Audiencia por tarifas eléctricas: la Secretaría de Energía insistió con una suba del 20% y obvió la segmentación

La Secretaría de Energía volvió a fijar este jueves su posición respecto de la suba de tarifas eléctricas que se discute por estos días, un punto sustancial en el tramo final de la negociación del acuerdo con el FMI. Según precisó el organismo oficial en la primera jornada de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se debería habilitar un incremento de “entre el 17% y el 20%” en la boleta que pagan los usuarios y usuarias. 

La audiencia, que continuará mañana luego de un cuarto intermedio, comenzó a las 8 de la mañana con una breve intervención virtual de Darío Martínez, Secretario de Energía, aislado en su domicilio por Covid-19. Martínez señaló que el compromiso del Gobierno es que los aumentos de las tarifas sean inferiores a los aumentos de los salarios, con el objetivo de contribuir a una recuperación del poder adquisitivo.

La factura de electricidad está integrada por cuatro componentes: el precio estacional de la electricidad, el transporte, la distribución y los impuestos. Los subsidios nacionales están concentrados en el primer eslabón de la cadena, dado que cubren la diferencia entre el precio estacional fijado por el Estado y el costo efectivo de generación. Actualmente, los usuarios pagan el 35% de lo que cuesta la generación. En el caso del gas, ese porcentaje es menor, de 29%.  

El despliegue del análisis técnico de la Secretaría estuvo a cargo del director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, que explicó que en 2021 los costos de generación de electricidad aumentaron 71% en pesos respecto de 2020, lo que representó un incremento de $394.326 millones. Según detalló, el 80% de los costos de generación están dolarizados, por lo que el tipo de cambio es el factor que más peso tiene en el sector, junto con el precio de los combustibles. Por eso mismo, señaló que se espera que este año el costo de generación también se incremente. 

El último aumento de las tarifas eléctricas autorizado por el ENRE fue en mayo de 2021, de 9% final, derivado de una suba del 20% otorgada a las compañías distribuidoras Edenor y Edesur. El funcionario explicó que por la situación delicada del país tras la pandemia el Gobierno quiso minimizar los aumentos el año pasado y priorizó que las empresas recuperen el margen necesario para operar, al tiempo que aumentó el monto de subsidios para compensar el costo creciente de generación. En 2021 los subsidios a la energía eléctrica fueron US$7.315 millones, 59% más respecto de 2020.

Positino anticipó que el Gobierno contempla que ahora, en un momento de “recuperación económica”, es “oportuno” avanzar con una revisión, pero que se defina de forma tal que el impacto en la factura de los usuarios oscile entre 17% y 20%.

Las principales empresas involucradas en la provisión de electricidad participaron de la audiencia y propusieron las adecuaciones que consideran pertinentes. Por caso, la transportadora Transener solicitó una suba del 43% en la tarifa que percibe, para saldar sus gastos y avanzar con inversiones. 

Las distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no precisaron porcentajes de ajuste requeridos, pero señalaron que si se mantienen los valores actuales sus déficits operativos aumentarían en 2022 en $43.236 millones y $56.817 millones, respectivamente.

Ambas empresas reclamaron, además, que sus tarifas son bajas no sólo en relación con otros países de la región, sino con las propias provincias del país. Esto se explica porque son las únicas que están reguladas por el ENRE, mientras que las compañías que sirven al resto del territorio argentino están a cargo de los gobiernos provinciales o municipales, que en muchos casos autorizaron aumentos por encima de los otorgados por el Estado nacional. 

Según precisaron fuentes del ENRE a elDiarioAR, finalizada la audiencia se analizarán las exposiciones de las empresas, asociaciones de usuarios y personas usuarias interesadas y “se procederá a emitir los actos administrativos correspondientes con las actualizaciones tarifarias”. No hay fecha definida para que eso ocurra. 

Algunas semanas atrás el ENRE difundió un proyecto de segmentación para el aumento de tarifas eléctricas, que sin embargo no fue retomado durante la audiencia por ninguno de los funcionarios presentes. Esta propuesta implica exigirle el pago de la tarifa plena a 487.000 usuarios que viven en las manzanas más caras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano norte y que representan el 10% del total de residenciales de AMBA.  “La propuesta de segmentación está en poder del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”, respondieron en el ENRE, consultados por la ausencia de la propuesta.  

Nada de lo que ocurrió durante la audiencia tiene un carácter vinculante, sino que, tal como señaló durante su exposición la interventora del ENRE, Soledad Manin, “es uno de los elementos que el Estado tiene para formar su voluntad”. 

En 2021 los subsidios a la energía representaron US$10.910 millones, un 2,4% del PBI, según la consultora Economía & Energía. Para tener una referencia del gasto, el déficit fiscal primario fue de 3% del producto. Según las metas anticipadas por el ministro Martín Guzmán para este año, se buscará reducir los subsidios al 1,7% del PBI, algo que no  es compatible con la propuesta de readecuación de la Secretaría de Energía. 

De acuerdo con un informe conjunto de las consultoras PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, y Economía & Energía, de Nicolás Arceo, un alza de tarifas del 20% implicaría un aumento de los subsidios de 0,1 puntos del PBI en 2022. El análisis proyecta que se requeriría un incremento del 80% en las tarifas para bajar las subvenciones al 1,9%. En cambio, si se elevara 20% para el 50% de los usuarios de menores ingresos (considerando el 40% de población en situación de pobreza y el 10% de clase media más frágil) al resto de los usuarios debería recibir un aumento del 140%.

DT