Dos hombres fueron detenidos en Mendoza en el marco de una investigación federal por la difusión de mensajes discriminatorios, apología del odio y amenazas contra el presidente Javier Milei. La causa se vincula a la propagación de contenidos antisemitas y de ideología neonazi a través de redes sociales, lo que encendió alertas por posibles riesgos asociados al extremismo violento.

La investigación se inició en octubre, luego de un informe de inteligencia criminal que advirtió posibles violaciones a la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios. A partir de ese material, la Justicia Federal ordenó profundizar las tareas para identificar a los responsables de las publicaciones.

En el marco de las pesquisas, los investigadores analizaron perfiles y publicaciones en redes sociales mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas. Ese trabajo permitió vincular los mensajes con dos personas domiciliadas en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, lo que derivó en la autorización judicial para realizar allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda del distrito Villanueva, en el departamento de Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz, según consignó MDZol. Allí fueron detenidos dos hombres, de 37 y 43 años, ambos argentinos.

Durante los operativos, se secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, un cargador, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa. Además, los efectivos incautaron objetos con simbología asociada a la extrema derecha y al nazismo, que quedaron incorporados como evidencia.

Tras las detenciones, los sospechosos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, que continúa con la investigación. Las armas fueron remitidas a la Justicia provincial, mientras avanza el análisis del material digital secuestrado para determinar el alcance de las amenazas y las eventuales responsabilidades penales.

Con información de medios

JIB

La polémica reforma de la Policía Federal que implementó Patricia Bullrich para habilitar a los agentes a hacer requisas callejeras sin orden judicial o ciberpatrullaje llegó al Congreso. Pero no lo hizo porque la ministra haya enviado la iniciativa para darle aval legislativo, sino porque justamente su decreto se salteó ese poder del Estado y la oposición cree que las medidas son inconstitucionales. Al coro de cuestionamientos se suma que hoy trascendió un primer pedido de amparo en la Justicia para dejar sin efecto los cambios en el funcionamiento policial, así como que está en curso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la Cámara de Diputados ingresó este jueves un pedido de nulidad del decreto 383 publicado el martes pasado con la firma de Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La iniciativa la promueven los diputados socialistas por Santa Fe Esteban Paulón y Mónica Fein. Entienden que es inconstitucional, entre otros puntos, porque el Congreso no delegó facultades al Gobierno en materia de seguridad, además de que se violan derechos fundamentales por aumentar la discrecionalidad policial.

El anexo al decreto de Bullrich es el que dejó por escrito las nuevas facultades de la PFA dándole la posibilidad a sus agentes de realizar requisas sin orden de un magistrado a partir de una serie de “supuestos” arbitrarios, como la presunción por parte del efectivo policial de que “se ocultan cosas relacionadas con un delito”, la existencia de “peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar”, o en el marco de “operativos de prevención” en lugares públicos. Además dispone que la fuerza acceda a “información y bases de datos públicas” e incluso “solicitar el acceso a bases privadas” si lo considera “justificado” sin un permiso judicial.

El Gobierno avanzó en su temeraria reforma con la excusa de que el Estatuto de la Policía Federal databa de 1958. El martes mismo Javier Milei presentó con la ministra la “modernización” de la PFA y buscó caracterizarla como la “FBI argentina”. Ayer el vocero Manuel Adorni atajó las preguntas al respecto en su conferencia de prensa y dijo que si hay críticas que “vayan a la Justicia”.

Justamente este jueves se supo que se presentó un amparo para frenar el decreto. Y el CELS, según pudo confirmar elDiarioAR, está trabajando en una presentación que hará la semana que viene en la Corte Interamericana de DDHH en el marco de la causa Bulacio. En 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter Bulacio el 26 de abril de 1991, apresado en una razzia de la Policía Federal a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Sin embargo desde entonces nunca se asumió el compromiso de modificar las leyes sobre facultades policiales de detención de todas las provincias del país, especialmente cuando se trata de menores de 18 años de edad, y armar una mesa de consulta federal que incluyera a miembros de la sociedad civil.

El CELS cuestionó en un comunicado que la reforma de la PFA se haya hecho sin pasar por el Congreso y apuntó: “La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales”. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que el decreto de Bullrich “le otorga facultades amplísimas para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos discrecionales, realizar tareas de espionaje y ‘esgrimir ostensiblemente sus armas’, además de definir su función no ya como garante de bienes y personas privadas o públicas, sino como ejecutora de las políticas de ‘seguridad nacional’”.

El diputado Paulón en su presentación de nulidad del decreto 383 sostiene que la Ley de Bases no habilita al Ejecutivo a legislar sobre seguridad pública, ni contiene declaración de emergencia en esa área. Por lo tanto, el decreto viola el artículo 76 de la Constitución Nacional, que exige que toda delegación legislativa sea expresa, limitada y con base en una emergencia claramente determinada.

El diputado argumentó además que el decreto implica un avance autoritario del Ejecutivo y es violatorio de derechos fundamentales. “Habilitar a la fuerza a realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial alguno, (...) tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales, tales como redes sociales abiertas, afecta derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión”, dice el planteo.

A su vez, sostiene que el Ejecutivo contradice sus propios compromisos y omite el debate democrático que exige una reforma de esta magnitud. El proyecto recuerda que la ministra Bullrich había prometido presentar una reforma de la PFA al Congreso y que incluso reconoció públicamente la necesidad de una transformación institucional bajo debate legislativo. En sus redes Paulón reveló el momento exacto en que Bullrich, el 10 de enero de 2024, ante una comisión de la Cámara baja que discutía la primera versión de la Ley Bases, se comprometía a que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso. “La reforma la traeremos al Congreso en su debido momento”, dijo entonces la ministra, hecho que no cumplió. “El ‘respeto a la ley’, te lo debo”, concluyó Paulón.

MC

El mismo día en que la Justicia federal dispuso la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional apretó el acelerador sobre su estrategia de seguridad y presentó la reforma más ambiciosa de la Policía Federal Argentina (PFA) desde su creación. En un acto encabezado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el cuartel de la Policía Montada, la Casa Rosada oficializó el nuevo perfil de la fuerza, que desde ahora se enfocará en delitos complejos y tendrá mayor libertad de acción, con un modelo institucional inspirado en el FBI de Estados Unidos.

Fue un gesto de alto voltaje político. Sin mencionar a la expresidenta, el Gobierno eligió responder a la escena con uniformes, banderas y doctrina de orden. “Nuestro gobierno lleva adelante las políticas de seguridad siguiendo tres ejes: el que las hace, las paga; las reglas se respetan; y los de azul son los buenos”, proclamó Milei, rodeado de los principales nombres de su administración.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, fue una de las primeras en llegar. A su lado estuvieron Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires; Guillermo Francos, jefe de Gabinete y principal operador político con las provincias; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Luis Petri, ministro de Defensa. También participaron jueces con fuerte peso en Comodoro Py, como Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal; y Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación. Como símbolo del vínculo internacional que busca instalar el Gobierno, estuvo presente Rick Hernández, representante del FBI en la Argentina.

El acto tuvo lugar en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo, pero la jornada del Presidente había comenzado mucho antes. Recién llegado de una gira internacional que lo llevó por Italia, España, Francia e Israel, Milei retomó este lunes su agenda de trabajo en la quinta de Olivos. Allí, desde temprano, mantuvo una serie de reuniones a puertas cerradas: primero con un grupo de empresarios europeos, luego con su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y más tarde con Francos. También mantuvo una llamada internacional y habló por teléfono con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien se comunica en promedio cuatro veces por semana.

Sturzenegger, que se prepara para desplegar una batería de decretos delegados, será uno de los protagonistas del Gabinete en las próximas semanas. Las facultades extraordinarias que el Congreso le concedió al Presidente con la Ley Bases en julio de 2024 vencen el mes próximo y no está previsto prorrogarlas. Por eso, en el oficialismo anticipan un flujo intenso de decisiones en múltiples áreas del Estado antes de esa fecha.

Reforma de fondo

La reforma policial, oficializada mediante el Decreto 383/2025, implica una reestructuración integral de la PFA. Se crean dos grandes áreas: el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), a cargo de tareas administrativas y de apoyo. Ambos contarán con direcciones especializadas en inteligencia criminal, cooperación internacional, análisis forense, asuntos internos y bienestar del personal.

El nuevo esquema no sólo amplía las funciones sino también los márgenes de intervención. La norma autoriza a los efectivos a detener personas sin orden judicial “cuando existan elementos suficientes que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un delito”. También habilita el acceso a bases de datos públicas y privadas para tareas de inteligencia, y permite patrullajes en redes sociales y sitios web abiertos sin autorización judicial previa. A partir de ahora, las investigaciones podrán iniciarse no solo por requerimiento judicial, sino también por instrucción directa del Ministerio de Seguridad.

“Esto es simple: el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”, sentenció Milei. En otro pasaje, reivindicó el sistema dactiloscópico creado por el argentino Juan Vucetich y adoptado por el FBI, como ejemplo del aporte nacional a las tecnologías de seguridad global.

Bullrich, a su vez, remarcó que la PFA ya venía en transición desde que transfirió sus tareas territoriales a la Policía de la Ciudad. “Esto marca un nuevo momento. Queremos llegar al hueso de cada una de las organizaciones criminales”, sostuvo. Y anticipó que los nuevos agentes del DFI deberán tener título universitario, preparación técnica y formación profesional específica.

La reforma no es sólo normativa. El decreto establece un cupo máximo de nuevos suboficiales, que se irá reduciendo año a año. El ahorro presupuestario, según explican desde el oficialismo, se destinará al Programa de Modernización de la PFA, orientado a tecnología, equipamiento y rediseño de procesos.

Sin embargo, más allá del tono tecnocrático, el mensaje fue simbólico. El Gobierno eligió marcar el inicio de una semana tensa con una demostración de autoridad institucional. Milei no habló desde Casa Rosada. Prefirió hacerlo al aire libre, entre caballos y efectivos de uniforme, para dejar en claro su visión de la calle y del orden. Como dijo desde el escenario: “los de azul son los buenos”.

PL/MG

El Gobierno habilitó a la Policía Federal, que comanda Patricia Bullrich, a realizar requisas personales en la vía pública sin orden judicial. La polémica iniciativa libertaria se confirmó este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, justo un día antes de que Cristina Kirchner busque encabezar una masiva movilización a Comodoro Py para quedar finalmente detenida tras el fallo en su contra en la causa Vialidad. Hoy, la ministra presentará los cambios en la fuerza acompañada por el presidente Javier Milei, en la sede policial de Palermo, donde la Justicia podría ordenar que la exmandataria quede presa hasta tanto se confirme su prisión domiciliaria.

Bullrich ejecutó la profundización de su política de mano dura mediante el decreto 383/2025, firmado por ella y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se dispone, como una de las nuevas facultades de la Policía Federal, la posibilidad de realizar requisas sin orden de un magistrado a partir de una serie de “supuestos” arbitrarios, como la presunción por parte del efectivo policial de que “se ocultan cosas relacionadas con un delito”, la existencia de “peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar”, o en el marco de “operativos de prevención” en lugares públicos.

Textualmente, en la medida oficial se lee entre las facultades de la PFA:

“Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

a. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

b. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

c. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención.

d. En los demás casos que prevea la legislación vigente“.

La norma de Bullrich deroga el Decreto-Ley N.º 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con la mano dura libertaria.

La medida establece un cambio profundo en el rol operativo de la Policía Federal, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito, dejando atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana, en especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso no quita que siga activo el protocolo antipiquetes, que Bullrich aplica cada vez que hay una manifestación frente al Congreso o la Casa Rosada. Uno de los objetivos que se mantiene para la fuerza es “proveer a la seguridad del Estado Nacional, protegiendo funcionarios, empleados y bienes nacionales”.

Entre los ejes principales del nuevo Estatuto figuran la modernización de la estructura orgánica, la incorporación de tecnologías forenses y sistemas de información, un programa de formación para profesionales universitarios y la implementación de protocolos de última generación para la investigación criminal.

Además, el decreto crea el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que será financiado parcialmente con la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales. El Ejecutivo también habilitó a la cartera que dirige Patricia Bullrich a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos.

La ministra Bullrich sostuvo que esta transformación busca “una fuerza ágil, inteligente y profesional”, alineada con estándares internacionales como los del FBI estadounidense. Milei encabezará esta tarde, desde las 15, el anuncio oficial junto a Bullrich en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, uno de los lugares que se especula podría ser el destino transitorio de Cristina Kirchner antes de que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria definitiva.

MC

Un policía federal de 38 años fue detenido acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, que advertía sobre un hombre que difundía videos de explotación sexual infantil mediante la red social Facebook.

La Fiscalía PCyF 17 Especializada en Delitos Informáticos, a cargo de Tomás Vaccarezza, ordenó que se lleven a cabo tareas de campo para dar con el paradero del presunto delincuente.

En este contexto, solicitó a la empresa proveedora de Internet que indicara los datos del cliente al que le fuera asignada la dirección utilizada en los momentos de la distribución del material ilícito. De este modo, se determinó que el servicio contratado se encontraba a nombre de un efectivo que formaba parte de la Policía Federal Argentina.

Luego, se logró localizar la línea telefónica vinculada al usuario de Facebook investigado, que se estaba vinculada al uniformado de la fuerza de seguridad. Intervino la División Operaciones Judiciales de la Policía Federal, con el objetivo de que realice diligencias discretas para dar con la identidad del hombre y su domicilio.

El involucrado es un inspector de la PFA, quien prestaba servicio el día de los hechos, y se determinó el lugar de residencia. Con todos los elementos reunidos, el fiscal pidió una orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza Rocío López Di Muro, titular del Juzgado N°4.

El operativo se llevó adelante en la dependencia policial y en la vivienda del sospechoso por personal de la División Operaciones Judiciales de la Policía Federal Argentina, en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Durante el procedimiento, se requisó el teléfono celular del policía y se encontró más material de abuso sexual infantil, mientras que en la finca había un arma sin documentación y se incautaron dispositivos de almacenamiento que serán peritados en el trascurso de la investigación.

El hombre quedó detenido hasta su indagatoria y fue imputado por el delito de tenencia de material de explotación sexual infantil.

MM con información de la agencia NA.

En el marco de la ceremonia de premiación de la Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker” de la Policía Federal que compartió junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei criticó lo que denominó “garantismo barbárico” -impulsado según su visión por el peronismo- y se disculpó con los efectivos policiales por “los años de escarnio a los que fueron sometidos por hacer estar dispuesto a dar la vida por otro”.

Luego de 46 días sin mostrarse juntos en público, la fórmula presidencial volvió a aparecer ante las cámaras, protagonizando un intercambio limitado que expone la interna libertaria, que sumó un nuevo capítulo cuando Milei calificó de “error” el homenaje que realizó la titular del Senado a María Estela Martínez de Perón.

El presidente llegó al acto de la Policía Federal acompañado por la ministra del Interior Patricia Bullrich y la secretaria de Presidencia Karina Milei, y saludó fríamente a Villarruel, que ya se encontraba en el lugar. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la vice fue invitada por la Policía Federal y no formaba oficialmente parte de la comitiva gubernamental. 

Durante su exposición que duró poco más de 8 minutos, el mandatario cuestionó la política de seguridad de los gobiernos peronistas al exponer que se “denostaba” a la Fuerza de Seguridad, e incluso “se elaboraban doctrinas para defender criminales a través de dilates argumentativos que no hacían más que esconder la verdad”.

“Entendieron a los delincuentes como víctima de su propia historia, de sus circunstancias y al hacerlo desprotegieron a la sociedad y le dieron la espalda a nuestras fuerzas policiales. Llegaron incluso a lo absurdo de liberar presos o castigar policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo”, aseguró.

En la misma línea, sentenció: “Se pasaron dos décadas defendiendo lo indefendible y tratando de hacernos creer que los delincuentes eran víctimas y nuestra Fuerza de Seguridad eran los victimarios. Durante años nos dijeron que propiciaban el garantismo, escudándose en la noción de proteger a las garantías constitucionales para promover lo que a todas luces no fue otra cosa que abolicionismo”.

Asimismo, aseguró que “aquellos que decían defender al Estado le prohibieron que ejerciera su principal responsabilidad que es reprimir el delito”, y planteó que, en cualquier versión de Estado moderno, “el monopolio de la fuerza y la represión del delito son responsabilidades públicas indelegables”, y responsabilizó a la izquierda de afectar esta premisa. 

“Debido a la penetración de la izquierda de las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre”, cuestionó, y agregó: “Pero la sociedad les dijo ‘basta’, y nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con la sociedad y volviendo a llamar a las cosas por su nombre”. 

Elogios a Patricia Bullrich

“Gracias a este cambio de rumbo estamos viendo resultados sorprendentes, doy dos ejemplos: el primero es que terminamos con los piquetes; el segundo, es todo lo que se ha logrado en Rosario, con el coraje de la ministra la doctora Patricia Bullrich”, destacó el presidente en su discurso.

El jefe de Estado pidió entender que “la seguridad pública es indispensable para la recuperación del país”, y aseveró: “¿Quién puede salir a trabajar todos los días al alba si la calle es insegura?, ¿quién se anima a arriesgar capital y poner un negocio si desde la política le responden que no tienen interés en perseguir al delito? O peor aún, ¿cómo puede haber crecimiento económico si nos pueden arrebatar el fruto de nuestro trabajo sin pena alguna?”

“Para que la policía pueda hacer su trabajo lo mejor posible necesita estar respaldada por el Gobierno porque un oficial de policía no tiene lugar para la duda cuando tiene que decidir entre la vida o la muerte en milésimas de segundos si el deber llama”, afirmó. 

Casi sobre el final de su breve discurso, cuestionó a “los políticos caranchos con seguridad privada” que “en lugar de respaldarlos en el desempeño de sus funciones deciden hacerlos desfilar por las calles de televisión para agitar sus propias banderas políticas”, y afirmó que en lo que denominó como “la nueva Argentina, no hay lugar para semejante degeneración”. 

“Hace 11 meses decidimos decirle no al garantismo barbárico que solo trae miseria, para decirle sí al orden cívico que garantiza el desarrollo y estamos dispuestos a morir en esta colina”, concluyó.

DM con información de agencia NA

La Cámara Federal de Apelaciones porteña analiza si reabrirá la causa por la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), sucedido el 2 de julio de 1976 por una bomba atribuída a la organización guerrillera Montoneros, informaron a elDiarioAR dos fuentes judiciales con acceso al expediente. 

El avance de la causa se da en paralelo con el objetivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel de reabrir las causas judiciales por atentados y secuestros adjudicados a Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ocurridos en su mayoría entre 1969 y 1979, de acuerdo al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la funcionaria desde hace casi dos décadas.  

El estudio del caso está a cargo de la Sala I: los tres jueces que la integran, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia debaten desde hace meses si declararán a este hecho como una grave violación a los derechos humanos y, por ende, imprescriptible.

Llorens tiene una postura clara sobre el caso: considera que es uno de los atentados terroristas más importantes de la historia del país, una lista que encabeza el atentado a la AMIA. La bomba detonada en el comedor de la Federal causó 24 fallecidos y al menos 60 heridos (algunos medios hablan de 23 muertos y más de 100 heridos), por lo que supera a las víctimas fatales del atentado a la embajada de Israel en 1992 (22 muertos y 242 heridos). 

El caso

El 2 de julio de 1976, una bomba tipo vietnamita estalló en el comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno al 1400, a una cuadra del Departamento Central de Policía. Murieron tres oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil. En el edificio trabajaban varias mujeres como empleadas administrativas, según informó La Nación. Montoneros se atribuyó el ataque horas después de la explosión en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”, de acuerdo a lo publicado por dicho medio. 

El responsable de colocar la bomba en el comedor habría sido José María Salgado, de 21 años, quien había cumplido el servicio militar en la Policía. Fue secuestrado y se encuentra desaparecido. Montoneros sostenía que allí funcionaba un centro clandestino de detención, lo cual luego se corroboró: se denominó Coordinación Federal.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó en los últimos días en respuesta al objetivo de la Vicepresidenta: “Los delitos cometidos por las organizaciones armadas que no fueron juzgados en su momento, no pueden serlo ahora porque están prescriptos”. “Los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad o contra la humanidad. Crímenes de tal magnitud que la humanidad decidió exhibirlos, juzgarlos y no repetirlos, como los del nazismo o de la última dictadura”, sostuvo la ONG que representa a víctimas de los militares y el caso AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Sin embargo, ninguno de los jueces del tribunal considera este caso como un expediente de lesa humanidad, ya que no hay intervención del Estado en el hecho, pero la clave está en si determinarán que se trata de una grave violación a los derechos humanos, una categoría utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para reconocer la imprescriptibilidad de ciertos crímenes y la responsabilidad del Estado para dar respuesta a las víctimas e investigar los hechos, afirmaron las fuentes consultadas.

Se trata de antecedentes de los últimos 20 años, como el caso de Walter Bulacio –que obtuvo una sentencia a favor en la Corte IDH en 2003– o el caso AMIA –por el que el organismo internacional condenó este año al Estado argentino–, que pueden cambiar por primera vez en casi dos décadas la posición de la Justicia sobre un caso atribuido a la guerrilla de los 70. Ninguno de estos casos que ahora están siendo estudiados por la Cámara Federal porteña son por delitos de lesa humanidad y sin embargo la Corte IDH los catalogó como casos de graves violaciones a los derechos humanos. 

Bulacio y AMIA tienen, sin embargo, ciertas características especiales, como la participación de agentes de la Policía Federal en el primero y el encubrimiento del atentado por parte del Estado en el segundo caso.

Los casos Bulacio y AMIA son apenas dos de los antecedentes de la Corte IDH que están siendo analizados por la Cámara Federal porteña. En el caso AMIA, el tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y ordenó que se comprometa con la investigación judicial y las medidas de reparación.

En el caso Bulacio, el tribunal internacional determinó que él como víctima y sus familiares vieron violados sus derechos humanos cuando el Estado argentino incumplió los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que garantizan a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, además de a la protección judicial.

El juez Llorens pidió copia del expediente judicial del atentado al comedor, tramitado en 1976, durante la dictadura militar, y se encontró con que ningún juez intervino en el caso. Sólo hallaron un sumario policial. En los años de plomo y picana, el Estado acudía a la clandestinidad: el secuestro, la tortura y la desaparición. Como consecuencia, las familias de las víctimas de la voladura del comedor de la Federal nunca tuvieron un juicio ni reparación económica. El Estado no intervino desde la legalidad. Por eso, los jueces debaten si la Justicia en democracia “debe dar una respuesta a las víctimas sin revivir la teoría de los dos demonios”, confío una fuente al tanto de las deliberaciones.

La causa

La causa ha pasado por distintas instancias desde 2003. Los familiares de las víctimas de la bomba del 2 de julio de 1976 y organismos que los acompañan como querellantes en los expedientes sostienen que el hecho no ha prescripto con diferentes argumentos legales. Sin embargo, en dos oportunidades la jueza María Servini determinó que el caso está prescripto y sobreseyó a los acusados en 2007 y 2013, entre ellos a Mario Firmenich y Horacio Verbitzky. Así también lo planteó la defensa oficial de los acusados y el fiscal Guillermo Marijuán. Fue ratificado por la Cámara Federal en una oportunidad y por la Cámara Federal de Casación.

Los querellantes volvieron a presentarse y pidieron la reapertura del expediente, el llamado a indagatoria de los acusados o la realización de un juicio por la verdad, con el argumento de que se trata de hechos de graves violaciones a los derechos humanos, en consonancia con la Corte IDH. Los Juicios por la Verdad fueron una herramienta a la que se recurrió en la década de 1990 para investigar y sacar a la luz los crímenes de la última dictadura cívico-militar mientras estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. 

La jueza Servini considera que el caso es cosa juzgada. Los querellantes acudieron entonces a la Cámara Federal. 

Los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia por el momento rechazan la idea de un juicio por la verdad, explicaron a elDiarioAR dos fuentes con acceso directo a los debates dentro de la Cámara Federal porteña. 

Hasta el momento, ninguno de los casos de crímenes atribuidos a la guerrilla planteados por familiares y ONGs, como el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci o los secuestros y asesinatos de los militares Argentino del Valle Larrabure y Jorge Ibarzabal, han sido declarados imprescriptibles. El argumento de la Justicia hasta el momento es que los responsables de dichos crímenes no contaron con la complicidad o participación del Estado.

Estos últimos tres casos también han sido planteados por los familiares de las víctimas ante el Poder Judicial buscando una equiparación con las causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Todos han recibido fallos contrarios.

El caso de Larrabure incluso llegó hasta la Corte Suprema, donde aún está pendiente de resolución.

El estudio del caso de la bomba en el comedor de la Federal por parte de la Cámara Federal porteña plantea “características especiales”, como la cantidad de muertos y heridos, y la afectación a civiles de manera indiscriminada, qué sí permitirían un análisis bajo la categoría jurídica de graves violaciones a los derechos humanos, explicó a elDiarioAR una fuente al tanto del análisis que realizan los jueces.

Esta nota fue actualizada el 01/09/2024 a las 16:00.

ED/MG

Habían pasado unos minutos desde el incendio del móvil de Cadena 3 cuando un auto gris estacionó junto al coche quemado, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen que bordea la plaza del Congreso. Era la tarde del miércoles 12 de junio y el momento más álgido de la represión durante el debate por la Ley Bases había terminado, aunque aún había fuerte presencia de policías. El auto gris, un Chevrolet Classic con caja de carga en el techo, tenía la patente dada vuelta: NBQ 056. Dos jóvenes a cara descubierta bajaron del vehículo, se metieron dentro del móvil calcinado de Cadena 3 y con un cuchillo le arrancaron los cables de cobre del tablero de control.

Toda la secuencia fue filmada por el periodista Orlando Morales, quien trabajaba con el auto incendiado. En el video se ve que los jóvenes actúan con calma pese a que hay un remolque policial estacionado a un par de metros. Sobre el final de la grabación, un agente de la Policía Federal los aborda, mientras otro le pide a Morales que deje de filmar. Según el periodista, ambos fueron detenidos en el momento. “Cayó la policía y se los llevaron adelante mío −dijo Morales a elDiarioAR−. Tuve que hacer la denuncia de que me estaban robando los cables del auto”.

En la comisaría los identificaron como L. E. B. y D. G. G., de 23 y 24 años, ambos de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Según pudo averiguar este medio, uno de ellos tendría parentesco con el titular del Chevrolet, otro joven de 22 años que vive en un barrio popular de Rafael Castillo, también en La Matanza. La averiguación de antecedentes de ambos detenidos dio negativa. Pasaron la noche del miércoles bajo arresto, y en la madrugada del jueves fueron entrevistados por personal del área de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación que visitó a varios de los detenidos durante la jornada en el Congreso.

Debido a que fueron arrestados por fuerzas federales, el caso entró inicialmente al fuero federal. Pero la policía calificó el delito como “tentativa de robo”, por lo que pasaron al fuero ordinario y quedaron a disposición del Juzgado Nacional Nº 30. El sumario llegó al juzgado recién este miércoles, lo que significa que ambos fueron liberados de la comisaría algunas horas después de su detención. Si hubieran permanecido bajo arresto, el trámite no podría haberse dilatado tanto ya que el código procesal impide retener a un preso que aún no fue indagado. En este caso, además, los detenidos no tenían antecedentes y responden por un delito menor.

El juzgado aún no tomó declaración indagatoria a los imputados. La tentativa de robo prevé una pena de entre quince días y cuatro años de prisión pero, al no tener antecedentes penales, los acusados tienen altas chances de resolver su situación con una probation. Fuentes con acceso al sumario policial explicaron a elDiarioAR que, además, los cables que sustrajeron estaban quemados, por lo que robaron objetivos de escaso valor. 

El trámite contrasta con la gravedad de lo que vivieron casi todos los demás detenidos durante la represión en el Congreso, cuyos casos quedaron en el fuero federal. Personas arrestadas por “tirar piedras”, “saltar una valla”, “filmar el operativo”, “patear a un policía” o tener “actitud beligerante” fueron acusadas por el fiscal Carlos Stornelli de “lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”, con el “posible agravante” que duplica las penas por delitos “con la finalidad de aterrorizar a la población”.

El ataque al móvil de Cadena 3 fue uno de los episodios más agitados por el Gobierno para justificar el accionar policial. Sin embargo, todavía no se detuvo a nadie por el incendio del coche, pese a que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En una resolución firmada ayer, la jueza federal María Servini de Cubría dijo que “entre los sucesos acontecidos algunos de ellos todavía no se encuentran en conocimiento del Juzgado a mi cargo, entre ellos la quema de un rodado en las inmediaciones de la plaza, circunstancia que fuera reproducida por medios periodísticos, y que se encontraría judicializado en la justicia ordinaria”.

Aunque no aparecen ligados a la quema del auto, ya que llegaron al lugar un rato después, está probado que L. E. B. y D. G. G. vandalizaron el móvil calcinado de Cadena 3. ¿Por qué tenían la patente invertida? ¿Cómo llegaron con su vehículo hasta la zona más caliente de la plaza? ¿Cómo es posible que estacionaran junto a un remolque policial para robar? ¿Por qué la policía no los detuvo hasta que Morales empezó a filmar? “Tuvieron suerte de no terminar en una cárcel federal con una causa por presunto terrorismo”, dijo a este medio una fuente con acceso al legajo policial. Lo cierto es que los dos jóvenes fueron acusados por un delito menor y liberados poco después de su arresto. Una semana después de los hechos, todavía no los indagaron.

La legisladora porteña Claudia Neira, de Unión por la Ciudad, se pregunta además por qué los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a apagar el incendio del automóvil y por qué la Policía Federal permitió que el fuego consumiera casi la totalidad del vehículo antes de intervenir. “Tenemos la información de que, en las modulaciones de radio, los bomberos de la Ciudad recibieron la orden de no intervenir porque las fuerzas federales estaban actuando en el lugar”, dijo Neira a este medio. La legisladora ya solicitó al Ministerio de Seguridad porteño que entregue la totalidad de las modulaciones correspondientes al operativo de seguridad, que informe si fue requerido el Cuerpo de Bomberos con motivo del incendio del móvil de Cadena 3 y que remita el croquis de la zona donde se produjo la quema del coche.

ED/DTC

Apenas unas 35.000 personas. Esa cifra irrisoria sobrevoló como balance de la marcha universitaria en el comando unificado de la Policía Federal, que conduce Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, cuando las multitudinarias columnas de manifestantes ya conectaban el Congreso con la Plaza de Mayo al caer la tarde de este martes. 

Ante la consulta de elDiarioAR, desde muy cerca de la ministra buscaron bajarle el tono a la masiva movilización en un balance extraoficial. El número estimado quedó muy lejos de la cifra aportada por la Policía de la Ciudad, que depende del gobierno porteño de Jorge Macri. En el ministerio de Seguridad local, que dirige Waldo Wolff, apuntaron a este medio que se movilizaron 150.000 personas. Queda más lejos aun del número calculado por organizadores, que sumaron cientos de miles. La UBA estipuló que se movilizaron 500.000 personas.

La marcha universitaria se desarrolló de manera pacífica, sin ningún tipo de incidentes y esa caracterización la compartieron a su modo desde las fuerzas de seguridad. “Por el momento todo se desarrolla con normalidad”, señalaron desde la Ciudad minutos después de las 17. “Todo tranquilo”, fue el parte en la Nación.

La manifestación sobrepasó la capacidad del pomposo protocolo antipiquete que está activo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Desde temprano Bullrich desplegó a la Federal, Gendarmería y la Prefectura en las inmediaciones del Parlamento y la Casa Rosada. “Nuestra primera responsabilidad es que los edificios federales estén debidamente cuidados”, señaló una fuente del entorno de la ministra.

Frente al Parlamento, la Federal hizo un cerco con agentes ataviados con escudos, escopetas y cachiporras. El objetivo fue evitar que la marcha llegara a ocupar ese tramo de la avenida Entre Ríos. Así, las columnas que llegaron a la plaza del Congreso desde Callao o Rivadavia continuaron su recorrido hacia la avenida de Mayo. “Por favor, suban a la plaza para manifestarse”, llegó a pedir un policía con megáfono. Cuando el acto en la Plaza de Mayo estaba comenzando, aún estaban colmadas las inmediaciones del Congreso. 

Bullrich llegó al comando unificado federal cerca de las 18. Por la mañana había estado con el Presidente en la Rosada en una nueva reunión de Gabinete. Milei se retiró de la Casa Rosada cerca de las 14. 

“Es una marcha rara. Hay demasiados intereses que se juntan”, había dicho temprano Bullrich para buscar contrarrestar la manifestación universitaria, a la que también se plegaron banderas partidarias, sindicales y de derechos humanos. “Es una marcha compleja, donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno”, acusó la ministra antes de la manifestación. Luego buscó bajarle el tono al afirmar que la convocatoria no superó las 40 mil personas.

MC

Una denuncia penal contra la Policía Federal Argentina (PFA) por incidentes registrados días atrás con manifestantes en las inmediaciones del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía la denominada ley “Bases” fue presentada hoy ante la Justicia en lo Criminal Federal.

La denuncia, que fue acompañada por profesionales del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, la presentó un empleado del bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) por lesiones que habrían recibido él y un abogado que asesora a esa fuerza.

La acción penal por los presuntos delitos de “vejaciones” y “lesiones graves” fue impulsada por el secretario parlamentario del FIT, Guillermo Ermili, quien sostuvo que aquella noche, cerca de las 21, se encontraba “monitoreando la protesta” en la Plaza Congreso cuando aparecieron efectivos de la PFA que se desplazaban en motocicletas.

El denunciante, cuya exposición quedó plasmada en un acta que acompañó la denuncia, sostuvo que los policías que acompañaban en la parte trasera de las motocicletas comenzaron a arrojar gas pimienta contra los manifestantes que se hallaban sobre la plaza y luego a efectuar disparos con balas de goma.

Agregó que entonces se le acercó su compañero, el abogado Matías Aufieri, quien le mostró cómo lo habían herido en un ojo y, al intentar ayudarlo “porque no veía”, él recibió un balazo por encima de la cintura, se cayó y recién pudieron reincorporarse cuando cesaron momentáneamente los disparos para ir a resguardarse detrás de un monolito.

Ermili señaló que no pudo identificar a quien le disparó porque llevaba puesto casco que le cubría la cabeza y, además, se habían apagado las luces en una zona de las inmediaciones del Congreso.

CRM con información de la agencia Télam

En la segunda jornada de debate por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, se produjeron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan contra el megapaquete de reformas. Efectivos de la policía motorizada y Gendarmería avanzaron contra las personas que concentran en la Plaza de los Dos Congresos en rechazo de la iniciativa que podría votarse en esta madrugada.

Tal como sucedió ayer, las fuerzas de seguridad conformaron un cordón policial para contener la protesta y circunscribirla a la vereda, conforme a los establecido en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A las 19.45, un grupo de policías motorizados de la Policía Federal comenzaron a despejar la Avenida Rivadavia, desde la altura de Callao hasta Rodriguez Peña, utilizando maniobras disuasivas sobre los manifestantes. Las mismas consistían en acelerar sobre ellos, mientras les rociaban gas pimienta. 

Una vez despejada la avenida, efectivos a pie de la misma fuerza comenzaron a disparar balas de gomas y rociar gas contra las organizaciones que se encontraban sobre la plazoleta, entre Rodriguez Peña y Solís, a unos cien metros del Congreso. “El operativo es un éxito”, evaluaron en el entorno de la ministra Bullrich ya avanzada la tarde.

Los disparos alertaron a los diputados que se encontraban dentro del Parlamento. Diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria pidieron suspender la sesión, pero la moción fue rechazada. Ante la negativa, decidieron abandonar el recinto para acompañar a los manifestantes en la calle e intentar apaciguar la situación.

“Nos enteramos que estaban reprimiendo. Cuando llegamos, los policías también se vinieron contra nosotros”, dijo a elDiarioAR la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.

El fotoperiodista Rodrigo Ruiz se encontraba del otro lado de la avenida Rivadavia, sobre la calle Hipolito Yrigoyen. El miércoles Rodrigo también habia estado en el Congreso. Sus fotos reflejaron la represión y la rudeza con que las diferentes fuerzas de seguridad agredían a los militantes.

“La jornada transcurría sin inconvenientes”, contó Ruiz al elDiarioAR. “Mucha presencia policial, algo que ya estamos acostumbrados”. Ruiz quería acercarse a un grupo de jubilados que protestaban sobre la plaza Congreso. Fue cuando escuchó el rugido de las motos. “Empezaron a disparar a la gente que estaba sobre el cordón”, relata el fotoperiodista. Fue cuando sintió el ardor por debajo de su rodilla: tenía dos impactos de bala. “Me asusté porque la sangre no paraba”, detalló. No fue el único trabajador de prensa herido. Según información del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), fueron al menos 20.

Máximo Kirchner, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Alejandro Vilca ─que ya fue agredido durante la primera jornada de movilización─ y Myriam Bregman son algunos de los legisladores opositores que abandonaron sus bancas en rechazo al “operativo represor”.

Mientras tanto, dentro del recinto el oficialismo hizo la propuesta de dictamen definitivo, con modificaciones de último momento para intentar alcanzar los votos necesarios para obtener media sanción en la madrugada.

Informe: Facundo Lo Duca

ACM/DTC

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar hoy a un habeas corpus preventivo y ordenó a las autoridades del Ministerio de Seguridad que no soliciten a las fuerzas federales que filmen o intercepten pasajeros en transportes públicos durante el paro general de este miércoles 24 de enero. Mañana, la CGT, junto a otros gremios, se movilizará contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus impulsada por el Gobierno nacional.

El magistrado exhortó a la cartera a cargo de Patricia Bullrich a que “se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que el próximo miércoles 24 e enero, se filmen y/o intercepten a personas en la vía pública ─particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este juzgado─ con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230 bis CPPN (Código Penal)”.

Además, se solicitó al gobierno que, instruya a los efectivos policiales para que, ante alguna situación particular que requiera una requisa, se labre el acta pertinente de modo tal que luego pueda ser sometido a control jurisdiccional, en cumplimiento de las previsiones legales vigentes.

La decisión de Kreplak llega a un día del primer paro general contra la administración libertaria y luego de analizar un planteo presentado por integrantes de distintos espacios de militancia medioambiental, quienes ─bajo el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro─ denunciaron las requisas ocurridas durante las manifestaciones de fines de diciembre de 2023. Para aquel entonces, el protocolo antipiquetes ya se encontraba activo.

Antes de emitir su resolución, el juez había consultado a las autoridades de la cartera si tenían previsto algún tipo de acción de estas características para este miércoles, a lo que recibió una respuesta negativa. Sin embargo, luego de que se conociera la decisión judicial, el Ministerio de Seguridad advirtió que la medida sólo alcanza a la localidad bonaerense de La Plata y “no afecta a otras jurisdicciones del país”. Esto último genera sospechas respecto de la posibilidad de que se realicen requisas en otros puntos de concentración.

En este marco, de manera preventiva, Kreplak recordó que “la eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos ─esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social─ implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional”. Esta situación se vería agravada en caso de que la intervención policial y las requisas no quedaran plasmadas en las actas pertinentes.

Por otra parte, el juez declaró “improcedente” el planteo de inconstitucionalidad y nulidad realizado por los accionantes en relación al protocolo antipiquetes impulsado por la gestión de La Libertad Avanza.

Además de autorizar la filmación de “autores, cómplices e instigadores” de una marcha, la iniciativa del gobierno, que lleva la firma de Bullrich, prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” en aquellos casos en que una protesta social genere cortes de calles o impida la circulación en las principales arterias y rutas.

La normativa entiende un impedimento a la normal circulación como “cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles, rutas o avenidas o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”.

Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad precisamente para consensuar cuestiones logísticas referidas al despeje de algunas calles de la city porteña. Acordaron, entonces, que el ingreso de los manifestantes se de forma exclusiva por la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio.

ACM con información de agencias.

El jefe de la Policía Federal (PFA), Luis Rolle, avanzó con la purga de la cúpula del cuerpo de seguridad y dispuso el retiro de 16 comisarios generales de la plana mayor. Según indicó, la medida anunciada este martes a las 17.00 en el Departamento Central de Policía cuenta con la aprobación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, la funcionaria del gobierno de Javier Milei no se refirió al respecto.

En los últimos días, la titular de la cartera de Seguridad intentó días atrás nombrar su propio jefe de la Policía Federal, pero desde el gobierno de La Libertad Avanza le negaron esa posibilidad. Esa actitud dejó expuesto su bajo poder de acción e influencia dentro de la fuerza y dejó que manifiesto el peso con el que sí cuenta Rolle.

Con el recambio de autoridades, los únicos comisarios generales que se mantuvieron son el propio Rolle y el subjefe de la PFA, Mariano Giuffra, más allá de los comisarios mayores que puedan llegar a ascender en los próximos días.

Quiénes son los 16 comisarios generales desplazados

A estos 16, se les debe sumar, además, el jefe y subejefe que precedieron a Rolle y Giuffra: los comisarios generales Juan Carlos Hernández y Osvaldo Rubén Mato.

ACM con información de agencias.

El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, manifestó hoy su “respaldo” a la Policía Federal que “sale a la calle a defender la Constitución y, sobre todo, la vida y bienes de los argentinos”, y agradeció el trabajo que llevan adelante sus efectivos, en un acto que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

“Somos muchos los que nos dedicamos a la función pública y tenemos vocación política, y por eso creemos que no hay mejor herramienta para el cumplimento de la ley que contar con fuerzas de seguridad profesionales, equipadas y respetadas. Sepan que, de mi parte, tienen todo el respaldo para salir a la calle, defender la Constitución y, sobre todo, la vida y bienes de los argentinos”, remarcó Massa.

El ministro formuló estas declaraciones durante una ceremonia que se desarrolló en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, donde se conmemoró la semana de la Policía Federal Argentina, una fuerza creada hace 202 años.

En ese marco, el candidato agradeció el trabajo de los efectivos de la policía por el “esfuerzo anónimo y silencioso” y “muchas veces en condiciones de enorme dificultad” para “cuidar a los argentinos”.

“Arriesgan sus vidas y lo hacen pensando en el otro. No hay acto mayor de amor por nuestra Patria que la elección que año a año hace cada promoción de cadetes y la entrega que realiza hace cada uno de los familiares de los integrantes de las fuerzas de seguridad”, subrayó.

A su vez, sostuvo que es responsabilidad del Estado “dotar a la Policía y a todas las fuerzas de las herramientas para trabajar mejor” con instrumentos logísticos y tecnológicos.

“Quiero agradecer el trabajo conjunto en la jerarquización salarial y la eliminación del impuesto a las Ganancias en el salario de todos los trabajadores de las fuerzas de seguridad”, afirmó.

Finalmente, Massa aseguró tener “en claro” que el Estado argentino “debe profesionalizar aun mas nuestras fuerzas de seguridad” y reconoció que el esfuerzo de cada uno de los miembros de las fuerzas “a veces cae en saco roto cuando la justicia no actúa con la consecuencia con la que actúan las fuerzas de seguridad”.

Luego de entregar reconocimientos y promociones por las tareas desempeñadas a miembros de la Fuerza Policial, Aníbal Fernández también ponderó “el esfuerzo que hacen todos los días los hombres y mujeres a quienes le confiaron el uniforme”.

Fernández destacó el rol que desempeña el ministro de Economía “para que crezcan y se desarrollen” las fuerzas de seguridad mientras “tiene que hacer equilibrio todos los días y tratar con lo más complicado”.

“Todo eso sigue siendo un beneficio para la sociedad y el hombre y mujer que camina por la calle esperando que sus fuerzas de seguridad los cuiden y protejan en cuanto sus bienes, vidas y libertades. Felicitaciones, gracias por todo y que Dios los bendiga”, concluyó el titular de la cartera de Seguridad.

CRM con información de la agencia Télam

El Gobierno nacional dispuso la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC) para brindar de una manera más “eficiente” las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: “Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y Comando N° 3 - Suroeste, con funciones en La Matanza”.

En tanto, los comandos 4 y 5 corresponderán al “Sur” (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y “La Plata” (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, se aclaró en el texto oficial.

El artículo 2 de la resolución estableció que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo indicó que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”.

“Actualmente -se expresó el texto- las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado 'mapa de calor' en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Así, “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Télam.

IG

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en una causa que investiga a una banda dedicada a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.

La investigación, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini, llegó el pasado jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero les secuestraron elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.

“Se secuestraron en ambos domicilios elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional”, informó la PFA en un comunicado.

La causa judicial comenzó a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que “una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios”, indicó el comunicado.

La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que logró “identificar la primera línea de esta organización delictiva” que “lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares”, se detalló.

Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que “se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord”, añadió el comunicado de la PFA.

“El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países”, aportó el comunicado.

Esta investigación está vinculada con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.

Pero el juez federal Luis Armella habilitó este viernes el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, y esta madrugada finalmente salieron de la terminal junto a otras 14 embarazadas rusas que llegaron en vuelos de Ethiopian Airlines.

La decisión de Armella se respaldó en “el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”, aunque el magistrado sostuvo que “fue correcto lo que hizo Migraciones, ya que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”, indicaron fuentes judiciales.

Por otro lado, agentes de la División Asuntos Migratorios conjuntamente con inspectores del área de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) realizaron durante esta madrugada un operativo para determinar si las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país el jueves estaban en el domicilio consignado al arribo.

Los funcionarios concurrieron a los hoteles Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express y Esplendor, todos de la Ciudad de Buenos Aires, donde comprobaron que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso, solamente había ocho en el domicilio consignado.

Con ello pudo determinarse que en su mayoría habían aportado domicilios a los cuales no iban a concurrir, “observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad”, indicó el comunicado de la PFA.

“Este accionar, denota otro interés por parte de los supuestos turistas, no siendo este el de querer conocer y disfrutar nuestro país sino, que a grandes rasgos refleja la intención de aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I / Pasaporte) que otorga nuestro gran país a todas las personas de bien que quieren residir de forma legal en el Territorio Nacional”, indicó el texto.

MB con información de agencias de noticias Télam

Los investigadores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner probarán un último recurso tecnológico para intentar recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó una pistola cargada y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta el 1° de septiembre último. La técnica que aplicarán es riesgosa pero es la única alternativa para intentar esclarecer el punto más opaco de la causa, explicaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. 

El teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado de entre las posesiones que el hombre llevaba consigo la noche del atentado. Al comienzo de la madrugada del sábado 3 de septiembre, 19 minutos y 26 segundos después de la medianoche, el Samsung Galaxy A50 quedó restablecido a sus valores de fábrica, es decir, volvió a cero y se perdió el contenido (chats, mensajes, agenda, anotaciones, fotos, videos, archivos) producido por Sabag Montiel. 

Los datos surgen del informe de pericia realizado por la Gendarmería a pedido del fiscal Carlos Rívolo y ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti para establecer qué sucedió con el teléfono y por qué se perdió una prueba central para la investigación. La magistrada denunció a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en la manipulación del celular en pos de realizar la extracción del contenido.

Gendarmería estableció que el reseteo del teléfono fue debido a una “errónea manipulación del dispositivo”, producto de una supuesta cadena de errores que habría comenzado durante la primera pericia (realizada por PFA), la aplicación de dos softwares que no eran acordes al teléfono, el hecho de que el perito de la Federal no envió un protocolo a los peritos de la PSA sobre qué pruebas y softwares había aplicado en los tres intentos frustrados para abrir el dispositivo y el intento final de los técnicos de la PSA que terminó por restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

La PSA realizó otras pericias para recuperar parte del contenido del celular alojado en la nube, pero con las herramientas agotadas y la investigación delegada en sus manos, la fiscalía optó esta semana por la última carta: con la conformidad de la jueza y de los abogados de Fernández de Kirchner, que integran la querella, buscará aplicar una técnica a través del programa UFED Premium.

La herramienta aún no se utilizó y tiene la característica de que ofrece un rango de éxito en el intento de recuperar parte o la totalidad del material del dispositivo pero si fracasa, el contenido se borrará definitivamente, sin posibilidad de aplicar otro intento o tecnología, explicó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

El protocolo indica que en primer lugar se debe intentar la pericia en un teléfono de la misma marca y modelo que el de Sabag Montiel a modo de prueba, con el objetivo de estudiar el recorrido que debe aplicarse para restablecer el contenido perdido. La jueza Capuchetti ya envió un oficio a la Gendarmería para que la fuerza le informe si cuenta con el programa indicado.

ED

Mientras el juicio oral y público por la causa de los cuadernos avanza a paso lento, sin fecha de inicio, en un expediente paralelo que comenzó a crecer en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intenta determinar si los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno fueron adulterados y por quién. 

Hasta ahora, los cuadernos nunca habían sido peritados, a pesar de los insistentes pedidos de algunas de las defensas. Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi, quien declaró como arrepentido en la causa original pero sostuvo que sus pagos ilegales al entonces funcionario Roberto Baratta fueron aportes ilegales de campaña y no fueron sobornos. Baratta niega haber recibido dinero de los empresarios.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

Estas modificaciones sobre los originales consisten en tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco (liquid paper). Por ejemplo, a pedido del abogado de Losón, se determinó que el nombre de pila del empresario había sido agregado por posterioridad sobre otro nombre (“Marcelo”), sobre el que se reescribió “Armando”. Sólo se estudiaron las menciones a Losón y a la dirección de su compañía en estos tres cuadernos.

Tras analizar los resultados de la pericia caligráfica, el siguiente paso en el expediente es intentar determinar quién sería este “otro escribiente”, que habría corregido o alterado menciones a Losón en los cuadernos 7 y 8. 

Allegados

El juez busca información sobre dos personas de las personas que admitieron haber estado en contacto con los cuadernos antes de que éstos llegaran a la Justicia: la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz; y su amigo Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó una caja con los ocho cuadernos originales a La Nación en 2018. Ninguno de los dos ha reconocido haber alterado los escritos del ex chofer de Baratta y fueron testigos en la causa de Bonadio.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Para comparar las escrituras de Horovitz y Bacigalupo, Martínez de Giorgi rastrea en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) las fichas que el Estado solicitaba décadas atrás a las personas para completar sus datos personales para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas fichas se completaban a mano por parte del solicitante del documento y se firmaban de puño y letra, lo que puede aportar “rasgos de escritura” de las personas. Con esas muestras, el juez buscará que los peritos de la Federal logren determinar si alguno de ellos es el “segundo escribiente” que dejó su escritura en los cuadernos 7 y 8.

Ni Centeno ni sus dos allegados han sido citados en la causa ni están formalmente imputados en el expediente.

Además, la querella, es decir, el abogado de Losón, presentó ante el juzgado una nueva pericia privada -ya había presentado su propia pericia caligráfica que motorizó la realización de la oficial-, esta vez, realizada por expertos en lingüística. Martínez de Giorgi busca que peritos oficial, posiblemente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen el mismo tipo de estudio: una pericia lingüística sobre los cuadernos 4, 7 y 8 para analizar las expresiones escritas en los textos e intentar determinar si los tres cuadernos fueron escritos con la misma lingüística. 

La querella sostiene que los primeros cuadernos -el 4, por ejemplo- fue escrito de una forma más rudimentaria con respecto a los cuadernos posteriores, como el 7 y el 8.

¿Qué pasará si los peritos oficiales determinan que ni Horovitz ni Bacigalupo son el “segundo escribiente”? 

Vuelo corto, viaje largo

En sí misma, la causa iniciada por Losón tiene vuelo corto para los fines penales. Una fuente directa de la investigación dijo a elDiarioAR que si los peritos oficiales no logran identificar al “segundo escribiente”, el expediente terminará archivado, ante la imposibilidad de identificar a los supuestos adulteradores de los cuadernos.

Losón busca que la acusación en su contra por el caso cuadernos sea neutralizada por las pericias oficiales. El expediente contra el empresario por los pagos ilegales a Baratta durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner -otra de las imputadas- aún no ha sido elevado a juicio debido a los planteos de la defensa.

Pero, además, los resultados de estas pericias oficiales podrían impactar de lleno en el caso de los cuadernos y otorgar a las defensas de otros empresarios una nueva carta para disputar el veredicto. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, ya solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que antes de iniciar el juicio de los cuadernos, ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Aún así, el escenario es incierto para todos. La fiscal Fabiana León, quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta y decenas de empresarios y exfuncionarios, tiene las múltiples cartas de las declaraciones de los arrepentidos, quienes admitieron los pagos ilegales a Baratta. 

Mientras tanto, Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal. El fallo podría salir antes de finales de año, afirmó una fuente directa del tribunal de apelaciones.

ED

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

Cómo y por qué una pareja de flamantes vendedores de copos de azúcar terminó protagonizando un intento de magnicidio; cómo pasó Fernando Sabag Montiel de intentar vender un colchón por 2.000 pesos a apuntar y gatillar un pistola a centímetros de la vicepresidenta; por qué Brenda Uliarte mutó de hija de un kirchnerista a presunta instigadora del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner; o por qué el acto criminal fue frustrado y la expresidenta logró salvar su vida. 

A un mes del hecho que casi le cuesta la vida a la principal líder política del país, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva, aunque aún resta responder varias preguntas. Existen pericias informáticas y psicológicas pendientes. En los tribunales de Comodoro Py, una causa de cuatro semanas está en pañales. Pero el expediente por el atentado a Fernández de Kirchner tiene plazos diferentes: se mueve rápido, con tropiezos, pero veloz.

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó como coautores de homicidio calificado en tentativa a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Este viernes, además, dictó los procesamientos de dos allegados a la pareja, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Ninguno de los cuatro ha reconocido su autoría en el hecho. Ni siquiera Sabag Montiel, arrestado in fraganti.

Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscarselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares. “Aires de grandeza”, “fabulera”, “agrandado”, “mentirosos”, los calificaron algunos testigos e los otros dos imputados. 

Carecían de contención familiar y social. Uliarte desprecia tanto a su padre como a Fernández de Kirchner, a quienes ve reflejados en un espejo, según surge de una de las conversaciones extraídas del celular de Carrizo y a las que accedió elDiarioAR. Sabag Montiel nunca conoció a su padre, por quien también mostró un grado de desprecio, según aclaró en su primera declaración indagatoria, afirmó una fuente directa del caso a este medio.

La causa parece haber entrado en una meseta que, por el momento, gira sobre el entorno de los acusados, con resultados periféricos.

Fernández de Kirchner y el oficialismo insisten en que los detenidos serían sólo los “autores materiales” del atentado. Durante su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta sugirió que el Poder Judicial y los medios eran instigadores indirectos de sus homicidas -“dan licencia social para cualquier cosa”, dijo en referencia al intento de homicidio-, pero enfatizó que existirían “autores intelectuales”, a quienes no puede identificar. 

La pericia sobre el arma realizada por la Policía federal determinó que la pistola Bersa calibre 32 era apta para el disparo al igual que las cinco balas halladas en el cargador. Si bien, los peritos detectaron una falla en la corredera afirmaron que esa no era la razón por la que la bala no había sido disparada. “Yo sí sé disparar”, dijo Uliarte en una conversación sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

En el gatillo, corredera y empuñadura de la Bersa detectaron dos muestras de ADN: una es compatible con el de Sabag Montiel; la segunda pertenece a un segundo individuo no identificado, de acuerdo con el informe citado por la jueza en los procesamientos de este viernes.

Más allá de la oportunidad política que la oposición le pueda adjudicar a esa teoría, los perfiles de los acusados que surgen de las pruebas acumuladas en el expediente generan la sensación de que creer que Sabag Montiel y Uliarte habrían estado al borde de un magnicidio que pondría en riesgo la estabilidad política y social de un país es pecar de inocente. Sin embargo, la Justicia aún no encuentra ningún indicio certero de la existencia de un “cerebro” detrás del intento criminal que supere la figura de Uliarte.

En la última semana, la jueza ordenó una serie de allanamientos al hermanastro de Carrizo y a uno de sus contactos telefónicos, a pedido de la querella que representa a la vicepresidenta. Se secuestraron más teléfonos y dispositivos electrónicos. 

Desde hace tres días, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra realizando una nueva pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, el Samsung A50 que se le secuestró tras el hecho y que apareció formateado de fábrica y sin poder acceder a su contenido. Sólo se recuperó hasta el momento el material de una tarjeta de memoria externa y del chip.

En otro expediente iniciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras el atentado, el fiscal Gerardo Pollicita investiga a grupos de libertarios que podrían haber estado vinculados a Uliarte. En las últimas horas, el juez Julián Ercolini ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal, informaron dos fuentes del caso a elDiarioAR. La causa está en secreto de sumario.

La “banda”

Sabag Montiel vivía de los alquileres de su vivienda familiar en Paternal y de tres autos viejos. Presenta “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, establecieron dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo evaluaron después de su detención. “Fue un flash como si apagaran la luz”, dijo a las especialistas cuando describió el momento en el que intentó matar a la vicepresidenta. “No entiendo nada”, agregó.

Tiene 35 años pero evidencia “inmadurez afectiva la cual compensa con tendencia a la actuación la cual puede afectar la capacidad de reflexión”, explicaron en otro informe la psicóloga Mónica Herrán y Maximiliano Luna, coordinador del Departamento de Psiquiatría Forense del Cuerpo Médico Forense (Poder Judicial), según publicó La Nación. “Está en condiciones de declarar” y descartaron que sea inimputable.

Durante su primera declaración indagatoria, en la alcaldía de la Policía Federal de la calle Cavia, parecía no comprender la gravedad de su escenario. Sabag Montiel quería hablar -es difícil callarlo, aseguran quienes lo trataron en el último mes- pero su defensor oficial, Juan Martín Hermida, le recomendó que no lo hiciera para garantizar su defensa. 

Aún así, tras escuchar la imputación en su contra, el detenido quiso “hacer algunas aclaraciones” ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo: afirmó, ofendido, que no fue ni es chofer de Uber; que no conoce a su padre; y que quería que la Justicia identifique a quienes lo golpearon durante los forcejeos que se produjeron tras el hecho. Tenía un ojo morado. 

Cuando la PSA lo trasladó el 23 de septiembre último para ingresar en una cárcel federal, Sabag Montiel todavía llevaba puesta la misma ropa del día de su detención, 22 días antes. “Chau, chicos, gracias por todo”, dijo mirando a la cámara oficial que registró el operativo (ver video en esta nota).

Durante su primera entrevista con su abogado, Hermida le preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que le acercara ropa. “Ámbar”, respondió, en referencia al sobrenombre de Uliarte. No tenía a nadie más. Días después, su novia también quedó detenida cuando la jueza la identificó en una imagen que corroboraba que había estado en el lugar y momento del hecho. 

Cuando la policía ingresó al monoambiente que alquilaban en San Martín, encontró el lugar sucio y revuelto. Hallaron restos de placenta y de un cordón umbilical.

“Quiero hablar del Hombre Gris”, dijo a uno de sus interlocutores en las últimas semanas. Del otro lado, lo frenaron. Sabag Montiel no tiene tiempo para teorías esotéricas -enfrenta una posible condena a 15 años de prisión-, pero quería hablar sobre la premonición del artista Benjamín Solari Parravicini: un supuesto “hombre gris” que llegaría para liberar a Argentina.

Uliarte, de 24 años, no terminó el colegio secundario. Vendía contenido sexual por internet y según Carrizo tuvo al menos una vez sexo por dinero con uno de sus colegas vendedores de copitos. Tuvo un hijo, pero según ella, falleció siendo bebé.

En los mensajes extraídos de su celular (que se transcriben en esta nota sin errores de tipeo, puntuación y ortografía, pero se replican las mayúsculas y expresiones coloquiales utilizadas), se adjudica haber sido la ideóloga del intento de magnicidio. La jueza también lo determinó en base a las conversaciones analizadas. Uno de los copitos o vendedores ambulantes que integraba el grupo manejado por Carrizo declaró en la causa que el padre de Uliarte la había echado de la casa, enemistado con su hija porque él es “ultrakirchnerista y ultraperonista”, según el testigo. De los chats también surgen declaraciones de Uliarte contra su padre.

Otro de los copitos, Miguel Ángel Castro Riglos, declaró en la causa que Uliarte tenía convicciones contrarias al kirchnerismo pero que Sabag Montiel carecía de convicciones políticas, “ni tenía intención de agredir a nadie, menos a Cristina Fernández”, dijo el testigo. Uliarte sí tenía “una idea radical contraria al peronismo” y aunque nunca le dijo que quería “matar a Cristina”, hablaba de su deseo de que la vicepresidenta muriera. Otro testigo lo contradijo y contó que en uno de los grupos de Whatsapp que integra, Sabag Montiel había manifestado su deseo de matar a Fernández de Kirchner.

“Fernando tenía aires de grandeza”, “quería el puesto de líder y dar órdenes”, “quería ser famoso”, agregó Castro Riglos.

Carrizo tiene 27 años. Conoció a la pareja a mediados de año en una de las fiestas que el “jefe de los copitos” -así se presentó ante la Justicia cuando fue a declarar como testigo- suele organizar. Maneja el grupo de Whatsapp “Girosos” para las convocatorias. Es quien proveía a Sabag Montiel y Uriarte de algodones de azúcar o copos de nieve para venderlos en las calles.

La jueza lo procesó como partícipe secundario en base al contenido de su teléfono celular y en particular por las conversaciones en las que sostuvo que le había entregado a la pareja un arma calibre 22 -que no es la que usó en el hecho, una pistola calibre 32- y que estaba orgulloso de lo que había hecho Sabag Montiel. También afirmó que su colega se había apurado porque el atentado estaba planeado para la semana siguiente. Ante la Justicia, sostuvo que todo lo que dijo fue en el marco de una broma, un “show”.

Tras el atentado le escribió a Uliarte: “Ya saben todo igual. Lo que hizo Nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HÉROE NACIONAL”. “SI YO TAMBIÉN ME PARECE EL SAN MARTÍN MODERNO. EL QUISO LIBERAR A UN PAÍS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”, escribió en respuesta la novia de Sabag Montiel. 

“Amigo te lo digo hoy acá, creo que yo voy a terminar ese trabajo”, le manifestó Carrizo a uno de sus contacto sobre lo que había hecho Sabag Montiel.

Díaz tiene 21 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Su madre declaró ante la Justicia que su hija dedica sus días a estudiar, ir al gimnasio, y a sus gustos por la lectura, los gatos, los comics de Marvel y DC y el animé. Conoce a Uliarte porque cursaron el secundario juntas hace años. Díaz también negó cualquier vinculación con el hecho pero la jueza la procesó como partícipe secundaria del intento de homicidio por el contenido de los chats que mantuvo con Uliarte. En especial, por haberle sugerido que descartara su teléfono tras el hecho.

Uliarte le escribió a Díaz tras un supuesto intento fallido de matar a Fernández de Kirchner, a finales de agosto: “Hoy me convierto en San Martín (…). Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí (sic). Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz le respondió: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?” Uliarte replicó: “No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.

Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada“, se ufanó Uliarte. Lo cierto es que nunca existió un plan de salida. 

“¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”, le dijo Díaz. “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”, respondió Uliarte.

Tierra de oportunidades

La “banda” se conoció en una fiesta a medidados de este año, organizada por Carrizo. Al día siguiente de la fiesta, la pareja regresó al departamento de Montes de Oca, donde solían reunirse los copitos y donde vive uno de ellos, Sergio Orozco, con la excusa de buscar una campera olvidada, pero según Carrizo fue para que Uliarte tuviera sexo con Orozco a cambio de dinero. Mientras “eso sucedía” Carrizo se puso a hablar con Sabag Montiel y tras un segundo encuentro, semanas después en la casa de una conocida, les ofreció trabajo como vendedores de copos.

El hombre que apuntó con un arma a la vicepresidenta comenzó a trabajar en el rubro de los copitos a finales de julio último.  

Carrizo fue quien les aportó dos certificados falsos de discapacidad supuestamente expedidos por la Junta Evaluadora de Quilmes. La Justicia investiga si la falsificación de estos carnets eran una fuente de financiamiento pero hasta el momento la hipótesis más firme es que los utilizaban para no pagar transporte público.

Carrizo preparaba los copos de azúcar en el departamento de la calle Montes de Oca y los vendedores debían presentarse a retirarlas. Funcionaban como un grupo de trabajo. 

El jefe de los copitos se molestó en alguna oportunidad porque Sabag Montiel y Uliarte llegaban tarde o no llegaban, cuando se habían comprometido a retirar el producto. Les había preparado los palos, que lleva una ranura para insertar cada palito con su respectivo algodón de azúcar. El costo, en agosto, era: “Hasta 50 copos por 600 pesos”, de acuerdo con las conversaciones extraídas de los teléfonos.

A la pareja le tomaba dos horas llegar hasta el departamento de Barracas a retirar el palo de copos.

Sabag Montiel decía tener planes para hacer crecer el negocio de los algodones de azúcar. Brenda Uliarte era su musa para el marketing y su iniciativa parecía generar rispideces entre los copitos, que no era un grupo ameno. “Se pelean mucho”, surge de los mensajes.

“Yo sé que soy un bardo, yo reconozco que llego tarde, pero en ciertas cosas soy estructurado y creo que vamos a impulsar… a… a…. levantar la calidad de trabajo que vamos a tener para que todos estemos bien”, se disculpó Sabag Montiel con Carrizo en un audio de Whatsapp, en agosto último.

La aparición de la pareja en Crónica TV habría sido planificada con fines comerciales, según surge de los mensajes que intercambió con Carrizo. Sabag Montiel y Uliarte aparecen en un supuesto móvil espontáneo criticando la política de planes sociales y Uliarte se cruza con una beneficiaria de un plan social que está siendo entrevistada en otro móvil, discuten en torno al tema y Uliarte dice que prefiere trabajar antes que cobrar un subsidio. 

El 17 de agosto último, Sabag Montiel le envió un audio de Whatsapp a Carrizo para comentarle que a raíz de la aparición de Uliarte en el móvil de televisión tenía el presentimiento de que la nota televisiva iba a rebotar en una “venta masiva en Corriente y el Obelisco cuando la reconozcan a Brenda estos días”, según surge de la transcripción en el expediente. Le ofreció a Carrizo pagarle “cinco veces” más de lo habitual: en lugar de 40 copos, 200 copos. “Debemos estar preparados ante algo masivo”, le comentó, y quería regalar copitos en entrevistas televisivas que vendrían en el futuro.

Carrizo no le dio entidad. Le respondió el audio recién al día siguiente: “Amigo, yo te cobro por persona, si te llevas un palo son 600, hasta 50 copos son 600. Después de eso ya son 600 más. Lo que necesites te lo armo. Ojalá eso de Brenda te sume mucho”.

Sabag Montiel, “Nando” o “Tedy”, como lo llaman, no calificaba como amigo de los copitos. De los mensajes extraídos del teléfono de Carrizo surgió que no lo incluían en las reuniones sociales y limitaban su relación a lo laboral. 

A veces conversaban de cuestiones cotidianas. El 21 de julio, Sabag Montiel y Carrizo conversaron sobre un colchón, que Nando vendía a dos mil pesos. El jefe de los copitos dijo que le interesaba comprarlo pero que primero quería pasar a verlo y Sabag Montiel le pasó la dirección del monoambiente que habitaba en la calle Uriburu, en San Martín.

Carrizo y Uliarte sí hablaban de cuestiones políticas. El 23 de agosto último, al día siguiente del pedido de doce años de prisión solicitados por el fiscal Diego Luciani contra Fernández de Kirchner en el juicio por Vialidad, el jefe de los copitos le escribió a la mujer (se transcribe la versión presentada por los técnicos de PSA en el expediente):

-Ya se les acabó la joda.

-Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende -, respondió Uliarte.

-Y bueno, date cuenta cómo les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea, siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Inmediatamente después, Uliarte criticó a su padre por ser “peroncho”, le propinó calumnias y lo comparó con la vicepresidenta: (Éñ ss) como Cristina“.

-La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo -afirmó Carrizo.

-Sí, así se sale adelante -confirmó Uliarte para después aseverar: “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”.

-Sí, ¿no? -reaccionó Carrizo.

-Si, re hace falta.

Carrizo cambió de tema: “Decile a Nando que invente una bebida”.

Faltaban nueve días para el intento de homicidio.

ED/MG