El fiscal Pollicita no encontró “elementos suficientes” para acusar de enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni
La investigación judicial que puso bajo la lupa el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro este viernes. El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario, aunque consideró que la causa debe seguir adelante para determinar si hubo maniobras de evasión tributaria.
En un dictamen presentado ante el juez Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público pidió que el expediente abandone la órbita de la justicia federal y sea remitido al fuero Penal Económico, donde podrían investigarse eventuales incumplimientos vinculados con los impuestos nacionales. La decisión ahora quedó en manos del magistrado, que deberá resolver si acepta el planteo de incompetencia formulado por la fiscalía, de acuerdo a la información que publicó este viernes Infobae.
Según la Fiscalía, la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público y la defensa del exvocero presidencial ubica el origen de los fondos antes de diciembre de 2023.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y apuntaba a determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni durante su paso por el Gobierno podía explicarse a través de ingresos legítimos o si, por el contrario, configuraba el delito de enriquecimiento ilícito previsto para los funcionarios públicos. La pesquisa examinó la evolución de sus bienes y movimientos económicos desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026.
Tras varios meses de análisis, Pollicita llegó a una conclusión central: no pudo demostrarse que el patrimonio cuestionado hubiera sido generado durante el ejercicio de funciones públicas. De acuerdo con el dictamen, las pruebas reunidas no alcanzan para descartar que el origen de esos fondos sea anterior al ingreso de Adorni al Estado, un aspecto clave para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito.
Buena parte de la explicación aportada por el exfuncionario se apoyó en operaciones con criptomonedas realizadas años antes de su incorporación al Gobierno. Según planteó su defensa, entre 2014 y 2018 efectuó inversiones en Bitcoin cuyo rendimiento posterior habría financiado parte de las operaciones inmobiliarias y gastos observados durante la investigación. La fiscalía afirmó que esa versión no pudo ser desvirtuada con los elementos probatorios recolectados hasta el momento.
La decisión, de todos modos, no implica el cierre definitivo de la causa ni un sobreseimiento. En su análisis, el fiscal remarcó que persisten dudas sobre el tratamiento impositivo de determinados activos, ingresos en efectivo y operaciones con criptomonedas que podrían no haber sido correctamente reflejados en las declaraciones fiscales correspondientes. Esos indicios son los que justifican, a criterio de la fiscalía, la continuidad de la investigación en otro fuero.
El dictamen marca así una diferenciación jurídica relevante. Mientras el enriquecimiento ilícito requiere demostrar que un funcionario incrementó su patrimonio de manera injustificada durante el desempeño de su cargo, la hipótesis de evasión tributaria pone el foco en la eventual omisión o subdeclaración de bienes e ingresos ante los organismos fiscales, independientemente de cuándo hayan sido obtenidos.
La resolución representa un alivio parcial para Adorni, al desactivar la principal acusación que pesaba sobre él, pero mantiene abierto un frente judicial que podría derivar en nuevas pericias y en un análisis detallado de su historial fiscal. Antes de que eso ocurra, será Ariel Lijo quien deba decidir si comparte el criterio de Pollicita y envía el expediente a la Justicia Penal Económica para que continúe la investigación.
El origen de la denuncia
La causa se inició a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante su paso por la administración nacional. A partir de esa denuncia, la fiscalía impulsó una investigación destinada a reconstruir los ingresos, gastos, compras de inmuebles, movimientos financieros y declaraciones patrimoniales del entonces vocero presidencial y posteriormente jefe de Gabinete.
Durante la instrucción se analizaron distintas operaciones económicas, entre ellas la adquisición de propiedades, pagos realizados en efectivo, movimientos vinculados a activos digitales y gastos personales. La hipótesis inicial buscaba determinar si existía un incremento patrimonial que no pudiera ser explicado por ingresos legítimos obtenidos por el funcionario. Sin embargo, tras evaluar la documentación recolectada y las explicaciones presentadas por la defensa, la fiscalía entendió que no logró acreditarse que los fondos cuestionados se hubieran originado durante el ejercicio de la función pública, requisito central para configurar el delito de enriquecimiento ilícito.
Qué implica el pase al fuero Penal Económico
Lejos de cerrar el expediente, el dictamen de Gerardo Pollicita propone un cambio de enfoque. El fiscal sostiene que la discusión ya no debe centrarse en el posible enriquecimiento ilícito, sino en la situación tributaria de los fondos utilizados por Adorni. Por esa razón solicitó que la investigación pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, especializada en delitos vinculados con evasión fiscal, contrabando y otras infracciones al régimen tributario y aduanero.
La diferencia es sustancial. Mientras el delito de enriquecimiento ilícito exige probar que un funcionario incorporó a su patrimonio bienes que no puede justificar durante su desempeño en el Estado, una causa por evasión tributaria se concentra en determinar si esos bienes, ingresos o activos fueron debidamente informados ante los organismos fiscales y si se abonaron los impuestos correspondientes. En otras palabras, la discusión deja de estar puesta en el origen del dinero y pasa a enfocarse en su declaración ante el fisco.
Si el juez Ariel Lijo acepta la declinatoria planteada por la fiscalía, serán los tribunales penales económicos los que deberán analizar si existieron omisiones en las declaraciones de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales, y si esas eventuales inconsistencias alcanzan relevancia penal.
Como contexto político, el dictamen supone una victoria parcial para Adorni, ya que desactiva la acusación más sensible desde el punto de vista institucional, pero mantiene abierta una investigación que todavía podría derivar en consecuencias judiciales si se comprobara la existencia de irregularidades tributarias.
La explicación de Adorni sobre los US$ 591.000
Según la presentación realizada ante la Justicia, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron US$ 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y las vendieron al año siguiente por US$ 591.544,61.
La defensa sostuvo que las operaciones se realizaron a través de encuentros presenciales y pagos en efectivo. También identificó ocho direcciones de bitcoin que, según afirmó, estaban bajo el control de Adorni aunque no figuraran registradas a su nombre.
De acuerdo con el descargo, el dinero obtenido con la operación permaneció en efectivo y posteriormente fue utilizado para afrontar gastos y comprar propiedades y vehículos, además de financiar viajes. Hacia fines de 2025, siempre según la versión presentada por el exfuncionario, quedaban US$ 209.961,52.
El procedimiento iniciado a comienzos de octubre permitió verificar la existencia de las ocho billeteras aportadas y el control sobre ellas, mientras la investigación continúa con las medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y determinar el origen de los fondos. La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin y estableció que las claves privadas estaban bajo control de la defensa de Adorni al momento de la diligencia y que podían utilizarse para producir firmas digitales válidas, al tiempo que se comprobó que las direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 y que no mantenían saldo.
El informe técnico de la Policía Federal Argentina indicó que de los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido. Estas limitaciones para llegar al fondo de la información no le permitieron a Pollicita ni comprobar ni rebatir las justificaciones de Adorni.
Asimismo, la fiscalía recibió información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) según la cual Adorni y Angeletti registraron hasta 2014 ingresos en pesos equivalentes a unos US$ 335.000. A su vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó compras de moneda extranjera por US$ 85.000 durante ese período.
El exjefe de Gabinete también respondió ante la Justicia a una serie de observaciones formuladas por la fiscalía sobre su evolución patrimonial entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Uno de los puntos bajo análisis son las refacciones realizadas en su vivienda del country Indio Cuá. Adorni rechazó haber pagado US$ 245.000 al contratista Matías Tabar y sostuvo que el costo de los trabajos fue de US$ 175.000.
La defensa contestó además 20 observaciones planteadas por la fiscalía y afirmó que una diferencia patrimonial detectada por $43.068.549 era residual y se encontraba respaldada por documentación contable y técnica.
Con información de agencias.
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