El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en esa provincia fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

El mandatario provincial explicó que “hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos”.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.

Con información de la agencia NA

En las primeras horas de este lunes, Eldorado, Misiones, se convirtió en el escenario de un brutal golpe comando que dejó como saldo un suboficial muerto y cuatro armas de alto calibre robadas de la base de la División de Infantería de la Unidad Regional III. La ejecución fue precisa, casi cinematográfica: una base saqueada y dos disparos que asesinaron a Mauricio Miñarro, de 33 años —según las primeras versiones oficiales había sido un solo tiro, en la cabeza, algo que luego corregidas por la autopsia.

Los delincuentes se llevaron dos fusiles FAL y dos escopetas calibre 12/70, y lo hicieron sin levantar sospechas. Es que el cuerpo de Miñarro fue hallado cerca de las 7:30 durante el relevo de guardia, en un destacamento ubicado dentro del predio del aeroclub eldoradense, una zona que parece estar diseñada para el crimen perfecto: sin vecinos cerca, sin ruido, sin testigos. El cabo estaba solo en el lugar, vestido de civil y, según los investigadores, expuesto por completo.

Las ausencias no se limitan a los testigos: el subcomisario a cargo había abandonado la base tras cenar y el otro efectivo que debía estar allí había decidido priorizar un servicio adicional en otro punto. Según fuentes policiales, la hipótesis más fuerte apunta a que los delincuentes no solo buscaban armas: las avionetas guardadas en un hangar cercano habrían sido el verdadero objetivo.

Tras el ataque, la provincia se militarizó. Un operativo cerrojo bloqueó rutas y avenidas, y cada vehículo que circula es revisado minuciosamente. Las cámaras de seguridad del aeroclub son analizadas cuadro por cuadro en busca de pistas, aunque hasta el momento no hay avances concretos.

Según difundieron los medios locales, los investigadores creen que detrás de este golpe está la banda liderada por Rodrigo Leonel “Chela” Centurión, un peso pesado del crimen organizado paraguayo. Centurión y su grupo habrían cruzado la frontera días atrás desde Presidente Franco hasta Puerto Iguazú, cargados de armas largas y viajando en una Ford Ranger negra.

Desde el viernes 20 de diciembre por la noche, las fuerzas de seguridad de Misiones están en alerta máxima debido al ingreso clandestino de la banda delictiva de Centurión, proveniente de Paraguay. Ese día, según testigos, al menos siete personas armadas con pistolas y fusiles cruzaron el río Paraná desde Presidente Franco hasta la orilla misionera en Pique Gamarra, barrio Santa Rosa. Los delincuentes habrían llegado en lanchas y fueron asistidos por vehículos terrestres en la logística del traslado.

Aunque no está confirmado que este grupo haya cometido el golpe comando en Eldorado, es por ahora la hipótesis más fuerte. La Policía de Misiones lleva adelante la investigación, mientras que la Dirección General de la Policía Científica realizó peritajes y recolectó pruebas en el lugar. “Es un crimen aberrante. Esto se pudo haber evitado, porque ya venimos pidiendo que se refuerzen las guardias en zonas de frontera desde hace años”, le dijo el subsoficial mayor retirado Germán Palavecino a TN.

PL/MG

Cuatro policías bonaerenses murieron esta mañana en un choque entre un colectivo de la fuerza de seguridad y un camión cisterna de YPF. El hecho ocurrió a las 7:30 en el cruce de la ruta nacional N° 7 y la ruta N° 51. Además, hay 19 heridos que fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora del Carmen.

Hugo Martínez, jefe de Bomberos de Carmen de Areco, dijo a TN: “Una colisión entre un camión cisterna y una combi de transporte de personal policial. Se hicieron cortes para sacar algunas personas del interior, pero el daño fue producto del choque”.

“El camión cisterna circulaba por la ruta nacional 7 y la combi por la ruta provincial 51. Estamos a la espera de las pericias. El conductor del camión está bien. Todos los heridos fueron trasladados al hospital local, resta que se hagan las pericias correspondientes para retirar los cuerpos”, agregó.

MM

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Corría el mes de mayo y las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo salarial de la Policía de Misiones, anticipaba la amarga noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas que se congregaban en ese momento frente al Comando Radioeléctrico de Posadas estallaron en un solo grito de indignación. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Cinco meses pasaron de aquellas jornadas calientes en las que los reclamos salariales de trabajadores estatales misioneros pusieron en jaque la hegemonía tan bien construida a lo largo de más de 20 años por el mandamás Carlos Rovira. El acampe apostado sobre la avenida Uruguay, una de las principales arterias comerciales de Posadas, se levantó el 29 de mayo luego de que el gobierno del Frente Renovador de la Concordia acordara con los representantes de los efectivos policiales y penitenciarios un aumento de alrededor del 60%, además de una amnistía. A mediados de septiembre, sin embargo, ese pacto se rompió: Amarilla y otros siete uniformados fueron arrestados tras ser acusados de los delitos de coacción, sedición y conspiración. El jueves pasado la Justicia les dictó la prisión preventiva.

El magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, cree contar con pruebas suficientes para sostener que los efectivos detenidos, con Amarilla a la cabeza, buscaban complotarse para tomar la Jefatura de Policía de la Provincia. Luego de que un colega alertara a sus superiores acerca de ese supuesto plan, Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto fueron aprehendidos y destituidos de sus cargos a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador Hugo Passalacqua. La investigación judicial no se vincularía con lo ocurrido en mayo, pero en Misiones hace tiempo que prima la incredulidad.

“Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, sostuvo Matías Orrego, familiar de uno de los detenidos, que en diálogo con elDiarioAR denunció que a su hermano “lo incomunicaron por 24 horas sin siquiera dejarle acceder a su abogado”. El sargento Joaquín Orrego habría sido apresado por mensajes que envió a un grupo de WhatsApp de nombre “Solo Cola”. Pero su hermano lo niega y aclara que la acotación la realizó en otro grupo, uno de delegados, donde el efectivo no hizo más que expresar su disconformidad con la propuesta salarial que les había hecho el gobierno. Es que en la mesa de diálogo sospechan de que las órdenes de capturas por parte de la Justicia misionera fueron en realidad una “represalia” por haber rechazado el incremento de solo el 5% que se les ofreció a principio de septiembre.

El supuesto plan de “desestabilización”, como lo calificaron desde un comienzo en los medios locales, llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, el pasado 16 de septiembre. Fue el peritaje hecho a su teléfono celular el que expuso las presuntas intenciones del grupo. En los chats relevados y filtrados a la prensa, se observan mensajes donde se habla de provocar incendios con el fin de forzar la salida de los camiones de bomberos para después tomarlos y así bloquear calles de la ciudad.

Con excepción de Amarilla, todos los efectivos estuvieron alojados hasta la semana pasada en la Alcaidía de la Mujer, ubicada al lado de Comisaría Segunda de Posadas. Una vez que se les dictó la prisión preventiva, fueron trasladados en su mayoría al penal de Cerro Azul, situado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, donde ya se encontraba detenido el principal referente y vocero de la mesa salarial policial. Dato de color: se trata de la misma cárcel de máxima seguridad en la que pasa sus días el exdiputado provincial Germán Kiczka, acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil.

Ramón Grinhauz, abogado defensor tanto de Correa como del vocero Amarilla, anticipó en las últimas horas que buscará apelar la prisión preventiva dictada por el juez Verón sobre sus dos defendidos. El letrado cuenta con un lapso de cinco días para presentar la solicitud en la Justicia, la que, sin embargo, ya rechazó pedidos previos de excarcelación para Amarilla y sus colegas.

Debido proceso en duda

La destitución de los ocho policías acusados de “sedición” y “conspiración” generó preocupación entre diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles en Misiones. La decisión del oficialismo provincial fue formalizada a través del decreto 2084/24 y anunciada el 22 de septiembre en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, expresó Passalacqua a través de un mensaje oficial, escoltado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el titular de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.

Esta semana, a través de un recurso de amparo, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes pusieron la firma y salieron a poner en cuestión el decreto, el mismo que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. En el escrito, al que tuvo acceso elDiarioAR, los letrados argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.

Rivas y Paredes sostienen además que la destitución responde a “represalias” por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales. Y señalan que, pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.

“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, alertan los abogados en otro pasaje de la presentación dirigida al Estado provincial.

El Justicia deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el clima de opinión pública en Misiones se vuelve cada vez más denso.

PL/DTC

Cuando los policías llegaron a su casa en La Calera, el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No eran agentes de la Jefatura, sino los comisionados que trabajan bajo las órdenes de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, con especialidad en delitos económicos. El subjefe de la Policía cordobesa quedó inmediatamente detenido por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una investigación ligada a la protección de una “cueva” financiera y a la venta ilegal de neumáticos robados y teléfonos móviles.

A la misma hora en que el comisario general Mercado era detenido en esta localidad ubicada a sólo 18 kilómetros al oeste de esta capital, se realizaron diez allanamientos más en la propia casa de Gobierno cordobesa y en domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba, Arroyito, Río Segundo y la comuna de Lozada, donde además fueron detenidos otros dos policías, un empleado judicial y cuatro miembros de una misma familia que presuntamente integraban una banda dedicada a la venta de neumáticos, teléfonos celulares y lavado de activos provenientes de ese comercio ilegal.

Tras la detención de Mercado —es uno de los tres subjefes de la fuerza de 23 mil efectivos—, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa donde se anunció el operativo: “La detención se produjo a raíz de una investigación que se inició el año pasado, sobre hechos ilícitos de 2022 y 2023, un lugar de venta de telefonía celular donde también funcionaba una financiera y también tendría otro tipo de actividades como venta de neumáticos de origen ilegal”.

El funcionario señaló, además, que “hay funcionarios públicos del área de Investigaciones, un hombre y una mujer que prestaban servicios en esa área y que también están detenidos, un comisario inspector y una subcomisaria si mal no recuerdo sus jerarquías; pero hay ocho detenidos en total, los otros cinco son civiles; creo que también hay un empleado del Poder Judicial que está involucrado y detenido”.

Esta tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a elDiarioAR que, a través de una resolución del propio ministro Quinteros, se pasó a retiro obligatorio al subjefe Alejandro Mercado “atento a la investigación judicial en la que se encuentra involucrado”, “sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa con razón de las resultas del proceso judicial y/o administrativo que se lleve adelante en su contra”.

Además del comisario general Mercado, también fueron detenidos los policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera (asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica); la subcomisaria Verónica Aguilar (asociación ilícita); el empleado judicial Juan José Corzo (falsa denuncia y falsedad ideológica, presuntamente involucrado en el armado de falsas denuncias) y los integrantes de una familia de Arroyito, que tenían el teléfono celular de Lorena Aubán, una joven asesinada en la ciudad de Arroyito en 2007: Roberto Adrián “Coquito” Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge, todos imputados por el delito de asociación ilícita. Mientras que Fiorella del Valle Monge también está imputada y con orden de captura, pero no fue detenida por no poder establecer su domicilio.

De Delitos Económicos a subjefe de Policía

Con 35 años de carrera, el comisario general Alejandro Mercado hizo una meteórica carrera que lo llevó en la última década a ascender de jefe del Departamento de Delitos Económicos a subjefe de la Policía, cargo al que ascendió desde el 10 de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió como gobernador de Córdoba. Polémico y resistido por los cuadros medios de la propia fuerza, varias veces Mercado estuvo a punto de ser desplazado de la Policía, pero la excelente sintonía con dos fiscales muy allegados al poder político provincial, Raúl Garzón y Rubén Caro —que se jubiló hace pocos meses—, le permitieron sobrevivir. Con Quinteros como flamante ministro de Seguridad, el nombre del comisario general Mercado sonó como jefe de Policía, pero finalmente el gobernador Llaryora se inclinó por el comisario general Leonardo Gutiérrez, hasta entonces jefe de la Dirección General Departamentales Sur, como número 1 de la fuerza. Mercado fue nombrado como uno de los tres subjefes y las otras dos subjefaturas quedaron para la comisaria general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marín.

Un oficial en ascenso

Hasta junio de 2015, el comisario inspector Alejandro Mercado estaba al frente del Departamento de Delitos Económicos, y en los medios gozaba de buen trato cada vez que realizaba megaoperativos contra la venta ilegal de teléfonos celulares en la Galería Norte. Eran épocas en que la Policía de Córdoba era manejada con puño de acero por el comisario general Julio Suárez, quien no dudó en amenazar al periodista Dante Leguizamón que investigó el caso de gatillo fácil de Fernando “Güere” Pellico, asesinado en julio de 2014. 

Pero a mediados de 2015 la suerte del jefe de Delitos Económicos cambió para bien: el jefe del Departamento Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Alvarez, fue pasado a situación pasiva —como ahora le ocurre a Mercado—, fue relevado de su cargo, y además fue impedido de desempeñar ninguna función, portar su arma, ni vestir uniforme y se le retuvo el 70% del sueldo. “Alvarez se comió una bronca de arriba, una interna con Mercado”, contaron aquella vez.

Agentes del grupo de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al mando del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, allanaron la Jefatura de Policía y detuvieron al chofer del comisario Alvarez, el cabo de Robos y Hurtos, Franco Ormeño, sospechado de integrar una banda de secuestradores que en abril de ese año había capturado a Carlos Córdoba (73), padre de Daniel Córdoba, un presunto narcotraficante e informante de la disuelta División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, involucrado en el narcoescándalo que en 2013 terminó con los jefes de la División presos por encubrir narcos.

Con mucha razón, el desplazado Alvarez se había quejado por su desplazamiento: “Yo no puedo saber qué hace un policía de mi área cuando no está en funciones”. 

Así fue que de facto, el comisario Mercado se hizo cargo de Robos y Hurtos y, al poco tiempo, de Sustracción de Automotores; además de seguir comandando Delitos Económicos.

Ricos y famosos

En diciembre de 2015, cuando Juan Schiaretti sucedió como gobernador a José Manuel de la Sota, también hubo cambios en la plana mayor de la Policía y el comisario general Gustavo Vélez reemplazó como jefe al polémico Julio Suárez, quien fue pasado a retiro.

En mayo de ese año, delincuentes robaron una cantidad nunca precisada de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía de Córdoba, y trascendió que el propio Suárez, al enterarse del robo, le ordenó a Mercado recuperar las armas. Finalmente, la Justicia computó el faltante de 67 pistolas Bersa Thunder, de las cuales fueron apareciendo “por goteo” algunas, en distintos allanamientos “al voleo”.

Mercado cayó en el ostracismo y fue desplazado a una dependencia del interior. Pero la suerte volvió a salpicarlo, gracias a la buena muñeca y la buena llegada con los llamados “fiscales del poder” —Caro y Garzón manejaron causas de alto impacto mediático—.

La víspera de la Navidad de 2016, la noche del 23 de diciembre, en la vivienda de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, en un coqueto caserón donde estaba reunida la flor y nata de la política, la Justicia y el empresariado cordobés. Esa noche, un grupo comando copó la vivienda de Faustino Allende 410, esquina Sucre, y se alzó con un botín nunca declarado, tras maniatar a 22 invitados.

Siempre sobrevoló la sospecha de que el asalto en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Hermann Karsten, ligado al poder político de De la Sota y Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente ni bien ocurrió el hecho.

En esa fiesta estaban la dirigente peronista disidente Olga Riutort —ex esposa de De la Sota—, el juez federal Luis Rueda, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña, el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, el yerno de Panetta y exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el dirigente radical y docente universitario José Ignacio Cafferata Nores y el reconocido penalista Carlos Hairabedian —todos con sus esposas— quienes agasajaban al polémico empresario y lobbista Hermann Karsten, investigado en Argentina y Guatemala por diversos hechos de corrupción.

A las mujeres les robaron joyas y a los hombres relojes y plata. A todos les sacaron sus teléfonos celulares para evitar que alertaran sobre el robo, los metieron en una bolsa y los abandonaron en barrio Pueyrredón en un canasto de residuos.

Horas después del atraco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Víctor Barrionuevo, un subcomisario de Villa Allende, y cinco cómplices. En enero de 2017, con la causa paralizada, fue desplazado el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, comisario mayor Calixto Luna, y en su reemplazo fue nombrado como jefe Alejandro Mercado, rescatado del destierro por el fiscal Garzón.

En diciembre de 2018, casi dos años después del atraco, Barrionuevo y los cinco sospechosos fueron absueltos. En ese fallo, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen, Eduardo Valdés (presidente), Ítalo Vitozzi y Gustavo Ispani, ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Garzón, al juez de Control 5, César Lezcano, al comisario general Mercado y a otros policías, quienes están sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a Barrionuevo y los otros detenidos.

El crimen de la farmacéutica 

Los allanamientos de hoy ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se desprenden de un caso juzgado en la Cámara Octava del Crimen, en el cual aparece un teléfono celular involucrado en el homicidio de Lorena Aubán, una farmacéutica de la ciudad de Arroyito, asesinada el 22 de junio de 2007. La joven de 28 años fue hallada en el baño del local por su padre, Oscar Aubán. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, el torso semidesnudo, los pantalones bajos y las manos atadas. La autopsia reveló que fue estrangulada y violada. En la ropa había manchas húmedas de semen y, bajo sus uñas, restos de piel y sangre de su asesino. Le habían robado su teléfono celular, entre otras cosas de poco valor.

En abril de 2012, por el crimen de Lorena Aubán fue condenado a 14 años y seis meses de prisión Yonatan Arias, un adolescente que, cuando ocurrió el ataque mortal, tenía dieciocho años y serios problemas de adicción a las drogas. El principal sospechoso, el viudo Cristian Bizone, fue absuelto en un polémico juicio realizado en los Tribunales de San Francisco, donde dos de los jurados populares denunciaron que les cambiaron su voto.

Además de Arias, en ese juicio fue condenado por encubrimiento Alberto “Calmao” Flores, un hombre que trabajó de seguridad privada de políticos en campaña cuando visitaban esta ciudad del este cordobés.

A Flores lo vinculan directamente con el teléfono celular de Lorena Aubán: el seguimiento del chip del aparato permite ubicarlo en Córdoba. Lo estaba usando una mujer. Al ser interrogada, la mujer declaró que lo había comprado en un local de la Galería Norte, cuyo dueño es Adrián “Coquito” Monge, uno de los detenidos esta mañana.

En 2007, cuando la Policía interrogó a Adrián “Coquito” Monje, este declaró: “Me lo vendió ‘Calmao’ Flores, como era de confianza ni le borré el IMEI”.

La Galería Norte, el lugar donde al comisario general Alejandro Mercado, le gustaba encabezar operativos para la prensa.

GM/JJD

Un nuevo hecho de abuso policial conmociona en las últimas horas a Estados Unidos tras darse a conocer un video de las cámaras corporales de dos efectivos involucrados en el asesinato a disparos de una embarazada afrodescendiente de 21 años que se negó a bajar del auto.

La víctima fue identificada como Ta’Kiya Young, quien murió baleada el pasado 24 de agosto en el estacionamiento de un supermercado en el municipio de Blendon Township, en Ohio. En el episodio también perdió la vida su bebé.

De acuerdo a las imágenes difundidas este viernes por la policía local, un agente llegó hasta la ventanilla de la conductora, mientras otro decide ubicarse de frente. El motivo de la presencia de los policías es que la mujer había sido acusada de robar botellas de alcohol junto a un grupo de personas que habían escapado del lugar, según el testimonio de varios empleados del comercio.

Al interceptar a Young, los efectivos le pidieron que baje del auto y ella se negó. Así comenzó una breve discusión, la chica arrancó su vehículo y uno de los agentes le disparó a través del parabrisas. El auto avanzó varios metros hasta estrellarse contra el comercio.

Young, que tenía además dos hijos de 3 y 6 años, recibió atención de emergencia por parte de un testigo de la escena, pero finalmente murió.

Las autoridades no dieron a conocer las identidades de los agentes involucrados y tampoco brindaron más detalles sobre la víctima, que fue identificada por organizaciones sociales.

Este viernes, el jefe de Policía de Blendon, John Belford, señaló en un comunicado que el autor del disparo mortal estaba de baja administrativa y solicitó a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio que realice una investigación independiente de lo sucedido.

Además justificó el retraso en la publicación del video por la necesidad de suprimir algunos extractos de acuerdo a las leyes estatales, así como para permitir su revisión por parte de los abogados.

Según datos de Mapping Police Violence, que recopila datos nacionales de la violencia policial, la Policía mató en 2022 a unas 1.201 personas en Estados Unidos. De ellos, el 26 % fueron afrodescendientes a pesar de que sólo representan un 13 % de la población estadounidense, explicó esa asociación.

MB

La fiscal Fabiana Pochettino pidió hoy que cinco de los seis policías juzgados por el crimen de Joaquín Paredes, en Córdoba, sean condenados a prisión perpetua. El adolescente de 15 años había sido asesinado de un disparo durante un operativo en octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo.

El pedido de la fiscal fue apoyado por los abogados de la familia de la víctima, Claudio Orosz y Ramiro Fresnada, y el letrado del amigo de Paredes ─herido durante el mismo incidente─, Juan Pedro García. En sus alegatos, los magistrados sostuvieron que los efectivos Maykel Mercedes López (25), Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) deben ser condenados por homicidio por un jurado popular.

Para el sexto policía, Daniel Alberto Gallardo (43), por su lado, exigieron una pena de dos años de cumplimiento efectivo.

Pochettino relató de manera cronológica los hechos y detalló cómo los involucrados en el crimen intentaron dar una versión policial distinta a la ocurrida a fin de ocultar el amedrentamiento que buscaron generar los efectivos entre los jóvenes. En este sentido, la fiscal detalló que, a la hora de informar lo sucedido a su superior, Sosa Gallardo omitió “que habían disparado armas de fuego, incluso que había una víctima fatal”.

Esta misma intención de tergiversar los sucesos fue ratificada por Orosz, quien sostuvo que se los oficiales “dispararon al móvil policial para intentar plantar un arma”.

Qué sucedió la noche del crimen de Joaquín Paredes

La madrugada del 25 de octubre de 2020, un grupo de policías llegó a la plaza de Paso Viejo, una localidad cordobesa de alrededor de mil habitantes, tras haber sido alertado sobre una reunión de jóvenes que violaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

De acuerdo a los datos de la acusación, al llegar a la plaza se produjo una discusión con los jóvenes que habría derivado en una balacera por parte de los efectivos presentes. Habrían disparado, al menos, siete veces: cuatro balazos fueron efectuados por el agente Luna y los otros tres con la del agente López. Estos últimos serían los que impactaron en la espalda de Paredes y le provocaron la muerte, según indicaron los peritajes.

Otro disparo impactó en el brazo de Brian Brandon Villada (15), amigo de la víctima, quien fue asistido en un centro de salud pública. A pesar de las investigaciones, aún no se ha podido determinar qué arma originó el balazo que lo hirió.

Con información de agencias.

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el policía de la Ciudad Facundo Agustín Matías Torres, el último detenido por el encubrimiento del homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.

Torres está sospechado de haber sido quien aportó el arma de juguete que fue “plantada” en el automóvil en el que viajaba Lucas González y sus tres acompañantes para fingir un enfrentamiento que jamás existió.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, dio “por acreditado que Torres, a los pocos minutos del tiroteo, se dirigió junto a uno de sus protagonistas hasta la seccional policial, donde ingresó rápidamente para tomar la réplica (del arma) y entregársela a su acompañante, a quien después trasladó hasta donde se hallaba la Volkswagen Suran en cuyo interior fue aquella colocada”.

“La prueba recabada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo realmente ocurrido con los damnificados y participó activamente del plan urdido posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la brigada”, coincidieron los camaristas.

Según la resolución, “la actuación de Torres, a la par, contribuyó a sostener la existencia de un supuesto ataque hacia los efectivos preventores, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial, que derivó en la prolongada privación ilegal de la libertad de los menores” sobrevivientes.

La situación de Torres quedó expuesta durante el juicio oral en el que tres policías de la Ciudad fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Lucas González y otros recibieron penas menores por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y torturas.

El oficial Héctor Claudio Cuevas, quien fue condenado a cuatro años de prisión en el juicio oral, se quebró y contó la secuencia en la cual Torres y uno de los condenados a perpetua, el policía Gabriel Isassi, fueron hasta una comisaría a buscar la réplica del arma para plantarla en la escena del crimen.

“Los detalles del ilegítimo accionar desplegado ese 17 de noviembre de 2021, se condicen el resultado de los informes de geolocalización remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad sobre los movimientos de Torres a bordo de la motocicleta tuvo asignada ese día”, acreditó el tribunal.

“Se logró captar, a través de las cámaras de seguridad, el desplazamiento de Torres al mando del motovehículo y de Gabriel Alejandro Isassi como su acompañante (tal como fuera referido por Cuevas)”, sostuvieron los camaristas.

La descripción agrega además que el subcomisario Roberto Inca, a cargo del operativo, “efectuó la demorada consulta judicial recién cuando Isassi se retiró con Torres del lugar donde se había materializado la detención de los damnificados; es decir, una vez que la réplica del arma de fuego había sido ya plantada en el vehículo”.

Torres está procesado por “encubrimiento agravado por su condición de funcionario público y ser el delito precedente especialmente grave, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público que obró con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley”.

Sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 1,2 millones de pesos.

NB con información de NA.

El tribunal que condenó a prisión perpetua a tres policías por el asesinato de Lucas González y por tentativa de homicidio de sus tres amigos, pidió este martes que además se extraigan los testimonios que brindaron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad,para investigar su actividad en el marco del caso.

“Se ordena extraer testimonios del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a raíz de los hechos denunciados por (el imputado) Ángel Darío Arévalos en sus últimas palabras y remitirlos al juzgado en lo Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia de la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos”, señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto leído este mediodía.

El 26 de junio pasado, la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, declaró en su alegato contra la cúpula de la policía porteña, el comisario general Gabriel Berard y el subjefe Oscar Cejas.

“La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba”, dijo la letrada visiblemente conmocionada durante su alegato. Recordó también que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, cosa que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

“Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'”, detalló.

Arévalo agregó: “Le respondí: 'si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable', a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar”.

“Es muy difícil para mí alegar porque se trata de mi hermano y este es un caso aberrante. Lo tenía que contar porque la verdad se tiene que saber”, finalizó la abogada para y darle paso a su socio Ramón Salto, quien solicitó que Arévalos sea absuelto ya que consideró que “nunca encubrió” y que solo recibió la orden de Cuevas de perimetrar la zona.

LC con información de agencia Télam

Marcos Antonio Domínguez, joven de 18 años con incapacidad motora, y su novia de 17 años, Belén Ontiveros, fueron arrestados en Jujuy, este miércoles, tras un allanamiento ilegal sin orden judicial. Así lo denunció la abogada jujeña, Alejandra Cejas, quien indicó que los efectivos policiales ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Coronel Arias de la capital durante la madrugada.

“Irrumpieron de forma violenta, sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso y les daban la orden de que guarden silencio”, explicó en relación al accionar de los 10 efectivos de infantería que llevaron a cabo el allanamiento.

Sin mostrar ningún acta o papel con firma de un juez, los policías esposaron a todos los miembros de la familia, menos al padre, y se llevaron detenidos a Marcos Domínguez y su pareja, que se encontraban mirando televisión.

Según la denuncia realizada, los oficiales también “se llevaron $200.000 que se encontraban en el domicilio por una colecta para la operación del nieto que es sordo, y requiere un aparato e intervención quirúrgica, para que pueda escuchar”. Secuestraron, además, un automóvil, dos motos, 8 celulares de los presentes y uno adicional que no tenía uso.

El operativo también incluyó una presunta búsqueda de drogas y requisa de todos los miembros de la familia. “Terminada la requisa, uno de los efectivos tiró una bolsa verde con drogas aparentemente, diciendo que eran 2 mm de pasta base, riéndose y sin presencia de testigos”, establece el documento presentado por Cejas.

La abogada recordó que el joven había sido detenido el pasado 20 de junio en el marco de la represión del estado jujeño. En aquel momento, la madre denunció apremios, golpes y torturas diversas que incluyeron meter la cabeza en un balde de agua y mantenerse arrodillado durante 6 horas. “Claramente el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida y un acto de intimidación a Domínguez y su familia”, afirmó la letrada.

Con información de agencias

El Tribunal Penal de Neuquén condenó, hoy, a penas de entre un año y cuatro meses y un año y medio de prisión a los seis policías involucrados en la represión que condujo al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. Todas las penas impuestas por abuso de autoridad son de ejecución condicional e incluyen inhabilitaciones especiales.

El ex jefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el ex subjefe Moisés Soto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto y el ex director de Seguridad Mario Rinzafri son quienes recibieron la pena de un año y seis meses de prisión condicional e inhabilitación por tres años. El ex jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido ─que en aquel entonces, tenía un rango menor─, por su lado, fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel, con inhabilitación especial de 2 años y 8 meses. Benito Matua, policía responsable de abuso de armas, también recibió un año y cuatro meses de pena, a lo que se suma la inhabilitación se seis meses para funciones policiales que involucren el uso de un arma de fuego.

A pesar de que las condenas no son particularmente extensas, la defensa de Sandra Rodríguez, viuda de Fuentealba, se mostró conforme. En la misma línea se expresó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo. “Nosotros sabíamos que las condenas iban a estar en este margen, pero lo importante fue llegar después de 16 años a concretar el juicio y que se haya condenado a la cúpula policial de ese operativo que terminó con la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba”.

El docente murió el 4 de abril de 2007 por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo José Darío Poblete, ya condenado a perpetua, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, cerca del paraje Arroyito. “Es cierto que algunos manifestantes arrojaron piedras luego de que se lanzaran los gases lacrimógenos como reacción, pero no era una actitud masiva, sino de personas aisladas, que no sirve para justificar el uso indiscriminado de la fuerza sobre quienes huían del lugar más allá de las zonas aledañas a la ruta”, argumentó el juez Girogetti, el 16 de marzo de aquel año, cuando el tribunal declaró la culpabilidad de los efectivos policiales.

Con información de agencias

El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado por una bala policial en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, dijo que hoy “es un día de verdad y justicia”, al ingresar a los tribunales para declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad, tres de ellos acusados del asesinato y los restantes por intentar encubrirlo.

“Hoy venimos con la verdad, es un día de verdad y justicia. Ellos, los señores jueces, tienen la justicia, y nosotros tenemos la verdad. Venimos tranquilos, con la verdad que tengo en la mente desde aquel 17 de noviembre de 2021. Me acuerdo como si fuera ayer, desde el portazo que dio Lucas cuando salió de casa hasta que nos comunicaron de esta terrible tragedia”, dijo Mario “Peca” González.

Al ingresar pasadas las 8.30 a los tribunales federales de Retiro, donde se desarrolla el debate, el hombre recordó el momento en el que vio a su hijo herido en el Hospital Penna, “con custodia policial, todo vendado, en la guardia así nomás, ensangrentado...”

“Nos trataron como padres de un delincuente, no nos daban información. Le pregunté como padre a un Policía de la Ciudad algo de información y cuando sale me dice 'a tu hijo le hicieron luminol y tenía un arma'”, recordó González indignado.

“Mi hijo no sabía parar un colectivo, la llamaba a la mamá para decirle qué colectivo tenía que tomarse para ir a Barracas, para combinar, era una criatura, era nuestro bebé y que vengan estos a decir que era un ladrón...”, agregó.

Sobre la jornada de hoy, González dijo que su esposa, Cintia López, también declarará con apoyo de una psicóloga y que lo harán luego los tres amigos de su hijo, testigos del crimen y también víctimas de torturas policiales en el mismo episodio.

“Es fundamental que los chicos declaren, ellos van a ir con la verdad porque son los testigos principales de esta tragedia, ellos también pudieron no haberla contado, porque las balas fueron para todos. Le tocó a Lucas y no le tendría que haber tocado a ninguno”, expresó.

Finalmente, consultado sobre las declaraciones de los tres policías de la Brigada 4D de la Policía de la Ciudad acusados de matar a su hijo, quienes aseguraron en la primera jornada del juicio haber actuado en cumplimiento del deber y en legítima defensa, el papá de Lucas dijo: “Era lógico que iban a seguir mintiendo, van a querer zafar de algo de lo que no tienen escapatoria, hay video y escuchas. Siguen mintiendo y no van a demostrar ningún arrepentimiento. Esto lo tenían instalado, era moneda común lo que hacían, sino no hay 14 policías implicados y de alto rango”.

Los tres amigos de Lucas que fueron testigos del asesinato del adolescente con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, también declararán hoy en el juicio.

Fuentes judiciales confirmaron que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca declararán en la segunda audiencia que se desarrollará a partir de las 9 en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Los jóvenes darán su testimonio tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.

Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima.

La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.

Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policías, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.

Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.

En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultados, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.

De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron “villeros” y “negritos” y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.

Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”, por lo que no cometieron “ningún delito”.

En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas “plantar” un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

Además, en el caso de dos de ellos también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.

CRM con información de la agencia Télam

Siete expolicías bonaerenses fueron condenados este lunes a 25 años de prisión. Fueron hallados culpables de la llamada “Masacre de Wilde”, el emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 al sur del Conurbano bonaerense, donde fueron asesinados cuatro hombres, según informaron fuentes judiciales.

A 28 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.

El fallo los considera coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”. Los magistrados dispusieron que cuando el fallo quede firme los siete condenados sean detenidos.

Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, una de las víctimas, dijo a Télam tras el veredicto: “Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”.

El fallo fue dado a conocer hoy cerca de las 12.30 por el tribunal, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, en una sala de audiencias de la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2.463 -ex Camino Negro-, de Lomas de Zamora.

El fallo, 28 años después

La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, en esa localidad del sur del Conurbano bonaerense. Allí, fueron asesinados de varios disparos al ser confundidos con delincuentes Edgado Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, cuyos familiares se presentaron este mediodía en la puerta de los tribunales con carteles que decían: “Justa justicia es perpetua para todos”.

Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había pedido en sus alegatos la máxima al considerar que entre los imputados existió un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”.

Los acusados llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo las condenas en su contra. Todas sus defensas pidieron la absolución.

La masacre tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente del ataque. Los cinco tiroteados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que los habrían confundido con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

Según los peritajes, los vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi. En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de los juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, todos ellos ya fallecidos, y los integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Tras varias apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa continuó su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.

LC con información de agencia Télam

Cuatro efectivos de la comisaría de Amado Bonpland, Corrientes, entre ellos el jefe, fueron detenidos acusados de abigeato, tras la denuncia del propietario de un campo que escuchó disparos y advirtió que se llevaban una de sus ovejas, que luego fue hallada en la dependencia a punto de ser asada, informaron hoy fuentes de fuerza.

Entre los detenidos está el jefe de la comisaría de la localidad de Amado Bonpland, dijo el subjefe de Policía de la provincia, Eduardo Acevedo, quien agregó que los cuatro efectivos “están con arresto preventivo, siendo investigados y con sumario administrativo interno”.

El funcionario policial detalló que el episodio ocurrió este domingo en esa localidad situada a 385 kilómetros al sureste de la capital provincial, cuando un productor de la zona denunció en la Policía Rural y de Islas que, tras escuchar disparos, advirtió que hombres de civil se llevaban el animal en una camioneta de la fuerza provincial.

“Luego de la denuncia, los agentes del acudieron a la comisaría, donde se encontraron con el escenario”, precisó Acevedo, al referir que la oveja estaba a punto de ser asada.

Sobre el hecho, Acevedo expresó a Télam: “Nos causa mucha indignación, trabajamos denodadamente por cuidar nuestro prestigio (...) Este accionar tira por tierra el trabajo comprometido de la Policía de Corrientes”.

En similar sentido se manifestó el jefe de la fuerza correntina, comisario general Félix Barboza, al expresar en diálogo con Radio Dos que “seremos inflexibles con los policías involucrados.

Con información de agencias.

IG