La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) para trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo. La entidad reclamó la revisión inmediata de la medida y advirtió que el cambio de custodia vulnera criterios históricos, técnicos y museológicos consolidados desde hace más de un siglo.

A través de un comunicado oficial, la AsAIH señaló que la decisión contradice el decreto presidencial de 1897 mediante el cual el Estado argentino aceptó la donación del sable realizada por Manuela Rosas en 1896 y fijó como destino definitivo al Museo Histórico Nacional, una institución pública, civil y abierta a la ciudadanía. Para la asociación, ese marco legal sigue plenamente vigente y no debería ser alterado por una decisión administrativa discrecional.

El pronunciamiento recuerda, además, que la custodia del sable por parte del Regimiento de Granaderos entre 1967 y 2015 se produjo en un contexto excepcional, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y que fue revertida en 2015 por un decreto presidencial que restituyó la pieza al museo, respetando su valor patrimonial y su función museológica. Según la AsAIH, el MHN cuenta con sistemas específicos de conservación, protección y exhibición que garantizan tanto la integridad del objeto como el acceso público.

La crítica de los historiadores se conoce luego de que el Gobierno de Javier Milei, mediante un decreto que será firmado por el presidente, el traslado del sable al Regimiento de Granaderos a Caballo. El traspaso se formalizaría el próximo 7 de febrero a las 19 en el Campo de la Gloria, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con un acto oficial que incluirá una ceremonia protocolar y un desfile cívico-militar del cual el mandatario será parte.

Desde el Ejecutivo sostienen que la donación original no establecía un lugar específico de exhibición, sino la obligación del Estado de garantizar su resguardo. En ese sentido, argumentan que el Regimiento de Granaderos, creado por el propio San Martín, ya custodió la reliquia durante décadas y dispone de condiciones históricas e institucionales adecuadas, además de funcionar en un edificio declarado Monumento Histórico Nacional. Para el Gobierno, el sable “vuelve a su ámbito natural”, estrechamente ligado a su valor simbólico y a su creador.

Sin embargo, especialistas en patrimonio y trabajadores del Museo Histórico Nacional advierten que el traslado implica la pérdida de la pieza más emblemática de su acervo. El sable corvo, adquirido por San Martín en Londres en 1812, posee estrictos protocolos de conservación y, según recomiendan expertos, no debería ser expuesto en actos públicos, donde se sugiere el uso de réplicas para evitar riesgos.

Para la AsAIH, la medida sienta un antecedente preocupante al subordinar criterios técnicos y museológicos a decisiones políticas y debilita la protección institucional de los bienes históricos. La asociación, fundada en la década de 1980 y conformada por investigadoras e investigadores de universidades e institutos de todo el país, ha intervenido históricamente en debates vinculados a la defensa del patrimonio, los archivos y los museos nacionales.

En ese marco, la entidad reiteró su pedido para que se reconsidere el traslado del sable corvo, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina, y se preserve su carácter de patrimonio público bajo criterios profesionales y de acceso ciudadano.

Con información de medios

JIB

Martín Menem pudo respirar tranquilo. La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de DNU, la mayor amenaza para la gestión libertaria, que verá limitada su facultad para gobernar vía decreto. Sin embargo, pese a la derrota, La Libertad Avanza pudo conseguir otra cosa: tiempo. El Gobierno llamó a gobernadores y pidió misericordia a los ex aliados y se anotó una pequeña victoria: la introducción de modificaciones a la ley que, ahora, tendrán que girar al Senado.

Fue una derrota aplazada que, en las entrañas de la bancada libertaria, se celebró como un triunfo colosal. Cristian Ritondo festejó en el recinto cuando el tablero dio, durante la votación en particular, que la Cámara de Diputados rechazaba el artículo 3 de la ley. El Gobierno no había logrado evitar la sanción de la ley en general -que se aprobó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones-, pero sí había logrado introducir modificaciones en el proyecto y dilatar, así, el triunfo opositor.

La oposición perdió 13 votos entre la votación en general y la votación en particular que habilitó el alivio del Gobierno. El artículo 3 era el que establecía el plazo de 90 días para tratar el DNU en el Congreso: era uno de los puntos más rígidos de la reforma de la Ley de DNU, ya que establecía que, si los decretos no se trataban en el Congreso durante ese período de tiempo, este se caería. El resto de los artículos, entre los que se incluía el que fijaba la obligatoriedad de que los decretos se aprueben en ambas cámaras del Congreso para ratificarse, fueron aprobados. 

Fue clave el cambio de postura de los lilitos, como Juan Manuel López y Marcela Campagnoli. También el de los ex libertarios del bloque Coherencia, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro y Gerardo González. También los PRO rebeldes Hector Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González. También la peronista Tanya Bertoldi terminó cambiando su voto, así como los radicales Fabio Quetglas y Melina Giorgi. 

Hasta Facundo Manes, que al principio de la sesión había protagonizado un cruce con Menem, terminó cambiando su voto: pasó de afirmativo a ausentarse en la votación. Horas antes, Manes había acusado públicamente a Menem de haberlo amenazado para no dar quórum: una denuncia que fue rápidamente rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, quien organizó una conferencia de prensa para desmentirlo. 

“Fue puro show”, mascullaban en las filas opositoras, en donde tuvieron que rumiar una victoria a medias. 

Lo que no se puede ganar, se empata

La reforma de la Ley de DNU era el mayor temor de Menem, lo único que quería boicotear mientras durase la temporada de goleadas de la oposición al Gobierno. Durante los días previos a la sesión, el Gobierno levantó el teléfono para llamar a todos. A gobernadores y a aliados radicales. A lilitos y pichettistas rebeldes. Lisandro Catalán, Guillermo Francos y Menem llamaron hasta a enemigos declarados con los que no hablaban hace un año. Ex PRO heridos, radicales opositores, peronistas “razonables”: el Gobierno los llamó a todos.

El objetivo era evitar una sanción antes de las elecciones. Si no se podía ganar, había que dilatar la derrota. El Gobierno descontaba utilizar el veto presidencial si la ley se sancionaba, pero necesitaba no exponer su debilidad antes de las elecciones. Estados Unidos estaba mirando, y una reforma de la ley que regula una de las principales facultades del Ejecutivo levantaría las alarmas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamaba gobernabilidad a cambio del salvataje financiero y el Gobierno temía que la reforma de la ley aportara una nueva postal del desgobierno de Milei.

Fue un juego doble, contradictorio. Mientras Menem y Ritondo negociaban y seducían, la bancada libertaria encaraba un tono belicoso. Mientras, a un costado, el jefe del bloque PRO intentaba torcer las voluntades de los ex aliados, los legisladores libertarios disparaban la munición gruesa contra aquellos sectores que el Gobierno necesitaba seducir: radicales deloredistas, PRO rebeldes y los lilitos de la Coalición Cívica. 

Empezó Fernando Iglesias. “¿Ahora se levantaron todos alberdianos? No me asombra del kirchnerismo, me asombra de la coalición del déficit”, masculló el PRO devenido en libertario, y agregó: “¿De qué hiperpresidencialismo hablan? Síndrome de Estocolmo tienen. ¿Cómo le vas a creer al PJ, Lilita? Es una ley golpista y destituyente”.

Los potenciales aliados lo miraban sorprendidos. “Hermano, necesitás su voto. Dicen que quieren empezar a hacer política, pero hacen cualquier cosa”, masculló, irritado, uno de los diputados que el Gobierno había llamado durante toda la semana. 

Los diputados libertarios continuaban arremetiendo, sin embargo. “Dicen que LLA y el kirchnerismo son lo mismo. Es lo mismo el que vota con el kirchnerismo”, arremetió el libertario Santiago Santurio, en tono electoral. 

El resto de los diputados violetas del PRO y de LLA acusaban de “golpistas” a los peronistas y de “cómplices” a los ex cambiemitas. Algunas de las balas entraban. El lilito López, que después se abstendría durante la votación en particular, aprovechó para acusar a Cristina Fernández de Kirchner de haber “abusado” también del uso de DNU. 

El titular de la bancada peronista, Germán Martínez, interrumpió el debate para quejarse. “Dejen de hablar de golpismo, de desestabilización. ¿El senador Alfredo de Angeli es golpista? ¿Goerling Lara es golpista?”, ironizó, enumerando a los senadores del PRO que había aprobado el proyecto hace unas semanas. Iglesias, risueño, se encogió de hombros. 

La discusión giraba en torno a los alcances de la reforma, que limita las facultades del Ejecutivo para legislar vía decreto. La iniciativa modifica la ley que regula los DNU sancionada durante el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que le daba una elevada discrecionalidad al presidente. “No es el instrumento, es como se ha usado”, insistía la massista Mónica Litza.

Sobre el final, sin embargo, la oposición pudo celebrar haber sancionado la ley. Pero se quedó con las ganas de asestarle una derrota contundente al Gobierno. La ley ahora girará al Senado, que deberá definir si aceptar o no las modificaciones. En un contexto de debilidad política y desgobierno generalizado, Menem festejó como si hubiera logrado aprobar la Ley Bases.

MC/CRM

El Senado realiza este jueves una sesión pública para debatir decretos delegados y un DNU dictado por el presidente Javier Milei, entre los que destacan la disolución de Vialidad Nacional y modificaciones en el INTI y el INTA. Todos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados semanas atrás.

El temario incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y los mencionados decretos. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

JJD

El Gobierno nacional anunció este jueves una nueva medida que busca flexibilizar las condiciones para los extranjeros que realicen una inversion "relevante" en el país y que a cambio puedan obtener la ciudadanía argentina.

Mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dejó oficializada la medida que busca atraer capitales e inversiones.

La decisión del Ejecutivo se conoce el mismo día en que la cotización del dólar oficial minorista se acelera y en la apertura de los mecados se ubica por encima de los $1.325,63 para la venta. Estas subidas obligaron al Gobierno a subir la tasa arriba del 60%.

El decreto establece que el trámite estará a cargo de la flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Se trata de un organismo descentralizado que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía que hoy anunció la nueva norma.

Esta agencia, según el decreto, se ocupará de evaluar las solicitudes de los aspirantes y determinar si las inversiones ofrecidas son o no “relevantes” como para poder llevarse la ciudadanía argentina. La palabra final la tendrá la Dirección Nacional de Migraciones después de evaluar informes de distintos organismos del Estado y tendrá 30 días para emitir un dictamen,

Esta nueva medida es parte de la política migratoria del gobierno de Javier Milei que busca poner más barreras para la llegada de inmigrantes al país. Así, en mayo de este año, el Ejecutivo publicó otro decreto, el 366/2025, en el que, al contrario de este, se endurecían los requisitos para conseguir la ciudanía. Entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Con este nuevo decreto, cualquier persona extranjera está en condiciones de iniciar el trámite, sin importar su tiempo de residencia en el país, siempre que demuestre haber realizado una inversión que para los criterios del Ministerio de Economía sea “significativa”.

A poco de asumir Milei, el Gobierno había amenazado con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades y ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

Los cambios en la politica migratoria había sido anunciados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en diciembre del año pasado. Entonces, Adorni habia dicho: “Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.

A principios de este año, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que había pedido a la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) que realice un relevamiento para saber cuántos extranjeros no residentes en el país reciben algún plan social en Argentina. El pedido se sumó a la decisión del gobierno salteño de cobrar a extranjeros la atención médica en hospitales públicos de la provincia.

“No hay que olvidar que acá se hace una cuadra y ya se cruzó el país. Y podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios cuando tenemos jubilados que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, había dicho entonces Sáenz sobre el pedido a la Anses.

Además, a lo largo de 2024, cuatro provincias (Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz) decidieron comenzar a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes. En marzo de este año también se sumó la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo postergó este martes el tratamiento del decreto 116/25 que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima, al hacer lugar a un pedido explícito del diputado de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo, líder del gremio La Bancaria.

El argumento de Palazzo estuvo basado en una nota presentada en el Congreso por los abogados querellantes de la causa iniciada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien mediante una cautelar transitoria frenó por seis meses el efecto del decreto. “Hay cuestiones de fondo que está resolviendo la Cámara de La Plata y solicito la postergación para hacer un mejor análisis con relación a los considerandos que el juez estableció en la cautelar”, expresó el diputado peronista.

A esa iniciativa se sumaron, sorpresivamente, el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), quien habitualmente acompaña al oficialismo. Por su parte, el diputado radical “con peluca” Francisco Monti se quejó y pidió celeridad, al advertir que las demoras configuran un “disparate”.

El eje de la discusión pasa por el alcance de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente Javier Milei en la ley Bases y si, con esa potestad, puede intervenir en un ente autárquico como el Banco Nación. Para Monti, Ramos Padilla “confunde un decreto delegado con un decreto de necesidad y urgencia”.

En la cautelar inicial, el magistrado indicó que “al disponer la transformación del BNA en una sociedad anónima, el Decreto 116/2025 contradice flagrantemente la voluntad del Congreso, y supone una extralimitación de las facultades delegadas”.

Ambas posturas tienen como trasfondo la eventual privatización del Banco Nación, algo que intentó concretar el Gobierno sin éxito a través de la ley Bases.

Zimmerman retomó un argumento esgrimido de la diputada kirchnerista Carolina Gaillard y sostuvo que “como hombre del interior, el Banco Nación debe de alguna manera generar el financiamiento pueda llegar a todo el país. En ese marco es una discusión que debemos seguir dándola”, añadió.

Al chaqueño se sumaron todos los representantes peronistas de la comisión, dialoguistas y el presidente de ese órgano legislativo, el ex libertario y líder del MID Oscar Zago, entre otros, por lo que quedó pospuesta la discusión en el temario.

MM con información de la agencia NA.

Javier Milei debe tomar la decisión final: desde hace días que tiene listo, a la espera de su firma, el decreto para designar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En un clima de máximo hermetismo, el trámite empezó a dilatarse y entró en tiempo de descuento, ya que el próximo viernes es su fecha límite, un día antes del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. 

En el entorno presidencial todavía jugaban al misterio y evitaban confirmar cuándo se concretarían los nombramientos, aunque algunos deslizaban que podrían publicarse este miércoles en el Boletín Oficial. Tres días antes de que el Presidente brinde su discurso en el recinto, donde buscará sumar las sillas de Lijo y García Mansilla a las de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales miembros del máximo tribunal. 

Milei y su mesa chica, aún golpeados por el escándalo cripto, analizaban el mejor timing para realizar un anuncio que saben que desatará la polémica. El oficialismo también viene de un fracaso en el Congreso, donde la candidatura de Lijo parecía encaminada –y su dictamen logró nueve firmas en el Senado– pero los libertarios debieron levantar la sesión del último viernes en la que se trataría su pliego, a falta de votos. Si bien en un principio la figura de Lijo generó aceptación en buena parte del peronismo, lo cierto es que el grueso del espacio –con el kirchnerismo a la cabeza– finalmente definió no acompañar su candidatura, en una semana de máxima debilidad del Gobierno. 

Desde la Rosada habían dejado trascender que los jueces serían designados en comisión esta semana, antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Antes de eso, Milei debía sortear algunos obstáculos. Uno de ellos, no menor, era la duda de los propios magistrados, que no se mostraban convencidos de asumir con esta modalidad. Es que, para avanzar, deberán renunciar a sus cargos. En el caso de Lijo, había dejado trascender sus dudas, ya que su nombramiento quedaría supeditado a los votos del Congreso y, de naufragar, no podría regresar luego al fuero federal. 

La decisión sobre la inminente publicación del decreto habría terminado de cocinarse esta mañana en la reunión de gabinete convocada por el Presidente. 

Resta saber qué actitud tomará el peronismo, que hasta ahora osciló entre el silencio y la amenaza de que rechazarán los pliegos de ambos jueces –incluido el de Lijo, que al principio se habían mostrado dispuestos a negociar– en caso de que Milei avanzara en sus nombramientos por decreto.

Esta segunda postura la hizo explícita el titular del interbloque de Unión por la Patria (UP), el senador José Mayans, cuando en noviembre advirtió: “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”. 

Hasta ahora, los 34 senadores se mantuvieron unidos, aunque la figura de Lijo tiene el visto bueno de varios gobernadores. Habrá que ver cómo inciden las presiones cruzadas para saber si se preservará la palabra del formoseño. Hasta ahora, en el kirchnerismo repiten que no avalarán las formas y que la intención es avanzar en un acuerdo que incluya no sólo los cargos del máximo tribunal, sino la discusión por todos los cargos vacantes, entre ellos el procurador general -que todavía ocupa de modo interino Eduardo Casal-, y el defensor del pueblo. 

LA/MG

Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país. 

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network en el marco de la COP16.

La oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el próximo martes a las 15 para tratar la modificación a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya tienen dictamen y está orientada a limitar el poder que hoy tienen los presidentes de gobernar por decreto, y también para rechazar el decreto 846/2024, que le permite al Poder Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera.

El pedido lleva las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que son los radicales que se fueron del bloque UCR, que conduce Rodrigo de Loredo, por considerar que el radicalismo no debe apoyar las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei sino oponerse a ellas. A ellos se les suman los seis diputados de la Coalición Cívica, los cinco del bloque de Izquierda y el diputado santacruceño Sergio Acevedo, estaría asegurado el quórum necesario.

En este sector calculan que tienen el número necesario para cumplir los dos cometidos: rechazar el DNU sobre deuda del tándem Javier Milei-Luis Caputo y darle media sanción a la modificación de la ley que regula los DNU presidenciales.

La Constitución Nacional, en su artículo 99, exige que cualquier modificación a la ley que regula los DNU sea aprobada por mayoría absoluta. Esto significa que la oposición deberá juntar al menos la mitad más uno de los integrantes del cuerpo (no ya de los presentes, que sería mayoría simple). En concreto, al menos 129 votos. No es fácil.

El proyecto de modificación de la Ley 26.122 que regula los DNU propone dos cambios importantes. El primero es que cualquier decreto perderá vigencia si no es ratificado por ambas cámaras en un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial (actualmente los DNU tienen validez hasta que el Congreso, mediante el rechazo de ambas Cámaras, disponga lo contrario). Es decir que se elimina la sanción tácita. Ahora será el Congreso el que deba pronunciarse para que el DNU siga vigente. Si no, cae. Con la ley vigente, cuya autora es Cristina Fernández de Kirchner, es al revés: el DNU queda firme apenas es publicado en el Boletín Oficial y sólo pierde vigencia cuando las dos cámaras del Congreso dedicen rechazarlo.

El segundo cambio establece que cualquiera de las Cámaras puede rechazar un DNU y que eso sería suficiente para anular un decreto. 

Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará porque considera que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

El segundo punto del temario se refiere al DNU 846/2024, que le permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Eso implica que ya no será necesario conseguir dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar a cabo un eventual canje de deuda.

El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos.

Sin embargo, el nuevo DNU elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera, lo que, según explican desde el mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos en los que vencimientos de deuda presionan las reservas.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después.

Martín Menem, a fondo para desactivar la sesión opositora

Según pudo saber elDiarioAR, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano libertario Martín Menem, está apremiado porque sabe que la oposición puede conseguir el número para avanzar en ambos propósitos. “Los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno.

En otras palabras, el jefe de la Cámara baja señala que esta sesión puede entorpecer las negociaciones por el Presupuesto 2025 con los gobernadores, una forma de agregar presión a la oposición e infundirle temor en un contexto de ajuste y en que los gobernadores buscan asegurarse el envío de fondos para avanzar en sus gestiones de gobierno. Un detalle es que el pedido de sesión tiene la firma de un amplio abanico de legisladores, pero no hay diputados que respondan a los gobernadores ni aparece Miguel Pichetto, jefe de bloque de Encuentro Federal.

En la oposición opinan exactamente lo contrario que Menem respecto del DNU 846. Según pudo saber elDiarioAR, el presidente del bloque Democracia para siempre, el bonaerense Pablo Juliano, que responde a Facundo Manes, y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, les transmiten a los gobernadores, a través de los diputados que les responden, que “a las Provincias la caída de ese DNU las fortalece en el Congreso, porque el ministro Caputo no les puede seguir dando la espalda sin cumplir nada, ya que hoy no sólo no va a la comisión de Presupuesto, sino que puede hacer lo que se le canta con la deuda sin control parlamentario”. 

“El DNU 846 le permite a Milei optar porque no se sancione el Presupuesto 2025, porque le da potestades plenas a Caputo para renegociar la deuda sin control parlamentario, algo que es totalmente inconstitucional. Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Presidente va a tener que negociar realmente con los gobernadores la ley de Presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de deudas pero sin cheque en blanco a Caputo”, dicen en el bloque de radicales que responden a Manes y al presidente del partido, el senador Martín Lousteau.

MC/JJD

Quienes blanqueen dinero que luego se utilice para la compra de inmuebles o automóviles podrán hacerlo sin pagar penalidades hasta la suma de US$100.000. Así lo precisó el decreto reglamentario sobre el blanqueo de capitales que publicó hoy el Gobierno nacional. 

Estos son los principales puntos.

1 - Criptomonedas, criptoactivos y demás activos virtuales ubicados en el país

Las criptomonedas, criptoactivos y demás activos virtuales se considerarán ubicados en el país en la medida en que se hubieren encontrado en custodia y/o administración, al 31/12/2023, de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales que esté inscripto ante la CNV.

2 - Criptomonedas, criptoactivos y demás activos virtuales no custodiados y/o administrados en una entidad habilitada

Las criptomonedas, criptoactivos y demás activos virtuales que no se encuentren bajo custodia y/o administración de una entidad habilitada a tales efectos, ya sea del país o de una jurisdicción o país extranjero no identificado por el GAFI como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”), sólo podrán blanquease si, antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión de la etapa 1, son transferidos a entidades que cumplan tales requisitos, en cuyo caso tendrán que mantenerse allí depositados hasta esa fecha.

Por ejemplo, si una persona tiene BTC en una billetera en su celular (no una billetera de un Exchange que encuadre en custodia o administración como entidad habilitada) y quiere blanquear sus cripto deberá transferirlas a una entidad habilitada para custodiar y/o administrarlas antes del 30/09/2024 -si no hay prórroga- y mantenerlas ahí depositadas hasta esa fecha.

Habrá que esperar a la reglamentación de la CNV para obtener mayores precisiones sobre las entidades habilitadas.

Podría suceder que solamente se permita la transferencia a entidades habilitadas en la Argentina por la CNV.

3 - Bienes depositados o registrados a nombre de más de un sujeto

Es el caso típico de una cuenta bancaria con varios titulares.

Por ejemplo, un matrimonio donde sólo uno de los cónyuges genero el dinero pero la cuenta está a nombre de ambos y de dos hijos.

¿Puede blanquear el 100% del saldo de la cuenta bancaria el cónyuge que generó los fondos o debe blanquear cada cotitular en su proporción de titularidad? Es decir, 25% cada uno.

Dentro de varias consecuencias, esta última alternativa obligaría, por ejemplo, a los hijos a declarar en el futuro rendimientos de las inversiones que no son de ellos.

De acuerdo a la Ley cada sujeto puede regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023.

Y agrega que la reglamentación establecerá la forma en la que se deberá acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda de los activos al 31/12/2023 al momento de presentar la declaración jurada del blanqueo.

La reglamentación avanza en definiciones al indicar que en el caso de bienes que se encuentren depositados o registrados a nombre de más de un sujeto y no se pueda acreditar la participación que le corresponde a cada uno de ellos, a los fines de la regularización que efectúen esos sujetos, se entenderá que resultan titulares de dichos bienes en partes iguales.

Es necesario esperar la reglamentación de la AFIP para ver si se flexibilizan estos requisitos, ya que la prueba puede ser compleja y podría llevar a investigaciones retroactivas relacionadas con los bienes blanqueados.

4 - El tipo de cambio se debe utilizar para convertir el valor en pesos de los bienes blanqueados a dólares para luego determinar el impuesto

La base imponible del blanqueo, salvo algunas excepciones, se determina en dólares estadounidenses.

La reglamentación establece que el tipo de cambio a utilizar para convertir bienes valuados en pesos será USD 1 = $1.000.

5 - Blanqueo de Bienes de Cambio

La Ley permite el blanqueo de bienes de cambio para las empresas.

La reglamentación impide computar los bienes de cambio regularizados como existencia inicial del período fiscal inmediato siguiente.

Esto busca evitar que se blanqueen bienes de cambio pagando un impuesto bajo del blanqueo, por ejemplo 5%, y luego se deduzcan de ganancias gravadas hasta al 35%.

6 - Valuación de los inmuebles a blanquear

Los inmuebles urbanos y rurales en el país deben valuarse al mayor valor entre el valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo fijado por la reglamentación.

El valor mínimo surge de multiplicar por 4 la base imponible establecida a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares al 31/12/2024.

Se admite prueba en contrario para los casos donde el valor mínimo calculado sea superior al valor de mercado.

Ese valor de mercado se podrá probar con una valuación de un corredor inmobiliario u otro profesional idóneo cuyo título lo habilite para hacerlo.

En el caso de inmuebles en el exterior, deben valuarse a su valor de adquisición o su valor mínimo el que sea superior.

Para estos casos, el valor mínimo será el de mercado que surja de una valuación de un corredor inmobiliario u otro profesional idóneo cuyo título lo habilite para hacerlo.

7 - Blanqueo por “Grupo familiar”

Un problema que tiene la ley es la disposición que obliga a proporcionar la franquicia de los USD 100.000 sin pago de impuesto entre integrantes de determinados familiares.

La reglamentación acota esa obligación de proporcionar a los casos donde el contribuyente que regulariza tenga a su cargo a alguno de los parientes que indica la ley y éstos también adhieran al régimen.

No hay una definición del concepto “tenga a cargo”

Habrá que esperar a la reglamentación de la AFIP para analizar si otorga mayores precisiones.

8 - Destino del efectivo blanqueado sin pagar el impuesto del blanqueo

La reglamentación da precisiones sobre el destino de efectivo blanqueado para evitar el pago del impuesto del blanqueo.

Una alternativa interesante que ofrece la ley es utilizar el dinero depositado para transferencias vinculadas a operaciones onerosas, debidamente documentadas según la legislación vigente.

Esto podrían incluir compras en la economía real, como inmuebles nuevos o usados, automóviles, electrodomésticos, etc.

Si bien queda a cargo del Ministerio de Economía detallar el tipo de operaciones que serán admitidas, el Decreto avanza en indicar que solamente se podría dar este destino sin pagar impuesto en el caso de bienes regularizados por un monto de hasta USD 100.000.

Se podrán utilizar estos fondos antes del 30/09/2024 bajo ciertos requisitos.

9 - Impuesto “al Cheque”

Se exime del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias a las cuentas especiales que se abran en virtud del régimen del blanqueo.

10 - Blanqueos parciales

La Ley establece que si la AFIP detecta cualquier bien o tenencia de propiedad de quien ingreso al blanqueo al 31/12/2023 y que no hubiera sido declarada se privará a ese sujeto del denominado “tapón fiscal”.

Y delega en la reglamentación establecer un umbral a partir del cual se produce esa pérdida del beneficio.

La reglamentación fija el umbral en el 10% del valor total de los bienes blanqueados.

Por ejemplo, si alguien blanquea USD 100.000 y luego le detectan bienes ocultos por USD 9.000 al 31/12/2023, no perderá el beneficio del tapón fiscal.

Sin embargo, si se detectan bienes por USD 10.000 o más, se perderá este beneficio.

El tapón fiscal establece que los sujetos que regularicen bienes que poseyeran al 31/12/2023, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios de liberación de los impuestos, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado.

La reglamentación aclara expresamente que se libera el monto consumido, es decir, el dinero utilizado para vivir por parte del contribuyente.

CRM con información de la agencia NA

El DNU 70/23 ordenado por el presidente Javier Milei es una re-regulación que puede alterar coordenadas y tocar intereses consolidados del ecosistema de servicios infocomunicacionales. Grupos nacionales que ostentan posiciones de dominio en telecomunicaciones y el sector audiovisual de pago pueden sufrir la incursión de conglomerados extranjeros que estaban inhabilitados a operar con servicios convergentes o en ciertos mercados delimitados, sobre todo por la apertura a la oferta cruzada de servicios que incluyan la tv satelital. En compensación, los negocios de grupos nacionales sacarán tajada de otros artículos del decreto si este queda vigente -lo que depende de su derrotero judicial, de la presión política que realice el Poder Legislativo y de la oposición social en ciernes-.

Integrado por miles de empresas y cooperativas de conectividad a Internet, telefonía fija y móvil, televisión de pago y servicios audiovisuales, el ecosistema infocomunicacional argentino es, sin embargo, altamente concentrado. Pocos grupos se disputan su primacía y capturan su renta a gran escala. La incidencia de cada actor de este conjunto variopinto en las políticas públicas suele ser directamente proporcional a su volumen.

El segmento más masivo y dinámico del ecosistema es el de las comunicaciones móviles. Con sus más de 60 millones de líneas activas en un país de 46 millones de habitantes, los ingresos del mercado móvil ($565 millones en junio último) superan la facturación sumada de la tv paga ($234 millones), acceso a Internet fija ($198 millones) y telefonía fija ($85 millones).

Los tres protagonistas corporativos de las comunicaciones móviles son Personal (Telecom), Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica). Estos proyectan su dominio a futuro gracias a la licitación 5G realizada en los últimos dos meses de gobierno de Alberto Fernández, lo que a su vez les impone obligaciones de despliegue de redes y colaboración entre ellos, dada la escala de inversiones que la tecnología 5G exige. De ellos, sólo Telecom tiene mayoría accionaria de empresarios argentinos (Grupo Clarín) y un socio minoritario mexicano (David Martínez). Telecom es, al mismo tiempo, el único conglomerado activo en todos los demás mercados de conectividad fija a Internet, tv paga, tv abierta, radio, medios online y prensa donde, además, ejerce posición dominante. Varios de estos segmentos son también alcanzados por el DNU de Milei, favoreciendo los intereses más concentrados.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital

En comparación a Telecom, Claro y Movistar, de capitales mexicanos (Carlos Slim) y españoles (Telefónica) respectivamente, demoraron el desarrollo de redes fijas y robustas de conectividad, en parte por impedimentos regulatorios de los últimos 15 años. Milei, con su DNU, los despeja. Mientras Telefónica afronta desafíos financieros en su casa matriz -donde el Estado español reingresa como accionista- que restringen su proyección en la Argentina, Claro es el líder consolidado de las telecomunicaciones en toda América Latina y su apetencia expansiva es citada en rumores de la rosca política y empresarial que comprometen a la estatal ArSat.

La clasificación de la tv satelital como un servicio análogo al de la tv por cable dispuesta por el DNU 70/23 habilita a Claro y Movistar a operar en un mercado en el que reinaba en soledad DirecTV (Grupo Werthein, uno de cuyos miembros, Gerardo, fue designado por Milei como embajador en EEUU) lo que puede impactar sobre dos conglomerados de capitales mayormente argentinos: Telecom/Cablevisión/Flow y DirecTV. A su vez, Telecom/Clarín y Werthein son gratificados por varios artículos del DNU.

Telecom, controla más del 40% de los abonos a la tv paga de modo directo (sin contar asociadas). Este servicio, generalmente comercializado en forma paquetizada con la conexión fija a Internet y la telefonía, fue integrado por Telecom gracias a la fusión con Cablevisión/Flow lubricada por el expresidente Mauricio Macri. Y si bien Movistar y Claro han desplegado redes de cable y conectividad fija a Internet en el último lustro, su participación en estos mercados es reducida. Además, Claro y Movistar se quejan -al igual que otros operadores de menor tamaño- de obstáculos normativos a niveles municipales, pues hay gobiernos (como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que imponen obligaciones para el tendido de nuevas redes fijas que no exigen a los viejos operadores (como Telecom), en un caso distorsivo de lo que enseñan los manuales de defensa de la competencia.

Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital, sorteando los obstáculos de municipios para nuevas redes fijas, y comercializar tv paga a través de las señales que ya gestionan servicios en países vecinos. Esta posibilidad expondría también el interés del Grupo Werthein, al introducir competidores en el mercado donde DirecTV opera en soledad. En compensación, con el DNU de Milei, el prestador de tv satelital de su embajador en los EEUU podrá expandir negocios a otras ramas que le estaban vedadas por la distinción que existía entre la licencia de tv satelital, que era exclusiva e incompatible con cualquier otra, y la de tv por cable, que podía ser explotada en forma convergente con las de otros servicios infocomunicacionales (de ahí la potencia del paquete Telecom/Cablevisión/Flow). De la mano de Milei, el proyecto de fibra de DirecTV recibe el espaldarazo estatal que necesitaba Werthein.

En cambio, la probabilidad de que la comercialización de servicios satelitales de órbita baja, como Starlink, muevan el amperímetro de las comunicaciones argentinas, es menor. Starlink, del multimillonario Elon Musk -evocado por Milei en la cadena nacional en la que difundió ejes del DNU-, vende conectividad que puede ser atractiva para empresas o sectores de altos ingresos en el medio rural, pero la velocidad de la conexión y su precio (100 dólares mensuales) no son variables competitivas en localidades donde ya hay operadores con propuestas de mejor calidad y precios más accesibles.

La letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista

El mega-decreto de Milei elude toda precisión sobre tasas y gravámenes de los operadores. En la norma no hay indicios de decisiones y debates regulatorios que ocupan la agenda en otros países, como el cobro a empresas “over the top” (OTT) como Netflix o Disney+ de las contribuciones que podrían colaborar con la infraestructura de conectividad, algo de loque se ocupa el Fondo de Servicio Universal (FSU) administrado por el ente gubernamental de comunicaciones (ENaCom).

Así, la letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista. El DNU 70/23 tampoco alude a los precios de telecomunicaciones y TIC que, tras la suspensión judicial del DNU 690/20 del expresidente Fernández que pretendía regular precios minoristas, aumentaron a un ritmo algo superior a la inflación.

Ironías de la regulación por decreto, el DNU de Milei rescata la calificación de “servicios esenciales” del denostado DNU de Fernández, pero lo hace para limitar eventuales reclamos y medidas de fuerza de los trabajadores de telecomunicaciones y TIC. En este rubro el saldo del decretazo de Milei no arroja perdedores entre los conglomerados que dominan el mercado: la reducción de los “costos laborales” los une en celebración.

MB

Luego de la polémica por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación económica, el presidente Javier Milei firmará otra disposición para dejar sin efecto todas las contrataciones de empleados públicos que se hayan efectuado en 2023.

Según un documento al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el nuevo DNU no afecta a aquellas personas que se hayan desempañado en algún organismo público antes del pasado 1 de enero, pero hayan cambiado su modalidad de contratación en el último año. Tampoco se verán afectados aquellos empleados que el titular de cada jurisdicción considere indispensable para el correcto funcionamiento de la entidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que el gobierno no renovaría los contratos firmados en 2023 en el marco del plan para reformar y achicar el Estado y el gasto público. Según estimaciones extraoficiales, la aplicación de esta medida podría dejar a unos 10.000 empleados de la Administración Pública Nacional (APN) sin trabajo.

Esta iniciativa de Milei complementa la reducción del número de ministerios que también impactó sobre empleados públicos. Tras la eliminación o baja de rango de algunas carteras, múltiples trabajadores se han quedado “sin tarea” a desempeñar.

Este viernes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchó a la jefatura de Gabinete para protestar contra los despidos anunciados por Milei. Entre otras reivindicaciones como aumentos salariales que superen la inflación y la reapertura de las paritarias, el sindicato exigió el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado y pidió que se garantice su estabilidad laboral.

Además, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, confirmó otra jornada de movilización y asamblea para el próximo miércoles 27 de diciembre. Ese mismo día, la CGT y las dos CTA marcharán al Palacio de Tribunales en reclamo por el DNU y para presentar ante la Justicia un pedido para que se declare inconstitucional el DNU de desregulación económica y se detenga su aplicación.

ACM con información de NA

JJD

El presidente Alberto Fernández modificó este sábado los objetivos de la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad de los mandatarios argentinos, con el objetivo de garantizar su custodia permanente en todo el mundo y de forma vitalicia.

A través del decreto 735/2023, publicado este sábado en el Boletín Oficial, incorpora modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, organismo que está a cargo de la seguridad presidencial.

Hasta este sábado, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial.

A partir de la nueva disposición, el beneficio se ampliará a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la vicepresidencia, y podrán utilizarlo sin un tiempo límite para su aplicación.

El decreto, que lleva la firma el jefe de Gabinete Agustín Rossi y del mandatario saliente, modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado a pocos días de comenzar su gestión.

Con esta nueva disposición, Casa Militar proveerá “la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los ex mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

El artículo 15 de la medida, en tanto, manifiesta que en “los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los ex mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963”.

La nueva norma coincide con los planes que tiene Fernández a futuro, ya que el mandatario saliente manifestó en varias oportunidades que residirá fuera del país una vez que haya finalizado su mandato.

MB con información de agencia de Noticias Argentinas

Diana Mondino es una de los dos futuros ministros de Javier Milei que asisten este jueves a la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se celebra en el Centro de Convenciones porteño. Pero la próxima canciller, economista de formación, no se privó de hablar de ningún tema antes de entrar, con la prensa, y adentro del salón, cuando expuso ante los empresarios manufactureros.

“Si el Congreso no nos aprueba las leyes, vamos a sacar todo por decreto, como hizo Alberto Fernández”, advirtió Mondino sobre los proyectos de reformas del Estado, privatizaciones, promociones de inversiones, presupuesto 2024, la derogación de 500 leyes que revisó Federico Sturzenegger, entre otros del paquete que enviará Milei al Legislativo apenas asuma el poder el 10 de diciembre. Primera falacia: que Fernández haya recurrido mucho a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). “Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario, se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar”, continuó en la Conferencia Industrial Argentina. Aclaró que los DNU “no es lo que corresponde” y que se recurrirá a ellos “sólo si es urgente y necesario”.

Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo

Diana Mondino — Futura canciller ante los empresarios de la UIA

“Nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo. Cada uno sabe si está trabajando en algo útil”, alertó Mondino. En su alocución ante los industriales, les dijo que ni la inflación ni la falta de productos importados serán problemas para ellos sino que su principal desafío será cambiar su producción o les resultará “muy difícil”. Los llamó a exportar más o a comenzar a hacerlo, según el caso, y a importar para producir localmente.

 “El control de precios genera distorsiones, nunca funcionó”, aseguró y ratificó la idea de Milei de terminar con la Secretaría de Comercio y el programa Precios Justos, lo que elevará 40% promedio los valores en las cadenas de supermercados. A ese porcentaje habrá que agregarle el impacto de la suba del dólar oficial, de $368 actual. Entre los industriales se especula con que llegaría al nivel del dólar exportador de hoy, que es de $609. Mondino prometió: “La apertura del cepo será lo más rápido que se pueda porque es destructivo, impide ahorrar, impide hacer transacciones normales. Los dólares son de los exportadores y no del gobierno. El mercado definirá el tipo de cambio”.

Graduada y doctorada en la Universidad de Córdoba, aclaró que el tope en el salto de los precios será puesto por el mercado: “La gente no va a comprar algo a un precio disparatado”. “Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo”, soltó Mondino a los empresarios. Y les adelantó que “las licencias no automáticas van a desaparecer”, lo que representa para ellos en parte una buena noticia porque podrán acceder a insumos importados con más facilidad, pero en parte es malo porque no habrá protección frente a la competencia extranjera.

En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo

Diana Mondino — Futura canciller ante empresarios de la UIA

La economista y profesora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema) les advirtió a los empresarios sobre cortes de luz en un verano que se anticipa muy caluroso, con una infraestructura eléctrica deficitaria: “En enero y febrero el que no tenga un generador, vaya comprándolo. Hagan algo porque con lo que hay no alcanza”. Y aprovechó para criticar la inversión estatal en energía: “¿Por qué el caño lo pagamos los 47 millones de argentinos?”, se refirió al gasoducto Néstor Kirchner, que se financió con el aporte extraordinario de los más ricos y que permitió revertir el déficit energético. Ella hubiera preferido que lo hagan inversores privados. “Nuestro plan energético es bastante amplio”, dijo y anticipó que el sector privado hará más líneas de transmisión eléctrica.

“Hay altas posibilidades de que el 7 de diciembre se firme el acuerdo (de libre comercio) Mercosur-Unión Europea”, apoyó Mondino. Auguró que “Alberto Fernández termine su mandato con el logro”. “Ojalá se pueda dar ahora. En La Libertad Avanza creemos que es francamente deseable. Por supuesto a alguien le va a doler un pie, pero es mucho mejor tenerlo que no tenerlo”, evaluó. Y anticipó otros pactos: “Podemos avanzar con EFTA (las siglas en inglés de la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran  Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) y Singapur, las puertas que se abran son oportunidades monumentales, a alguien le va a molestar”, advirtió sobre sectores industriales y agrícolas que puedan salir perjudicados. Lo que no quiere la futura canciller es continuar con el proceso de adhesión a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En cambio, dejó atrás la retórica anticomunista de Milei en campaña y abogó por profundizar el Mercosur con la homologación conjunta de productos o títulos universitarios.

AR/MG

Luego de que la semana pasada el Senado aprobara el pliego, Alberto Fernández firmó hoy el decreto para que Ana María Figueroa continúe en su cargo como jueza en la Cámara de Casación por cinco años más. La decisión contradice la resolución de la Corte Suprema de Justicia que había ordenado su jubilación una vez que la magistrada cumplió 75 años, edad máxima para ejercer sus funciones.

“El Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1°: - Nómbrase, por el término e cinco (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa (D.N.I. N° 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”, establece el texto del decreto.

Según informó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el pliego de Figueroa se firmó en conjunto con el de otros letrados. Se prevé que la normativa quede publicada en el Boletín Oficial de este miércoles para dar por finalizado el nombramiento de la jueza y el conflicto de poderes derivado de tal situación.

“La ley dice que (el acuerdo en el Senado) tiene que ser una vez que cumpla los 75 años, no antes de que cumpla los 75. El Gobierno mandó el pedido de acuerdo en plazo, se aprobó ahora y se designó”, explicó en relación a las críticas de la oposición en relación a la demora y constitucionalidad de la resolución.

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se refirió a la decisión aprobada por la Cámara Alta y defendió la iniciativa de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). “Hay claramente un conflicto entre el senado y la Corte y un conflicto en la Casación porque la jueza Figueroa mansita no es, no se la van a llevar por delante los machirulos de Casación cuando quiera volver a su despacho”, aseguró este martes en declaraciones a Diputados TV.

El legislador, que además integra la Comisión de Juicio a la Corte Suprema, también se refirió a la posibilidad de que el máximo Tribunal busque anular la designación del Senado. “No va a ser tan fácil para ellos declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. No descarto que la Corte haga alguna movida, acá puede pasar cualquier cosa. No tengo ninguna expectativa de que la Corte revierta su decisión. Pero puede pasar un tiempo hasta que la Corte resuelva: puede pasar unos minutos o puede haber un expediente judicial, que me parece el ámbito correcto para que se defina esto”, indicó.

El martes pasado, el bloque oficialista del Senado aprobó el pliego para la continuidad de la magistrada en una votación que originalmente terminó en un empate con 35 votos a favor y 35 en contra, y terminó de definirse por la expresión a favor de la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, que presidía la sesión.

Junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, Figueroa es una de las juezas que debe resolver si se reabren o no las causas de Hotesur/ Los Sauces y el Memorándum con Irán contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

ACM con información de agencias.

El Gobierno oficializó la modificación del impuesto a las Ganancias, para que desde octubre lo paguen las personas con salarios superiores a 1,7 millón y aclaró cómo deberá liquidarse la segunda cuota del aguinaldo.

A través del decreto 473/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aclaró que la decisión entrará en vigencia este 14 de septiembre y resultará de aplicación para las remuneraciones y/o haberes que se devenguen a partir del 1º de octubre de 2023, inclusive.

Así, como anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir del primer día del mes que viene el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias aumentará a $1.770.000 mensuales.

“Establécese, para el segundo semestre del período fiscal 2023, que el monto de la remuneración y/o del haber bruto, a los fines de lo dispuesto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ascenderá a una suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente el 1º de octubre de 2023- a 15 salarios mínimos, vitales y móviles”, según el texto oficial.

En cuanto a la segunda cuota del aguinaldo, que debe abonarse en diciembre, el decreto dispone que deberá considerarse el importe que surja de aquellos 15 salarios mínimos y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o haber bruto.

Por otra parte, se encomendó a la AFIP a incrementar los importes de la escala progresiva del impuesto, con efectos para el período comprendido desde la entrada en vigencia de este decreto y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

Eso se decidió “a los fines de reducir el monto de las retenciones de los sujetos que obtengan los ingresos mencionados y que superen el importe previsto en el decreto, con el objetivo de asegurar la progresividad del tributo, evitando de esta forma que su carga neutralice la política salarial adoptada”, explicó la Casa Rosada.

El decreto señaló que se elevará a consideración del Congreso un proyecto de ley “en línea con lo dispuesto en esta medida a fin de dejar establecidas con jerarquía de ley las políticas tributarias aquí impulsadas”.

El Poder Ejecutivo justificó esta modificación impositiva al señalar que “en todos estos años se ha trabajado en la elaboración de medidas que tiendan a asegurar la progresividad de este tributo, evitando de esta forma que su carga neutralice la política salarial adoptada”.

El texto completo

CONSIDERANDO:

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Establécese, para el segundo semestre del período fiscal 2023, que el monto de la remuneración y/o del haber bruto, a los fines de lo dispuesto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, ascenderá a una suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente el 1º de octubre de 2023-, a QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES (SMVM).

A los fines de lo dispuesto en el segundo párrafo del primer artículo sin número a continuación del artículo 176 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1º del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones, en lo que hace a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de 2023 deberá considerarse el importe establecido en el párrafo anterior y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o haber bruto.

ARTÍCULO 2º.- Tratándose de los ingresos mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente el 1° de octubre de 2023- de QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES (SMVM)-, deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del primer párrafo del artículo 30 de la citada norma legal un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta, las deducciones de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a CERO (0).

ARTÍCULO 3º.- La deducción dispuesta en la primera parte del anteúltimo párrafo del inciso c) del primer párrafo del artículo 30 de la ley del gravamen procederá -de acuerdo con lo establecido en el quinto párrafo del primer artículo sin número a continuación del artículo 176 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones- en el supuesto que, en el período comprendido desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre de 2023, inclusive, la remuneración y/o el haber bruto promedio mensual arrojara un monto inferior o igual al importe vigente en dicho período.

ARTÍCULO 4º.- Encomiéndase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a incrementar los importes de la escala progresiva del primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones -con efectos para el período comprendido desde la entrada en vigencia de este decreto y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre de 2023, inclusive-, a los fines de reducir el monto de las retenciones de los sujetos que obtengan los ingresos mencionados en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la citada norma legal, que superen el importe previsto en el artículo 2º del presente decreto, con el objetivo de asegurar la progresividad del tributo, evitando de esta forma que su carga neutralice la política salarial adoptada.

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y resultará de aplicación para las remuneraciones y/o haberes que se devenguen a partir del 1º de octubre de 2023, inclusive, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1°, que surtirá efectos conforme a lo allí previsto.

ARTÍCULO 6º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Firmas: ALBERTO FERNÁNDEZ - Agustín Oscar Rossi - Sergio Tomás Massa

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, analizó este martes que “si existe un bloqueo institucional de parte de Juntos por el Cambio (JxC)” en el Congreso, el presidente Alberto Fernández “tiene las facultades” como para poder actuar, y consideró como “prioritario discutir una reforma del sistema judicial”.

“Si no hay consensos -aseguró Capitanich-, el Presidente cuenta con herramientas para intervenir y contar con respaldo popular si existe un bloqueo institucional en el Congreso. Le pido a la oposición que dejen de mentir. En estos tiempos muchos dirigentes de JxC se muestran como los paladines de la ética y tienen un doble discurso. Lo único que hacen es herir de muerte a las instituciones de la democracia”.

Concretamente, el gobernador chaqueño se refería a la facultad presidencial de emitir decretos de necesidad y urgencia, las DNU. “Hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso. Pero si no hay nivel de consenso hay que ir y trabajar en materia de implementación por DNU”, dijo.

En declaraciones a El Destape Radio, Capitanich se expresó sobre la postura anunciada por parte de la Mesa Nacional de JxC, que aseguró que no debatiría en el Congreso ninguna iniciativa impulsada por el oficialismo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario provincial consideró que “es necesario contribuir desde la verdad” al proceso de remoción que impulsan Fernández y varios gobernadores después de que filtraron chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, en lo cuales se registraban intercambios con Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

En esas conversaciones que trascendieron, Robles le sugería a D'Alessandro --en la actualidad de licencia en su cargo-- distintas estrategias que debía seguir el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener por parte de la Corte un fallo favorable en el litigio por los fondos coparticipables que tiene con la Nación, algo que finalmente terminó sucediendo.

“Acá estamos demostrando una configuración estructural donde decimos democracia versus corporaciones. O son las corporaciones las que se apropian del Estado para manipular o es la voluntad popular a través de la democracia la que puede administrar el Estado para satisfacción de las mayorías”, remarcó.

Para Capitanich, es prioritario “discutir una reforma del sistema judicial” así como otros temas entre los que citó “la situación en el Consejo de la Magistratura, la cantidad de miembros de la Corte, la duración del mandato de los jueces, y la presentación de declaraciones juradas”.

“Son cuestiones que hacen a la transparencia real”, indicó al tiempo que resaltó: “El pedido de juicio político a la Corte no es un ataque al sistema republicano, por el contrario, es una forma de defenderlo”.

Y en ese sentido, aseguró que desde las provincias, el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el litigio de los fondos coparticipables, se ve como “una injerencia de la Corte que profundiza las asimetrías.

“Es bochornoso lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y el próximo 23 se generará una agenda para terminar con esto que afecta profundamente a las provincias. Tenemos que discutir estas situaciones en las cuales el poder económico se apropia de los medios de comunicación para la construcción de un sentido que copta al poder judicial y toma de rehén al sistema político”, puntalizó.

Capitalice explicó que los DNU no pueden ser utilizados en cuestiones penales, electorales, tributarias o relacionadas a partidos político, y por esa razón  “el resto no está prohibido y forma parte de la implementación de medidas de carácter institucional que benefician al pueblo argentino”.

MB con información de agencia de noticias Télam

A poco de embarcar en el vuelo que lo lleva de visita a París, el presidente Alberto Fernández firmó esta noche el decreto que destina un bono de refuerzo alimentario de $45.000 para personas en situación de indigencia, confirmaron fuentes del Gobierno nacional a elDiarioAR.

El decreto confirma que se trata de un bono extraordinario, no contributivo, de alcance nacional se ha destinado a adultos sin ingresos en concepto de refuerzo alimentario.

El bono se pagará en dos veces: $22.500 en el mes de noviembre de 2022 y otros $22.500 correspondiente al mes de diciembre de 2022. 

En el artículo 7 del decreto, se indica que “el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos deberá solicitarse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), conforme el procedimiento que esta determine a tales efectos. Los datos consignados en la solicitud tendrán carácter de Declaración Jurada por parte de la persona solicitante”.

Además, resuelve que la Anses “dispondrá de los mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos o que se establezcan para el acceso al refuerzo alimentario para adultos sin ingresos y establecerá las normas aclaratorias y complementarias que resultaren necesarias para la administración, otorgamiento, pago, control y supervisión del mismo”.

La normativa lleva las firmas de Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y de los ministros Sergio Massa (Economía), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo).

DA

El Gobierno oficializó este viernes que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad.

Al enumerar las contrataciones que quedan congeladas, el decreto menciona “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.

Otras modalidades de empleo que quedan restringidas son “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia” incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

El decreto 426/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Economía Silvina Batakis, establece en sus consideraciones que “resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”.

En ese tramo de la norma se especifica que las limitaciones que se fijan en el decreto “refieren a los regímenes de contratación” del personal que “presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional previstos en los incisos 'a' y 'c' del artículo 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera”, lo que según dicha norma abarca, por un lado, a la Administración Central y los organismos descentralizados del Estado Nacional, incluyendo a las instituciones de la Seguridad Social.

Pero además, de acuerdo al inciso 'c' del artículo 8° de la ley 24.156, el alcance de la prohibición para designar y contratar personal nuevo incluye a los entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio en los que el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, al igual que las entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

El decreto 426/2022 prevé por otro lado la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado con los gremios del sector en la paritaria de 2020, por resultar “indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública”, y reconoce que esa iniciativa formó parte del decreto 668/2020, de agosto de ese año, en el que se homologó el acta acuerdo del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional suscripta el 29 de mayo de 2020.

DL con información de Télam.

Llegó el día. El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el decreto que elimina la obligación de llevar barbijo en la mayor parte de los lugares interiores a partir de este miércoles. La retirada del gran icono de la pandemia no es completa: el cubrebocas debe continuar usándose en todos los transportes públicos, en los centros sanitarios, establecimientos como las farmacias y en las residencias de mayores. “Es un día importante, seguimos sumando etapas”, dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la conferencia de prensa posterior, donde recordó que la “filosofía” del decreto es relajar el uso, salvo excepciones.

Con esta decisión, España culmina el proceso de normalizar la convivencia con el virus. El barbijo era la única medida frente al coronavirus aún vigente en todo el territorio nacional. El decreto al que dio luz verde este martes el Gobierno de Pedro Sánchez es el quinto redactado por el Ejecutivo desde que empezó la pandemia relacionado con los tapabocas.

El Gobierno considera que era una medida “demandada” y por eso la consensuó con las comunidades autónomas, además de seguir “la propuesta de las personas expertas”. “Va en la línea de lo que han hecho otros países del entorno europeo y en todos ellos hemos visto que no ha tenido un efecto en las hospitalizaciones”, aseguró la ministra, quien enumeró los alcances del decreto del que ya se conocían la mayoría de detalles.

El transporte colectivo permanece, dos años después, como un espacio que todavía está sujeto al uso de la mascarilla. Afectará a todos, sin excepciones: metro, autobús, barco, avión, tren... También taxis y las aplicaciones de movilidad. En los andenes o accesos a las estaciones no se aplica esta obligación, precisó Darias.

Los centros de salud y hospitales continuarán exigiendo un uso estricto, salvo para las personas ingresadas, quienes podrán retirarse este elemento de protección siempre que estén en sus habitaciones. Las trabajadoras de las residencias de mayores deben seguir llevando barbijo en sus jornadas laborales, así como las visitas. Los mayores quedan liberados de esta obligación porque el centro es como su casa.

El Ministerio extiende la obligación, asimismo, a todos los establecimientos y servicios sanitarios, como las farmacias o los centros de transfusión. El listado de centros incluidos en esta clasificación quedan detallados en la norma que se publicará mañana en el Boletín Oficial, dijo la ministra.

El decreto, en todo caso, solo recogerá las situaciones y espacios donde el barbijo tiene que seguir usándose. Al margen de la norma, Sanidad ha destacado un “vector” importante del decreto: el “uso responsable” de las mascarillas con el fin de evitar en la medida de lo posible situaciones de peligro. Este uso responsable concierne, sobre todo, a la población vulnerable (mayores, inmunodeprimidos o embarazadas) para quien se recomienda mantener la utilización de esta medida de protección. Darias también puso el ejemplo de eventos multitudinarios y de entornos familiares “cuando estemos con personas que tengan algún factor de riesgo”.

Los entornos de trabajo y las escuelas

El entorno laboral es el terreno más resbaladizo y el que más dudas ha suscitado. Darias aclaró que “con carácter general no es obligatorio” pero si los servicios de prevención de riesgos hacen una evaluación del riesgo y determinan el uso de esta medida sí lo será.

El Gobierno recuerda que los centros escolares no pueden obligar a los alumnos a usar barbijo a partir de este miércoles. “No se puede establecer la obligatoriedad”, señaló la ministra, que no obstante matizó que se puede hacer un “uso responsable” pero en este ámbito no está recomendado en ningún caso. “Si hay un ámbito donde está claro es el escolar por el menor impacto del virus en los niños y niñas”, precisó.

Quien quiera continuar usando el tapabocas en los espacios interiores podrá hacerlo. Incluso es recomendable en muchos de ellos, según el documento en el que se ha apoyado el Ministerio para tomar la decisión. La ministra llamó a “disfrutar” de este nuevo paso “con prudencia y uso responsable” y confió en que el “comportamiento ejemplar de la ciudadanía” se va a mantener en este caso también. “Es un signo más de la cultura de cuidados”, finalizó.

El presidente Alberto Fernandez firmó esta noche un decreto a través del cual se dispuso el cese del realizador cinematográfico Luis Puenzo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

“Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura” expresa el primer artículo del decreto presidencial.

El principal descontento con la gestión de Puenzo fue con la no modificación del Plan de Fomento, “impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA”.

La asociación de documentalistas DOCA y el Colectivo de Cineastas señalaron que Puenzo “no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las provincias”. También Directores Argentinos Asociados (DAC) se expresó sobre la situación del cine nacional con críticas hacia Puenzo, el ministro Bauer y a la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso. En una nota publicada en su revista oficial la DAC se quejó de la falta de respuestas ante la posibilidad de que al 1 de enero de 2023 caiga la ley que financia el fomento del cine nacional, así como de otras actividades, como el Instituto Nacional de Teatro y el de Música.

Según los directores de cine, los funcionarios “no hicieron todo lo necesario para desactivar la bomba que el ya famoso artículo 4 de la ley 27.432 (votado durante la gestión macrista) tiene prevista para terminar con la cultura nacional a fin de este año”.

Además, los directores se preguntaron “¿por qué continúa el mismo plan de fomento establecido por la gestión anterior para desfinanciar y obstruir al cine nacional?” y “¿por qué, en medio de la inflación galopante, el Incaa sigue atrasando la actualización del costo medio?” de producción de un largometraje.

Esta mañana, el realizador de “La historia oficial” había defendido su gestión, dijo que es “difícil” que se pueda ampliar el presupuesto y afirmó: “No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data”.

“La situación es muy muy desesperante para la industria en términos económicos, es algo más que evidente, tenemos un horizonte oscuro que es el 31 de diciembre cuando vence la ley de caducidad (que asigna recursos al fondo de fomento)”, aseguró Puenzo.

El cineasta Luis Puenzo, ganador de un premio Oscar por “La historia oficial” fue nombrado en diciembre de 2019 como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cargo en el que cesó hoy por un decreto presidencial 2022-183.

DA