México y Argentina atraviesan realidades opuestas en materia de política salarial. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con sindicatos y empresarios un aumento del 13% en el salario mínimo para 2026, en Argentina el Consejo del Salario fracasó por falta de acuerdo y el Gobierno impuso por decreto un incremento muy inferior, sin respaldo sindical ni consenso tripartito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el ajuste anunciado esta semana, que llevará el salario mínimo nacional de 278,8 a 315,04 pesos diarios (US$17,26). El acuerdo incluye un componente inflacionario del 6,5% y un “monto independiente de recuperación” que refuerza el poder adquisitivo, con el objetivo explícito de que el salario cubra el 100% de la línea de bienestar.

“Es una decisión histórica y consensuada que fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, señaló la Coparmex en un comunicado.

En Argentina, aumento sin acuerdo y por debajo de la inflación

En cambio, en Argentina, el Consejo del Salario fracasó la semana pasada, cuando empresarios ofrecieron una suba de apenas $4.000 sobre los $322.200 congelados desde agosto. La CGT rechazó la propuesta oficial y exigió una recomposición del 71,6% para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy ubicada en $1.176.852.

Frente al desacuerdo, el Gobierno impuso de manera unilateral un cronograma de aumentos por decreto, que llevará el salario mínimo a $376.600 en agosto de 2026, un incremento interanual del 17% y apenas un 3,9% de suba en el primer mes, muy por debajo de la inflación proyectada.

“El laudo impuesto consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, denunció la CGT. La central obrera remarcó que la decisión del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no se corresponde con los niveles de pobreza ni con el costo de vida real.

Dos caminos, dos modelos

El contraste entre ambos países vuelve a poner en primer plano las diferencias de enfoque político. En México, el aumento salarial fue definido en el marco del Consejo Nacional de los Salarios (Consami), tras más de 40 foros con participación de más de 2.000 representantes, incluidos gremios y empleadores. En Argentina, en cambio, los acuerdos tripartitos están quebrados y el Gobierno deslegitima la participación sindical en la negociación de los pisos salariales.

La iniciativa mexicana además contempla aumentos diferenciados para la frontera norte, donde el salario mínimo alcanzará 440,87 pesos diarios (US$25,15), con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y acompañar el costo de vida local.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, también con respaldo de empresarios, bajo un esquema progresivo que incluye a las mipymes.

Una política salarial al servicio del trabajo

En México, el objetivo declarado es que para 2030 el salario mínimo supere en 2,5 veces el valor de la canasta básica, lo que implicaría una mejora real del poder de compra y una estrategia de redistribución con consenso social.

En Argentina, por el contrario, el salario mínimo se mantiene como un umbral desconectado de la realidad, que no llega a cubrir ni un tercio de una canasta básica para una familia tipo. Aun así, sigue siendo una referencia clave para programas sociales, prestaciones por desempleo y convenios colectivos.

Los dos gobiernos enfrentan contextos económicos distintos, pero la diferencia no es solo macroeconómica: es política. En uno, el salario se negocia; en el otro, se impone. En uno, se piensa en términos de bienestar; en el otro, en términos de recorte.

JJD

El neurocirujano Mariano Pirozzo asumió como nuevo Director Médico del Hospital Garrahan. Desde el Ministerio de Salud afirmaron que llega “con el compromiso de consolidar una etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional”. Pirozzo ya pasó por la Dirección del Hospital Nacional Sommer y fue interventor del Hospital Laura Bonaparte donde hizo reestructuraciones y ajustes.

En el sitio web del Garrahan destacaron que “es médico egresado de la Universidad Maimónides, se formó como neurocirujano en el Hospital Militar Central ”Cosme Argerich“ y es especialista en neurocirugía, reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires”. Actualmente está cursando una Maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD y un MBA en la Universidad de San Andrés.

La presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez, quien antes se desempeñaba en el rol que desde hoy asume Pirozzo, destacó su incorporación: “Hoy damos un paso más para reordenar el hospital y sabemos que el Dr. Pirozzo tiene las herramientas para lograrlo”.

En el currículum de Pirozzo también se destaca que coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), jefe de Neurocirugía de la Clínica Sagrada Familia, director de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer, y jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.

Tras la designación del nuevo interventor, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció que este jueves, realizará un paro por 24 horas “en contra” de la gestión del presidente Javier Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que tienen como objetivo “vaciar y destruir” la institución. La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, declaró que “la unidad de todo el equipo de salud que está firme en defender el hospital”.

En el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la entidad pediátrica hace casi dos años, la nueva medida de fuerza comenzará a las 7.00, pero permanecerá con la atención a pacientes internados y el servicio de guardia, mientras que a las 12 habrá un abrazo simbólico y a las 14 se realizará una conferencia de prensa para detallar la problemática de la entidad y recordar el paro y la marcha del próximo jueves 17.

Asimismo, Lezana remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.

“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse”, indicó.

Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid – AM 990, Pablo Puccar, jefe de Cuidados Intermedios y Moderados del Garrahan, se refirió a las nuevas autoridades y sostuvo que el director asignado, Mariano Pirozzo, “no es del Hospital”.

“Nunca hemos tenido un director que no sea de carrera hospitalaria porque es un hospital muy complejo. Este director nunca había pisado el hospital, no lo conoce”, expresó Puccar.

Para finalizar, indicó que la Ley de Emergencia sobre salud infantil que se trata en el Congreso de la Nación, “es la última esperanza” que tienen y “ruegan” que antes de las vacaciones de invierno “haya media sanción” en Diputados.

“Este último tiempo sólo recibimos agresiones y mentiras, pedían que se echara gente para la foto, para mostrar que había personal de más. No es una cuestión de puestos de trabajo, el Hospital es importante por la investigación y todo el trabajo que se hace”, concluyó.

MP

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) realizó este martes por la mañana un apagón informático en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional.

Esta medida se implementó desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y afectó la atención de los usuarios en las dependencias de todo el país. Esta misma modalidad de protesta se repetirá el próximo jueves 3, en la misma franja horaria.

La AEFIP sostuvo que esta jornada de lucha surgió debido a que las instancias de diálogo con las autoridades el ARCA “se agotaron”, sumado al “drástico ajuste salarial” y el achicamiento arbitrario de la planta de trabajadores, debido a que, en las últimas horas, fueron desvinculados cientos de trabajadores del organismo, tras optar por retiros voluntarios y se confirmó el cierre de oficinas en varios puntos del país.

“El silencio de la patronal evidencia la nula voluntad de dar respuestas concretas con respecto a la recomposición salarial y los abruptos cambios que derivaron de la reestructura con los cierres de las sedes de distritos y receptorías”, aseguró AEFIP.

En la misma línea, ratificaron la realización de un plenario de secretarios generales para el próximo 7 de abril, en el que se van a definir nuevas medidas de protesta.

Para finalizar, el sindicato “confirmó” que acompañará la movilización del miércoles 9 de abril en apoyo a los jubilados y se adherirá al paro general del próximo 10 propuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con información de la agencia NA

El segundo cuatrimestre universitario de 2024 arrancó este lunes con un paro docente de 24 horas en todo el país. Esta vez, el reclamo se centra principalmente en el atraso en los ingresos de los trabajadores. La propuesta salarial hecha el viernes pasado por los representantes del oficialismo, quienes ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre, no hizo más que atizar el fuego de la discordia. Los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, con el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro “Galleguito” Álvarez a la cabeza, se toparon con la disconformidad de los sindicatos, que al salir de la reunión confirmaron la continuidad del plan de lucha.

Es que el paro de 48 horas dispuesto para este martes 13 y miércoles 14 parece volver a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha del 23 de abril. Ese día, cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. En Casa Rosada acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que salir a sobreactuar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar el reclamo callejero.

Un dato sorprendió en aquel entonces a los funcionarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron en defensa de la educación pública, una causa considerada “noble” por el presidente Javier Milei, pero que en otras oportunidades no dudó en calificar como un “lavado de cerebro”. Hoy, sin embargo, a casi cuatro meses, el oficialismo elige redoblar la apuesta en su tensa relación con el mundo universitario y pone al frente de esa cruzada al subsecretario Álvarez, que en los últimos días salió a reivindicar públicamente su rol en tanto soldado de la “batalla cultural” que estaría llevando adelante La Libertad Avanza.

Hijo del histórico Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador en los 70 de la agrupación peronista Guardia de Hierro, este profesor de Ciencia Política en la UBA se declara fan de La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, y que es transmitido por la pantalla de Carajo, el flamante canal de streaming libertario. Hace dos semanas, Álvarez fue invitado y recibido con honores por los integrantes de esa mesa, donde fue presentado como quien encabeza el “combate” contra el “adoctrinamiento socialista” en las casas de altos estudios. “Lo que ha pasado es que el kirchnerismo se montó en las universidades como si fuera una estructura soviética donde ellos determinan qué es lo correcto”, se lo escuchó decir al subsecretario en un tramo de la entrevista, en la que también se despachó con definiciones en contra de la “Agenda 2030”.

En abril, con el conflicto en plena ebullición, Álvarez fue corrido de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas, de la mano de alguien que se convirtió en su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria: el todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, el funcionario al frente de la relación con las universidades ocupa hoy uno de los sitiales más deseados por las huestes macristas, que están agazapadas y a la espera de que no se detenga la sangría constante de funcionarios que jaquea desde el vamos al ministerio comandado por Sandra Pettovello. El expresidente Macri parece tener a Álvarez en la mira y presiona a la mejor amiga de Milei para que lo desbanque. Pero el futuro del subsecretario, mal que le pese a jefe del PRO, no parece peligrar. Su llegada a la mesa chica del oficialismo es directa, incluso más que la del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Más allá de esas escaramuzas de palacio, poco parece importarle al Gobierno que la oferta hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron los ingresos de sectores claves de la educación desde la llegada de Milei al poder. A pesar del relato esgrimido por La Libertad Avanza, que le atribuye a la docencia universitaria aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo se recortó hasta 32,2% de noviembre a julio.

El antecedente más cercano al paro que comienza este martes es el que tuvo lugar el 4 y 5 de junio pasado, con el que, además de reclamar un incremento presupuestario y mejoras de los sueldos, se exigió el reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Esa medida había sido precedida por otro paro, el 23 de mayo, un mes después de la marcha. Y antes, además, la UBA se había declarado en emergencia presupuestaria por los recortes de fondos que implicó la asignación del presupuesto 2024. La posibilidad de una segunda marcha universitaria está cada vez más latente.

PL/JJD

“¡Fuerte el aplauso para nuestro conductor, Carlos Eduardo Rovira!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 y un músico que cantaba sobre un escenario improvisado, apostado en la explanada de la Cámara de Representantes, hacía un esfuerzo por advertir a los presentes acerca de la sorpresiva aparición del líder misionero. Acababa de terminar la sesión ordinaria y el conjunto de la plana mayor del oficialista Frente Renovador de la Concordia salía a saludar a su militancia, con el gobernador Hugo Passalacqua en primera línea. Mientras los reclamos salariales de docentes y personal de salud se acrecientan, con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, Rovira decidió tomar la iniciativa y convocar a una marcha “en defensa de la paz y la libertad” que se realizó este jueves frente a las puertas de la Legislatura provincial.

La elección del momento y el lugar no fue para nada casual. Luego de casi dos semanas de una inédita tensión callejera que tuvo en vilo al país, y tras el ansiado acuerdo salarial alcanzado el martes por la policía provincial, la Renovación se trazó una estrategia: “blindar” la sede del palacio legislativo con miles de personas y así evitar que se repitan las imágenes de hace exactamente una semana, cuando cientos de manifestantes tiraron las vallas que rodeaban el edificio y fueron reprimidos con palos y gas pimienta. Bajo el lema “#30M por la paz”, intendentes oficialistas dieron la orden de mover el aparato: militantes y municipales de distintas localidades se acercaron hasta Posadas con la misión de hacer número y, con banderas argentinas y misioneras en sus manos, ocupar uno de los espacios de mayor simbolismo para la fuerza política que conduce el exgobernador Rovira.

Pero la de la Legislatura no fue la única cita que tuvo lugar este jueves en la capital provincial. En paralelo, a unas quince cuadras del barrio de Villa Sarita, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y agrupaciones de profesionales de la salud realizaban una concentración en la esquina de la avenida Uruguay y Trincheras de San José, epicentro del acampe multisectorial que todavía persiste en las cercanías del centro posadeño. “30M por la dignidad”, anunciaba el flyer de la convocatoria que buscó dar cuenta de que los reclamos de los estatales misioneros siguen en pie. Como respuesta a la marcha oficialista, una de sus consignas rezaba: “¡Paz es tener un salario digno!”.

Desde las filas docentes acusan al gobierno de recurrir a “militancia rentada” y de “apretar” a trabajadores del sector público para que asistan al evento organizado por Rovira. “El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, sostuvo esta mañana el vocero de FTEL, Carlos Lezcano, en un diálogo con SomosTelam. Durante la jornada de hoy, las rutas nacionales 12 y 14 fueron los puntos de las protestas por un salario que alcance el monto de la canasta familiar, lo que llevó a que el tránsito se interrumpa en varios de los departamentos de la provincia.

Contraofensiva rovirista

Los reclamos de los gremios docentes más combativos se intensificaron en los últimos días, con manifestaciones que se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio misionero. Una de ellas llegó incluso hasta las puertas del domicilio particular de Rovira, a la vera del río Paraná, lo que encendió las alarmas en las filas del oficialismo. A partir de ese momento, la contraofensiva fue implacable: una vez cerrado el conflicto con la policía, fueron enviados al acampe varios oficios judiciales firmados por el magistrado Ricardo Balor. A través de ellos, se emitió una orden de restricción para que los referentes gremiales no puedan acercarse a menos de 200 metros de la Cámara de Representantes, acusados de ser los instigadores de los hechos de violencia registrados la semana pasada.

Los docentes denuncian que el gobierno provincial no tiene real voluntad de dialogar con ellos y que es por eso que opta por denunciar y restringir la participación de los manifestantes. Hace un mes que los maestros reclaman mejores condiciones laborales y salariales y consideran la acción judicial como un intento de “silenciar” sus demandas y un acto de “criminalización de la protesta”.

Curiosamente, las disposiciones de la Justicia misionera coinciden con las posturas expresadas por referentes del oficialismo provincial. Sin ir más lejos, durante la sesión ordinaria de este jueves, los discursos de los miembros del bloque renovador estuvieron enmarcados en una férrea “defensa de la democracia”, al punto de que un diputado llegó a exhortar a un “Nunca más” a la violencia.

“Más de 40.000 o 50.000 personas se movilizaron de toda la provincia de Misiones para estar hoy en la explanada”, celebró el jefe de la bancada oficialista, Martín Cesino, que hizo mención a “esa gran ciudadanía” presente en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Sin embargo, no se privó de apuntar contra los diputados provinciales del radicalismo que decidieron ausentarse de la sesión. Cesino los acusó de incumplir “con esa gran responsabilidad que nos ha dado el pueblo de la provincia de Misiones”.

Horas antes, el bloque de la UCR había publicado un comunicado para dar cuenta de su posición. “No podemos estar encerrados en un recinto que hace oídos sordos a los reclamos del pueblo trabajador”, rezaba el texto, firmado por todos sus integrantes. Y añadía, a modo de estocada: “El gobierno de la provincia, no conforme con dar la espalda, organiza y financia una movilización, en la que pone la plata que se ve que sí hay para actos partidarios, pero no para los docentes y las escuelas”.

Además de Cesino, una de las diputadas del oficialismo en tomar la palabra fue Anazul Centeno, quien se encargó de hacer una comparación entre los disturbios sucedidos la semana pasada en la Legislatura y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. “Si repudiamos estos actos y los condenamos cuando suceden en otros lugares, también tenemos que hacerlo acá y tenemos que resaltar la gravedad de los hechos”, indicó, efusiva, la legisladora de la Renovación.

Y, en esa línea, continuó: “Estos actos buscan socavar el orden democrático e institucional y son completamente inaceptables en un Estado de Derecho. Así como también lo es que luego de los destrozos realizados aquí, una columna de manifestantes se haya trasladado al domicilio personal del gobernador y, a los días siguientes, a los domicilios de autoridades de esta Legislatura”.

Mientras tanto, desde uno de los palcos, los dos senadores nacionales misioneros que responden al gobierno provincial, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, escuchaban con atención las palabras de los diputados. Sobre ellos se posarán todas las miradas la semana que viene, cuando la Cámara alta deba tratar la dilatada ley Bases y se despeje, a su vez, una de las mayores incógnitas que rondan hoy a la política misionera: el alcance real de ese acuerdo de gobernabilidad que sellaran hace un mes Rovira y Milei.

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Bajo una tenue lluvia, a ritmo lento pero a paso firme, cientos de docentes y trabajadores de la salud de Misiones se movilizaron este jueves por las calles de Posadas rumbo a las puertas de la Cámara de Representantes, en el barrio de Villa Sarita. Se cumplía una semana del inicio de un conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia mesopotámica gobernada por el Frente Renovador de la Concordia y al grito de “¡100%! ¡100%!” la columna multisectorial llegaba a las inmediaciones de la Legislatura pasadas las 18, con el fin de hacer escuchar su reclamo por una recomposición en sus ingresos que les permita recuperar algo de lo perdido tras meses de altísima inflación.

La de este jueves no fue la primera, pero sí la más multitudinaria de las tres convocatorias que se llevaron a cabo frente a la Legislatura en el último mes. Y se trató, además, de la jornada de mayor violencia desde el comienzo de las protestas en la provincia. Es que, pese a que el gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que pudieran ser nuevamente tiradas, los desmanes volvieron a repetirse: cerca de las 19, un importante número de manifestantes ingresaba al playón principal de la Cámara, lo que motivaría a las fuerzas de seguridad a arrojar gas pimienta de manera indiscriminada. Minutos más tarde, otro grupo se trasladaba a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, ubicada en pleno centro posadeño, donde también se producirían incidentes.

“Yo solo se trabajar con la tiza y el pizarrón. Yo no sé trabajar con escopeta y gas pimienta. Solo sé tomar la mano de un niño para enseñarle a cruzar la calle, pero igual no les tengo miedo”, se lamentaba una maestra, megáfono en mano, minutos después de los disturbios, todavía en shock. Junto a ella, una bandera que rezaba, sugestiva: “El problema es provincial”.

La marcha había partido a las 17 de la esquina de Uruguay y Trincheras de San José, epicentro de las protestas del conjunto de la administración pública misionera que, desde el viernes 16, se encuentra movilizada a lo largo y a lo ancho de la provincia. El reclamo cobró impulso y repercusión nacional a partir del acampe policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, que hoy se extiende por varias cuadras y al que se suman cada vez más sectores en lucha.

Pero los reclamos trascienden los límites de la capital provincial. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las vías principales de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los gremios más combativos desconocen por insuficiente el trato alcanzado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), que firmaron con el gobierno un acuerdo para llevar el sueldo inicial de un maestro a $400.000. Lo mismo ocurre con el sector de la salud, cuyos trabajadores se muestran disconformes con el acuerdo de un 28% de aumento salarial obtenido esta semana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Violento e intimidatorio”

Mientras afuera tenía lugar uno de los momentos más tensos que se hayan vivido en Misiones en los últimos tiempos, la cuarta sesión ordinaria del año en la Cámara de Representantes transcurría con normalidad. Solo debió interrumpirse por algunos minutos, cuando los diputados opositores del radicalismo, al percatarse de los sucedido, se ausentaron del recinto en solidaridad con los docentes reprimidos. Pero el que no se movió de su banca fue el exgobernador, Carlos Rovira. El líder indiscutido del oficialismo provincial permaneció en silencio durante las dos horas que duró el trámite legislativo —la última vez que habló en público fue el 9 de noviembre del año pasado, durante una visita de Sergio Massa previa al ballotage.

Sin embargo, en quien sí recayó la responsabilidad de hacer explícito el repudio de la Renovación a la protesta policial fue en la diputada Anazul Centeno. A partir de dar a conocer una declaración firmada por el conjunto del bloque oficialista, Centeno sostuvo que la asonada en realidad es llevada adelante por “un pequeño grupo” de uniformados. Y condenó el accionar de aquellos efectivos activos y retirados que se encuentran frente al Comando al calificarlo de “violento e intimidatorio”.

“Están ocasionando disturbios, perturbando el orden público y la tranquilidad de las familias misioneras”, añadió la diputada oficialista. Y en el que fue uno de los tramos más fuertes de su discurso, apuntó: “Ni siquiera voy a adentrarme en los daños que se están ocasionando en los bienes públicos, desde el asfalto hasta el transporte de pasajeros, e incluso también en las ventas de los comercios de la zona, en esto que constituye un acto de sedición”. En la transmisión oficial, mientras Centeno hablaba, una placa detallaba el supuesto costo de la rebelión policial: $10 millones por día.

Pero las palabras de la diputada no fueron las primeras en exponer la estrategia marcadamente confrontativa tomada por el gobierno provincial. Este jueves, en el Concejo Deliberante de Posadas, el oficialismo intentó votar una ordenanza anti-protesta, que sin embargo resultó en un contundente rechazo por parte de la mayoría de los ediles que se encontraban presentes.

El proyecto buscaba repudiar las manifestaciones con el argumento de que afectan a instituciones y actividades comerciales. Y además, al igual que lo hiciera la diputada Centeno durante la sesión en la Legislatura, se acusaba a quienes realizan las protestas de cometer delitos graves como sedición y destrucción de propiedad del Estado.

A comienzos de semana, la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, sobre la avenida Uruguay. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió en ese momento el vocero de la policía, Ramón Amarilla, quien este jueves encabezó una nueva negociación infructuosa con autoridades provinciales.

El gobierno ofreció un 30% como “máximo esfuerzo”, lo que fue rechazado por los delegados policiales. “Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, sentenció Amarilla en la tarde de ayer. La mesa de diálogo continúa, pero cada día que pasa los ánimos se caldean un poco más en la tierra colorada.

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La Policía de Misiones rechazó este jueves la propuesta del 30% de aumento que les ofreció el gobierno provincial de Hugo Passalacqua, por lo que sigue el conflicto con epicentro en el Comando Radioeléctrico. Además, en la noche del jueves, una congregación de trabajadores de la educación y otros sectores se agrupó cerca de la Legislatura, exigiendo incrementos salariales. Esta protesta, como consecuencia de la cual se produjeron incidentes, ocurre en el contexto del séptimo día consecutivo de manifestaciones. Cerca de las 20.30, además, otro grupo de manifestantes se trasladó a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, que fue protegida por efectivos de Infantería.

Los efectivos formaron un cordón con escudos y arrojaron gases lacrimógenos. Algunos manifestantes, en su mayoría docentes, atacaron el portal con piedras.

Más temprano, en la Legislatura, trabajadores de la educación y de otros sectores del Estado intentaron forzar la entrada al edificio moviendo las vallas. La protesta se había organizado específicamente para las 18, con el fin de que coincidiera con la sesión de la Legislatura. Por eso, el Gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, por la mañana, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que los manifestantes pudieran tirarlas. Pese a eso, algunos manifestantes lograron ingresar al hall del edificio.

De acuerdo con el medio local La Voz de Misiones, se trata de la tercera marcha docente hacia la Cámara de Representantes de la provincia. Junto a ellos marcharon también integrantes del servicio penitenciario, efectivos de la Policía, sanitarios y judiciales.

Ramón Amarilla, uno de los referentes y voceros de la protesta policial, afirmó que los funcionarios misioneros ofrecieron un 30% como “máximo esfuerzo”. La asamblea de policías rechazó rápidamente la oferta e insistió en el 100% de aumento salarial.

“Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, aseguró Amarilla.

Más temprano, el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, había asegurado que la “sublevación” de la Policía provincial es “inadmisible” y advirtió que se serán echados los efectivos que se plieguen a la medida de fuerza.

Según especificó Pérez en declaraciones radiales y consultado por el posible despido de los agentes, resaltó la existencia de una “denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”. En esa línea, sumó: “No pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley”.

Además, denunció “28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”. Por ese caso, está abierto un conflicto en la Justicia local, que libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta desde la semana pasada.

En este contexto, Amarilla indicó que “no son delincuentes” e instó a que “si los quieren (a los móviles), que los vayan a buscar”. Según relató el vocero, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó de la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de ayer, por parte del titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals. “Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.

JJD, con información de NA

El conflicto salarial entre los trabajadores estatales misioneros y el gobierno de Hugo Passalacqua parece estar lejos de llegar a su fin. Este miércoles, en el sexto día de reclamo multisectorial, un importante grupo de médicos y enfermeros irrumpieron en el edificio del Ministerio de Salud provincial para exigir una nueva mesa de diálogo con el titular de la cartera, Héctor González, y el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán, en disconformidad con el acuerdo de un 28% de aumento salarial firmado ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las autoridades provinciales.

“Nosotros exigimos un 100% de aumento para recuperar la pérdida del valor adquisitivo que dejó la inflación en los últimos meses”, sostuvo el dirigente gremial y referente de la protesta, Jorge “Koki” Duarte, en diálogo con La Voz de Misiones. El gremialista aseguró que “el acta viola la carrera sanitaria” por algunos de los aspectos que se plantea en cuanto al “pase a planta permanente después de dos años de contrato”.

El personal de salud es apenas uno de los sectores que están movilizados en Misiones para exigir una recomposición en sus ingresos. Efectivos de la policía y docentes están a la cabeza de los reclamos, con un acampe en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico de Posadas, convertido desde el viernes en el epicentro de las protestas. Todo exigen un aumento del 100%, porcentaje alejado hasta el momento de lo ofertado por el oficialismo provincial encabezado hace dos décadas por el Frente Renovador de la Concordia que lidera el exgobernador Carlos Rovira.

Tras cinco días de marcado hermetismo, a última hora de este martes, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hizo las veces de vocero y concedió una conferencia de prensa en la que sostuvo que el incremento salarial establecido para la administración pública misionera implica “un esfuerzo enorme” para las arcas de la provincia, que ya otorgó tres aumentos en los últimos cuatro meses. “Es lo que se puede dar”, enfatizó el ministro, sin precisar porcentajes. Y detalló que para afrontar el gasto que implica esa suba, se dejarán de hacer hospitales y obras de asfalto que ya estaban planificadas.

“Trabajamos para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, añadió el ministro Pérez, en respuesta a los dichos del vocero policial, quien el lunes había sostenido durante una de sus intervenciones que, si no hay un arreglo, la provincia “se va a incendiar”.

Ayer también se supo que la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, que se extiende a lo largo de más de cuatro cuadras sobre la avenida Uruguay de la capital provincial. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió este martes el vocero Amarilla, al tomar el micrófono ante los manifestantes.

Los policías decidieron continuar con la protesta, pese a que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción N°6 de Posadas, ordenó que sean entregados los 18 vehículos. “Hemos expresado oportunamente al doctor Balor, que los vehículos están a disposición de la Jefatura de Policía”, sostuvo, por su parte, Germán Palavecino, otro de los voceros del reclamo policial.

En ese sentido, Palavecino insistió que no se trataría de una “entrega” ya que sostiene que ningún momento los secuestraron. “Que traigan a la persona calificada para conducir esos vehículos y que los lleven. Nosotros somos auxiliares de justicia, nuestro primer compromiso es con la sociedad y en esos términos nos hemos presentado”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa de este martes por la noche, el ministro Pérez aclaró que, si bien el reclamo policial se mantiene en pie, “el servicio de seguridad está garantizado en la provincia”. Y que agregó que “está bien protestar, es un derecho constitucional, pero es incorrecto hacerlo de una manera ilegal y legítima y apoderándose de bienes de todos los misioneros”. 

La postura de Pérez coincide con la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante una entrevista televisiva sostuvo que “la policía no puede ser piquetera”. “No se pueden robar patrulleros ni autos de criminalística. Es inadmisible. Por eso enviamos fuerzas federales”, indicó la dirigente, en referencia a la decisión tomada el sábado por el comité de crisis conformado por el autoridades provinciales y del Ministerio de Seguridad de la Nación. El domingo por la mañana llegaron gendarmes y prefectos a las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, lo que generó algunas escenas de violencia. Finalmente, la opción represiva fue descartada y el gobierno provincial volvió a abrir la mesa de diálogo.

PL/DTC

Los días pasan y el clima de conflictividad social no deja de crecer en la provincia de Misiones. Luego de un fin de semana colmado de expectativas por el posible anuncio de un aumento salarial para el conjunto de la administración pública por parte del gobierno de Hugo Passalacqua, lo que finalmente se limitó a un escueto comunicado en redes sociales, la manifestación multisectorial de los estatales misioneros persiste sobre la avenida Uruguay, en la ciudad de Posadas. Efectivos de la policía, docentes y personal de salud acampan en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, convertido desde el viernes en el epicentro de las protestas.

“No le pedimos nada fuera del lugar, sino que un agente gane el límite de la canasta familiar”, expresó este martes al mediodía el vocero de los policías y penitenciarios, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, quien se convirtió en uno de los referentes del reclamo por un incremento salarial que recomponga el poder adquisitivo perdido en los últimos meses debido a la alta inflación. “Queremos el 100% sí o sí”, enfatizó el representante policial. Ayer, tras una nueva reunión fallida con funcionarios del gobierno provincial, Amarilla rechazó la oferta del 20% al calificarla como “una falta de respeto” y se despachó con una frase que generó controversia: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

La tensión en torno a la negociación salarial de los estatales misioneros jaquea al Frente Renovador de la Concordia. Lejos todavía de una crisis política, en Misiones llama la atención el silencio de buena parte de la plana mayor del Ejecutivo provincial, liderado hace más de dos década por el exgobernador Carlos Rovira. Un hermetismo que es funcional a la proliferación de rumores de toda índole, que van desde posibles cambios de nombres en las filas del gabinete hasta supuestos viajes al exterior realizados en las últimas horas por funcionarios de primera línea del gobierno.

En esa línea, uno de los principales blancos de las críticas del vocero Amarilla es el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. “Lo más grave es que nunca dio la cara”, lanzó el representante de la policía en referencia al funcionario que está al frente de la política de seguridad en la provincia. Sin embargo, a última hora de este martes, Pérez le abrió el juego a los medios locales al conceder una conferencia de prensa en la que sostuvo que el incremento salarial establecido para la administración pública misionera implica “un esfuerzo enorme” para las arcas de la provincia. “Es lo que se puede dar”, enfatizó el ministro, sin precisar porcentajes. Y detalló que para afrontar el gasto que implica esa suba, se dejarán de hacer hospitales y obras de asfalto que ya estaban planificadas.

“Trabajamos para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, añadió el ministro Pérez, quien el sábado, a través de un video publicado en redes sociales, había sido el encargado de anunciar que el comité de crisis conformado por el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, había decidido utilizar a las fuerzas federales para dispersar la protesta. El domingo por la mañana llegaron gendarmes y prefectos al lugar, lo que generó algunas escenas de violencia. Finalmente, la opción represiva fue descartada por el oficialismo.

Pero Posadas no es el único punto en el que tienen lugar las protestas. Los cortes de ruta se extienden a lo largo y a lo ancho de Misiones. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las principales vías de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los maestros llegaron temprano a ese punto de encuentro, en donde permanecieron hasta las 17.30. Tras casi 10 horas de corte total, decidieron trasladar su reclamo a intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José, a una cuadra del Comando Radioeléctrico, para montar un campamento similar al de la policía a partir de esta noche.

“Llamamos a los docentes de capital y zonas aledañas a concentrar a las 19 en la avenida Cabred, para realizar esta marcha blanca que atravesará el acampe policial y realizará su propio acampe en cercanías del otro”, anunció, a través de su canal de WhatsApp, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL). Ayer, la mayoría de los gremios desconocieron por insuficiente el acuerdo firmado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP) que lleva el sueldo inicial de un maestro a $400.000.

Por su parte, otro de los sectores que se había sumado a la protesta este martes era el de los guardaparques provinciales. Sin embargo, luego de una negociación, firmaron un acta de acuerdo con el Ministerio de Ecología para discutir una recomposición salarial el próximo miércoles 29.La reunión se llevó a cabo esta tarde y contó con la presencia del subsecretario de Ecología, Facundo Daniel Ringa, y el jefe del cuerpo de guardaparques y vocero del reclamo, Jorge Bondar.

En el texto consensuado, al que tuvo acceso elDiarioAR, la cartera ecológica se comprometió a ejecutar las acciones necesarias para que los trabajadores perciban “el total de los adicionales establecidos por decreto reglamentado por el cuerpo de guardaparques”, como así también “reiterar los retroactivos correspondientes”. Un halo de esperanza en un mar de incertidumbre.

PL/JJD

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros del reclamo policial que por estas horas mantiene en vilo a la provincia de Misiones, anticipaba la noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas congregadas en el Comando Radioeléctrico de Posadas, el epicentro de las protestas por mejoras salariales del conjunto de los estatales misioneros, estallaron en un solo grito de indignación. La propuesta apenas superaba el 15% de aumento que el oficialismo había puesto sobre la mesa ayer. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Desde el viernes por la madrugada que el tránsito frente al comando, ubicado sobre la avenida Uruguay de la capital provincial, se encuentra completamente cortado. Con el correr de los días, un grupo cada vez más numeroso de empleados públicos comenzó a llegar al lugar para reclamar por una recomposición de sus ingresos que supere la inflación de los últimos meses. Tanto docentes como trabajadores de la salud arribaron desde distintos puntos de la provincia para exigir un 100% de aumento, reclamo que es desoído hace semanas por el gobernador Hugo Passalacqua.

Ni el frío ni la lluvia, que cayó persistentemente sobre Posadas en las últimas horas, lograron dispersar la manifestación pacífica de los trabajadores de la administración pública de Misiones, que este lunes esperaron el anuncio prometido por el gobierno del Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, que finalmente se limitó a la publicación en redes sociales de un escueto comunicado autocelebratorio, sin mayores precisiones.

“Vamos a seguir acá hasta que nos den algún tipo de solución”, le dijo a elDiarioAR una maestra de la ciudad de Eldorado, que desde el sábado permanece en el corte. Muy cerca suyo, un cartel resume a la perfección el pedido de ella y de sus colegas: “Se mata un buen docente sin un sueldo decente”. Mientras que un agente de policía cobra de bolsillo $467.000, un docente recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad $394.000. Este mediodía, la mayoría de los gremios desconocieron por insuficiente el acuerdo firmado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP) que lleva el sueldo inicial de un maestro a $400.000.

El momento más tenso del fin de semana tuvo lugar el domingo por la mañana, cuando efectivos de gendarmería y prefectura se apersonaron en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico. Fue después de que el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, anunciara el sábado que el comité de crisis conformado por el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, había decidido enviar fuerzas federales para dispersar la protesta. Tras algunas escenas de empujones y golpes que duraron pocos más de media hora, la opción represiva fue finalmente descartada por Passalacqua y volvió a abrirse la mesa de diálogo. 

A partir de una denuncia del propio oficialismo provincial, la Justicia había ordenado el viernes que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición. Poco importó que los propios efectivos se encargaron de mostrarle al juez de turno, Ricardo Balor, que las instalaciones del comando se encontraban en funciones y que en realidad no hubo acuartelamiento alguno.

“Esto no se arregla con palos, se arregla con diálogo. Le digo a las autoridades de Nación que vinieron a reprimir a nuestra gente que no se van a llevar nada barato de los misioneros”, sostuvo, a última hora del domingo, el vocero Amarilla luego de la reunión que mantuvieran en la Jefatura de Policía con representantes del gobierno. “Si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de salud, a nuestros colegas penitenciarios o a la familia policial, van a tomar palo de los misioneros”, lanzó, efusivo, durante un álgido discurso frente al comando, ante las cientos de personas que se encontraban en el lugar.

Durante su alocución, megáfono en mano, Amarilla se refirió también al ministro Pérez, quien en una entrevista con Infobae amenazó con “detener a los cabecillas” de la movilización, entre los cuales se encuentran él y Germán Palaveccino, otro de los voceros designados. “Pidió nuestras cabezas”, señaló, mientras los manifestantes concentrados a su alrededor pedían a gritos la renuncia del titular de la cartera de Gobierno.

Sin embargo, un halo de esperanza se dibujó en los rostros de los presentes cuando el vocero policial mencionó que hubo un “principio de entendimiento” con el gobierno, pese a que, acto seguido, aclaró que todavía no se había llegado a un acuerdo. Amarilla anunció que la discusión salarial pasaba a un cuarto intermedio hasta hoy a las 13. Y se atajó, como previendo la nueva frustración ocurrida este lunes: “No voy a crear falsas expectativas, somos respetuosos de ustedes. Lo que nos propusieron no se acerca a lo que pretendemos, por esa razón no se ha firmado ningún acta”.

El acuerdo que podría haber alcanzado la policía era esperado con expectativas por el resto de los trabajadores estatales. Apostaban a que se convierta en una “paritaria” testigo y que el número que se decidiese repercutiera sobre el resto del sector público misionero. “El Gobierno cerró unilateralmente el diálogo: ellos van a hacer un anuncio, sin que tengamos la oportunidad de ver dónde piensan poner el dinero y qué dinero van a poner”, había dicho esta mañana, durante una entrevista radial, la dirigente Estela Genesini de la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), gremio que protagonizó este lunes distintos cortes de ruta. Los días pasan y el clima de conflictividad social no deja de crecer en la provincia mesopotámica.

PL

Luego de varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno Nacional, un sector de los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió adelantar el paro nacional de colectivos previsto para la medianoche de este jueves y le dio inicio desde esta tarde.

La medida de fuerza incluye a todos los colectivos del grupo DOTA, es el más crítico de la gestión de Roberto Fernández, secretario general del sindicato. El paro anticipado fue iniciativa de la Lista Azul. “No nos comemos más los amagues de paro de Fernández. Que se corra, nosotros nos encargamos”, desafió la Agrupación Juan Manuel Palacios.

En la Ciudad de Buenos Aires, DOTA maneja los recorridos del 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

En la Provincia de Buenos Aires, DOTA gestiona las líneas 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435.

En el texto difundido desde la disidencia, indicaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo -luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

“Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la UTA en cabeza de Roberto Fernández y Jorge Kiener (interventor en el Interior) negocie nuestros salarios a la baja. Han logrado flexibilizarnos de hecho e impusieron una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”, continuó el comunicado.

En ese sentido, apuntan que “la inmensa mayoría de los trabajadores del interior del país” cobran el 90% de su salario “en negro”.

Por su parte, la UTA oficial anunció continúa analizando si llevará a cabo la “retención de tareas” anunciada para este viernes desde la medianoche.

“El Estado Nacional abonó esta semana $27.000 millones a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa $6.500 millones más que el mes anterior. Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes”, señalaron fuentes gremiales.

Si bien algunas empresas comenzaron a girar los montos a sus empleados, la UTA todavía espera que en todos los casos se cumpla con las subas salariales. Además, aseguraron que “en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril”, uno de los puntos de conflicto entre el Estado y las cámaras empresarias.

La posible medida de fuerza de mañana viernes había sido declarada el miércoles pasado, porque desde la UTA aseguraban que las empresas no pagaban los aumentos salariales definidos por una resolución del Ministerio de Trabajo.

LC con información de agencia NA

El secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, se reunirá este martes para evaluar medidas de fuerza “en defensa del salario” y en rechazo a la “postura provocadora de las cámaras empresariales” en el marco de la negociación paritaria que llevan adelante.

En un comunicado de prensa, que lleva el título “Queremos respuestas, estamos hartos”, la Asociación Bancaria advirtió de la posibilidad de adoptar “medidas de fuerza en defensa del salario y de nuestros derechos”.

“Ante la postura provocadora de las cámaras empresariales, que siguen sin entender las necesidades de las y los trabajadores bancarios, el Plenario de Secretarios Generales de la Asociación Bancaria, facultó al Secretariado Nacional a tomar las medidas que sean necesarias en defensa del salario y los legítimos derechos que nos corresponden”, dice el comunicado.

En ese marco, anunciaron la reunión convocada para hoy “a los efectos de definir el alcance y fijar la fecha de las medidas de fuerza que inexorablemente tendrán lugar, durante el mes de febrero”.

“Seguimos sin tener respuestas satisfactorias de parte del sector empresario en la audiencia paritaria realizada en el día de la fecha. Las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, mientras que el tiempo sigue pasando y el poder adquisitivo de nuestro salario se ve afectado día a día”, informó la AB.

El gremio que representa a los trabajadores bancarios también se refirió al impuesto a las Ganancias y reafirmó que “para este sindicato el salario no es ganancia”.

“Con respecto al impuesto a las Ganancias, -añadieron- partiendo de la premisa que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, necesitamos empezar a transitar un camino que permita, de una vez por todas, lograr un alivio para quienes pagan este tributo”.

Y propusieron que “como esto no se resuelve con una reforma legislativa en tiempo y forma, es necesario y legítimo nuestro reclamo que, en esta emergencia, las entidades bancarias se hagan cargo de una compensación”.

Con información de Télam.

IG

El Sindicato de Camioneros logró este jueves un aumento salarial anual del 107%, luego de una reunión en el piso 18 del Ministerio de Trabajo, donde participaron la ministra de Trabajo Raquel Olmos y el jefe del gremio Hugo Moyano, según informaron a fuentes que intervinieron en el acuerdo.

El nuevo acuerdo consiste en distribuir los aumentos en cuatro tramos hasta el próximo año: 27% en noviembre de 2022, en febrero y mayo de 2023 y 26% en agosto del próximo año, arribando al total de 107%. Se suma el pago de asignación extraordinaria de $100.000 a pagarse en 4 cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023.

En esta paritaria clave, el gremio camionero pedía 131% y el gobierno tenía la intención de cerrar un acuerdo a la baja. Luego de incluir en el Presupuesto 2023 el artículo 104, el cual elevó las exenciones del Impuesto a las Ganancias para las “actividades de transporte terrestre de larga distancia”, lo que representa un aumento efectivo del salario de bolsillo de Camioneros, bajó la expectativa por el número final del aumento.

“La expectativa que teníamos la logramos conseguir, y lo más importante es que está beneficiado el trabajador, que es el que realmente realiza el esfuerzo para que funcione el transporte”, dijo Hugo Moyano a la salida de la reunión. Destacó que la ministra Olmos, quien había advertido sobre el alto porcentaje solicitado, ahora “agradeció y destacó la responsabilidad que tuvimos nosotros y los empresarios”.

Por su parte, Pablo Moyano precisó “un adicional del 10% a los choferes de larga distancia y un aumento en los adicionales de rama de correos, logísticas y mudanzas, sumado a que los choferes de larga distancia no van a tributar Ganancias en el concepto de viáticos por comida”.

Ante la pregunta sobre el paro, el secretario general adjunto de Camioneros respondió: “el paro ya está levantado, hubo conversación con Alberto (Fernández) que estaba también preocupado, y hemos hecho un gesto importante”. Sin embargo, insistió en su demanda de un “bono salarial de emergencia para todos los trabajadores, como se lo he dicho al Presidente (Alberto Fernández) y a (el ministro de Economía, Sergio) Massa”.

Ayer miércoles, en la reanudación de las negociaciones salariales entre el sindicato de Camioneros y los empresarios, Hugo Moyano en amenazó con un paro nacional para el próximo lunes: “si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 00 horas con un paro”.

LC con información de Télam

El Gobierno acordó con los sindicatos de la administración pública nacional, UPCN y ATE, el cierre de un nuevo tramo de la paritaria del sector, que estableció un adelanto de cuotas, un bono de 30 mil pesos por única vez y una revisión en enero próximo.

En concreto, lo firmado durante este viernes consistió en una suba salarial del 10% en noviembre, una bonificación de $30.000 para diciembre y revisión en enero, más otro 10% de aumento.

El acuerdo fue firmado por autoridades del Ministerio de Trabajo y los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El entendimiento prevé además “adecuar todos los ítems de viáticos y movilidad a la nueva situación” y “modificar las escalas de premio al presentismo en función del nuevo acuerdo”.

Durante el año se fueron cosechando los siguientes porcentajes: enero, 5%; febrero, 7%; abril, 7%; mayo, 10%; junio, 16%; agosto, 12%. A eso se suman subas en octubre (12%), noviembre (10%) y enero (10%), además de una nueva revisión paritaria para ese mes.

ATE aceptó pero manifestó algo de disconformidad, al considerar la negociación debe “continuar abierta de manera que el aumento salarial de este año permita ganarle a la inflación”.

“En ATE estamos preocupados por la inestabilidad salarial de las y los trabajadores estatales, y hemos dejado en claro al Gobierno que la paritaria debe continuar abierta de manera que el aumento salarial de este año permita ganarle a la inflación”, sostuvo en un comunicado su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy.

En ese tono, el dirigente señaló que “este acuerdo tiene claroscuros”, ya que “hay aspectos positivos, como la continuidad del proceso de estabilidad laboral y la continuidad de la apertura del ámbito paritario, que queda abierto de manera permanente”.

Con información de NA.

IG

Las agrupaciones políticas y sociales nucleadas en Unidad Piquetera protagonizan este lunes una nueva movilización que va desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo de un Salario Mínimo Vital y Móvil de $111.000.

La protesta se da en el marco de la reunión convocada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para las 15 en la que se definirá la actualización del ingreso ajustada a la inflación.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni elevó la petición a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general activo con el objetivo de exigirle al Gobierno “un salario que le permita a los trabajadores salir de la pobreza”.

“El Consejo del Salario Mínimo prácticamente se hace en un secreto impresionante. Nadie sabe a qué hora es, es virtual, hay un secretismo impresionante que hace sospechar que van a hacer, como lo hicieron en marzo, firmar un salario de indigencia, miserable para el conjunto de los trabajadores. De ese salario dependen los jubilados que cobran la mínima”, expresó Belliboni en una conferencia de prensa que brindó en la puerta de la CGT, en la que hizo entrega de una nota formal.

En la reunión llevada a cabo el pasado 16 de marzo, el Consejo del Salario Mínimo acordó un aumento del 45% sobre la base del mes en cuatro tramos, pero en mayo, se decidió adelantar la vigencia del aumento del mínimo que pasó a partir del primero de junio de $45.540, y este mes llegó a $47.850.

El dirigente de Izquierda afirmó: “Frente a un incremento de los precios y una inflación que arrasa con los ingresos, es clave que se vote un Salario Mínimo y Vital que le permita a los trabajadores salir de la pobreza. No se puede permitir que en la Argentina se trabaje todos los días y la gente no tenga para comer”.

La propuesta de Unidad Piquetera es que la cifra del ingreso se adecúe a la canasta básica delimitada por el INDEC, que gira en torno a $111.000, y para eso, proponen un plan de lucha y un paro activo nacional.

En la misma línea, la titular del Nuevo MAS, Manuela Castañeira se plegó a la movilización hacia el Ministerio de Trabajo y expresó: “Estamos acompañando a los trabajadores de los movimientos sociales que en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo levantan un reclamo muy concreto que ningún trabajado esté debajo de la línea de la pobreza. No puede ser que el Gobierno tenga como único plan contra la inflación anclarlo con el salario y que sean los trabajadores y las mayorías populares los que paguen los costos del ajuste”.

Están presentes en la marcha, el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, MTR/Mido, Nuevo MAS, MST - Teresa Vive, Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie - Libres de Sur, FOB Autónoma, entre otros.

Durante la mañana, diversas agrupaciones sociales realizaron una protesta en la Plaza de Mayo que consistió en un satírico “cortejo fúnebre del salario”, que tuvo inicio el pasado viernes, en referencia a la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación del país.

La concentración incluye la presencia de un ataúd e incluso coronas de flores y el “entierro” se dará hoy en las puertas del Ministerio de Trabajo.

La conducción sindical y la militancia de la CTA Autónoma (CTAA), junto a distintas organizaciones sociales, desarrollaron este jueves una jornada de protesta con movilizaciones, cortes de tránsito y asambleas en distintos puntos del país en reclamo de “un salario universal, aumento del salario mínimo, vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios”, entre otras demandas, al día siguiente de la masiva movilización de la CGT.

Las protestas tuvieron una vez más como epicentro una de las subidas al Puente Pueyrredón, sobre la avenida Mitre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se instaló un escenario y se desarrolló el acto central.

Para la oportunidad, en el lugar se montó un grueso vallado con efectivos de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía provincial que impidió el avance de los manifestantes hacia Capital Federal.

También, en el marco de la jornada de protesta organizada por esta central sindical, hubo un corte en el sentido hacia la ciudad de Buenos Aires bajo el puente Saavedra, sobre la avenida Cabildo y un piquete de 30 minutos de duración en el peaje sobre la Autopista Ricchieri en el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que fue levantado minutos después de las 14.

“Hoy nos volvimos a movilizar en plan de lucha junto a los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblos, de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), a cooperativistas y le estamos dando continuidad a nuestros reclamos por un salario universal, y reclamar también un aumento de emergencia para trabajadores activos y para los jubilados”, señaló en declaraciones a Télam el titular de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy.

Según el dirigente gremial, “ese aumento para el Salario Mínimo Vital y Móvil debe estar por encima del 90 por ciento de la inflación que vamos a tener este año”.

Además, Godoy destacó que la jornada de protesta de hoy “también se está desarrollando masivamente con movilizaciones y cortes en el interior del país”.

“Advertimos que, si siguen sin aparecer las respuestas que esperamos, las protestas se profundizarán”, remarcó el dirigente sindical.

La jornada de protestas de la CTAA contó con la participación de militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce a nivel nacional el dirigente Juan Grabois.

Entre los reclamos del sector también se encuentran la “puesta en marcha de medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia”, informaron voceros de prensa de la CTAA, opositora al Gobierno nacional.

Además, se reclama “un freno para la fuga de capitales; contra el enriquecimiento indiscriminado del sector financiero a costa del pueblo y la remarcación de precios, que siguen atentando contra el bolsillo de la clase trabajadora”.

Un día después de la masiva marcha convocada ayer por la CGT, la CTA, la UTEP y distintas agrupaciones y movimientos sociales, la actividad principal de la CTA Autónoma comenzó esta mañana a partir de las 10, con una concentración en Plaza Alsina, en el partido de Avellaneda.

Una vez concentrados, una gruesa columna de manifestantes comenzó a marchar sobre la avenida Mitre hasta el pie del Puente Pueyrredón, lugar donde se desarrollaba el acto principal de las organizaciones.

Con la jornada de protesta de hoy, esta central busca darle continuidad al plan de lucha iniciado el pasado 13 de julio para “exigir medidas concretas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores”, según detallaron.

Asimismo, exigen “respuestas urgentes para miles de personas que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia”.

Con información de agencias.

IG

Docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica rechazaron la propuesta salarial del Gobierno y convocaron a un paro de actividades por 48 horas para los días jueves 23 y viernes 24 de junio.

La decisión se resolvió en un congreso extraordinario “con la participación de 91 congresales de 25 asociaciones de base” que sesionaron ayer de forma virtual y definieron “por abrumadora mayoría” la medida de fuerza de la semana próxima, según se consignó en un comunicado de la organización gremial.

Asimismo, la medida de fuerza “será acompañada de una jornada de visibilización a realizarse en todo el país, con una protesta frente al Ministerio de Educación de la Nación el jueves 23”.

Además, para esa jornada está convocada una conferencia de prensa y -en paralelo- se llamará a sesionar al plenario de secretarías generales de esa organización sindical.

La propuesta de aumento salarial del Gobierno nacional consistió en mantener el 41%, ya acordado en marzo, adelantando cuotas: 16% a junio (a cobrar en julio) y 12% a julio (a cobrar en agosto), con revisión en agosto 2022, explicaron desde la Conadu Histórica.

Los delegados consideraron que “esta oferta no representa una recuperación del poder adquisitivo de los salarios que seguirán quedando, al menos, 10 puntos por debajo de la inflación acumulada”.

El acuerdo firmado “tampoco da respuesta al resto de las demandas que viene expresando esta Federación: bono por conectividad, eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario, el adelanto al mes de junio de los incrementos jubilatorios docentes, el refuerzo presupuestario para las obras sociales universitarias y la inclusión de los Ayudantes de Segunda en la garantía salarial”, añadieron.

“Ante este panorama, ratificamos la continuidad de la campaña nacional en defensa del salario y convocamos al conjunto de la docente de las Universidades Nacionales a sumarse a las jornadas de paro, con centro en la actividad frente al Ministerio de Educación”, concluyeron.

DL con información de Télam.

Parece que en 2021 los trabajadores de EEUU se cansaron de aguantar. En un contexto en el que desde algunos sectores se afirma constantemente que hay escasez de mano de obra mientras la economía se recupera de los cierres provocados por la pandemia, los trabajadores presionaron a empresarios y cargos electos para que aumenten los salarios y mejoren las condiciones de trabajo y las prestaciones –como la baja por enfermedad–. La estrategia fue el uso de paros, protestas, concentraciones y huelgas.

En los últimos meses de 2021, los trabajadores de Estados Unidos renunciaron a sus trabajos a un ritmo sin precedentes. Por otro lado, en los meses de octubre y noviembre de 2021 se registró un aumento de huelgas a lo largo y ancho del país.

“En los dos últimos meses me he desplazado para sumarme a piquetes de huelga en todo el país, he estado en muchos estados diferentes y en huelgas de todos los sectores. El único elemento común de los trabajadores que han asumido el riesgo de salir a la calle es que están hartos”, afirma Liz Shuler, presidenta de AF-CIO, la principal federación sindical de Estados Unidos.

Este 2021, miles de trabajadores hicieron huelga en Frito-Lay, Nabisco, Kellogg's, John Deere, Volvo, Frontier Communications, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard. También se declararon en huelga los carpinteros en la zona noroeste del Pacífico, trabajadores de hospitales, de aeropuertos y minas de carbón de Alabama. A su vez, los empleados de varias cadenas de comida rápida y de venta al por menor, como McDonald's, Walmart, Wendy's, Burger King, Bojangles, Jack in the Box y Family Dollar, llevaron a cabo paros o huelgas de corta duración.

Shuler cree que las dificultades de la pandemia, que hicieron que la atención se centre en el sacrificio realizado por trabajadores que realizan tareas a menudo manuales y que se consideran esenciales, provocaron un resurgimiento de la conciencia sindical en Estados Unidos, y especialmente cuando algunas empresas intentaron pasar página y volver a la situación anterior.

“Cuando caminaba junto a los trabajadores de Nabisco y de Kellogg's, no dejaba de pensar en todos los que estaban en la fábrica, produciendo las Oreos y las galletas Ritz, mientras el resto de los mortales las consumíamos. Esa es la gente que realmente hizo los sacrificios y se les dijo que eran esenciales”, explica Shuler.

“Luego, cuando se sientan en la mesa de negociaciones, se convierten en personas prescindibles porque las empresas siguieron obteniendo beneficios durante la pandemia y lo único que les dijeron es: 'Gracias, pero no vamos a compensarles, no vamos a protegerles, no vamos a valorarles ni a recompensarles por haber hecho esos sacrificios'”, añade.

Batiendo récords

Una de las huelgas más importantes del año está ocurriendo en el sur profundo, donde unos 1.100 trabajadores de la mina de carbón Warrior Met Coal, en Brookwood, Alabama, están en huelga desde el 1 de abril para reclamar mejoras salariales tras haber aceptado concesiones en su anterior convenio sindical.

“En los últimos ocho meses hemos vivido algunos de los momentos más duros de nuestras vidas. No creo que ninguno de nosotros imaginara que la huelga entraría en su noveno mes sin un final a la vista, pero estoy orgulloso de nuestra determinación”, afirma James Traweek, un minero que ha trabajado durante cuatro años en Warrior Met Coal.

No fue la única huelga que ha batido récords. En el hospital Saint Vincent de Worcester (Massachusetts), perteneciente a Tenet Healthcare, unos 700 enfermeros están en huelga desde el 8 de marzo por la falta de personal y los recortes en el hospital antes y durante la pandemia. Se trata de la huelga más larga de la historia de Massachusetts.

De hecho, Tenet Healthcare intentó sustituir de forma permanente a los enfermeros en huelga, ya que el hospital se enfrenta a multas del estado por haber cerrado camas de salud mental de pacientes ingresados durante la huelga. En agosto, los enfermeros y Tenet Healthcare no llegaron a un acuerdo.

“La lucha de los enfermeros del hospital Saint Vincent se convirtió ahora en la lucha de todos los trabajadores”, afirma Marlena, trabajadora de la empresa. “Es una señal de alarma para todos los trabajadores y para toda la humanidad. Si defiendes tus principios, defiendes a los pacientes y defiendes a tus compañeros y a ti mismo. Tenet Healthcare parte de la base de que te puede sustituir y castigar, es una visión muy peligrosa, ya que intenta socavar nuestros derechos sindicales en lugar de llegar a un acuerdo y trata de intimidar a las enfermeras para que abandonen a sus compañeras”.

El 18 de diciembre se llegó a un acuerdo provisional después de que el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, mediase en la última sesión de negociación, que pondrá fin a la huelga si es aprobada por los enfermeros.

La plataforma de seguimiento de las acciones sindicales elaborada por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad de Cornell documentó 346 huelgas en 2021 hasta el 10 de diciembre. Johnnie Kallas, director del proyecto, atribuye el aumento de las huelgas en octubre y noviembre a mayores posibilidades de empleo para los trabajadores en un mercado laboral en el que hay una gran demanda y a la extenuación de los trabajadores que siguieron activos durante la pandemia.

“Las actuales condiciones del mercado laboral pueden proporcionar a los trabajadores poder de negociación, pero las huelgas no se producen espontáneamente. A menudo requieren una profunda organización y siempre exigen un sacrificio increíble”, dice Kallas.

El futuro de los sindicatos

Las tasas de sindicalización en Estados Unidos disminuyeron en las últimas décadas, pero en 2021 se pusieron en marcha varios esfuerzos de organización sindical en respuesta a las condiciones de trabajo durante la pandemia. Los líderes sindicales y los sindicatos siguen presionando para que las reformas de la legislación laboral limiten el margen de acción de empresarios contrarios a que los trabajadores se movilicen en torno a un sindicato y propicien que los trabajadores estadounidenses puedan organizarse y participar en una negociación colectiva.

Según unionelections.org, en 2021 se celebraron en Estados Unidos 907 elecciones sindicales de empresas privadas, de las que 571 dieron lugar a una nueva certificación sindical. Las tasas de elecciones sindicales y la densidad sindical en Estados Unidos han estado en declive en las últimas décadas. No obstante, según una encuesta realizada por Gallup en septiembre, el nivel de aprobación de los sindicatos en Estados Unidos es del 68%.

“Si se produce algún cambio, se dará el año que viene. Entre las actuales condiciones del mercado laboral, la extensa cobertura mediática de las huelgas y las recientes elecciones sindicales, en Starbucks por ejemplo, yo esperaría ver alguna mejora”, afirma Kevin Reuning, profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad de Miami en Oxford (Ohio), que gestiona el sitio web unionelections.org.

Los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, intentaron constituir el primer sindicato en el gigante minorista en primavera y, aunque el sindicato perdió las elecciones, la Junta Nacional de Relaciones Laborales ordenó que se celebren nuevas votaciones debido a la mala conducta antisindical de Amazon.

Al mismo tiempo, el fiscal general de Nueva York está presionando a Amazon para que reincorpore a un empleado que fue despedido y mejore las protecciones de seguridad en medio de una campaña de organización sindical dirigida por el empleado despedido, Chris Smalls, en Staten Island.

Los trabajadores de Starbucks en Buffalo, Nueva York, también ganaron unas históricas elecciones sindicales el 9 de diciembre y formaron el primer sindicato en un establecimiento de la cadena en Estados Unidos. Es probable que una segunda sucursal haya ganado sus elecciones sindicales después de que se resuelvan las impugnaciones y de que otras tres tiendas celebren elecciones sindicales en Buffalo, Nueva York, y otra en Arizona. La victoria del sindicato invita al optimismo y podría llevar a más establecimientos de la cadena de cafeterías a solicitar su sindicalización.

Brian Murray, trabajadora de Starbucks en la zona de Buffalo y una de los organizadores de Starbucks Workers United, afirma que se trata de una gran victoria: “Creo que nuestra verdadera lucha será ahora conseguir un primer convenio y, con suerte, que reconozcan el derecho a organizarse, pero con estas victorias estoy seguro de que veremos a más trabajadores organizándose en todo el país en un futuro próximo”.

Traducción por Emma Reverter