Las declaraciones del papa Francisco el 10 de marzo pasado: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”  a pesar de su decisivo contenido presentan sólo una de las últimas piezas de un cuadro complejo que signa la relación de la Iglesia Católica con el poder político de Nicaragua ejercido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La siguiente cronología a pesar de su carácter sucinto presenta suficientes factores para una interpretación derivada de la anotación de los mismos hechos.

La hora de Medellín

Durante los 300 largos años del período colonial hispánico (1523-1821) y el siglo y medio de independencia antes de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) que introdujo una nueva práctica pastoral, la Iglesia de Nicaragua tuvo un desarrollo muy similar al de otros países centroamericanos y latinoamericanos. Casos aislados de defensores de los derechos de los indios y sacerdotes que a comienzos del siglo XIX protagonizan el proceso político independentista. La Iglesia apoyó a los conservadores, estuvo a la defensiva con los liberales (por laicistas), se mantuvo cómplice entre los años 1912-1933 de la intervención norteamericana e ignoró la resistencia del revolucionario Augusto Sandino, el respetado ‘héroe nacional’. La jerarquía eclesiástica despertó de la  larga noche de la dictadura somocista (1936-1979) al mismo tiempo que la burguesía beneficiada por el régimen mientras el pueblo llevaba un largo desvelo originado por la pobreza y la represión.

En 1969, cuatro años después de finalizado el renovador Vaticano II, en plena dictadura somocista, el balance que los mismos sacerdotes y religiosos hicieron de la Iglesia mostró el conservadurismo de una jerarquía eclesiástica ajena al pueblo.  Diez años después, el triunfo sandinista conmoverá las estructuras sociales y las de la Iglesia.

Una carta pastoral profética y el apoyo masivo a la Cruzada de Alfabetización

Desde fines de los ‘60, se originaron y crecieron movimientos renovadores en zonas campesinas y en algunas parroquias de Managua, los Cursillos de Cristiandad. Un caso excepcional, la comunidad campesina de Solentiname, fundada por el padre Ernesto Cardenal que transmitió una vivencia del cristianismo nicaragüense original y aislado como el archipiélago de donde había surgido. Si bien no se logró la transformación de la estructura básica que históricamente fue la base de la Iglesia Católica la potencialidad de estos factores no fue menor.

El pueblo de Nicaragua es religioso. No más que otros pueblos del continente y la renovación de la iglesia no fue una “exclusiva nicaragüense” sino un fenómeno universal y especialmente latinoamericano- frente a la mayoritaria iglesia tradicional, que durante muchos años gozó de las rentas de la sociedad y el estado.

El 19 de julio de 1979, se consumó el triunfo sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CONFER) se expresó ante el acontecimiento revolucionario el  17 de noviembre de 1979 a través de una histórica Carta Pastoral que expresaba su apoyo al proceso revolucionario y a la insurrección armada, su valoración del pensamiento de Sandino y del proyecto socialista al que se dirige. El texto de los obispos era no sólo anti-dictatorial ni sólo progresista sino auténticamente revolucionario.

El Papa Juan Pablo II confirió su apoyo al gobierno revolucionario con su beneplácito a  la Cruzada de Alfabetización coordinada por el sacerdote Fernando Cardenal y puesta en marcha en todo el país con la participación de religiosos de 52 congregaciones que trabajaban en Nicaragua y miles de alumnos de los colegios católicos de todos los departamentos. La unidad nacional de todas las capas sociales fraguada en los dos últimos años de la dictadura se mantenía viva. La Iglesia también parecía unida.

Sin embargo, en los comienzos de los ‘80, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) connotado internacionalmente por sus posiciones conservadoras lanzó a nivel continental una campaña de oraciones y una colecta para ayudar a la Iglesia de Nicaragua. Fue la primera vez que se transmitía al mundo que esa Iglesia “sufría” persecuciones.

El comienzo del quiebre de la unidad nacional

Un comunicado de la CONFER en el que los obispos manifestaron que los sacerdotes en puestos públicos deberían  abandonar sus cargos, “habiendo transcurrido las circunstancias de excepción” inició un conflicto de larga duración en el que intervinieron las más altas jerarquías del Vaticano, las bases católicas de Nicaragua, teólogos de varios países y los más altos dirigentes de la Revolución.

Cuando en octubre de 1980, la Dirección Nacional del FSLN publicó un Comunicado sobre la Religión, que trascendió las fronteras de Nicaragua: por primera vez, un movimiento revolucionario contemporáneo en el poder, rompía con el rígido esquema de ver en la religión el opio del pueblo y uno de los frenos de la historia, la respuesta de los obispos no ponderó la novedad de ese texto. El ultimátum del 1 de junio de 1981 expresó que aquellos sacerdotes que no renunciaran “los consideraríamos en actitud abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Los sacerdotes aludidos o denunciados eran Miguel D'Escoto (Canciller), Ernesto Cardenal (Ministro de Cultura), Edgar Parrales (Ministro de Bienestar Social, desde 1982 Embajador en la OEA) y Fernando Cardenal, (Vicecoordinador de la Juventud Sandinista).

La aceptación del Vaticano de que los sacerdotes continuaran en sus cargos siempre que renuncien al ejercicio del ministerio sacerdotal dentro y fuera de Nicaragua no detuvo antes bien propició las expulsiones de sacerdotes de las parroquias en barrios populares, manifestaciones callejeras y tomas de iglesias publicitadas ampliamente en los medios de comunicación que apoyaban a la Revolución. La Carta Pastoral del Papa Juan Pablo II en junio 1982, que expresó el apoyo incondicional a los obispos y crítica a la “Iglesia Popular” originó dos caracterizaciones articuladas del conflicto religioso en el país: “persecución religiosa” y “peligro de la Iglesia popular”.

Si la ‘contra’ Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) asesinó salvajemente a 14 campesinos en la aldea de San Francisco del Norte “en nombre de Dios” - el inicio de macabros hechos repetidos-; en Managua, autoridades del FSNL llevaron a cabo una celada para desacreditar al padre Bismarck Carballo, vocero de la Curia y director de la estación eclesiástica Radio Católica, implicándolo en un escándalo sexual.

La violencia viene de Honduras

La lucha ideológica-religiosa sostenida durante 1980- 1982 pasó a un segundo plano ante la situación de guerra impuesta a Nicaragua desde Honduras por voluntad de EEUU. Creció la demanda a los obispos para que condenen públicamente la violencia contrarrevolucionaria que originaba el desplazamiento de los escasos recursos humanos y materiales del país hacia la defensa armada. El total silencio de un sector de la jerarquía contradijo la condena de la Iglesia que ha siempre ha declarado su repudio a “toda violencia, venga de donde venga”. La violencia venía de Honduras con pretensiones de una “guerra santa” contra el comunismo bajo la invocación de Dios.  

La visita del Papa, “la gran noche oscura”

En ese contexto, el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua. Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente progresista fue amonestado por el Papa. Muchos no olvidaron esa humillación. Durante la misa oficiada por el Sumo Pontífice simpatizantes del Gobierno vocearon consignas de “poder popular” y “queremos la paz”. El Sumo Pontífice respondió “la primera que quiere la paz es la Iglesia”. Juan Pablo II recordó esa primera visita como “la gran noche oscura”.

Los obispos volvieron sobre los acontecimientos de Managua para “lamentar y condenar enérgicamente el incalificable irrespeto cometido contra la Eucaristía y la persona del Vicario de Cristo” por “una minoría”. Cuando El Nuevo Diario reclamó a la jerarquía igual energía para condenar los actos criminales de las bandas armadas en la frontera, los obispos insistieron en que la división estaba creada por quienes “tratan de edificar una Iglesia llamada ‘popular’ y mezclan lo cristiano con lo político y ‘partidista’”.

Iglesia de mártires

El 11 de mayo de 1983 fue expulsado de Nicaragua el sacerdote español Timoteo Merino, párroco de la Azucena y de otros pequeños pueblos cercanos a la frontera sur, acusado por el gobierno de favorecer la penetración del grupo contrarrevolucionario ARDE entre la población campesina.  Merino declaró en Roma que su expulsión era otra expresión de la persecución religiosa del gobierno.

En las vísperas de la celebración del Cuarto Aniversario de la Revolución, el matrimonio de Felipe y Mery Barreda, católico y sandinistas de larga trayectoria en Estelí, fue asesinado en un campamento contrarrevolucionario hondureño, después de ser bárbaramente torturados. La celebración en la Catedral de Estelí de los esposos Barreda como nuevos mártires sostuvo que “entre cristianismo y revolución no hay contradicción”. El asesinato de los Barreda fue seguido por el de decenas de otros cristianos revolucionarios, especialmente campesinos, delegados, jóvenes milicianos, quienes murieron  víctimas de la guerra impuesta a Nicaragua o de la crueldad de la contrarrevolución.

Ley de Servicio Militar Patriótico y la objeción de conciencia

En 1983, la decisión del gobierno de establecer el servicio militar como estrategia para enfrentar las guerrillas antirrevolucionarias financiadas por EEUU de quien se esperaba una eventual invasión fue rechazada por la CONFER que sugirió la objeción de conciencia a la Ley. Los dirigentes revolucionarios afirmaron que “en Nicaragua sí hay persecución religiosa”: la desatada por algunos obispos contra sacerdotes, religiosos y fieles que apoyan el proceso revolucionario.

En 1987 a pesar de todas las desavenencias, la Iglesia católica fue parte medular de los Acuerdos de Paz Esquipulas II que dieron paso a elecciones libres y democráticas en 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron el poder que recuperarán en las elecciones de noviembre de 2006.

En esos 16 años, Ortega buscó congraciarse con la Iglesia: pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado” y contrajo matrimonio eclesiástico con su compañera Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia. Quien ofició la misa, fue el cardenal Miguel Obando y Bravo, crítico en los ‘80 de sus políticas y quien en 1996 en la víspera de las elecciones que perdió Ortega había pronunciado la homilía conocida como “la parábola de la víbora” o “el viborazo”, en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque, al recuperarse, mataría a su salvador. Muchos la consideraron un espaldarazo al candidato contrincante Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, quien obtuvo la victoria. Luego de tres intentos fallidos, en 2006, Ortega recuperó el mando del país que mantiene hasta hoy gracias a una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Nueva ola de persecución contra obispos y sacerdotes

El régimen mantuvo una relación distante con la iglesia, pero respetuosa hasta el estallido social de 2018 cuando el gobierno intentó  reformar las leyes del Seguro Social. La violenta represión a las protestas de repudio que se extendieron por cinco meses en todo el territorio nicaragüense dejó como saldo  355 muertos, numerosos heridos y más de 100.00 exiliados. La Iglesia católica que defendió a quienes protestaron pacíficamente fracasó en la mediación de un acuerdo. Tres meses después del estallido social, en Plaza la Fe con la presencia del representante personal del Papa, el Nuncio Waldemar Sommertag, un Ortega furibundo acusó a los sacerdotes de ser parte de una conspiración en su contra. Los religiosos de ser los mediadores en la crisis sociopolítica pasaron a ser acusados de golpistas y se les declaró la guerra.

Entre la sucesión de hostilidades que se sucedieron partir de julio de 2018: la agresión de paramilitares a obispos y sacerdotes en el Departamento de Carazo y el ataque a la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, con la muerte de dos personas. El 23 de abril de 2019 se produjo la necesaria salida de monseñor Silvio Báez, a petición del papa Francisco, atento a que la Embajada de EEUU en Nicaragua habría informado probables planes para asesinar a Baéz. Y el 31 de julio de 2020: el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua.

En enero de 2022 con toda la oposición acallada, Ortega asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional. El 12 de marzo de ese año, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag fue expulsado del país. El 6 de julio, la expulsión de 18 religiosas de la Caridad de la orden Santa Teresa de Calcuta y el 19 de Agosto, la retención de monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa

La valentía del obispo pone a prueba las relaciones con el Vaticano

El obispo de Matagalpa monseñor Álvarez, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado se negó abordar un avión para el exilio a EEUU junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen fue condenado por la Corte de Apelaciones que lo calificó de “traidor a la patria” y dictó su prisión hasta 2046.

El Papa Francisco, en la misma entrevista donde no dudó en calificar al régimen Ortega-Murillo de “hitleriano” , en referencia al Obispo Álvarez destacó “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”. “Una excelente descripción” ponderó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica. “El Papa nunca ha estado en silencio, él ha permanecido orando por lo que sucede en Nicaragua, sin embargo, sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios”, detalló Molina. El tiempo mostrará si recrudece la represión del gobierno hacia la iglesia católica del país centroamericano. En lo inmediato Vatican News, el portal de noticias del Vaticano, confirmó el 13 de marzo el “verbalmente expresado” deseo del Gobierno nicaragüense de “suspender las relaciones diplomáticas” que implica el cierre de la Nunciatura Papal, la representación diplomática del Vaticano en Managua. Sin embargo, el derecho internacional no conoce la “suspensión” o la “interrupción” de relaciones diplomáticas. Existen o no existen. Muchos observadores ven las interpretaciones dadas en Managua y el Vaticano más bien como un juegos de palabras o ballet diplomático.

AGB

Según el último informe del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, las personas detenidas arbitrariamente por el régimen del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo son 192. Hay de todas las edades y de todas las ideologías. Como en toda dictadura, las razones primeras para privarlos de la libertad son de orden inmediatamente práctico: eliminar amenazas al régimen. Pero hay algo que distingue a éste: con el eco inconfundible de los procesos de Moscú llevados adelante por Stalin entre 1936 y 1938, Ortega y Murillo están ejecutando un plan de venganza sistemática contra los camaradas de armas que no los siguieron en el camino del autoritarismo. Una de ellos lleva casi once meses en la cárcel y ostenta una trayectoria que vale la pena recordar aquí

En 1978, un 22 de agosto, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle sufrió la herida por la que se desangró hasta ser derrocada menos de un año más tarde. Ese día seminal, tres guerrilleros quedaron marcados con los números que ordenaban su jerarquía en el comando que ejecutó la “Operación Chanchera”, el asalto al Palacio Nacional de Managua. El Comandante Cero Edén Pastora, el Comandante Uno Hugo Torres Jiménez y la Comandante Dos Dora María Téllez tomaron de rehenes a diputados somocistas y obtuvieron a cambio la liberación de camaradas de armas encarcelados antes de huir a Panamá.

Menos de un años más tardes los tres participaron la entrada en Managua del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero seguirían caminos bien distintos tras el triunfo de la revolución. Mientras que Pastora se transformó en 1982 en uno de los líderes de la contrarrevolución, Torres y Téllez serían tan fieles al mandato democrático de la lucha antisomocista, que rompieron, en 1995, con un FSLN monopolizado por Daniel Ortega y donde no había lugar ni para el ideal democrático, ni para seis de los nueve comandantes de la “dirección histórica” que encabezó la última revolución armada triunfante en América Latina.

Gabriel García Márquez, en su crónica para el diario ABC de Madrid de la acción guerrillera de 1978, describió a la comandante de 22 años como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”. El buen juicio le serviría para ser una Ministra de Salud del gobierno revolucionario a quien se recuerda por su eficaz lucha contra la epidemia del VIH-SIDA, una historiadora con aportes significativos sobre el despojo de las comunidades originarias de Nicaragua durante el siglo XIX y una crítica permanente de la deriva autoritaria del orteguismo. A este respecto, Téllez identificó como una de sus causas el hecho de que “la revolución sandinista no hizo una crítica del sistema político que derrotaba”, perpetuando incluso en la constitución adoptada después del derrocamiento del somocismo una matriz que facilitaba la concentración de poder. 

Telléz sostuvo también en una oportunidad que “el arrepentimiento es de la gente que se queda con los brazos cruzados”, mientras reivindicaba su propia identidad política: “del sandinismo quedamos los sandinistas, que estamos luchando contra el orteguismo”. Esta postura de la Comandante Dos es la que la ha hecho objeto particular de la ira dictatorial. Ortega no está dispuesto a compartir el legado revolucionario con nadie, porque sabe que la amplia base de apoyo que aún mantiene se apoya en partes iguales en la fuerza que le da el control monopólico del estado y en la que deriva del monopolio ritualista del relato de la revolución. Los extremos a los que él y su esposa están dispuestos a llegar están graficados brutalmente por la muerte en prisión del comandante Torres Jiménez, el hombre que liberó de la cárcel somocista a Ortega y que fuera detenido por el gobierno actual por los mismos días que su compañera de guerrilla.

La actual dictadura fue precedida por un giro político de Ortega que se inicia en 2005 y que incluyó una alianza con la jerarquía ultramontana de la iglesia católica local y con el empresariado antes furibundamente antisandinista. Con esos antecedentes (ilustrados por la adopción de una ley contra el aborto que es tal vez la más punitiva en el hemisferio), no debe sorprender que los propagandistas del régimen destaquen, con feroz lesbofobia, la opción sexual de Téllez y de Ana Margarita Vijil, su compañera y ex-presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (actualmente Unamos), condenada a 10 años de prisión por “conspiración” en febrero. Pocos días después de esa condena, Téllez recibiría la suya, a ocho años, por cargos igualmente vagos.

Los tipos penales abiertos e indefinidos, típicos de regímenes no democráticos, están siendo aplicados a todos los opositores detenidos y son la amenaza que pende sobre la cabeza de todos los que aún están en libertad. Como si no bastara ese abuso del derecho penal, en los así denominados juicios se prohíbe la presencia de público y a muchos detenidos se les niega la asistencia de un abogado defensor. En el colmo de la hipérbole somocista, estas farsas se llevan a cabo en el mismo Complejo Policial Evaristo Vásquez, la prisión designada para los opositores, ni siquiera en la sede de un tribunal. Conocido como “El Chipote” (el chichón), supuestamente por la forma de la loma donde se ubica, el nombre evoca, tal vez de manera no intencional, las torturas que antes de 1979 y ahora se aplican en el lugar. Hace cuatro años, tras el levantamiento popular que Ortega sepultó bajo 481 cadáveres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió ese predio y determinó que no reunía “los estándares mínimos” y que “el solo encierro allí constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”.

Nada distingue los derechos de los que debería gozar Dora María Téllez de aquellos que deberían tener garantizados los demás 191 presos de Ortega y Murillo. Nada en las luces y las posibles sombras de una trayectoria política como la suya la hace merecedora de una reivindicación distinta de la que merecen todos quienes fueron arrojados a las mazmorras de un régimen odioso. Sin embargo, la acumulación de agravios que convergen sobre ella merece ser puesta en evidencia porque resume la vileza de una pareja dictatorial sobre la que los gobiernos democráticos de América Latina están lejos de aplicar toda la presión que debieran. Una parte de la vergüenza seguirá siendo de éstos mientras no le arranquen concesiones. Ortega y Murillo no tienen recursos ni envergadura para resistir una campaña por la libertad de los presos con la que las democracias latinoamericanas se comprometan con mínima seriedad. La esperamos con desesperada impaciencia.

GP

Cada 17 de julio Nicaragua celebra ‘el Día de la Alegría’. En recuerdo de aquella madrugada de 1979 cuando el presidente Anastasio Somoza Debayle , apodado 'Tachito', huyó de Managua en la madrugada con su familia. Según una versión (falsa), en el avión que lo llevó a Miami viajaban también, en cajas metálicas, los restos de su padre Anastasio Somoza García, apodado 'Tacho' o 'el Malo', también dictatorial presidente entre 1937 y 1956, y, en otras caja más, los de su hermano Luis Somoza Debayle, apodado 'el Bueno', quien completó el período de su padre asesinado, levantó el estado de sitio un solo día -el de los comicios en que lo votaron presidente a él-, y gobernó hasta 1967. Los Somoza eran los protagonistas pero no los autores de esta leyenda. La desmintieron tardíamente, porque los hacía quedar bien. Según esta misma ficción, no era por necrofilia que cargaron las osamentas, sino por piedad filial, para evitar la profanación de santas sepulturas fueran profanadas. Según reveló después la familia, Tachito tenía miedo y ni por un segundo pensó ese día en los muertos, no quería unirse a ellos.

El regocijo de aquella fecha es festejo nacional del fin de la dictadura somocista. La había inaugurado Tacho, primer comandante de la Guardia Nacional auspiciada por EEUU para “mantener el orden”. Ese martes de 1979, una multitud de nicaragüenses llegó hasta la avenida Somoza, en la colonia capitalina Somoza, ingresó al Estadio Nacional Somoza, y en la norte de esa cancha de beisbol, derribó la estatua ecuestre de Anastasio Somoza García: Tacho, o el Malo. Según lo señaló el historiador marxista británico Eric Hobsbawm, evocando la toma de la Bastilla parisina en aquel otro julio de 1789, cuando los vientos son Revolución, sea Francesa o Americana, nada mejor que símbolos.

El último día de la dictadura familiar somocista era el primero de la Revolución Popular Sandinista. La victoria de ultratumba de César Augusto Sandino sobre Anastasio Somoza, el dictador que en 1934 lo había mandado matar. Sandino había luchado heroicamente por una causa que parecía imposible: la liberación de Nicaragua, ocupada de hecho por EEUU desde 1909 y elevado a Protectorado desde 1912 hasta 1933. Al presidente Franklin Delano Roosevelt se le atribuye la frase: “Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Cuarenta y cinco años después, los “hijos de Sandino”, como gustaban llamarse los jóvenes guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocaron al último de los hijos de Somoza. Después de permanecer en EEUU, ‘Tachito’ viajó a Guatemala y eligió como destino final Paraguay, donde murió asesinado por un comando derivado de la antigua guerrilla argentina del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), coordinado por Enrique Gorriarán Merlo, quien había combatido con los sandinistas para derribar a Somoza.

Fundado a inicios de la década de 1960 como una organización político-militar de izquierda, el FSLN fue uno de los muchos movimientos guerrilleros inspirados por la Revolución cubana surgidos en el continente durante esa época. Las primeras victorias significativas en el plano militar no fueron inmediatas, aunque varias derrotas “heroicas” como las de Raití y Bocay (en 1963), Pancasán (1967) o Las Delicias del Volga (1969) los visibilizaron ante la población nicaragüense. Pasaron a la ofensiva en diciembre de 1974, con el asalto a la casa de un amigo personal de Somoza Debayle que le ofrecía una fiesta al embajador estadounidense. La acción conocida como la “Operación Chanchera” -el asalto a la casa de los chanchos- que años después inspiraría el guion cinematográfico de Gabriel García Márquez, El asalto- obligó al gobierno a pagar un rescate de US$5 millones, a publicar varios comunicados del FSLN y a excarcelar a 18 de sus miembros, entre ellos Daniel Ortega, el actual presidente del país.

En enero de 1978, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro -director del diario La Prensa, opositor a Somoza, y miembro de una de las familias más prominentes del país- incrementó tanto la oposición a la familia gobernante como la adhesión a las acciones del FSLN. Los constantes abusos de derechos humanos de la Guardia Nacional -entre ellos el asesinato del periodista estadounidense Bill Stewart que inspiró la película Under Fire, aceleraron el proceso que culminó con el repudio del presidente estadounidense Jimmy Carter. Caído el régimen somocista, asumió la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional compuesta de cinco miembros, entre ellos Daniel Ortega y Moisés Hassam del FSLN (el escritor Sergio Ramírez se sumaría sus filas poco después). El pretendido pluralismo de la Junta de Gobierno mostró sus quiebres en abril de 1980 con la renuncia de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo, los representantes del sector empresarial. La primera en renunciar fue la viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Diez años después sería elegida presidenta, primera victoria electoral de una candidatura no sandinista desde 1979. También Robelo abandonó la Junta y  quien pasó a integrar el directorio político de la Resistencia Nicaragüense o la “Contra”. Ronald Reagan y la CIA se iban a interesar en ayudar los Contras, buscando instrumentalizarlo para hacer caer a un gobiern cuyo pecado mortal, a sus ojos, era ser pro-cubano El surgimiento de la “Contra” radicalizó a los sandinistas, que llegaron al poder prometiendo elecciones democráticas, pluralismo político y una economía mixta pero pronto empezaron a restringir a la oposición, censurar la prensa y confiscar empresas y propiedades de “la burguesía”. A la vez, presentaron al mundo frutos de la revolución: la Cruzada Nacional de Alfabetización, que en 1980 redujo el analfabetismo del 50% al 13%, y una masificación de los servicios de salud que permitió la erradicación total de la polio dos años después. La economía nicaragüense, que hasta entonces había sido una de las más prósperas de Centroamérica -aunque también una de las más desiguales-, se desplomó. La Corte Internacional de Justicia de La Haya estimó en US$17.000 millones las pérdidas materiales generadas por el conflicto armado selectivamente financiado por EEUU. En 1984 el FSLN con Daniel Ortega como candidato se había impuesto claramente en las elecciones presidenciales, boicoteadas por las principales fuerzas opositoras. El gobierno suscribió en 1987 los Acuerdos de Paz de Esquipulas II , que contemplaban el adelanto de los próximos comicios presidenciales y mayores garantías para la oposición.

En 1989 caía el Muro de Berlín, y el bloque socialista prosoviético, la principal fuente de apoyo del gobierno sandinista, se derrumbaba en una caída que pocos habían previsto. En febrero de 1990, Violeta Barrios de Chamorro también sorprendía al mundo: había derrotado claramente a Ortega.

El FSLN se convertía así en la primera fuerza política en la historia de América Latina que habiendo alcanzado el poder por las armas lo entregaba en las urnas.

Muy otro es el panorama de estas elecciones. A lo largo de una década Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo construyeron un fuerte autoritarismo con el apoyo tácito de los antiguos contra revolucionarios. Una manera de patrimonialismo familiar que como el espejo de la historia refleja muy parecidas prácticas de la familia Somoza. Abandonando la ideología del Frente Sandinista y promesas de distribución de riqueza y progreso social promovidas durante la década de 1980. Las imágenes de la familia Ortega-Murillo: la pareja, sus ocho hijos y nietos puestas en escena en los actos públicos y los cargos  de sus hijos en canales de televisión, agencias de publicidad y empresas pretenden afirmar el afán de asegurar una dinastía del poder ejercido por “egócratas”. A diferencia de otros dictadores militares latinoamericanos de las décadas del ‘60 al ‘80 que anunciaron, arteramente, la transitoriedad de sus gobiernos, los Ortega-Murillo no desmienten que quieren la perpetuidad. La vicepresidenta administró la importante ayuda de Venezuela y es omnipresente en el medio de comunicación sandinista El 19. Llamada por el presidente “camarada eternamente leal” lo probó cuando en 1998, su hija mayor de un matrimonio anterior, Zoilamérica denunció a su padrastro y padre adoptivo de abuso sexual, Murillo dijo que eran calumnias de su hija. A partir de este sórdido suceso, Murillo cobró innegable protagonismo. En sus trajes, en su profusión de anillos, collares y pulseras de lapislázuli, turquesa y otras piedras contra la mala suerte, en la mano de Fátima signo de protección contra judíos y musulmanes, en árboles de la vida o “chayopalos”, en las estructuras metálicas de las grandes rotondas y las avenidas de Managua, como en sus llamados a las curas espirituales para hacer frente al Covid-19, hay que advertir un progreso con respecto a precedentes. De Juan Domingo Perón a Fidel Castro, de Trujillo a Chávez, muchos gobernantes creyeron firmemente en santeros y adivinos; en Nicaragua, Rosario Murillo dio un paso adelante: es ella la que ejerce la quiromancia. 

 A comienzos de 2021, se presentó una unidad opositora entre la Alianza Ciudadana, cercana al “gran capital nicaraguense” y la Coalición Nacional  formada por movimiento sociales partidos políticos y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre abril y junio de ese año, sectores populares se rebelaron contra el régimen. Nicaragua se paralizó por las protestas en las calles que no se veían desde 1978 en la lucha contra Somoza. Con un punto de inicio en contra los incendios que devastaban las zonas forestales, la protesta social estalló por los planes de reforma del sistema previsional, las jubilaciones y pensiones. La multitud enardecida derribó numerosos ‘chayopalos’. La brutal represión por parte de la Policía unió a la oposición -pudo más el espanto que la razón - empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos por el proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. Denunciaron el autoritarismo y la corrupción del régimen a la vez que reclamaron la renuncia de Ortega y su esposa, pidierondiálogo nacional y sanción para los crímenes perpetrados por la Policía. Las presiones internacionales de la OEA y de la ONU, y la decisión de EEUU de los bienes de Ortega y Murillo, obligaron al gobierno a decretar la ley de amnistía de 2019. Sin embargo, el gobierno desplegó una política de terror contra la oposición y no permitió un retorno al libre juego de la democracia. Las nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de “incitación a la injerencia extranjera”, “crimen de odio” y “ciberdelito”. En cuanto a las inminentes elecciones presidenciales, Ortega parece tener bien presentes los consejos de Tomás Borge “Yo le decía a Daniel Ortega: 'hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder'. Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre”.

Ortega resistió el embate gracias al uso de la fuerza pero también al control de las instituciones y a la oposición fragmentada que no ha podido (por la represión) o no sabido crear un contrapeso suficiente para enfrentar la dictadura. Influyó e influye, desde hace tiempo ,el “zancudismo” : la acción de prestarse al juego político para obtener prebendas y beneficios, como el mosquito zancundo que chupa la sangre, se chupa la del pueblo. En consecuencia, la Asamblea Nacional controlada por FSNL introdujo reformas que criminaliza la disidencia de la sociedad civil con delitos como “lavado de dinero” y “traición a la patria”. Los candidatos más visibles de la oposición Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga– fueron detenidos, junto con otros dirigentes sandinistas que se pasaron a la oposición de Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Unión Democrática Renovador - Unamos del empresariado y la sociedad civil. Acusados de “favorecer la injerencia extranjera” periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos, el candidato presidencial Noel Vidaurre y la candidata a la Vicepresidencia y ex-Miss Nicaragua Berenice Quezada El Chipote. Algunos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, y varios políticos prefirieron exiliarse antes de ser encarcelados. Fue también el caso del escritor y ex presidente sandinista Sergio Ramírez, sobre quien, estando en España, recayó una orden de detención El 28 de julio, el Parlamento aprobó leyes que ilegalizaron a 24 ONG de los sectores de la salud y los derechos humanos, acusadas de “violar sus obligaciones legales” en cuanto a declaraciones financieras. Algunas ONG habían señalado la ineficaz política sanitaria ante la pandemia del Covid-19 y el falseamiento de datos de internaciones y muertes. El 7 de agosto la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) se disolvió por completo al ser inhabilitada por el Consejo Supremo Electoral. Los reclamos internacionales por la liberación de los detenidos no se hicieron esperar: la Corte Interamericana de Derechos Internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea que anunció que en tanto haya detenidos políticos en Nicaragua, todo proceso electoral es ‘falso’.

Todo indica que es muy probable que Ortega y su esposa Murillo logren el cuarto mandato constitucional consecutivo con un alto porcentaje de ausentismo- que a primera vista aparece como el único medio con el que cuenta la sociedad para mostrar su repudio- pero también es probable que sucedan nuevos estallidos sociales que indiquen que las dictaduras dinásticas, desembocan en un callejón sin salida. 

SS

Una semana antes de que los sandinistas tomaran Managua, Patricia Vaca Narvaja daba su primer paso en Nicaragua. Lo hizo de madrugada para evitar ser detenida. Había despegado desde Costa Rica en una avioneta Cessna junto a otros cinco argentinos con los que vivía exiliada en México, lugar al que volvería tres décadas después como embajadora argentina. 

Patricia tenía 24 años, formaba parte de la organización peronista Montoneros y estaba embaraza de tres meses cuando decidió viajar a Diriamba, una ciudad a unos pocos kilómetros de la capital, para asistir sanitariamente a los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la brigada sanitaria “Adriana Haidar”, médica argentina desaparecida 1977.

La guerrilla de izquierda se hizo con el control del país el 19 de julio de 1979 y puso fin a los más de 40 años de dictadura somocista. “Me tocó vivir el ingreso de las columnas del FSLN a Managua. Pudimos desfilar junto a todos ellos. Fue conmovedor haber podido ser parte de ese proceso”, dice la argentina.

Patricia, como tantos otros miles de jóvenes, era parte de las brigadas internacionalistas que desembarcaron desde distintas partes del mundo para respaldar la única revolución de izquierda victoriosa en América Latina después de la cubana de 1959.

“Llegamos a Nicaragua para acompañar a los protagonistas de esa revolución, para solidarizarnos con ellos, con la esperanza de que esa victoria irradiase en la región y marcase el fin de las dictaduras en América Latina”.

Los “sandalistas”

“¡Hostias! No tengo idea cómo se ordeña una vaca”, fue lo primero que pensó Luis Nieto Pereira después de que un campesino sandinista le pidiera un balde lleno de leche. Esa fue una de las primeras experiencias que este hombre de Galicia, nacido hace 62 años, actual portavoz de Podemos en la ciudad de Madrid, le tocó pasar mientras vivió en una zona rural del sur del Nicaragua en 1983.

Luis, graduado en Magisterio, procedente de una familia obrera europea, era uno de los tantos jóvenes extranjeros, apodados por los nicaragüenses como “sandalistas” –por el uso de sandalias–, que llegaron de Europa para trabajar con el Frente Sandinista.

“Me siento parte de una generación que desde muy joven apostó por la lucha antifranquista. Luego llegó la Transición y no cubrió nuestras expectativas. Algunos se fueron para su casa y otros, como es mi caso, buscamos otro sitio donde encajar”, dice este dirigente, que pasó de la Asamblea Popular Gallega al sandinismo, mientras recuerda los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de viajar a Centroamérica sin billete de vuelta. 

La experiencia en Nicaragua le sirvió, entre otras cosas, para terminar con algunos prejuicios. Uno de ellos: la religión. “Yo que en España siempre he sido un ateo redomado, cuando llegué a Nicaragua descubro a los curas en la trinchera, diciendo que si hay un trozo de pan, primero al campesino. Ahí es cuando dije: ¡pero qué pasa aquí!”.

El internacionalismo se volvió en esos tiempos una bandera política para aquellos que consideraban demasiado estrechas las perspectivas locales. Pero además, el caso nicaragüense es el ejemplo exitoso. La revolución que había logrado su objetivo inmediato: terminar con una dictadura.

Luis ejemplifica con un recuerdo de una noche de celebraciones la diversidad de procedencias de los brigadistas. “A ver... los compañeros de Alemania ¡un paso al frente!”, gritó uno de los dirigentes nicaragüenses a la multitud. El grupo de brigadistas alemanes respondió y como recompensa recibió un aplauso. Luego le tocó el turno a los franceses, más tarde a los suecos y también a los españoles: “Los compañeros españoles, ¡un paso al frente!”, se escuchó. Nadie se movió.

No era que faltaran españoles sino que ninguno se reconocía de esa manera. Hizo falta que comenzaran a nombrar una a una las comunidades de Euskadi, Cataluña, Andalucía para que dieran un paso adelante. “Nadie entendía nada. Entonces ahí hubo que explicarles un poco qué es lo que pasaba en España”, recuerda Luis. 

De Chile a Nicargua

Dos semanas antes del último golpe de Estado en Chile que puso fin a la presidencia de Salvador Allende, en agosto de 1973, José Miguel Carrera llegó a La Habana con una beca del Gobierno cubano para estudiar medicina. El fin del Gobierno de la Unidad Popular lo sorprendió en la isla. La muerte de Allende, además de provocar una hecatombe política en el Partido Comunista, alteró la vida de José Miguel.

Fue en abril de 1975, en un aniversario de la batalla en playa Girón, cuando Fidel Castro les propuso a los estudiantes chilenos que dejaran la medicina para empezar a recibir entrenamiento militar. “Muchos de nosotros dejamos de estudiar y pasamos a ser soldados de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba”, dice el chileno.

Miguel militaba en la Juventud Comunista de Chile, donde la idea del internacionalismo siempre estuvo presente. La decisión le pareció acertada, de esa manera podría volver a Chile y recuperar el país de las manos de Augusto Pinochet. “Yo me sentía feliz de prepararme para ir a luchar a Chile contra la dictadura. Ese era nuestro sueño: volver a Chile”.

Pero ya como subteniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la historia fue otra. En mayo de 1979, José Miguel conoció a Fidel Castro. Fue en una escuela militar, cerca de La Habana, donde el líder cubano garabateó en una pizarra la estrategia militar para entrar por el sur a Nicaragua frente a un reducido grupo de chilenos, entre los cuales se encontraba él.

“Nosotros en ese tiempo no teníamos ni idea de lo que era Nicaragua. Yo sabía muy poco. Alguna vez había oído hablar de Sandino pero no teníamos mucha idea. Al otro día empezamos a formar grupos para ir ahí. Fidel Castro nos dijo que nuestra tarea era contribuir a que triunfara esa revolución”, cuenta José Miguel. 

Ya en Nicaragua, en la frontera con Costa Rica, José Miguel se sumó a la guerrilla. “En nuestro caso, a diferencia de otros internacionalistas, nosotros éramos militares de carrera y por eso los sandinistas nos tenían mucho respeto y nos consultaban”. 

En sus días en el país tuvo una tarea fundamental: entrenar a los jóvenes que venían de otros países que no tenían ninguna experiencia militar y que terminaban heridos o muertos rápidamente por la falta de preparación. La tarea de José Miguel fue, en ese momento, crear una escuela militar para la guerrilla. Y a eso se dedicó mientras estuvo en Nicaragua.

Adiós muchachos

“Aprendimos que se puede luchar con éxito”, dice José Miguel. Para cientos de los jóvenes de izquierda de aquella de época, Nicaragua funcionó como sedativo de las derrotas pasadas y una forma de reparar la ilusión rota. 

“Habíamos idealizado que con la Transición haríamos un cambio de país y de repente nos dimos cuenta que no iba a ser así. En lugar de irme, pensé en dónde podía haber otro sitio donde canalizar la lucha por la igualdad y el cambio de modelo. En aquel momento, ese lugar era Nicaragua”, dice Luis.

Si bien los internacionalistas que llegaron ahí lo hicieron impulsados por intereses de lo más diversos, el compromiso político de cada una de estas personas empezaba en su país. Ese era un elemento en común.

“Estas brigadas fueron una manera de hacer frente a todas las dictaduras que se desplegaban en la región, queríamos ser solidarios para poder después replicar el fin de las dictaduras en el continente como una gesta de hermandad revolucionaria”, dice Patricia. 

Pero para algunos, como en el caso de Luis, en esa época ya había indicios de que la historia podía no acabar bien. “En Nicaragua, pasé de la teoría a la práctica. Y ahí empiezas a ver cosas que no te gustan, elementos autoritarios. Pero en ese momento dices 'estamos en la revolución, todos nos equivocamos'. Luego, con los años, te das cuenta que estas cosas se debieron de tratar en su momento y no dejar que llegaran a donde están llegando”.

Entre los elementos que Luis miraba con desconfianza estaba la diferencia marcada entre la dirigencia y las bases. “Comandantes que decían 'estamos en guerra', pero luego uno los veía que en ciertos momentos no eran todos iguales, ni tenían acceso a las mismas cosas. Existía una idolatría del campesinado a sus dirigentes que llevaba a que nadie se atreviese a hacer ninguna crítica”.

Patricia detectó, en medio de los festejos del triunfo, que lo complicado recién estaba empezando. “¿Y ahora cómo sigue? Esa fue la pregunta que nos hicimos muchos de nosotros en ese momento. Lo habían conseguido, pero empezaba la parte más difícil: cómo gestionar esa revolución”.

El presente de Nicaragua

“La revolución no está hecha para estas venganzas”, dice Luis que escuchó decir a un dirigente sandinista cuando durante el primer Gobierno de Daniel Ortega, en la década de los 80, impidió que un grupo de campesinos fusilara a otro porque se habían pasado al bando contrario.

“Eso era la revolución. Pero lo que vemos ahora es que esos dirigentes revolucionarios están acusando a otros compañeros de traidores y creando brigadas parapoliciales para matarlos, no lo puedo creer”, dice Luis. 

Las lecturas sobre lo que está pasando en Nicaragua difieren según las historias. Luis lo vive como un drama. “Cuando estábamos en la revolución, nunca creímos que tal persona, con nombre y apellido, pudiera llegar a hacer lo que están haciendo”.

Para Luis algunas cosas tienen su raíz en el pasado, como cuando en 1991 el Frente Sandinista pierde las elecciones. “En ese momento empieza a tomar forma una elite sandinista que se fue apartando de la revolución. Ya vivía en una casa diferente y tenía un coche diferente; las condiciones materiales te van moldeando. Una elite sandinista con una verborrea de la revolución que no coincide con la práctica”, dice el ahora portavoz de Podemos.

“El autoritarismo ya existía. Algunas violaciones a los derechos humanos, también. Existía algún grado de separación entre la élite sandinista y la gente. Pero todo eso lo ocultamos porque estábamos haciendo la revolución. No entendimos que hacer la revolución también implicaba un cambio de valores, un hombre nuevo. Ahí se fue formando una élite sandinista que se fue apartando de la gente”, dice.

En la vereda opuesta esta la lectura de José Miguel. El chileno, adoptado por Cuba a mediados de los setenta, regresó a Nicaragua para las elecciones de 2016 y no tiene críticas al actual Gobierno. Los últimos movimientos de Daniel Ortega los asocia a una variable externa: Estados Unidos. “A Estados Unidos no le gusta Nicaragua, que ha mostrado dignidad. Históricamente han intentando aplastar a ese país”, dice.

Para Patricia, la situación es más vidriosa. “Es una pena que todos estos valores e ideales que vimos ahí no tengan un buen desarrollo en este momento. Pero las decisiones las tienen que tomar los nicaragüenses. La resolución del conflicto debe ser mediante el diálogo y el voto”.

A la pregunta sobre las faltas de garantías, competitividad y transparencia que las elecciones generales de próximo domingo 7 de noviembre presentan para la oposición, Patricia responde: “Los pueblos siempre encuentran la forma de expresarse, sea con el voto en blanco o la decisión de no participar de una elección”.