La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

En un plazo de 5 días, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, deberá informar los términos en que el Gobierno argentino llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito de 20 mil millones de dólares. Así lo resolvió el Juzgado Federal de Dolores a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, como representante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), en conjunto con los abogados Leonel Bazan, y Diego R. Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según la decisión judicial, el Ministerio de Economía deberá presentar el expediente completo en el que se tramitó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que el Gobierno envió en marzo al Congreso para autorizar el acuerdo de “facilidades extendidas” con el Fondo y así poder cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas.

La decisión del Ejecutivo de acordar con el FMI vía decreto fue cuestiónada no sólo por la oposición y distintos juristas que advirtieron que una medida de ese tipo entra en contradicción con Ley 27.612, que establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público requiere la autorización expresa del Parlamento. Además, el propio Mauricio Macri también cuestionó al Gobierno: “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, dijo entonces el expresidente.

Ahora, los jueces federales de Dolores, entendieron que además el decreto viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) y que el Ministerio buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

Según entendieron los jueces Maximiliano Chichizola y Martín Bava, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, y cuestionaron los trámites burocráticos al que derivaron el pedio de información presentado por los abogados.

Para los jueces, el Ejecutivo tiene la obligación de “garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”.

Pero además, los jueces de Dolores obligaron al Ejecutivo a pagar $1.667.358 más IVA y aportes previsionales abogados Verbic, Bazan y Morales, en concepto de honoarios.

En el fallo, los magistrados aclararon “que en nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo”.

Según el Cels, la decision de los jueces reafirma así “que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”.

Y remarca que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos. Además, el Tribunal consideró que la actitud del Ministerio va en contra del derecho a conocer información y repercture en la vida de la sociedad y cita a la propia Corte Suprema de Justicia que estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

Según el máximo tribunal de justicia, “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”. Ese derecho “corresponde a toda persona”.

La Argentina realizará esta semana la presentación de un descargo argumental en la Justicia estadounidense para buscar sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF que ordenó la jueza Loretta Preska.

Los abogados del país presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska.

De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.

El escrito argentino se dará este martes 22 de julio, luego de que el realizado por los beneficiarios del fallo expresara a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones, se da tras el apoyo legal del gobierno estadounidense a la posición argentina mediante un amicus.

En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama.

En caso de que el pedido judicial sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando a la Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.

La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.

Horacio Marín está a cargo del directorio de la petrolera y hasta que fue designado por el presidente Javier Milei, se desempeñaba como ejecutivo del grupo Techint y director de Exploración y Producción de Tecpetrol.

MP con información de NA

La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

El juez federal de Rawson Hugo Sastre frenó este jueves el recorte de subsidios al transporte dispuesto por el Gobierno nacional en perjuicio de la provincia de Chubut a partir de una medida cautelar.

Se trata de una presentación que había hecho el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contra la decisión del Estado Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior en materia de transporte.

El fallo del juez es al Estado Nacional para que “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.

Ahora, el gobierno de Javier Milei puede apelar a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la decisión de primera instancia y el juez es quien decide si concede eso y se mantiene el recorte de subsidios o bien hace valer su decisión hasta tanto falle aquel otro tribunal.

La decisión de la Justicia si bien tiene efectos concretos sobre Chubut es algo que podría extenderse y sentar un precedente para otras provincias que decidan ir a la Justicia con reclamos similares.

La decisión de la Justicia si bien tiene efectos concretos sobre Chubut es algo que podría extenderse y sentar un precedente para otras provincias que decidan ir a la Justicia con reclamos similares

“La legitimación activa de la Provincia del Chubut surge de modo manifiesto por ser parte activa del federalismo de concertación, y resultar afectada por la unilateral decisión adoptada por el Estado Nacional de reducir el subsidio a las empresas prestatarias de transporte de jurisdicción nacional y de eliminar el Fondo Compensador del Interior”, justificaron en la presentación que había hecho el Gobernador.

“La verosimilitud del derecho se encuentra acreditada por la circunstancia de que el Estado Nacional pretende inconsultamente poner en riesgo la sustentabilidad del transporte automotor de pasajeros de la Provincia del Chubut, lo que configura un manifiesto incumplimiento del Pacto Fiscal 2021, los Compromisos asumidos en el marco del Federalismo de concertación y los principios que lo rigen, así como el presupuesto para el año 2024”, señalaron.

JJD

Con información de NA.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó este miércoles la apelación del Ejecutivo Nacional y ratificó que un planteo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 tramitará como proceso ordinario y no con carácter colectivo, tal como pretendía el gobierno de Javier Milei.

Se trata de uno de los primeros expedientes contra la norma que sancionó el Presidente, que había sido presentada y aceptada inicialmente como un “amparo colectivo” por el juez Esteban Furnari, explicó Noticias Argentinas (NA). Sin embargo, un fallo posterior del juez Enrique Lavié Pico

Esa acción judicial fue impulsada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el economista y ex funcionario Claudio Raúl Lozano y los sindicalistas Hugo Ernesto “Cachorro” Godoy y Rodolfo Ariel Aguiar.

Los jueces de feria Sergio Fernández y Carlos Grecco rechazaron el pedido del Ejecutivo, que pretendía que la causa tramitara como proceso colectivo para evitar la dispersión de presentaciones contra el DNU, lo que incluye la posibilidad de fallos contradictorios.

De hecho, el Ejecutivo había apelado la decisión adoptada durante la feria judicial para que el proceso, que se inició como colectivo, pasara a revestir el carácter de una acción de amparo individual.

Esa decisión, adoptada el 4 de enero último, fue apelada por los abogados del Estado. “No se explica cuál es el gravamen que le causa al Estado Nacional que, en resguardo de los principios de jurisdicción, competencia y especialidad establecidos en las normas procesales, se preserve la intervención propia de los tribunales competentes para conocer en cada una de las vastas materias de las que se ocupa el DNU 70/2023″, sostiene el fallo firmado hoy por el tribunal de feria.

El Gobierno pretendía concentrar todos los reclamos contra el DNU y en ese sentido advirtió que “los distintos tribunales que recibieron demandas con similares pretensiones fueron remitiendo las causas para que tramiten en el proceso colectivo para evitar sentencias contradictorias”.

La decisión no afecta, de momento, a la vigencia del DNU, pues la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó dictar una medida precautelar para suspender todo el DNU.

ED

Desde que Javier Milei dictó el decreto 70/2023, el 20 de diciembre último, se produjo una lluvia de medidas cautelares en contra de algunas de sus 366 medidas; entre ellas, la suspensión de la reforma laboral. Este lunes fue el turno de los aumentos que dispusieron las empresas de medicina prepaga.

Las subas en las cuotas superaron en algunos casos el 75%. Esto produjo un aluvión de trámites de afiliados para optar por planes más económicos y en muchos casos hasta darse de baja en la cobertura. Pero Marta Cristina Brauchli, de 78 años, decidió ir a la Justicia, que por ahora le dio la razón.

La jueza federal de San Martín Martina Forns hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Brauchli y le ordenó al Hospital Italiano “readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23” del presidente Milei, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por el Ministerio de Salud en los términos del artículo 17 (no sustituido por su decfreto) de la ley 26.682 “hasta tanto se dicte sentencia definitiva, debiéndose acreditar su cumplimiento en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de ley”.

Dicha artículo de la ley Marco Regulatorio de Medicina Prepaga regula, justamente, las cuotas de los planes y establece que el Ministerio de Salud (ahora convertido en secretaría dependiente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello) “fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales” y “autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”.

El fallo de Forns, indicó la cuenta de X (Twitter) del blog especializado Palabras del Derecho, tiene “efectos exclusivos a la mujer que hizo el planteo”. La afiliada señaló en su presentación que la “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano” le incrementó “primero en un 40%” la cuota para enero de 2024 y que “luego recibió otra comunicación para febrero con un nuevo incremento del 29,5%”. Dijo, además, que sus haberes previsionales por el período 12/23 ascienden a la suma de $323.089,39, “por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago”.

“Cabe señalar que, si bien la presente causa fue declarada como proceso colectivo, aún no ha podido ser inscripta en el Registro correspondiente, atento a lo peticionado por la actora y la urgencia del caso considero que corresponde tratar la medida cautelar solicitada de forma individual”, dijo la jueza Forns en los considerandos de su fallo.

JJD

En un fallo que se conoció este lunes, la justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la jueza, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero el 7 de abril, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

Ahora, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios Tic y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

A la luz de la sentencia emitida en el litigio por la expropiación de YPF SA en 2012 es posible echar luz sobre tres planos de análisis que responden a lo obligatorio, lo opcional y lo estratégico del caso. Así: ¿se cumplieron los requisitos constitucionales para apropiarse de tenencias privadas? ¿Expropiar a un solo accionista era la única opción disponible? Y, finalmente, ¿fue políticamente legítima y económicamente acertada la decisión de orientar la inversión hacia Vaca Muerta?

En cuanto al plano constitucional, el art. 17 de la Carta Magna impone tres requisitos para avanzar sobre la propiedad privada: que la expropiación 1) tenga por causa la utilidad pública, 2) sea calificada por ley y 3) sea previamente indemnizada. ¿Se cumplieron? En principio sí, porque la transferencia patrimonial del paquete accionario se performateó vía declaración del Congreso de la utilidad pública del 51% del capital societario y se indemnizó el accionista expropiado al arribar –dos años después– a un acuerdo definitivo. Cierto: el pago no fue “previo”, pero dada la situación de una compañía que cotiza en bolsa el proceso de negociación del precio no lucía como una factibilidad antes de la aprobación parlamentaria.

Procedimiento estatutario

En 1990 el gobierno peronista de Carlos Menem resolvió, a través del Decreto 2.778/90, “transformar [a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado] la en una empresa competitiva” dentro de un mercado desregulado, desmonopolizado y abierto, con el objeto de alcanzar “una gestión eficiente y competitiva”, de convertirse en “un competidor eficiente en el mercado”. Para ello se elaboró un Plan de Transformación global de la compañía que permitiera asegurarle la “máxima autonomía empresaria” en su gestión, “liberándola de las restricciones y limitaciones existentes y dotándola de una estructura jurídica propia del derecho privado”. 

Dos años después, la Ley 24.145 de “provincialización de hidrocarburos” avanzó en esta de SE en SA de capital abierto, cuyas acciones comenzaron a cotizar en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York; y cuyo nombre sería reducido a un anagrama (simples iniciales que invisibilizaban la participación estatal). Allí se aprueba el Estatuto social, regido enteramente por el derecho privado, y que regula la forma de venta y adquisición societaria. Dicho estatuto fue modificado al año siguiente, a través del Decreto 1.106/93. En su art. 6º sobre el Capital y las clases de acciones ordinarias se distinguió a las acciones “clase A” como representativas del 51% del capital social y cuyo único titular podrá ser el Estado nacional. Tales acciones daban derechos especiales, pues se requeriría su voto favorable para “aceptar que la Sociedad, a través de la adquisición por terceros de sus acciones, sufra una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión de más del 50% del capital social de la Sociedad”. Por su parte, el artículo 7º de Transferencia de acciones y toma de control indica, en su inc. d), que no podrán adquirirse acciones de la Sociedad cuando, como consecuencia de dicha adquisición, el adquirente resulte titular del 15% o más del capital social. Y, en su inc. e) de Requisitos, que la persona que desee llevar a cabo una Adquisición de Control deberá “realizar una oferta pública de adquisición de todas las acciones de todas las clases de la Sociedad y de todos los títulos convertibles en acciones”. Finalmente, el artículo 28° sobre las Normas especiales para adquisiciones del Estado Nacional, establece que lo antedicho no se aplicará “a las adquisiciones que directa o indirectamente efectúe el Estado Nacional, por cualquier medio o título, de acciones o títulos de la Sociedad, 1) cuando como consecuencia de dicha adquisición el Estado Nacional resulte titular de, o ejerza el control sobre, acciones de la Sociedad que, sumadas a sus tenencias anteriores de cualquier clase, representen, en total, el 49% o más del capital social”.

Éste es, precisamente, el meollo de la cuestión en el juicio radicado en NY. No obstante, para la defensa del Estado Nacional, tales disposiciones no son aplicables por el principio de “Inmunidad Soberana” del Estado y a la doctrina de los actos soberanos del Estado (lo cual se plasma, por reciprocidad diplomática, en nuestra Ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos, sancionada en 1995). De allí que el Gobierno Federal, a través del Congreso, posea la potestad republicana de decidir de manera soberana y –dada la jerarquía normativa de nuestro sistema constitucional– sus decisiones se ubicarán por encima de cualquier disposición de derecho privado (comercial/societario). Ergo, el juicio debe ser llevado a cabo bajo ley argentina en los estrados de la jurisdicción local (Buenos Aires).

No obstante, en marzo de este año la jueza Loretta A. Preska derrumbó este argumento y reconoció el derecho de los litigantes a recibir daños compensatorios dado que la ley de expropiación debía ser entendida en forma separada a las obligaciones comerciales derivadas del estatuto societario.

En este marco, es válido preguntarse si el Congreso de la Nación tenía facultades para no solo ejercer sus competencias soberanas de decidir una expropiación, sino también de evitar las consecuencias adversas que ahora se imponen por el fallo en cuestión. Podría plantearse un conjunto de alternativas, todas ellas válidas:

a) “La bolivariana”: expropiar el 100% del capital social, (des)transformar a YPF de una SA abierta en una SE pura (o bien en una SAPEM o SABIE, que para el caso son similares), esto es, una nacionalización completa –o muy mayoritaria– del paquete accionario.

b) “La de Estenssoro”: en el otro extremo, expropiar solo el 20% de la compañía pero modificar el estatuto social con la incorporación de competencias exclusivas para el tenedor de las acciones “clase A” de modo tal que le permitiera controlar la compañía – símil CAMMESA en la actualidad. Esta alternativa significaba una erogación menor pero, también, la ausencia del factor político (y épico) que implicaba “tener la mayoría” accionaria.

c) “La intermedia de CFK”: Expropiar el 51% del paquete accionario a una sola empresa, la tenedora mayoritaria, esto es, solo las acciones “pertenecientes a Repsol YPF SA”. Esta solución fue la que se incluyó en el Proyecto de Ley y, luego, se plasmó en el art. 7° de la Ley 26.741. 

d) “La proporcional”: expropiar el 51% del paquete accionario pero a prorrata, es decir, a todos los accionistas en proporción a sus tenencias –lo que hubiera derivado en una indemnización porcentual a todos y cada uno de los shareholders, incluido el grupo Petersen –solución políticamente inviable.

Finalidad estratégica

Por último, ¿fue políticamente legítima y económicamente acertada la decisión de orientar la inversión hacia Vaca Muerta? El gobierno federal que implementó la expropiación contó con una revalidación del voto popular en las urnas del 54% y, meses después, con una amplísima mayoría parlamentaria pluripartidaria en ambas Cámaras (quórum de 63 a 3 en el Senado y de 208 a 32 en Diputados). De allí que su legitimidad estuviera fuera de toda discusión en términos de la politología clásica.

Por su parte, en lo que respecta a la decisión estratégica de expropiar una empresa centenaria que fue el actor principal del sector energético desde 1922, es una obviedad recordar que fue gracias a la acción decidida de la YPF de mayoría estatal que se pudo desrisquear la roca generadora de recursos petroleros y gasíferos no convencionales. Hoy por hoy, la inversión de YPF, en el marco de la nueva Ley Nacional de Hidrocarburos 27.007 de 2014, permitió que la provincia de Neuquén otorgara 45 concesiones no convencionales no solo a la empresa de bandera nacional, sino también a otras 14 empresas locales e internacionales de primer nivel mundial, las cuales comprometieron inversiones por unos 200.000 millones de dólares. ¿Efectos? En la actualidad, la producción del shale representa más del 50% del petróleo y del 65% del gas que se produce en todo el país. Las exportaciones permitieron revertir ya este año el déficit comercial energético y prever un superávit de US$8.000 millones para el año próximo. Además, gracias al Plan Gas.Ar y al GPNK (gasoducto Presidente Néstor Kirchner) se garantiza la demanda doméstica de gas, se reducen importaciones de invierno de GNL (gas natural licuado) y líquidos para generación eléctrica, y se retomó las exportaciones en firme a Chile. 

En conclusión: la expropiación se trató de una decisión políticamente legítima y económicamente acertada, se la mire por donde se la mire. El proceso legal de expropiación cumplió con la Constitución y optó por una alternativa válida en un marco de opciones posibles que, a la postre, se reveló litigiosa, pero que –de todos modos– no invalida la decisión estratégica de ir a desarrollar Vaca Muerta.

JJC / AR

El autor es director de la consultora Paspartú y fue subsecretario de Hidrocarburos en 2019/2020.

Ciento cuarenta después de que un “entusiasta conjunto de caballeros”, tal como anuncia en su presentación, decidió fundar el Jockey Club, la justicia acaba de ordenarle a la entidad que llegó el momento de adecuarse a estos tiempos y aceptar mujeres entre sus socios.

En los papeles, no hay una norma que impida el ingreso de mujeres. Sin embargo, para la justicia pesaron dos datos. El primero que en casi un siglo y medio nunca hubo una socia y que entre sus sus 6.000 adherentes actuales sólo se encuentren varones. Y en segundo lugar, los jueces remarcaron que al hacer explícito que se aceptan yernos pero no se mencionan nueras se da por sobreentendido que cuando se refiere al ingreso de hijos o sobrinos también se excluyen las hijas y sobrinas

 “El Estado Argentino asumió diversos compromisos internacionales, entre los que se encuentran la de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas”, señala el fallo de la Sala M de la Cámara Civil.

Fundado el 15 de abril de 1882 por Carlos Pellegrini, el objetivo del Jockey Club fue darle un ámbito formal a las carreras de caballos. Pero esa no fue su única misión. Además, se buscó convertirlo en “un centro social de primer orden, similar a los mejores clubes europeos que todos ellos -sus socios- habían conocido durante sus viajes por Francia e Inglaterra”. Desde su origen y hasta hoy, el Jockey Club representó la aristocracia y la exclusividad. En ese ámbito, las mujeres no tuvieron cabida ya que los únicos socios permitidos fueron varones.

Fue la Inspección General de Justicia (IGJ), la que tomó la iniciativa y en junio envió una intimación a la Asociación Civil Jockey Club para que regularice su situación respete la “diversidad de género”. Y recomendó que una manera de comenzar era integrando socias mujeres al directorio. “En el seno del Jockey Club existían situaciones de patriarcado, misoginia, restricción y discriminación, lo que difería de lo informado por sus autoridades”, dijo el organismo y señaló que la entidad debía “abstenerse de realizar cualquier práctica que importe la restricción de acceso de mujeres a la condición de asociadas de la institución”.

El Jockey había alegado que no existía ningún impedimento para que las mujeres pudieran asociarse.

Ahora, la Cámara Civil avaló la actuación de la IGJ y ordenó al Jockey Club a remover todas las normas que impiden sumar mujeres entre sus asociados:  “El tribunal no puede soslayar que la redacción que contiene el artículo 23 del estatuto del Jockey Club, al mencionar: socios, hijos, sobrinos, nietos y yernos (pero no menciona a las nueras) sugiere con suficiente grado de certeza que la afirmación que hicieron el presidente y secretario general de la institución, en cuanto a que no hay restricción al ingreso para mujeres, no se corresponda con lo que efectivamente sucede en el club”, dice el fallo que lleva las firmas de los jueces Carlos Calvo Costa, María Isabel Benavente y Guillermo González Zurro.

Para los camaristas, la postura de la ICJ “no solo se ajusta a las facultades reglamentarias y legales conferidas al órgano estatal, sino que es coincidente con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas”.

La IGJ había ordenado también al Jockey que “reglamente detalladamente el mecanismo de presentación de solicitudes de afiliación y el tratamiento de las mismas, ello a los efectos de que las personas interesadas, independientemente de su género o condición sexual, puedan iniciar el trámite”.

  El Jockey Club apeló la decisión, pero el tribunal respondió que “el reconocimiento de sus autoridades de que nunca hubo a lo largo de la historia socias mujeres ni tampoco en la actualidad, a pesar de no existir formalmente restricciones al ingreso y contar con 6.000 socios, permite suponer que el mecanismo de ingreso al club tiene, en los hechos, una barrera que impide el acceso de mujeres”.

Por esa razón, los camaristas agregaron que  “la restricción contra determinado grupo en razón del género, al que se impide de hecho el pleno ejercicio de sus derechos por sus características innatas, al margen de los méritos o comportamientos individuales, afecta en definitiva la propia dignidad del ser humano”, añadieron.

Con información de NA

¿Qué pasa cuando la cuota alimentaria no alcanza? En la mayoría de las demandas, la Justicia fija un monto mensual que debe depositar el progenitor que no convive con los hijos para colaborar con los gastos destinados a su bienestar. Sin embargo, en un país con inflación acelerada como la Argentina, esa cifra puede quedar desactualizada en muy poco tiempo. Por eso, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil resolvió que ese dinero debe ajustarse de forma anual en línea con el índice que el Banco Central de la República Argentina establece para el aumento de los alquileres. De esta forma, los camaristas se sumaron a una tendencia que se inició hace alrededor de dos años,  cuando algunos tribunales de familia comenzaron a buscar herramientas para evitar que la suba de precios afecte al ingreso económico de los hijos. 

Los jueces Claudio Marcelo Kiper y José Benito se refirieron, en su sentencia del 5 de agosto, al “efecto inflacionario” y aseguraron que “no se advierte ningún impedimento legal para que el incremento de la cuota de alimentos se efectúe aplicando un índice”. Además, sostuvieron que el monto que se había fijado en primera instancia no estaba “ajustado al contexto económico” en el que se dictó el actual pronunciamiento. 

El pronunciamiento judicial tiene efecto sólo entre las partes involucradas. De todas maneras, para los especialistas significa un avance en el reconocimiento de la necesidad de considerar el contexto económico a la hora de establecer cuotas alimentarias. En diálogo con elDiarioAR, Eduardo Roveda, profesor titular de Derecho Civil V en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvo: “Una golondrina no hace verano y un solo fallo no sienta jurisprudencia. Pero sí se advierte que cada vez más jueces están estableciendo distintos métodos de actualización del monto mensual”. 

El tema de las cuotas alimentarias crece en la agenda regional y local impulsado, sobre todo, por los feminismos. En Chile, por ejemplo, el 17 de agosto se aprobó la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que estableció nuevos mecanismos para perseguir a los progenitores morosos. 

En el Congreso argentino son varios los proyectos que buscan regular el tema. Uno de ellos fue presentado por la diputada nacional Jimena López, quien además el 25 de agosto organizó un conversatorio en la Cámara Baja para que los diferentes bloques debatieran estrategias que garanticen el acceso de los menores de edad a la cuota alimentaria. Con respecto al efecto que tiene la inflación, la legisladora aseguró a elDiarioAR: “El tema de los precios es urgente. Mirás el valor de la leche y en 15 días cambia, es un indicador que va volando. Tiene que haber una indexación a valor inflacionario”.

Sin embargo, todos los especialistas consultados coincidieron en que, en paralelo a las discusiones sobre el monto, debe ponerse especial atención en el incumplimiento. Según el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, casi un 70% de los padres bonaerenses no cumplen con la obligación alimentaria. A nivel nacional, la situación no es tan diferente: de acuerdo a un estudio que elaboró el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. 

Con una inflación que en julio alcanzó el nivel más alto desde el 2002, conseguir que el dinero que reciben los menores de edad no pierda valor mes a mes es uno de los desafíos que tienen hoy los jueces de familia. 

Fórmulas

La sentencia de Kiper y Benito llegó luego de que fuera apelado el fallo de primera instancia. En esa oportunidad, la jueza que intervino estableció que el demandante debía abonar, en concepto de pensión alimentaria, $100.000 en favor de sus tres hijos y que dicha cuota iba a aumentar en la misma proporción que el gasto de cobertura médica. 

La madre cuestionó el mecanismo asegurando que “no guarda ninguna relación con la realidad inflacionaria que sufre nuestro país”. Además, aseguró que la información sobre el aumento de la obra social era de difícil acceso para ella ya que el padre de sus hijos fue cambiándolos de medicina prepaga sin darle aviso e inscribiéndolos en otras más económicas. 

Para Roveda es clave que los magistrados que pretendan que la cuota alimentaria esté a la par de la suba de precios comprendan las realidades particulares de cada caso. Una de las primeras soluciones que se encontró, cuenta el experto, fue fijar la cuota en un porcentaje de los ingresos del demandado. “Entonces, cada vez que el demandado recibe un aumento, aumenta la cuota. Sin embargo, ese sistema se encuentra con límites cuando el demandado trabaja por su cuenta”, sostuvo. 

“Y acá viene el verdadero problema jurídico: en Argentina todavía está vigente una norma que prohíbe la indexación, que es una norma que estaba en la Ley de Convertibilidad. No se puede indexar una cifra a priori. Por eso, los jueces comenzaron a dictar planteando la búsqueda de algún índice de actualización como puede ser el aumento del salario mínimo vital y móvil, la Ley de Alquileres -como este caso-, o el aumento que recibe algún sector en particular. El objetivo es mantener actualizada sin necesidad de tramitar incidentes, es decir, tener que hacer nuevos juicios”, agregó. 

¿El índice de aumento de alquileres es el mejor? Según Roveda, depende el caso: “Supongamos que el demandado es maestro mayor de obra, tal vez para él es mejor el índice de aumento de la construcción, por ejemplo”, explicó. Sin embargo, subrayó que estas alternativas terminan siendo una especie de parches: “El problema es la inflación. Desde lo jurídico podemos encontrar cien mil vueltas, pero si los precios aumentan de esta forma las cuotas siempre quedan atrasadas”.  

Estela Díaz, ministra bonaerense de Mujeres, celebró la sentencia aunque inistió en que “el Poder Judicial suele ser parte del problema”. “Es lento. Un fallo tarda entre seis meses y dos años y la mayoría de las veces se definen cuotas que no están indexadas. En un contexto inflacionario como el nuestro, un acuerdo que llevó un montón de tiempo conseguir pierde vigencia muy rápidamente. Todo depende del juez que te tocó”, agregó. 

Unificar criterios

La idea de que el ingreso económico estará garantizado depende de qué juzgado toque se repite. Por eso, desde el ministerio bonaerense aseguraron que el informe sobre incumplimiento incluyó una serie de recomendaciones para los distintos poderes. Díaz sostuvo que la Corte Suprema “podría llevar adelante una resolución que establezca un único procedimiento de actuación”. Además, agregó que una acción urgente en esta materia sería que “cuando los jueces dictan medidas precautorias por violencia de género, inmediatamente deberían fijar alimentos”. 

En cuanto a las consecuencias que genera la inflación, se refirió también a la normativa vigente que impide la indexación. “Por eso nuestro diálogo también es con el legislativo porque necesitamos que no haya restricciones para evitar el desfasaje de precios”, agregó la ministra. 

El proyecto de la diputada López establece -entre otras cosas- cuál es el piso mínimo de la cuota alimentaria. “Nos basamos en un cuadro del Indec que indica cuánto dinero necesita un menor de entre 1 y 18 años para no ser pobre. Cuando elaboramos el proyecto hace un año, por ejemplo, un varón de 16 años necesitaba $17.400. El objetivo es que las cuotas jamás estén por debajo de ese nivel”, sostuvo la legisladora. 

La manutención de los hijos es una de las obligaciones de los progenitores comprendidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuota alimentaria no sólo es un derecho para que se puedan cubrir los gastos de alimentos y bebidas de los menores, sino que busca alcanzar su desarrollo integral, considerando su vivienda, educación, vestimenta, salud y entretenimiento. Por eso, Roveda recomienda que aquellas mujeres cuya cuota fue fijada en pesos sin considerar los incrementos “pueden ir a ver a su abogado y plantear la necesidad del aumento. El argumento puede ser, ni más ni menos, que la inflación, porque si cambian las circunstancias en las que se estableció la cuota -y acá cambian por el contexto económico-, se pueden modificar los montos”.

GL/MG

La tarde del lunes 17 de mayo del año pasado, Alan Amoedo (29) condujo su  Volkswagen Vento a gran velocidad por la avenida de Circunvalación de Córdoba. En la zona del empalme con la avenida Fuerza Aérea, se encontró con el tránsito más lento. Fue entonces que volanteó hacia la banquina, chocando a dos automóviles que estaban estacionados. En la maniobra mató a dos jóvenes y dejó malherida a una tercera chica. Los tres estaban esperando una grúa de remolque. Horas después se conoció un video que el propio conductor había subido a las redes sociales, en el que se lo veía bebiendo cerveza mientras manejaba. El dosaje de sangre dio que tenía 2,07 gramos de alcohol en sangre, además de cocaína.

Esta mañana, después de un año de la llamada “tragedia de la Circunvalación”, Amoedo fue condenado en la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba a nueve años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual, primera condena de este tipo aplicada en Córdoba. Con este fallo, la justicia cordobesa consideró que Amoedo debía haberse representado el peligro que implicaba manejar en ese estado, por eso, utilizó la calificación de doloso en lugar de culposo.

Inmediatamente fue detenido y alojado en el complejo carcelario de Bouwer.

Durante un año, Fernanda Guardia (34), sobreviviente de la tragedia  y los familiares de las víctimas fatales Sol Viñolo (29) y Agustín Burgos (31) reclamaron que Amoedo fuera detenido y enjuiciado como autor de un “crimen vial”. 

Tras la sentencia, Fernanda Guardia, que quedó con una discapacidad permanente le dijo a los medios: “Yo realmente estoy agradecida a la lucha de estas tres familias y esperaba que lo condenen por dolo, como el homicida que fue”; y agregó: “Se me cruzó darle un abrazo, imagínate, pobre pibe, que alguien no le haya podido dar un abrazo antes y decirle ‘che loco, no te subás a ese auto, podés matar’. Espero que el tratamiento penitenciario que reciba le sirva a él, sino también a un montón de Amoedos que andan dando vueltas para que tomen conciencia antes de subir al auto”.

Carlos Viñolo, padre de Sol, afirmó que “la Justicia ha escuchado a las víctimas por sobre todas las cosas”, se lamentó de que esas “víctimas no vuelven” y destacó que “lo que más importa, es que no se rompa este contrato social que debe tener la Justicia para con la sociedad, porque si no el día de mañana todo el mundo sale borracho a la ruta, mata gente y no pasa nada”.

Daniel Burgos, hermano de Agustín, señaló: “a partir de ahora, los borrachos violentos que matan personas en sus autos, lo van a pensar dos veces”. Para Burgos este fallo de la Cámara 9ª del Crimen “hizo Justicia por mi hermano, por su hija, por mi mamá y mi papá, por los padres de Sol, por Fernanda y por todas las víctimas. A partir de ahora, se abre una bisagra y una oportunidad para que esto empiece a cambiar y los homicidas tengan la pena que se merecen”.

El querellante Claudio Orosz, que había solicitado una condena de 20 años de prisión, se mostró conforme con la sentencia: “Logramos lo que nos habíamos propuesto, terminar con el paradigma de que estos hechos son ”accidentes“ y que si la Justicia no da mensajes claros, eventos como este van a seguir ocurriendo”. El abogado le pidió al Estado cordobés que “tanta plata que se recauda con las multas se aplique para la prevención y educación vial, ya que la propia Ley provincial lo establece. Desde la escuela primaria tendríamos que tener clases de tránsito para que se respeten las normas viales”.

Por su parte, el defensor Benjamín Sonzini Astudillo se opuso a la condena: “Los testigos y las pericias demostraron que los vehículos detenidos de las víctimas del accidentes estaban contiguos y próximos a la línea blanca que demarca el inicio de las vías de circulación vehicular, y sin contar con la debida señalización adecuada como son las balizas triangulares a 30 metros del lugar de detención, para advertir en forma propicia esta emergencia, ello es una circunstancia imprevista por Amoedo que en modo alguno puede serle achacada”.

El defensor de Amoedo señaló que apelará la sentencia ya que “debería haber sido condenado según lo establece el Artículo 84 bis del Código Penal que establece prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, aquella persona que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Fue un fallo anticonstitucional”.

Tras el fallo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, le dijo al diario cordobés La Voz del Interior que “hoy podemos hablar de una sentencia justa, de jueces que se han bañado de humanidad y entendieron que la conducta desarrollada por (Alan) Amoedo no fue accidental, sino que fue lisa y llanamente homicida”. 

Mientras que el especialista en seguridad vial, Horacio Botta Bernáus le dijo a elDiarioAR: “Lo bueno es que hayamos tenido un fallo rápido, dentro de un año de ocurrido el accidente; mientras que anteriormente este tipo de hechos prescribían. Además, la sentencia facilita la elaboración del luto a las víctimas; que haya habido un fallo judicial y que el sistema penal haya dado las figuras penales para resolver este tema sin entrar en consideración si está bien o está mal. También se rompe con la idea de que hay que cambiar el Código Penal para crear nuevas figuras, hoy el sistema tiene posibilidades para que los jueces puedan dictar Justicia , dictarla en tiempo correcto y en definitiva aliviar, en cierta manera el dolor de la pérdida de los seres queridos  cuando un proceso es demasiado prolongado”.

Botta Bernáus aclaró que “lo que no se puede esperar es que esto signifique terminar con los siniestros viales, yo personalmente desde la seguridad vial siempre digo que el Código Penal no enseña a conducir”.

Alan Amoedo llegó a juicio en libertad, porque el fiscal Tomás Casas -investigó el accidente- lo imputó por el delito de homicidio culposo. En medio del juicio, ante el cúmulo de pruebas como testimonio de los testigos, las pericias realizadas y las filmaciones que el propio Amoedo había subido a las redes sociales bebiendo, el fiscal de Cámara, Gustavo Arocena y el abogado querellante Claudio Orosz habían solicitado a los jueces de la Cámara 9ª, Roberto Cornejo, Martín Bertone, Gustavo Rodríguez Fernández, el cambio de carátula, agravándola a “homicidio doloso”.

GM

Los fanáticos de Harry Potter saben que el Sacrificio Protector es un poderoso contrahechizo que representa un profundo acto de amor para proteger a una persona. Fue Albus Dumbledore quien se lo explicó a Harry: 'Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por tí es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible… el haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre'“.

La cita fue la que eligió la jueza salteña Ana María Carriquiry para ordenar que serán dos los papás que deberán cuidar a P, un niño de tres años cuya mamá murió en septiembre de 2020.

A partir del fallo, que se conoció hoy, P. será cuidado por su papá biológico y la pareja de su mamá.

Se trata de un caso con poco antecedentes y que otorgó la triple filiación -a la mamá fallecida y los dos papás- porque la jueza consideró que esa era la mejor manera de cuidar a P.

“En materia de ampliación de derechos humanos, nos encontramos ante un singular tiempo. Argentina es vanguardia a nivel mundial al haber sido el primer país de la región en reconocer el matrimonio igualitario. A ello debe sumársele la ley de técnicas de reproducción humana asistida, el Código Civil y Comercial que cristaliza la convencionalización del derecho de familia y la ley de identidad de género”, escribió en su fallo  la jueza, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Nº 2 de Orán.

La historia comenzó a escribirse en 2019, cuando nació P. Para entonces, su mamá había dejado de tener contacto con el papá y tenía una nueva pareja. Un año después, la mujer contactó al padre de P, le contó que tenía un hijo y que creía que era suyo. Una prueba de ADN comprobó lo que la mujer suponía: P. era hijo de su anterior pareja.

Pero una semana después la mamá de P. falleció y el hombre decidió iniciar un juicio por filiación.

Fue entonces cuando la jueza les propuso la triple filiación con un argumento sencillo por qué P. debería tener un solo papá si podía tener dos.

“Este tipo de normas, ponen en crisis el binarismo hombre, mujer, papá, mamá. Sin dudas, la sanción de la ley de matrimonio igualitario impulsó el proceso de descontrucción y construcción de vínculos filiales, por cuanto trajo una reinterpretación de los vínculos afectivos”, agregó la jueza en el fallo.

Carriquiry determinó como deberían repartirse los gastos y aclaró que P. deberá conocer en todo momento su historia.

“Los progenitores entendieron la importancia de hacer conocer a P. su verdad biológica-socioafectiva y se comprometieron a cumplir con esta obligación cuando el niño tenga la madurez suficiente”, concluyó la jueza quien además le escribió una carta a P.

“Soy Ana María, la jueza que reconoció tu derecho a tener una mamá y dos papás. Te escribo porque tenés derecho a que te cuente lo que decidí y por qué lo hice”, le dijo a P.

M.G.

¿Sobre qué está discutiendo la política? En los últimos días, la agenda de los medios giró en torno a intrigas palaciegas entre la Corte Suprema, el Congreso y el Gobierno; jugadas de último momento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y anuncios de demandas judiciales entre opositores y oficialistas, e incluso entre miembros del Frente de Todos (FdT). Todo ello se enmarca en una disputa de poder por un organismo oficial y un objetivo repetido: quién tendrá más poder para decidir quién puede ser juez y quién no.

El objeto del deseo, esta vez, no son los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde se investigan las causas de presunta corrupción. Es el Consejo de la Magistratura, el organismo creado en 1994 para que se ocupe de parte de dos procesos democráticos: la selección de jueces y su control (sanciones y juicios políticos). 

Este organismo no sólo rige al poder Judicial que investiga a políticos y empresarios de alto nivel, al narcotráfico y los delitos penales complejos, como la trata de personas. También a los jueces nacionales que deciden sobre el destino de denuncias de homicidios, violaciones y abuso sexual, estafas, demandas laborales, divorcios, tenencias de niños y niñas, demandas civiles y comerciales. Es decir, el Consejo tiene incidencia directa sobre la vida de los menores, los ciudadanos, los trabajadores y las empresas; y sobre la falta de jueces y el colapso del sistema judicial, pero su funcionamiento es tan enroscado y político que se enmaraña en internas y negociaciones poco transparentes.

Aquí algunas claves para entender de qué está hablando el poder cuando habla del Consejo de la Magistratura, un organismo marcado por la rosca política, la disputa entre la Corte Suprema, el kirchnerismo, la oposición, los medios y el poder económico por el control de la Justicia.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se creó este organismo para que seleccione mediante concursos públicos a los postulantes a los juzgados federales y nacionales (los jueces de la Corte Suprema serían designados por el Presidente y el Senado, con otro procedimiento). 

Antes de la reforma, los candidatos a jueces eran elegidos a dedo por el Ministerio de Justicia y el Presidente y sus pliegos eran enviados al Senado para su aprobación. No existían concursos públicos, ni siquiera ternas ni publicidad previa de los candidatos que se enviaban al Senado. 

El Consejo es un organismo nacional y puede seleccionar candidatos a juzgados federales y nacionales (los que tienen asiento en la Ciudad de Buenos Aires pero con competencia nacional, de cualquier fuero). Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen sus propios organismos locales regidos por sus propias constituciones para la selección y sanción de los jueces provinciales y locales.

¿Qué dice la Constitución?

La Constitución establece las funciones del organismo y que su integración debe garantizar “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. Esta última frase es la base de la disputa política y judicial de los últimos meses -en realidad viene desde hace 13 años-, que se intensificó en la última semana. La Carta Magna también dispuso que el Consejo esté integrado por “personas del ámbito académico y científico”. 

El Congreso debía sancionar una ley especial para ordenar su funcionamiento, disponer cuántos integrantes le correspondían a cada sector -siempre respetando “el equilibrio”- y cómo se eligen sus miembros, entre otras cuestiones. 

¿Cuáles son sus funciones?

El Consejo debe sancionar de forma permanente, según la Constitución, para:

¿Cómo funciona?

Se parece a un pequeño parlamento. Divide sus funciones centrales en cuatro comisiones, integrada por sus miembros de diversas fuerzas y sectores. Cada comisión tiene, además, un presidente o presidenta, que rige el funcionamiento y la convocatoria a las reuniones de sus integrantes. 

Dos de esas cuatro comisiones son clave en el control sobre quién puede ser juez o jueza: la comisión de Selección de Magistrados se encarga del trámite de los concursos públicos para magistrados y arma las ternas (una lista final de tres candidatos para cada cargo en un juzgado o tribunal); la comisión de Disciplina y Acusación, debe tramitar las denuncias contra los jueces federales y nacionales, abre un expediente por cada caso y analiza las pruebas sobre las acusaciones presentadas por ciudadanos, abogados, entidades, etcétera. Luego analiza también la defensa de los jueces acusados y decide si la acusación debe prosperar hacia una posible sanción o incluso la destitución del magistrado.

De estas comisiones depende lo que luego pasará al plenario -sería como el recinto de la cámara de Diputados- para que todos los miembros del Consejo de la Magistratura aprueben o desaprueben lo que se decidió en las comisiones. Por ejemplo, si la comisión de selección arma una terna de tres candidatos para asumir en el juzgado que quedó vacante tras la muerte del juez Claudio Bonadio, todos los miembros del Consejo deben votar en el plenario si aprueban o no esa terna que será enviada al Ejecutivo para que el Presidente elija a uno de los tres candidatos y lo envíe al Senado para su tratamiento.

Para funcionar, el Consejo necesita quórum y mayorías. Ambos dependen de los consensos y acuerdos políticos entre sus miembros, al igual que en el Congreso. La negociación política entre los distintos sectores es clave para que funcione.

¿Por qué hablan de dos leyes distintas?

Desde su nacimiento y hasta 2006, el Consejo se regía por la ley sancionada en diciembre de 1997. Básicamente, establecía que el organismo debía estar integrado por 19 miembros y presidido por el presidente de la Corte Suprema. 

Los consejeros quedaban repartidos de esta manera: un representantes por el Ejecutivo; cuatro jueces; cuatro abogados con matrícula federal; un académico (un abogado, profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades de Derecho nacionales, elegido por sus pares); y ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados, “correspondiendo -en cada caso- dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría).

En 2006, por impulso de la entonces senadora Fernández de Kirchner, el kirchnerismo decidió modificar esa ley y sancionó la 26.080, que redujo los miembros del Consejo (los consejeros) de 20 a 13. El presidente de la Corte Suprema dejó entonces de presidir el Consejo. Los jueces pasaron de cuatro a tres; los abogados de cuatro a dos; y legisladores, de ocho a seis (tres diputados y tres senadores). 

¿Quién perdió poder en 2006? 

La segunda minoría en el Congreso y, según el fallo de la Corte, especialmente, los jueces y abogados, ya que los consejeros de la política conservaron más poder de decisión. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el oficialismo de turno quedó en la misma situación que en el Congreso. Sin mayoría propia para votar sus ternas de jueces y proponer o desestimar sanciones. Todo es negociación en el Consejo de la Magistratura.

¿Por qué es motivo de disputa política?

Tras la reforma constitucional de 1994, al Congreso le tomó tres años sancionar una ley para poner en funcionamiento este organismo. A finales de 1997, se sancionó la Ley 24.937. El Consejo comenzó a funcionar a finales de 1998.

La Ley de 1997 reguló el funcionamiento del Consejo hasta 2006, cuando el kirchnerismo votó una nueva ley, la 26.080. Hasta el lunes último, cuando debió retrotraerse a la ley anterior. ¿Por qué?

Tras la modificación de 2006, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires judicializó la nueva ley del kirchnerismo. Sostuvo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que la normativa impulsada por Fernández de Kirchner era inconstitucional porque al reducir la cantidad de miembros no respetaba las premisas de la Constitución de 1994 sobre el equilibrio en la representación de los distintos sectores.

El expediente judicial hizo su camino hasta la Corte Suprema. En diciembre de 2021, después de trece años, la Corte falló sobre el caso y le dio la razón al denunciante. 

¿Qué dice el fallo de la Corte?

Declaró inconstitucional la ley de 2006; ordenó al Congreso de la Nación que en un plazo razonable sancione una nueva ley que se ajuste a la premisa de la Carta Magna (debe determinar nuevamente cantidad de miembros y quién presidirá el organismo, por ejemplo); y determinó que hasta entonces, el Consejo seguiría funcionando con la ley de 1997, es decir, con 20 miembros en lugar de 13 y con la presidencia del presidente de la Corte Suprema, cargo que actualmente ocupa Horacio Rosatti. 

Para pasar de trece a veinte integrantes, la Corte le dio 120 días a los distintos sectores que integran el organismo para elegir a sus nuevos miembros. Ese plazo vencía el 16 de abril, es decir, el sábado último. 

Si el Congreso no lograba sancionar una nueva ley que cumpliera con el fallo de la Corte antes de este sábado, entonces el Consejo debía comenzar a funcionar con 20 miembros, la ley de 1997 y Rosatti al mando del organismo.

¿Qué sucedió en los últimos 120 días?

Cada sector que integra el Consejo debió seleccionar a sus nuevos miembros para cumplir con el fallo de la Corte. Los abogados, jueces y académicos nombraron -cada uno con los procedimientos de sus instituciones, colegios y entidades- a sus nuevos representantes, que se sumarán esta semana a los que ya integraban el organismo. 

Los abogados de matrícula federal eligieron a dos letradas; la Asociación de Magistrados votó a una jueza; y los profesores de las universidades públicas de Derecho eligieron a una académica, aunque con un mecanismo de elección cambiado a último momento (sin voto directo, sino con indirecto a través de un colegio electoral). Las cuatro son mujeres para respetar la ley de cupo. Ni jueces, ni abogados ni académicos tenían representantes mujeres en el Consejo hasta este miércoles por la noche, cuando juraron en sus cargos ante la Corte.

Los legisladores también debían completar a sus consejeros para llegar a 20 miembros: faltaba un senador y un diputado. Según la ley que rige ahora, la de 1997, esas sillas le corresponden a la segunda minoría. Otras controversia aparte y de último momento. 

¿Qué fuerzas representan a la segunda minoría en Diputados y en el Senado? Es lo que los bloques parlamentarios están discutiendo hace 120 días. En el medio, hubo judicializaciones varias, incluyendo el fallo del juez Daniel Alonso, de Paraná, que dictó una precautelar que impedía al Congreso cumplir con el fallo de la Corte y nombrar representantes de la oposición en el organismo, medida que fue rápidamente anulada por la Corte.

¿Qué pasó en el Senado?

Los consejeros en representación del Congreso son elegidos por los bloques y oficializados por los presidentes de cada cámara: Senado y Diputados. Para adecuarse al fallo de la Corte, cada cámara debía elegir un nuevo consejero por la segunda minoría.

Hasta este martes por la noche, el bloque mayoritario en el Senado era el del Frente de Todos. Por la ley de 2006, el oficialismo tiene dos consejeros de la Magistratura por la Cámara alta (los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara). La primera minoría es la Unión Cívica Radical (UCR), por lo que le corresponde la tercera consejera: la senadora Silvia Giacoppo. Faltaba el cuarto consejero, por la segunda minoría.

La oposición discutió durante los últimos cuatro meses a quién le correspondía esta silla en el Consejo. Eligieron a Luis Juez, senador por Córdoba, electo por la alianza de Juntos por el Cambio e integrante del bloque Frente Pro en el Senado. Es decir, aliado de la UCR, pero de otro bloque con menos senadores.

Sin embargo, el martes por la noche, el bloque mayoritario del Senado, el Frente de Todos, anunció su inesperada ruptura. Partió en dos bloques a los 35 senadores que responden a Fernández de Kirchner. Ahora el oficialismo en la Cámara alta se divide en el Frente Nacional y Popular (con 21 senadores y presidido por el formoseño José Mayans) y el bloque Unidad Ciudadana (con 14 miembros y Juliana Di Tullio como titular). La distribución teórica de fuerzas cambió. 

Con esta nueva decisión del oficialismo, teóricamente, la segunda minoría es ahora Unidad Ciudadana desplazó a Frente PRO como segunda minoría porque tiene 14 senadores contra 9, del bloque de Juez. Por eso, este miércoles, la presidenta del Senado envió al Consejo de la Magistratura al cuarto consejero que asumirá por la Cámara alta: Martín Doñate, oficialista. De esta manera, el kirchnerismo conserva tres de los cuatro representantes del Senado en el organismo que elige y sanciona a los jueces, y sumó más agua para su molino. Juntos por el Cambio dijo que recurrirá a la Justicia para reclamar por esta decisión.

¿Qué sucedió en Diputados?

Diputados tiene otros tres consejeros y debía nombrar a un cuarto para ajustarse al fallo de la Corte, hasta que se sancione una nueva ley para el Consejo. Los consejeros tienen mandatos de cuatro años. Los que actualmente integran el organismo asumieron en 2018 y sus cargos vencen en noviembre de este año (por lo que los cargos que se están disputando en el Consejo tienen fecha pronta de vencimiento y deberán volver a elegirse consejeros en los cuatro sectores, otra vez, en siete meses). 

Durante el gobierno de Mauricio Macri, por una movida entre bloques de Diputados, Juntos por el Cambio quedó con un consejero (el diputado Pablo Tonelli, cuyo nombramiento también fue motivo de controversias en 2017 y judicialización) y la oposición al macrismo en ese momento obtuvo dos consejeros: Eduardo “Wado” De Pedro (por el kirchnerismo) y Graciela Camaño (Frente Renovador). Cuando De Pedro asumió como ministro de Interior en diciembre de 2019, la diputada oficialista Vanesa Silley tomó su lugar en el Consejo. 

¿Qué fuerza representa la segunda minoría en Diputados? Actualmente, la UCR, según se acordó en la Cámara baja. Por esta razón, el bloque radical eligió a la diputada Roxana Reyes para que asuma como la cuarta consejera de Diputados. El presidente del cuerpo, Sergio Massa, envió este miércoles su designación al organismo.

Sin embargo, el titular del bloque Frente de todos (FdT), el diputado Germán Martínez, anunció poco después que estudia ir a la Justicia porque está en desacuerdo con la designación de Reyes que avaló Massa, miembro y autoridad de su propio espacio político. “La designación de Reyes deja subrepresentado a mi bloque, que es el más numeroso de la Cámara de Diputados”, afirmó el santafesino en conferencia de prensa. Es que, con la designación de Reyes, el oficialismo -que es el bloque más numeroso en Diputados pero es primera minoría porque cuenta con 118 bancas y no tiene mayoría propia- ahora quedará con una única diputada consejera de cuatro y la oposición tendrá tres.

¿Quién controla el Consejo?

La política. Todo es negociación en el Consejo de la Magistratura e incluso jueces, abogados y académicos responden a un signo político y tanto para asumir como para funcionar se alinean con oficialismo y oposición de turno. 

La asunción del juez Rosatti como presidente del Consejo y la integración de los otros 19 miembros busca incidir en la balanza de poderes, pero la realidad se verá en la práctica. De acuerdo con la ley de 1997, “el presidente (del Consejo) tiene los mismos derechos y responsabilidades que los miembros del Consejo y en caso de empate en una votación, su voto se computará doble”.

Ahora, habrá que ver si Rosatti logra que el nuevo Consejo funcione: que avancen concursos, ternas e investigaciones. Con la nueva composición necesitan 12 miembros para sesionar. Ni oficialismo ni oposición tienen quórum propio en el organismo. 

Durante estos últimos 120 días, el Consejo debía seguir funcionando con la composición de trece miembros, pero estuvo prácticamente paralizado por las disputas entre los sectores que lo integran. El oficialismo intentó avanzar con las ternas de jueces que ya habían acordado en la comisión de Selección pero los jueces y oposición se opusieron y todo volvió a labor, es decir, para atrás. Mientras tanto, sólo en la Justicia federal, hay alrededor de 30% de vacantes.

ED

Eva Analía “Higui” De Jesús, la mujer lesbiana que hace dos semanas fue absuelta en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre cuando se defendía de una violación grupal correctiva, aseguró que este fallo “va a re servir a que las que siempre somos carne de cañón” del Poder Judicial, “para que no nos armen más causas” y se les reconozca el derecho a la autodefensa.

“Esto va a re servir más que nada para las que siempre somos carne de cañón, las pibis y travestis pobres, para que no nos armen más causas; y por el derecho a defenderse”, dijo Higui durante la conferencia de prensa que brindó tras conocerse este mediodía los fundamentos de la sentencia.

En el fallo al que tuvo acceso Télam, los jueces Gustavo Varvello y Julián Descalzo dijeron que “el análisis global de la prueba, entonces, permite concluir que (...) al infligir la herida, la imputada, obró en respuesta de una agresión ilegitima, que no provocó, valiéndose en la emergencia de un medio racional para repelerla, dada la marcada desigualdad de fuerzas, natural y numérica, eximiendo ello su responsabilidad en la acción que acometió y epilogó en la muerte de Cristian Rubén Espósito”.

La defensora Claudia Spatocco destacó la unanimidad del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Martín tanto en la decisión de absolverla como en la crítica a la instrucción; y que los tres integrantes del tribunal -todos varones- “tuvieron lo que nosotros siempre pedimos, que es la visión de género al valorar la prueba”.

“Consideramos esta absolución como la respuesta a una pregunta muy sencilla que nosotros hacíamos que es '¿puede Higui, una mujer lesbiana, negra, pobre, defenderse ante un ataque brutal como el que fue sometida, de violación correctiva?' Porque el derecho a la legítima defensa aparentemente lo tenemos todos, pero a ella la acusaron de homicidio”, dijo.

La letrada señaló que “más allá de lo jurídico”, lo que aquí se puso en juego es “ni más ni menos que el instinto de supervivencia ante un ataque”.

“¿Cómo no vamos a tener este derecho a defendernos? Sin embargo, durante casi 6 años a Higui se le negó ese derecho, se la criminalizó. Y este fallo viene a poner fin a una pensadilla atroz”, dijo.

Junto a Higui y Spatocco estuvieron la abogada Gabriela Conder, la psicóloga Raquel Disenfeld, la militante lesbofeminista Adriana Carrasco, la activista trans Alma Fernández, la futbolista Mónica Santino e integrantes de la Asamblea por su absolución.

Con dos años de retraso en relación a la primera fecha fijada para el juicio, Higui llegó a juicio a mediados de marzo acusada de “homicidio simple” por haberse defendido de una violación grupal correctiva el 16 de octubre de 2016 en Lomas de Mariló, un barrio vulnerable de Bella Vista donde había ido visitar a su hermana por el Día de la Madre.

Y a pesar de que ella denunció un intento de violación grupal y de que fue encontrada desvanecida en el lugar de los hechos, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos, el hecho nunca se investigó como tal por el fiscal que instruyó la causa, que la indagó al día siguiente y le dictó la prisión preventiva.

Tras ocho meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización para exigir su libertad.

“Lo peor de todo es que con esa falta de prueba total que fue la instrucción y habiendo presenciado el mamarracho que fue el testimonio de quien ellos presentaban como único testigo del hecho -y que para nosotros siempre fue uno de los agresores-, la fiscal de juicio acusa a Higui por homicidio y pide una pena de 10 años”, agregó Spatocco.

Para graficar la inverosimilitud del testimonio del amigo del hombre fallecido, la abogada explicó que “para poder hacer lo que él dijo que Higui hizo, tendría que tener un brazo de un metro y medio, y desarticulado” ya que midiendo 1.50 tendría que haber pasado por el hombro de un hombre que mide 1.68 y estaba en medio, para darle en el corazón a otro que mide 1.75.

“Hay que aclarar que la fiscal no representa a la víctima, sino el interés de una sociedad que pretende vivir en un estado de derecho, de ninguna manera puede uno soportar que haya fiscales que pidan una condena de 10 años, solamente por su prejuicio, por esta violencia institucional que sufrió Higui durante todos estos años y que este fallo viene a poner un freno”, agregó.

A su turno, la psicóloga Raquel Disenfeld recalcó que “si ella en ese momento no actuaba como actuó, moría”, como diariamente pierden la vida muchas mujeres “por la violencia de género”.

Consultada sobre la posibilidad de hacer una contrademanda al Estado por haberla sometido a prisión preventiva y a juicio sin pruebas, Higui fue tajante en asegurar: “No voy a perder seis años más, no, en ese tiempo voy a ser tremenda abogada”.

“Yo me quiero concentrar en estudiar abogacía, porque yo puedo. Una cartonera, una gorda, una negra, una lesbiana puede hacer un montón de cosas, pasa que te cierran las puertas”, dijo.

De Jesús asegura que ahora se va a ocupar de hacer realidad todos sus “sueños”, como la creación de un merendero, una guardería con pelotero “para las madres solteras”, una radio comunitaria y una escuelita de fútbol en el barrio Barrufaldi del partido de San Miguel, donde vive.

“En mi barrio hay solo carros y drogas, en las vacaciones no hay ni una película para que vean los chicos. Cuando se está por votar, vienen a darte un curso por tres semanas y el resto del año los chicos andan en la calle”, dijo.

DA

La decisión de la Corte Suprema de considerar una exigencia válida la presentación de un DNI argentino para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) siguió cosechando el rechazo de estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos que ven en la medida un exceso de formalismo que puede derivar en discriminación hacia los extranjeros.

A fines del mes pasado, la Corte entendió en el pedido del inmigrante peruano Peter Harry Ludueña, quien en 2016 presentó un amparo en la Justicia contra la decisión de la UBA de no inscribirlo en primer año de la carrera de Sociología porque no contaba con un documento argentino.

En primera instancia, el pedido de Ludueña, que se encontraba detenido cumpliendo condena, fue rechazado ante la duda de que su pasaporte pudiera acreditar de manera fehaciente su identidad, pero el inmigrante recurrió la decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que le terminó dando la razón al evaluar como una exigencia “excesiva e injustificada” el requisito del DNI.

La Cámara, en los fundamentos, citó el artículo 7 de la Ley de Migraciones que establece que en ningún caso la “irregularidad migratoria” puede impedir la admisión de un alumno en un establecimiento educativo.

Los abogados de la UBA apelaron la decisión y finalmente la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, consideró que no se encontraban ante una discriminación arbitraria sino ante un requisito lógico.

“No constituye un indebido privilegio otorgado a una persona o a un grupo sino, simplemente, la fijación de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas”, señaló el tribunal en su fallo de diez páginas.

Como marco normativo, la Corte tomó la Ley 17.671, promulgada por el dictador Juan Carlos Onganía en 1968, que establece que “la presentación del Documento Nacional de Identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”.

“Disparate jurídico”: las voces en contra

El defensor oficial Gerardo Etcheverry, miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, consideró el fallo un “disparate jurídico” que “no solo viola la Constitución Nacional sino incluso leyes inferiores”.

“El fallo reconoce el artículo 7 de la Ley de Migraciones de 2004 pero la Corte pone por encima la llamada Ley 17.671, que es una norma de facto de un gobierno dictatorial de 1968, con lo cual tenemos que se pone por encima una norma de facto sobre una constitucional y una norma anterior sobre una norma que expresamente la deroga”, argumentó el abogado.

Desde el colectivo “Estudiantes Migrantes de la UBA” se expresaron en la misma línea que el defensor, haciendo hincapié en que, en última instancia, la decisión afectará el “acceso a la educación universitaria de personas de origen extranjero”.

En ese sentido, el colectivo de estudiantes extranjeros recordó que en el segundo cuatrimestre del 2020 el Departamento de Alumnos del CBC (curso de ingreso a la UBA) anunció formalmente que no habría “inscripciones para estudiantes extranjeros sin DNI”, din dar mayores explicaciones sobre las razones.

“Esto viola los derechos establecidos en nuestra Constitución”, advirtió Etcheverry sobre el caso de Ludueña, tras lo cual señaló que la Carta Magna “siempre planteó que los derechos son para todos los ciudadanos y habitantes, y en este caso concreto es de una persona que estaba condenado y no hay duda de que si está cumpliendo prisión es un habitante de nuestro país”.

La Corte recordó en su fallo que la UBA estableció para sus programa en cárceles “UBA XXI” los mismos requisitos que para el resto de sus ingresantes.

“El derecho de aprender que la Constitución y los pactos internacionales amparan no sufre privación alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel debe someterse”, determinó el alto tribunal en el cierre de sus argumentos.

DA con información de Telam