Con los tribunales federales de Comodoro Py corridos del centro de la escena, el Gobierno, sectores del kirchnerismo y aliados rotaron el eje del conflicto con el Poder Judicial hacia la Corte Suprema de Justicia, cabeza del sistema, que será este martes el foco de la marcha del 1F, según reconocen oficialistas, opositores y judiciales a elDiarioAR.

Los ministros de la Corte esperan “un año difícil”, confió una fuente del máximo tribunal. Con el diario de hoy, todo indica que serán el “enemigo elegido para la confrontación”, el foco de las críticas y denuncias contra la Justicia. 

A los cortesanos también les llegará la hora de decidir sobre los sobreseimientos anticipados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que salieron de los tribunales federales de Retiro en 2021: los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y una serie de recursos anteriores que pueden modificar el destino del único juicio que comenzó en su contra: Vialidad, la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Las críticas al llamado lawfare (guerra judicial); los reclamos por la falta de “democratización” de la Justicia; los tiempos y formas de los fallos del máximo tribunal -por ejemplo ante la confirmación de la sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone-; una nueva mayoría en la Corte que se desmarcó del kirchnerismo; y la elección del nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, integran la lista de quejas de los organizadores de la marcha convocada para este martes a las 18. La movilización partirá del Obelisco hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, donde los organizadores leerán un documento único, confirmó a elDiarioAR la jueza Martina Forns, representante de Justicia Legítima en la marcha.

Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado.

Marcelo Gallo Tagle. — Juez civil y presidente de la Asociación de Magistrados.

El máximo tribunal venía siendo blanco del oficialismo durante los últimos dos años. Se habló de modificar la integración de la Corte y de ampliar el número de jueces en el marco de la reforma judicial de Alberto Fernández, pero finalmente la intención quedó descartada, aunque se reedita cada tanto en algunos discursos del oficialismo. 

“En Comodoro Py ya no están en juego algunos puntos centrales para el kirchnerismo”, dice un juez acostumbrado a las contiendas mudas con el Gobierno. “El conflicto por completar la Cámara Federal (los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) se pospuso; ya quedan pocos frentes judiciales contra la vicepresidenta; no tienen el consenso para nombrar las vacantes en los juzgados de (Claudio) Bonadio, (Rodolfo) Canicoba Corral y (Sergio) Torres, ni la vacante que dejó (Liliana) Catucci en Casación. Por ahora no hay frentes acá”, resumió el magistrado. Los principales expedientes políticos en Retiro giran en torno a las causas por presunto espionaje ilegal contra exfuncionarios de Mauricio Macri.

El último punto de máxima tensión con la Corte fue en diciembre, cuando los jueces declararon la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo complejo y poco atractivo para las crónicas periodísticas pero que encierra el núcleo del conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia: se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y del control de su desempeño.

Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

Trasfondo

La decisión de la Corte en diciembre revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la ley.

La elección de Rosatti como presidente de la Corte también impactó en el conflicto, según apuntan en Comodoro Py y el Palacio de Talcahuano. El magistrado conformó una mayoría con sus colegas Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz que le permitió juntar los tres votos -argumentando que podía votarse a sí mismo en base a antecedentes del tribunal- para ganarle la presidencia a Ricardo Lorenzetti, quien ahora mantiene buenas relaciones con el oficialismo.

La elección desencadenó la renuncia de Highton de Nolasco, aliada de Alberto Fernández. Desde entonces, las fuerzas en el tribunal se reacomodaron. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz conforman ahora el nuevo “bloque de tres”: una alianza a la hora de tomar las decisiones más políticas de la Corte.

Tras el fallo por el Consejo de la Magistratura, a principios de enero, el dirigente Luis D’Elía convocó a una marcha para “echar” a los jueces de la Corte, a quienes calificó de “miserables”. El máximo tribunal rechazó en 2020 un recurso presentado por el dirigente piquetero y ordenó que D’Elía debía cumplir su condena por la toma de la comisaría de La Boca en 2004.  

Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos.

Margarita Stolbizer. — Diputada nacional (GEN).

Con el paso de los días se sumaron Hebe de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sindicalista Pablo Moyano (Camioneros) -quien también es investigado en un proceso penal- y el juez Juan María Ramos Padilla. Luego la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y pronto una lista de organizaciones políticas, sindicales, sociales, judiciales y organismos de derechos humanos. 

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo la semana última que “el Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social”. “No son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”, sostuvo. Sin embargo, cuatro miembros del Ejecutivo se manifestaron a favor de la movilización contra la Corte y algunos ya confirmaron su asistencia. 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó su asistencia para el martes en declaraciones a la prensa y dijo: “Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que le “parece sano y necesario que la gente se pronuncie” y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, líder de Justicia Legítima, sostuvo que la movilización es “necesaria” y que “la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien tiene bajo su cartera a la Policía Federal, encargada de la seguridad del Palacio de Justicia, también se manifestó a favor de la marcha: “Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa”, ya que “la Corte sin prestigio no es una Corte”. Ante la consulta de este medio, una fuente del ministerio confirmó que la Federal está a cargo de la garantizar la seguridad en la sede de la Corte, en la calle Talcahuano. En la cartera porteña agregaron que la policía de la Ciudad se encargará del operativo en las inmediaciones del edificio y que coordinará con la Federal.

Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa. La Corte sin prestigio no es una Corte.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad

Distintas asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados contra la marcha del 1F.  Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones que representa a los jueces del país, dijo a elDiarioAR que el texto que la entidad distribuyó “no es una oposición a la manifestación popular”. “Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado”. “La realización de la marcha es legítima y debiera ser en forma pacífica, para expresar una idea. Pero que un poder del Estado promocione la movilización es lo que generó nuestra crítica desde la Asociación de Magistrados”, afirmó Gallo Tagle. 

Este martes, cuando la Justicia retome la actividad tras la feria de verano, el funcionamiento de los tribunales y el Palacio de Justicia será “normal”, a pesar de la movilización de la tarde, aseguró el juez del fuero civil. 

La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

En la Corte, responden que muchas de las críticas del kirchnerismo y del Ejecutivo al funcionamiento del tribunal son problemas generados por el propio gobierno. Mencionan tres de los puntos que les achacan: la Corte no tiene mujeres entre sus miembros desde la renuncia de Highton de Nolasco porque el oficialismo no activa el nombramiento de su sucesora en el cargo; los tiempos del tribunal -agregan- están directamente relacionados con el colapso de recursos presentados por el Estado nacional contra los fallos a favor de los jubilados por recomposición de haberes y reclamos a la ANSeS en su contra; y el Poder Judicial tiene un 30% de vacantes porque el poder político no se pone de acuerdo para avanzar con los concursos en el Consejo de la Magistratura.

Pedidos de renuncia

“Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo, como cuando fue el 2x1 y la sociedad experimentó que ese fallo se podía revertir”, respondió la jueza Martina Forns, ante la consulta de este medio. La magistrada es secretaria de Justicia Legítima y quien llevará la representación de la organización judicial en la marcha del martes. 

Forns trabajó en la Corte Suprema entre 1983 y 1987 y en esos años denunció al entonces ministro del máximo tribunal Carlos Fayt por presunto abuso sexual a sus secretarias privadas, según ratificó a elDiarioAR. El fallecido juez negó entonces las acusaciones y la investigación interna en su contra jamás avanzó. Forns fue trasladada a la Cámara de San Martín, concursó años más tarde y actualmente es jueza federal en esa jurisdicción.

“Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte, y la prueba que no los tienen es que no han hecho nada para removerlos de sus cargos”, aseguró Gallo Tagle. “El apoyo del Ejecutivo a la marcha es otra muestra de falta de idoneidad de la política para cumplir con las funciones de la política, la incapacidad para la virtud de los consensos -remarca Gallo Tagle-. Esto no arranca ahora. No están pudiendo designar un Procurador General de la Nación desde la época de (Mauricio) Macri”.

Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte

Marcelo Gallo Tagle — Presidente de la Asociación de Magistrados

Forns respondió: “No todos los que vamos a la marcha tenemos las mismas consignas, pero hay consenso y se han dejado de lado los personalismos, se va con unidad. Las más extremas llevan el pedido de renuncia de los jueces pero también reclaman basta de lawfare, basta de jueces patriarcales y elitistas, reclaman contra el espionaje ilegal y bregan por que haya una Justicia más parecida a la gente”. “Justicia Legítima viene reclamando desde años una reforma y democratización de la Justicia, y en ese marco, una reformulación de la composición de la Corte, un tribunal patriarcal, elitista, sin transparencia en el manejo de fondos ni perspectivas de género”, sostuvo la jueza de San Martín.

“La postura de Justicia Legítima es ir por los caminos legales y democráticos. Suena muy fuerte el pedido de renunciar pero lo que se pide es una reformulación del poder Judicial. Somos profesores de la facultad, jueces y fiscales, jamás vamos a pedir algo que no esté conforme con la ley pero acompañamos los reclamos populares aunque sean fuertes”, aseguró Forns en defensa de quienes irán a reclamar la renuncia de los cuatro jueces de la Corte.

La jueza agregó: “Yo invito a mis colegas a escuchar esta vez a la sociedad, hace bien estar al lado del pueblo y del reclamo de Justicia. Va a ser un antes y un después”.

En los tribunales de Comodoro Py 2002, uno de los jueces referentes de los federales sostiene que “el kirchnerismo necesita buscar con quien confrontar porque la base de su acción política es la confrontación y los jueces no podemos responderles”. Por eso, dice, son un enemigo conveniente. “Están perdiendo terreno, en la calle, en la economía”, dijo el juez consultado. “La marcha coincide con el regreso de la actividad judicial -tras la feria de verano- pero también es posterior a la fecha en la que debían acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no acordaban y el lunes los mercados se derrumbaban, tenían la marcha para intentar tapar”, analizó uno de los jueces alineados con la Asociación de Magistrados. “Pero incluso habiendo acordado, la necesidad de la señora (sic) de resolver sus problemas judiciales va a seguir existiendo  el Presidente ese problema no se lo puede resolver”. Se refiere a Fernández de Kirchner.

¿Por qué la Corte y por qué ahora? 

El martes 7 de diciembre, la Corte Suprema recibió por primera vez al ministro de Justicia, Martín Soria, tras unos nueve meses de desencuentro. La reunión, de alrededor de 30 minutos, no sólo reavivó el foco de conflicto entre ambos poderes sino que tuvo como fin reeditar la confrontación, sostiene una fuente del Palacio de Justicia. “El Gobierno sabía que se venía el fallo adverso por la ley del Consejo de la Magistratura y por eso Soria pidió la reunión”, opinó un juez con aceitado diálogo con funcionarios de Alberto Fernández. 

Soria salió ese día de la reunión y criticó a los integrantes de la Corte en su cuenta de Twitter. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

Forns explicó a elDiarioAR: “El palacio de Justicia - sede de la Corte- es emblemático, es el símbolo de la suma del poder pero creo que, además, es por ida de Highton, por ver cuatro integrantes varones que se autonombran o autovotan, sobre quienes no sabemos muy bien qué opinan. La marcha es contra el sistema y la Corte tiene el poder de decisión no solo de las causas sino la superintendencia de todos los jueces del país”.

“La marcha es a la Corte porque el tribunal acaba de decretar la inconstitucional de la ley del Consejo de la Magistratura. Siempre hay una reacción cuando hay un fallo adverso, y vienen los ataque a la Justicia, con promesas de reestructuraciones y sanciones”, retrucó Gallo Tagle.

“La Corte omite resolver causa en tiempo y forma y resuelve las causas que les interesan de un día para otro. Un ejemplo es la forma en que resolvieron a fines de diciembre y después de 15 años el fallo de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y determinaron que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo”, afirmó Forns. “La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada”, añadió la jueza.

Forns adelantó que la marcha se replicará en distintas provincias, donde los manifestantes marcharán a la sede de los poderes judiciales locales. 

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) también cree que el principal punto débil del Poder Judicial es su descrédito y que la Corte no ha tomado cartas en el asunto para restaurar una sana relación con la sociedad. Pero Stolbizer sostiene que el máximo tribunal es ahora foco de conflicto con el Ejecutivo porque “sigue sintiéndose fuerte frente al Gobierno y prefiere mirar para otro lado frente a los ataques”. “Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos”, afirmó la diputada a elDiarioAR.

El Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social.

Gabriela Cerruti. — Portavoz de Presidencia.

Además de los fallos que pueden eventualmente revocar los sobreseimientos de la vicepresidenta y ordenar la realización de los juicios en su contra, la Corte interviene en cuestiones de Estado que implican miles de millones de pesos en juego. El tribunal ya dictó dos fallos sobre la coparticipación y tiene pendiente fallar sobre un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra Nación.

En 2021, los ministros de la Corte determinaron que el Estado nacional debía pagarle $86.000 millones a Santa Fe por una quita de la coparticipación federal. En un fallo anterior había beneficiado también a San Luis por $26.000 millones. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclama ante el tribunal que Nación restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri para el financiamiento de la policía de la Ciudad y que le fueron quitados por el presidente Fernández. 

“Esta marcha es un comienzo. Hay un hartazgo y el único camino posible es comenzar, es importante que se ponga en agenda el tema de la justicia. Distintas organizaciones van a pesar de sus diferentes consignas a constituirse en una marea, en una masa crítica. Va a ser muy concurrida y va a desbordar la plaza de Tribunales. Esa importancia que va a tener se refleja en los ataques”, concluyó Forns.

Este artículo fue modificado el 31 de enero a las 12:09. La norma que establecía que el presidente de la Corte Suprema debía presidir el Consejo de la Magistratura era la ley original sancionada en 1997, tras la reforma constitucional de 1994.

ED

¿Cuántas veces escuchamos o leímos la metáfora de “los sótanos del Estado”? Los sótanos para remitir a los servicios de inteligencia argentinos, a su capacidad de operación sucia y su toxicidad. La frase siempre revela una ajenidad, una perplejidad, un “no te la puedo creer”. Cada tanto “descubrimos” los servicios. Como estos días en que Vidal quedó en el ojo de la tormenta por el contenido de la famosa mesa de la Gestapo y por la naturaleza de la filmación: la hizo la AFI y se encontró en un cajón de las oficinas. Pero la metáfora del sótano, además, peca de una fe: la de que esos servicios funcionan de modo oculto, eficaz y secreto cuando también lo cierto es que fueron y son muchas veces los trapitos del Estado secándose al sol. Porque, ¿cuánto finalmente sabemos de ese sótano? Por momentos, y midiendo su eficacia para la discreción, podríamos llamarlos “las terrazas del Estado”. Pero lo que sigue no es el esbozo de una historia de la ex SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) -más allá de los cambios de nombres y siglas-, sino un simple recuento de imagen y sonido, apelando a la “memoria emotiva ciudadana”.

Hay una escena en la comedia Tiempo de valientes (2005) de Damián Szifrón. Diego Peretti hace de un psiquiatra al que le aplican una probation y debe ser el acompañante terapéutico de un policía (Luis Luque). En el desenlace de la historia Luque se encuentra secuestrado por “los servicios”, tras una investigación sobre un crimen y una trama de tráfico ilegal de uranio que ejecuta una banda de los servicios… Bueno, la escena es esa en la que el psiquiatra disfrazado de policía entra literalmente por la ventana a una oficina de la SIDE, y le apunta a quien es el jefe. Este “jefe” (interpretado por el gran Oscar Ferreiro), de modo temerario y previsible, mientras el psiquiatra tembloroso lo apunta, le dice: “yo volteé presidentes”. Algo memorable de ese gag en mitad de una comedia liviana son las dos puntas simultáneas que lo sostienen: la verosimilitud con que puede sonar una frase así (“yo volteé presidentes”, en una película estrenada pocos años después del desfile de presidentes de la crisis) y la verosimilitud con que un tipo cualquiera efectivamente pueda entrar por una ventana a la SIDE. La escena está en el límite de la parodia política porque tiene un rival demasiado competitivo: la realidad. Si uno dice SIDE ingresa a un caleidoscopio de imágenes contemporáneas en las que asoma Espartacus y sus extorsiones; también Sofía Fijman, la mujer que alimentaba gatos y murió aplastada por el portón de la sede de la calle Libertad; los jueces federales, Oyarbide bailando con la Mona; el boliche swinger del señor Martins en la calle Anchorena; el legislador porteño del partido de Cavallo que descubre que su mujer es espía; la balacera que mata al Lauchón; la llamada en vivo de Stiuso para apretar a Moreno Ocampo… y su sonrisa en Netflix. Para muestra de esta competencia entre parodia y ficción, basta un googleo. Y como lectura recomendada, entre otras, el libro Iosi, el espía arrepentido, de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, que versa sobre los servicios de la PFA, tan cercanos a la SIDE, y Los doblados, de Ricardo Ragendorfer, sobre la infiltración de la inteligencia militar (el 601) en la guerrilla argentina. 

La Side es una palabra calada que podemos nombrar así, “Side”, sin las cuatro mayúsculas de la sigla. Porque la Side en minúscula se tragó las mayúsculas. Se tragó el siglo XX. En los 80 y 90 había dos palabras radiactivas por distinta razón: Side y Sida. Cosas delicadas de nombrar. Lo que se escribe sobre (o desde) “los servicios” siempre complementó una paradoja: la imagen que nos proyecta esa institución dedicada a ser la mano invisible del Estado es prácticamente la imagen más “humana” (demasiado humana) que nos puede dar el Estado.

Había un cuento (un mito) macabro que se oía en los primeros años 90. Pongámoslo así: un chico conocía a una chica en un boliche, la llevaba a su departamento, tenían sexo, y ella de madrugada se iba y le dejaba escrito en el espejo del baño un mensaje: “bienvenido al mundo del Sida”. Los roles pueden ser intercambiables: una chica y el que se va es un chico, o un taxi boy se lo escribe a un cliente jovato y bacán, o una prostituta al hijo de un empresario que usa la casa de papá en verano. Variaciones de una paranoia que circula porque funciona. Tal vez hubiera dicho Piglia que se trata de uno de esos “contra-relatos” alternativos, las alegorías anónimas que elabora la sociedad. Pero este no era uno que se organizaba contra el Estado, sino más bien reforzando un mandato de disciplina sexual (diríamos, a favor del Estado): ojo que no sabés con quién estás cogiendo. Piglia mencionaba un rumor circulado en los años del Proceso: que alguien en una estación provinciana una vez vio pasar un tren lento, de madrugada, lleno de cadáveres que iban al sur. En ese cuento anónimo y extendido se contaba lo que pasaba contra el monopolio de lo que “el Estado narraba”. En la sexualidad romana de la querida Buenos Aires los rumores sobre el sexo de los jueces, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas políticos, cruzaban ese umbral: una chica o chico podrían haberle dejado escrito con rouge en el espejo “bienvenido al mundo de la Side”. Los burdeles, los clubes de parejas swingers, el Estado prostibulario. Un Estado un poco “a la cama con Moria”. Side y sexo. Un periodista que investigó los narco-prostíbulos me lo define así: “muchas chicas fueron usadas por La Casa”. Es parte de las disputas de poder. El virus estatal: no sabrás con quién estás en la cama.  

La Side es una palabra calada que podemos nombrar así, “Side”, sin las cuatro mayúsculas de la sigla. Porque la Side en minúscula se tragó las mayúsculas. Se tragó el siglo XX

Si la Side está en lo que no se ve, también es, como decían los macristas, el estado del Estado. Un flashback al pie de los veinte años que se cumplen, cuando en la marcha tras el crimen de unos jóvenes asesinados por un empleado de seguridad en una estación de servicio en Floresta (“La masacre de Floresta”) aparecieron tirados unos volantes que decían más o menos así: “Por otro Argentinazo, todos a Plaza de Mayo, ¡por la razón o por la fuerza!”, firmado por una agrupación fake de HIJOS. El matete mental de un servicio a contrarreloj: la consigna pinochetista (“por la razón o por la fuerza”) dejaba los dedos pegados.

Hay una historia que contar sobre la Side y cada gobierno que deja mal parado a cada gobierno. En ese 2002, durante los asesinatos en la represión del Puente Pueyrredón, detrás del árbol de la famosa tapa de Clarín, hubo otras historias. Una tiene que ver con la infiltración y su calidad decodificadora del mundo piquetero. Ya no es el ojo en cómo se contó, sino en qué la hubiera evitado. En su libro Estallidos argentinos, Mario Wainfeld reconstruye las líneas de ese 26 de junio y se detiene en la que involucra a la Side. La infiltración en el microestadio Gatica en Villa Domínico días antes, mientras se reunía un congreso piquetero, dio fruto a un informe con tal tufo macartista, con tanta consigna leída al pie de la letra, que fue un condimento decisivo para los halcones del gobierno. La Side como una cueva de literales. Ni el 2 de aquella Side, Oscar Rodríguez, hombre de máxima confianza de Duhalde, ni el 1, el “Gringo” Soria, podían desconocer la retórica política. Duhalde conoció la “soledad del poder”, que se conoce en las últimas. Aquel coro de gobernadores, locutores y empresarios que pedían “orden” silbaron bajito y se necesitó algo más que el arresto de Fanchiotti para descomprimir: se necesitó que Duhalde le ponga plazo a su presidencia. Fue un presidente necesario que la pagó carísimo. Los servicios fueron parte del “ruido en la cabeza” presidencial. Gobernar la Argentina es no dejarse gobernar por la Side.   

Duhalde conoció la “soledad del poder”, que se conoce en las últimas. Los servicios fueron parte del “ruido en la cabeza” presidencial. Gobernar la Argentina es no dejarse gobernar por la Side

Hace dos veranos la serie sobre la muerte de Nisman (acaso el último gran temblor que involucró a los servicios y que venía del gran tema que atraviesa a la SIDE: la voladura de la AMIA, su vínculo con el Mossad y la CÍA, etc.) ofreció el testimonio de Jaime Stiuso, un “protegido” de todos los gobiernos. Uno de los mitos acerca de cuándo rompe su confianza con Cristina (cuando dice que Massa no “juega” en el 2013 en que Massa jugó y ganó) decodifica aún en su nivel de “versión” un estado de las cosas: ¿para qué sirven los servicios? Una parte del enigma Stiuso se resolvió cuando se dejó ver. La pantalla lo tentó. Netflix tira más que una yunta de bueyes. ¿Y qué vimos? Un tipo con argumentos cortos, un tanto incapaz de armar una hipótesis más sólida que unas contraseñas en una sonrisa de Guasón. Nadie se salva del meme. Pero tal vez el tipo se dejó ver para decir que nunca iba a decir más que lo obvio. No era la primera vez que su cara estaba en la televisión, por cierto. La vez anterior había estado en una foto difusa y en aquella escena memorable del programa Hora Clave. Gustavo Béliz, ya casi de salida del primer gobierno de Kirchner, lo expuso y en esa valentía selló su exilio.

Aquel trillado eslogan del genial John Le Carré que decía: “Los Servicios son la única expresión auténtica del subconsciente de una Nación”, acá se muestra como una historia de sótanos con goteras, ratas y cables pelados. Gerardo “Tato” Young en su primer libro “agotado” sobre la historia secreta de la SIDE contó, por ejemplo, que la sede de la avenida Coronel Díaz, frente al Alto Palermo, fue donada por Videla después de que la banda de Aníbal Gordon había secuestrado a un grupo de militantes uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo, que escondía un botín de millones de dólares obtenido con un secuestro extorsivo en el “paisito”. El enlace internacional de los servicios alcanzaba ese tipo de información veraz: ¿dónde está la plata de la izquierda? Una obsesión argentina… y uruguaya. En compensación por la “recuperación”, Videla le donó ese edificio a los servicios, que luego fue sede de las oficinas de internacionales de la Side. Por cierto, estaba a pocas cuadras de la “estación Billinghurst”, otro enlace operativo del punto neurálgico de esos días: los “Automotores Orletti” de la calle Venancio Flores, en Floresta. (Impresiona el nombre de ese centro en que operaba la Side. Como “La Cacha” o como “El pozo de Banfield”, hay algo taura, mazorquero en esos nombres del Estado clandestino. Cables pelados en una zanja.)

En el año 2001 Argentina tuvo tiempo de votar la “Ley de Inteligencia Nacional” (ley 25.520), se reglamentó en 2002, declaraba la centralidad operativa de las agencias federales de Inteligencia, el acotamiento formal de sus competencias (alejadas del espionaje político) y las colocaba bajo la órbita presidencial. La plata negra de la Side había sido la usina de las coimas que se pagaron para flexibilizar peronistas en favor de la flexibilización laboral. Los famosos “gastos reservados”. La denuncia y la renuncia ejemplar de Chacho Álvarez consagraron que la única promesa que ese gobierno estaba en condiciones de cumplir (la transparencia pública) nacía muerta. Aquella ley creó una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación con 14 senadores y diputados como un control que en los hechos no funcionó, o no funcionó para lo que debía funcionar. El dato resguarda una curiosidad en las líneas paralelas que traza cada época. Mientras el país se derrumbaba también había espacio de agenda para algo así. Con Cristina en el tramo final de su mandato (febrero de 2015) también intentó reformar la Side por ley, reconvertida en AFI. Uno de los elementos claves de esa reforma (mayor transparencia en el manejo de fondos reservados) fue modificado por Macri en mayo de 2016.

La Side fue creada en 1946 por Perón (llamada en ese momento CIDE –Coordinación de Informaciones de Estado-) seguramente con la intención de asegurarle un servicio de inteligencia al poder civil y evitar un poco el monopolio militar (a quienes junaba). Pero la Side fue nuestro Zelig: olían a Side las roturas de las vidrieras de Modart, algún miembro del grupo Quebracho, los saqueos, las amenazas de bombas en escuelas, algunos periodistas “informados”. La Side introdujo una gran metáfora en el uso de la jerga: carpeteado. Los carpeteados. Se oye: a Eugenio, a Equis, a Claudito, al perrito de ceniza, lo tienen carpeteado. Es el Estado y su mano invisible, es la media verdad y la otra media de imaginación. Es el poder del Presidente y es el poder sobre el presidente. Desde 1983 conjuga el doble estándar de subordinación y valor a las necesidades presidenciales de turno y la autonomía para sostener su propio poder. Cada presidente en sus primeros días de mandato recibe delegaciones internacionales, presidentes del mundo, embajadores, hace jurar a sus ministros… y recibe la carpeta con su nombre como gesto de confianza: esto sabemos de vos, pero ahora es tuyo. Presidencia mata carpeta. “Detrás de esa catacumba que depende directamente del presidente, están las otras catacumbas que a veces pasan inadvertidas: los aparatos de inteligencia de las FFAA, de las fuerzas de seguridad federales, la federal y sus plumas y las cuevas provinciales. Eso que llaman ‘comunidad de inteligencia’ son todos esos, que habitualmente pasan a un segundo plano”, dice el periodista Claudio Mardones que de esto sabe como para esbozarnos un cuadro más completo. No hay un servicio, hay muchos. La ley de 2001 quiso centralizar eso. Pero la realidad descontrola todo. Si se te zafa Stiuso, crece un Milani. Una oficina de servicios para cada necesidad.

La Side fue nuestro Zelig: olían a Side las roturas de las vidrieras de Modart, algún miembro del grupo Quebracho, los saqueos, las amenazas de bombas en escuelas, algunos periodistas “informados”

Las “teorías conspirativas” son parte del combo en que viene la Side. Hay quienes creen en ellas, las reproducen, y viven en un mundo que creen guionado por mentes brillantes capaces de implosionar las torres gemelas. En Argentina cuando no sabemos quién hizo algo se suelen decir dos cosas: Duhalde y Side. Porque todo se teje y desteje en torno al Estado. A su presencia o a su ausencia. El vacío no existe: existe el Estado. El episodio con la AFI que organizó la última semana del año XXI tira del hilo otra vez en la vieja relación de los servicios con la política. A esta altura sólo queda indagar en la psicología profunda de Macri para saber exactamente qué fue la AFI en su gobierno (y por qué espiaba más a propios que a extraños). La respuesta de Vidal se recuesta sobre un lugar común macrista: ella no tenía poder, actuaba la justicia, los cuentapropistas, el poder siempre es el otro. Su eterna tercerización. ¿Pero es la Historia de la Side una historia sólo de los escándalos? ¿O es también otra historia nunca escrita de la vida política gris y permanente? Lleguemos a un final posible.

¿Quiénes pasaron por la Side? Desde 1983, el bipartidismo tuvo una usina ahí para reclutamiento, cobros, circulación, amiguismo, contención. Lento, de a poco, en los 80 naturalmente se llenó de radicales que reportaban al naciente poder civil, después llegaron los peronistas, el generoso Anzorreguy. Y la tradición continuó. Se cuenta que en el gobierno de la Alianza el banquero De Santibáñez quiso llevar el ajuste a las cadenas de felicidad del periodismo. La democracia fueron los años de Stiuso, que con Alfonsín comenzó a juntar mérito hasta ser el más poderoso. No hubo gobierno que resistiera a sus encantos. Pero para los partidos de poder (radicales, peronistas, etc.) la Side fue un recurso paralelo de reclutamiento, de paso, de ascenso, de confianza. Cualquiera que pudiera iniciar una carrera política en los distintos peldaños le podría caber tener un paso por la Side. En off, un viejo dirigente de partido (llamémoslo así), me comenta “un mecanismo tradicional de selección de miembros de los servicios que tiene mucho que ver con la militancia y la trayectoria política”. Pero todo reclutamiento implica, y esto inexorablemente parece ser así, que quien entra nunca más se va. La Side es un pacto de sangre. “Seguirá cobrando de por vida aunque no haga otra cosa que leer las palabras cruzadas de un diario. El objetivo del reclutamiento de estos militantes con carrera no tiene que ver solamente con su manejo de la información interna del partido sino fundamentalmente con su capacidad de interrelación con representantes de otras fuerzas políticas. En tal sentido, todo lo que tenga que ver con relaciones exteriores es un área muy ocupada y presente para los servicios en términos de tratar de enviar a lugares claves personal que acompaña a las misiones diplomáticas de turno.” La “opacidad” de la Side es también la parte en que esta “deuda de la democracia” -como se suele llamar- funciona como instrumento de continuidad de la política.

“Te cuento la historia de un amigo mío”, me dice. “Mi amigo ya formaba parte del staff, ya estaba reclutado y le dieron un primer destino en un país vecino. Ahí la función fue, durante el tiempo que estuvo en la embajada en Montevideo, relacionarse con dirigentes políticos de los partidos tradicionales, blancos, colorados y Frente Amplio, y pasar información que una vez decodificada fuera útil para el sistema de información en Argentina. Esta fue la tarea que cumplió silenciosamente no más de un año. Luego lo redireccionaron a Miami, al Consulado argentino para ordenar la caja chica. A este amigo le correspondió la función de ejecutar determinados pagos importantes para Presidencia; y que tenían que ver con familiares o parientes en el exterior. Recibía órdenes de liberar fondos importantes. Como verás, hay una orientación inicial con determinado sentido, una lógica de tipo política que luego ya pasa a ser una cuestión de confiabilidad para administrar esa caja negra voluminosa que solamente se le podía confiar a alguien que diera garantías de no hacer ninguna avivada. En este caso, mi amigo siempre fue honesto, no agarraba un sope, pero era capaz de cumplir una función así.”

El relato completa las dos caras de la luna, es decir, lo que la Side mostró de la Side (su autonomía, su poder, su chantaje, su alineamiento internacional) y lo que la Side mostró de la política (un río de recursos sin orillas). Actualmente la llamada AFI se encuentra en un estado de reformas de las que “el tiempo dirá”. La presencia de una persona honesta como Cristina Camaño permite al menos una prudente expectativa. Que no sea limpiar el Riachuelo con un balde de agua una vez más.

Esta columna y su autor se toman dos domingos de vacaciones, volverán el 30 de enero.

MR

Nuevos fragmentos filtrados del video que muestra la supuesta coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales muestran al exmnistro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas dando indicaciones a empresarios de la construcción para declarar ante la Justicia contra gremialistas opositores.

En las imágenes, que difundió este domingo C5N, también aparece dando consejos Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

“Si acá estuviéramos todos así con los brazos cruzados y uno solo hablando nadie le está dando pelota. ¿Entendés? Entonces son muy importantes las palabras y mucho más en sede penal”, se lo escucha decir a Villegas, quien en dicha reunión expresó su deseo de armar una “Gestapo” antisindical en territorio bonaerense.

El exministro dio ejemplos de qué debían decir los empresarios en sus declaraciones para que las causas terminen en la detención de los gremialistas: “'Yo fui obligado a firmar un acuerdo a sabiendas de que no lo iba a poder cumplir (...) me obligaron a tomar decisiones contra mi voluntad'”.

En un segundo fragmento, se escucha a Villegas dando más indicaciones y enumerando una serie de palabras clave para las declaraciones. “Nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que bajar la conversación, que es lo que hacemos nosotros en las entrevistas individuales, a estas palabras: amenaza, extorsión, comportamiento delictivo, violencia, vandalismo”.

Los fragmentos de video forman parte de la denuncia presentada el lunes de la semana pasada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron también Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó el martes a Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la AFI a partir del hallazgo del video.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías.

Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

CRM