En Argentina, la actual gestión de gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico. Cada una de las medidas sigue sorprendiendo negativamente, en un contexto social desarticulado y con pocas capacidades de respuesta, a lo que se le suma la legitimidad importante que detenta el Presidente, fruto de los resultados electorales de noviembre de 2023.

Para explicar y comprender la emergencia de un presidente autoadjetivado como anarcocapitalista, debemos entender también la historia reciente argentina, signada por una grieta omnipresente entre los diferentes partidos políticos. Y en los últimos cuatro años, por una captación del Estado por supuestas fuerzas progresistas, que finalmente mostraron su peor cara en la presidencia de Alberto Fernández, caracterizada (más allá de la pandemia y otras desgracias que siempre se mencionan) por el inmovilismo y la ineficiencia.

Como muestra, basta mencionar que, a partir de las internas de la propia alianza de gobierno, Fernández no pudo nombrar un nuevo procurador general del Estado (el pliego del juez Daniel Rafecas, especializado en Derechos Humanos, nunca sumó el aval de Cristina Kirchner) ni cubrir la vacante para Juez de la Corte Suprema de Justicia que se había liberado en 2021. Tampoco pudo designar un Defensor del Pueblo que lleva años sin ser nombrado. Ante este panorama de ausencia de acuerdos, el progresismo mucho menos pudo construir un marco de protección y políticas específicas para los pueblos indígenas.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno

En todos sus discursos, el presidente Javier Milei demuestra una aversión a lo colectivo y denosta cualquier mirada del mundo que sea diferente a la que sostiene. De esa manera, la idea de diversidad cultural parece no tener lugar. Sólo basta apuntar como dato de color que el gobierno declaró el año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y, en consecuencia, cualquier documento del Estado se encabeza con esa frase. Como la leyenda se refiere a la propiedad privada, es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno.

Asimismo, durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció una y otra vez las demandas de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Como estrategia discursiva, la compañera de fórmula de Milei enfatizó en la defensa de la soberanía, planteando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional. Una mirada muy creativa para un gobierno que acaba de recibir con honores a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson. Entre sus primeras medidas como Presidenta de la Cámara del Senado, Villarruel disolvió la Comisión de Pueblos Indígenas.

El desprecio por los derechos conquistados

Si repasamos las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos indígenas, éstas se van incrementando y acumulando con el correr de las décadas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus territorios es la deuda que alcanza mayor trascendencia y gravedad. No sólo por lo que significa para las comunidades indígenas la posibilidad real de seguir sobreviviendo con su propia identidad cultural, sino porque su desconocimiento forma parte de las consecuencias de la conquista y el colonialismo. Los despojos de sus territorios se volvieron un lugar común en las crónicas del pasado, pero en la actualidad adquieren una centralidad precisamente porque las disputas se van acrecentando al calor de los intereses fraguados a su alrededor.

Sólo basta pensar que el ideal libertario, que desprecia indubitablemente la igualdad, sólo tiene en mente el aniquilamiento del Estado y la eliminación de las herramientas con las que contamos para proteger nuestros derechos. Si bien vale la pena reflexionar sobre el rol que ha jugado el Estado frente a los pueblos indígenas, en Argentina existió y existe una línea de continuidad histórica en las políticas definidas para pueblos indígenas, caracterizadas por su insuficiencia o, peor aún, su ausencia. Como las diferentes administraciones fueron refractarias al reconocimiento territorial, incluidos los gobiernos calificados como nacionales y populares, en una primera impresión uno puede decir que no existen razones para confiar en el Estado.

Dicho esto, es insoslayable admitir que las diferentes instancias o mecanismos del Estado, en sus diferentes dimensiones, aún siendo imperfectas tienen un rol irremplazable. Ya sea para formular políticas públicas específicas e interculturales; para garantizar el cumplimiento de los derechos; para distribuir la riqueza; o para combatir el racismo y la discriminación. Si estas herramientas desaparecieran o si las desigualdades no encontraran un lugar en las agendas públicas, poco se podría hacer para redoblar la lucha por los derechos indígenas.

El mejor aliado del extractivismo

El escenario presente y futuro es extremadamente incierto y complejo para los pueblos indígenas. Los derechos siguen vigentes y tienen fuerza normativa, pero si antes de la llegada de Milei ya se vulneraban, hoy existe un aval desde las más altas autoridades del país para incumplirlos. Los interlocutores del Estado para avanzar en la implementación de los derechos prácticamente no existen y las instituciones que tienen como mandato ocuparse de los pueblos indígenas gozan de un estatus dudoso. La reducción del Estado, si bien parece ser coherente con la primera parte de la visión política de este gobierno, “el anarquismo”, adquiere un matiz francamente preocupante con la segunda parte de la calificación, “el capitalismo”.

Al igual que en el resto de la región, en Argentina, el capitalismo ha significado una amenaza permanente de sustracción y un saqueo que se concreta día a día de la mano de las actividades extractivistas. Privilegia las empresas, cualquiera sea su capital, priorizando al sector privado, y genera la falsa ilusión de una libertad de mercado beneficiosa para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, concentra la riqueza en manos de pocos y sólo protege un sistema de consumo que tiene como eje producir para consumir, en una espiral ascendente que no conoce de costos, daños y sacrificios.

La situación se vuelve más acuciante aún cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas

Es así que la explotación petrolera y gasífera, la megaminería, la extracción del litio y los negocios inmobiliarios encuentran en la actual gestión de gobierno a su mejor aliado. A pesar de que los territorios indígenas se encuentran en disputa y que las resistencias se dan en el mismo territorio, la lucha también se libra en el campo judicial. Como ejemplo, basta mencionar la sentencia judicial que prohibió continuar la explotación del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y ordenó una evaluación de impacto ambiental, a partir de un amparo ambiental presentado por la comunidad indígena que habita la región.

Sin embargo, la relación de fuerzas es muy dispar. Sin la presencia del Estado como regulador y articulador de los avances privados sobre los bienes comunes de los territorios indígenas, los resultados pueden ser francamente negativos y devastadores para las comunidades. La situación se vuelve más acuciante aún, cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas.

Hacia la vulneración de los derechos indígenas

Es difícil predecir el futuro inmediato o realizar un pronóstico a largo plazo. Del análisis de las últimas medidas del gobierno es posible inferir una profundización de los conflictos territoriales, una mayor desprotección de los derechos indígenas y la prácticamente imposible discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta ley sigue pendiente y fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina, que responsabilizó al Estado argentino por la vulneración de un conjunto de derechos indígenas (entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria indígena).

La ley de emergencia de la posesión y propiedad indígena 26160 de 2006 sigue vigente, a partir de su prórroga por un Decreto de Necesidad y Urgencia del anterior gobierno (que no logró el consenso para lograrlo por ley como venía ocurriendo). Sin embargo, dejará de estar vigente el 23 de noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que en 2022 diputados del actual partido gobernante (incluido el presidente) presentaron un proyecto de ley para derogarla, por lo cual no sería de extrañar que volvieran a intentarlo. Esto dejaría a las comunidades indígenas sin una de las pocas herramientas para evitar los desalojos.

Si bien en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales siguen siendo vinculantes, se vuelven en muchos casos expresiones de deseo frente a una realidad local que les es claramente adversa. A pesar de todo, los pueblos indígenas siguen delineando diferentes estrategias para reclamar, denunciar y avanzar en la consecución de sus derechos. Lo que queda claro en Argentina es que asistimos a un nuevo ciclo de la relación entre Estado y pueblos indígenas que reedita las tensiones presentes y las experiencias más traumáticas. Ante la incertidumbre general, el devenir es incierto.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

JJD

En 18 años, la cantidad de personas en Argentina que se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios pasaron de ser 600 mil a ser de más de 1.3 millones. De acuerdo a los datos del Censo 2022 presentados por el organismo que preside Marco Lavagna, este colectivo representa casi un 3% del total de la población en suelo argentino, aunque en provincias como Jujuy y Salta, el porcentaje con respecto al total es aún mayor: allí, 1 de cada 10 personas se reconoce como integrante de un pueblo originario. 

Por otra parte, 302 mil personas, el doble que en 2010, se reconocen como afrodescendientes; el grueso de ellas, un 55%, reside en el AMBA. 

¿Por qué se duplicó en tan pocos años tanto la cantidad de personas que se reconocen indígenas como las que se reconocen cómo afrodescendientes? Una posible respuesta es que en el Censo 2022, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se incorporaron tres preguntas: autoreconocimiento, pueblo y habla, lo que pudo haber mejorado la captación de la población y por ende, aumentar la magnitud de personas que se reconoce como parte de ese colectivo. 

Además, como explican desde el INDEC en diálogo con elDiarioAR, hubo un trabajo con el INAI –Instituto Nacional de Asuntos Indígenas– para aumentar la sensibilización de la población indigena en los últimos años. Como parte del plan de ajuste –o plan “motosierra”–, el presidente Javier Milei busca eliminar este organismo creado por ley en 1985, sobre todo tras el cierre del INADI, y pasar estos asuntos a la órbita del Ministerio de Justicia. 

En total, en el Censo 2022 se reconocieron 58 pueblos originarios: los que mayor población tienen son los Mapuche –145 mil–, Guaraní –135 mil–, Diaguita –86 mil– y Qom –80 mil–. 

Población total versus población indigena 

Según los datos presentados por el INDEC, 674 mil mujeres y 632 mil varones se reconocieron indígenas, por lo cual no existen diferencias significativas por sexo entre el total de la población y quienes se reconocen como indigenas. Sin embargo, sí hay diferencia en la edad: un 22% del total de la población tiene entre 0 y 14 años, pero para la población indigena solo un 16% pertenece a este grupo de edad; en cambio, la población indígena de entre 15 y 64 años supera en 5 puntos porcentuales al mismo grupo de edad del total de la población. 

Hay diferencia también en la cobertura de salud alcanzada: mientras que el 60% del total de la población tiene obra social o prepaga, sólo el 49% de la población indigena tiene este tipo de cobertura. Además, si el 25% del total de la población tiene un nivel educativo universitario –completo o incompleto–, solo el 24% de la población indígena alcanzó este nivel educativo, un 5% menos.

Afrodescendientes

Con respecto a los afrodescendientes, el Censo determinó que 302 mil personas se reconocen como tales o tienen pasados negros o africanos,, lo que constituye el 0,7% del total de la población argentina en viviendas particulares.

En el Censo 2010, estas personas representaban el 0,4% de la población: menos de 150 mil personas se reconocían una década atrás como afrodescendientes. El motivo de un aumento en un 100% en la magnitud de esta población podría deberse a los mismos factores que el aumento en la población que se reconoce indigena: la mejora en la operacionalización del Censo y también un aumento del autorreconocimiento y la sensibilización.  

Al igual que para la población indigena, los que se reconocen como afrodescendiente presentan una mayor proporción de personas en edad potencialmente activa –de 15 a 64 años–: Son el 73% de la PEA, mientras que en la población general el porcentaje es de 66.

Sin embargo, a diferencia de la población indígena, que se sitúa en su mayor parte en las provincias del Norte argentino, la población afrodescendiente está concentrada, en gran medida, en CABA y en la Provincia de Buenos Aires: el 55,9% de los afrodescendientes residen en el AMBA. 

AS/MG

Comunidades originarias realizarán este lunes un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de “derechos y políticas públicas con perspectiva indígena”, para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe, entre otras demandas.

La protesta comenzará a las 18, informaron las organizaciones en un comunicado.

“Los pueblos originarios somos una cultura viva y presente. Somos Naciones, parte de esta Patria, por la cual también hemos luchado cuando ha sido necesario”, expresaron.

Participarán las comunidades de Salta, 20 Viviendas, Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle y Molinos.

También Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, además de los pueblos Wichi, Toba, Mocovi y Guaraní de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes.

“A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, y hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, indicaron, y advirtieron que “el avance del extractivismo, de la megaminería, del petróleo, forestal y los agro-negocios, junto a las obras de infraestructura complementarias, como represas, carreteras y gasoductos, han profundizado las usurpaciones de nuestros territorios, y nos obligan ahora a ser actores protagónicos en la defensa de nuestros derechos y en la propuesta de otro modelo de país”.

Por eso demandan “la creación de un Estado Plurinacional y Plurilingüe, donde todas las Naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo Estado, siendo partícipes de sus decisiones y aspirando al pleno ejercicio de los derechos”.

Con información de agencias.

IG

El gobierno de Mendoza presentó este viernes tres recursos de reconsideración, en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches. La presentación fue realizada por la mañana por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibáñez, quien se presentó en la sede del INAI en Buenos Aires.

“En los recursos se plantean las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26.160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de mapuches en el territorio provincial”, detalló el ministro provincial.

Para el funcionario, las resoluciones del Instituto “presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad”, las cuales permiten “concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, apuntó.

Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, había expresado esta semana que las decisiones del INAI “afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales” y afirmó que “entre los activos que el Gobierno Nacional está entregando a los 'mapuches', se detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta”.

“En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF. Esto claramente agrava la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur”, advirtió el mandatario provincial.

Ayer jueves, la Corte Suprema rechazó un recurso de queja del INAI y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo, la cual ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

LC con información de agencia Télam

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por lo que dejó sin efecto la resolución que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La causa data del 15 de octubre de 2020, con un pedido de nulidad a través de un amparo interpuesto por Emilio Friedrich, propietario de tierras en esa ciudad, contra la norma emitida por el INAI.

La Corte resolvió así sobre un tema sensible para el Gobierno nacional, el del conflicto mapuche, y lo hizo en contra de las pretensiones del oficialismo en un escenario marcado por el intento del Frente de Todos de llevar al máximo tribunal a un juicio político.

En su acordada de ayer, la Corte también resolvió también involucrarse en otro tema delicado, el de la preservación de los embriones. Ante la falta de una ley que los regule, los cuatro jueces coincidieron llamar a un audiencia pública para debatir el tema.

El 18 de junio de 2021, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 dictó una sentencia donde rechazó el planteo de Friedrich al dar por válido el procedimiento técnico-jurídico catastral de tierras de la comunidad iniciado en el año 2010, por lo que reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” del pueblo mapuche sobre los terrenos en disputa.

Frente a esa circunstancia, Friedrich decidió apelar y el trámite judicial recayó en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El INAI, órgano que responde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que se encarga de “promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Argentina”, presentó ante la apelación un recurso extraordinario que fue denegado por la Cámara. Luego, interpuso un recurso de queja para llegar a la Corte Suprema.

Este jueves, el máximo tribunal trató el caso y resolvió desestimarlo por haber presentado el recurso fuera del plazo legal. En ese sentido, declaró que “se desestima la presentación directa” ya que “la queja ha sido interpuesta extemporáneamente”.

Comisión de Juicio Político en Diputados

Ayer jueves, el Frente de Todos consiguió imponer su mayoría y aprobó con 16 votos sobre 31 la admisibilidad de los expedientes contra los jueces supremos en la Comisión de Juicio Político de la cámara baja. De esta manera, se abre formalmente el proceso de investigación y recolección de pruebas contra el máximo tribunal, donde se llamará a testigos e incluso podrían ser citados, sin obligación de asistir, los miembros de la Corte.

En tanto, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad. De todos modos, los diputados Juan López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica presentaron una segunda propuesta donde se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti, en base a un pedido de enjuiciamiento que la bancada había realizado en 2016.

LC con información de agencia NA

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pidió a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que actúen para declarar inconstitucional la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que ceden 21.500 hectáreas de tierra a grupos mapuches. La medida, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, entrega tierras a la comunidad Lof El Sosneado en San Rafael y Lof Suyai Levfu en Malargüe.

“Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, advirtió Suárez en su cuenta de Twitter tras anunciar que avanzará con medidas en contra de la resolución del organismo conducido por Alejandro Marmoni.

Las comunidades beneficiadas por la decisión del INAI habían solicitado al organismo el reconocimiento sobre esos territorios dada su presencia ancestral en la región. El organismo estatal estudió las hectáreas correspondientes en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y aceptó el pedido mapuche luego de comprobar la veracidad del argumento aducido por los indígenas. El documento presentado por el INAI afirma que se busca garantizar el cumplimiento del derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de ocupación tradicional, garantizado en el artículo 18 del Código Civil y Comercial.

La decisión del organismo encabezado por Marmoni despertó fuertes rechazos entre líderes de la oposición, quienes se solidarizaron con el gobernador mendocino. El auditor general de la Nación y líder del Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, condenó la entrega de tierras vía Twitter. “La entrega de 21 mil hectáreas en la provincia de Mendoza a comunidades pseudo mapuches es una traición a la patria. Muestra de un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía. Si somos gobierno en el 2024 esto se termina”, escribió.

Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, también repudió la medida y expresó su apoyo a su par mendocino. “El Gobierno entregó miles de hectáreas a pseudo Mapuches en Mendoza. Los mismos que incendian y siembran la violencia en la Patagonia, hoy son premiados”, expresó por redes sociales.

Dirigentes políticos mendocinos se sumaron a las duras críticas contra la entrega de tierras. El ex legislador nacional, Luis Petri, celebró la detención del “terrorista” Jones Huala y llamó a terminar con la indulgencia de los pseudo-mapuches. Acusó a estas comunidades de generar terror y hacer negocios inmobiliarios en las tierras adquiridas, pese a que la nueva resolución del INAI establece que los territorios no son enajenables, ni transmisibles, si susceptibles de gravámenes o embargos. El ex gobernador Alfredo Cornejo también rechazó la decisión y lamentó el daño que el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo le está provocando al sur de Mendoza.

ACM con información de NA

Magdalena Odarda presentó este jueves su renuncia al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “por razones de salud”, según difundió un comunicado de la Secretaría de Comunicación y Prensa. Analía Noriega es quien la reemplazará en el cargo.

Según publica el diario Río Negro, el presidente Alberto Fernández le pidió que dejara el cargo, El pedido fue transmitido el miércoles a la ex senadora rionegrina por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, de quien depende el Instituto. En el área de prensa del gobierno desestimaron la versión.

Odarda acompañó a Soria en la fórmula del Frente para la Victoria para las elecciones a gobernador de Río Negro de 2019, en las que se impuso el Frente Juntos Somos Río Negro, del senador Alberto Weretilneck.

Odarda mantuvo un enfrentamiento público con el gobierno de la provincia y con la gobernadora Arabela Carreras en relación al conflicto mapuche y las acciones violentas contra personas y bienes de sectores que atribuyen la representación de esa comunidad.

La ex senadora también se enredó en un conflicto con la provincia de Neuquén cuando Parques Nacionales emitió una resolución y declaró sitio sagrado mapuche al volcán Lanín.

A principios de agosto, el organismo publicó una resolución que declaraba al volcán Lanín “sitio sagrado mapuche”, un viejo reclamo de las comunidades de la provincia. El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez declaró la decisión como “un acto ilegítimo e ilegal”. Pocos días más tarde, el ministro de Ambiente Juan Cabandié anuló la norma, lo que derivó en la renuncia de Lautaro Erratchú al cargo de Administrador de Parques Nacionales. Gutiérrez, según la prensa de la provincia, atribuyó a Odarda la iniciativa sobre el volcán Lanín.

Según el diario Río Negro, con Odarda se irá el vicepresidente del Instituto y representante de pueblos indígenas Luis Pilquiman, y otros colaboradores.

En el texto dirigido por Odarda al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó: “Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.

La presidencia del INAI, como se menciona en el documento difundido, será asumida por Noriega, Licenciada en Trabajo Social, Coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial Ley 26160 y Miembro fundadora de la fundación Napalpi donde actualmente es secretaria.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Enzo Nahuel Paredes tenía 9 años, y vivía en la comunidad Mbya Tekoa Porá, de Puerto Leoni. Había viajado a Posadas, a doscientos kilómetros de su aldea natal, junto a su padre, cacique de la comunidad, y su madre. En la mañana del 16 de marzo pasado, cruzó la calle para comprar un jugo en un kiosko, fue atropellado por un colectivo y murió. 

Enzo y su familia no estaban en Posadas vendiendo artesanías o mendigando, como reprodujeron equívocamente medios locales y nacionales, y como generalmente sucede con las familias guaraníes que, ante la falta de trabajo, se desplazan hasta la capital y duermen en los alrededores de la terminal. Fueron a hacer trámites de la comunidad y comprar útiles escolares. 

Luego de aquel episodio, las familias que solían acampar allí fueron corridas del lugar, y  hoy en día se les prohíbe vender sus artesanías en las calles. La tragedia de Enzo visibilizó en la provincia una situación generalizada, y sirve como botón de muestra de una situación irresuelta históricamente. Volvió a poner en el tapete los problemas económicos, sociales y territoriales que viven los guaraníes misioneros. Entre ellos se pueden mencionar la falta de suministro de agua potable y energía eléctrica, un alto índice de deserción escolar en el nivel secundario y una problemática territorial irresuelta. 

“El primer objetivo fue sacar a los niños en situación de calle de la ciudad de Posadas, porque nos hacia mal verlos vendiendo limones en los semáforo sin sus padres”,  afirma la nueva Directora de Asuntos Guaraníes de la provincia, Norma Silvero. La funcionaria es una futura trabajadora social que asumió el cargo en febrero de 2021, en reemplazo del históricamente cuestionado por su mal desempeño al frente de la dirección, Arnulfo Verón, que se mantuvo en el cargo por 20 años a pesar de acumular sistemáticamente pedidos de renuncia. Finalmente, fue removido luego del pedido de unos 80 referentes de diversas comunidades. “Trabajamos para que estos grupos de familia tengan contención en sus hogares y comunidades - continúa Silvero - Detectamos de dónde venían, hablamos con los caciques, escuchamos sus necesidades y los motivos del traslado. Nos dijeron que la pandemia les impedía vender sus artesanías y plantas medicinales. A partir de eso ingresamos en estas comunidades y trabajamos en varios sentidos, como la incorporación en ferias francas”. 

Sin embargo, hay quienes sostienen que detrás de esa  prohibición también sobrevuela un racismo velado. Como afirma Sergio Alvez, periodista local, que sigue de cerca la problemática guaraní. “Ellos necesitan salir a vender las artesanías. Acá dormían en las plazoletas y a la gente no le gusta ver eso. Hay un trasfondo de discriminación”. 

Claudio Salvador es docente, periodista y escritor. Trabaja codo a codo con las comunidades, es el creador del Proyecto Mate - que apunta al desarrollo de la comunidades indígenas a través del ejercicio del turismo- y última detalles para la creación del Instituto Superior de Turismo Comunitario Indígena Raúl Karai Correa, que ofrecerá la primera carrera de nivel terciario destinada a integrantes de las comunidades locales. Salvador ve con buenos ojos el arribo de Silvero, sin embargo dice: “Hasta el momento hay una ausencia de política publica destinadas a los pueblos originarios. Se van tapando agujeros que la historia ha dejado abiertos. Las forestales han plantado pinos exóticos y eucaliptos que han cambiado el entorno. Son empresas que enferman a la población, la intoxican con papeleras y pinos. Donde hoy ves una plantación de pinos, antes existían mas de mil especies que formaban parte de una selva”. Salvador apunta directo a la madre de todas las batallas: la lucha por la tierra. Los desmontes y el asedio de las madereras a las comunidades que no logran obtener sus títulos de propiedad no se detienen. 

Territorios en disputa

En Misiones hay 132 comunidades, según precisa la directora de Asuntos Indígenas, Norma Silvero, quien llegó al cargo con más consenso que su polémico antecesor, ya que a priori le reconocen su capacidad de diálogo y voluntad de trabajo. En esos territorios habitan unas 15 mil personas. Del total de esas comunidades, se relevaron alrededor de un 40 por ciento bajo la ley 26160, que fue sancionada en el año 2006 y  declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”. De ese total de tierras relevadas, solo unas treinta tienen su título de propiedad, según datos que aporta Cintia Gimenez, secretaria de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen). elDiarioAR no pudo constatarlo con datos oficiales, ya que ni desde el Ministerio de Ecología ni de Asuntos Indígenas pudieron precisarlo. Este cronista visitó la comunidad de Yrirapú, en las inmediaciones de Iguazú, que es una de las pocas que tienen su título. Claudio Salvador trabaja con esa comunidad y asegura que el título es una donación del estado provincial. “Eso va contra las leyes y derechos colectivos, porque además se incluye en el sistema de área protegida como reserva natural y cultural. Eso le resta autonomía a las comunidades para decidir sobe sus bienes y recursos. Lo importante es que se reconozca la propiedad comunitaria y el territorio según establece la ley 26160. El territorio va mucho más allá del limite de una propiedad privada. Es todo lo que afecta al ambiente, al hábitat de la comunidades indígenas, a su entorno”.

“Desde el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se trabaja en el relevamiento territorial. Acá tenemos varios técnicos trabajando, pero por distintas cuestiones que escapan de mi conocimiento no se pudo completar el relevamiento de la población real – precisa Silvero -. Eso le corresponde a Nación, ya nos reunimos con la presidenta del Inai (Magdalena Odarda) y se comprometió a continuar relevando las comunidades que faltan. El relevamiento asegura a los grupos familiares que no sean desplazados de lugar de origen. De ahí en más es parte del Estado gestionar para que estas propiedades puedan pertenecer a los grupos familiares que se encuentran en este territorio”. elDiarioAR intentó entrevistar a Magdalena Odarda, la presidenta del Inai, pero no obtuvo respuestas. Fuentes técnicas del Inai consultadas aclaran que el organismo no da títulos de propiedad, sino que solo realiza los relevamientos. Los títulos dependerán de que algún día se sancione una ley de propiedad comunitaria.

“Viven en pequeños fragmentos de su territorio originario, reclamando por su tierras. Quienes no tiene el ordenamiento territorial realizado, están con la sensación de no saber donde caerse muertos – agrega Claudio Salvador - Los estados no están cumpliendo con sus aplicación legales y los acuerdos firmados internacionalmente. Lo que hace la ley es legitimar lo que dice la Constitución: que hay que entregarle las tierras que ocupan hoy, ancestralmente u otras. Está establecido en la Declaración de los Derechos Indígenas de las ONU. En Misiones se demora porque donde hay un árbol valioso, las empresas siguen depredando. Hay buenas voluntades pero no terminan de sobreponerse a los intereses que existen sobre lo que nuestra cultura llama recursos. Y para los pueblos indígenas son bienes culturales y no recursos naturales”. 

Desmontes y disparos 

El viernes 17 de diciembre, integrantes de la comunidad de Ka’acupé, situada en el municipio de Ruiz de Montoya, y de la comunidad de Alecrín, ubicada en el municipio de San Pedro, realizaron un corte sobre la ruta provincial 7 para pedir que las empresas Carba S.A – en Ka ácupé -  y Harriet Larrague - en Alecrín - dejen de talar el bosque nativo en su territorio ya relevado. Además, denunciaron que empleados de Carba escondidos entre los árboles dispararon contra un grupo de cinco chicos de entre 12 y 17 años, mientras juntaban frutos y revisaban sus trampas de animales. Los chicos huyeron aterrorizados. El cacique de Ka’akupe Mario Borja denunció estos hechos en el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá. Pero aclara que las denuncias suelen ser cajoneadas, ya que las empresas cuentan con la complicidad del poder judicial, además de la protección policial cuando entran a a taler el monte o cuando ellos ponen el cuerpo para resistir el avance de las topadoras.  

“La comunidad siempre estuvo en este territorio. Acá fallecieron nuestros abuelos y bisabuelos” – asegura Borja, quien precisa que en Ka’acupé se relevaron 5633 hectáreas en el año 2005, pero que aún no obtienen el título de propiedad. “No estamos acompañados por el estado provincial. La empresa Carba se apropió del territorio y no quieren entregar el titulo porque hay intereses de explotación del monte nativo. Ellos siguen sacando madera”. 

En Ka’akupe hay 27 familias, pero en el mismo predio habitan otras cinco comunidades. Borja dice que la provincia vendió a la empresa las tierras en los años setenta. “Las tierras siempre fueron de las comunidades, lo que pasa es que nunca tuvimos un papel. Nuestros antepasados nunca supieron, a nuestros abuelos nunca le importó tener o saber de papeles de propiedad – explica el cacique - El Ministro de Ecología dijo que tenia que estudiar el tema porque es nuevo, pero el que estaba anteriormente dice que no sabe nada. No hay respuestas, siguen con los ojos tapados, no ven ni escuchan”.  elDiariAR quiso entrevistar el Ministro de Ecología, Victor Kreimer, pero se excusó. Dijo que asumió su cargo recientemente, que es un tema sensible y que no está muy al tanto de la situación. Ofreció pasar el tema a su director, pero nunca respondió. Además, fue consultado sobre qué cantidad de comunidades tienen el titulo de propiedad, y respondió: “Ese dato lo solicité a la subsecretaría de tierras que maneja la cuestión y me están elaborando informe. Hay algunas comunidades que tienen títulos, otros están en trámite y en otros casos están asentadas en tierras de otros titulares”. 

Norma Silvero, por su parte, dice que están tratando de llegar a un acuerdo para comprar las propiedades, sobre todo en el predio donde viven y producen. “Ya se hizo en San Ignacio, y estamos tratando de hacerlo en Ka’acupé, donde Carba nos ofrece tres mil hectáreas para un grupo de cinco comunidades”. Sin embargo, el cacique Borja dice que la empresa viene ofreciendo esto hace mucho tiempo. “Ella no nos representa ni puede llegar a negociar en nombre nuestro. Tienen que escuchar a la comunidad, que tiene relevadas 5633 hectáreas por ley, y eso no se negocia”. 

Suicidios adolescentes 

Una cuestión de la que se habla en voz baja es la problemática de los suicidios adolescentes. Si bien elDiarioAR no pudo precisar un número exacto, cuando este cronista pasó recientemente por una de las comunidades que visitó, le revelaron que unos días atrás un adolescente se había suicidado. Según algunas fuentes consultadas, se trata de tema que salud publica no afronta. Además, no hay profesionales indígenas de salud mental que puedan trabajar de manera mixta, es decir, tanto desde la cosmovisión indígena y el abordaje del hombre blanco, como se hace, por ejemplo, en Canadá. A partir de la fragmentación de la selva se sienten confundidos, como que no pertenecen a ningún lugar. La perdida del territorio y de sus tradiciones los angustia. 

La antropóloga Ana Gorosito Kramer es profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam (Universidad Nacional de Misiones), y una referente en investigaciones vinculadas a los guaraníes. Según la información que maneja, este año fueron dos los suicidios, pero alerta de que es una situación que puede ir creciendo, y enumera que son varias las causales de esta tragedia. 

“Es como si estos jóvenes hubieran sido empujados a un individualismo extremo y sin salida, en donde la única salida desesperada ante este individualismo y ruptura de lazos comunitarios llevan al deseo de suspender la vida porque no hay nada, el mundo sagrado ha desaparecido”. Por otro lado, asegura que los liderazgos políticos son endebles, ya que muchos vienen digitados y manipulados por autoridades de la política provincial, sobre todo en tiempos del polémico Arnulfo Verón. 

Además, explica que están desapareciendo los liderazgos religiosos a través de un  proceso de secularización de la vida ordinaria, y apunta contra los evangelistas. “El notable ingreso de las iglesias evangélicas de origen brasileño en las aldeas es espantoso. Construyen templos, promocionan pastores, destruyen elementos religiosos. Esta introducción religiosa es violenta”. 

Finalmente, todo parece confluir en el mismo punto neurálgico, la madre de todas las batallas: los conflictos territoriales. “Es una cuestión que nunca termina. Desde el 2006 se viene remando con la ley de reconocimiento territorial. Sabemos que es una ley que nos queda corta de manga, porque falta la ley de propiedad comunitaria. Acá no se trata de territorio pelado, se trata del monte como tal,  ya que provee una serie de elementos que permiten el ser en el mundo de un guaraní, que se completa en esa coexistencia y en sus propios espacios y ambientes conocidos. Se trata, nada más ni nada menos, que la desaparición de sus espacios físicos. La selva no es cualquier cosa para los guaraníes, es su espacio”. 

GP