El ruido de la motosierra de Javier Milei se escucha detrás de la polémica por las calificaciones de distintos grados de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles”. Los términos fueron utilizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en una resolución publicada el 14 de enero en el Boletín Oficial, que aprueba el “Baremo (tabla o escala) para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”.

El objetivo de la norma es “determinar la pertinencia del otorgamiento del beneficio por constatar incapacidad total y permanente”. Es decir, se establece un método para definir la validez o invalidez laboral de las personas, y con esto quiénes pueden y quiénes no acceder a una pensión.

La esencia de la resolución se vio esmerilada en la opinión pública por el fuerte rechazo que causó el uso de términos discriminatorios y retrográdos para referirse a personas con algún tipo de discapacidad. De hecho, Andis pidió disculpas y prometió revisarlos y modificarlos, pero aún así organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre los riesgos detrás de estos parámetros y denuncian que la intención es aplicar un ajuste en la cantidad de beneficiarios que reciben la pensión por invalidez.

Advertencia de especialistas

Belén Arcucci, politóloga y coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo a elDiarioAR: “Me llama mucho la atención que no se hayan dado cuenta de que estaban usando ese tipo de terminología obsoleta, vieja hasta para el modelo médico. Pero incluso, aunque modifiquen eso y pongan otros términos un poco más acordes, el problema de fondo, que es que van a seguir evaluando quién alcanza una invalidez del 66% en base a diagnósticos médicos, aunque estén mejor llamados, sigue siendo contrario al modelo social y a los derechos de las personas con discapacidad”.

Desde su perspectiva, con esta resolución, aunque modificada, “van a seguir en riesgo las pensiones cuando se evalúe a las personas con estos criterios, en lugar de tomar en cuenta también otras cosas que impiden el acceso al mercado laboral”.

Según Arcucci, el problema de fondo se inició desde el cambio de gestión y pasó por varias etapas, entre las que mencionó la difusión de información acerca de posibles fraudes detrás del cobro de pensiones por invalidez. “Una vez que se inició la auditoría en septiembre del año pasado, [el Gobierno] cambia los requisitos para acceder a la pensión. Vuelve a instalar requisitos que alguna vez estuvieron y que se habían modificado, entre ellos tener el 66% de invalidez laboral. Lo que hace la resolución es reglamentar de qué forma se tiene que medir ese 66%. Entonces, es una vuelta al modelo médico absoluto, que es una forma de entender la discapacidad como una cuestión individual ligada totalmente al diagnóstico médico”, señaló.

“Ese modelo se supera con el modelo social de la discapacidad, que establece que la discapacidad no nace de las características individuales de la persona, sino de la intersección entre sus características y barreras del entorno. Es decir, si no existieran barreras, si el mundo no estuviera todo pensado para determinado tipo de gente, todas las personas podrían hacer lo mismo. Entonces, lo que hace la resolución es volver plenamente a un modelo médico, donde lo que se va a tomar para establecer el grado de 'invalidez' es un baremo médico del año 1998”, agregó.

Para Arcucci, lo más grave es que “la resolución está enmarcada en un problema que es que determina que hay personas válidas y personas inválidas para el trabajo”. “Eso es absolutamente discriminador y capacitista, ya que cualquier persona podría trabajar con los apoyos que requiera. Aparte se profundiza el problema porque la forma de determinar qué personas son válidas y cuáles son inválidas es en base a diagnósticos médicos”, definió.

A lo largo del Anexo de la Resolución 187/2025 se definen los “criterios médicos” para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde septiembre de 2024, por el decreto 843/2024, para quienes perciben pensiones no contributivas.

La preocupación en esto, según la politóloga, es que “hay muchas personas que quizás no van a alcanzar ese 66% según este baremo, pero que igual tienen muchas barreras para acceder al mercado laboral por estereotipos, por obstáculos culturales, discriminación, etcétera”. Esto, de acuerdo con Arcucci, se traduce en varios problemas: “Primero, determinar que alguien es inválido o válido, y segundo, que para acceder a la pensión sólo hay que mirar el diagnóstico médico”.

Y sumó: “El último gran problema que le vemos a la resolución en particular es que no cuenta con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, que es una obligación del Estado por la firma de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluso en Argentina tiene jerarquía constitucional, y enfatiza mucho que en cualquier política dirigida hacia las personas con discapacidad o que las afecte debe existir un proceso de participación que obviamente no estuvo en esta resolución y en todo lo que está sucediendo en general en torno a las pensiones”.

Auditoría y bajas

El 11 de febrero el Gobierno envió las primeras cartas documento de su gestión para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Se remitieron 300.000 notificaciones a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe y se definió al proceso como “progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las PNCIL cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan” con el fin de “generar un ahorro de $900.000 millones de pesos para este año”.

A través de un comunicado oficial, se explicó: “Este plan se inició en 2024 a raíz de las irregularidades detectadas en la tramitación de las pensiones. De las 22.417 pensiones auditadas el año pasado, solo el 20% cumplió con los requisitos establecidos, lo que evidencia la magnitud del problema. También se pudo detectar que 150 personas fallecidas y 212 presos cobraban una pensión por discapacidad. Incluso, el pasado octubre se logró capturar a 14 prófugos de la justicia que percibían este tipo de pensiones. De acuerdo con el cronograma de ejecución establecido, se espera contar con la evaluación de la totalidad de pensiones activas durante la primera mitad de 2025”.

Pensión por invalidez: quiénes acceden y cuánto cobran

Las pensiones por invalidez están destinadas, según la Anses, a “personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social”. Su monto equivale al 70% de una jubilación mínima. Si se toma como referencia el valor de febrero de este año, una jubilación mínima es de $273.086,50 + bono de $70.000, por lo que la pensión por invalidez representa $240.160,55. La Canasta Básica Total, por adulto, para varones de entre 30 y 60 años es de $ 334.535,80 y para mujeres de la misma franja etaria de $257.592,56, con lo cual la pensión por invalidez no alcanza a cubrirlas.

Además, para ser pensionado por invalidez se deben cumplir varios requisitos como acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante un Certificado Médico Oficial (CMO), tener hasta 65 años y no cobrar jubilación ni pensión, entre otras formalidades.

La PNCIL es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, ya sea de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general o monotributista social, por lo que alguien que percibe esta pensión no puede trabajar aunque pueden existir casos en que ambas cosas podrían ser compatibles. Por ejemplo, personas con sindrome de down que forman parte de programas laborales de integración.

En este contexto, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “en los últimos años se ha reiterado la idea de que existe una cantidad desproporcionada de pensiones otorgadas en relación con el número de personas con discapacidad que viven en Argentina. En particular, se cuestiona especialmente que reciban esta prestación 1.212.187 personas.

Sin embargo, de acuerdo con los datos del Censo 2010, el 12,9% de la población total (40.117.096 de personas) tiene discapacidad, lo que equivalía en ese momento a 5.175.105 personas“. Entonces, si se apliacara ”ese mismo porcentaje a la población total que surge del Censo 2022 (46.234.830 de personas), el número ascendería a 5.964.293. En este sentido, suponiendo que la proyección de la población con discapacidad mantuviera el porcentaje de 2010 (12,9%), hoy en la Argentina solo el 20,3% del total de personas con discapacidad recibe una pensión no contributiva“.

MM/JJD

Este martes, el Gobierno estableció los criterios para la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin vencimiento, el cual permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901 sin necesidad de renovarlo.

Los criterios fueron establecidos en la Resolución 1654/2024, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallaron los nuevo criterios para la emisión de este documento público cuya tramitación es voluntaria y gratuita, aunque depende de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si se debe emitir o no.

Fue en marzo de 2023, dos meses después del lanzamiento del “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, cuando el Gobierno de Alberto Fernández confirmó que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) se expedirían sin vencimiento, aunque su implementación sería “progresiva, gradual y en etapas”.

“Establézcase que el Certificado Único de Discapacidad se otorgará sin sujeción a plazo temporal alguno, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan”, se indicó en el artículo 1° de la Resolución 322/2023, firmada por el entonces director ejecutivo de ANDIS, Fernando Gaston Galarraga.

No obstante, ahora la normativa mencionada quedó sin efecto, ya que “los lineamientos aplicables al proceso de certificación y acompañamiento de las personas con discapacidad no han sido cumplidos ni implementados en las etapas y plazos establecidos, lo que deriva en inaplicable y obsoleto dicho acto administrativo con la promulgación de la Ley N°27.711”.

“Corresponde aprobar los criterios en los que en la evaluación y valoración de la discapacidad se deba emitir un CUD sin vencimiento”, señaló, por su parte, la gestión actual en la publicación oficial de este martes.

En el anexo de la nueva normativa, lanzada bajo la firma del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, se indica que los criterios para la emisión del CUD cuentan con tres puntos destacados: “renovaciones previas”, “persona mayor” y “necesidad de equipamiento permanente”.

En el apartado de “Renovaciones previas” se toman en cuenta a “personas que al momento de la evaluación tengan emitidos previamente dos certificados de discapacidad, cuyo perfil de funcionamiento e impacto en la vida cotidiana se mantenga constante a lo largo del tiempo”, con énfasis en el calificador de capacidad del componente Actividad y Participación (CIF).

Al hablar de “Persona mayor” se hace referencia a todos aquellos solicitantes que “al momento de la evaluación tengan más de 60 años y mantengan sus estructuras y funciones corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años”.

Luego, al señalar a quienes tienen “Necesidad de equipamiento permanente” se trata de las personas que “al momento de la evaluación requieran de equipamiento y/o dispositivos de uso permanente para preservar las funciones vitales”.

“En los casos mencionados se podrá solicitar la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando se produzca un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona con discapacidad que impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”, concluyó el anexo.

¿Quiénes pueden solicitar el CUD?

El CUD puede ser solicitado por cualquier persona que acredite una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que le provoque desventajas considerables en su integración familiar, social o laboral.

Las alteraciones que permiten solicitar el CUD pueden estar vinculadas a varias áreas:

Entre sus beneficios, el CUD ofrece:

Personas con discapacidad, prestadores, instituciones y familias están movilizadas en todo el país ante el riesgo de la desregulación de las prestaciones que promueve el gobierno de Javier Milei. En los últimos días circuló un proyecto de decreto que termina con el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador nacional que establece los precios tanto para las obras sociales como para el PAMI o Incluir Salud y garantiza el acceso igualitario. “Esto va a generar una selectividad negativa”, indicaron.

El miércoles se hicieron movilizaciones en varias provincias y una manifestación frente a la residencia oficial de Olivos, donde presentaron una carta para el presidente Milei. Se hicieron protestas en Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Chaco en las que también participaron prestadores de servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas y propietarios de hogares y centros de día. El elemento unificador fue el rechazo al proyecto del Ejecutivo Nacional.

La referente de la comisión de “Psicologues trabajando en dispositivos de apoyo a personas con discapacidad” de Córdoba, Noelia Karaman, explicó que este cambio va a generar una selectividad negativa porque los pacientes van a tener distintos grados de acceso a las prestaciones. “Ese es el riesgo y la batalla que estamos dando. Cada uno de esos entes financiadores pasaría a tener un nomenclador independiente y no vinculante de los otros nomencladores. Habría diferentes valores para la misma prestación. Lo que va a pasar con el tiempo es que los prestadores van a priorizar las obras sociales o a aquellos entes financiadores que mejor pagan, sobre todo en este contexto inflacionario”, le dijo a elDiarioAR. 

En Argentina está vigente la Ley 24.901, sancionada en 1997, que establece un único valor de nomenclador para obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Todas abonan el mismo valor y de esa manera se garantiza la misma atención sin importar la condición económica de la persona con discapacidad. Genera obligatoriedad de acuerdo a lo que indica el Certificado Único de discapacidad. Se estima que este cambio afectará a 200.000 personas con discapacidad y tendría impacto en más de 150.000 puestos de trabajo.

Gabriela Bruno es una persona con discapacidad y referente del colectivo en Santa Fe y sostuvo que esta medida profundizará las desigualdades sociales y  precarizará la atención. “Es muy grave en muchos sentidos, esto viene a romper con esta garantía que brinda la ley que permite un trato igualitario y que permite que si tenés OSDE, si tenés una mutual de una cooperativa, o si te cubre el Estado tenés atención garantizada. Esto pone una vara”, afirmó a este diario.

La normativa actual, que lleva más de dos décadas, se basa en un modelo social que busca reducir las barreras sociales para las personas con discapacidad  y pensar en las prestaciones como un sistema de apoyo. La psicopedagoga e integrante de Trabajadores por la Inclusión Julia Domínguez explicó que va a generar diferencias dentro del colectivo según la cobertura médica y también entre los prestadores.

“A los trabajadores nos va a resultar difícil sostener nuestro trabajo que ya es precario y que tenemos que realizar otros para sostener nuestro ejercicio profesional. También la preocupación son las familias que se encuentran con más dificultades burocráticas para acceder a parte del sistema de apoyo. Nos parece importante salir a la calle a repudiar porque sabemos lo que implica un ajuste como este”, afirmó en diálogo con este medio. 

Esta medida profundizará una situación que ya es compleja. Pablo Molaro, coordinador del Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y responsable de la Comisión de  Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, explicó que hay servicios que ya dejaron de funcionar o que lo hacen de manera deficitaria, como es el caso del transporte. “Nos estamos manejando con aranceles cuyo costo al día de hoy no cubren la inflación. Están atrasados en la inflación del 45% para las prestaciones de aranceles institucionales o profesionales con respecto a la inflación desde diciembre a la actualidad. Los transportistas están pidiendo un aumento de un 100% para poder cubrir el costo y poder funcionar. Muchos dejaron de funcionar porque no pueden cubrir el costo de los combustibles”, detalló.

Además, Molaro alertó sobre la indefensión ante las grandes obras sociales. “Se va a tener que discutir en lugares distintos. Ya hoy cuesta discutir con las obras sociales a través de la Superintendencia, la presencia allí de lobby de las obras sociales es muy grande y las prepagas se han negado varias veces a querer dar este tipo de prestaciones y si no la tienen que pagar el Estado”, agregó. 

Esto se da en un contexto en el que 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica. “Si lo que se busca es que las personas con discapacidad tengamos que costear nuestras prestaciones no lo vamos a poder sostener. Quienes perciben la pensión por invalidez tampoco llegan a fin de mes porque equivale al 70% de una jubilación mínima. Si todo lo que ganamos en salario lo tenemos que invertir en nuestra salud no hay proyecto de vida posible”, afirmó a elDiarioAR Juan Guardatti, de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión de Córdoba. 

Ante este panorama, un grupo de diputados nacionales encabezado por Eduardo Valdés (Unión por la Patria)  presentó un proyecto en el Congreso para que el Poder Ejecutivo no avance con el decreto. Lleva también las firmas de Miguel Angel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, además de diputadas y diputados de Unión por la Patria.

Hasta el momento no hay ninguna respuesta del Gobierno Nacional, mientras tanto desde la Asamblea buscan generar un canal de diálogo con el nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Usan un término edulcorado como es desregulación, cuando sabemos que esto es la mercantilización de los servicios para personas con discapacidad. Los derechos no son servicios comercializables. el Estado tiene que garantizar los derechos”, afirmó la psicopedagoga Julia Domínguez.

CDB/DTC

Los estudiantes con discapacidad visual pueden solicitar la adaptación y transcripción de los materiales didácticos y textos escolares al sistema Braille. El servicio está disponible para textos de enseñanza inicial, media o universitaria, gráficos, tablas periódicas, mapas y calendarios.

El gobierno ya ha avanzado con la inclusión de personas con discapacidad visual en el sistema bancario, pero resulta de vital importancia, también, reducir los obstáculos que presentan las personas no videntes para insertarse en el sistema educativo. En 2010, alrededor del 80% de las personas con discapacidad visual accedían a la educación media, pero sólo el 20% terminaba sus estudios secundarios y sólo el 12% ingresaba a la educación superior.

El documento de “Educación Inclusiva: eliminando barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes con discapacidad visual”, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del gobierno de Mauricio Macri, establece que los alumnos con discapacidad visual aprenden a leer y escribir a las mismas edades que el resto de los niños si cuentan con los apoyos necesarios como el sistema braille o la ampliación de los caracteres gráficos, en casos de baja visión. El informe también establece que las escuelas deben contar con las cartillas de enseñanza del sistema braille, fichas de conceptos básicos y herramientas para la escritura pre braille, además de la posterior transcripción de los materiales y libros.

Qué documentos se necesitan para solicitar la transcripción

En el caso de los estudiantes no videntes, se deberá presentar una nota de solicitud personal, junto al texto a transcribir, fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), Fotocopia del Certificado de Discapacidad y Certificado de domicilio, en caso de que corresponda.

Los formadores de formadores e instituciones privadas también pueden solicitar la transcripción de los textos a Braille. Para realizar el trámite, se deberá presentar una nota de solicitud de parte del responsable de la institución en la que manifieste la necesidad de contar con el material inclusivo (ya sea en sistema braille o audio parlante).

Cómo realizar el trámite

La solicitud no tiene ningún costo adicional y podrá realizarse de forma presencial o digital. Quienes deseen realizar el pedido personalmente deberán acercarse a la sede de la Editora Nacional Braille y Libro Parlante en Hipólito Yrigoyen 2850 (C1207ABN), Ciudad de Buenos Aires. Las oficinas se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Para realizarse de manera online, enviar la documentación correspondiente al correo electrónico editorabraille@senaf.gob.ar. 

Una vez realizada la solicitud, se debe aguardar el plazo de transcripción informado por la editorial y luego se puede optar por recibir el material a domicilio o retirarlo por las oficinas.

ACM

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció, este sábado, la adopción de nuevas normas tendientes a garantizar la plena accesibilidad al sistema financiero por parte de personas con discapacidad. Representa un nuevo avance en la eliminación de toda forma de discriminación contra los aproximadamente 5 millones de argentinos que cuentan con algún tipo de discapacidad.

Los cambios en la normativa vigente se dan en el marco del Convenio firmado el 7 de septiembre de 2022 por el BCRA, encabezado por Miguel Ángel Pesce, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Fernando Galarraga. El acuerdo busca mejorar las condiciones de inclusión del sistema financiero mediante capacitaciones con perspectiva de discapacidad y el cumplimiento del cupo laboral para este grupo dentro del ámbito laboral. “El convenio ratifica un trabajo conjunto que venimos desarrollando con el Banco Central y que va a tener impacto directo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, expresó el director del ANDIS.

La ANDIS también trabajó con el Gobierno Nacional en modificaciones en el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que, desde hace un año, está disponible también en formato digital. Se trata de un paquete de reformas tecnológicas y administrativas que buscan difundir los derechos y servicios a los que se accede con el CUD, fortalecer las herramientas y recursos vinculados con la certificación y disminuir la brecha entre personas certificadas y población con discapacidad estimada. También se acordó una prórroga de los vencimientos actuales del CUD.

Cuáles son las nuevas medidas de inclusión en el sistema financiero

Las modificaciones propuestas por el BCRA y el ANDIS prevén que las entidades bancarias aseguren la plena accesibilidad en los servicios financieros digitales así como también una mejor atención para aquellos usuarios que se comuniquen a través de la Lengua de Señas Argentina. Para ello, el sistema financiero deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Contar con las facilidades necesarias (como reproductor de texto-a-voz) en el home banking y la banca móvil para la adecuada lectura de su contenido para personas con discapacidad visual.

2. Incluir, en las comunicaciones, avisos y publicidades emitidas, texto alternativo descriptivo de las imágenes y contenido audiovisual que allí se muestran.

3. Observar lo previsto en la Disposición N° 6/19 de la Oficina Nacional de Tecnología de la información y complementarias (Anexos I y II) sobre las Pautas de accesibilidad para el contenido Web 2.0 y los Criterios de conformidad para adaptar las páginas web de las entidades.

4. Promover la capacitación del personal de atención al público en materia de perspectiva de discapacidad y en la Lengua de Señas Argentina para alcanzar un trato respetuoso hacia las personas con discapacidad auditiva y/o del habla.

5. Facilitar la atención en sus casas operativas por medio de personal capacitado y/o videollamadas con equipos de interpretación de la Lengua de Señas Argentina para lograr una mayor cobertura de las personas que lo requieran.

Estas medidas se suman a las normas de “Protección de usuarios de servicios financieros” que incluyen atención prioritaria para aquellas personas con movilidad reducida y atención presencial sin turno para usuarios con discapacidades motrices durante la pandemia de Covid-19. También está reglamentado que los cajeros automáticos cuenten con reproductor de texto-a-voz, auriculares, reclamo con sistema Braille o estándar con relieve resaltado y mecanismo audible y perceptible para alentar el olvido de la tarjeta o dinero debitado. Además, la documentación financiera (contratos o resúmenes de cuenta) deberá estar disponible en sistema Braille en caso de que el usuario así lo solicite y todas las sucursales y puntos de atención presencial deberán contar con infraestructura accesible que facilite la circulación de personas con discapacidad.

ACM con información de NA

“Ahora llegó el momento de hacer lo que no queríamos hacer: elegir con cuáles pacientes continuamos trabajando y con cuáles no, en base a si la obra social pagó o no pagó”, dice Giuliana Nicolau desde su consultorio en Ramos Mejía. Es la tarde del miércoles 21 de septiembre y en media hora recibirá a la familia de un niño con discapacidad para informarle que suspenderá el tratamiento. La familia tiene O.S.C.T.C.P, la obra social de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). “Nos están debiendo mayo. A la cuestión económica se nos suma la cuestión ética de dejar a chicos sin tratamiento”, agrega la psicóloga y psicopedagoga (MN 70618). 

Desde hace dos semanas, prestadores y familias de personas con discapacidad están movilizadas por demoras en la cadena de pagos, que en algunos casos provocó suspensiones de tratamientos o pagos de manera particular. El Gobierno Nacional informó que no existe ningún recorte en el área y que los pagos se restablecieron, sin embargo hay obras sociales que aún mantienen deudas con los prestadores, algunas superan los seis meses. elDiarioAR habló con los distintos eslabones de la cadena para conocer cómo funciona este sector de la salud que engloba a 1.503.779 personas, según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad para marzo de 2022.

Desde el lado de prestadores indicaron que se fueron regularizando los pagos, pero no en todas las obras sociales. Algunas prepagas también lo confirmaron. Sin embargo, hay familias con riesgo de perder los servicios. ¿Dónde está el problema?

En el país existen diferentes tipos de coberturas. Por un lado, las personas con Registro de Discapacidad que no tienen obra social y poseen una pensión no contributiva están nucleadas en el Programa Federal Incluir Salud, que depende principalmente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en corresponsabilidad con las provincias. Por otro lado, para aquellas personas que tienen obra social o prepaga existe el Fondo Solidario, que recibe aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras y está sujeto a la recaudación de la AFIP. Ese dinero se administra de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la que regula y controla. También existe otro grupo que depende de las obras sociales provinciales sin injerencia del Estado Nacional. 

Es en el segundo grupo donde se focalizaron la mayoría de las quejas. No solo en la demora de pago a los prestadores, sino también en las dilataciones para las autorizaciones médicas. “Los atrasos de los aranceles no se regularizaron, hay obras sociales que te pagan con dos meses de atraso, otras con tres y otras que vienen desde enero. Eso no es regularizar, es hacer que peligren las prestaciones. Hay gente que en junio cobró facturas de 2020 de Osuthgra”, dice Gilda Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) en referencia a la obra social de la Unión de Trabajadores Hoteleros, cuyo secretario general es Luis Barrionuevo. Este jueves, el colectivo que lidera realizó una nueva Marcha de Antorchas desde el Obelisco hasta la Casa Rosada.

Si bien Kriskovich admite que llegaron algunos pagos, explica que no son la totalidad. Tradicionalmente los pagos son a 60 días, pero en los últimos meses todo se alargó. “Hay obras sociales, las más ordenadas pagaron junio, otras todavía no lo hicieron. El Gobierno dijo que para fines de septiembre iba a pagar julio, todavía no cobramos. El 15 de septiembre comenzaron a aparecer los pagos de las obras sociales porque la SSS empezó a pagar a las más chiquitas, las grandes quedaron últimas y son las que más pacientes tiene. Pero quedaron obras sociales que no pagaron junio y a las que la Superintendencia les pagó. Yo no sé que se hace con la plata, podrán en plazo fijo, no sé, la destinan para otra cosa”, cuenta la mujer que es profesora de Pedagogía Diferencial y mamá de un nene con discapacidad.

Desde el Gobierno Nacional negaron cualquier recorte o decisión de ajuste y explicaron que el Fondo Solidario no depende del presupuesto sino de AFIP. Además, indicaron que en el último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, del total de las obras sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%. El vocero de la ANDIS, Matías Fernández, lo confirmó en diálogo con elDiarioAR: “No hay recortes en el caso de la Agencia, tampoco en el de las prestaciones. La actual gestión ha tenido sistemáticamente aumentos presupuestarios, en lo general, por encima de la inflación. Además ha habido ampliaciones presupuestarias para poder mejorar las políticas públicas”. 

Fernández indicó que desde que asumió la actual gestión de Fernando Galarraga, el valor de las prestaciones (que están reguladas por un nomenclador) tuvo un aumento acumulado del 231%. “Está muy por encima de lo que es la inflación. El año pasado el aumento fue del 78.35% sobre el nomenclador y la inflación fue del 50.9%, casi 30 puntos arriba. Este año ya hay un 69% acumulado y una revisión en octubre. Cuando cambió el gobierno, nos encontramos con siete meses de demora en los pagos de las prestaciones del Incluir salud, tuvimos que regularizar una deuda de 6 mil millones de pesos por prestaciones”, explicó. Actualmente una consulta para psicología, por ejemplo, cuesta  2324.89 pesos según el nomenclador.

Sin embargo, en el otro extremo de la cadena hay familias que fueron notificadas y deberán pagar el tratamiento de manera particular o suspenderlo. Es el caso de Esteban, papá de Brisa, una nena de 8 años con Síndrome de Down. Tiene Unión Personal (UP), la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y el grupo terapéutico que atiende a su hija le avisó que deberá pagar 1500 pesos las sesiones de fonoaudiología, psicología y psicopedagogía. Estima que deberá tener 80.000 pesos por mes para el tratamiento y decidió enviar una carta documento a UP. “El domingo pasado tuvimos una reunión donde nos informaron que la situación era muy crítica, que tuvieron que pedir un préstamo para solventar el alquiler y los materiales, y nos dijeron que no le quedaba otra que empezar a cobrar. La situación es crítica e injusta porque hago los aportes, la gente no quiere ver una problemática que tenemos que es triste e injusta. Es un mundo con muchas barreras, persiguiendo a las obras sociales. Estamos con el peligro inminente de que nos corten los servicios”, explica. 

Bettina Tevere, mamá de Delfina, contó que el colegio especial privado al que asiste su hija les informó a principios de mes que si no se regulariza la deuda, evalúan cerrar. “Ya de por sí en Argentina es una burocracia total conseguir una terapia, hay un surco desde mi casa hasta la obra social. Pero este retraso llevó a esa comunicación del colegio. Las terapias son una fortuna, Delfi tiene psicopedagoga, fonoaudióloga y terapia conductivo-conductual. Las familias estamos asustadas, hay prestadores que están en paro y hay chicos sin terapia”, cuenta . “En el chat de madres, algunas dicen que cortarán las terapias, la gente del transporte escolar avisó que hasta que no les actualicen los pagos no siguen”, agrega. 

Fuentes de prepagas consultadas por este diario confirmaron que el dinero llegó a mediados de esta semana. “Lo que ocurrió el último mes fue un retraso importante en los depósitos. No era exactamente un ajuste, pero generó serias dificultades. Muchos prestadores son profesionales independientes o monotributistas sin la espalda suficiente para hacer frente a estas demoras. Afortunadamente, en las últimas horas , AFIP se puso al día”, indicaron desde una importante empresa de medicina prepaga.

“Tengo colegas que están sacando créditos en los bancos. Yo de junio cobré dos obras sociales nada más. La semana pasada Osuthgra me pagó abril, otra me debe mayo. Hay gente que no cobró cosas del año pasado todavía. Las respuestas son que la SSS no giró la plata o solamente el 30%. Hay casos en los que están pagando el 20% de una factura cuando todos sabemos que el monotributo hay que pagarlo al 100%”, explica Giuliana Nicolau. “Después del paro de dos semanas, empezamos a ver un poco de movimiento de plata, más que nada de las obras sociales chiquitas. Pero así como entró se fue porque tuvimos que pagar deudas de los gastos de seguros, matriculados, materiales, consultorio,  luz, etcétera. Entró, empecemos a pagar deudas y ahora llegó el momento de hacer lo que no queríamos hacer que es elegir con qué pacientes continuamos trabajando”, agregó.

Si efectivamente la SSS envió el dinero, pero algunas obras sociales no están pagando a todos los prestadores ¿qué pasa en el medio?. El rol de la Superintendencia no es solo destinar los fondos sino también controlarlos.

Paro por tiempo indeterminado

Desde PDU indicaron que si para fines de septiembre no tienen el pago correspondiente a julio, harán un paro el primer día de octubre por tiempo indeterminado. Otro de los reclamos de la marcha de este jueves será el de las demoras en las autorizaciones por parte de las auditorías médicas que realizan las obras sociales y prepagas para habilitar los tratamientos. “Hay retrasos en las autorizaciones de las prestaciones, eso es perjudicial. La obra social te dice que no brindes el servicio hasta que no esté la autorización porque se comienza a abonar en el momento. Por ejemplo, yo le presto servicio al paciente desde enero y recién la semana pasada lo autorizaron”, explicó Kriskovich

 “El reclamo es para que se mejore todo el área de discapacidad, el atraso de los haberes mostró lo mal que funciona el sistema, donde hay vulneración de derechos, violencia institucional hacia las familias y las personas con discapacidad, donde se tiene que seguir judicializando y haciendo amparos o recursos para que la persona tenga sus medicamentos, sus apoyos, la interconsulta, el pañal. Eso es un abandono hacia un sector que es vulnerable”, agregó. Todos coinciden en que el sector funciona de manera deficiente desde hace décadas. “El sistema está mal desde hace 30 años, no es ni con este gobierno, ni con el anterior. Siempre cobramos así, cuando uno decide dedicarse a discapacidad sabe que tiene estas demoras. Lamentablemente esto hace que los profesionales dejen de elegir estas carreras”, comentó Nicolau. 

Desde el Gobierno también trabajan en una nueva ley que contemple un nuevo paradigma y realizaron audiencias públicas en todo el país durante el primer semestre. “La ley vigente es de 1981, lleva la firma de Videla, está pensada desde el modelo médico de la discapacidad. Hoy hablamos del modelo social. Hace muchos años se pensaba cómo normalizar a la persona con discapacidad. Hoy, a nivel mundial se entiende que la persona tiene un déficit, pero la discapacidad se manifiesta cuando ese déficit entra en contacto con los entornos discapacitantes: barreras sociales, culturales y actitudinales que imposibilitan a la persona el llevar adelante una vida plenamente autónoma”, explicó Fernández.

CDB/MG

El Gobierno nacional aprobó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato digital, que será complementario al documento físico y tendrá la misma validez legal, vigencia y eficacia, según precisa la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Así se estableció mediante la Resolución 2008/2021 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que lleva la firma del Director Ejecutivo del organismo, Fernando Gaston Galarraga.

El artículo 2° de la norma aprueba “el modelo, las características y particularidades operativas del Certificado Único de Discapacidad en formato digital” publicadas en el anexo.

Entre las particularidades del mismo, se procederá a su visualización y/o descarga a través de un dispositivo móvil, de la App “Mi Argentina”; o del mismo sitio web, y además, al escanear el QR se accederá al sistema de Andis con los datos completos del CUD para fiscalizar.

Entre los considerandos se puntualiza que “resulta apropiado que el CUD en formato digital forme parte integrante de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional a los fines de que pueda ser alojado en dispositivos móviles inteligentes que facilite su portación al titular”.

También tendrá la “capacidad de contener dentro de su estructura lógica de datos, un certificado encriptado y firmado digitalmente”.

En tanto, el formato digital será “complementario al documento en soporte papel que continuarán entregando todas las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del país”.

El Presidente participará de un encuentro con personas con discapacidad

El presidente Alberto Fernández participará este viernes, a las 10, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), de un encuentro con personas con discapacidad, junto a quienes repasará las medidas que el Gobierno nacional lleva adelante para garantizar los derechos de ese colectivo y las líneas de trabajo a futuro para generar mayor inclusión en todo el país.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el mandatario realizará, además, una serie de anuncios que se implementarán en el marco de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de acompañar de manera integral y efectiva la inserción y el desarrollo laboral de personas con discapacidad, informaron fuentes oficiales.

Las iniciativas presentadas por el Presidente incluirán también medidas para facilitar el acceso a herramientas clave para la ampliación, optimización y simplificación administrativa de trámites en todo el país.

En tanto, a las 12, el Presidente mantendrá una reunión en Casa Rosada con las autoridades de YPF y de la empresa noruega de energía Equinor, con el objetivo de analizar sus planes de desarrollo para los próximos años.

A las 16.30 participará, por videoconferencia, del acto de inauguración de la segunda línea de producción de la Planta L'Amalí de la firma Loma Negra, en el municipio bonaerense de Olavarría, que implicó una ampliación del 40% de la capacidad total de la empresa y demandó una inversión de aproximadamente 350 millones de dólares.

Con información de agencia Télam.

AB