuerdo para quedar exenta de la ley. La compañía prometió gastar 73 millones de dólares al año durante cinco años para apoyar el periodismo en Canadá. Google eligió al Canadian Journalism Collective (CJC) para distribuir los fondos, una nueva organización creada apenas un mes antes de que Google la seleccionara.

Al formarse, la organización estaba liderada por algunos de los críticos más férreos de la Ley de Noticias en Línea, como Erin Millar, directora ejecutiva y cofundadora de Indiegraf, una organización para apoyar medios emergentes, y Jeff Elgie, de Village Media. Ambos tenían relaciones profesionales previas con Google o Gingras, y ambos habían recibido financiación significativa de la compañía. El pasado invierno, Gingras fue nombrado presidente de la junta de Village Media. 

Reescribiendo la narrativa

Tanto Meta como Google sostienen que las noticias no les aportan casi ningún valor. “Las consultas sobre noticias en el buscador de Google son menos del dos por ciento del total de búsquedas”, dijo Gingras a un grupo de senadores canadienses en 2023. “Los ingresos que obtenemos directamente de las noticias en nuestros productos son incluso inferiores a eso”.

 Meta afirma que las noticias representan el tres por ciento del contenido en Facebook. A principios de este año, cuando Google intentó bloquear las noticias para el uno por ciento de usuarios en Europa durante dos meses y medio, reportó que sus ingresos no cambiaron y que el uso del buscador cayó menos de un uno por ciento.

Pero las cifras varían mucho según quién las calcule. Un estudio reciente de la consultora económica suiza FehrAdvice dice que la inclusión de periodismo en los resultados de búsqueda contribuye a que la oferta de Google en Alemania tenga interés y sea confiable y completa. Concluyó que, en promedio, el contenido periodístico aumenta el valor de Google en un 24 por ciento. Un estudio previo de la misma compañía encontró que, en Suiza, el valor percibido de la búsqueda aumentaba un 16 por ciento con la inserción de noticias.

El equipo de noticias de Google cree que su trabajo es un aporte positivo para la industria de los medios digitales. “Estamos dispuestos a hacer más por las noticias de lo que nos aportan”, dijo Gingras a los senadores canadienses en 2023. Pidió a los legisladores que reconocieran “el valor que aportamos, tanto en términos de tráfico como de los muchos otros medios que hemos utilizado para apoyar a la industria informativa en Canadá”.

Pero aunque la compañía no haga dinero por publicidad en búsquedas de noticias, el periodismo probablemente tiene más valor para Google del que la empresa reconoce. La información completa y precisa es “mucho más importante para el producto y la propuesta de valor de Google que para Meta”, dijo Sophia Crabbe-Field, investigadora del Centro para la Democracia y la Libertad de Expresión de la Universidad McGill.

Al excluir el periodismo, Google podría crear un vacío significativo de información para sus productos de búsqueda. Aun así, en muchos países, Google y Meta tuvieron éxito en cambiar el foco del debate sobre los proyectos de ley, que pasó de ser el monopolio del mercado de publicidad a la supuesta amenaza para la libre expresión y llevar a la censura.

“Esto demuestra lo exitosas que pueden ser las grandes tecnológicas al crear estas narrativas, incluso en torno a algo como el periodismo, que es un bien público”, dijo Crabbe-Field, autora de un informe de 144 páginas sobre la Ley de Noticias en Línea y sus consecuencias. “Las Big Tech quieren presentarse como las proveedoras de una web libre”, añadió. “No necesariamente tienen en primer plano nuestro interés democrático y nuestra libertad en su comportamiento”.

En Brasil, el argumento de la libertad de expresión prendió en torno al proyecto de noticias falsas, dice el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu. “La campaña orquestada entre las grandes tecnológicas y facciones de la extrema derecha brasileña no solo buscó suspender la votación del proyecto de ley de noticias falsas, sino que también intensificó los ataques recurrentes al periodismo”, afirmó.

Influencers de derecha afines al expresidente Jair Bolsonaro acusaron a los medios de querer “mamar del dinero público” y censurar la libertad de expresión de los ciudadanos. Bolsonaro ha atacado regularmente a la prensa, y grupos conservadores y evangélicos del país fueron centrales para tumbar el proyecto. El foco principal de esos ataques fue Grupo Globo, el mayor conglomerado mediático de América Latina.

Bolsonaro solía sostener carteles con la frase “Globo lixo” (Globo basura), un hashtag asociado a los días de mayor ruido en redes contra el proyecto, según hallazgos de Netlab, un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y el propio Bolsonaro compartió un artículo de opinión del presidente de Google en Brasil, Fabio Coelho, criticando el proyecto. “¿Está Globo detrás de esto?”, preguntó a sus aliados más cercanos en una lista de WhatsApp curada a mano, de acuerdo con Crusoé, un sitio de noticias.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y congresista, afirmó que la “extrema prensa” quería que el proyecto se aprobara porque “odiaba” internet. Usó su canal de YouTube para llamar al proyecto “Ley de la Censura” y repitió que la norma solo beneficiaría a grandes actores como Globo.

“Mientras señalaban un supuesto ‘sesgo corporativo’ en los medios, en realidad buscaban proteger los intereses comerciales de las plataformas, que están en claro conflicto con el interés público”, dijo Romeu. Una narrativa que, aseguró, “no solo instrumentaliza el odio hacia la prensa como estrategia política, sino que también lo profundiza en la sociedad”. 

El valor futuro de las noticias

En todo el mundo se siguen presentando proyectos de ley y desafíos legales para intentan abordar los desequilibrios entre las noticias y las plataformas en el espacio digital. El 20 de junio, el Consejo Federal suizo propuso cambiar la ley de derechos de autor del país para exigir que las plataformas tecnológicas compensen a las publicaciones por el contenido periodístico mostrado en sus sitios, y al mismo tiempo intentó impedir que las empresas abandonen el negocio de las noticias. Además, el valor de las noticias para las tecnológicas podría estar cambiando a medida que las compañías compiten por crear sistemas de IA cada vez más sofisticados.

Los modelos necesitan entrenarse con grandes volúmenes de datos de calidad. La información verificada, del tipo que producen los medios de información, proporciona eso. Empresas de IA, desde OpenAI hasta Perplexity y Amazon, ya han comenzado a firmar acuerdos de licencia con marcas periodísticas conocidas como The Guardian y The New York Times para contenido pago o de sus archivos.

Mientras Australia se embarca en el proceso legislativo de su nuevo código de negociación, editores y creadores de políticas públicas se preparan para dar una lucha mayor que la de 2021. “La IA debe abordarse como parte de la discusión para dar forma a la legislación, porque esos modelos están obteniendo nuestro contenido único y monetizándolo, y queremos una parte de eso”, dijo Andrew Schreyer, presidente de la alianza de editores Country Press Australia en una entrevista.

Otras jurisdicciones también tienen la IA en su radar. La regulación de Indonesia de 2024, que exige que plataformas y medios negocien, hace que los medios sean optimistas respecto a que la norma existente sea una vía de entrada para futuros acuerdos de IA y pueda generar nuevos negocios para el sector editorial.

El Senado de Brasil también aprobó una ley de IA que incluye pagos por el uso de contenido periodístico y artístico en las IA, pero la norma aún debe votarse en la Cámara de Diputados, donde ya enfrenta oposición. Allí, la fallida pugna por aprobar un código de negociación dejó un legado, según la lobista de Ajor, Carla Egydio. “Esta situación con la ley de noticias falsas abrió la posibilidad de un diálogo. Hoy el campo dialoga más que en 2023. Y creo que eso es un resultado muy positivo”.

La Ley de Noticias en Línea de Canadá se aplica a plataformas de cierto tamaño que “ponen a disposición contenido informativo”. Documentos internos muestran que el gobierno federal se planteó si los chatbots de IA deberían quedar incluidos bajo la ley, aunque el gobierno no ha dado pasos para implementar ese elemento.

El 6 de agosto, The Sydney Morning Herald informó que ejecutivos de algunos de los principales medios australianos habían presionado al gobierno para frenar a las empresas de IA que entrenan sus modelos con contenido noticioso. La noticia se conoció después de que un think tank alineado con el gobierno propusiera que esas empresas obtuvieran una exención de derechos de autor para la minería de datos. Según el reportaje, los medios consideraban pedir al gobierno que les ayudara a cerrar acuerdos comerciales con empresas de IA una vez finalizado el esquema de incentivos.

En Dinamarca, la entidad de gestión colectiva de publicaciones de prensa (DPCMO, por sus siglas en inglés) ha estado negociando acuerdos individuales con redes sociales y plataformas de IA, desde Google hasta ProRata.ai. En julio, la DPCMO anunció que iniciaría acciones legales contra OpenAI, empresa matriz de ChatGPT. Una semana antes, contempló litigios por reclamaciones de derechos de autor sobre contenido periodístico en LinkedIn.

Anya Schiffrin, directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicaciones en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, dice que la batalla por la compensación no ha terminado. Algunos legisladores debaten insertar claúsulas conocidas como must-carry, que obliguen a los medios a ofrecer contenido de noticias para evitar que deban evitar la regulación, dice.

“Todavía hay muchas otras ideas, como créditos fiscales para las noticias, créditos fiscales para la publicidad local”, señala. Lo ideal habría sido que las plataformas aceptaran pagar. “Lo mejor habría sido contar con plataformas decentes. Lo segundo mejor habría sido que pagaran por las noticias y las difundieran. Considerar la obligación de llevar noticias (must-carry) es como la cuarta mejor opción. Pero ahí es donde estamos”, afirma.

En cuanto a Gingras, desde que dejó Google a principios de este año se convirtió en un adalid de las noticias locales, tras sumarse al consejo de Village Media. Tampoco ha dejado de intentar influir en la legislación. Fundó un think tank llamado CNTI —Center for News, Technology and Innovation—, que recibió una generosa subvención de 2,5 millones de dólares de Google luego de constituirse. Y el CNTI ya ha publicado al menos un análisis de las políticas propuestas en 30 países para financiar al periodismo, igual que reportes sobre el uso de IA y la seguridad del periodismo.

“Las políticas públicas sobre la prensa siempre son peligrosas” —dijo Gingras a esta investigación— porque los gobiernos “quieren controlar los ecosistemas de información. Incluso los buenos gobiernos”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

“Trabajé allí durante siete años y, si tuviera que resumirlos en una sola frase, diría que empezó siendo una farsa esperanzadora y acabó en una tragedia llena de oscuridad y arrepentimiento. Yo era una de las personas que asesoraban a la cúpula de la empresa, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, mientras ellos ingeniaban cómo negociaría Facebook con los Gobiernos del planeta. Al final contemplé desesperanzada cómo se plegaban ante regímenes autoritarios como China y engañaban a la opinión pública como si nada”.

Es un fragmento de las memorias de Sarah Wynn-Williams, la que fuera directora de Políticas Públicas de Facebook de 2011 a 2018, su momento de máxima expansión. Esta diplomática neozelandesa acaba de publicar Los irresponsables (Editorial Penísula), donde denuncia la cultura de poder, encubrimiento y abuso dentro de la compañía hoy renombrada como Meta.

La autobiografía de Wynn-Williams habla de las ambiciones de poder de Mark Zuckerberg, del falso idealismo de la cúpula y buena parte de la plantilla, de las presiones políticas, de la censura y de cómo todo esto se mezcló para crear Facebook, una corporación que priorizó el crecimiento y el beneficio económico por encima de cuestiones éticas que afectaban a miles de millones de personas.

Su valor es el de testimonio directo, una mirada desde dentro y con abundantes detalles tanto a una empresa tecnológica clave en la revolución digital, como a su fundador, la segunda persona más rica del mundo, y sus principales colaboradores. “Volaba en el jet privado de Mark el día en que por fin entendió que probablemente Facebook había colocado a Donald Trump en la Casa Blanca”, resume la propia autora.

El libro, sin embargo, no incluye ningún hecho que no hubiera salido ya a la luz. Facebook ha sido una de las empresas más escrutadas del planeta y sus vergüenzas han sido levantadas tanto desde fuera como desde dentro. No hay noticias escabrosas en las páginas de Los irresponsables. Pese a ello, la compañía ha prohibido a Wynn-Williams hablar del libro o hacer cualquier declaración sobre él. El día siguiente a su publicación en inglés (12 de marzo) invocó una cláusula de no difamación que la autora firmó al salir de la compañía para censurarla.

“La autora no está disponible para entrevistas a causa de la orden provisional de un tribunal de arbitraje estadounidense que, a petición de Mark Zuckerberg, le prohíbe hacer cualquier tipo de promoción del libro”, lamenta la editorial.

Desde entonces Wynn-Williams se ha mantenido en silencio. Meta lo ha hecho todo por ella, generando un efecto Streisand de manual sobre su libro: se convirtió en un best seller del New York Times llegando al número 1 de su lista de no ficción, fue número 3 en biografías Amazon o número 2 de Apple Books en la lista de libros de pago. En el Reino Unido ha vendido más de 100.000 copias y ha sido traducido al castellano en tiempo récord: ha salido a la venta esta semana.

¿Por qué ahora?

Han pasado más de ocho años desde la salida de Wynn-Williams de la corporación de redes sociales. Su libro, sin duda, habría sido mucho más útil entonces que ahora. El escándalo de manipulación electoral de Facebook y Cambridge Analytica estalló en marzo de 2018. “En Estados Unidos, pusieron a trabajadores de Facebook a disposición de la campaña de Trump para ayudarlo a organizar la guerra de la desinformación, el troleo y las mentiras que le dieron la victoria en las elecciones”, revela.

Mientras, en verano de ese mismo año la ONU empezó a documentar que la red social tampoco había sido capaz de detectar los llamamientos a la violencia contra los rohingya en Myanmar. Su algoritmo amplificó el odio y permitió que el ejército birmano usara la plataforma para incitar al genocidio.

La empresa tardó meses en reaccionar y acabó reconociendo que no hizo lo suficiente, entre otras cosas porque no contaba con suficientes moderadores que hablaran birmano. La violencia contra los rohingya terminó con más de 25.000 muertos y cerca de 700.000 personas obligadas a huir a Bangladés, según estimaciones de Naciones Unidas. Un genocidio retransmitido en directo en la mayor red social del mundo sin que esta se diera cuenta de lo que ocurría.

La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta

Wynn-Williams también habla de estos hechos en el libro, con información que habría sido muy relevante en su momento. “Estaban provocando violencia real —seguía habiendo disturbios, las turbas budistas estaban atacando los negocios musulmanes, había muertos—, así que parecía estar claro que infringían nuestros estándares. Pero el equipo de operaciones de contenidos, con sede en Dublín, no quería eliminar las publicaciones. La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta”, narra.

“Recurrí a su superior, un hombre que se puso en contacto con el mismo trabajador externo que habían contratado hacía unos meses —un birmano con residencia en Dublín— para que revisara el material. Pasaron cinco horas”, continúa: “¿Cuánto crees que tardará?, pregunté. Había disturbios en las calles por culpa de aquello. Necesitaba que se eliminaran esas publicaciones. Me temo que no lo sé —respondió mi contacto en Dublín—. No está conectado. Le he mencionado en Facebook y espero que lo vea y se ponga en contacto conmigo”.

“Cuando hay gente muriendo, ese no puede ser el sistema al que tenga que recurrir Facebook”, lamenta su ex directora de Políticas Públicas.

Con todo, hay incluso un aspecto más en el libro sobre el que Wynn-Williams podría haber alertado al resto de la sociedad. Es un problema que está revelándose ahora en su gravedad real: la voluntad de parte de la junta directiva de Facebook de potenciar los discursos de extrema derecha en su beneficio.

Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí

“Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí”, revela: “En su propuesta, el susodicho miembro de la junta sugería aprovechar el apoyo electoral y las herramientas para hacer campaña que ofrecíamos a los candidatos presidenciales estadounidenses (y que Donald Trump estaba usando de manera agresiva en su campaña de 2016) y ofertárselos a Alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana, y a Marine Le Pen y el Frente Nacional, la extrema derecha francesa”.

“Acercarse a estos partidos políticos y ayudarlos a llegar al poder sería la manera más eficaz de evitar que los Gobiernos regularan Facebook”, propuso el directivo, según el relato de Wynn-Williams. La autora también escribe que la plataforma sabía de la existencia de más de doscientos grupos extremistas en la plataforma que violaban las normas de discurso de odio, pero que hizo “apenas nada” para eliminarlos.

Si Wynn-Williams tenía toda esta información, ¿por qué ha esperado ocho años para alertar de ello al resto de la sociedad? Esta sería una de las principales preguntas a realizar en una entrevista, que Meta no permite que se celebre.

Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven

La exdirectiva argumenta en el libro que la motivación para publicarlo en 2025 es impedir que Meta siga comportándose como hasta ahora, también durante la revolución de la inteligencia artificial. “Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven”, avisa.

“Estuve presente en los primeros encuentros de tanteo entre Mark y los mandatarios mundiales. Y fui testigo de la exploración y del acopio de un poder que ha seguido expandiéndose. En la actualidad, Meta es una de las empresas más poderosas del mundo. Y avanzamos por la dirección que ha señalado. Vivimos en un mundo al que han dado forma estas personas y su indiferencia letal. Por no hablar del futuro. Si no abordamos lo que ya se ha encubierto, repetiremos los errores de Facebook”, concluye.

¿Qué dice Meta?

Básicamente, que todo lo escrito en Los irresponsables es mentira o está sacado de contexto. Preguntada por elDiario.es, la compañía se remite al comentario oficial que hizo cuando pidió al Tribunal de Arbitraje que lo parara. “Esta sentencia confirma que el libro falso y difamatorio de Sarah Wynn-Williams nunca debió publicarse. Esta urgente acción legal se hizo necesaria porque Williams, más de ocho años después de ser despedida por la empresa, ocultó deliberadamente la existencia de su proyecto de libro y evitó el proceso estándar de verificación de datos de la industria con el fin de apresurarse a publicarlo en las estanterías después de esperar ocho años”, declara.

Sin embargo, lo que afirma Meta en esa declaración no está sustentado por lo que dice la resolución de arbitraje publicada. El árbitro no entró a valorar la validez del contenido, solo determinó que existía un riesgo contractual y legal por incumplimiento de la cláusula de no difamación, lo cual justificó la medida cautelar de bloquear las entrevistas de Wynn-Williams.

En concreto, la medida prohíbe a Sarah Wynn‑Williams promocionar el libro y hacer “comentarios despectivos, críticos o perjudiciales” sobre Meta, sus ejecutivos o sus trabajadores. También le obliga a eliminar los comentarios en esta línea que haya realizado previamente y estén bajo su control. Pero no hace valoraciones sobre la veracidad de la obra. La resolución es, además, temporal, solo hasta que se resuelva si Los irresponsables viola efectivamente la cláusula que su autora firmó con Meta.

Andy Stone, el jefe del equipo de Comunicación de Meta, recopiló en su momento las impresiones de una decena de ejecutivos y trabajadores de la compañía que apoyaron en redes sociales el posicionamiento de esta, destacando las “exageraciones” de libro o contradiciendo el punto de vista de su autora en algunos aspectos.

Las declaraciones de Wynn-Williams, no obstante, están en línea con otros ex ejecutivos de la compañía que han decidido levantar la voz. Filtradores como Arturo Béjar, que destapó en entrevistas y en el Congreso de EEUU la desprotección de Meta con los menores de edad; o Frances Haugen, cuyo testimonio sirvió de base para lanzar una investigación a gran escala contra la compañía.

También resulta llamativo que la compañía evoque a la “verificación de datos de la industria” para afear la publicación del libro. Se trata del mismo mecanismo que Mark Zuckerberg ha eliminado de todas sus redes sociales para congraciarse con Donald Trump y la extrema derecha internacional, que llevaban años con profesionales en su punto de mira.

Una comedia trágica

Wynn-Williams escribe sobre un período clave en la historia de Internet. Los movimientos de Facebook en la pasada década han ayudado a definir la red de hoy y la redistribución del poder hacia las manos de uno pocos tecno-oligarcas, inmortalizados en la fotografía de la toma de posesión de Donald Trump.

Pero no hay épica en su relato. Más bien, como ella misma reconoce, su historia es una comedia trágica. “La mayoría de los días, trabajar en temas políticos para Facebook tenía mucho menos de interpretar capítulos que parecían redactados por Maquiavelo y mucho más de cuidar de una pandilla de chavales de catorce años a los que les habían dado superpoderes y una suma impía de dinero mientras volaban alrededor del mundo intentando comprender qué les había otorgado y comportado ese poder”, avisa.

El libro de Wynn-Williams está lleno de anécdotas y situaciones que justifican esa declaración, pero ella no puede hablar abiertamente de ellas. Meta dice que todo es falso, pero que haya tratado su libro como una amenaza puede que termine revelando más sobre la empresa que muchas de sus páginas.

Las grandes tecnológicas mundiales, conocidas como las siete magníficas -Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla- perdieron más 5.300 millones de dólares de capitalización desde los máximos alcanzados en los últimos meses.

Y ello en un contexto en el que los mercados se hunden a nivel global por la guerra comercial y el miedo a que estas políticas provoquen una recesión económica mundial y mientras algunas de estas compañías destacaron su gran afinidad con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según los datos de mercado recogidos por EFE, a cierre del pasado viernes, la capitalización bursátil de estas compañías se redujo de forma drástica, y ninguna de ellas logra mantener los 3.000 millones de dólares de valor en bolsa que llegaron a registrar meses atrás, como en el caso de Apple, Microsoft o Nvidia.

En concreto, la capitalización de Apple pasó de los 3.890 millones de dólares a los 2,83 actuales.

Asimismo, Nvidia redujo su capitalización bursátil de los 3.710 millones de dólares, hasta los 2.300 millones, mientras que en el caso de Microsoft descendió hasta los 2.680 millones de dólares (frente a los máximos de 3.380 millones).

Otras tecnológicas como Tesla lo redujeron hasta los 1.540 millones de dólares; o Meta, hasta 1.870 millones.

Después de que el pasado miércoles, Trump anunciara aranceles globales del 10 %, y unas tasas superiores para otras regiones y países como China y la Unión Europea, Wall Street se hundió, con pérdidas que en las dos últimas sesiones rozaron un 10 % en el caso del Dow Jones, y del 12 %, en el tecnológico Nasdaq.

En el caso de las tecnológicas, las caídas también superaron los dos dígitos en la mayoría de los casos.

Durante los últimos años, estas empresas registraron fuertes ganancias, y con ello, sostuvieron a los índices estadounidenses.

No obstante, los expertos explican que sus valoraciones fueron demasiado altas, y ahora, en un contexto de debacle en el mercado, corrigen “con violencia”.

“Y todavía no hay señales de suelo claras”, dicen los expertos de eToro.

En el caso de algunas compañías como Apple, las últimas caídas responden a su fuerte dependencia de la producción en Asia, dice XTB, que añade que EEUU se enfrenta a una desaceleración económica y a una pérdida de confianza entre los inversores, ya que como consecuencia de los aranceles, los indicadores macroeconómicos podrían deteriorarse aún más, mientras que la inflación podría aumentar más de lo esperado, “desafiando las previsiones de la Reserva Federal de EEUU (Fed)”.

De esta manera, las siete magníficas, que registraron las semanas posteriores a la victoria de Trump, fuertes ganancias, beneficiadas por la buena relación de sus presidentes con el mandatario estadounidense, ven ahora reducir de forma drástica su precio en el mercado.

En el caso de Tesla, sus acciones han caído más del 16 % en las dos últimas sesiones, y en el año, se deja casi un 41 %.

Su director ejecutivo, Elon Musk, persona de confianza de Trump, ha emprendido un fuerte plan de recortes de la Administración, con despidos masivos de empleados federales.

Nvidia también pierde más del 36 % en año; Apple, Amazon y Alphabet (matriz de Google), casi un 28 %; Meta, un 21 % y Microsoft, más del 19 %.

EFE.

IG

La tecnológica estadounidense Meta acordó pagar 25 millones de dólares para resolver la demanda que el presidente de EEUU, Donald Trump, interpuso contra ella en 2021 por vetarlo en sus redes sociales tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores ese año, según reveló The Wall Street Journal. El diaro, que cita fuentes conocedoras del acuerdo, indica que 22 millones del total se destinarán a financiar la biblioteca presidencial de Trump y el resto a gastos legales y a compensar a otros denunciantes.

El presidente demandó a Meta y a su máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg, después de que la tecnológica suspendiera sus cuentas de Facebook e Instagram tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el que animó a sus seguidores a impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Todas las principales redes sociales siguieron el ejemplo, como Twitter, ahora renombrada como X por Elon Musk.

El acuerdo para cerrar la disputa se produce justo en un momento de neto acercamiento de Zuckerberg a Trump, que fue acompañado de reuniones entre ambos, un patrocinio millonario del acto de investidura y un cambio de discurso del ejecutivo para alinearse con el del presidente en cuestiones como la libertad de expresión, supuestamente 'coartada' en los pasados años por las ideologías progresistas.

Según el diario, las conversaciones sobre el acuerdo progresaron tras una visita de Zuckerberg a la mansión de Trump en Florida en noviembre, en la que el entonces candidato republicano sacó el tema y le dijo que la demanda tenía que resolverse para poder “entrar en su círculo”, indicaron las fuentes.

Posteriormente, a principios de enero, el ejecutivo volvió a la mansión para un “día entero de mediación” que fue interrumpido por la sentencia virtual en su caso penal de Nueva York, y en el que jugó al golf, agrega el diario. El acuerdo es similar al que alcanzó Trump con ABC News por difamación en diciembre, en el que la cadena accedió a pagar 15 millones de dólares que se destinarán a una fundación y museo presidenciales de Trump. 

EFE.

IG

Apenas un paso por detrás de su familia. Ese es el lugar que ocuparon los barones del silicio del presidente Donald Trump en su toma de posesión como nuevo presidente de EEUU. Un grupo de hombres que hicieron fortuna como ingenieros y que confirmaron durante el acto de investidura del republicano su nuevo su papel como la corte tecnológica de la Casa Blanca.

La mayoría estuvieron enemistados con él en el pasado. Fueron acusados de manipular sus plataformas en su contra, amenazados con la cárcel y vieron cancelados importantes contratos con la administración pública por orden del presidente. Enfrentamientos que quedaron en el pasado, a juzgar por el lugar predilecto con el que les honró Trump en el lanzamiento de su mandato. El hacha de guerra está, de momento, bajo tierra.

Son lo que Joe Biden denominó “oligarquía tecnológica”. El puesto que ocupó cada uno de ellos, así como las ausencias, arrojan luz sobre su nueva relación con Trump. Un quién es quién visual que empieza por Elon Musk.

Elon Musk

Trump logró atraer hacia sí el núcleo de poder de Silicon Valley, que en su primer mandato fue un símbolo de resistencia tanto a su figura como a sus valores. La meca del poder tecnológico mundial está ahora más enraizada en Washington que nunca y el principal artífice de ello fue Elon Musk.

El magnate nacido en Sudáfrica es la persona más rica del mundo y a partir de ahora ocupará un puesto de auditor plenipotenciario en el nuevo gobierno estadounidense. Su activismo radical a favor de Trump y contra el “virus woke”, concepto en el que la extrema derecha engloba el feminismo, los derechos LGTBI o el multiculturalismo. La campaña del nuevo presidente no habría sido la misma sin Musk, sus 260 millones de dólares en donaciones directas y el trabajo en la sombra de los algoritmos de X.

Trump lo premió con el lugar más visible, el primero por la derecha, lo que lo ubicaba directamente detrás de él durante su jura.

Muchos analistas dudan de la durabilidad de esta relación. En su primer discurso como presidente, Trump atacó los autos eléctricos y reafirmó su compromiso con aumentar las extracciones de petróleo, posiciones totalmente opuestas a las de Musk y su principal negocio, Tesla.

Pero hay espacio para el palo y para la zanahoria en la política del republicano. La nueva carrera espacial público-privada tiene un claro componente geoestratégico y ahí el papel de SpaceX será clave para Trump. Puede que las subvenciones de Tesla se recorten, pero es previsible que los contratos de la compañía espacial de Musk se multipliquen. El proyecto de la NASA de volver a la Luna para 2027 podría convertirse en una prioridad de esta alianza, ofreciendo a ambos un triunfo político, técnico y propagandístico.

Sundar Pichai

Su posición fue una de las sorpresas del acto. Como CEO de Google, Sundar Pichai se caracteriza por mantener un perfil bajo política y mediáticamente. Por el momento, mantuvo a su compañía fuera de la corriente reaccionaria que atraviesa a las grandes corporaciones de EEUU y que refleja en medidas como la eliminación de los equipos de diversidad interna o las políticas de paridad en los procesos de contratación.

A esto se suma el enfrentamiento abierto que Trump mantuvo con Google a lo largo de los años, centrado en acusaciones de manipulación política. Desde 2018, cuando denunció que el gigante tecnológico alteraba sus algoritmos de búsqueda para perjudicarlo porque el 96% de los resultados sobre él provenían de medios de izquierda. Un discurso que repitió hasta el pasado verano, cuando aseveró que Google “revela ilegalmente” historias negativas sobre él mientras favorecía a Kamala Harris.

Google desmintió reiteradamente a Trump en estas aseveraciones, lo que le valió amenazas de acciones legales por parte del republicano. Pero esas tensiones quedaron atrás. La empresa donó US$ 1.000.000 al fondo de la toma de posesión de Trump y Pichai fue uno de los primeros empresarios en reunirse con él en su mansión de Mar-a-Lago tras su victoria.

La posición de Pichai representa también un mensaje del nuevo presidente sobre cuál es su postura en el conato de guerra interna abierta en el movimiento Make America Great Again (MAGA) entre sus ultras más racistas y la corte tecnológica. Los primeros denuncian que se debería limitar la entrada en el país de profesionales indios de alto nivel, entre los que el CEO de Google, nacido como Pichai Sundararajan en Chennai, la India, es el representante más destacado.

Jeff Bezos

Otro que mantuvo una relación tormentosa con Trump. En su caso, de manera mucho más pública y directa que Pichai, ya que el cruce de acusaciones era personal. “A diferencia de otros, pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa tremendas pérdidas para Estados Unidos) y están dejando fuera del negocio a muchos miles de minoristas”, escribió el mandatario en Twitter durante su primera etapa como presidente.

Además, Trump criticó que el fundador de Amazon y propietario de The Washington Post utilizaba el periódico “para el poder, para que los políticos en Washington no pongan a Amazon los impuestos que deberían ponerle”. El republicano llegó a tumbar un contrato de miles de millones de dólares de Amazon con el Pentágono en el último momento y según alegó la compañía en los tribunales, fue una crítica del Post lo que motivó su decisión.

Como en el resto de casos de Silicon Valley, todo empezó a cambiar durante el verano. Bezos expresó “optimismo” respecto a la victoria de Trump y la posible desregulación del sector espacial, donde es un competidor directo de Musk. Gestos como el polémico veto a que el Post se posicionara a favor un candidato, en este caso Kamala Harris, en su editorial, una tradición vigente desde el escándalo del Watergate, y las cenas en Mar-a-Lago sirvieron para hacer borrón y cuenta nueva. Amazon donó US$ 2.000.000 para el acto de investidura.

Mark Zuckerberg

El último puesto de la primera línea de la corte tecnológica de Trump en su toma de posesión fue un premio al giro más radical entre los magnates de Silicon Valley. Mark Zuckerbeg tuvo una revelación vital que coincidió con las elecciones de EEUU. Comenzó a hablar del valor de la “energía masculina” en su vida personal y profesional, lo que lo llevó a suprimir cada vértice de su corporación de redes sociales que molestaba al movimiento MAGA.

Estos cambios incluyen la eliminación del programa de verificación de datos en Facebook e Instagram, que etiquetaba las fake news que discurrían por la plataforma. También el cambio de las normas de moderación para permitir que se pueda calificar a las personas gays, lesbianas o trans como “enfermos mentales” por motivos religiosos.

La victoria de Trump también coincidió con varios cambios empresariales en Meta. Zuckerberg contrató a Dana White, amigo personal de Trump, CEO de la UFC —la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas— y acusado de violencia machista para la junta directiva. Poco después, ascendió a jefe de Asuntos Globales a Joel Kaplan, uno de los más altos asesores del republicano George W. Bush durante su etapa como presidente. Meta donó US$ 1.000.000 para la toma de posesión.

En verano, Trump había amenazado a Zuckerberg con meterlo en la cárcel si volvía a utilizar Facebook en su contra, como a su juicio había ocurrido durante las elecciones de 2020.

Tim Cook

Como en el caso de Pichai, la relación entre Tim Cook, CEO de Apple, y Trump es otro ejemplo de navegación empresarial en aguas turbulentas. Cook fue el primer líder tecnológico en declararse abiertamente gay en 2014 y desde entonces encabezó movimientos por los derechos de las personas LGTBI. También donó a las campañas de Barack Obama en 2008 y Hillary Clinton en 2016. A la vez, fue uno de los ejecutivos de Silicon Valley que mostró mayor habilidad para navegar las exigencias de Trump.

A pesar de que muchas de las políticas de Trump, como las restricciones migratorias y la guerra comercial con China, contrastaban con los intereses de Apple, Cook se mantuvo cercano a él y a su gabinete. Una relación que le valió exenciones arancelarias clave que beneficiaron a la empresa y que hoy, vuelven a estar sobre la mesa.

Apple anunció que no donaría dinero para la toma de posesión de Trump en primera instancia. Terminó desdiciéndose, alegando que es “una gran tradición estadounidense” y representa “un espíritu de unidad”.

Sam Altman

El director ejecutivo de OpenAI no ocupó una posición preferente, pero también estuvo presente en la toma de posesión del republicano. Donó un US$ 1.000.000 de su bolsillo para el acto y se burló de las críticas de senadores demócratas que lo acusaron de tener “un interés directo en las políticas de la administración”. “Agradezco su preocupación, pero estoy seguro de que la inteligencia artificial será una prioridad para todos nosotros en los próximos años”, contestó Altman.

Altman es otro de los pocos ejecutivos abiertamente gays del valle. El líder de los creadores de ChatGPT manifestó su optimismo respecto al papel de Trump en el ámbito de la inteligencia artificial, señalando que espera “apoyar sus esfuerzos para asegurar que EEUU mantenga su liderazgo” en este campo.

Shou Zi Chew

Es el CEO de TikTok. Trump concedió una moratoria de 75 días a su aplicación para que cumpla la ley que la obligaba a vender su negocio en EEUU a una empresa norteamericana antes del pasado domingo. Pese a que el republicano fue quien dio comienzo a la cacería contra la red social china en su primer mandato, apelando a la seguridad nacional, ahora se mostró contrario a prohibirla completamente.

La moratoria impidió que TikTok pase a estar prohibida en EEUU, lo que habría afectado directamente a 170 millones que consumen sus contenidos o ganan dinero gracias ellos. Sin embargo, puede ser un caramelo envenenado: las filtraciones apuntan a que la intención de Trump puede ser TikTok termine vendiendo su negocio en el país a Elon Musk.

Mark Zuckerberg está preparando a las redes sociales de Meta para “el siguiente capítulo”. Uno en el que “las recientes elecciones parecen un punto de inflexión cultural”, pero que comenzó antes de la victoria de Donald Trump. El giro incluye un cambio propio, tanto en su mensaje como de imagen. Zuckerberg, que durante una década fue un referente del estilo Silicon Valley marcado por las camisetas básicas, vaqueros, zapatillas deportivas y ausencia de complementos, se caracteriza ahora por la ostentación y las camisetas anchas con locuciones en latín y griego. Dicen “o Zuck o nada”, “aprender a través del sufrimiento” o “Cartago debe ser destruida”.

Con esta nueva armadura, el fundador de Facebook avisó el pasado septiembre que el tiempo de pedir perdón había terminado para él. Ahora cree que sus comparecencias para disculparse por haber permitido que la industria de la desinformación manipule Facebook e Instagram o no poner medidas ante el abuso infantil fueron un “error de cálculo político”. Uno que duró “20 años”.

“Algunas de las cosas que afirmaban que estábamos haciendo o de las que éramos responsables, en realidad no creo que lo fuéramos”, afirmó entonces Zuckerberg: “Cuando se trata de un problema político… hay gente que actúa de buena fe, que identifica un problema y quiere que se solucione algo, y hay gente que simplemente busca a alguien a quien culpar”.

Este martes Zuckerberg dio el mayor golpe de efecto de esta nueva etapa eliminando el programa de verificación de datos independiente de Facebook e Instagram. Era la gran herencia de la etapa en la que Zuckerberg pedía perdón y que ahora quiere dejar atrás, ya que el proyecto se puso en marcha para impedir un nuevo escándalo como el de Cambridge Analytica.

Los verificadores y la narrativa ultra

El programa de verificación se encomendó a organizaciones periodísticas especializadas, encargadas de analizar las publicaciones virales y contrastar si lo que afirman es verídico o no, aportar explicación adicional, detectar imágenes manipuladas o señalar cuando están sacadas de contexto. Estas organizaciones han sufrido las iras de Donald Trump y la extrema derecha estadounidense desde su primera etapa en la Casa Blanca, pero la pandemia universalizó la campaña contra ellas. Agitadores ultras de todo el mundo han colocado a los verificadores en el centro de sus ataques, acosando a sus miembros y acumulando condenas en los juzgados.

Con un reloj 900.000 dólares (antes de impuestos) en la muñeca, Zuckerberg asumió la narrativa ultra que estos actores han utilizado para desacreditar a los verificadores. Los acusó de “censura”, de perjudicar la libertad de expresión y de ser responsables de que Facebook tenga que “retirar” publicaciones que no son desinformación por culpa de sus fallos. “Incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de las publicaciones, eso significa millones de personas, y hemos llegado a un punto en el que son demasiados errores y demasiada censura”, afirma.

Vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para censurar más

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para censurar más”, asevera Zuckerberg siguiendo otra de las principales líneas argumentales de los movimientos antisistema. Esta asegura que los verificadores actúan al servicio de los poderes nacionales, que los usan para desacreditar a aquellos que, supuestamente, exponen sus mentiras.

El problema es que no es así como funciona el programa de verificación de datos de Meta. “Es mentira que la verificación suponga el borrado del contenido, como ha dicho Zuckerberg. Solo añade una etiqueta que dice: cuidado, que esto que se dice aquí es mentira. Es una advertencia para aquellos que están pensando en compartirlo”, explica Carlos H. Echeverría, jefe de Políticas Públicas de Maldita, una de las organizaciones a las que Meta contrató para llevar a cabo esta verificación en España.

Es mentira que la verificación suponga el borrado del contenido

Carlos H. Echeverría — jefe de Políticas Públicas de Maldita

El especialista destaca que cuando la corporación de redes decide borrar un contenido, se basa en sus políticas internas y el trabajo de sus moderadores contratados, no en el programa de verificación. “Nosotros jamás le hemos pedido a Meta que borre nada ni lo haríamos nunca. No solo porque no es nuestra motivación, sino también porque pensamos que empeora la situación respecto a la desinformación. Cuando las publicaciones desaparecen se dificulta la investigación, ya que te encuentras links muertos que impiden saber lo que ha pasado o medir la dimensión del problema”, continúa en conversación con elDiario.es.

El programa de verificación no solo ha recibido críticas del entorno ultra. Por ejemplo, no son pocos los juristas que han expresado dudas de que sean trabajos periodísticos y no resoluciones judiciales los que se usen para marcar si una publicación es verídica o veraz. También se ha puesto en cuestión su efectividad, ya que pese a todos los esfuerzos, los bulos siguen teniendo una viralidad mucho mayor que los desmentidos. Además, en el período en el que el programa ha estado activo, no solo no ha bajado la desinformación y la polarización en las redes, sino que ha aumentado.

No obstante, los expertos destacan que el fin de la verificación independiente tendrá efecto inmediato en EEUU (aunque Meta no ha aclarado cuándo se extenderá al resto del mundo) “curiosamente ahora, cuando lo ha pedido la nueva Administración y sus asesores”, destaca Echeverría: “Lo preocupante de verdad no es el fin del programa, sino este argumentario falso que se ha utilizado para justificarlo”.

Los verificadores de hechos no han sido tendenciosos en su trabajo: esa línea de ataque viene de aquellos que sienten que deberían poder exagerar y mentir sin ser refutados

Angie Drobnic — directora de la International Fact-Checking Network

Una denuncia que ha compartido Angie Drobnic, directora de la International Fact-Checking Network, la asociación que agrupa a las organizaciones de verificación a nivel mundial: “Es lamentable que esta decisión se produzca a raíz de la extrema presión política ejercida por la nueva administración y sus partidarios. Los verificadores de hechos no han sido tendenciosos en su trabajo: esa línea de ataque viene de aquellos que sienten que deberían poder exagerar y mentir sin ser refutados”.

La forma en la que Zuckerberg va a “deshacerse” de los verificadores tras más de un lustro de asociación ha llevado a otros expertos a cuestionar su compromiso real con la lucha contra la desinformación. “El costoso experimento de Meta con el fact-checking fue siempre un esfuerzo por desviar la responsabilidad de los daños que sus plataformas amplifican, distrayendo la atención de su modelo de negocio principal: explotar su dominio para captar la atención y rastrear implacablemente a los usuarios, ética y precisión al margen”, dice Jason Kint, CEO de Digital Content Next, reconocido defensor de la transparencia en la publicidad digital.

“La retórica de Mark Zuckerberg sobre «dar prioridad a la expresión» no es más que complacencia política para proteger los beneficios, todo ello a expensas de los consumidores y los anunciantes”, ha publicado el experto en Bluesky.

La dirección trumpista

La decisión de poner fin al programa de verificación ha llegado justo tras una serie de nombramientos estratégicos en su equipo directivo. Personas conocidas por ser próximas a los posicionamientos de Trump y que engrasarán su relación con la Casa Blanca.

El principal llegó la semana pasada, cuando se anunció que Joel Kaplan asumirá el cargo de presidente de Asuntos Globales de Meta sucediendo a Nick Clegg. Kaplan fue uno de los principales asesores de George W. Bush durante sus ocho años en la Casa Blanca, cuando llegó a ser la mano derecha de su jefe de gabinete. Fichado por Facebook en 2011 para su equipo de políticas públicas, ha sido una de las voces señaladas por medrar para evitar que los verificadores y los algoritmos de la plataforma tuvieran tanto efecto en las declaraciones de Donald Trump.

Su primera acción en el cargo ha sido redactar el post que detalla la decisión de Meta de acabar definitivamente con el programa de verificación. En él señala que estas organizaciones han ido “demasiado lejos” por culpa de su “propensión a los sesgos”, lo que ha comparado con estar en prisión. “Se censura demasiado contenido inofensivo, demasiadas personas se encuentran injustamente encerradas en la 'cárcel de Facebook' y, a menudo, somos demasiado lentos para responder cuando eso sucede”, ha escrito sobre los efectos de etiquetar los bulos.

Todavía más polémico ha sido el fichaje para el consejo directivo de Meta de Dana White, CEO de la UFC, la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas, que organiza combates profesionales entre luchadores de diversas disciplinas. White ha sido acusado de violencia machista después de que un vídeo de él golpeando a su pareja en un bar se compartiera en redes sociales. También es conocido por realizar comentarios agresivos contra periodistas y sus propios luchadores.

White tiene una relación cercana con Donald Trump, quien apoyó a la UFC en sus primeros años al permitirle realizar eventos en sus casinos de Atlantic City cuando otras sedes rechazaban la organización. Él se lo ha agradecido respaldándole públicamente a partir de entonces, llegando a comparecer en las convenciones nacionales republicanas.

El historial violento de White ha provocado que la incorporación a Meta se cuestione también de puertas adentro. Según ha revelado 404 Media, la compañía ha eliminado comentarios que protestaban contra el fichaje del foro de publicación interna de sus empleados, llamado Meta Workplace.

Puedo disculpar a la gente por no estar al tanto, pero Meta sin duda hizo su debida diligencia con White y concluyó que lo que hizo está bien. Me siento como si estuviera en otro planeta

Empleado de Meta, sobre el fichaje de Dana White para la junta directiva

“Es un poco desalentador ver a gente en los comentarios celebrando a un hombre que aparece en un vídeo agrediendo a su mujer”, comentaba uno de ellos, refiriéndose a White. “Puedo disculpar a la gente por no estar al tanto, pero Meta sin duda hizo su debida diligencia con White y concluyó que lo que hizo está bien. Me siento como si estuviera en otro planeta”, publicaba otro. “Hemos perdido completamente el rumbo”, se quejaba un tercero según recoge el citado medio, creado en 2023 por un grupo de los principales periodistas de tecnología de EEUU.

El “equipo de Relaciones con la Comunidad Interna” de Meta eliminó estas publicaciones alegando que “es importante mantener un entorno de trabajo respetuoso”. “Insultar, criticar o antagonizar a nuestros colegas o miembros de la Junta no está alineado” con las reglas de la corporación, argumentaron. Esto provocó aún más estupor y comentarios críticos, que se multiplicaron este martes tras la publicación del vídeo de Zuckerberg en el que justifica el final del programa de verificadores independientes en la “censura” que supuestamente provocan.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Meta para contrastar esta versión e incluir su posicionamiento sobre los hechos, pero no ha contestado a los requerimientos. En declaraciones a 404 Media, una portavoz de la corporación ha manifestado que las críticas borradas violaban las reglas de la plataforma interna de trabajadores: “También hay varios comentarios que han expresado críticas que no violan las reglas y que siguen publicados”, ha destacado.