La defensa de Cristian Graf presentó un escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 en el que reclamó su sobreseimiento definitivo en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados este año en una obra en construcción de Coghlan.

El planteo, firmado por los abogados Érica Nyczypor y Martín Díaz, sostiene que no existen pruebas que vinculen a Graf con el hallazgo de los huesos y que el fiscal Martín López Perrando “construyó un relato” para presentarlo como responsable bajo la presión social y mediática, según supo elDiarioAR de fuentes vinculadas al caso. En el escrito se incluyeron certificados escolares, antecedentes laborales y recibos de sueldo de Graf para mostrar que llevó una vida “normal” desde los años 80, además de testimonios de excompañeros que aseguraron que apenas compartió la escuela con Diego, sin tener relación cercana.

El pedido llega en un contexto de fuertes tensiones procesales. Días antes, el juez Alejandro Litvack aceptó a la familia de Diego como querellante. Javier Fernández Lima, hermano del adolescente, asumió esa representación junto con los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, lo que les garantiza acceso directo al expediente y la posibilidad de impulsar medidas.

Aunque el magistrado rechazó por ahora citar a indagatoria a Graf, la querella insiste en que el caso no quede impune, pese a que el crimen común ya prescribió.

Consultado por este medio, Wortman cuestionó la estrategia de la defensa de Graf sobre el pedido de sobreseimiento: “Consideramos que el pedido es improcedente en una investigación que recién comienza. Evidentemente este hombre no quiere soportar una investigación judicial y está muy apurado por cerrarla”.

Un misterio de cuatro décadas

Un adolescente de 16 años que salió de su casa el 26 de julio de 1984 y nunca regresó. Durante más de cuatro décadas, la ausencia de Diego Fernández Lima dejó una herida abierta y se convirtió en un enigma sin respuestas, como tantas desapariciones ocurridas en el pasado en nuestro país. Aquel día el joven había almorzado en su casa de Villa Urquiza, le pidió dinero a su madre para visitar a un compañero de colegio y no fue visto nunca más. Este año, una obra en construcción en Coghlan destapó el secreto enterrado: 150 huesos hallados junto a la medianera de la casa que habitaba un viejo compañero de escuela. Meses después se confirmaría que era Diego.

El padre del muchacho murió en un accidente en los años 90 convencido de que su hijo había sido captado por una secta. En 1986, la revista ¡Esto! dedicó incluso una nota a doble página sobre el caso, pero nada acercó respuestas. El tiempo pasó sin pistas firmes, y Diego quedó registrado como uno de los tantos adolescentes desaparecidos en democracia durante los 80, sin vínculo con la dictadura y en un limbo que nunca encontró resolución.

¿Qué pasó? La línea de tiempo del caso

El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en una obra en Congreso al 3.700 encontraron restos humanos enterrados junto a la medianera de una casa. La propiedad, que en algún momento había alquilado Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Stereo, fallecido en 2014, pertenecía desde los años 80 a la familia Graf. Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperaron 150 piezas óseas esparcidas bajo tierra y determinaron que correspondían a un varón adolescente que había muerto de manera violenta, con lesiones compatibles con heridas cortantes y posteriores intentos de ocultamiento (de todas maneras, cabe aclarar que no está confirmado en las pericias que las lesiones fueran efectivamente cortantes, ya que los documentos hablan de muerte violenta y ocultamiento, pero sin especificar arma). Los huesos estaban dispersos y no conformaban un esqueleto completo, lo que reforzó la hipótesis de descuartizamiento y ocultamiento deliberado.

El 7 de agosto de 2025, los análisis genéticos confirmaron que se trataba de Diego Fernández Lima. El cotejo con familiares directos cerró una incertidumbre de 41 años. Ese mismo día, la fiscalía informó que el principal apuntado era Cristian Graf, compañero de colegio de Diego y actual habitante de la casa lindante. Graf negó todo vínculo y aseguró que “no sabe cómo llegó el cuerpo ahí”. En entrevistas con medios, repitió que tenía “la conciencia limpia” y sugirió que alguien pudo “plantarle” los restos. También rechazó que su padre —ya fallecido— tuviera algo que ver.

Las versiones no cierran con el expediente. Testigos declararon que Graf controlaba de cerca las excavaciones en su casa, incluso pidió a los obreros que no cortaran un árbol cerca de la medianera, justo donde finalmente aparecieron los huesos. Ese detalle alimentó las sospechas de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, delitos por los que fue imputado. Además, un excompañero de ambos que vive en el exterior recordó que a Diego lo apodaban “el Gaita” y a Graf, “el Jirafa”, y declaró por Zoom sobre el vínculo entre ellos. Es decir que Graf y Fernández Lima se conocían pero no hay registros por ahora de que existiera una relación de amistad, enemistad o rivalidad. Ni odio, ni cariño, ni envidia. Simplemente se conocían por el colegio, por lo que se sabe hasta ahora.

A casi un mes de la identificación del cuerpo de Diego, el caso sigue abierto. Pese al tiempo transcurrido y las trabas legales por la prescripción del delito, la aparición de los restos en Coghlan reabrió un misterio que parecía enterrado para siempre. La familia de Diego busca que la Justicia determine qué pasó con él en 1984 y cómo su cuerpo terminó oculto en la casa de un excompañero de colegio.

JJD/MC

Un adolescente de 16 años fue asesinado este viernes por la noche a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Ituzaingó. El joven fue atacado por una patota para robarle afuera del local bailable The Club.

El hecho, que fue filmado por una cámara de seguridad, rápidamente se viralizó y causó conmoción en la zona. Acorde a lo recopilado por medios locales, testigos dijeron que el adolescente fue atacado “entre varios” y que le pegaron desde atrás “con una manopla”.

La víctima fue identificada como Ezequiel Altamira, un chico de 16 años que estaba junto a cinco amigos y que, a la salida del boliche, fue con ellos a una plaza de la zona. “Estaba sentado en un banco y le pegaron con una manopla de atrás”, indicó un allegado de la víctima. Según su declaración, uno de esos golpes lo dejó inconsciente en el piso.

Ante esto, los amigos quedaron totalmente sorprendidos. “Se iban a parar de manos, pero vieron que eran 13”, explicó la fuente. Según apuntaron, al joven “le dieron piñas y patadas estando en el piso y le robaron todo”. Frente al terrible hecho, los amigos de Ezequiel pidieron auxilio en la puerta del boliche al que habían concurrido. Tras esto, personal de seguridad se acercó a la plaza para colaborar.

Según trascendió, enfermeros al servicio del boliche lograron reanimarlo y le aconsejaron al grupo llevarlo a un hospital. Sin embargo, los amigos lo llevaron a la casa de uno de ellos. En ese lugar, el adolescente se fue a dormir y, posteriormente, se despertó con vómitos y mareos.

Ezequiel fue trasladado hacia un hospital de la zona por una ambulancia. Desafortunadamente, pese al esfuerzo de los profesionales, el joven falleció.

Luego de conocerse las imágenes del hecho, donde se puede ver a algunos atacantes, la fiscalía y la policía aprehendieron a tres jóvenes de 19, 17 y 14 años durante el sábado. Según Clarín, el joven que golpeó por detrás a la víctima fue identificado como “Toto” Pedrozo, de 19 años. Junto a él, durante un allanamiento, fue detenido su hermano, de 14 años.

En tanto, durante otro operativo, las autoridades detuvieron al tercer joven, también señalado como partícipe del crimen. En los dos procedimientos se secuestró vestimenta y calzado.

El último Adiós

Familiares, amigos y cercanos le dan hoy el último adiós a Ezequiel Altamira, el adolescente que fue asesinado por una patota a la salida del boliche The Club en Ituzaingó.

“Cuando lo reanimaron le hicieron algunas preguntas para ver si estaba ubicado en tiempo y espacio y ahí se fueron. El problema fue cuando lo quisieron despertar, que nunca más reaccionó”, detalló Mario, tío de la víctima. En la puerta de la casa velatoria añadió: “Hablamos con los vecinos del lugar y dicen que se dedican a esto, los fines de semana esperan a la salida del boliche y te atacan”.

Acerca de Ezequiel, Mario indicó que el joven había vendido entradas de otro show para poder ir con sus amigos: “Al no conocer la zona los llevó a que vayan a la plaza para esperar el taxi”.

“Ezequiel era bueno, no tenía maldad, era un chico extra normal”, expresó y destacó que a su sobrino “no le gustaba discutir” y que para él “pelear no tenía sentido”.

NB

El historiador argentino León Pomer falleció casi centenario el pasado 22 de may. Investigador infatigable, autor y docente universitario, en su obra hoy clásica La guerra del Paraguay: Estado, Política y Negocios, ´fruto de años de trabajo y publicada en 1968), había abierto el camin a la revisión de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad cometidos en en los seis años de ofensiva militar del Imperio de Brasil y las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, con el apoyo del Reino Unido de Gran Bretaña por detrás contra la República del Paraguay. Entre 1864 y 1870 se extendió lo que los vencedores llaman Guerrra de la Triple Alianza y los vencidos Guerra Guazú. En guaraní, guasú es grande. Enorme, como la catástrofe demográfica que significó el fin de la guerra genocida para la nación paraguaya.

Una vida reescribiendo la versión de los vencedores desde la perspectiva de los vencidos

Pomer escribió profusamente. A su obra fundamental se añaden Cinco años de guerra civil en Argentina, Surgimiento de las Naciones, El Gaucho, Historia da América Hispano-Indígena, La corrupción, una cultura argentina, entre otros títulos. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador, en la Argentina. Con la dictadura militar conoción el exilio Pasó en Brasil esos años. Fue catedrático en la Universidad de Campinas y en San Pablo fue profesor de la Universidad estadual y de la Pontificia Universidad Católica. 

En el último cuarto del siglo XX, no había todavía en el Río de la Plata memoria de los crímenes que los ejércitos argentno y uruguayo habían cometido río arriba en el último cuarto del siglo anterior. A encender la memoria de queienes vencieron no sin crimen y a recuperar la identidad del pueblo víctima se dedicó, documentándose ampliampente, el historiador Pomer. En cálculos inciertos hasta un millón de paraguayos y paraguayas podrían haber muerto durante la guerra; de la población masculina, el 90% del total. Fue Pomer quien comenzó a revisar desde la teoría crítica la historia oficial de los vencedores. Abrió un camino que después profundizaron otros ayudando a echar luz sobre los intereses en conflicto en la contienda. Patria o colonia era la dicotomía del gobierno paraguayo de entonces y la bandera que enarbolól su resistencia.

Una vocación por la historia y la memoria

En una gran entrevista de Armando Almada Roche titulada “León Pomer: La guerra del Paraguay gran negocio” (2) el historiador le expuso: “Yo no soy lopista ni antilopista. A mí me interesa la historia, el verdadero magma de su formación; con sus virtudes y defectos. Me considero un historiador serio, que lleva años, décadas, investigando en los archivos más importantes del mundo. Obran en mi poder una inimaginable cantidad de documentos sacados y copiados de Itamaraty, Londres, Argentina, Uruguay. De Inglaterra he comprado docenas de microfilmes sobre la Guerra de la Triple Alianza, que en mis libros sólo he usado una mínima parte”. Para continuar después: “”Todavía tengo material para cuatro o cinco libros de más de 500 páginas, y aun así me quedarían muchos documentos. En estos momentos estoy trabajando en varias obras que, seguramente, las daré a conocer muy pronto».

Y sigue: «Inglaterra fue la principal responsable de la guerra del Paraguay…. Los personeros, los instigadores, los “sicarios o mercenarios” de esa guerra cruel e inhumana fueron Bartolomé Mitre y sus secuaces. Inglaterra puso el dinero y sus condiciones. Solano López era un auténtico patriota, desde luego, pero también un soberbio con ínfulas napoleónicas. Su más grave error, me parece, fue ser tozudo y poco diplomático. Otro de los motivos que le jugó en contra fue su inexperiencia y juventud. Se quería llevar el mundo por delante, con o sin razón. Y también estaba Madame Lynch, a quien muchos tildaron de cortesana, y otros afirman que no era una mujer de vida fácil. En el fondo, eso no es lo que importa“.

Historia de una pasión argentina por el Paraguay

El historiador nacido como León Pomerantz, que más tarde adoptó el Pomer con el que hizo su vida pública, le contó a María Victoria Baratta en 2011 cómo nació su interés en un tema que cruzaría toda su existencia. En esa entrevista recordó: “Allá por 1960 hice un viaje con un amigo a Misiones; de Posadas cruzamos a Villa Encarnación en Paraguay y empezamos a recorrer los pueblos, camino a Asunción. Me llamaron la atención los cantores populares, gente muy humilde que acompañada por el arpa y la guitarra evocaban una guerra terrible. Pensé que era la del Chaco (1932-1935)”-

Para continuar, “llegamos a Asunción donde el antropólogo Miguel Chase Sardi me inició en los misterios de la historia paraguaya y en el ”revisionismo histórico“; me presentó a Juan O´Leary, un paraguayo entero de ascendencia irlandesa, uno de los iniciadores del revisionismo, que debía tener muchos años, acaso 90, pero muy bien plantado. Me habló largamente de una guerra que yo desconocía. Fue de los primeros en reivindicar a (José Gaspar Rodríguez de) Francia y a ambos López, Carlos Antonio y Francisco Solano… Quedé intrigado: aquella guerra no se había extinguido, tenía una poderosa presencia. En Buenos Aires empecé a leer cosas sobre el tema, una literatura que expresaba el punto de vista de los vencedores. Entre tanto no me abandonaba la idea de lo catastrófico que debió haber sido aquel conflicto: Habían pasado 90 años (18709-1960) y todavía la gente lloraba un Paraguay perdido: había una gran herida y estaba abierta. En Asunción conocí historiadores, o candidatos a serlo, que odiaban a Solano, a su padre y a Francia. O´Leary me abrió otro panorama”.

A su regreso de ese viaje comenzó a trabajar en la revista La Rosa Blindada. Este era un importante espacio de la izquierda argentina donde publicó sus primeros trabajos, sobre Juan Bautista Alberdi, el Chacho Peñaloza y Bartolomé Mitre. En la continuidad de su diálogo con la investigadora en el 2011 reflejó aquel momento de su vida: “Mientras tanto investigaba sobre la Guerra del Paraguay. Dividía mi tiempo libre entre el Archivo de la Nación y el Museo Mitre. Empecé a trabajar concretamente en el libro en 1963; quedó terminado a fines de 1967 y fue publicado en 1968 en plena dictadura de Onganía. Obviamente la dictadura frustró La Rosa… la revista andaba muy bien, tenía influencia y agrupaba gente que después se destacaría en diversos ámbitos de la cultura como Norma Aleandro, Oscar Ferrigno, Carlos Gorriarena, Andrés Rivera y muchos otros”.

La capilla ardiente del Gauchito Gil

Su colega historiadora Fátima Rodríguez le preguntó al entrevistar a León Pomer en 2008 en Asunción sobre la posición del pueblo argentino, en la Guerra Guasu, diverrsa, y opuesta a las de las élites económicas del país y a la conducción políttica del gobierno del presidente y general Bartolomé Mitre. La respuesta de Pomer es matizada. En Cinco años de Guerra Civil en Argentina Pomer se refiere a una resistencia en la Argentina a la Guerra. Esa resistencia fue en todo el país. Por supuesto, en Corrientes, y el país hizo un santo del gauchito Gil “En el área guaranítica había una cercanía muy grande, una cercanía cultural y étnica inclusive con el pueblo del Paraguay. Porque de alguna forma, provienen de la misma etnia guaranítica. Pero en otras regiones, donde no había ese tipo de relaciones, la gente de pueblo no sentía ninguna necesidad, ningún apego de ir a la guerra, porque no era la guerra de ellos”.

León Pomer murió casi centenario, y antes visto claro no sólo sobre la Guerra de Paraguay. Supo que, como él lo dice, “el mismo ejército argentino, que fue enviado al frente para 'matar paraguayos', después fue retirado para matar argentinos”. Falsificada la historia de lla guerra y obliterada la memoria de las víctimas y del crimen, fue menos difícil que las élites pasaran del genocido del siglo XIX a los crímenes de lesa humanidad del siglo XX.

AGB

Rosario empezó esta semana totalmente paralizada por voluntad del crimen organizado, como nunca antes. El domingo a la noche, tras los violentos crímenes de los últimos días, con sello narco, se había convocado a una protesta en el Monumento a la Bandera, a la que fue muy poca gente porque la mayoría no se anima a salir a la calle. No hay transporte público, no hay taxis, no se puede cargar nafta. Y al menos este lunes no hubo clases porque los docentes decidieron que no se debe mandar a los chicos al colegio por la situación permanente de riesgo de vida. No hay atención en los centros de salud. “Es como estar en pandemia”.

La descripción es de Germán de los Santos, periodista especializado en delito y mafias, autor del libro Los Monos y corresponsal en Rosario del diario La Nación. En una conversación con los periodistas Juan José Domínguez, Hernán Cappiello y Ariel Cohen en Gambito de Datos (Radio Con Vos), analizó la dura situación de una de las principales ciudades del país frente a la violencia asociada al tráfico de drogas, sostuvo que la causa de la ola de violencia de los últimos día fueron ciertas acciones de endurecimiento del gobierno del radical Maximiliano Pullaro y subrayó que esa ola es producto de un trabajo mancomunado de las organizaciones.

—Últimamente, ¿hubo mayor presencia de fuerzas federales en las calles?

—No, todavía no llegó nada, y van a tardar los gendarmes en llegar a Rosario. La ministra de Seguridad [Patricia Bullrich] y el ministro de Defensa [Luis Petri] hasta ahora han hecho actos para mostrar gendarmes pero no para que realicen tareas operativas. De hecho, hay menos gendarmes que el año pasado. Y, sobre todo, hay un problema estructural en la Gendarmería: no tienen móviles. Hasta la semana pasada había acá 11 patrulleros de gendarmería. Incluso la Provincia de Santa Fe le prestó autos a la Gendarmería. Esto, además, admitido por la propia ministra, que no tienen autos. Por eso, esta participación de las Fuerzas Federales es en la cesión y el apoyo de vehículos, porque estamos hablando de que la principal fuerza federal de la Argentina no tiene patrulleros.

—Germán, recordemos que hasta ahora se han contabilizado en esta última oleada de ataques contra la población civil, la muerte de dos choferes de taxis, la muerte de un chofer de colectivos y el asesinato a mansalva de un playero de una estación de servicio.

—Claro, con cosas muy llamativas en el medio: en los casos de los dos taxistas que asesinan el martes y el miércoles se usó la misma pistola. Las balas fueron compradas por la Policía de Santa Fe, tenían una inscripción de la Policía de Santa Fe, con lo cual, eso es muy llamativo. La investigación no llegó a una hipótesis muy depurada. Hay unos 20 detenidos en las en las últimas horas pero llama mucho la atención.

—¿Esas detenciones son para ser número o está ahí alguien responsable verdaderamente?

—Bueno, esa es lo que ahora la Justicia tiene que depurar: de todas esas personas detenidas, quiénes habrían tenido una participación real en esto. La Justicia, cuando actúa con estos espasmos, muchas veces hacen detenciones así, sin mucho, sin mucha precisión. Pero llama mucho la atención esto y también cómo lo matan al colectivero: un joven para el colectivo, se sube y automáticamente le dispara a la cabeza.

—De locos...

—O sea, sube a matar al colectivero. Como el sábado en en la estación de servicio: un sicario que entra a una pequeña oficina de la estación de servicio y lo ejecuta a un joven de 25 años de forma bestial. Son asesinatos que no tenían otro móvil que el de generar pánico y terror.

—Los narcos, en mensajes que han dejado después de estos crímenes, dicen que esto es contra el gobernador, el ministro de seguridad, pero en reclamo de qué, de mejores condiciones de detención...

—Ni bien asumió, Maximiliano Pullaro hizo toda una reestructuración entre los presos de alto perfil en la cárcel de Piñero, que es la principal penitenciaría de Rosario, y ahí se restringieron las visitas, del uso de teléfonos celulares, se hacen requisas muy exhaustivas, y esto generó respuestas en la calle que empezaron con amenazas al gobernador, algunos ataques a un hospital, a un banco, a una escuela, pero después esto fue subiendo de tono. Y el detonante fue una requisa que se hizo el sábado pasado en la cárcel de Piñero, muy fuerte, que incluso se filmó; fueron esas imágenes que publicaron muchos medios de comunicación con esa estética de lo de Bukele en las cárceles. Y automáticamente empezaron estos crímenes. En esos carteles que se dejaron hablan de humillación y ahí hay un dato ahí muy importante: se habla de una unión de bandas de narcos.

—¿Es para creerle a esos mensajes, que hay esta alianza entre las organizaciones de narcos? Porque hasta ahora se mataban entre ellos. Competían.

—En el gobierno estaban manejando desde antes esta hipótesis porque estaban sospechando, incluso, sobre participaciones de distintas bandas en hechos que tienen, todos, la misma relación. Entonces se analizó que están actuando de forma mancomunada. Posiblemente se sigan matando, pero en esto están todos juntos.

—¿Qué solución le ves vos a esto? ¿Pasa por generar una mayor intervención sobre las organizaciones? ¿Despenalizar el consumo de estupefacientes? ¿Por dónde va la cosa, si tuvieses vos que ensayar velozmente alguna solución?

—Yo soy periodista, cuento. Si no, me propondría para otra cosa. Pero lo que veo es que el fracaso es recurrente y que pasan los distintos gobiernos y las estrategias son las mismas, que es enviar gendarmes a Rosario, que mayormente lo que hacen son controles vehiculares, patrullajes en algunos barrios. En algún momento baja un poco la violencia y después vuelve a activarse todo, porque la raíz nunca termina de afectarse. Y hoy el problema está en las cárceles, que eso es un fenómeno también nuevo en la Argentina, que hasta ahora el Estado, cuando investigaba, condenaba a una persona porque había cometido un delito y se desligaba porque iba a la cárcel. Ahora empieza otro problema en los penales, que es que los presos se organizaron y esto pasa en otros países también.

JJD

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó al Comité de Crisis por los aumentos de casos de delitos terminados en homicidio y la violencia que sufre la ciudad santafesina de Rosario, como consecuencia de la penetración del narcotráfico.

En una resolución publicada este viernes se indica que la funcionaria y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su carácter de copresidentes del Comité de Crisis, le solicitarán al ministro deDefensa, Luis Petri, “el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario”.

El Comité de Crisis, de acuerdo con la Resolución 127/2024, “será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido” por Pullaro, “y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich y Pullaro, dice la disposición oficial, “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. “El Comité de Crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, se agrega.

En los consideración de la resolución se subraya que “en los últimos días se han producido en la ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

El jueves, en efecto, un chofer de la línea K de trolebuses de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encontraba en grave estado. Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Este hecho se produjo horas después de que mataran a dos taxistas en Rosario. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El corresponsal del diario La Nación en Rosario, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico, marcó un dato relevante: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

JJD

Un anciano de 83 años fue encontrado este lunes descuartizado, sin manos ni cabeza, en el interior de una valija arrojada en una plaza de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús, y por el crimen detuvieron al hijo de la víctima, quien tenía ocultos en un freezer las partes faltantes, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo ocurrió esta madrugada, minutos después de las 4.20, en una plaza ubicada en la esquina de República Argentina y Paso de la Patria, donde un vecino de 37 años que vive a los pocos metros salió de su casa y observó una valija negra de grandes dimensiones tirada.

Voceros policiales explicaron que este vecino la abrió y encontró un cuerpo en su interior, por lo que llamó al 911. Al arribar al lugar, los efectivos de la comisaría 3° de Lanús, con jurisdicción en esa zona, constataron que adentro de la valija y envuelto en una sábana con manchas de sangre había un cadáver mutilado.

Ante esta situación preservaron la escena y convocaron a los peritos de la Policía Científica que después determinaron que era un cuerpo incompleto de un hombre mayor, delgado y al que le habían amputado la cabeza, las manos y el pie derecho.

Los investigadores creen que los miembros faltantes fueron parte de una maniobra intencional para dificultar la identificación de la víctima.

A su vez, los investigaron comenzaron a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores y estiman que la valija fue arrojada en la plaza alrededor de las 2.40, detallaron los voceros.

Al continuar con el análisis de esos videos los detectives reconstruyeron el recorrido inverso que pudo haber hecho quien trasladó la valija y arribaron hasta un domicilio de la zona, y así pudieron identificar a la víctima como Atilio Pachu (83).

En esa propiedad, los efectivos detuvieron al hijo de la víctima, un cocinero de 46 años, quien quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad saliendo de allí con una valija con rueditas. En el domicilio del sospechoso también secuestraron una chuchilla y encontraron manchas hemáticas y signos de arrastre, dijeron los voceros.

Tanto en el lugar del hallazgo como en la vivienda del ahora acusado también estuvieron presentes los jefes policiales de la zona y el fiscal en turno, Martín Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús para impartir las directivas de rigor.

Las imágenes analizadas también mostraron al sospechoso arrojar una bolsa en un cesto y si bien en un primer momento creyeron que allí estarían los miembros faltantes los investigadores encontraron la cabeza y las manos ocultos en el freezer del domicilio allanado.

El fiscal, por su parte, dispuso el traslado del cuerpo dentro de la misma valija, para que sea analizado en su conjunto en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde realizará la autopsia.

“Todavía no sabemos las causas de muerte, esperaremos el informe de los forenses en la morgue. Lo que sí está claro es que la intención de el o los asesinos con esta mutilación fue complicar la investigación”, afirmó un jefe policial que trabaja en la causa.

El fiscal Rodríguez, caratuló la causa como “homicidio” y también convocó para la pesquisa a los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús y de Casos Especiales.

MB con información de agencia de noticias Télam

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la ciudad que desde hace unos años es infelizmente asociada al crimen y al narcotráfico, más que a sus atractivos: Rosario. Allí se mostró con el gobernador y la vicegobernadora de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y Gisela Scaglia (PRO), y con el intendente Pablo Javkin (Creo Rosario). Con ellos presentó un programa oficial contra el delito al que se denominó Plan Bandera.

Durante el anuncio oficial, que se realizó en el Monumento a la Bandera, Bullrich subrayó que la actual gestión de gobierno actuará “con mucho más énfasis, mucha más decisión, mucha más operatividad para lograr que Rosario sea una ciudad liberada de esta nueva policriminalidad que tenemos hoy en esta ciudad y en las ciudades de alrededor, que se va expandiendo a partir de la laxitud que ha habido durante estos años”.

“Lamentablemente, estos años nos han dejado un sabor amargo por el hecho de haber dejado a los ciudadanos menos libres en las ciudades como Rosario, donde directamente el Estado ha perdido la soberanía sobre parte de la ciudad, no por la tarea del intendente (Javkin), que ha sido permanente, que ha pedido, que ha gritado, que ha implorado que lo ayuden en lo que estaba sucediendo, sino por la mirada al costado de quienes piensan que la inseguridad o el delito o el narcotráfico no es un problema”, planteó.

La funcionaria del presidente Javier Milei dijo que “no puede haber un solo milímetro del territorio argentino donde no rijan la ley y la Constitución y los narcos, los sicarios, crean que esto es una tierra donde pueden hacer lo que quieran”. “Nosotros venimos a decirles que no, juntos venimos a decirles: acá no se hace lo que se quiere, acá sólo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad”, sostuvo.

Bullrich señaló que “cuidar el patrimonio y la libertad es de los temas más importantes” y destacó que “las cuatro fuerzas federales están aquí trabajando, con gobierno y con gobernador, bajo un comando que va a ser total y absolutamente operativo”.

Definiciones sobre el plan Bandera

“Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas que estén abocados al operativo Bandera van a tener la responsabilidad de estar atentos, de estar en operaciones todo momento que les toque estar haciendo la tarea que tienen que hacer. Queremos que la operatividad sea al máximo”, dijo la ministra.

Señaló, al respecto, que “los delincuentes salen a cualquier hora, en cualquier lugar, de cualquier manera, dispuestos a todo” y dijo que para eso “es importante poner en marcha los artículos de la ley de Seguridad Interior que permiten el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para hacer una logística que nos permita que el operativo sea un operativo de toda la Nación contra el delito, de toda la Nación contra la narcocriminalidad, de toda la Nación contra los asesinos, de toda la Nación contra aquellos que destruyen el futuro de los rosarinos”.

En qué consiste el plan Bandera anunciado por Patricia Bullrich, punto por punto

• Comando conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales. 

• Apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, en función de lo contemplado en la ley de Seguridad Interior. 

• Programa de reducción de armas.

• Proponen cambios en la legislación penal sobre legítima defensa de efectivos de fuerzas de seguridad.  

• Perseguir la venta de precursores químicos.

• Grupo de elite de las cuatro fuerzas federales para luchar contra el narcotráfico. 

• Programa de presos de alta peligrosidad en cárceles federales. 

• Terminar de construir pronto la cárcel de Coronda.

JJD

En un claro de la selva amazónica brasileña, un gángster venezolano con cicatrices de bala fuma marihuana colombiana.

“Todo el mundo sabe que esta vida sólo conduce a dos cosas: a la cárcel o a la muerte”, dice el narcotraficante mientras relata sus quince años de trayectoria delictiva, desde adolescente contrabandista de ron hasta miembro de uno de los grupos de delincuencia organizada más temibles del mundo.

Mientras sus colegas se mezclan bajo el árbol de guama donde venden crack, cocaína y hierba, el hombre proclama el lema de su facción.

“Todos para uno y uno para todos. Juntos venceremos”, dice en una mezcla fronteriza de español y portugués. “¡Quince, tres, tres!”

“Quince, tres, tres” es el nombre en clave alfabético del principal sindicato del crimen de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), fundado hace tres décadas en una cárcel de San Pablo. Pero el traficante venezolano da su discurso en las afueras rurales de una ciudad del Amazonas, a más de 3.000 kilómetros de la penitenciaría donde nació el PCC.

“Predican la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la unión para todos”, dice el venezolano sobre la facción en la que fue “bautizado” una década atrás, tras huir por la frontera para escapar de ser asesinado.

Durante gran parte de sus treinta años de existencia, el PCC ha sido considerado una fraternidad carcelaria, que reclutaba a “hermanos” encarcelados como el venezolano ofreciéndoles protección dentro de las violentas y abarrotadas prisiones brasileñas. Creada en agosto de 1993, se convirtió en la facción criminal más temida de Brasil, conquistando mercados de droga, rutas de contrabando, barrios marginales y prisiones de todo el país, incluidos los rincones más remotos de la Amazonia. También se convirtió en un actor importante en otros países sudamericanos, como el vecino Paraguay, donde se le atribuyen multimillonarios robos a mano armada, atentados con explosivos y asesinatos selectivos.

Pero en los últimos cinco años, los investigadores afirman que el PCC —al que Estados Unidos califica ahora como uno de los grupos de delincuencia organizada más poderosos del mundo— se ha transformado en una fuerza aún más formidable tras forjar lucrativas alianzas con socios que van desde productores de cocaína bolivianos hasta mafiosos italianos. En la actualidad, el grupo cuenta con decenas de miles de miembros y una cartera de intereses cada vez mayor, que incluye minas de oro ilegales en el Amazonas. Controla una de las rutas de tráfico más importantes de Sudamérica, que une Bolivia y Brasil con Europa y África, y es en parte responsable de un tsunami de cocaína que ha provocado atentados con coche bomba, asesinatos y tiroteos en partes de Europa.

“Si alguien consume cocaína en Francia, Inglaterra o España, es muy probable que haya llegado allí a través del PCC”, afirma Lincoln Gakiya, fiscal del GAECO, el grupo de lucha contra el crimen organizado de San Pablo, que calcula que el grupo obtiene US$ 1.000 millones al año, casi en su totalidad del tráfico internacional.

La historia de la mutación del PCC de banda carcelaria regional a behemoth mafioso comienza a principios de los años ‘90 en el estado de San Pablo, entonces hogar de unos 50.000 presos sometidos a condiciones infrahumanas en cárceles de condiciones muy precarias.

“La cárcel era una pesadilla hobbesiana”, afirma Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, en referencia al filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, que consideraba que los seres humanos perseguían implacablemente su propio interés. Lessing, cuyo próximo libro, Criminal Leviathans, trata sobre el PCC, añadió: “Peleas, asesinatos y violaciones de todos contra todos. Era una situación infernal”.

Ese infierno oculto acaparó la atención mundial en 1992, cuando 111 reclusos murieron después de que la policía irrumpiera en la mayor prisión de San Pablo, Carandiru, para sofocar un motín. Algunas víctimas murieron por disparos; otras fueron fueron mutiladas por perros policía. Los supervivientes se escondieron bajo los cadáveres de sus compañeros de celda mientras la policía clavaba bayonetas en los cuerpos para asegurarse de que estuvieran muertos.

Diez meses después, los presos de otra cárcel de San Pablo, Taubaté, formaron una asociación criminal con la esperanza de que les protegiera de un derramamiento de sangre similar. “El PCC se fundó porque no había ningún lugar al que huir”, declaró posteriormente el actual líder del grupo, Marcos Willians Herbas Camacho.

Lessing dijo que la idea del PCC era tomar con mano de hierro el control de Taubaté y otras prisiones para proteger los derechos de los reclusos y sus propios intereses delictivos.

“Empiezan en esta situación de pesadilla y reúnen suficiente poder para someter a todos los rivales. Se convierten en una especie de leviatán, toman el poder y luego instauran una especie de orden social, una paz, que hace que todo el mundo esté mejor”.

“Por supuesto, a algunos no les gusta”, añade Lessing. “Pero el preso medio está contento de ser gobernado, igual que el ciudadano medio está contento de que haya un Estado”.

Control y ofensiva

Durante la década de 1990, el PCC estrechó su control sobre el sistema penitenciario de San Pablo, pero pasó desapercibido hasta que miles de guardias y visitantes fueron capturados durante un alzamiento masivo en 2001. Cinco años más tarde, el grupo volvió a acaparar los titulares al paralizar prácticamente San Pablo con una oleada de ataques coordinados contra la policía que causaron centenares de muertos.

Gakiya, que por aquel entonces estaba empezando su carrera como fiscal antimafia, afirmó que la ofensiva del PCC encontró a las autoridades totalmente desprevenidas. “No teníamos ni idea de quién nos estaba atacando ni de cuántos eran”, admitió Gakiya. “Estábamos a oscuras”.

Casi dos décadas después, el poder del PCC es clarísimo. “El PCC se ha convertido en un cártel sudamericano”, afirma Marcio Sérgio Christino, fiscal y escritor, uno de los mayores expertos brasileños en sus actividades.

Tras haber dominado gran parte del mercado nacional de drogas de Brasil —y haber establecido un monopolio sobre la escena criminal de San Pablo—, Gakiya dijo que el PCC comenzó a mirar hacia el extranjero a finales de 2016. Se cerraron acuerdos con el grupo mafioso más poderoso de Italia, la 'Ndrangheta, así como con mafias serbias y albanesas, y el PCC comenzó a enviar toneladas de cocaína desde puertos brasileños a Europa.

“Compran [la cocaína en Bolivia y Perú] por entre US$ 1.200 y US$ 1.800 el kilo y la venden [en Europa] por una media de € 35.000. En Francia este año alcanzó los € 80.000. Esto genera unos beneficios extraordinarios”, afirma Gakiya.

Christino atribuyó gran parte del éxito del PCC a su carismático líder, Marcola, un antiguo chico de la calle y asaltante de bancos que se hizo con el poder a principios de la década de 2000, durante una mortífera lucha por el poder en la que participaron los dos fundadores de la organización, Cesinha y Geleião.

“Es un tipo muy inteligente”, afirma Christino sobre Marcola, un “ávido lector” entre cuyas preferencias literarias se encuentran Tom Clancy, Sun Tzu y Machado de Assis. Cuando se le pidió que nombrara a sus cinco escritores favoritos mientras prestaba declaración en 2006, Marcola citó a Friedrich Nietzsche, San Agustín, Victor Hugo y Voltaire, y afirmó haber leído la Biblia cinco veces.

Un informe de un psicólogo de la prisión calificó al jefe del PCC de “hombre lúcido, decidido, audaz y valiente, que habría disfrutado de un gran éxito profesional si hubiera tenido la oportunidad”.

Marcola, de 55 años, que cumple una condena de 342 años de prisión por asesinato, robo y tráfico de drogas, tampoco es un hombre con el que se pueda cruzar. A finales de 2018, Gakiya decidió trasladarlo a una prisión federal de máxima seguridad, tras el descubrimiento de un audaz complot multimillonario para liberarlo con la ayuda de mercenarios extranjeros, helicópteros y cañones antiaéreos. “Sabía que podría cambiar mi vida, pero también me di cuenta de que era necesario hacerlo”, declaró el fiscal, admitiendo que no consultó primero con su familia.

Gakiya no era ajeno a las amenazas de muerte, pero el traslado de Marcola alteró radicalmente su vida. Los dirigentes del PCC emitieron un “decreto” pidiendo el asesinato del fiscal, condenando a Gakiya a una existencia recluida que comparó con la vida de Giovanni Falcone, el cruzado antimafia asesinado en 1992. “Espero, por supuesto, no compartir el mismo destino que Falcone”, añadió Gakiya, un amante del rock que recibe protección las 24 horas del día y que no se ha sentido lo suficientemente seguro como para asistir a un concierto en directo desde que vio la gira Joshua Tree de U2 en 2017.

Otra persona cuyo destino Gakiya espera evitar es Marcelo Pecci, un fiscal antimafia paraguayo que fue asesinado por sicarios en motos acuáticas el año pasado mientras estaba de luna de miel en una playa del Caribe. “No fue obra del PCC, sino del crimen organizado, y eso demuestra que pueden encontrarte fácilmente, igual que yo puedo encontrarlos a ellos”, dijo Gakiya, que conocía a la víctima y no ha estado de vacaciones desde hace cinco años.

“Mi gran preocupación es el futuro. ¿Cómo será mi futuro cuando me jubile? ¿Tendré que exiliarme fuera de Brasil para estar seguro?”, se preguntó.

El traficante venezolano expresa una incertidumbre similar sobre su futuro mientras está sentado en su guarida al aire libre describiendo el complejo proceso de bautismo del PCC, que le exigía proporcionar a los superiores una serie de “referencias” y seis “padrinos”.

Una vez admitido, “sólo hay una salida: la Gracia de Dios”, dijo, refiriéndose a los predicadores del hampa que a veces rescatan a los miembros que buscan un nuevo comienzo.

El venezolano se mostró orgulloso de ser “hermano” del PCC, un estatus que le salvó el pellejo durante una purga entre facciones rivales en su antigua prisión. “Fue un día terrible”, dijo sobre la matanza. “Había corazones y cabezas por el suelo (...) tipos corriendo con cuchillos y machetes. Fue una auténtica locura”.

Preguntado por sus sueños, el venezolano expresa su deseo de visitar San Pablo, no para peregrinar a la cuna del PCC, sino para ver una vasta réplica del Primer Templo de Jerusalén construida por una megaiglesia pentecostal.

“Si he sobrevivido tanto tiempo, es por algo”, dice, describiendo sus tres roces con la muerte. “Soy un milagro”.

Traducción de Santiago Armando

Detuvieron hoy al joven de 23 años acusado de haber asesinado a Morena Domínguez, la niña de 11 años que el pasado 9 de agosto fue golpeada y arrastrada por motochorros para robarle el celular mientras se dirigía a la escuela en el partido bonaerense de Lanús. Facundo Alejandro Ortiz tenía pedido de captura desde hacía un mes y estaba prófugo.

El acusado fue trasladado a las celdas de la comisaría 5ta de Lanús, en Villa Diamante, en la calle Warnes 3077. El intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, exigió a través sus redes sociales que, ahora que fue detenido, “no se libere a este imputado como ya pasó anteriormente con otro de los detenidos” y que el caso sea elevado a juicio oral.

La detención de Ortiz ocurrió en la ciudad de Punta Lara a manos de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 5ta de Lanús, a cargo de Javier Paola. Los oficiales se trasladaron a dicha localidad de Ensenada y lograron capturarlo esta madrugada en el cruce de Almirante Brown y calle 46.

Hace unos días, detectives de las Divisiones Homicidios tanto de la policía bonaerense como porteña habían ubicado a Ortiz en el Barrio Ricciardelli (ex 1-11-14) del Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, pero no pudieron capturarlo. “Lo teníamos acorralado en la 1-11-14, pero logró escapar rumbo a Punta Lara y allí pudimos localizarlo y detenerlo”, explicó un jefe policial que participó de la investigación.

Para los investigadores, con la detención de Ortiz, los dos presuntos responsables del crimen de Morena ya están presos. El otro acusado, Miguel Humberto Madariaga (25) alias “Miguelito”, ya había sido atrapado poco después del homicidio y ya fue procesado con prisión preventiva. Su hermano Darío Ángel Madariaga (28), que había caído preso como presunto coautor del delito, fue liberado el pasado 8 de septiembre en tanto se determinó que no había participado del hecho.

Ortiz ─que ya había sido detenido ese mismo día por otro delito en la Ciudad de Buenos Aires y luego excarcelado─ ahora se negó a declarar ante la fiscal a cargo de la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción /UFI) 7 de Lanús.

Qué pasó la mañana que mataron a Morena

La niña de 11 años fue asaltada antes de las 7.30 del 9 de agosto pasado, cuando Morena cuando llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante, Lanús. Las cámaras de seguridad de la municipalidad registraron el momento en que Morena cae al asfalto tras se abordada por dos motochorros y recibir un golpe de su parte para poder robarle el celular.

Un automovilista que presenció el crimen intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron perseguidos por un barrendero, pero lograron escapar con la moto a toda velocidad.

La estudiante, que a pesar de la asistencia no podía incorporarse, fue atendida por el SAME y fue trasladada al Hospital Evita donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. La autopsia luego determinó que murió como consecuencia de “un fuerte golpe en la zona abdominal” que le generó lesiones en el riñón y el hígado, además de una hemorragia interna.

ACM con información de agencias.

Dictaron prisión preventiva para Isaías José Suárez, el joven de 29 años detenido y acusado de haber asesinado a Mariano Barbieri, el ingeniero civil que murió de una puñalada en el marco de un robo en los bosques de Palermo, el pasado 30 de agosto. Así lo determinó esta tarde la jueza Yamile Susana Bernan que lo procesó como autor del “homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito y robo agravado por su comisión con armas, ambas en concurso real entre sí”.

“Para apoderarse del teléfono de la víctima, Suárez la atacó por sorpresa, en horario nocturno, y sin mediar palabras le propinó una puñalada en el pecho que le provocó las lesiones que condujeron a su muerte. No puede soslayarse el alto grado de violencia que el imputado desplegó para cometer el evento investigado, que amerita mantenerlo privado de su libertad”, establece el documento judicial.

En ese mismo fallo, la magistrada le trabó a Suárez un embargo de $60 millones sobre sus bienes y sobreseyó al segundo sospechoso del crimen, que había sido apresado cuando recién comenzaba la investigación.

Para determinar quién fue el responsable del delito, Bernan destacó que “al momento de ser detenido, Suárez llevaba puesta una gorra y bufanda (esta última con rastros de sangre humana) de idénticas características a aquellas que vestía la persona que surge de las imágenes fílmicas”. A ese indicio, se sumó el hecho de que el el acusado presentaba “lesiones en sus manos, hombros, pecho y espalda, compatibles con la pelea descripta” por el testigo presencial que había ayudado a identificar al victimario.

En este marco, la jueza también recordó los antecedentes penales de Suárez, que ya contaba con seis condenas en un plazo de menos de diez años y había sido declarado reincidente en cinco oportunidades.

La crimen del ingeniero Barbieri ocurrió el pasado 30 de agosto, a las 22.45 horas, cuando, luego de visitar a un amigo, se dirigió al Parque Tres de Febrero para ver la luna llena. Allí, fue abordado por un delincuente que lo apuñaló con un cuchillo tipo “Tramontina” para robarle el teléfono celular que, hasta el momento, no fue hallado. Tras el ataque, la víctima logró llegar a un local de una heladería en la esquina de la Avenida del Libertador y la calle Lafinur, donde se desplomó. Pese a que fue trasladado al Hospital Fernández, los médicos no lograron salvarlo.

La secuencia fue reconstruida gracias a las grabaciones de al menos 15 cámaras de seguridad, que también permitieron determinar que, luego de cometer el homicidio, Suárez escapó en dirección al Barrio 31 de Retiro. Un testigo de dicha zona admitió que el ahora detenido se había jactado de haberle dado “un puntazo” a la víctima para concretar el asalto.

ACM con información de agencias.

Un ingeniero civil de 42 años fue asesinado de una puñalada en el pecho que le llegó al corazón por al menos un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el barrio porteño de Palermo, y si bien alcanzó a pedir ayuda en una heladería de la zona, murió al llegar al hospital, informaron hoy fuentes judiciales, policiales y el titular del SAME.

Tras el hecho, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió sus condolencias a la familia de la víctima, describió lo ocurrido como “una situación realmente espantosa”, y afirmó que se están analizando las cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, comisario general Miguel Ángel Fornaro, dijo que la pesquisa se centra en el análisis de las cámaras de seguridad que permitirán saber con certeza si el atacante fue uno o más y para qué zona fugó, lo que es relevante para poder seguir su recorrido mediante imágenes.

El ataque ocurrió cerca de las 22.45 cuando la víctima, identificada por los voceros como Mariano Barbieri (42), fue interceptada por al menos un ladrón en la zona de la Plaza Sicilia, en inmediaciones del Jardín Japonés y a metros del cruce de la avenida Del Libertador y la calle Lafinur, del citado barrio porteño.

Cómo fue el robo que terminó con la vida del ingeniero de 42 años

En circunstancias que aún son materia de investigación, al menos un ladrón interceptó con fines de robo al ingeniero civil y le aplicó un puntazo que le atravesó el pecho y le perforó una aurícula del corazón, tras lo cual huyó con el teléfono celular de la víctima.

Un vocero judicial detalló a Télam que Barbieri alcanzó a ingresar herido a una heladería de la cadena “Cremolatti”, situada justo en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local.

“No me quiero morir”, alcanzó a decir el ingeniero, según relataron los testigos a los investigadores, tras lo cual les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron.

Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y le había clavado un cuchillo.

Comenzó la investigación para dar con el atacante

El comisario general Fornaro contó esta mañana a la prensa desde el lugar, que se recibió un llamado al 911 de un testigo que vio el momento del ataque y al sospechoso.

Según el jefe policial ese llamado fue realizado desde la avenida Berro y la calle Casares -de acuerdo al sistema de geolocalización policial- y el testigo “menciona observarlo (al atacante) y menciona ver al herido caminar hacia avenida del Libertador”

Tras el ingreso de Barbieri a la heladería, también los empelados de ese local llamaron al 911 y a los pocos minutos se presentaron en el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que trasladó al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después a raíz de la grave lesión sufrida.

“El hombre no vivía acá, se ve que estaba visitando a un amigo”, dijo a la prensa un comisario que participó del operativo

Por su parte, el titular del Same, Alberto Crescenti, informó a Télam que recibieron el llamado de alerta a las 22.55 y que a los pocos minutos los médicos estaban atendiendo al hombre, quien tenía una “herida de arma blanca en la región torácica”, que le provocó un paro cardíaco ya que directamente le “perforó una aurícula del corazón”.

“Entró en paro en la ambulancia, el equipo lo empezó a masajear y alertó al Hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shock room ya en paro. Luego de masajearlo por 40 o 50 minutos falleció. Fue un puntazo que entró directo a la cavidad cardiaca, no hubo forma de sacarlo”, relató Crescenti.

Tras el hecho, la Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña montaron un operativo en la zona y en ese marco secuestraron en la plaza ubicada frente a la heladería un cuchillo tipo “Tramontina” que se presume fue el empelado en el ataque, por lo que fue secuestrado para peritajes.

También se hallaron una mochila color negra que estaba vacía, un pantalón corto color gris y una campera del mismo tono que se investiga si tienen relación con el autor del hecho.

Esta mañana, tras tomar conocimiento del hecho, el jefe de Gobierno porteño manifestó su pesar a la familia de la víctima: “Primero mis saludos, condolencias a la familia. Fue una situación realmente espantosa. La inseguridad es una pelea de todos los días. Estamos viendo a través de las cámaras los movimientos de esta persona”, afirmó Rodríguez Larreta a Radio Mitre.

La despedida de su mujer y madre de su hijo

En tanto, la pareja del ingeniero asesinado se manifestó por las redes sociales: “Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días, por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo siempre sabrá q su papá era un loco que vivió la vida a pleno! Te amo Mariano sos, fuiste y serás el amor de mi vida, mi hijito es la luz de mis ojos, dame fuerza mi cielo! Espérame allá en muchísimo tiempo pero nos vamos a reencontrar. Te amo!”, escribió en Instagram.

A raíz del hecho se inició una causa por “homicidio en ocasión de robo” en la que interviene el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 36.

NB con información de agencia Télam.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su progenitora y su pareja en 2021, también fuera condenada por abuso sexual al menor, pese a que ambas mujeres ya fueron sentenciadas a prisión perpetua por el crimen del niño.

Durante la audiencia de impugnación en la Sala 7 del Centro Judicial de Santa Rosa, los fiscales solicitaron que Magdalena Espósito Valenti fuera condenada por abuso sexual, tal como lo fue en su momento Abigail Páez. Esta última está sentenciada por “homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico”.

La fiscal María Rivero sostuvo que si el Tribunal acreditó que el menor había sufrido lesiones por abusos sexuales ─incluso el día de su muerte─ “sería ilógico pensar” que la madre no estaba al tanto de la situación.

En este marco, el pedido fue acompañado por José Mario Aguerrido, querellante que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, quien también exigió que a la condena de ambas mujeres se sume el agravante de “odio de género”. Actualmente, Espósito Valenti está imputada por el “homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento” y se encuentra encerrada en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis.

Lucio Dupuy fu asesinado el 26 de noviembre de 2021, tras haber sido golpeado, maltratado y vejado por las dos condenadas. Por las lesiones recibidas, la víctima sufrió un politraumatismo que le provocó la muerte. Posteriormente, la autopsia reveló que su cuerpo presentaba “golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo”.

ACM con información de agencias.

Un fiscal pidió que vaya a juicio oral el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de proporcionar el arma que se “plantó” en la escena del crimen del adolescente Lucas González para simular un enfrentamiento. Se trata del efectivo Facundo Agustín Matías Torres, que al momento del asesinato en noviembre de 2021, se desempeñaba como oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Según detalló la Procuración General de la Nación en su página web, el fiscal Leonel Gómez Barbella y la auxiliar María Victoria Fiore solicitaron a la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Vanesa Peluffo, que Torres sea juzgado como “coautor” de “falses ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Las pruebas para imputar a este nuevo oficial surgieron del juicio oral que terminó el pasado 11 de julio con las condenas a prisión perpetua para Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres fueron sentenciados por el delito de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.

En el marco de ese mismo juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, otros seis policías recibieron penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Se trata de Sebastián Jorge Baidón, Roberto Orlando Inca, Juan Romero, Rodolfo Ozán, Fabián Di Santos y Héctor Cuevas. Fue precisamente este último quien acusó a Torres. En el juicio, declaró que este le dio a Issasi el arma para colocar en el auto que conducían Lucas y sus amigos al momento de ser tiroteados por los oficiales.

“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, explicó la fiscalía.

Según especificaron en el requerimiento de elevación a juicio, inmediatamente después del presunto “enfrentamiento armado”, el acusado fue con Issasi a la dependencia policial donde prestaba funciones para recoger el arma de utilería que luego pondrían en el vehículo de las víctimas.

Esta hipótesis se ve reforzada por evidencia previamente recopilada como la conversación que Cuevas mantuvo al día siguiente. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre” “unos dementes” y “encima le ponen una pistola de juguete” son algunas de más destacadas de esa comunicación.

Qué sucedió la noche del crimen de Lucas González

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos por oficiales el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaban de entrenar en el club Barracas Central en un Volkswagen Suran. En el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sárfield, fueron interceptados por un móvil policial de la Brigada 6 de la Comuna 4.

Como no contaban con identificación policial, los jóvenes pensaron que se trataba de ladrones e intentaron escapar, lo que impulsó a los efectivos a iniciar una balacera contra el vehículo. Dos disparos impactaron en la cabeza de Lucas, lo que le provocó la muerte. Sus tres amigos, en tanto, fueron detenidos y trasladados al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente.

Luego del crimen, los efectivos involucrados montaron un operativo para encubrir lo sucedido y fingir un escenario de tiroteo con delincuentes. Fue en este contexto que implantaron el arma de Torres en el auto.

Con información de agencias.

La muerte de Morena, de 11 años, tras ser asaltada cuando caminaba hacia su escuela, reflejó, una vez más, la falta de respuestas de la dirigencia política en materia de seguridad. Todos los partidos políticos suspendieron sus actos de cierre de campaña, a modo de duelo, pero, probablemente, también como forma de no tener que decir mucho sobre un crimen que salpica a todos. El mal manejo municipal es evidente ya en el hecho de que está en funciones un intendente interino, Diego Kravetz, debido a que el intendente electo, Néstor Grindetti, se tomó licencia para presidir un club de fútbol. La reacción de Kravetz ante el hecho consistió en señalar como responsable del delito a un chico de 14 años, pero la participación del menor fue desmentida rápidamente por la fiscal del caso. Al nivel del gobierno provincial el delito también representa un problema, dado que sucedió en jurisdicción de la policía bonaerense. En el plano nacional, está claro que el abandono de zonas carenciadas no puede escindirse de la situación económica del país. Ante la dificultad para dar explicaciones serias, lo que proliferó fueron los pedidos genéricos de justicia, fácilmente traducibles como “castigo a los responsables”.

Este tipo de reacción genérica no es una novedad. Hace tiempo que los principales partidos políticos convergen en discursos de mano dura ante los delitos más frecuentes en barrios carenciados: hurtos y robos (el garantismo penal aparece cuando hay que defender a algún empresario amigo o respaldar la violencia policial). Que la mano dura sea la respuesta, por ejemplo, del bullrichismo, no sorprende: al fin y al cabo, la suya es una plataforma expresamente de derecha. Lo que quizás sí es más llamativo es cómo dirigentes políticos con otras ideologías también se suben al tren punitivista en materia de seguridad.

La desesperación de Larreta por mostrar que su intransigencia con el delito es igual a la de Bullrich quedó clara cuando le dio el primer lugar en la lista de senadores por PBA a un candidato que defiende la pena de muerte. Otro exponente de que puede haber diversidad de enfoques en muchos temas, pero no en seguridad, es Martín Lousteau. El candidato a jefe de gobierno de la UCR se define como liberal de izquierda, pero propone una ciudad 100% vigilada por cámaras de seguridad: extraño el liberal que propone vivir monitoreado por el Estado. También en la CABA, Leandro Santoro propone mejorar la seguridad con “políticas de shock en zonas calientes”.

La derechización del discurso sobre el delito no es una excepción argentina. Hace tiempo que la criminología detectó cómo partidos en competencia comparten discursos de mano dura y cómo, en muchos casos, fue la izquierda la que llenó las cárceles. Blair y Clinton son los ejemplos clásicos. Una explicación posible de este fenómeno sería que la ciudadanía exigiera unanimemente más dureza penal: castigos más largos, más incapacitaciones, prisiones preventivas por motivos de seguridad. Sin embargo, los estudios disponibles desacreditan esa lectura. Cuando la gente participa en escenarios deliberativos en los que se le da información de calidad, suele pensar políticas públicas y leyes menos severas que las existentes. Además, cuando cuentan con la información real de una causa, las personas suelen ser menos críticas de la labor judicial que al leer los medios de comunicación. A esto se suma que la mayoría de las personas entienden que cuando alguien que delinquió tiene un valor asociacional alto (capacidad de reincorporarse a la sociedad) debe buscarse resocializarlo, y no excluirlo. Naturalmente, hay sectores que piden por soluciones de mano dura, pero nada indica que se trate de toda la población.

Otra explicación del enfoque punitivo hacia el delito por parte de la dirigencia política podría tener que ver con que, más allá de lo que piense la ciudadanía, aumentar el castigo penal funciona como respuesta al delito. Sin embargo, esto no es así. Los estudios empíricos sobre el tema reflejan que aumentar las penas no genera un impacto disuasivo relevante sobre el crimen. Además, el aumento de las tasas de prisionización que se experimentó a nivel mundial a partir de 1970 y que dejó atrás políticas de rehabilitación e inclusión no llevó a una baja del delito, sino más bien lo contrario. En este sentido, un paso por la cárcel excluye a una persona del sistema y le hace difícil reintegrarse a la sociedad al recuperar la libertad, lo que ya de por sí fomenta el delito, al tiempo que facilita la generación de vínculos criminales.

Pero si no es la presión ciudadana y ni la eficiencia de la mano dura, ¿qué fomenta la unificación del discurso político en el punitivismo penal? Una posibilidad es una mala lectura de la realidad. Esto se daría, por ejemplo, si la dirigencia política supusiera que todos pedimos más penas cuando no es así. Algo de esto puede haber, pero tiendo a pensar en que el punitivismo es consecuente con el debilitamiento del Estado, fenómeno que es evidente en la Argentina de hoy. La incapacidad del Estado para abordar muchas temáticas que en algún momento reguló con éxito es evidente. Por ejemplo, hace años que queda clara la incapacidad estatal, más allá de los gobiernos, para controlar la inflación o para redistribuir la riqueza.

En el plano educativo, la educación pública sigue siendo enorme, pero la educación privada, en todos los niveles, se ha convertido en una opción que consideran cada vez más sectores. Lo mismo sucede con la salud, donde la diferencia entre contar con una prepaga y no hacerlo es muy notoria. En este contexto, la seguridad es, quizás, el espacio en el que el Estado aun conserva un dominio más claro: a pesar de la proliferación de mecanismos de seguridad privada, como los barrios cerrados, todavía el Estado es el único que puede imponer un castigo penal y el único apto para brindar seguridad a gran escala. Solo en seguridad el Estado puede justificar con contundencia su existencia y decir “acá estoy yo y te voy a brindar un servicio que no puede brindarte otro”.

Esto, de todos modos, podría explicar por qué la seguridad suele ser un eje constante del discurso público, pero no por qué ese discurso es, a su vez, punitivo: lógicamente, podría enfocarse la seguridad desde otras miradas. Sin embargo, la explicación a la convergencia punitiva es parte del mismo problema: dar respuestas al delito alternativas a la mano dura y de probado éxito requiere una estructura estatal hoy no disponible. A nivel global, lo que más correlación tiene con la baja del delito es la inclusión económica y social: en sociedades con igualdad de oportunidades el crimen es mucho más infrecuente.

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema. En cuanto a lo que hace específicamente a la seguridad (porque delito siempre hay) lo más eficiente son sistemas que priorizan una alta detección del delito y condenas cortas dictadas con rapidez: lo que disuade no es el miedo a una pena alta, sino el miedo a que te agarren (el caso argentino refleja bien por qué: podemos subir las penas todo lo que queramos, pero es difícil disuadir cuando menos del 1% de los delitos investigados judicialmente, que, a su vez, son muchos menos que los cometidos, terminan en condena). Esto se logra con policías y jueces provistos de recursos y altamente capacitados. Pero, claro, proponer que no haya más crímenes como el de Morena bajando la inflación, redistribuyendo y creando una justicia eficiente sería casi lo mismo como decir “voy a prevenir el delito arreglando el país”. Eso no está en el menú. Lo que por ahora pueden ofrecernos es caerle a los pocos que agarremos con todo el peso posible. Con esto, tal vez todavía nos convenzamos de que el Estado nos cuida y podamos dormir tranquilos un ratito más.

La primera información que circuló tras el crimen de Morena Domínguez, la niña atacada la mañana del miércoles cuando entraba a su escuela en Lanús, fue que entre los culpables había un menor. Si bien el dato fue rectificado poco después, esa primera información imprecisa alcanzó para que volviera a escena un viejo debate sobre cómo combatir la delincuencia en las calles; si la ley penal es adecuada es necesario aplicar “mano dura”.

A solo cuatro días de las PASO nacionales y en la provincia de Buenos Aires, referentes del oficialismo y la oposición manifestaron sus opiniones, entre las que se contaron posiciones punitivistas y la clásica demanda de bajar la edad de imputabilidad, que en la Argentina es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el crimen de la nena de 11 años en Lanús es la “clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad”, y volvió a mostrarse a favor de un nuevo régimen penal juvenil entre los 14 y los 18 años.

Sostuvo que es necesario “consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades, para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y otras en las que se vive inseguro” y planteó como soluciones “las cámaras, los móviles, los botones de pánico, el sistema satelital y de prevención en las casas”.

Sobre la edad de imputabilidad, Massa aseguró que él tiene una postura “pública” que es que entre “los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil”.

A su vez, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, señaló que desde “hace años” viene “peleando por bajar la edad de imputabilidad” desde una posición “de absoluta soledad”. “Tenemos un delito simple y los mecanismos del Estado son insuficientes”, enfatizó el funcionario de Axel Kicillof que, sin embargo, aclaró que “los dos que cometieron el delito”, en alusión al asesinato de Morena Domínguez, “son mayores [de edad] y están detenidos”.

“Nadie investiga, nadie se preocupa. Cuando sale, vuelve a robar”, dijo también Berni, quien consideró que “si el Estado pone en funcionamiento todas las herramientas que tiene para hacer cumplir las leyes se puede solucionar”, aunque señaló que “nadie lo hace” y que “ninguno de todos los candidatos lo solucionaría”.

Larreta: “Hay que sacar el famoso régimen penal juvenil”

Por la noche fue el turno de su rival, Horacio Rodríguez Larreta, quien en TN dijo que “hay que sacar el famoso régimen penal juvenil, que existe en toda América menos en la Argentina” y, también, “modificar el Código Procesal Penal, para terminar con la puerta giratoria”.

Antes, en su cuenta de Twitter, había posteado: “No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla”.

Ya este jueves, el alcalde porteño aseguró que esperaba “que caiga todo el peso de la ley sobre esos asesinos. No tenemos que resignarnos a esto, podemos vivir sin miedo. Lo digo porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema de decisión política”. Además, pidió que todos los policías tengan “su entrenamiento” y reclamó por la renovación del código procesal penal “que genera la posibilidad de la puerta giratoria”, al tiempo que pidió “avanzar en el régimen penal juvenil”. “Hay que actuar”, concluyó.

En sintonía, Diego Santilli, precandidato a la gobernación bonaerense, dijo: “Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley”.

Bullrich: “Transformaron a la Argentina en un país invivible”

Desde Córdoba, y tras anunciar la suspensión de su acto de cierre de campaña, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich señaló que los involucrados en el crimen de Morena “es gente que tiene antecedentes, y estos antecedentes hacen que sea gente que debería estar fuera de la sociedad, pero sigue dando vueltas”. “Lo primero es que tenemos que cambiar leyes muy importantes, el Código Penal que no se terminó de cambiar, aunque lo presentamos en 2018, la imputabilidad de menores, aunque no estoy diciendo que en este caso haya un menor involucrado”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Bullrich dijo que “hay que tener no sólo la reincidencia, sino la reiterancia, como lo tiene Mendoza”. “La reiterancia es que cuando comete una persona su segundo delito, al reiterar ya comienzan a regir las condiciones de la condena que debe tener por ser reiterativo el delito. Y esa persona es apartada de la sociedad, y no es un peligro, como está sucediendo”, señaló.

En Twitter, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, posteó: “Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”.

Milei pidió una “reforma completa de las leyes”

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, culpó por el crimen de Morena a la “clase política que desde hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zaffaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida”.

“Décadas de poner a las víctimas en el lugar de los victimarios, y a los delincuentes en el lugar de las víctimas”, dijo el economista liberal. “Por esa razón nosotros estamos proponiendo una reforma completa de las leyes de seguridad interior, defensa, inteligencia, del servicio penitenciario, todo basado en una nueva doctrina de seguridad nacional: el que las hace las paga”, planteó.

Milei llamó a “terminar con este modelo que defiende a los delincuentes y volver al único modelo que funciona: la represión del delito sin titubeos”. “Hasta que los asesinos, violadores y delincuentes no sepan que cometer un delito tiene consecuencias directas para toda su vida seguiremos viviendo bajo este flagelo que es la inseguridad”, remató.

Grabois pidió terminar con “el flagelo de la droga y la complicidad policial”

En un largo comentario en Twitter, el precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois resaltó que los autores del crimen de Morena son “dos adultos” que robaron y abandonaron herida a la niña en las cercanías de la escuela donde estudiaba.

“Como es moneda corriente en nuestros barrios populares, la zona estaba liberada por la policía que tardó 30 minutos en llegar con un patrullero local”, sostuvo el dirigente social, que culpó a la Municipalidad de Lanús, de la que dijo que “lejos de asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, fue a pasearse por los medios y comunicar a las redacciones de los principales portales noticias falsas, señalando personas que no participaron del hecho”.

Aludió a declaraciones que había realizado Kravetz en TN diciendo que conocía “con nombre y apellido” a los victimarios y que “son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión”. “Comenzaron a detener personas a mansalva, muchas sin relación alguna con el hecho”, dijo Grabois.

El dirigente y postulante del oficialismo nacional sostuvo que “el accionar criminal de los individuos que participaron en el hecho está íntimamente vinculado al flagelo de la droga y la complicidad policial con el delito que arruina la vida de cientos de miles de personas en todo el país desde hace décadas” y que “el círculo de violencia se acelera cuando la policía, después de detener y golpear a personas que delinquieron, de todas las edades, las extorsiona y recluta para que cometan delitos tanto en la narcocriminalidad como robos, con el objetivo de abultar las cajas negras que existen en casi todas las comisarías de la Argentina”.

También denunció la “complicidad que existe entre policías y jueces con el narcotráfico” y que “en el caso de los menores de edad perdidos en las adicciones hacen caso omiso a los gritos desesperados de las familias y las organizaciones barriales para que se otorguen las llamadas medidas de coacción que permitan su internación y desintoxicación”.

Kicillof: “Estamos en un estado de conmoción”

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió “que la justicia actúe con celeridad”. “Es un día muy doloroso, muy trágico lo que pasó; estamos en un estado de conmoción”, indicó Kicillof durante una entrevista con Radio 10.

El gobernador indicó que desde que se enteró del fallecimiento de la niña se ocupó “personalmente y también los funcionarios” de atender la cuestión.

“Se actuó coordinadamente”, indicó y detalló que el Ministerio de Salud se ocupó de la asistencia psicológica de la familia, Educación de asistir a la escuela, Justicia de asistir a la familia y la cartera de Seguridad de buscar a “los delincuentes desde el primer momento”.

En este sentido, indicó que a lo largo del día se comunicó en varias ocasiones con el ministro de Seguridad, Sergio Bierni, quien le comunicó que se “identificó a los responsables directos de la acción”.

“Hay que dejar actuar a la justicia porque la policía es auxiliar de la justicia, y la fiscal decidió las detenciones”, precisó, y confirmó que las personas detenidas “son dos mayores de 25 y 33 años”

Kicillof destacó que se comunicó con la abuela de Morena y que se puso a “disposición de lo que la familia necesitara”.

Pidió que “la justicia actúe rápidamente, que se castigue a los responsables y desde que ocurrió estamos con el tema, por eso suspendimos actividades de campaña”, explicó Kicillof, y reiteró: “Estamos conmocionados”.

Diego Kravetz: “El delito no empieza a los 15, el delito empieza a los 9, 10 años”

Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, donde mataron a Morena Domínguez, sostuvo que “el principal problema es la Justicia de Menores”. “En los barrios más vulnerables nuestro de conurbano, el delito no empieza a los 15, el delito empieza a los 9-10 años”, señaló el funcionario municipal. Aclaró que no estaba proponiendo “bajar la imputabilidad a 9-10 años” sino que, “ante el inicio delictual de los jóvenes, los jueces, en vez de agarrar y tomar otro temperamento, los vuelven a dejar libres”.

“Ese chico se acostumbra a una forma de vida que es la entrada y salida de la comisaría. En general, son familias enteras que viven de la cultura del delito. A esta problemática nosotros la sabemos porque la vemos todos los días, y los jueces la saben porque todos los días le notifican de la comisaría que volvió a entrar el mismo chico, que es, por ejemplo, el chico que está en el video de hoy, que dice los voy a matar a todos”, dijo Kravetz.

Aludía a imágenes que transmitieron algunos canales de televisión sobre un adolescente que era llevado detenido por la policía y a quien se vinculó con el crimen de Morena. “Ese chico tiene no menos de 60 entradas en comisaría”, enfatizó.

El jefe de Kravetz, Néstor Grindetti, intendente en licencia de Lanús y precandidato a la gobernación bonaerense por Juntos por el Cambio, responsabilizó a “la ausencia patética del Estado” por la muerte de Morena en su distrito y dijo que “es necesaria una mesa de coordinación de todos los niveles de gobierno”.

JJD

El candidato a presidente de Ecuador por el Movimiento Construye y ex legislador Fernando Villavicencio fue asesinado hoy durante un acto en una escuela en el norte de Quito. Así lo indicó el ministro del Interior, Juan Zapata, luego de que el cuerpo médico de la Clínica de la Mujer confirmara su fallecimiento.

Villavicencio tenía 59 años y era uno de los ocho postulantes a completar el mandato de Guillermo Laso en las elecciones del próximo 20 de agosto.

El tiroteo en el que murió el precandidato presidencial incluyó entre 30 y 40 disparos, según relataron testigos del ataque, y se registraron múltiples heridos.

Al enterarse del asesinato, Lasso expresó indignación y consternación por lo ocurrido y prometió que se investigará la situación. “Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas; por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, señaló en Twitter.

Con este objetivo, Lasso convocó a las principales autoridades nacionales ─incluidos la presidenta el Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; la fiscal general del Estado, Diana Salazar; y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela─ para tratar de manera urgente el asesinato de Villavicencio.

El político asesinado había encabezado la comisión que llevó adelante el juicio político a Lasso por presunta corrupción. Cuando la Asamblea Nacional iba a destituir al mandatario, Lasso dispuso la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a un sucesor que complete su gestión hasta mayo de 2025.

Con información de agencias.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, confirmó este miércoles por la tarde que por la muerte de Morena Domínguez, la niña de 11 años robada por “motochorros” cuando caminaba hacia la escuela en Lanús, fueron detenidos dos jóvenes mayores de edad, por lo que el caso está “cerrado”.

“Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado”, anunció el ministro en declaraciones a C5N.

Se trata de dos hermanos de 25 y 28 años, quienes se encontraban entre los siete detenidos por el crimen. Son sospechados de haber participado en forma directa en el robo. Conocidos como “Miguelito” y “Lolo”, fueron arrestados en un operativo que se llevó a cabo en el barrio Acuba 1, a metros del lugar de los hechos.

Por “Miguelito” ya había un pedido de detención desde este martes en el juzgado porteño 30 por otro hecho, según fuentes policiales. Al menos uno de los hermanos tiene antecedentes policiales con varios años en una unidad penitenciaria, indicaron.

Según trascendió extraoficialmente, la moto en la que habrían cometido el brutal asalto fue secuestrada en el domicilio de un adolescente de 14 años, otro de los detenidos. Tanto los hermanos como los otros detenidos integraban una banda que utilizaba tres motos para cometer asaltos en la zona.

De acuerdo con fuentes de la investigación, testimonios recogidos en el barrio señalaron que la banda se reunió para consumir alcohol y drogas, mientras que a partir de la mañana de este miércoles sus integrantes salieron a realizar asaltos.

“Estábamos buscando el que estaba prófugo, lo detuvimos, hablé con la fiscal y me autorizó a hablar”, señaló el funcionario de la provincia, quien agregó: “En un momento se pensaba que había un menor, pero no fue así”.

“Lamentablemente esto es crónica de una muerte anunciada porque se empieza robando un celular y se termina matando”, analizó Berni.

En esa línea, consideró que “esto en Argentina se resuelve fácil, pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto. Siempre está la droga de por medio”.

“Esto que le pasó a esta niña, pero pudo haber sido la hija de cualquiera, pero la cara en este tipo de hechos, la cara la ponemos nosotros”, apuntó Berni al considerar que “hay que cambiar parte de la legislación, los jueces y los fiscales tienen que trabajar. No puede ser que cuando alguien robe un celular no vaya preso”.

“Tenemos que tener una Justicia que trabaje. Cuando hay una persona que roba un celular es un futuro homicida y tiene que estar detenido, tiene que trabajar para solventar a su familia cuando esté preso, tiene que trabajar para solventar los gastos que ocasionó (a la víctima) y tiene que trabajar para tener su mecanismo de vigilancia electrónica por los próximos diez años. Además, tiene que haber una agencia del Estado que vigile a todas esas personas que robaron un celular”, cerró el ministro bonaerense.

LC con información de agencias

Las manchas halladas en la casa de Nicole Chamorro, la mujer trans detenida por el crimen de Fernando Pérez Algaba, no son de sangre del empresario descuartizado en Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires, a pesar de que se habían encontrado sus rastros biológicos en casa de la mujer.

La Policía Científica de Lanús estuvo a cargo de la pericia realizada a una remera y campera de la acusada, secuestradas durante un allanamiento en su domicilio. Según Marcelo Ponce, su abogado defensor, la mujer había estado cocinando antes de la llegada de los agentes de la DDI de Lomas de Zamora, por lo que las manchas en las prendas eran simplemente salpicaduras de tuco.

Chamorro es la única detenida en el caso del empresario como partícipe secundaria del homicidio. Se sospecha que aportó la valija en la que se hallaron los brazos y piernas de Pérez Algaba el martes pasado. En este marco, se encuentra detenida en tanto, el pasado lunes, el juez de garantías de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, rechazó la excarcelación. La mujer se había negado a declarar ante la justicia, pero su abogado sostuvo que “es completamente inocente” y que Chamorro “no recuerda haber tenido contacto” con la valija roja del crimen.

Respecto del crimen del empresario, la principal hipótesis hasta el momento es que Pérez Algaba fue asesinado como parte de un ajuste de cuentas. La última ubicación conocida de la víctima fue el partido de General Rodríguez, el pasado 18 de julio.

Ese día, el empresario se había juntado en un predio junto a dos de sus deudores: ellos le pagaron 75 mil dólares que restaban de una deuda original de 150 mil y, a cambio, él les devolvió la camioneta Land Rover Blanca que le habían dado.

Con información de agencias.

El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por una bala policial en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, dijo que hoy “es un día de verdad y justicia”, al ingresar a los tribunales para declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad, tres de ellos acusados del asesinato y los restantes por intentar encubrirlo.

“Hoy venimos con la verdad, es un día de verdad y justicia. Ellos, los señores jueces, tienen la justicia, y nosotros tenemos la verdad. Venimos tranquilos, con la verdad que tengo en la mente desde aquel 17 de noviembre de 2021. Me acuerdo como si fuera ayer, desde el portazo que dio Lucas cuando salió de casa hasta que nos comunicaron de esta terrible tragedia”, dijo Mario “Peca” González.

Al ingresar pasadas las 8.30 a los tribunales federales de Retiro, donde se desarrolla el debate, el hombre recordó el momento en el que vio a su hijo herido en el Hospital Penna, “con custodia policial, todo vendado, en la guardia así nomás, ensangrentado...”

“Nos trataron como padres de un delincuente, no nos daban información. Le pregunté como padre a un Policía de la Ciudad algo de información y cuando sale me dice 'a tu hijo le hicieron luminol y tenía un arma'”, recordó González indignado.

“Mi hijo no sabía parar un colectivo, la llamaba a la mamá para decirle qué colectivo tenía que tomarse para ir a Barracas, para combinar, era una criatura, era nuestro bebé y que vengan estos a decir que era un ladrón...”, agregó.

Sobre la jornada de hoy, González dijo que su esposa, Cintia López, también declarará con apoyo de una psicóloga y que lo harán luego los tres amigos de su hijo, testigos del crimen y también víctimas de torturas policiales en el mismo episodio.

“Es fundamental que los chicos declaren, ellos van a ir con la verdad porque son los testigos principales de esta tragedia, ellos también pudieron no haberla contado, porque las balas fueron para todos. Le tocó a Lucas y no le tendría que haber tocado a ninguno”, expresó.

Finalmente, consultado sobre las declaraciones de los tres policías de la Brigada 4D de la Policía de la Ciudad acusados de matar a su hijo, quienes aseguraron en la primera jornada del juicio haber actuado en cumplimiento del deber y en legítima defensa, el papá de Lucas dijo: “Era lógico que iban a seguir mintiendo, van a querer zafar de algo de lo que no tienen escapatoria, hay video y escuchas. Siguen mintiendo y no van a demostrar ningún arrepentimiento. Esto lo tenían instalado, era moneda común lo que hacían, sino no hay 14 policías implicados y de alto rango”.

Los tres amigos de Lucas que fueron testigos del asesinato del adolescente con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, también declararán hoy en el juicio.

Fuentes judiciales confirmaron que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca declararán en la segunda audiencia que se desarrollará a partir de las 9 en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Los jóvenes darán su testimonio tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.

Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima.

La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.

Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policías, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.

Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.

En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultados, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.

De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron “villeros” y “negritos” y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.

Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”, por lo que no cometieron “ningún delito”.

En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas “plantar” un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Además, en el caso de dos de ellos también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.

CRM con información de la agencia Télam

El ex líder de la barra brava del Club Atlético Patronato de Paraná Gustavo “Petaco” Barrientos fue asesinado a balazos durante una salida transitoria en cercanías a la localidad entrerriana de Colonia Ensayo, en el Departamento de Diamante, cuando fue atacado por un grupo de delincuentes que irrumpieron en la vivienda en la cual se encontraba junto a su pareja, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 16 en una casa quinta en el lote “Los Cardales” ubicado sobre el kilómetro 14 de la Ruta Nacional (RN) 11, a pocas cuadras del ingreso de la mencionada localidad del litoral argentino.

Allí se encontraba la víctima, identificada como Barrientos, ex barrabrava del Club Atlético Patronato de Paraná, junto a su esposa, Verónica Martínez, de 43 años.

Barrientos cumplía el beneficio de las salidas transitorias, denominadas sociofamiliares, de la Unidad Penal 1 de Paraná, por lo que fue trasladado por agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos a la vivienda en la que residía su esposa.

Según relató la mujer a los investigadores, unas cinco personas rompieron la puerta y el portón e ingresaron a la vivienda vestidas de negro y con la cara cubierta al grito de “Alto, policía”.

En ese momento, pidieron que se presente Barrientos, quien, al escuchar los gritos, apareció en el lugar y sin mediar palabra recibió al menos cinco impactos de bala en su cuerpo, cuatro en la zona del tórax y uno en la cabeza.

Barrientos falleció en el momento por las heridas recibidas, mientras que, tras el crimen, su mujer se descompensó y debió ser atendida por personal médico.

Según se pudo reconstruir a través de las imágenes de una cámara de seguridad privada de la zona, los criminales arribaron al lugar a bordo de una camioneta marca Toyota SW4 negra polarizada, con la que posterior al crimen se dieron a la fuga.

En las imágenes se observó cómo cinco de los sospechosos ingresaron a la vivienda mientras que al menos tres aguardaban dentro del vehículo.

Finalmente, la camioneta fue hallada el sábado por la noche en Puerto Alvear, a unos 17 kilómetros del lugar del crimen y a orillas del río Paraná.

Según declaró un pescador que se encontraba en la zona, los sospechosos abandonaron la camioneta y salieron corriendo hacia una embarcación blanca, estilo lancha tracker, donde los esperaba un noveno cómplice.

“Sobre la costa hay un riacho que se desemboca en el río Paraná. No se sabe si fueron con dirección río arriba o río abajo. El testigo declaró que no presto atención a ese dato”, señaló a Télam un investigador.

Dentro de la camioneta, los policías encontraron tres ametralladoras tipo M-16, y dos pistolas, una marca Glock y una marca Thunder, de las que se investiga si fueron las utilizadas para cometer el homicidio.

Además, se incautó un buzo camuflado, tres armas de fuego de hombro tipo carabina, 19 cartuchos calibre 762, una mochila marca Nike de color negra, cuatro musleras, 28 cartuchos de calibre 9 milímetros, 26 cartuchos calibre 5,56 mm con un cargador, 30 cartuchos calibre 7,62x39 con su cargador, un bolso negro, un chaleco de balística color blanco, una masa con mango de madera y una remera de color azul marca Swat.

En la causa interviene el fiscal Gilberto Robledo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Diamante, quien dispuso las diligencias de rigor para esclarecer el crimen.

Si bien el hecho se encuentra en plena etapa de investigación, no se descarta que esté relacionado con una posible cuestión narco y su relación con un triple crimen ocurrido el pasado 15 de noviembre en Paraná, donde fueron asesinados Cristian Barreto, alias “Tero”, un presunto líder narco entrerriano, Germán Herlein y Laureano Morales, y de que Barrientos fue uno de los sospechosos de ser el ideólogo del ataque, a pesar de que se encontraba en prisión.

Intervienen en la pesquisa toda la plana de la Policía de Entre Ríos, entre ellas las divisiones Criminalística, Científica, Homicidios, Investigaciones, comisarías locales y puestos caminera.

Barrientos fue condenado en 2015 a 11 años por dos homicidios en el Barrio Paraná XX, ocurrido en 2012.

El ex barrabrava del Club Atlético Patronato estuvo detenido en varios penales, como la Unidad Penitenciaria de Ezeiza en 2017 y la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, donde fue trasladado en julio de 2020.

“El traslado a Ezeiza se realizó porque se estableció que seguía manejando todo desde la cárcel. Le encontraron varios celulares de alta gama en la celda”, explicó un investigador.

En noviembre de 2021, sin motivo alguno comenzó a gritar que estaba descompuesto y que lo querían envenenar, por lo que fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú.

Allí se negó a realizarse análisis de sangre y lavaje de estómago, por lo que volvió al penal, pero fue alojado en una celda individual con custodia y control las 24 horas por considerar que podría estar ideando su fuga.

El año pasado fue trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná, donde el año próximo cumpliría el total de la pena a la que fue condenado.

CRM con información de la agencia Télam