El Gobierno concretó una nueva modificación al Presupuesto 2022, con la que redujo el gasto primario en $32,8 millones de acuerdo con lo establecido en la Decisión Administrativa 1283/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial. La decisión --que es la modificación número 15 del presupuesto vigente, prorrogado de 2021--, fue firmada por el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Sergio Massa,

La medida también incrementa en $93,5 millones las cuotas de compromiso presupuestario para el cuarto trimestre y las de devengado presupuestario para diciembre de 2022, por el gasto equivalente al demandado para cumplir con las asistencias al Plan Nacional de Juventud.

El detalle por jurisdicción muestra un resultado neutro para los gastos corrientes y de capital de la Jefatura de Gabinete, resultado de la ampliación de las partidas de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) por $1.207.597.396, los mencionados $93,5 millones para el Instituto Nacional de Juventudes y recortes en otras áreas por $1.301.097.396

En el Ministerio del Interior, hubo un recorte de $400 millones en el Registro Nacional de las Personas “atento la disminución en los ingresos proyectados”, de acuerdo con lo señalado en los considerandos de la medida.

Otra jurisdicción con resultado neutro es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que destinó $34.520.368 para atender gastos salariales, de funcionamiento y de capital del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, financiados con recortes en otras áreas.

El Ministerio de Economía tuvo un recorte de $4.774.550.408, producto de un aumento de $55 millones para el Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap) y una disminución de $4.829.550.408 en subsidios al sector energético, en particular Enarsa (-$3.128.153.736).

Al respecto, la decisión administrativa explica que resulta oportuno reintegrar al Tesoro “los recursos aportados transitoriamente por este en el marco de la operatoria de financiamiento del proyecto ”Presidente doctor Néstor Carlos Kirchner“, ubicada en Cóndor Cliff, y ”Gobernador Jorge Cepernic“, ubicada en Barrancosa, financiado con la reducción del presupuesto de diversas Jurisdicciones de la Administración Nacional”.

En el Ministerio de Transporte se reducen los créditos en $5.450 millones y, a la vez, se incrementan las partidas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en $199.748.247, “con el objeto de atender los haberes del personal del organismo”, gasto financiado “con una mayor estimación en el cálculo de los recursos propios”.

En el Ministerio de Trabajo se incrementan en $55.300 millones las aplicaciones financieras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), “para reflejar principalmente operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)”.

En la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, se adecuan los créditos presupuestarios destinados a Intercargo en $720.538.219, compensados con recortes en otras áreas.

En el ex Ministerio de Desarrollo Productivo (por formalidades presupuestarias mantiene su denominación de origen, pese a que desde agosto es una Secretaría del Ministerio de Economía, se aplicó un recorte en los créditos por $17.275.859.705, principalmente en el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), al que se le detraen $15.467.859.705.

Con información de Télam

Sergio Massa vio, entonces desde su lugar de presidente de la Cámara de Diputados, una secuencia que como Ministro de Economía no quiere repetir. En diciembre de 2021 Martín Guzmán fue al Congreso a defender su proyecto de Presupuesto para el año siguiente y, pese a haberle dedicado largas horas de explicación, obtuvo un rechazo del texto y se vio obligado a gestionar con la prórroga del presupuesto previo. Con adaptaciones hechas vía decreto, hasta su renuncia el 2 de julio de 2022 maniobró con un plan originalmente diseñado para una inflación de 29%, en un país que va camino a alcanzar los tres dígitos. 

Massa abrirá este miércoles en comisión la discusión del presupuesto 2023 con una presentación formal en la que buscará mostrar que se trata de una hoja de ruta realista. En el Palacio de Hacienda el diagnóstico es que el último presupuesto fracasó porque era muy teórico y no tenía un anclaje en la realidad. La exposición del ministro será a partir de las 14 en el Salón Delia Parodi.

El ministro deberá fundamentar las proyecciones macroeconómicas centrales, que hablan de un crecimiento de la economía de 2% del PBI, una inflación promedio de 60% y un déficit fiscal del 1,9%. La meta de déficit primario está por debajo del 2,5% estimado para 2022 y, según la propuesta del texto, esa mejora se logrará por un incremento superior en los ingresos que en el gasto. “La contracción del gasto primario del 3,7%, si bien es relevante, está lejos del mega ajuste de 2018-2019 cuando se ubicó en -8,9%y -10,7%, respectivamente”, analizó el economista Pablo Manzanelli en un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra). 

El proyecto está marcado por tres circunstancias: los límites que surgen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la fragilidad externa por la escasez de reservas internacionales y una situación social endeble, signada por bajos niveles salariales y la regresividad en la distribución del ingreso en el marco de un régimen de alta inflación. Son situaciones que pujan en sentidos contrarios y que el texto –y el discurso político a su alrededor– debe equilibrar. 

Massa estará acompañado por los secretarios y secretarias de su cartera que, concluida su exposición, responderán preguntas de los legisladores. Estarán el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el de Finanzas, Eduardo Setti; el de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; el de Agricultura, Juan José Bahillo; y la de Energía, Flavia Royon.

El ministro deberá fundamentar las proyecciones macroeconómicas centrales, que hablan de un crecimiento de la economía de 2% del PBI, una inflación promedio de 60% y un déficit fiscal del 1,9%

Para el jueves está previsto que se sumen los informes de los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel; de Anses, Fernanda Raverta y del Banco Central, Miguel Pesce. Esa última presencia fue solicitada especialmente por la oposición, preocupada por la débil situación de reservas internacionales y expectante por la posible creación de un “dólar Qatar”. 

El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo.

El Gobierno apuesta a sancionar el presupuesto antes de que empiece el Mundial, a finales de noviembre. Para eso, el objetivo es que tenga media sanción de Diputados en la última semana de octubre y que se vote en el Senado en noviembre. Para esas fechas, el Frente de Todos buscará tener cerrados los acuerdos necesarios, como sucedió cuando se votó la prórroga de impuestos que vencen a fin de año. En esa ocasión, el FDT logró los 129 votos con el respaldo de 116 sufragios propios, cuatro de Provincias Unidas, ocho del Interbloque Federal y uno del Movimiento Popular Neuquino.

Si bien no confirmó si lo acompañarán o no, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristián Ritondo, dijo que el proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el Gobierno es “más realista” que el que presentó para 2022 Martín Guzmán. “El presupuesto del año pasado fue todo a las apuradas y este año es distinto”, valoró.

En el mismo sentido, el diputado y referente de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, admitió que esa bancada, que integra el Interbloque de Juntos por el Cambio, analiza votar en general el proyecto de Presupuesto ya que contienen “variables macroeconómicas más razonables que las presentadas en el Presupuesto anterior”.

DT

En un país donde la fragilidad macroeconómica parece guiar el destino de las políticas públicas, uno de los programas más importantes del gobierno de Alberto Fernández está perdiendo impulso. El proyecto de Presupuesto 2023 que comenzará a tratarse la próxima semana en la Cámara de Diputados prevé una fuerte caída de los fondos destinados a la urbanización de barrios populares.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social a las que accedió elDiarioAR, el presupuesto para el año próximo destina poco menos de $60 mil millones para el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), contra $47 mil millones ejecutados entre enero y septiembre de 2022. Los valores no solo están expresados en pesos, sino que además comparan 12 meses con nueve, lo que –de no mediar reasignaciones de partidas– va a camino a convertirse en un fuerte descenso de los fondos disponibles en términos reales.

En marzo del año pasado, en su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias como presidente, Alberto Fernández había prometido avanzar con la urbanización de barrios populares, que son más de 5.600 en todo el país. “Necesitamos que esa acción se mantenga a lo largo de por los menos una década. Estamos frente a la posibilidad real de tener una política de Estado”, había dicho Fernández.

Este freno a la inversión pública se produce tras dos avances muy positivos en la lucha contra uno de los grandes problemas de Argentina: el déficit de vivienda.

En octubre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso sancionó la Ley de Barrios Populares que, entre otras cosas, reconocía el Registro de Barrios Populares (Renabap), creaba el Programa de Integración Socio Urbana y ordenaba establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas allí ubicadas.

En la reglamentación de la ley se sumaron diversas fuentes de fondeo a los aportes del tesoro nacional, que en general son los únicos que se destinan al mejoramiento del hábitat. De esta manera, se permitió nutrir al fideicomiso con fondos de organismos internacionales, aportes de las provincias y operaciones de crédito público. A esto se le agregó, ya durante la gestión de Fernández, el 15% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas y el 9% de lo que ingresa en concepto de impuesto PAIS, que grava la compra de dólares o los gastos con tarjeta en el exterior.

Es decir que tras años de darle la espalda al problema, y por presión de los movimientos sociales, la política le reconoció derechos fundamentales a las personas que enfrentan las peores condiciones de hábitat y comenzó a delinear mecanismos de financiamiento consistentes.

Fondos insuficientes

¿Qué obras se hicieron hasta el momento? Al fines del año pasado, la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que durante 2021 el 45% de los fondos ejecutados fueron para el programa Mi Pieza, una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda que otorga hasta $240 mil a mujeres de barrios populares.

El resto se destinó, sí, a obras de urbanización y a la creación de lotes con servicios. Se trata de 756 proyectos, la mitad de los cuales corresponden a la provincia de Buenos Aires. Le siguen Santa Fe (45 convenios firmados por $39 mil millones), Chaco (31 convenios por $5 mil millones), Río Negro (39 convenios por $5 mil millones), Misiones (28 convenios por $5 mil millones) y Córdoba (28 convenios por $4 mil millones).

Para poner el problema en contexto, Sebastián Welisiejko, ex secretario de Integración Socio Urbana de la Nación, recordó que el costo de “integrar” la totalidad de los barrios del Renabap ronda los 26.000 millones de dólares y dijo que, al ritmo actual de erogaciones, se tardarían 200 años en cumplir con los objetivos de la ley de urbanización de barrios populares.

“Aún si el esfuerzo fiscal se multiplicara por cinco, pensar esta política pública solamente empujada por fondos federales entregados como subsidios a jurisdicciones subnacionales u otras entidades siempre será insuficiente. No saldremos nunca de la trampa de la anécdota. No invertimos a un ritmo siquiera capaz de responder al crecimiento vegetativo de la demanda,” dijo Welisiejko a elDiarioAR.

La última actualización del Renabap identificó 5.687 barrios populares en todo el país. Allí viven 1,2 millón de familias, equivalentes a 5.280.000 personas. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.933 barrios populares. Junto con Santa Fe y Chaco, componen los tres distritos con mayor número de villas y asentamientos.

En el 68% de los barrios populares identificados, la mayoría de los habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, mientras que la falta de agua corriente (89% de los barrios) y de acceso a la red cloacal (98%) y de gas natural (99%) se detecta en casi todos ellos.

Tres ejemplos recientes ayudan a dimensionar la escala de la respuesta. En Avellaneda, el mes pasado se aprobó un proyecto para dotar de una nueva red vial, peatonal y desagüe pluvial en el barrio Villa Tranquila y diferentes intervenciones urbanas en pasillos del barrio Isla Maciel. Más al sur, en Ushuaia, 140 familias de barrios postergados accedieron este mes a la conexión de gas natural intradomiciliaria. En el otro extremo del país, en Jujuy, esta semana avanzaron las obras para el escurrimiento de aguas superficiales y de media y baja tensión en el sector La Isla, del barrio San Martín, de la capital provincial.

Nadie podrá discutir que este tipo de obras le cambian la vida a las familias beneficiadas, pero una mirada de conjunto parece sugerir que el problema aún crece a un ritmo mayor que las soluciones.

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2021, reconoció la caída en términos reales pero se mostró optimista de cara a los próximos meses.

“En la ejecución de los fondos hoy se ven dos grandes líneas, el programa Mi Pieza y la urbanización de barrios propiamente dicha. Mi mirada es que la actual composición 50 y 50 (por ciento de ejecución de cada programa) va a ir cambiando hacia proyectos más pesados”, dijo Arroyo a elDiarioAR. “Dado que la urbanización de barrios se ejecuta a largo plazo, a 24 o 36 meses, creo que vamos camino a un proceso de planes integrales.”

El actual diputado por el Frente de Todos cree que es posible desarrollar 400 proyectos integrales por año y que los fondos obtenidos por el impuesto a las grandes fortunas (que se cobró por única vez) y el flujo del impuesto PAIS son capaces de financiar los proyectos hasta 2024. A partir de ese momento, dijo, los procesos de urbanización de barrios populares van a necesitar una fuente más estable de ingresos “que quede establecida por ley como un porcentaje general del tesoro”.

Welisiejko cree que es hora de expandir el fideicomiso a otras fuentes. “En un contexto de alta restricción fiscal, la inversión necesaria solo es posible si las provincias y municipios (y en menor medida las comunidades) participan activamente del repago de las inversiones, algo que hasta ahora no ocurre”, sostiene. El especialista pidió poner el foco en los privados que se benefician de esos mismos desarrollos, los “free riders” que no pagan por la plusvalía urbana que generan las obras y rezonificaciones encaradas por el Estado. “De existir esos flujos de repago, el fideicomiso creado por ley podría buscar otras fuentes de fondeo, incluyendo el mercado de capitales”, concluyó.

Este miércoles, la Cámara de Diputados comenzó a discutir en comisión un proyecto del gobierno para modificar la Ley de Barrios Populares de 2018. La propuesta busca agilizar los procedimientos administrativos para la urbanización de asentamientos y prorrogar la suspensión de desalojos, inicialmente estipulada por cuatro años.

Recortes en otras áreas

El ajuste también alcanza a otros programas vinculados. El proyecto de presupuesto para el año próximo destina $435 mil millones para todos los programas de la función “Vivienda y Urbanismo”, contra $558 mil millones vigentes para 2022. Las cifras, a precios corrientes de 2023, se desprenden de un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y fueron confirmadas a este medio por Julieta Izcurdia, coordinadora del Programa de Justicia Fiscal de ACIJ.

En este apartado se incluyen, entre otros, la construcción de viviendas de Procrear y del programa “Producción Integral y Acceso al Hábitat”, dependientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi. “La realidad es que hoy el acceso a la vivienda en Argentina es prácticamente imposible. Crece el déficit habitacional año a año y esto se agrava porque las viviendas que se construyen no crecen al ritmo de la demanda,” dijo a elDiarioAR el diputado Julio Cobos, integrante de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano por Juntos por el Cambio. “La solución de fondo sería recuperar un sistema de crédito sólido, sustentable y accesible”, agregó.

FP

Alberto Fernández publicó el pasado día 16 el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presupuesto 2022, después de que en diciembre pasado la oposición le rechazara el proyecto de ley en el Congreso, pero esta vez el ministro de Economía, Martín Guzmán, excluyó del texto las comparaciones de gastos por área entre 2021 y 2022, que son las que permiten advertir en qué se ajusta y en qué no. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha desviado de la meta fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el segundo trimestre, por los impactos de la guerra de Ucrania (el encarecimiento de las importaciones de energía y una mayor inflación que obligó a mejorar la ayuda social con medidas como el Refuerzo de Ingresos), pero se ha comprometido a corregir las cuentas públicas en el segundo semestre para alcanzar el objetivo anual de un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makón, difundió este miércoles su análisis del DNU y halló sin embargo por dónde ajustará el Ejecutivo.

El rubro con más recorte es el de transferencias de inversión pública, que en 2021 supusieron el 1,8% del PBI y en 2022 bajarían al 1,3%, si se cumple el DNU. La poda se produce pese a que el decreto sumó, respecto del proyecto de ley original, fondos para escuelas, rutas y obras hídricas para las provincias y aportes a empresas para actividades científicas, aunque acotó en $ 3.402 millones el presupuesto de Energía Argentina SA, la empresa estatal que preside el cristinista Agustín Gerez y que tiene en sus manos el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires.

Los programa sociales también se reducirían al 1,3% este año, del 1,8% del PBI en 2021, cuando aún se sostenían algunas ayudas por la pandemia. Y eso que el decreto reforzó las partidas para las becas Progresar (para estudiantes), el plan Potenciar Trabajo (para trabajadores de la economía popular), el Refuerzo de Ingresos y las políticas alimentarias.

Los subsidios energéticos, que crecieron por la importación del gas y del gasoil encarecidos por la guerra, deberían finalizar a fin de año en el mismo nivel que en 2021 por la segmentación de tarifas, que quita la subvención al 10% más rico de los hogares, se la acota al 60% de clase media y se sostiene para el 30% más pobre. Por eso, en teoría, el presupuesto de ayudas al gas y la luz se mantendría en el 2,2% del PBI, según el DNU. Sin embargo, en la oposición prevén que esta partida terminará aumentando. “El precio de la energía vuela por los aires”, señala el diputado y economista Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, después de un mayo en el que la importación energética se encareció 115%. “Al 90% de los usuarios se le aumenta la tarifa por debajo del 50% de inflación del año pasado, pero este año la inflación será mucho mayor. Para el 60% de los hogares, la tarifa aumenta 40 ó 45% contra una inflación que va a correr al 70%. O sea que los subsidios van a crecer no sólo por el precio internacional de la energía sino por la inflación local”, pronostica Tetaz.

El presupuesto por decreto prevé mantener también los subsidios al transporte público en el 0,5% del PBI, lo que hace prever algún aumento del boleto de tren y colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el segundo semestre. En tanto, las subvenciones a otros servicios económicos se recortarán del 0,4% en 2021 al 0,3% en 2022. Esa poda ocurrirá pese a que el DNU reforzó las partidas para AySA y los fondos para la protección de los bosques nativos, Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep) y de Garantías Argentino (Fogar).

Las transferencias de gastos corrientes (no inversiones sino para personal y otros fines) a las provincias disminuirán del 0,9% al 0,8% del PBI, para disgusto de los gobernadores. “Se disminuyen los recursos destinados al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la suma de $ 5.142 millones”, advierte un informe que cita otro diputado y economista de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio.

También se podaría la inversión financiera en maquinaria, del 0,2% el año pasado al 0,1% en 2022. Y eso que el DNU contempla una asignación extra de $ 9.357 millones para Aerolíneas Argentinas. El gasto corriente en bienes y servicios también caería del 0,8% al 0,7%.

Más fondos, pero menos gasto

En otros rubros aumentará el gasto, según el análisis de la OPC. Las erogaciones en jubilaciones y pensiones se elevarán de 7,6% al 7,8% del PBI, por efecto de la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó este gobierno y que se rige por la evolución de la recaudación tributaria y el devenir salarial.

Además crecerá la inversión pública hecha por el propio Estado nacional, del 0,5% al 0,6%. El DNU incorpora fondos adicionales para el plan Juana Manso, de reparto de computadoras a los estudiantes; para la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Transporte (para renovación de vías del Belgrano Cargas, vagones para el Roca, modernización del Belgrano Sur, mejora del tren a La Plata), dos reactores nucleares y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Otro análisis posible del presupuesto que elaboró la OPC es compararlo con el fallido proyecto de ley de presupuesto 2022, que preveía una inflación del 33%. El DNU no explicita un pronóstico del índice de precios al consumidor (IPC), pero está basado en un alza de entre el 52% y el 62%. Por tanto, para mantener los mismos niveles reales de gasto respecto de la iniciativa original, las erogaciones deberían ser 21,8% superiores. Pero el decreto las incrementa 24,5%. Aquellas partidas que crecen por debajo del 21,8%, es porque se reducen respecto de la iniciativa desaprobada por el Congreso: es lo que sucede con jubilaciones y pensiones (que suben 20,2%), pensiones no contributivas (+18,9%), gasto en personal (sólo +8,4%) y en bienes y servicios (+14,3%). En cambio, caen directamente 25,1% la obra pública del Estado nacional y 13,8% la inversión financiera en maquinaria.

Por el contrario, suben fuerte respecto del plan original las partidas para subsidios a la energía (+87,2%), al transporte (+37,2%), transferencia de capital a provincias y otras entidades (+35,8%), programas sociales (+35,5%) y otras subvenciones económicas (+31,7%). O sea, los giros de fondos para obra pública a los gobernadores y los planes de asistencia social se reforzaron respecto del proyecto de ley rechazado en diciembre pasado pero igualmente caerán respecto de 2021.

El DNU también prevé que la emisión de deuda local para financiar el déficit fiscal alcance el 1,9% el PBI, según calculan en la Fundación Capital, que conduce Martín Redrado. En 2021 había sido del 1,5%. En las filas de Redrado consideran que Guzmán no podrá colocar tantos bonos, en medio de un clima de desconfianza hacia los títulos en pesos, y deberá recurrir a más emisión monetaria.

Más allá del presupuesto, Frigerio advierte que al 15 de junio, cuando ya había transcurrido un 45% del año, todas las áreas habían subejecutado la inversión pública, según un estudio de la consultora Analytica. A esta altura del año se había gastado el 29% del presupuesto anual en obra estatal. Los ministerios de Desarrollo Social, con el 43% erogado, y de Obras Públicas, con el 40%, son los que más ejecutaron. La Secretaría de Energía los sigue con el 34%, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el 32%, el del Interior, con el 26%, el Fondo para la Integración Socio Urbana (urbanización de villas y asentamientos), también con el 26%, el Ministerio de Transporte, con el 24%, y, por último, el de Educación, con el 17%.

AR

Alberto Fernández sacó hoy por decreto de necesidad y urgencia (DNU) el presupuesto 2022, que a fines del año pasado le había rechazado la oposición en el Congreso. Claro que esta ley de ingresos y gastos, a diferencia de aquel proyecto original, incorpora los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir, un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. Para lograr esa meta, el presupuesto incorpora ajustes en diversas áreas, sobre todo en los subsidios energéticos al 10% más rico de la población, porque en el segundo trimestre, por efecto de la guerra de Ucrania en las importaciones de energía y en el gasto social para compensar la inflación ascendente, el rojo superó lo proyectado y por eso ahora analistas privados temen que termine el año en el 3%.

“Durante el primer trimestre del año la gestión de la política económica ha hecho posible cumplir las metas cuantitativas de acumulación de reservas internacionales, resultado fiscal primario, y financiamiento monetario al tesoro, establecidas en el programa económico del gobierno nacional”, explicó el Ministerio de Economía, que encabeza Martín Guzmán, en un comunicado de prensa, en referencia a los tres objetivos pactados con el Fondo. “Desde fines de febrero, sin embargo, Argentina y el mundo enfrentan los desafíos generados por la guerra en Ucrania, y más recientemente también aquellos que presenta la situación de inestabilidad financiera internacional. Como resultado directo del conflicto se ha registrado un fuerte incremento en el precio internacional de alimentos y combustibles, lo que repercutió sobre insumos y costos de producción. Este fenómeno se superpone sobre las dinámicas propias de la salida de la pandemia, donde la combinación de las políticas de estímulo a la demanda con una oferta afectada por el quiebre en las cadenas valor generaron cambios en los precios relativos y una aceleración inflacionaria en casi todas las economías, tanto desarrolladas como emergentes. La inflación ha vuelto a ser un fenómeno relevante a nivel global. Los bancos centrales del mundo han reaccionado elevando las tasas de interés y retirando progresivamente los estímulos monetarios, lo que significó un alza en el costo de financiamiento para las economías emergentes y tensiones financieras en un escenario de elevada incertidumbre global”, agregó el Palacio de Hacienda.

“El gobierno nacional considera apropiado, a efectos de los objetivos económicos y sociales trazados, mantener las metas anuales del programa económico, entendiendo que las mismas son los pilares sobre los cuales se asienta un proceso de estabilización que refuerce la tendencia de crecimiento económico y de recuperación sostenible de los ingresos de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social”, continuó Economía. “El cambio en las condiciones imperantes conlleva la necesidad de una continua adaptación de la administración macroeconómica”, admite.

“Con el fin de fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales”, explica Economía, aunque el DNU del presupuesto también era una exigencia del convenio con el FMI. “El impacto de la guerra en los precios internacionales del gas natural licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año”, prometió Economía. “Asimismo, el incremento en los precios internacionales de los alimentos impactó sobre el costo de la canasta básica. Para lidiar con las consecuencias distributivas, el gobierno nacional instrumentó un refuerzo transitorio de ingresos para trabajadores informales, beneficiarios de programas sociales y jubilados y pensionados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas. Esta situación provocó una aceleración del crecimiento del gasto en términos reales que repercutió en el resultado fiscal del segundo trimestre del año. Frente a los comportamientos de gastos y recursos en las circunstancias descriptas, y a efectos de mantener un carácter de sostenibilidad de la política fiscal que le permita al Estado atender objetivos de desarrollo económico y social, el gobierno nacional ha decidido una actualización presupuestaria. En este sentido, el resultado presupuestario es consistente con una proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PIB”, prosigue el ministerio, sin especificar en qué áreas aplicará ajuste más allá de los subsidios energéticos.

AR

En medio del debate por la reducción de subsidios al sector energético, un punto central en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno autorizó este martes un aumento en el volumen de la importación de gasoil respecto de 2021, componente que impacta en el costo de generación de la electricidad. El año pasado el consumo de gasoil ya había escalado 137,5% y su precio internacional pasó de US$389 por metro cúbico a US$600. 

La decisión se encuentra incorporada en el DNU 88/22, que fue publicado este martes como un suplemento del Boletín Oficial, e introduce modificaciones al Presupuesto 2021. Cabe recordar que esa es la norma que está vigente tras el rechazo del Congreso al presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para 2022 y por eso los ajustes para este año se hace vía decreto. 

En la argumentación se especifica que “resulta necesario ampliar el volumen autorizado durante el año 2021 para importar gasoil y diésel oil y su entrega en el mercado interno, a los fines de compensar los picos de demanda de tales combustibles que no pudieran ser satisfechos por la producción local, destinados al abastecimiento del mercado de generación eléctrica”. En artículo 13 precisa que se amplía el volumen de importación autorizado a 1 millón de metros cúbicos de gasoil y diésel oil, “conforme la evaluación de su necesidad y autorización previa realizada por la Secretaría de Energía”, a cargo de Darío Martínez. 

El aumento del precio de los combustibles es un factor clave en la discusión por los subsidios a la energía. Justamente, los subsidios del Estado están concentrados en el costo de generación de la energía y no en los otros segmentos que se reflejan en el valor final de la tarifa, como transporte y distribución. Concretamente, en el caso de la energía eléctrica el Estado se hace cargo de la diferencia entre el precio estacional de la energía y el costo efectivo de generación, del que los usuarios solo pagan el 35%. 

En la audiencia pública realizada la semana pasada para discutir el aumento de tarifas la Subsecretaría de Energía Eléctrica explicó que en 2021 los costos de generación de electricidad aumentaron 71% en pesos respecto de 2020, lo que representó un incremento de $394.326 millones. 

Según detalló uno de los técnicos de a Secretaría, el 80% de los costos de generación están dolarizados, por lo que el tipo de cambio es el factor que más peso tiene en el sector, junto con el precio de los combustibles. Así, para este año se espera que el costo de generación continúe en ascenso, lo que implicaría aumentar los subsidios para sostener el precio. En 2021 los subsidios a la energía eléctrica fueron US$7.315 millones, 59% más respecto de 2020.  

2021 ya había sido un año de mayor consumo de combustibles líquidos. Según se explicó en la audiencia pública, la mayor demanda de electricidad derivada del crecimiento de la actividad económica, el menor aporte hídrico (reducción de la generación por el bajo nivel del río Paraná), la disminución del gas proveniente de Bolivia y la insuficiencia del Plan Gas para cubrir la totalidad de la demanda de gas para generación tuvieron como consecuencia la utilización de combustibles alternativos para garantizar el abastecimiento. Se debió recurrir a una mayor generación térmica, lo que requiere combustibles para su funcionamiento.

Durante 2021 se registró un aumento interanual del consumo de 0,8% en el caso del gas natural, de 137,5% en gasoil, de 82,3% en carbón mineral y 29,4% en fuel oil. El informe oficial evidencia que, al tiempo que se duplicó su consumo, el precio del gasoil importado paso de US$389 por metro cúbico en los primeros meses del año a US$600 hacia finales de 2021.

“Para 2022 no se prevé una reversión importante de la situación hídrica, por lo cual seguirá habiendo una participación notable de la generación térmica”, detalló la Secretaría. “Por otro lado, el contexto internacional indica que el precio de los combustibles en el mercado global seguirá aumentando”.

DT

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, inició el año con una premisa: avanzar en las tareas de “reasignación presupuestaria de todos los ministerios”, con el objetivo de que el Gobierno “pueda seguir funcionando”, en el marco de la prórroga del Presupuesto decretada en diciembre luego de que la oposición rechazara la ley de leyes en el Congreso.

“El jefe de Gabinete inició este lunes sus actividades a las 7 de la mañana, como lo hace habitualmente, e inmediatamente se abocó a la tarea de la reasignación de partidas presupuestaria de todos los ministerios, para que el Gobierno pueda seguir funcionando”, dijo a Télam una fuente oficial.

En paralelo, sostuvo además que Manzur “mantenía este lunes conversaciones telefónicas con ese objetivo”.

Al respecto, Manzur expresó que “es clave y prioritario para el gobierno que las argentinas y los argentinos puedan seguir contando con un Estado presente y activo, y por eso, me he comprometido ante el Presidente a atender las necesidades de los diferentes ministerios y organismos nacionales con celeridad para que la ciudadanía no sienta en su realidad cotidiana las consecuencias provocadas por la oposición con el rechazo del presupuesto”.

“La Ley de leyes busca dar un marco de previsibilidad en un contexto global muy complejo”, dijo Manzur y agregó: “que hoy la Argentina no cuente con un presupuesto consensuado y aprobado por el Parlamento habla de una irresponsabilidad muy grande por parte de la oposición”. 

“Nosotros vamos a seguir adelante, el presidente de la Nación ya lo dijo: va a seguir gobernando y va a poner en marcha todas las herramientas administrativas para que el Estado siga cumpliendo su rol”. 

A su vez, el ministro coordinador enfatizó que “la agenda de la producción, el trabajo, la salud y la educación no puede ni va a detenerse. Las partidas destinadas a las provincias también se están gestionando con rapidez para que todas las obras que han comenzado concluyan en los plazos previstos o se inicien sin ningún tipo de demoras”.

Precisaron asimismo que la semana pasada, el jefe de Gabinete “dialogó por ese tema con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Rioja, Ricardo Quintela”, entre otros.

El 24 de diciembre pasado el Gobierno prorrogó, a través del decreto 882/2021, el Presupuesto 2021, ante el rechazo de la oposición en el Parlamento a la aprobación del proyecto de gastos en ingresos del Estado Nacional para 2022.

“A la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022”, apuntó el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Una semana antes, el 17 de diciembre, tras una extensa sesión, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores reunieron 132 votos en contra y 121 a favor (con una abstención) para rechazar el Presupuesto.

Con información oficial.

IG

Este sábado 1° de enero de 2022 el Poder Ejecutivo perderá la facultad que le delegó el Congreso para fijar el monto de las retenciones a las distintas producciones agropecuarias. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había incluido en el diseño del nuevo presupuesto un artículo que prorrogaba esta potestad hasta 2024 pero, al ser rechazado, este punto quedó en suspenso. 

El Poder Ejecutivo dispone de la facultad para subir los derechos de exportación a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, que fue aprobada en el Congreso días después de la asunción de Alberto Fernández. Con esa atribución, que caduca este viernes, el Poder Ejecutivo aumentó tres puntos porcentuales las retenciones a la soja (actualmente de 33% para el poroto) y todavía tiene margen para subir las de trigo y maíz, cuyas alícuotas son de 12%.

En este marco, algunos representantes de la oposición interpretaron que los derechos de exportación volverían a cero en 2022. En declaraciones a la prensa, el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile dijo que, con el vencimiento de las facultades especiales, el tributo deja de tener sustento legal y “desaparece”. 

“A partir de mañana, 1 de enero, no puede haber retenciones (derechos de exportación) sin ley del Congreso. Al rechazarse el presupuesto caducan las facultades delegadas, sin que haya prórroga. Las retenciones que se establezcan por decreto o resolución son inconstitucionales”, publicó en sus redes el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical.

El Gobierno, sin embargo, considera que se sostiene la normativa vigente, lo que podría dar lugar a la judicialización de casos. 

Como alternativas para intervenir sobre el esquema de retenciones post vencimiento de la norma, el Gobierno puede dictar una resolución o un decreto que fije las alícuotas de las retenciones que regirán para el año próximo amparándose -a lo largo de la jornada de hoy- en la delegación que le confirió el Congreso. Una segunda alternativa sería apelar al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto, camino no exento de controversias judiciales. La tercera vía es buscar validar cualquier decisión al respecto en el Congreso, escenario que se volvió más hostil para el Frente de Todos a partir del reciente cambio de composición de las cámaras. 

DT

Luego del revés sufrido en Diputados, Alberto Fernández decidió prorrogar el Presupuesto 2021 a través de un decreto que lleva su firma y en el que oficializa la utilización del actual para hacer frente a la gestión el año próximo.

Tal como la había anticipado el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Presidente oficializó la extensión del Presupuesto de este año para así poder desarrollar la gestión, tras la postura de la oposición, que le impidió al Frente de Todos contar con los recursos necesarios para el gasto público.

Hace una semana, tras una maratónica sesión, la oposición se impuso en la votación en la Cámara de Diputados por 132 a 121 y así hundió el proyecto del Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno.

“A partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias”, dice el documento publicado este jueves por la noche en el Boletín Oficial.

En el segundo, el Presidente instruye “al Jefe de Gabinete de Ministros a adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.

El tercero es de formas; comunica, manda a publicar y archiva la decisión del Gobierno.

En los considerando del decreto presidencial, Fernández evaluó que “a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022” y cita la ley de Administración financiera que “establece que en dicha situación regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior, con adecuaciones que deberá hacer el PODER EJECUTIVO NACIONAL”.

Aclara también “que dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2021, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente.

Por ello, El Presidente decreta que “con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2021” y da intervención al servicio jurídico del Ministerio de Economía, a cargo de Guzmán.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este martes en la residencia de Olivos una reunión de trabajo con 13 gobernadores, días después de que la Cámara de Diputados rechazara el presupuesto 2022 que había presentado el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que sufriera modificaciones varias mientras el oficialismo intentaba reunir los votos favorables necesarios, algo que no ocurrió y generó un nuevo cruce de declaraciones entre referentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Al finalizar la reunión, el riojano Quintela sostuvo que los gobernadores fueron a Olivos “a ver cómo nos podemos manejar. El Presidente nos dijo que iba a hacer lo posible, que iba a ayudar presupuestariamente a cada provincia”, sostuvo y lke apuntó a la oposición: “Hay que reducir un presupuesto que con estas cifras de inflación. Lo que hicieron es inédito en la Argentina, le quitaron la herramienta principal al Gobierno que es el presupuesto”, concluyó

Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había advertido a través de Twitter “las consecuencias” que el rechazo del presupuesto podría llevara a cada provincia argentina: “Es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”, expresó Massa en la red social, antes de anunciar que enviaría “a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente”.

Y agregó: “A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia”.

En desarrollo.

IG

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos de reforma al impuesto a los Bienes Personales, con 127 votos positivos y 126 negativos, con lo cual la iniciativa volverá al Senado para que lo trate la semana próxima.

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.

En líneas generales, el proyecto plantea elevar de dos a seis millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, pero además el oficialismo propone llevar la alícuota máxima del 1.25% al 1.5% para los patrimonios declarados por encima de los 100 millones de pesos y hasta los $ 300 millones.

Entre los $18 millones de los $100 millones se mantendrá la alícuota del 1.25%.

Además se incorporó en el dictamen una modificación para que aquellos patrimonios superiores a los 300 millones pagarán una alícuota del 1.75%. “Estamos hablando de un universo más chico, quizás similar al del aporte solidario de las grandes fortunas. Esto va a permitir mejorar la recaudación del Estado, bajar el déficit fiscal”, resaltó el diputado Itai Hagman, que impulsó el cambio.

Otra modificación propuesto por el oficialismo tiene que ver con el el establecimiento de alícuotas diferenciales respecto a los bienes que se encuentren en el exterior, llegando a una tasa del 2.25% para los patrimonios declarados por encima de los 18 millones de pesos.

“Estimamos que percibirán aumento de alícuota algo menos de 16.000 contribuyentes, es decir, el 1.5% del total de los sujetos que presentan declaración de Bienes Personales”, afirmó, y destacó que esa medida permitirá beneficiar a medio millón de contribuyentes.

En vivo

La sesión para tratar la suba del piso de Bienes Personales fue impuesta por la oposición la semana pasada, durante el debate por el Presupuesto 2022. Paradójicamente, el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto fue impulsado por el exsenador oficialista Carlos Caserio. Y ya cuenta con sanción en el Senado. De aprobarse en Diputados se convertiría en ley. Y fue la oposición la que hizo bandera, en un contexto de debilidad del Gobierno, de una iniciativa que había sido empujada por el Frente de Todos. 

AF y DA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó este lunes al Gobierno nacional después de que el fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados posteara un mensaje en Twitter en el que aseguraba que, ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, “es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”.

Para Larreta, las palabras de Massa constituyen una “amenaza” hacia las provincias, “con que van a tener menos fondos” y remarcó que el oficialismo “no muestra vocación de diálogo”.

Según el alcalde porteño, “el Gobierno puede esperar una opción que le dice ‘basta’ cuando manda un presupuesto con una inflación muy menor a la que se proyecta. Nosotros vamos a acompañar un presupuesto de verdad y le vamos a decir 'basta' cuando aumenten impuestos. Lo último que el país necesita es seguir con amenazas, con agravios como hizo el presidente del bloque del Frente de Todos (en referencia a Máximo Kirchner)”, sostuvo.

En tanto, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, al ser consultada sobre los dichos de Larreta, manifestó que le “causa gracia que se sienta amenazado por Sergio (Massa), porque como suelen contar, lo llama todos los días por montones de cosas y no parece tener mucho miedo”, en declaraciones que publica el diario Clarín.

Por su parte, Massa, volvió a utilizar este lunes su cuenta de Twitter para responderle a Larreta, al asegurar que “tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto”. Y agregó, con documentación que acompañan sus palabras: “No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional.

Quien también se metió en la discusión fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien consideró que lo planificado por el Gobierno para 2022, “quedó boicoteado y frenado por una actitud irresponsable a la que nos tienen acostumbrados la oposición”. Según el funcionario, los dirigentes de Juntos por el Cambio, “en lo discursivo parecieran querer una cosa, pero en los hechos siempre terminan resolviendo en contra del interés de las mayorías”. Y agregó, en declaraciones al radio El Destape: “El antiperonismo siempre termina prefiriendo el daño a la construcción. Necesitamos una derecha que tenga sus propuestas, que haga campaña sin mentirle a la gente”, para concluir con una frase más contundente: “Hace algunos años tocaban la puerta de los cuarteles, hoy se presentan a elecciones, compiten, en algunas ganan, en otras no, eso es un avance, ahora falta que tengan un proyecto y se lo digan a la gente”.

IG

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó este domingo que se vaya a presentar un nuevo proyecto de ley de presupuesto para marzo, al tiempo que ratificó que se trabaja en un nuevo acuerdo de precios a partir del próximo 7 de enero.

En declaraciones a Radio 10, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “no va a haber nuevo presupuesto. La oposición desorganizó pero vamos a organizar. Todos los opositores tienen que ayudar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Vamos a bajar la inflación y a crear trabajo. El principal obstáculo (a superar) es conseguir el acuerdo con el FMI”.

El ministro calificó lo ocurrido con el proyecto de ley de presupuesto en el Congreso como “un hecho político” con el que “la oposición compitió por quién es más opositor al Gobierno. Ese rumbo es dañino para la Argentina”.

Más adelante, Guzmán remarcó que “diseñamos el mejor presupuesto que se puede diseñar, dentro de las necesidades que se viven en la Argentina. Vamos a transmitir tranquilidad, nosotros tenemos las herramientas que le permiten a la Argentina seguir con la recuperación. No se presentará un nuevo presupuesto en marzo. Ahora se prorrogará el presupuesto 2021. Claramente lo que ocurrió el viernes genera angustia. Lo que estábamos haciendo era ordenar”.

En relación con la inflación y el acuerdo de precios, el responsable de la cartera económica enfatizó que “mantendremos los precios cuidados que nos ayuden a bajar la inflación. En 2022 la inflación bajará. El objetivo en los acuerdos de precios a partir del 7 de enero es que se alcance un acuerdo que sustituya a la resolución reciente y poder ir atacando a los otros factores que afectan a la inflación. Los dos grandes objetivos son reducir la inflación y generar trabajos. Los números que se publicarán el martes asombrarán a varios. La recuperación es muy buena. Están saliendo del desempleo miles de personas que estaban desempleados”.

En referencia a la negociación con el FMI, Guzmán detalló que “el acuerdo con el FMI es un acuerdo del país. Hay una ley que hace obligatorio que se apruebe (en el Congreso) cualquier acuerdo. Nosotros desde el Gobierno Nacional trabajaremos para construir certezas. En la charla con (Kristalina) Georgieva -directora gerente del FMI-, hubo una sorpresa inesperada que afecta al proceso de negociaciones, pero también hubo un compromiso de todas las partes de resolver esta situación y lograr un acuerdo. Ahora es importante construir. Nosotros invitamos a la oposición a tener una actitud para reconstruir la Argentina. Es tan grande la deuda que se tomó con el FMI que es imposible resolverlo en un solo paso. Nosotros a la hora de hacer un acuerdo miramos cómo impacta en el trabajo y en la producción. Lo primero es la economía real”.

Finalmente, el ministro de Economía enfatizó que “en las negociaciones buscamos poder tener un refinanciamiento. Se ha trabajado para crear una tercera línea de crédito y estimamos que a fines de 2022 y principio de 2023 estará creada. Hay que ir en el camino dando pasos que construyan soluciones. Se está buscando anclar lo que debemos con un dinero que nos daría un nuevo paso. Se está negociando un programa que tiene un plazo de diez años. Se está negociando un programa que a los cuatro años del acuerdo, se empiece a amortizar capital”.

CRM con información de la agencia Télam

El Gobierno trasladará a marzo el debate económico sobre el Presupuesto 2022 luego del traspié que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados. Según precisaron fuentes oficiales, prorrogarán el presupuesto actual hasta marzo.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, advirtió que las provincias serán las principales perjudicadas por el rechazo de la oposición al Presupuesto y aseveró que el perjuicio superaría los $ 180.000 millones.  Ante el rechazo, el Gobierno anunció que prorrogará por decreto el presupuesto de este año.

“Como Presidente de @DiputadosAR y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias”, expresó Massa en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”. El exintendente de Tigre compartió un “Informe General” que –dijo- enviará “a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente”.

Y concluyó: “A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia”.

¿Cómo caerían los recursos de las provincias sin el Presupuesto 2022?

Según el informe difundido por el presidente de la Cámara de Diputados, el rechazo al presupuesto “trae importantes efectos negativos en relación con la transferencias de recursos” y advierte que “por la reducción de impuestos coparticipables perderían más de $180 mil millones”.

También indica que la reducción de fondos a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires llevaría a muchas jurisdicciones y legislaturas municipales “a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben mes a mes”.

Adempás, señala que “muchas provincias perderían cerca de $19.000 millones extras de subsidios al transporte”. El informe mencionó que los fondos correspondían a la “suba extra al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones.

En otro tramo, menciona una pérdida de recursos por $76.312 millones por la merma en la recaudación del impuesto a los bienes personales y de $104.254 millones por Ganancias, a nivel nacional.

Asimismo, solo en cuanto a la recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, el documento indicó que “al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones”.

Sobre las hilachas de un viernes negro, que exhibió las debilidades del oficialismo y su vulnerabilidad ante una oposición dispuesta a desangrar al gobierno, Alberto Fernández encontró una oportunidad. Pudo usufructuar el error de Máximo Kirchner que, intencional o no, lo dejó sin presupuesto pero optó por ponerse un traje que no suele usar porque, quizá, no siente o no le queda: el de jefe.

En Olivos, apenas el FdT perdió la votación, el presidente enfureció. En la burbuja albertista se repitió una palabra vintage, “chiquilinada”, para describir las actitudes de Máximo. Pero luego, en un giro, Fernández salió a contener: mandó a silenciar las críticas, amansó a dirigentes furiosos por lo ocurrido en el Congreso y al atardecer completó la gestualidad al avisar que iría a la ceremonia de jura de Kirchner como jefe del PJ bonaerense.

En la peor hora de Máximo, cuando propios y extraños lo sentenciaron como culpable del fracaso de un frágil acuerdo legislativo, Fernández lo abrazó. “No tenía previsto ir pero decidió hacerlo como señal de unidad, para no alimentar el discurso opositor de que nos peleamos”, explicó un dirigente que estuvo en Olivos el viernes cuando el presidente resolvió asistir al acto del PJ.

El diputado, en San Vicente, se lo retribuyó con el que puede calificar como su discurso público más amable hacia Fernández, lo que no es poca cosa. Como su madre, Máximo sabe que en el microcosmos albertistas tiene pocos amigos, la mayoría lo recela o lo objeta, y a pesar de ese ruido de los suyos, Fernández se esfuerza en sostener ese vínculo difícil. “Alberto tratar de entender a Máximo”, dicen en un despacho de Casa Rosada.

“Máximo a veces no se da cuenta que Alberto es el presidente”, dicen en la mesa chica presidencial -se afirma que la relación está mejor con la vice- donde prima la certeza de que el diputado no jugó a romper la sesión como una manera de estorbar el acuerdo con el FMI sino que cometió mala praxis y aunque, coinciden con La Cámpora en que lo más probable era que la oposición rechazaría antes o después el presupuesto, en ese momento el diputado “debía ser pragmático, callarse y comerse un sapo”.

Desde el albertismo arrecia un reproche semántico sobre Guzmán."Martín no entiende que nosotros no queremos un acuerdo con el fondo, tenemos que resolver un problema de deuda que heredamos de Macri. Acuerdo no, resolver un problema sí"

El fuego sobre Máximo corrió del blanco a Martín Guzmán, el ministro que pidió a Sergio Massa que apure el tratamiento del presupuesto en Diputados. Fue un opositor, Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal, el que le apuntó al ministro porque apuró la discusión como si no supiera que eso era un riesgo real para la negociación con el FMI. Fallaron todos los alertas o se sistematizó la mala praxis si se permitió que la dinámica legislativa la fije, por WhatsApp, el ministro de Economía.

Desde el albertismo, arrecia un reproche semántico sobre el ministro. “Martín no entiende que nosotros no queremos un acuerdo con el fondo, nosotros tenemos que resolver un problema de deuda que heredamos de Macri. Es bastante simple: acuerdo no, resolver un problema sí”, apuntan desde la intimidad de Fernández. Curiosa oportunidad para la perdigonada amiga sobre Guzmán.

Ismos

Fernández aceleró para salir de un pantano que lo persigue desde el primer día de gestión. La sospecha en el PJ, sostenida incluso en sectores del Congreso de buena sintonía con Máximo, es que el diputado hizo un acting para jugar la interna oficial y buscó acumular, ganar volumen en momentos en que se reescribe el contrato del Frente de Todos (FdT). Late, en ese juego, la presunción de que Cristina Kirchner encaró el proceso de delegación de la jefatura del espacio en su hijo. Un dirigente, menos animoso, lee el episodio como un vuelto de la vice por los movimientos autonomistas de Alberto.

Ese dispositivo está en marcha. Como todo, en la atmósfera Fernández, en general es silvestre y desordenada. Pero hay procedimientos sistémicos. El catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor que diagramó la campaña de la elección general y fue una figura clave en la deconstrucción del presidente, es una de las figuras que trabaja para darle continuidad a la versión ordenada y prolija de Fernández que aprendió el protocolo de su cargo: casi no da entrevistas y lee la mayoría de los discursos.

No archivó, sin embargo, la improvisación: el martes, en Tucumán, lanzó el comentario de la mudanza de la capital, tema que se viene trabajando pero debía presentarse en otro contexto. Hay, incluso, un calendario para eso: si en marzo, la agenda económica está encaminada, Fernández propondría en su mensaje en el Congreso un plan de descentralización, mudanza de la capital incluida, como parte de una agenda a mediano plazo. “Salir del día a día”, explican en Casa Rosada.

El decálogo del 2022 que planteó en la reunión del Consejo Económico y Social (CEyS), el reducto que opera según la peculiar física política de Gustavo Béliz, también tuvo una dosis de arrebato e imprevisión. Mejor dicho: lo armó Beliz, lo charló con el presidente que lo levantó como bandera aunque en ese menú faltan cuestiones medulares. “Es la agenda de Gustavo, no es la agenda del Gobierno”, se quejaron en Casa Rosada.

Hay una razón. Beliz, al igual que el asesor Juan Manuel Olmos y en otros segmentos Julio Vitobello, ganó influencia y músculo en el gobierno producto de la deriva de Juan Manzur, que ejerce las tareas políticas de jefe de Gabinete pero no encontró la botonera para darle dinamizar la gestión. A eso responde la frialdad con que lo trata Fernández, que a su vez perfora la autoridad del tucumano: los ministros, cuando quieren resolver, hablan directo con el presidente. Eso le dio más juego a Beliz, Olmos y Vitobello.

Los almuerzos de los lunes en Rosada, en los que al principio estaban Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta -a veces se sumaba Jorge Ferraresi-, se agregó a Manzur casi como un intento de establecer empatía entre el tucumano, el presidente y sus ministros de más cercanía. Es el operativo “contener” a Manzur que, admiten, todavía no logró su cometido. Así y todo, el albertismo ubica a Manzur como un aliado en su mapa del 2023, esa maratón que en lo comunicacional define, siquiera en parte, Gutiérrez Rubí.

“Alberto no quiere que armemos el albertismo, así que vamos a usar otro ismo: peronismo. Tiene que poner en valor que es el Presidente y que es el jefe del PJ”, avisa un visitante frecuente a la quinta de Olivos, uno de los tentáculos que puso en movimiento el Alberto 2023 que, en el verano, podría evolucionar a la aparición de mesas con esa consigna.

Todo se enlaza. En Gobierno entienden que Fernández tiene 4 o 5 meses para dar señales de que la gestión ganó volumen y velocidad, que dejó atrás el karma del COVID y las internas. Parece un deadline que proyecta, hipotético, otro movimiento: un posible refresh, de fondo, del gabinete para encarar la gestión que será, dicen, la campaña del intento de reelección. ¿Puede, en ese cambio, salir Manzur? Puros “mmm” en el albertismo. “Alberto lo quería en el gobierno pero como ministro de Salud o de Interior, no como jefe de Gabinete”, apunta un dirigente que estuvo el miércoles con Fernández en Casa Rosada.

Sin presupuesto, el Gobierno deberá recurrir a un festival de decretos para redirigir los fondos, establecer partidas y autorizar procedimientos administrativos. Cada DNU puede convertirse en una mini discusión de presupuesto.

La aventura Alberto 2023, espasmódica, tiene un aval mayoritario del FdT al menos como primer movimiento. La razón es sencilla: si Fernández, al igual que Axel Kicillof, como expresiones de los dos gobiernos, no ganan vitalidad y fuerza electoral, no hay destino para ningún otro candidato o jugador del oficialismo en el 2023. Tres fuentes, dos legislativas y una ejecutiva, le contaron a elDiarioAR haber escuchado a Máximo plantear que hay que “ayudar a que Alberto se recupere”

Pisos y DNU's

El objetivo es que Alberto mejore en imagen y recupere potenciales votos. Por eso, en el PJ regresó a Néstor Kirchner y sus movimientos aperturista de ir a buscar votos más allá del peronismo. Esos votos son los que el FdT sacó el 14-N, un número que quizá pueda considerarse como piso electoral de una general -en las PASO, baja-. “¿Se dan cuenta que perdimos, no? Tenemos 117 votos y ellos tienen 130”, se lamentó un diputado que remó, sin éxito, para lograr que el presupuesto no naufrague y que advierte que la derrota no solo cristaliza el traspié electoral sino que obliga al FdT a establecer un mecanismo más ajustado, donde el Ejecutivo intervenga más, para la dinámica legislativa.

Lo dijo José Mayans antes de las PASO en una entrevista con elDiarioAR: había una importancia práctica de la mayoría en el Senado referida a los DNU. Sin presupuesto, el Gobierno deberá recurrir a un festival de decretos para redirigir los fondos, establacer partidas y autorizar procedimientos administrativos. Además de un consumo de energía, supone una debilidad: cada DNU puede convertirse en una mini discusión de presupuesto.

En Defensa, apunta una fuente, el presupuesto 2021 arrancó en 14 mil millones y luego tuvo una ampliación de 8 mil millones. El texto del 2022 estipulaba 40 mil millones. Sin la ley, arranca en 14. Es decir: en tres meses, se queda sin recursos y deberá la rueda de ampliaciones presupuestarias, una amansadora para el Ejecutivo que se prepara para que la oposición haga valer, cada vez que pueda, su mayoría.

PI

Si hubieran querido aprobar el Presupuesto, Sergio Massa y Máximo Kirchner lo hubieran tratado cuando el Frente de Todos tenía mayoría propia, en ese período largo de tres meses en el que los números del dibujo de Martin Guzmán fueron envejeciendo de manera previsible. O hubieran podido esperar 48 horas hasta que Gerardo Morales, el socio disciplinado de Massa y de Alberto Fernández, resolviera con Martin Lousteau la pelea interna del radicalismo por los cargos y la apropiación de la victoria electoral de noviembre. Apurado por un presidente que busca cerrar cuanto antes un acuerdo -que también se demora- con el Fondo Monetario, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados puso a consideración la ley con proyecciones económicas en las que nadie cree. Como si fuera un gobierno fuerte y no viniera de comerse una memorable paliza electoral.

Lo dijo Graciela Camaño, la diputada que sigue oficiando de madre política de Massa y lo cuida hasta dónde puede: “El oficialismo viene con números que no tienen nada que ver con la realidad, no modifica nada y trae el proyecto al recinto en tres días. Si tratas de esa manera el Presupuesto es porque tenés la mayoría para sacarlo, pero ellos sabían que no tenían la mayoría y no la tienen por decisión de la ciudadanía”. Con una experiencia política y legislativa única, Camaño se había inmolado en la sesión en la que pretendía avalar a su manera los planes de aquel chico de la Ucedé que le golpeó la puerta hace casi tres décadas para mezclarse con la militancia del peronismo de San Martín. No pudo ser. 

Más que el breve discurso que Máximo Kirchner pronunció como pudo entre los gritos de sus detractores, lo que hizo inviable la aprobación del Presupuesto la división del oficialismo, el resultado electoral y la acelerada balcanización de una oposición que es mayoría, pero no cuenta ni con jefes ni con ideas claras para salir de una crisis profunda que lleva cuatro años y la tiene como responsable ineludible. Durante las 18 horas que duró la sesión desde parte de las 10 bancadas de la oposición se le aseguraba al oficialismo que un grupo iba a votar a favor del gobierno. Todos señalaban a un bloque como traidor.   

Ni el Presidente ni su ministro de Economía ni Kristalina Georgieva esperaban la derrota del FDT en la cámara. Fernández, que se enteró recién el viernes temprano cuando habló con Kirchner hijo, pretendía al menos que el proyecto regresara a la comisión para evitar la escena explícita de la debilidad del gobierno. La situación no es comparable sino inversa a la de 2010, cuando la oposición estaba fragmentada en distintos proyectos y tenía un carácter puramente testimonial. Ese año, el bloque antikirchnerista delató su propia impotencia y anticipó el resultado electoral de 2011. Ahora es el peronismo unido el que no puede y se convierte en el primer gobierno que pierde la votación del Presupuesto desde el regreso de la democracia.  

A las 10 de la mañana, cuando Cristian Ritondo anunció que Juntos votaba en contra, Alberto estaba enfurecido y lo entendía como una pésima señal para el Fondo. De acuerdo a lo que cuentan sus colaboradores más estrechos, el Presidente expresaba su fastidio pero no sólo con la oposición sino también con los propios que, insiste, no le habían advertido el escenario que le esperaba al dibujo de Guzmán. Más allá del discurso unificado del oficialismo el día después y de la presencia de Fernández en la asunción de Máximo como titular del PJ bonaerense, el impacto de otro gol en contra vuelve a resquebrajar la cohesión del frente panperonsita. 

El jefe de La Cámpora quedó en una posición inconveniente y como blanco de cuestionamientos que parten de su propio espacio. Por lo menos, así lo consideró la vicepresidenta que el viernes por la tarde llamó a Fernández para defender y justificar la actuación de su hijo en el recinto. Con dificultades elocuentes para liderar al FDT en una cámara que se torna más hostil, Máximo admitió después que no estaba a gusto con el proyecto de Guzmán, como no lo está con el acuerdo que Alberto se dispone a firmar con el Fondo. Mientras tanto, el kirchnerismo legislativo extraña a Agustín Rossi, otro de los profesionales que entraron a boxes sin fecha de retorno. 

En lucha también por oficiar como jefe de las tribus de Juntos en el recinto, Ritondo dijo algo en su discurso actuado que sugiere una estrategia de la oposición: “En la ciudad, en la provincia y en el gobierno de Macri, nunca el kirchnerismo nos votó un Presupuesto”. El macrismo y parte de la oposición -también Camaño, la madre de Massa, culpó a Máximo por el fracaso del gobierno- ya reducen al Frente de Todos a una expresión puramente kirchnerista, en lo que sugiere tanto una expresión de deseos como una hipótesis: que el cristinismo va de regreso a ser una minoría intensa, como lo fue entre 2015 y 2018. Dependerá de lo que hagan para conservar la unidad del peronismo y de la propia lectura que logren consensuar Cristina y Máximo. Camino a un ajuste monitoreado por el Fondo, ¿qué le conviene al kirchnerismo? ¿justificar las restricciones fiscales o denunciar su impacto sobre la masa de sus históricos votantes? En esa trampa, están madre e hijo desde hace dos años. 

El desfasaje entre los objetivos que se fija el gobierno y sus propias fuerzas, que acaba de expresarse en la derrota en Diputados, se advierte también en relación a la negociación con el Fondo. Mientras Guzmán quiere bajar la sobretasa exorbitante que el organismo le cobra a los países adictos a la deuda, la vicepresidenta y el jefe de la bancada oficialista de Diputados quieren pagar a 20 años sin ajuste. Son dos pedidos que pueden ser considerados razonables fuera de la órbita de los talibanes del mercado, pero implican cambiar el orden económico internacional y la legislación del Fondo. Lo mismo puede decirse de la última ocurrencia de Cristina, que sea el FMI el que ayude a recuperar lo que se fue en fuga de capitales ¿Tiene fuerza este peronismo para convertir en realidad esos enunciados?

Por lo pronto, el miércoles próximo el oficialismo se dará un nuevo baño de realidad y volverá a pagarle al Fondo con su propia moneda, los Derechos Especiales de Giro, el vencimiento por U$S 1900 millones. Tal como anticipó CFK la noche del cierre de listas, es dinero que no podrá usarse para inyectar en los sectores más vulnerables. Pese a que la deuda que contrajo Macri en tiempo récord es impagable, los U$S 1900 millones se sumarán a los U$S 6000 millones de dólares pagados en concepto de intereses desde 2018.

Fernández y Guzmán quedan debilitados para el tramo final de una negociación que se prolonga más allá de lo previsto en la residencia de Olivos. Aunque el ministro de Economía logre con mucho esfuerzo traficar algunas de sus consignas en el acuerdo y el Fondo asuma parte de ese lenguaje que no le es propio, lo que importan son las efectividades conducentes. Como dice el último informe de la consultora Equilibra, el diablo está en la letra chica. No solo en la velocidad y la magnitud del ajuste sino también qué sector de la sociedad tendrá que financiarlo. 

Se entiende la incomodidad del líder de La Cámpora: pretende consolidar una identidad y un capital político desde un espacio que va camino a convalidar, por primera vez en su historia, un esquema que implica un ajuste sin fecha de vencimiento. En un escenario que no ofrece salidas virtuosas a la vista, las medidas que el gobierno tome en línea con el Fondo van a tener un costo social adicional y van a impactar sobre un tejido ya muy deteriorado. Tan cierto como que Máximo es el más duro con Guzmán, es que el jefe de La Cámpora no tiene un relevo acorde con sus pretensiones. La presión de tantos meses para desplazar al ministro solo tuvo como propuesta la curiosa idea de que Massa quedara al frente de un superministerio, con Martin Redrado como principal fuente de inspiración.

Sin embargo, la derrota del gobierno y la tensión del final de la sesión en Diputados no implica que Juntos no vaya a aprobar el acuerdo con el FMI, si es que se logra. Reaparecerá la muletilla de la responsabilidad institucional y la oposición buscará purgar parte de su culpa por un endeudamiento demencial. En primer lugar, nadie en los altos mandos de la alianza opositora quiere ser responsable de la cesación de pagos con el Fondo. En segundo, la oposición será la más beneficiada con el acuerdo porque obligará al gobierno a entrar en un sendero de ordenamiento macroeconómico que tendrá costo político para el Frente de Todos. A los ojos de Juntos, el peronismo hará parte del trabajo sucio mientras se despide del poder. Falta muchísimo y nadie sabe cómo ni cuándo llegará el desenlace. 

Aún con el mejor de los acuerdos, el próximo gobierno va a tener un escenario extremadamente complejo. “Entre 2024 y 2035, tenes que pagar las dos deudas. Es una hipoteca terrible”, dice uno de los economistas que forma parte del Frente de Todos. Fue lo que Nicolás del Caño le recordó a Guzmán en su paso por la comisión de Presupuesto: “Si hay un eventual acuerdo con el Fondo Monetario, entre 2026 y 2030 habrá que pagar un promedio de 8.000 millones anuales y 11.500 millones a los acreedores privados. Usted que habla mucho de la sustentabilidad de la deuda, ministro”. Guzmán no le contestó. 

En el gobierno hay quienes piensan que la derrota más profunda para el peronismo es política y hasta conceptual. Tiene que ver con la forma en que se viene dando la discusión con el Fondo y da cuenta del retroceso del kirchnerismo en un contexto de lo más adverso. “Es cierto que Néstor vivía obsesivo por lo fiscal. El pedía el cuaderno todos los días a las 8 de la noche y anotaba los resultados, pero desde que se levantaba hasta esa hora, pensaba qué medidas podía tomar para crecer. No es que no veía el costo fiscal, pero priorizaba crecer: después hacia la cuenta y veía cómo financiarla. Si primero haces la cuenta, quedas atrapado por las restricciones y lo único que pensás es en dónde recortar”, dice uno de los antiguos colaboradores del ex presidente. Esa derrota es producto de una correlación de fuerzas en las que tanto en el oficialismo como en la oposición se impone la idea de que el ajuste va a llevar a un efecto virtuoso. Justo como hace 20 años.

A dos décadas del colapso del modelo de Convertibilidad y el estallido social, Domingo Cavallo es presentado como una autoridad y el bonaerense Carlos Melconian pasa a conducir la Fundación Mediterránea como parte de un proceso en el Sebastián Bago alinea a los laboratorios, a los bancos y a un grupo de empresarios poderosos detrás de un proyecto propio, que prescinde de los partidos políticos, incluido el PRO. El fracaso ante una inflación crónica que acelera, el estancamiento y la sensación de frustración llevan a una fracción del establishment -y a parte de la sociedad- a pensar que esto se tiene que resolver con un atajo extremo, una medida abrupta y mágica. Raro sería que en los próximos meses no se eleven las voces de los que vuelven a reclamar una dolarización de la economía. 

El Banco Central tiene por delante dos meses complicados con bajo ingreso de dólares, después de un año en el que los commodities volvieron a escalar como hacía mucho no sucedía. De acuerdo a los datos de CIARA-CEC, la cámara que reúne a las grandes cerealeras, durante los primeros 11 meses del año entraron 30 mil millones de dólares, un récord absoluto de los últimos 20 años, 62,1 % superior a lo que había ingresado durante el mismo período de 2020. 

Alberto Fernández y Matías Kulfas están obsesionados con fomentar cualquier actividad que garantice el aumento de las exportaciones y el ingreso de divisas. Pero los proyectos como el de la minera Pan American Silver en Chubut chocan con el rechazo social y la escasa legitimidad de la política. Aliado explosivo de Massa y del Presidente, al frente de una provincia que está sobreendeudada en dólares, el gobernador Mariano Arcioni fingió ignorar que salió cuarto en las elecciones y aprobó una ley que pretende pasar por encima de 20 años de historia de luchas contra la actividad minera su territorio. Lo hizo en medio de una crisis hídrica que tuvo a la provincia durante ocho días sin agua. Raro deja vu: esta semana en el Sur volvió a entornarse la canción del “que se vayan todos”.

DG

El presidente Alberto Fernández participó este sábado en el acto de asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense luego del traspié en la Cámara de Diputados y expresó: “Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron”.

“Yo en el 2022 voy a seguir gobernando, con presupuesto o sin presupuesto, porque represento el interés de los que menos tienen”, añadió.

“Lo que pido es un poco de honestidad intelectual. Dense cuanta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y, si no lo hacen, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer”, sostuvo en su discurso brindado en la Quinta de San Vicente, donde están los restos de Juan Domingo Perón.

El mandatario pidió a la militancia peronista “mirar el 2023, que va a ser nuestro porque vamos a ganar”. “No nos han vencido porque nuestras convicciones están más fuertes que nunca. Ganar una elección no es vencer. Nunca bajemos los brazos”, apuntó.

Por otra parte, el primer mandatario arremetió contra el Poder Judicial y criticó duramente al máximo tribunal: “No sé qué le pasa a la Corte Suprema, debería y es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas. El derecho es una ciencia humanista que ha nacido para resolver los conflictos que se dan en las sociedades, los conflictos entre las personas y entre personas y el Estado”.

“Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan y si dirimen los conflictos teniendo en cuenta sólo los intereses de las partes, no hacen Justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo es torcido y así es como actúan”, cargó.

En esta línea, se refirió a su propuesta para realizar cambios en el Poder Judicial e indicó: “Cuando propuse modificaciones, lo que me dijeron es: 'Está trabajando para la impunidad de Cristina'. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ley del Congreso, ni ningún decreto mío”.

Y concluyó: “Sé quién es Cristina, se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y mostró su inocencia. ¡Basta, muchachos! Y yo no paré ningún proceso. Basta de mentirle a la gente”.

Al inicio de su mensaje, el presidente Alberto Fernández resaltó que con Néstor Kirchner “empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder” y recordó que “se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo Monetario Internacional y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle” a ese organismo.

Máximo Kirchner asumirá para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los Gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

El 19 de junio pasado, en un momento complejo de la pandemia y con la vigencia de medidas de prevención para evitar contagios, el Justicialismo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un congreso multitudinario de carácter virtual que avaló la elección del jefe parlamentario del FdT en Diputados como nuevo titular del Consejo partidario.

FS con información de la Agencia Télam

A las 8 de la mañana Juntos por el Cambio ensayó una asamblea dentro de la sesión. El hemiciclo se había vuelto una romería. Los diputados del frente opositor circulaban y debatían entre ellos, por momentos a los gritos. En paralelo el kirchnerista Itaí Hagman intentaba sostener, sobre el murmullo imperante, el hilo de su discurso. “Es una falta de respeto. Vayan afuera, ¡loco!”, se quejó el cristinista Rodolfo Tailhade. Iban más de 20 horas de debate sobre el Presupuesto 2022. Sergio Massa se vio obligado a intervenir para calmar los ánimos. 

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, pidió la palabra y blanqueó la trama de la situación. “Tuvimos una propuesta del presidente del bloque del Frente de Todos. Hemos hablado con usted. Y estamos tratando de avanzar en lo que podamos, entendiendo el pedido del Presidente de la Nación. Estamos intentando hablar con nuestro interbloque para poder colaborar. Y para no dejar sin quórum la sesión, estamos buscando una respuesta en común. No le estamos faltando el respeto. Les pido disculpas y paciencia”, aclaró el diputado macrista. 

Ritondo se refería a un llamado que había realizado Alberto Fernández minutos atrás. El presidente se comunicó con Massa y con Máximo Kirchner. Les pidió poner en pausa el proyecto, ante las enormes dificultades del oficialismo para conseguir los votos necesarios. Les sugirió que el texto volviera a la comisión de Presupuesto. La hoja de ruta que proponía el presidente desde la quinta de Olivos era ambiciosa, al borde del voluntarismo. Pretendía modificar el proyecto, haciendo concesiones a la oposición, para conseguir un dictámen consensuado el martes próximo en comisión. El miércoles llegaría la aprobación en Diputados y, la semana previa a Año Nuevo, la sanción definitiva en el Senado. 

De inmediato, Massa, Máximo Kirchner, Cristian Ritondo y el radical Mario Negri se reunieron en el salón de la presidencia de la Cámara. A esa charla privada se refirió más tarde Ritondo. La contraoferta de Fernández generó una suerte de asamblea espontánea entre los 116 diputados de Juntos por el Cambio, mientras continuaba el debate en el recinto. 

En ese punto Massa intentó poner orden. Pidió un cuarto intermedio de “dos minutos para que los presidentes del interbloque hagan las consultas pertinentes”. La mayoría de los 116 diputados cambiemitas se mudó al salón Delia Parodi para discutir sobre el planteo de Fernández. Los dos minutos de pausa se estiraron a una hora y media. En un interbloque astillado en diez espacios, con cuatro monobloques incluidos, en la coalición opositora abundan las diferencias, los choques de miradas y las desconfianzas cruzadas. La falta de un presidente que zanje los matices potencia los ruidos internos. Ese puesto quedó vacante tras el corrimiento de Negri, sin un reemplazo todavía designado. 

Bajo el paraguas de JxC conviven dialoguistas y combativos incluso al interior de cada espacio. Entre los 50 del PRO, Ritondo y Luciano Laspina no suelen coincidir con Fernando Iglesias y Waldo Wolff. La UCR directamente se partió en dos bloques. Los 33 alineados con Negri muestran una cara un poco más amigable al Frente de Todos. Mientras los seguidores radicales de Martín Lousteau devinieron en halcones, con el objetivo de exponer la supuesta funcionalidad de Negri y el gobernador Gerardo Morales al gobierno de Fernández. El dilema del frente opositor es qué sector marca el pulso de JxC. Porque la unidad de la familia opositora es un valor que está fuera de toda discusión. Para preservar ese bien máximo, ¿la coalición tiene que marchar a la velocidad de los intransigentes o de los moderados? En la hora y media de debate interno se volvieron a evidenciar las diferencias. Igualmente se llegó a un frágil punto de acuerdo en el salón Delia Parodi. ¿Cuál? Aceptar que el Presupuesto volviera a ser tratado en comisión el martes próximo. Así, a las 9.30 se impusieron circunstancialmente las palomas de JxC. Esa posibilidad, sin embargo, no tenía ninguna garantía de éxito. El proyecto podía ser discutido en loop y seguir sin chances de ser aprobado. Sobre todo porque los cuestionamientos de la oposición eran bastante estructurales sobre la letra de la ley, tanto por parte de JxC como del Frente de Izquierda, los cuatro libertarios y los ocho representantes del interbloque Federal. La objeción principal era la inflación proyectada de 33 por ciento.

“Admiro su paciencia, presidente. Pero qué vamos a resolver acá, la convención radical de mañana”, se quejó a las 9.40 la diputada lavagnista Graciela Camaño. Se refería a la inminente votación de Gerardo Morales como presidente nacional de la UCR. Porque la interna radical entre Morales y Lousteau le agregó tensión a la discusión sobre el Presupuesto. El gobernador jujeño siguió la ronda de negociaciones parlamentarias con el corazón partido. Si bien criticaba por fantasioso al proyecto, Morales pretendía que el Gobierno tuviera una hoja de ruta convertida en ley. La sanción de un Presupuesto le suele convenir a todos los oficialismos, tanto el nacional como los provinciales. 

Cuando se retomó la sesión, el rionegrino Luis Di Giácomo, aliado provincial del Frente de Todos, propuso formalmente resetear el debate y que el Presupuesto volviera a ser tratado en Comisión. El Frente de Todos asintió. Pero el clima ya era un polvorín. Cualquier chispa podía derivar en un incendio. Y las chispas llegaron.

El radical Miguez Bazze pidió la palabra para criticar con furia a Massa. Aseguró que el regreso del proyecto a Comisión se debería haber resuelto antes y, fuera de micrófono, aunque de forma muy audible, lo insultó. “Lo que me faltaba, pedazo de pelotudo este”, afirmó.  

Después habló Graciela Camaño. “Estamos viendo la brutal interna de Cambiemos, viendo si son halcones o son palomas”, describió. La diputada también castigó el FdT. “La sociedad los dejó en un lugar donde tienen que acordar y bajarse del pedestal. Este proyecto está flojo de papeles y no tienen el número”, concluyó.

A su turno, el lilito Juan Manuel López aseguró casi a los gritos que “en Juntos por el Cambio hay unidad y estamos todos juntos”. El radical del sector de Lousteau, Rodrigo de Loredo, calificó al gobierno de “cobarde”. Pese a la vehemencia de los discursos, la lavagnista Camaño, el Bazze, el lilito López y el nosiglista De Loredo adelantaron que apoyarían la vuelta del Presupuesto a Comisión. 

Hasta que le tocó dar su discurso a Máximo Kirchner. El jefe del bloque frentetodista reprochó a la oposición el préstamo tomado con el FMI y les recomendó que “aprendan a escuchar”. Su speech cerró así: “Ojalá hubiese pasado por este Congreso, para cuidar que en el acuerdo se respetara nuestra democracia. Quizás fue por la cobardía de no mandar el proyecto al Congreso. Presidente, votemos el proyecto por sí o por no y terminemos el show, por favor”.

Eso bastó para que Negri cruzara miradas con Ritondo y decretara, en ese instante, el final del armisticio. “Hasta recién nuestro interbloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a comisión. Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. El kirchnerismo nunca nos votó un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo hacen cuando ganan ni cuando pierden”, concluyó Ritondo. 

En paralelo, el macrista Luciano Laspina corrió hasta la banca de Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal. Quería constatar que los ocho votos del bloque que integran lavagnistas, socialistas y cordobeses de Juan Schiaretti tampoco avalaran la propuesta de Alberto Fernández. Y así lo hicieron. Los diputados no alineados, que se sintieron ninguneados por el gobierno durante la última semana de debate, terminaron votando en línea con JxC. El resultado fue 122 a favor, contra 128 en contra y 4 abstenciones. Inmediatamente después se terminó de sepultar el Presupuesto por 131 rechazos y una abstención, contra 121 votos positivos. 

Uno de los diputados que protagonizó la ruptura sintetiza así el desenlace: “Le estábamos dando el pase a comisión, cuando él empezó a hablar del FMI. Incluso habíamos convencido a los de Evolución, que era el bloque más halcón. Dialogamos hasta que él rompió. No se si lo hizo por conspiración contra Alberto o qué. No nos podemos pasar de tontos ni de puros. Somos oposición”.

La intervención de Máximo Kirchner resultó funcional a la implosión de un acuerdo endeble. Un pacto eventual que tampoco garantizaba la sanción del Presupuesto. Hasta la mañana de este viernes, Juntos por el Cambio pretendía que el Gobierno consiguiera su Presupuesto. Pero estaba dispuesto a hacerlo sin pagar ninguno de los costos en pugna. No mostrarse demasiado dócil, ni demasiado intransigente. La acusación del líder de La Cámpora sirvió para que la oposición tomara un camino menos ambiguo.

AF

El ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó una serie de mensajes por Twitter en los que reconoce que el rechazo del Congreso al presupuesto 2022 que él había elaborado complica las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En referencia al voto opositor a la ley de ingresos y gastos, Guzmán opinó: “Significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de 44.000 millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy 'volteó' el presupuesto. Y claro, afecta las negociaciones”.

El ministro arrancó diciendo: “Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas. Hoy, la oposición sólo busca ser oposición. Lo han dejado claro: están compitiendo a ver quién es más opositor al Gobierno, y nuestra Argentina necesita que esto cambie. Desde el gobierno nacional ya estamos trabajando para menguar el daño que significa 'voltear' (tal como dijo un diputado opositor; N. de la R.: en referencia a Martín Tetaz) el proyecto de ley de presupuesto 2022. Pero sepamos lo que implica 'voltear un presupuesto', especialmente en la situación actual de la Argentina. Primero, nos debilita como Estado Nación dentro de la Argentina y ante el mundo. Y eso nos lastima”. El segundo impacto, según el jefe del Palacio de Hacienda, radica en que complica el diálogo con el FMI, que se basaba en las metas del presupuesto 2022, como un déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) del 3,3% del PBI, cifra que el organismo consideraba insuficiente.

“La oposición buscó todo tipo de subterfugios para justificar su rechazo al presupuesto”, continuó Guzmán. “En el Congreso, respondimos las inquietudes formuladas. Una de ellas fue que las proyecciones subestimaban los recursos. Ayer se propuso una solución transparente. El presidente de la Cámara de Diputados (por Sergio Massa) propuso sumar un artículo que establecía que si a mediados de año los recursos eran mayores que los calculados en el proyecto, el Gobierno enviaría una enmienda para aprobar el destino de los mayores recursos. Otra búsqueda de consenso que no les importó”, prosiguió.

Ante la falta de ley de presupuesto 2022, el funcionario explicó que Alberto Fernández recurrirá a un decreto que prorrogue el de 2021. “El Presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el presupuesto vigente, y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero”, explicó. También deberá dictar otro decreto de necesidad y urgencia que “suba los techos para actualizar por inflación”, explicaron en la Jefatura de Gabinete.

AR

De madrugada, a las 7 AM, Alberto Fernández supo que los votos no estaban. Vía Sergio Massa, y online con Máximo Kirchner, el presidente asumió que los números políticos no le daban al Frente de Todos (FdT) y validó, previa consulta con el ministro de Economía Martín Guzmán, que se reprograme el calendario de votación para poner en pausa el debate hasta el martes.

Era, hasta ahí, una derrota -si se quiere- táctica. El oficialismo fracasaba en su apuesta a sacar, de manera exprés, el Presupuesto, pero evitaba un traspié legislativo que fue, finalmente, lo que ocurrió y convirtió a Fernández en el primer presidente desde 1983 a la fecha al que la oposición le votó en contra el presupuesto en el recinto. Hay un antecedente parcial: Cristina Kirchner gobernó en 2010 sin presupuesto, pero, en aquel caso, a diferencia de ahora, el texto no se sometió a votación: el proyecto “volvió a comisión” y sin acuerdo con el entonces grupo A, no regresó más al recinto y no se trató.

El pecado original del FdT fue abrir la sesión el jueves a todo o nada, sin los votos para aprobar pero con la esperanza, casi religiosa, de que con las horas lograría que migren votos del “no” a la abstención. El gobierno apostó a la teoría de que los gobernadores de JxC no podían enviar a sus diputados a votar en contra. Le erraron a los pronósticos. Este viernes, sin margen, el oficialismo aceptó retroceder y asumió que no podía romper el superbloque de 131 manos en contra que amontonó a todos los espacios opositores, desde JxC al FIT y los libertarios, además del lavagnismo y los cordobesistas.

El gobierno tiene que leer esa foto: salvo cuatro “provinciales”, todo el espectro opositor rechazó el presupuesto.

Todas las internas

En ese trámite se anudaron varios factores. Uno fue determinante: la interna de Juntos, que estalló cuando Evolución Radical, el bloque que preside Rodrigo De Loredo y tiene como referencia a Martín Lousteau, impulsó un dictamen de minoría ultra crítico y Martín Tetaz avisó que ese sector votaría en contra del proyecto. Fue una jugada de pizarrón. El bloque nosiglista, entreverado en una pulseada inter radical con Mario Negri y Gerardo Morales, se movió como el ala dura y le marcó la cancha a los demás.

Un detalle cronológico. Este viernes, Morales será electo presidente del Comité Nacional de la UCR y no quería llegar a ese trámite convertido en uno de los “facilitadores” del presupuesto de Fernández. “No podía hacerlo antes de la comisión, por eso pidió pasar a la semana que viene”, contó un dirigente que operó, toda la noche, para buscar votos y abstenciones. Quizá, asumió un legislador, el FdT subestimó la dimensión de la interna de la UCR. Fue una de las “desinteligencias fatales” -la figura pertenece a un diputado opositor- que cometió el oficialismo.

Lousteau le marcó la cancha a Negri que, en verdad, siempre trasmitió en el mano a mano con los dirigentes del FdT que su voluntad era no votar en contra. Pero esa atomización rebeló otra fragilidad, la que presentan tanto el radical cordobés como Cristian Ritondo, respecto a que su conducción de jefe de bloque no les alcanza para garantizar que sus diputados acaten sus planteos. “Al final, la agenda del bloque la termina marcando Fernando Iglesias”, se quejó el jueves, tarde, un diputado peronista de buen diálogo con Ritondo a quien vio, dijo, superado por la dispersión de JxC.

Algo similar ocurrió con la Coalición Cívica (CC) que tiene como regla general dar quórum y abstenerse porque parte de la base de que definir un presupuesto, aunque no lo compartan en nada, es una facultad del Ejecutivo. El jueves, en el recinto y luego en una nota en la TVP, el jefe del bloque carriorista, Juan Manuel López, dijo que la posición de esa bancada era dar quórum y luego abstenerse, criticó con dureza al gobierno, pero apuntó, además, a la falta de conducción en JxC.

La CC era, paradójicamente, una carta que tenía el FdT para que se vaya desgajando, de a poco, el superbloque de los 131 votos negativos hasta que López avisó que no se abstendrían: demasiado costo político quedar, al final, como el único espacio de JxC que se sentaba y no votaba en contra. Fue el final del sueño de sacar, con una elección ajustada -digamos 122 a 121- el presupuesto.

Calendarios

Ahí empezó a caerse todo el plan, que tenía como base un pedido de Guzmán que planteó como escenario ideal terminar el año con el presupuesto aprobado y por eso le pidió a Massa y Máximo que se trate esta semana. Lo hizo luego de que José Mayans, desde el Senado, le trasmitió que si se aprobaba este viernes en Diputados y se enviaba al Senado, daban los tiempos para que el texto se debate y apruebe antes de que termine el 2021. A la madrugada, el ministro supo que eso sería sino difícil, al menos improbable, y aceptó que se reconfigure la hoja de ruta. Fue ahí que Fernández validó que se acuerde un cuarto intermedio hasta la semana próxima.

Con el OK del presidente, Massa y Kirchner convocaron a los jefes de bloque y acordaron con Negri y Ritondo que están al frente de los dos bloques mayoritarios, pasar a un cuarto intermedio hasta el martes. Estaba acordado en la mesa operativa pero cuando llevaron la propuesta a la bancada quedaron en minoría. “Lo que debía resolverse en 10 minutos, cuando pasaron 2 horas sin respuesta, supimos que el acuerdo no iba a avanzar”, contó un operador involucrado en las negociaciones.

El último intento lo hizo Massa con Graciela Camaño, del Interbloque Federal, para lograr que esos ocho legisladores acompañen al FdT para patear la discusión para la semana que viene. Camaño pidió que en vez de cuarto intermedio, la figura correcta era “volver a comisión”, un movimiento que en realidad le permitiría al FdT que el texto no se trate, evitar una derrota que era irreversible: este viernes, el martes próximo o cuando sea.

En el recinto, el debate escaló y ese intento perdió fuerza. “Máximo hizo, por pedido de Alberto, todo lo posible para acordar un nuevo plazo”, contó un jugador en la interna del FdT que no tiene sobre el diputado la mejor de las opiniones. ¿Jugó, Máximo K, a que no se apruebe el presupuesto? Junto a Massa empujaron la sesión cuando esa era una posibilidad cierta. Parece ingenuo creer que Negri y Ritondo migaron a una votación en contra por las críticas que le hizo el jefe de bloque del FdT pero, en un clima tan hostil, eso impactó.

Sinuoso, Máximo parece validar con sus modos todas las especulaciones. Los jefes opositores lo culparon de haber roto un acuerdo que, a esa altura, estaba atado con alambre. Antes del discurso de Kirchner, Camaño había anticipado 8 votos a favor del pase a comisión, lo mismo López sobre los 3 de la CC y Di Giácomo de 4 votos de Provincias Unidas. Incluso el bloque que comparten Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Sebastián De Luca y Domingo Amaya mostró voluntad de sostener esa misma posición. Con eso, el FdT ganaba tiempo, pasaba el proyecto para la semana que viene y evitaba la derrota.

Pero cuando habló Máximo, que se trenzó con el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, todo naufragó. El jefe del bloque fue el halcón del oficialismo y luego de eso, Camaño, que era una pieza clave para evitar la derrota, anunció que su bloque cambiaba la postura y no respaldaba esa tregua. La derrota era un hecho y los cruces en el FdT se notaron al instante. Un episodio puntual: apenas terminó de hablar, quizá sabedor de que había roto todos los puentes, Máximo le reprochó a Massa que en diez ocasiones -le hizo el gesto con las manos- le había pedido cerrar los discursos sin darle paso a la oposición, como si atribuyera a esas intervenciones su necesidad de tener que hablar.

Algo así dijo, al mediodía, en C5N: que tenía que responder las críticas. En esa entrevista, dejó una frase críptica: habló de militar desde la calle o una unidad básica. Lo mismo dijo, en privado, junto a un grupo de máxima confianza y sembró una serie de especulaciones que por ahora nadie quiere traducir.

PI