“No sé cómo leyeron tan rápido el DNU y salieron a protestar”, ironizó el doctor en economía Federico Sturzenegger, y autor del decreto de necesidad y urgencia que busca desregular buena parte de la economía, sobre el cacerolazo que se organizó tras el sucinto mensaje de Javier Milei por cadena nacional en el que anunció 30 titulares noticiosos sobre el paquete.

Sturzenegger está ante su tercera oportunidad en la administración pública nacional: la primera fue como viceministro de Economía en 2001, en la peor crisis política, económica y social de la historia reciente de la Argentina; la segunda, como presidente del Banco Central entre 2015, cuando sostenía que los tarifazos de energía no traerían inflación, hasta 2018, cuando debió renunciar en medio de una devaluación descontrolada del peso. Hace un año y medio empezó a trabajar en la revisión de regulaciones que él consideraba que atentaban contra el libre mercado. Lo hizo pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Tras la primera vuelta electoral, se puso a disposición de Milei. No todo el DNU es de su autoría: por ejemplo, la flexibilización laboral que abarata el despido no es suya, aunque la comparte. Tampoco se le ocurrió a él facilitar que las asociaciones civiles como los clubes se conviertan en sociedades anónimas, un anhelo de Mauricio Macri.

Pero su megaproyecto incluía un capítulo que terminó “¡afuera!”, como gritaría el Presidente. Sturzenegger quería derogar la ley 19.640 de promoción económica de Tierra del Fuego, según cuentan en los equipos de campaña de lo que era o es Juntos por el Cambio. Claro que una de las tres principales empresas beneficiarias de ese régimen de fomento de la industria electrónica es Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, Nicky, amigo de Macri pero además primo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El megaproyecto incluía un capítulo que terminó "¡afuera!", la derogación de la ley de promoción económica de Tierra del Fuego. Pero una de las empresas beneficiarias de ese régimen es de Nicolás Caputo, primo del ministro del Economía, Luis Caputo.

Pero vayamos a ver lo que sí quedó dentro del DNU. Blapp, la consultora de asuntos públicos de Esteban Bicarelli que cuenta con un sistema de monitoreo legislativo y de los actos de gobierno en todo el país, elaboró un amplio informe de qué decían las leyes y artículos derogados y qué establece el nuevo DNU. Vamos por partes.

Ley laboral

Empecemos por la ley laboral, que es la que más afecta a los trabajadores:

Se limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales. Antes debían mantener guardias "mínimas". Ahora los llamados servicios esenciales deben mantener el 75% de sus operaciones

Alquileres, prepagas, tarjetas de créditos y empresas estatales

Otro aspecto trascendental es la derogación de la ley de alquileres, votada en 2020 y reformada en 2023, que establecía un plazo de tres años y actualizaciones cada seis meses de acuerdo con el índice de salarios o el de inflación, el que menos aumentara. Ahora se permite que se pague en cualquier divisa, no sólo en pesos, se establece que “el plazo de locación de inmueble será el que las partes hayan establecido”, en un juego en el que los propietarios tienen más poder que los inquilinos. “En caso de que no se haya establecido: 1. locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado 2. en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, serán de dos años 3. para los restantes destinos será de tres años”, establece el DNU. “Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”, establece la nueva norma, otra vez a favor del más poderoso.

También se derogó la poco usada ley de alquileres turísticos, con lo cual el negocio de AirBNB respira tranquilo.

El DNU liberaliza los precios de la medicina prepaga y le permite que asuma el rol de las obras sociales. En el sector sanitario privado venían reclamando libertad de fijar las cuotas, pero nunca se imaginaron que además lo iban a autorizar a reemplazas a las entidades sindicales. Desde los 90, con el gobierno de Carlos Menem, las obras sociales tienen la opción de intermediar entre los aportes del empleador y el trabajador y el servicio privado, pero se quedan con hasta el 10% de la contribución. Ahora las prepagas ya no deberían dejarles ese peaje, pero pasarían a estar obligadas a las mismas prestaciones que una obra social. La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fue la que pactó con el gremialismo peronista para que los aportes a la salud fueran a las obras sociales, en lugar de sostener a los hospitales públicos. Ahora Milei quiere que los aportes puedan ir a las prepagas, sin intermediación de los sindicatos. ¿Y si probáramos de que los aportes vuelvan al sistema público de salud? En España es así y los ciudadanos en general prefieren atenderse en los hospitales que en las clínicas privadas.

El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito. Ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios. Se derogó una ley de 1958 que establecía “las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados”, pero aún no se tocó la fórmula de actualización votada en 2020. También echó por tierra con la ley de abastecimiento, que más que aplicarse servía sólo para lanzar amenazas. Desapareció la ley de góndolas, que debía mejorar la oferta en los supermercados, pero jamás se hizo realidad. Se echó por tierra el compre argentino que favorecía a los proveedores locales en las licitaciones, una norma votada por iniciativa del gobierno de Macri en 2018 y a la que recurren países capitalistas como Estados Unidos desde hace 90 años.

Se reconvirtieron las empresas estatales en sociedades anónimas para poder privatizarlas, como prometió Milei en campaña. Debió modificar una ley para incluir al Banco Nación en ese proceso y otra para que esta entidad pierda el monopolio de los depósitos de los poderes Judicial y Ejecutivo. Cuando se privatice, si llega a repetirse el modelo que adoptó el gobierno de Carlos Menem, de comprar las voluntades de los gremialistas dándole el 10% de cada empresa a los trabajadores, ya no regirán los bonos que los hagan participar de las ganancias de las compañías vendidas al sector privado. Así lo aclara el DNU. Aerolíneas Argentinas, en cambio, irá a manos de sus empleados y deberá afrontar la competencia en un mercado de cielos abiertos, sin regulación.

Se abolieron las leyes que limitaban la extranjerización de la tierra o su venta después de incendios provocados por la especulación inmobiliaria. Se le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de establecer precios mínimos que favorecían a los pequeños productores, pero Misiones promete crear su propia entidad para ello. También se abolió la obligación de envasar la yerba en las provincias que los producen, es decir, Misiones y Corrientes.

En los medios de comunicación se redujeron los límites a las licencias a nivel nacional y también local. Se liberalizó el servicio de Internet satelital para que Elon Musk, el mayor millonario del mundo, pueda pasar de los elogios por su red social X al ultraliberalismo de Milei a que su firma Starlink haga negocios en la Argentina. Al menos, los registros automotores, sobre los que sobrevuelan sospechas de curro, ahora deberán enfrentar la competencia de la Dirección Nacional del área, adonde podrán inscribirse directamente los vehículos, y a partir de mayo próximo tendrá que aguantarse que estos trámites se puedan hacer online. Pese al tamborileo mediático, suena a conquista justa pero acotada frente a tantos otros retrocesos para trabajadores o inquilinos.

AR/MG

El mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Javier Milei y sus ministros incluye una reforma laboral. No se eliminará en forma generalizada la indemnización por despidos, pero cada sector empresario podrá negociar con el gremio correspondiente su reemplazo por el régimen similar al que rige para la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Se trata del llamado fondo de cese o de desempleo, al que aportarían tanto empleadores como trabajadores para que cuando haya cesantías los que vayan a la calle, en lugar de cobrar un salario por año trabajado, reciban sólo una suerte de seguro para desempleados.

También se acotarán las multas por despido en el caso del trabajo informal, sin derechos, no registrado o en negro, como se le llama en la calle. “Se eliminarán las indemnizaciones por la registración deficiente, mal conocidas como multas, porque no contribuyen a obtener más trabajadores registrados y producen el efecto negativo, especialmente en las pymes”, sostiene un documento de presentación de la reforma

“Se establecerá qué rubros integran la remuneración del trabajador para que se pueda calcular con claridad la base del sueldo que se tome para la indemnización laboral”, se anuncia el abaratamiento del despido. “El objetivo es eliminar controversias y litigiosidad para que el empleador pueda pagar dicha indemnización con absoluta seguridad y el trabajador pueda cobrarla sin tener que llegar a un juicio”, argumenta. 

La reforma también contempla los siguientes puntos expresados en un documento oficial:

AR/DTC

El segundo debate presidencial dejó expuesta una grieta: los dos candidatos que está a favor de terminar con que los despedidos de un empleo cobren indemnización, los dos que rechazan esa reforma y la que busca una solución intermedia. Es una pena que varios de ellos no hayan explicado bien lo que proponen, pero en este artículo de elDiarioAR se enterarán.

Javier Milei sólo mencionó que quiere “modernización del sistema laboral y reducción de penalidades”. Pero ocultó que en su plataforma habla de eliminar el pago a los despedidos, lo que no sólo afecta a los que están en la formalidad sino también a los no registrados, incluidos los monotributistas en relación de dependencia encubierta, que pueden recurrir a la Justicia en caso de ser cesanteados. En lugar de indemnización, los trabajadores echados recibirían un seguro privado de desempleo que se fondearía con aportes de los antiguos patrones, lo que se llama fondo de garantía y que se aplica en el convenio colectivo de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). En la actualidad hay un seguro de desempleo, pero lo paga el Estado. Antes de que hablara el candidato libertario, el peronista antikirchnerista Juan Schiaretti coincidió con su propuesta al abogar por el “fondo de garantía como tienen la UOCRA”.

En primera fila del público seguía el debate uno de los empresarios que financia el plan dolarizador de Milei, Eduardo Bastitta, dueño de Plaza Logística y del proyecto de ciudad tecnológica en Colonia del Sacramento, Uruguay, que el candidato libertario visitó tras su victoria en las primarias.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), pidió réplica tras la exposición de Milei para poner blanco sobre negro cuando habla de “modernización”. “Indemnizaciones, ¡afuera!”, expuso Bregman la propuesta del aspirante de La Libertad Avanza (LLA) usando su propio modismo. “¡Licencias, afuera! ¡Aguinaldo, afuera!”, continuó aclarando las ideas del libertario. “Si sos monotributisa, precarizado, no vas a estar mejor (con Milei), no te van a dar los derechos que hoy no tenés”, le apuntó al votante repartidor de Rappi y Pedido Ya, que se volvió un estereotipo de los que están con LLA. “El propone la libertad de que te exploten sin límite”, apuntó la postulante del FIT. Después Massa ratificó los dichos de Bregman contra Milei: “Los trabajadores perderían los derechos a las vacaciones y la indemnización, es decir, un régimen de esclavitud”.

Patricia Bullrich opinó que “las indemnizaciones deben ser justas para las dos partes”. No dio detalles, pero sus economistas están a favor de mantener los pagos por despidos establecidos por la ley de contrato de trabajo, pero apuntan contra las multas que en los juicios incrementan el costo de echar empleados. Se trata de sanciones contra los que contratan bajo la informalidad. La candidata de Juntos por el Cambio (JxC) arremetió contra el sindicalismo: “Nosotros defendemos a las empresas, no a los que bloquean empresas”, en alusión a los Moyano. Apuntó a los camioneros, aliados de Massa, y a Luis Barrionuevo, nuevo amigo de Milei: “La Argentina de paro permanente se termina”. “Vamos a bajar impuestos al trabajo”, prometió.

Juan Schiaretti apuntó contra el “desastre de la grieta” en términos de salario, en referencia a la caída del poder de compra en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Propuso “bajar la carga social a las pymes” y repetir a nivel nacional un plan de empleo juvenil de la provincia que gobierna, Córdoba, y que se llama Primer Paso, que consiste en una práctica rentada. También abogó por subsidiar la mano de obra.

Sergio Massa, ministro de Economía en este tiempo de una inflación que apunta ya al 140%, prometió igualmente una “mejora de ingresos desde dos lugares, paritarias libre y reducción de impuestos”. Señaló varias medidas que adoptó tras las primarias, en las que su Unión por la Patria (UP) acabó tercera: la baja del IVA para 16 millones de consumidores, la eliminación del impuesto a las ganancias para 2 millones de empleados y la merma de cargas sociales a pymes que tomen jóvenes y beneficiarios de planes sociales. A futuro, propuso que aquellos que reciben pensiones por discapacidad puedan acceder al empleo. También abogó por obligar a que las empresas deban pagar lo mismo a hombres y mujeres por la misma tarea.

Bregman se dedicó más a describir el panorama actual que a sugerir soluciones: “Hoy una enfermera va del hospital a la clínica y el fin de semana cuida enfermos. Le pregunto, Massa, ¿se puede vivir con $124.000 como viven los jubilados?”. Milei también atacó al ministro candidato porque, según él, sólo mencionó a los trabajadores, pero no al “capital” -incluso recordó que la Marcha Peronista habla de combatirlo-, y no se refirió a la “producción”. Pero Massa había hablado de las pymes y de bajas de retenciones al maní y la leche, pese a que Schiaretti las cuestionó por temporarias. El gobernador cordobés le recordó al candidato de UP que en un año como jefe del Palacio de Hacienda se dispararon la inflación y el dólar. Massa le retrucó que él asumió cuando se agitaba el fantasma del “helicóptero”, es decir, de la caída del gobierno de Fernández.

“Dólar a mil pesos, hiperinflación”, exageró Bullrich, cuando el blue se disparó pero por ahora a $880 y aún técnicamente no hay híper, que es cuando la inflación supera el 50% mensual. De todos modos, tuvo razón en señalar que ambos riesgos se ciernen cada vez más sobre la economía argentina. “Entras a un almacén y no te alcanzan $5.000”, añadió. Y también arremetió contra las sospechas de coimas a la hora de conseguir que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, autorice las autorizaciones del Sistema de Importaciones (SIRA): “Tongolini te dice quién va primero en esa cola”.

Al comienzo del debate, Milei volvió a las advertencias de la última semana pero prometió mano dura: “Estamos al borde de la híper, pero con el agravante de una peor situación social (que en las anteriores hiperinflaciones de 1975 y 1989), no se arregla con palabras bonitas y buenos modales”. “A mí me sorprende porque Bullrich habló de SIRA, me sorprende porque el señor (Carlos) Melconian (economista de JxC) se juntó con Massa para pedir que cuide las sira, es un tongo. ¿Así quieren cambiar?”. Melconian no ha negado esa reunión, pero sí que le haya formulado esa solicitud.

Bregman propuso reducir la jornada laboral a seis horas diarias, es decir, 30 semanales, de las 48 actuales y a menos de las 40 que sugiere UP. Las horas libres se repartirían entre desempleados y trabajadores precarios, según la aspirante del FIT. También quiere que el salario mínimo sea igual a la canasta básica. Milei la chicaneó sugiriendo que reduzca la jornada a una hora diaria para repartir el trabajo entre todos. “Sería maravilloso que el salario sea como la canasta, pero con lo que vos proponés todos vamos a ser más pobres”, disparó el libertario. Él y Schiaretti coincidieron en que para que haya empleo debe crecer la economía y la inversión.

AR/DTC

Carolina Castro fue la primera mujer que integró el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). Fue subsecretaria de Pyme del gobierno de Mauricio Macri y la segunda candidata a diputada detrás de Florencio Randazzo, actual aspirante a vicepresidente de Juan Schiaretti, en 2021. Antes y ahora ha trabajado en la autopartista de su familia, Industrias Guidi, que ella preside. Fabrica paragolpes, refuerzos, soportes, paneles de piso y capots. También politóloga, Castro vino a Mar del Plata al coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) a participar de un panel sobre los desafíos que plantean los 40 años de democracia y planteó la necesidad del diálogo político.

—¿Cómo ve la situación económica, con un dólar blue a $885 y un contado con liquidación a $ 875?

—No creo que haya nada que pueda decir que sea innovador respecto de lo que has escuchado en los pasillos de este coloquio o lo que te pueda contar cualquier empresario pyme o de una gran empresa. O sea, la situación en la Argentina es de una inestabilidad macroeconómica importante y estamos todos a la espera de ver qué pasa en los próximos meses, cómo se acomodan o reordenan algunas variables económicas. Con una gran incertidumbre, porque no sabes quién va a ser el gobierno y no sabes cuál va a ser el plan de gobierno. Entonces, hoy básicamente es más un signo de interrogación que una afirmación. Aquí, con cualquiera de los que hables en este coloquio en estos días te van a decir que presupuestan los próximos meses con distintos tipos de cambio. Porque no hay certidumbre.

—¿Y a qué tipo de cambio presupuesta usted y los demás empresarios que están acá?

—Nosotros somos una empresa nacional que es industria de industrias dentro de una cadena que es la automotriz. Es muy particular. Nosotros hoy tenemos una liquidez en pesos muy baja y básicamente no tenemos posibilidad de trasladar a precios los aumentos porque todo es negociado con las terminales automotrices. A diferencia de alguna multinacional que tiene que mostrar presupuestos a casas matrices en el extranjero, no tengo que hacer un presupuesto intentando adivinar un tipo de cambio. Lo que hago es intentar no tener deuda en dólares porque no sé esos dólares después cómo los voy a pagar.

—¿A ustedes se le están acumulando deuda en dólares de importaciones?

—Nosotros tenemos la particularidad de que no importamos insumos para producir. Sí importamos repuestos que son fundamentales para que las máquinas sigan operando. Hoy tenemos una deuda en dólares en el extranjero por esos repuestos, pero no es una deuda que me preocupe, a diferencia de colegas míos que sí tienen que importar insumos y que han acumulado una deuda muy importante, que es muy preocupante para seguir enfrentando la producción en los próximos meses.

—¿Y sus colegas empresarios a qué tipo de cambio están presupuestando?

—Se los tendrías que preguntar a ellos.

—¿Qué preocupaciones o ilusiones tiene sobre lo que vendrá en la Argentina después del resultado electoral?

—Creo que sea la administración que sea bajo las actuales condiciones macroeconómicas es imposible crecer y desarrollarnos, con lo cual en algún momento hay que estabilizar y ordenar la macroeconomía. Hay que tener un programa que reduzca la inflación, hay que ir a una estabilidad fiscal, hay que trabajar un presupuesto para eso y ojalá quien sea gobierno pueda encontrar la manera de dialogar con el resto del espectro político, porque entiendo que incluso en una elección de balotaje va a ser un gobierno que no va a llegar como llegó en algún momento Cristina (Fernández de Kirchner). No creo que sean números tan importantes como para garantizarle a ese espacio político la posibilidad de generar reformas sin dialogar con el resto. Un programa de gobierno para estabilizar la macroeconomía y definir un proyecto de país necesita de ese diálogo político.

—En el coloquio hablaba con alguien de la banca y me decía que este dólar es un dólar de pánico. ¿Usted tiene miedo de lo que pasará en la economía?

—Yo no tengo miedo. Yo creo que es posible que se resienta un poco el mercado interno por un periodo de tiempo corto. Pero creo que la Argentina tiene realmente potencialidades y oportunidades para seguir expandiendo sus exportaciones y con ello seguir trayendo divisas al país que son necesarias para un proceso de crecimiento. Entonces, yo veo un mediano plazo en el cual puede ser que con ciertas inversiones y con ciertas capacidades que tenemos podamos encauzar un proyecto de desarrollo, si es que la política se pone de acuerdo.

—¿Usted sigue en política? Si un día Randazzo renuncia a su banca, usted debería asumirla. ¿Y cómo ve las ofertas políticas que hay hoy en día a presidente?

—En primer lugar, no creo que Florencio deje su lugar en el Congreso. Se lo ganó. Hicimos una campaña para que él llegara. Creo que es una voz valiosa en el Congreso. Además es una persona de gestión y que mantiene criterios en términos de un discurso antigrieta, que me parece que va a ser clave también en el diálogo. Necesitamos fuerzas políticas que no se quieran anular mutuamente, que lo que quieran es construir un proyecto de país. Entiendo que Florencio va a terminar su mandato.

—¿Y sigue en política?

—No, yo no estoy hoy haciendo política partidaria.

—¿No está en la campaña de Schiaretti-Randazzo?

—No, no estoy en ninguna campaña política partidaria. Siento que tener una voz pública en la conversación y hablar de temas de desarrollo es hacer política, pero no es política partidaria. Y respecto de las fuerzas políticas que hoy están disputándose quién va a administrar el Gobierno a partir del próximo año, creo que tuvimos unas PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) que mostraron un electorado que está desencantado con el estado de situación actual, pero que no tiene una contundencia en respaldo a uno u otro como camino elegido y que por tanto se requiere de la política, la templanza y también cierta construcción de una ilusión, de un proyecto país. Y hoy eso no está tan claro. Hoy me parece que la sociedad está más bien mostrando a través del voto una angustia y una desesperanza y no está encontrando en la oferta electoral, al contrario, una ilusión, una esperanza. Y si no lo estamos logrando en la elección, que por lo menos una vez que haya gobierno se generen esos puentes, esos lazos, esos diálogos para salir de esta situación y poder presentar hacia adelante un programa de gobierno que nos permita crecer. Tenemos oportunidades para hacerlo. En este coloquio se están mostrando un montón de ideas, de propuestas y de sectores dinámicos que pueden traccionar el empleo.

—Javier Milei fue el candidato más votado en las primarias y tiene unas propuestas que atrajeron a la gente, como la dolarización y un discurso en contra de una casta de políticos chorros, como dice él, y al mismo tiempo tiene propuestas que no sé si sus votantes conocen tanto como arancelar el hospital público, entregar un voucher para ir a un colegio, hay gente que piensa que con el voucher puede ir a un colegio privado, eliminar la indemnización por despido o privatizar la obra pública. ¿Qué le parecen esas ideas?

—Veo dos cosas. La primera, y esto lo hemos leído en focus groups y encuestas que nos muestran claramente que el voto a la fuerza libertaria en la Argentina es más un voto en oposición . Por otro lado, le sumo una atención más a esto: tampoco me queda tan claro cuál es el programa de gobierno de la fuerza libertaria, porque escuchamos algunas cosas que después vimos de alguna manera matizadas por proyectos que van en primera, segunda o tercera generación. No se sabe bien en qué momento entran. Capaz nunca. Se habló mucho de la dolarización, pero después la dolarización no apareció ya tanto. A mí no me queda muy claro.Me parece que hay un signo de interrogación sobre cuál va a ser el programa económico y además sigue habiendo un signo de interrogación sobre cuáles son los referentes.

—¿Qué le parece la dolarización?

—Es un error y lo dicen 170 economistas del más alto nivel de distintos formaciones y paradigmas, que han firmado esa nota. Son personas que no se ponen de acuerdo en absolutamente todo.

—¿Por qué un error?

—Esto se pone de manifiesto en esa nota que han firmado: los países que se han desarrollado lo han hecho a partir de la construcción de una moneda en la cual la población tiene confianza. Nosotros tenemos que poder, me parece que no hacerlo es claudicar. Porque no lo pudiste hacer hasta ahora, ¿no lo vas a poder hacer jamás? Entonces salís de alguna manera por un atajo y anulo directamente la posibilidad tener una moneda confiable. Yo creo que los argentinos sí podemos. Somos seres capaces y talentosos. Podemos construir una moneda con confianza. No lo hemos hecho. Es verdad. Venimos de décadas de no poder hacerlo. Pero otros países han estado también muchas décadas con este problema. Y en algún momento se pusieron las pilas y encontraron la manera de hacerlo. Tenemos que ir por ese camino, que es obviamente mucho más tortuoso en algún sentido y que requiere muchas más capacidades técnicas y políticas probablemente que simplemente anulando el problema y yendo por la vía de un atajo, que en última instancia te lleva a problemas. Miremos Ecuador: no está en buena situación.

—¿Qué opina que se entreguen en vouchers para la educación, que se arancele el hospital o que se privatice la obra pública?

—Yo tengo una formación desarrollista. Lo dije claramente en este coloquio. La definición de un proyecto de país requiere que podamos valorar al mercado y al Estado en sus roles complementarios. La visión libertaria de la anulación del Estado para mí no es la solución a la Argentina, porque no ha sido la solución para ningún país que se ha desarrollado. Si nosotros miramos los países que se han desarrollado en el mundo que admiramos, todos tienen un Estado inteligente que sabe cómo regular inteligentemente y sabe dónde no se tiene que meter. Acá estamos llenos de falsas antinomias. Los tenemos con el campo y la industria, los tenemos con la pyme y la grande, y hay muchas más. Lo tenemos también entre el Estado y el mercado. Ahora la faceta libertaria capaz es un poco más novedosa, pero también tenemos los que pretenden un Estado que regule absolutamente todas las condicionantes del mercado. Tenemos que enfrentar esta otra grieta. No quiero un Estado que no puede regular absolutamente nada porque lo vemos torpe o incapaz, cuando en el resto del mundo los países que se desarrollan tienen estados que no regulan por regular sino generar ventajas competitivas para hacer que el mercado sea mejor, genere capacidad exportable, con un instituto de tecnología que te sirva para que tu pyme se inserte en una cadena global de valor. Ese es el Estado que yo quiero.

—Milei habla de casta, pero se rodea de los protagonistas de los 90 como Luis Barrionuevo, Roque Fernández y Carlos Rodríguez...

—Yo creo en el valor del dirigente político y del funcionario al servicio civil. Cuando miramos a Alemania, no criticamos que (Angela) Merkel haya estado casi 20 años en el poder. ¿Por qué? Porque lo hizo bien. Porque hay reglas de juego que lo establecieron de una cierta manera por cómo funciona el sistema en Alemania. Ella dirigió a la nación junto con las fuerzas políticas con el que tuvo que hacer coaliciones. Y Alemania siguió su camino de desarrollo. El problema no es la casta política, el problema es un Estado que no sea inteligente, un Estado que no genere un gasto de calidad, dirigentes que no sepan lo que están haciendo. Al contrario, yo quiero dirigentes que se dedican a la política, que tienen orgullo en saber cómo manejar la botonera del Estado. Porque no es sencillo hacer el pase del sector privado al público. Son dos universos completamente distintos. Y esto lo sé porque me ha tocado y he tenido esa oportunidad y esa experiencia.

—¿Comparte la idea de Milei de eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un seguro de desempleo?

—Toda política pública hay que pensarla en base a cuál es el resultado que quiero obtener. ¿Para qué cambiar el sistema? Es para generar más empleo. Estoy convencida que no arrancaría por cambiar las indemnizaciones. Hay quichicientas cosas que el Estado tiene que hacer antes.

—Hoy en día hay baja desocupación, pero mucho empleo informal. ¿Cuáles serían esas medidas?

—Se dijeron en el coloquio. La primera es generar las condiciones para el crecimiento de la economía correcta. Vos podés cambiar toda la legislación laboral, pero si estás en un contexto recesivo, no vas a contratar a nadie. Si estamos creciendo, puede haber cuestiones que hacen al marco de regulaciones laborales que ayuden a la generación de empleo. Creo que el problema no es nuestra ley de contrato de trabajo. El tema es intentar darle más dinamismo a las negociaciones colectivas. Permitir negociaciones colectivas a nivel de empresas. Sí tenés que tocar algunas cuestiones de la ley de contrato de trabajo: dos, básicamente. La ultraactividad, o sea, que los convenios colectivos de trabajo no se mantengan in eternum, que es lo que sucede hoy y que ha permitido que los convenios del 70 sigan vivos. Y la indisponibilidad colectiva, con lo que lograrías que puedas negociar a nivel de empresa condiciones de trabajo diferentes a las que están en la ley de contrato de trabajo. Así después en el fuero laboral no hay contradicción.

AR/JJD

El dilema de “derecha o derechos” posiblemente no significa nada para el 30% de los argentinos que votó a Javier Milei en las primarias ni para los muchos otros que posiblemente se sumarán a él en las elecciones de octubre. “La derecha: nadie le estaría teniendo mucho miedo”, comentó la consultora de consumo masivo y peronista Mayra Arena después de que el movimiento fundado por Juan Domingo Perón en 1945 hiciera su peor elección presidencial de la historia.

Además, muchos votantes padecen un fuerte déficit en la calidad de los servicios básicos a los que tiene derecho, como la salud, la educación o la seguridad. Están más enojados con la “casta política” y con una inflación que galopa al 113% anual pero en franco ascenso. Pero tal vez ni ellos ni la sociedad en general, incluidos los medios de comunicación, han puesto suficiente foco en las polémicas propuestas que ha formulado el candidato presidencial de La Libertad Avanza para solucionar los problemas que ni el peronismo ni Juntos por el Cambio han podido solucionar, dado que antes de las primarias aparecía tercero en las encuestas. Ahora que marcha primero este economista admirador del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, que también lo fue de Fernando de la Rúa (1999-2001), es hora de repasar otra vez sus proyectos, presentes en su plataforma electoral presentada en mayo pasado y sus declaraciones de campaña, sin esconder nada, a diferencia de lo que antes hacían los políticos de diverso color:

AR/DTC

El Gobierno nacional estableció una reducción gradual de la doble indemnización por despido y fijó que, a partir del año, se producirá un descenso escalonado de la suma que percibirá el trabajador en caso de ser echado sin justa causa.

Así lo estableció por medio del decreto 886/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y de todos los ministros del gabinete nacional.

En su artículo 1, la norma amplía hasta “el 30 de junio de 2022 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20, 961/20 y 39/21”.

En su artículo 2, el decreto establece que en el caso de despido sin causa el trabajador afectado tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, el siguiente monto discriminado por etapas:

“Los porcentajes indicados en el artículo precedente se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”, se aclara en el articulo 3.

Además aclara que “a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, en los términos del artículo 2º del presente decreto, el monto correspondiente al incremento no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos”.

El decreto señala además que “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

En los considerandos, se habla de una “tendencia de crecimiento que se observa en la recuperación extendida de los puestos de trabajo registrados, perdidos durante la pandemia, y con el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios”.

Asimismo dice que “se constata en los últimos datos provenientes de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes al mes de septiembre de 2021, que el empleo asalariado registrado en las empresas privadas presenta un crecimiento sostenido y generalizado en la mayoría de las regiones del país y en un amplio número de sectores económicos”.