El oficialismo buscabaeste jueves emitir dictamen en la Comisión Bicameral Permanente sobre el DNU que autoriza al Gobierno a firmar un acuerdo con el FMI para cancelar las deudas con el Banco Central y reforzar las reservas. Pero finalmente la reunión se suspendió tras el cruce a trompadas que ayer tuvieron dos de sus integrantes de la comisión: Alberto Zago y Lisandro Almirón, quienes este miércoles terminaron a las piñas en el recinto de la Cámara baja durante la sesión especial en la que se aprobó la creación de una comisión para investigar el escándalo $LIBRA.

La decisión de convocar a esa comisión bicameral para las 13.30 buscaba dejar firmado el despacho a favor del DNU, con el fin de tratarlo a la brevedad en Diputados para blindar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

La ley 26.122 de DNU, aprobada en el 2006 a instancias de Cristina Kirchner, establece que con el respaldo de una sola cámara queda firme esa medida del Gobierno, a diferencia de una ley que requiere el aval de las dos cámaras del Congreso.

En la comisión bicameral, el oficialismo necesita ocho firmas y para eso necesita que rubriquen el despacho, además de su presidente Juan Carlos Pagotto, los diputados Diego Santilli (PRO); el radical Francisco Monti; el exlibertario Oscar Zago (MID); Lisandro Almiron (LLA) y los senadores Luis Juez (PRO), Víctor Zimermman (UCR) y Carlos Espíndola (Provincias Unidas).

De todos modos, para poder lograr su objetivo de conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados, el Gobierno deberá apelar a negociaciones con los bloques dialoguistas del PRO y la UCR, MID, Encuentro Federal, e Innovación Federal.

Pero también deberá tener el apoyo de los bloques de Independencia, de Producción y Trabajo y de Por Santa Cruz, que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El oficialismo tendrá que buscar además, como hizo en otras ocasiones, el respaldo de los diputados de UxP que tienen terminal con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Sin embargo, el primer obstáculo que deberá superar será elegir al nuevo presidente de ese organismo parlamentario en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, ya que este año la presidencia le corresponde a la Cámara de Diputados. La definición se atrasó también hoy.

En principio, el oficialismo buscará mantener a Pagotto ya que aún no hay consenso entre LLA y los bloques dialoguistas sobre quién será el nuevo presidente dela bicameral, y las opciones que se manejaban eran el libertario Almirón, el macrista Santilli o el radical Monti, cercano al oficialismo.

De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas “tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. Sin embargo no hay precisiones sobre cantidad y fecha de los montos.

También fijan que se destinarán a cancelar “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.

En el DNU se indicó que “contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional”, y que la baja calidad del activo del Banco Central “impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico”.

También señaló que el denominado “cepo cambiario” reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo.

Destacó que “atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria”.

Con información de agencias.

IG/MC

Un sector del kirchnerismo, un diputado del bloque de Miguel Ángel Pichetto y otros diputados opositores fracasaron hoy en el intento por incluir en el temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le asigna 100.000 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE. 

El listado original de temas para tratar durante el encuentro incluía los decretos pendientes de revisión de la Bicameral que fueron dictados durante las administraciones de los expresidentes Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023), sumado a un puñado del inicio de la presidencia de Javier Milei. 

En este contexto, y en el inicio del encuentro, la diputada Carolina Gaillard (Unión por la Patria) le pidió al senador libertario y titular de la Bicameral, Juan Carlos Pagotto, que explique la razón por la que no incluyó en el temario oficial los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE y, a su vez, el otro con el que le asigna 100.000 millones a la SIDE. 

La inquietud de Gaillard residía en que tres senadores kirchneristas habían presentado en mesa de entrada, la semana pasada, una nota pidiendo que se incluyera en el temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo ambas resoluciones que la Casa Rosada hizo público días atrás. 

Pagotto recurrió al argumento que el oficialismo esboza desde la conformación de la comisión a finales de febrero pasado: antes de tratar de los decretos de Milei, la Bicameral deberá despejar los restantes de las gestiones anteriores a la llegada del economista a Balcarce 50, en diciembre pasado. Es decir, por orden de dictado. 

CRM con información de la agencia NA

La Libertad Avanza retrocede. La semana pasada, como anticipó elDiarioAR, se había comprometido a citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, entre otros funcionarios, a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de aprobar o rechazar los decretos presidenciales, justamente para que expliquen los alcances del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei. Pero esta semana cambiaron de opinión y decidieron que no lo harían. El argumento: que primero deben tratarse los 136 decretos pendientes de evaluación, que fueron dictados por Alberto Fernández (Frente de Todos) y Mauricio Macri (Cambiemos). Finalmente, esta tarde se decidió por mayoría que el martes 12 se tratarán los DNU pendientes de las gestiones anteriores —con una reunión de asesores a quienes se les encargará la tarea de ordenar el listado por importancia— y que el jueves 14 sí empezarán a asistir funcionarios de la actual gestión por el súper-DNU de Milei. Es decir que el oficialismo consiguió demorar una semana la visita de los representantes del Poder Ejecutivo.

El DNU 70/2023, dictado por Milei el 20 de diciembre último y con vigencia desde el 29 de diciembre, tiene 366 disposiciones, entre las cuales se destacan la derogación de varias leyes (como la de Alquileres) y la posibilidad de que las prepagas aumenten su cuota lo que quieran y cuando quieran.

Salvo los artículos que fueron suspendidos por la Justicia (por ejemplo, todos los referidos a la reforma laboral), el mega-DNU de Milei se encuentra en plena vigencia. Por eso, por ejemplo, en lo que va del gobierno de Milei las prepagas ya pudieron aumentarles la cuota a sus afiliados hasta un 160% acumulado (40% en enero, 30% en febrero, 23% en marzo y 16% en abril), más que la inflación.

De acuerdo con la ley, un DNU sólo pierde vigencia una vez que es rechazado por los plenos de ambas cámaras. Pero antes, debe ser enviado a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por 8 diputados y 8 senadores, que se encarga de dictaminar sobre su validez (es decir, si no legisla en materias prohibidas por la Constitución y si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia). Esta comisión tiene un plazo de 10 días para expedirse. Dicho plazo ya está totalmente vencido y, por lo tanto, el DNU debe ya tratarse de inmediato en los recintos.

Como la política es el arte de lo posible, ya han pasado más de dos meses desdes su publicación en el Boletín Oficial y ni la bicameral ni los plenos de ambas cámaras se han abocado a tratar el DNU de Milei.

La bicameral, que no se reunió ni en 2022 ni en 2023, tiene pendientes de tratamiento un centenar de decretos de los dos antecesores inmediatos de Milei, Fernández y Macri.

En la reunión de esta comisión realizada en la tarde de este jueves, el oficialismo (entendiendo por tal a los legisladores de La Libertad Avanza y a los del PRO) pidió que el tratamiento de los decretos sea cronológico, en el afán de demorar la visita de Caputo, Posse y otro puñado de funcionarios, y de que el DNU de Milei no sufra ningún pronunciamiento del Congreso.

El dictamen de la bicameral no es vinculante y, como se dijo, los decretos solamente pierden vigencia una vez que son rechazados por los plenos de ambas cámaras. Pero un dictamen de comisión de rechazo al DNU significaría —aunque no pierda vigencia— una derrota política, un indicador del clima político y, por lo tanto, un anticipo de lo que podría ocurrir después, en los recintos. También, en la Justicia, donde algunos tribunales ya suspendieron la vigencia de algunos artículos del instrumento.

Al final, a propuesta del diputado Nicolás Massot, del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal (que conduce Miguel Pichetto y es considerado la “oposición dialoguista”), la bicameral decidió dedicar los martes a los DNU viejos y los jueves, con funcionarios nacionales citados y juristas invitados, al súper-DNU de Milei.

“Propongo que se convoque a una reunión de asesores con el fin de que clasifiquen y propongan un plan de trabajo de todos los DNU ya vencidos, que son de todas las administraciones”, dijo Massot al explicar su moción, en alusión al orden de los decretos, ya que algunos devinieron abstractos, otros no son lo suficientemente relevantes y otros tiene efectos jurídicos que ameritan su tratamiento anticipado. Agregó: “El martes sería la reunión de asesores y que el jueves, que estamos como siempre obligados a reunirnos a las 14 horas, sea la citación de los funcionarios”. La moción fue aprobada por mayoría y se levantó la sesión de la bicameral.

A pedido de Unión por la Patria, también se invitará a constitucionalistas para que den sus argumentos jurídicos sobre la validez del DNU de Milei.

Sobre el final del encuentro, Lombardi había cuestionado a sus colegas de Unión por la Patria por insistir en la presencia de funcionarios de Milei cuando durante el gobierno del Frente de Todos los funcionarios de aquella administración no concurrieron a dicha comisión a explicar los decretos. “Comparto el criterio de que los funcionarios tienen que venir, tienen que explicar. Pero nunca en la gestión de Alberto Fernández vino ningún funcionario. Jamás. Entonces, ¿cómo se rasgan las vestiduras? ¿Saben por qué no vinieron a la comisión bicameral? Porque no se reunió, no la reunían, muchachos”, protestó.

A la salida del encuentro, el senador kirchnerista Mariano Recalde dijo: “Podría decir que no pasó nada, lamentablemente siguen las maniobras dilatorias para estirar el tratamiento del DNU y no llevarlo al recinto, que es lo que corresponde, lo que dice la Constitución, la ley, que no están cumpliendo, que ya pasaron los 10 días que tenía esta bicameral para tratarlo y que si no emitió dictamen tiene que ir al recinto. Así que estamos esperando que la vicepresidenta [Victoria Villarruel] se digne a cumplir con la ley, a cumplir con el reglamento, y convoque a sesión especial, como le hemos pedido ya una enorme mayoría de senadores, y podamos tratarlo. Si están los números, se rechazará y si no están los números, quedará aprobado”.

Durante la reunión de la bicameral, y como el oficialismo planteaba la necesidad de debatir primero todos los DNU anteriores no tratados, Recalde propuso, con ironía, que se invitara “a funcionarios de Menem”, porque, total, “son los mismos” que integran el gobierno de Milei ahora. De inmediato un senador que estaba cerca le respondió: “O a Scioli...”.

“Estuvo bien”, reconoció Recalde sonriendo. Touché.

JJD

El diputado macrista Hernán Lombardi y los senadores Juan Carlos Romero, Luis Juez (PRO) y Victor Zimmermann (UCR) y el diputado Francisco Monti (UCR), aliados del oficialismo, quieren demorar el tratamiento del DNU 70/2023, dictado por Javier Milei, que está vigente desde hace más de dos meses.

En una nota que enviaron al presidente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, estos cinco legisladores pidieron que “se incluyan en el temario de la reunión convocada para el mañana jueves 7 de marzo el análisis de los más de 100 decretos de necesidad y urgencia que se encuentran pendientes de tratamiento”.

En un comunicado, pidieron “que sean tratados en forma cronológica por la comisión” y que “se suministre a los integrantes el listado de decretos pendientes de tratamiento”. “Es irregular que se acumulen estos DNU sin resolución ni tratamiento en el Congreso. A través de dicho proceso se intenta reorganizar el funcionamiento institucional que el gobierno anterior dejó abandonado”, plantearon.

El DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete dentro de un plazo de 10 días desde la firma a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Sin perjuicio de que hayan pasado los 10 días de plazo, la bicameral igualmente puede abocarse a su tratamiento y emitir dictámenes que después sean considerados por los plenos de ambas cámaras.

Para que un DNU pierda vigencia tiene que ser rechazado en los dos recintos, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

¿Van los funcionarios?

A la reunión prevista para este jueves de la bicameral está prevista la visita de funcionarios del gobierno de Milei. El oficialismo aceptó citarlos a cambio. La intención es que vayan los dos principales colaboradores del presidente: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al cierre de la edición de esta nota, aún no había definido nada al respecto.

Consultados por elDiarioAR miembros de la bicameral de Unión por la Patria y del PRO hasta ahora no sabian nada. “Lo tiene que definir el Ejecutivo”, dijo uno de los aliados del oficialismo.

La iniciativa de convocar a los funcionarios fue a partir de una moción de Zimmerman y Monti —los dos radicales que pidieron este miércoles pidieron postergar el tratamiento del DNU de Milei— y el senador Carlos Espínola (Unión Federal-Corrientes).

Según su reglamento, en el artículo 9, la comisión “podrá convocar o invitar a su seno, según corresponda para que participen haciendo oír su opinión, a las Asociaciones, Personas Humanas o Jurídicas, Públicas y Privadas y a las Comisiones Parlamentarias Permanentes que tengan vinculación con el tema que se trate”. Pero no hace mención a que estén expresamente obligados.

JJD

El jefe de Gabinete, Nicolas Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán convocados por la comisión bicameral de Tratamiento Legislativo para que den explicaciones sobre el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía de Javier Milei. Esa decisión tomó este jueves el cuerpo parlamentario compuesto por 8 senadores y 8 diputados, aunque es una incertidumbre saber cuándo asistirán al Congreso ambos funcionarios, los más importantes del gobierno de Javier Milei. 

La Libertad Avanza cedió a la presión de sus aliados de la UCR y los bloques federales para convocar al jefe de Gabinete y el ministro de Economía en la segunda reunión de la comisión permanente donde se tratan los decretos de necesidad y urgencia. La oposición más dura, Unión por la Patria, denunció que la maniobra busca dilatar la votación del DNU en los recintos del Senado y Diputados. Salvo que sea rechazado por ambas cámaras, el 70/23 sigue vigente.

La presentación de los funcionarios comenzará el martes próximo, aunque no está definido el orden de exposición. Además de Posse y Caputo, la bicameral va a convocar al ministro de Salud, Mario Russo; a los secretarios de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert: de Trabajo, Omar Yasin; de Agricultura, Fernando Vilella, y al flamante director de la Anses, Mariano De Los Heros. Según anticipó el oficialismo, mañana viernes por la mañana se conocerá agenda de las presentaciones.

La iniciativa de convocar a los funcionarios fue a partir de una moción del senador radical Víctor Zimmerman, acompañada por el diputado correligionario Francisco Monti y el senador Carlos Espínola (Unión Federal-Corrientes). En ese acuerdo político también participó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal). “No sé si van a venir, pero deberían hacerlo si les aseguramos un ambiente seguro de discusión”, planteó a elDiarioAR uno de los diputados más encumbrados de la bicameral. “No sabemos si realmente vendrán”, agregó otra fuente parlamentaria involucrada en el derrotero de la comisión. 

Según su reglamento, en el artículo 9, la comisión “podrá convocar o invitar a su seno, según corresponda para que participen haciendo oír su opinión, a las Asociaciones, Personas Humanas o Jurídicas, Públicas y Privadas y a las Comisiones Parlamentarias Permanentes que tengan vinculación con el tema que se trate”. Pero no hace mención a que estén expresamente obligados.

“Que vengan los funcionarios que sean necesarios, que seguro se van a sentar a dar las explicaciones que hagan falta”, dijo el diputado libertario Lisandro Almirón durante la discusión en la comisión. “¿En serio creen que va a venir Posse, que no habló nunca en su vida?”, lo había chicaneado antes la senadora de UxP Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Traigan a los funcionarios que quieran. Yo ya leí el DNU varias veces. ¿De verdad tienen que pedir explicaciones?”, agregó la legisladora. “El oficialismo acepta que vengan e insólitamente eso se leé como una medida dilatoria”, se quejó el diputado del PRO Hernán Lombardi. 

Otro kirchnerista que encendió el debate fue el senador Oscar Parrilli (Santa Cruz), que tomó la palabra aunque no forma parte de la comisión: “Quiero que inviten a este hombre que se llama Federico Sturzenegger”, dijo mostrando una foto de quien fue el creador del mega DNU. “Este personaje es un cobarde, no da la cara. Es el monje negro y es el enemigo de los argentinos”, completó.

Además de aceptar invitar a los funcionarios, la comisión terminó de definir sus autoridades, luego de que la semana pasada solo hubieran ungido a su presidente, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Este jueves el oficialismo y sus aliados votaron como vicepresidente al macrista Lombardi y, como secretario, al senador Zimmerman. No tuvo lugar de autoridad UxP, pese a que tiene 6 de los 16 integrantes. De hecho, el kirchnerismo impugnó el desarrollo de la comisión porque entiende que sus plazos de funcionamiento están vencidos y que el DNU debería tratarse en los recintos de ambas cámaras.

Desde mañana 1 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias, UxP tiene poder de fuego para que se abran los recintos: con juntar 10 firmas en Diputados y 5 en el Senado, las autoridades de ambas cámaras –Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente– están obligadas a aceptar sus pedidos, aunque el peronismo no tiene los votos para conseguir quórum y voltearlo por su cuenta. Para ello necesita de los federales y los radicales, que acordando ahora con el oficialismo que funcionarios del Ejecutivo den explicaciones en la comisión, no acompañarían la avanzada kirchnerista.

Curiosamente con esa cuestión de los plazos coincidió Massot, pero aclaró que tanto Diputados como Senado podrían abocarse a votar el DNU en simultáneo al desarrollo de la comisión. De hecho la bicameral tiene más de cien decretos de otras gestiones sin tratamiento.

Massot le planteó como salida al Gobierno que el decreto se divida en distintas leyes para “salvar” sus reformas, luego de admitir que acompaña el capítulo laboral del decreto, que justamente está suspendido en la Justicia. “Es inminente el tratamiento de este DNU en los plenos, principalmente en el Senado donde hay mayorías para tratarlo y rechazarlo. Pero no quiero avalar que un gobierno crea que pueda gobernar sin el Congreso. No se puede rechazar esto sin reemplazarlo por una ley. En Diputados debemos abocarnos a su tratamiento en distintas leyes”, planteó.

MC/JJD

El oficialismo logró en el Congreso, con el apoyo de los opositores aliados, conformar la comisión bicameral de Tratamiento Legislativo, donde se discutirá el mega DNU de desregulación de la economía de Javier Milei. La Libertad Avanza pudo imponer al senador propio Juan Carlos Pagotto (La Rioja), votado por el PRO, el radicalismo y los bloques federales en una reunión muy resistida por Unión por la Patria, que tiene seis de los 16 miembros del cuerpo de trabajo que integran diputados y senadores.

La conformación de la bicameral se estiró más de dos horas por una discusión que abrió el kirchnerismo, que reclamó por los plazos de la comisión y porque entiende que deberían tener más sillas: al menos un diputado y un senador más, a partir de los resultados de las elecciones de octubre de 2023, cuyo resultado le permitió a UxP tener la primer minoría en ambas cámaras del Congreso.

Pero con solo tres integrantes en la bicameral, el oficialismo logró imponer su intención de conducir la comisión. Tuvo el acompañamiento clave de los dos votos que tiene el PRO, los dos de la UCR, más los votos individuales que tienen Cambio Federal, Unidad Federal y Hacemos Coalición Federal. Quedó pendiente la designación del vicepresidente de la comisión y del secretario, cuyas definiciones quedaron entrampadas en la pelea entre los libertarios y el kirchnerismo.

Sí se definió que la próxima reunión será el próximo jueves, pero no el horario ni la agenda, porque además del DNU 70/23 hay 177 decretos pendientes de gestiones anteriores (solo 106 del gobierno del Frente de Todos). Otro punto que quedó en el aire es que hasta los aliados a los libertarios reclaman que funcionarios del Poder Ejecutivo brinden explicaciones sobre el DNU en el marco de la comisión.

“Tienen los números para robarnos la representación. Vamos a seguir insistiendo en que se trate en el recinto”, se quejó durante la reunión la senadora kircherista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), que llevó la voz cantante de UxP dentro de la comisión. La legisladora tuvo un gesto llamativo cuando al momento de la votación de Pagotto les exigió a los aliados que lo apoyaron que levanten su mano “más alto”, como para revelar quienes eran los que acompañaban al libertario.

La designación del senador de LLA fue impugnada por H.I.J.O.S. por haber sido abogado defensor de militares de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad. De hecho una carta de la agrupación fue leída a viva voz dentro de la comisión.

El resto de las autoridades del cuerpo de trabajo quedó para un próximo debate, porque no hubo acuerdo entre el oficialismo y los aliados a quién nominar. Mientras el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) propuso que el diputado del PRO Hernán Lombardi sea vicepresidente y el senador Víctor Zimmermann (Chaco-UCR), el diputado Nicolás Massot (HCF) propuso respetar las representaciones parlamentarias, por lo que le correspondería a UxP un lugar en la conducción.

“Acá no hay fuerzas del cielo, hay fuerzas de la mayoría. Y eso se construye, no se impone”, dijo Massot. La fricción hizo que Zimmermann anunciara que retiraba su nominación. “Se lo cedo al bloque de UxP”, dijo y Sagasti le contestó que “no se trata de un cargo ni contratos”. “Lo mío tampoco se trata de un cargo o contratos”, retrucó el radical. En los pasillos del Congreso se sabe que los espacios privilegiados en las distintas comisiones habilitan a los legisladores tener la posibilidad de administrar un mayor presupuesto para tener asesores.

Quedó en el aire que en las próximas reuniones de la comisión el oficialismo habilite la intervención de ministros del gabinete, que junto con el Presidente firmaron el DNU. “Va a ser fundamental pedir que la semana que viene vengan del Ejecutivo los funcionarios. No den por hecho que tienen mayoría para el dictamen. Acá estamos para debatir”, advirtió el senador Carlos Espínola (Unidad Federal-Corriente), quien votó a favor de Pagotto. También lo propusieron Zimmermann y Massot.

El kirchnerismo no votó la designación de Pagotto y buscó impugnar la comisión en sí, alegando que el plazo reglamentario para su funcionamiento está virtualmente vencido. Según la ley 26.122, debería haber dictaminado sobre el DNU a más tardar el 22 de enero pasado; es decir, diez días hábiles contados desde que el jefe de Gabinete envió el decreto al Congreso, el 5 de enero pasado. También exigió que al momento de discutir los DNU, se comience por el de Milei. “El precedente Pichetto es tratar de adelante para atrás: la urgencia que tiene hoy la sociedad argentina”, recordó la diputada Vanesa Siley.

Pero la comisión quedó conformada hoy sin saberse efectivamente cuál será su agenda de trabajo en las próximas semanas. Su tarea solo es de validar o no el DNU, aunque el dictamen no es vinculante para el tratamiento en el recinto. De hecho, el decreto continúa vigente (salvo el capítulo laboral, impugnado en la Justicia) a menos que sea rechazado en conjunto por el Senado y Diputados.

La estrategia libertaria de dilatar la discusión tiene su propio límite en el comienzo de las sesiones ordinarias el 1 de marzo: a partir de entonces el kirchnerista puede presionar en ambas cámaras para que el DNU se trate en los recintos. En la oposición aliada de la UCR y los federales ya están pensando como alternativa, para darle seguridad jurídica al decreto, que se vote una ley espejo con las mismas amplias derogaciones y modificaciones legislativas que impuso el 70/23 de Milei.

MC

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar los DNU presidenciales, fue convocada para el jueves a las 12 para elegir sus autoridades. La intención del oficialismo es elegir como presidente al senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.

Con más de dos meses de demora, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), definió recién este lunes a los ocho integrantes de ese cuerpo que conformarán la comisión bicameral que analiza los DNU, asignándole tres espacios a Unión por la Patria, en lugar de los cuatro que solicitaba, y resolviendo así la cuestión que demoraba la conformación del cuerpo pese a los reclamos de este bloque.

Con la designación formal de los ocho representantes por la Cámara baja, quedó finalmente conformada la comisión, ya que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había hecho lo propio hace más de un mes.

Resuelta la cuestión, la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo será la siguiente: Unión por la Patria 6 (3 diputados y 3 senadores); La Libertad Avanza 3 (2 diputados y 1 senador); el PRO 2 (uno de cada cámara); la UCR 2 (uno de cada cámara); Hacemos Coalición Federal 1 diputado; Unidad Federal 1 senador y Cambio Federal 1 senador.

Es decir que la suerte de los DNU presidenciales es una incógnita, ya que ningún espacio tiene mayoría para imponer sus dictámenes de aprobación o rechazo a la validez de estos instrumentos. Como se indicó en esta nota, de los 16 integrantes se cuentan, entonces, seis rechazos seguros, cinco apoyos seguros y cinco incógnitas.

Serán parte de esta comisión los diputados Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, y Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO (espacio que es aliado incondicional del gobierno de Javier Milei); Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UP). Es decir, tres apoyos seguros a los DNU de Milei, tres rechazos seguros y dos incógnitas.

Estos nombres se suman a los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (CF); Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

Plazo vencido para tratar el súper-DNU de Javier Milei

La comisión bicameral de Trámite Legislativo es la que debía abocarse al estudio del DNU 70/23, el megadecreto del presidente Javier Milei, dictado el 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes. El plazo reglamentario para que se expida la comisión se encuentra vencido, por eso ahora debería ser analizado directamente en los recintos de ambas cámaras.

Por eso, el 29 de enero, en el período de sesiones extraordinarias, los senadores de Unión por la Patria le solicitaron formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel una sesión para el jueves 1 de febrero con el fin de tratar el súper-DNU en el recinto. Pero la presidenta del Senado aún no realizó la convocatoria. El argumento para rehusarse a hacerlo que circularon en su entorno es que el debate sobre este decreto no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Y que, por lo tanto, hay que esperar a que se inicie el período de sesiones ordinarias, que lo abre el presidente de la Nación formalmente cada 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa.

Cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero antes de llegar a los recintos, el DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Para que caiga tiene que ser rechazado por los plenos de las dos cámaras, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

JJD

Con información de Télam

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio a conocer este lunes a través de una nota formal los nombres de los ocho representantes que integrarán la decisiva comisión de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei, como los de todo presidente de la Nación, con la diferencia de que estas designaciones en la Cámara baja se hicieron con más de dos meses de demora.

Serán parte de esta comisión los diputados Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, y Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO (espacio que es aliado incondicional del gobierno de Javier Milei); Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UP). Es decir, tres apoyos seguros a los DNU de Milei, tres rechazos seguros y dos incógnitas.

Estos nombres se suman a los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (CF); Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

En la Cámara alta la situación es más incierta que en Diputados, con tres rechazos seguros, dos apoyos seguros y tres incógnitas.

De los 16 integrantes se cuentan, entonces, seis rechazos seguros, cinco apoyos seguros y cinco incógnitas.

Como se indicó en esta nota, cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero antes de llegar a los recintos, el DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Para que caiga tiene que ser rechazado por los plenos de las dos cámaras, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

“Tarde y mal”

Menem realizó las designaciones sin tener en cuenta el reclamo de cupo por proporcionalidad que había realizado el kirchnerismo. El diputado de UP por Tucumán Pablo Yedlin se quejó tras conocerse la nota formal firmada por el presidente del cuerpo: “Se ha constituido la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Tarde y mal: tarde, porque esta bicameral debe estar operativa en forma permanente. Todos los efectos del DNU 70/23 que se hubieran generado hasta este momento tienen también responsables en esto. Mal, porque si el sistema 'proporcional' que se debe usar fuera el sistema D'Hont LLA debía tener un diputado. Con dos de LLA suman un 25% de representación en la comisión cuando en la cámara no llegan al 15%. Es una comisión de control del Ejecutivo, no de gobierno. Es otro escándalo y van…”, sostuvo el legislador opositor en X (Twitter).

JJD

La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, demora la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el DNU que arribó este viernes al Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel ya comunicó la lista de ocho senadores que la conformarán. Se tratra de la comisión bicameral encargada de pronunciarse sobre la validez de los decretos presindenciales. El súper DNU de Javier Milei ingresó este viernes al Congreso. La bicameral tiene 10 días para expedirse, tras lo cual, si no hay un pronunciamiento, el instrumento debe ser tratado directamente en los recintos.

La nómina de legisladores que representarán a la Cámara Baja aún no fue presentada por Menem, quien estaría retrasando la conformación de la bicameral por no haber llegado a un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria (UP) respecto del número de diputados peronistas que deben integrarla.

En este sentido, el malestar del bloque opositor, que encabeza el rosarino Germán Martínez, se manifestó a través de un comunicado dirigido al presidente de la Cámara Baja donde se solicita la “urgente” conformación de la Comisión Bicameral. “Requerimos la urgente conformación de la Comisión Bicameral para dar tratamiento al DNU 70/2023, tal como establece la Constitución Nacional, la ley N°26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria”, dijo el bloque de diputados de UxP en su cuenta de la red social X.

En el mismo documento, el bloque de UxP hace referencia a que de “acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, la composición de la referida comisión ´deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”.

De esta manera, según consideraron en el peronismo, “corresponde que la Comisión Permanente de Trámite Legislativo se integre con cuatro diputados de Unión por la Patria, un diputado de La Libertad Avanza (LLA), un diputado del PRO, un diputado de la UCR-Unión Cívica Radical y un diputado por Hacemos Coalición Federal”.

En este marco, la demora por parte de Menem con relación a los representantes de Diputados en la bicameral estaría vinculada a que el presidente de la Cámara Baja intenta reducir la participación de UxP a tres integrantes.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya presentó a los ocho senadores que integrarán la Comisión Bicameral que tratará el DNU que impulsa el oficialismo.

La nómina está compuesta por Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (JxC), Juan Carlos Romero (JxC), Carlos Espínola (FdT), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y María Teresa González (UP).

Desde el bloque oficial tienen la intención de que la Comisión esté presidida por el legislador riojano Pagotto.

Con información de NA

JJD

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri del Frente de Todos (FdT), avaló este jueves un conjunto de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la reunión tras plantear fuertes cuestionamientos y su rechazo al debate en bloque de 116 normas. “No es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”, justificó el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

La reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón del Senado con la presencia de legisladores del oficialismo pero sin los representantes de la oposición, que expresaron su rechazo a debatir en una sola reunión los decretos y se retiraron del encuentro.

Al iniciar el encuentro, Cleri puso de relieve que se trata de la primera reunión presencial de la comisión luego de las restricciones por la pandemia y recordó que la oposición había presentado el 1 de julio pasado una nota para pedir el tratamiento de 114 decretos del Ejecutivo.

En este sentido, y en el marco de la conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aclaró que no se está hablando “de 116 DNU ni disposiciones en contra del Congreso, sino de facultades que tiene el Presidente y que por, una cuestión de usos y costumbres, se reúne la Bicameral y, aunque ya estén vencidos ,se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante el año”.

De hecho, Cerruti sostuvo que la oposición está haciendo “una burbuja muy grande en un tema habitual y normal” en el funcionamiento del Congreso, como es la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El rechazo de Juntos por el Cambio

Previo al inicio de la reunión, los presidentes de bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que rechazaron lo que consideraron una “maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés” más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la “dudosa actitud constitucional” del oficialismo.

También, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, salió a cuestionar -a través de su cuenta de Twitter- la convocatoria, al afirmar que “el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre”.

Al exponer la postura de JxC en la reunión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, volvió a plantear el rechazo a la metodología del oficialismo, al señalar que “no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”.

Para el legislador opositor, la intención del oficialismo es tratar “rápido y urgente de los DNU porque están sujeto a una cláusula resolutoria porque puede ser rechazado por las dos cámaras pierde vigencia”. Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, este tratamiento demorado y conjunto de 116 decretos está muy lejos de respetar la norma. Estamos dictaminando a destiempo y sin la oportunidad de dedicarle un tratamiento serio. No convalidamos ni estamos de acuerdo”, sentenció, para después dejar más clara la posición de su bloque: “Impugnamos la convocatoria y el tratamiento conjunto. Vamos a dejar un dictamen y después de que terminemos de explicar nuestra posición nos vamos retirar”.

En tanto, Gustavo Menna, representante de la UCR por Chubut, consideró que los 116 decretos “son una desmesura y habla a las claras que se ha legislado por decreto y que hubo una delegación de facultades en decretos que restringieron las libertades de un modo abusivo durante la cuarentena”.

La respuesta del oficialismo

Antes de retirarse y a pedido de Cleri, Petri y Tonelli escucharon la exposición de la senadora oficialista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien se ocupó de responder la posición de Juntos por el Cambio: “La oposición siempre tiende a tener una memoria selectiva. Los diputados Tonelli y Petri también eran parte -en referencia a que eran miembros de la Cámara durante la gestión Cambiemos- cuando el expresidente Mauricio Macri firmó el decreto 27/18 mediante el cual se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 normas con la excusa de desburocratizar. Entonces, la pretendida institucionalidad, la argumentación de las formas, venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación sí es de excepcionalidad. No vamos a permitir que una vez más desde la oposición se señale al oficialismo porque somos nosotros los que cotidianamente atentamos contra la institucionalidad”, remarcó.

“Cuando ustedes gobernaron la Argentina no había pandemia y claramente en un solo decreto se se cargaron 19 leyes y realizaron 150 modificaciones de leyes”, dijo la senadora mendocina. Y agregó: “Les pido criterio y memoria acabada de todo lo que ha sido la institucionalidad del país para discutir seriamente”.

Luego de escuchar, los legisladores de la oposición se retiraron. La comisión siguió avanzando porque el oficialismo cuenta con número suficiente como para poder seguir sesionando y aprobar los 116 decreto.

Tras explicar sus argumentos el FdT, la oposición se retiró de la reunión, en tanto que los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos, divididos en 6 módulos, según su contenido.

Los decretos

En la reunión, el oficialismo avaló un conjunto de DNU dispuestos desde el inicio de su gestión por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.

El primero de los decretos incluido en la convocatoria establece la modificación a la Ley de Ministerios para modificar la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que pasará a ser Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, jerarquizar nuevamente la sanidad nacional reestableciendo el Ministerio de Salud y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la elevación a categoría de Ministerio a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como el que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Otro de los decretos que contempla la convocatoria es el firmado el 18 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 180 días la renegociación tarifaria prevista en la Ley 27.541, de Emergencia Pública, y hasta el 28 de junio de 2020 la prohibición de cortar el suministro de los servicios públicos por mora.

Asimismo, en el temario se incluyó otro DNU por el cual se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.

La reunión completa

Con información de agencias.

IG