Con preguntas precisas y punzantes (“¿Qué pasó en la Argentina entre 1976 y 1983? ¿Qué fue el terrorismo de Estado? ¿Por qué desaparecieron personas? ¿Qué cambios económicos se produjeron? ¿Cómo salió nuestro país de esa experiencia?”, se lee en la contratapa de uno de ellos). Con relatos de ficción que incluyen el uso de la inteligencia artificial para hacer un trabajo sobre el golpe militar. Con trazos delicados e historias de exilios. Con escenas imaginarias y también con información. Distintos sellos editoriales decidieron publicar, en coincidencia con la conmemoración de los 50 años del último golpe militar, libros pensados para el público infantil y juvenil que abordan los episodios ocurridos en aquellos días de desapariciones forzadas, tortura, robos de bebés, silencio y horror.

“Entre los principales retos a la hora de pensar un libro de no ficción, y de historia en particular, para el público infantil y juvenil, está ver cómo se puede generar interés y valor sobre la necesidad de contar una vez más esta historia. Es decir, poder pensar y ayudarlos a pensar y a hacerse preguntas sobre por qué tenemos que seguir hablando de la dictadura. Porque un desafíos que se abre es la sensación, en muchos sectores, de saturación sobre el tema. A la vez, por otro lado, en otros sectores, hay mucho desconocimiento sobre la historia de la dictadura y qué fue o cuál es su importancia. Y, en tercer lugar, en otros espacios directamente aparecen posiciones mucho más críticas y disruptivas, y más cercanas a la negación o la justificación de lo que fue el terrorismo de Estado”, señala ante elDiarioAR la historiadora, docente e investigadora Marina Franco, autora de La última dictadura. Argentina 1976-1983 (Pequeño Editor, 2026). Con ilustraciones de Pablo Lobato, la publicación ofrece respuestas claras ante preguntas muy puntuales. Con una prosa nítida, colores amables y un tono informativo pero no machacón, por las páginas del libro, que está recomendado para lectores a partir de los 10 años, se brindan detalles sobre la ubicación de los centros clandestinos de detención, sobre la desaparición forzada, sobre el plan económico de la dictadura. También se da cuenta del contexto de episodios como el Mundial 1978 y el nacimiento de los principales organismos de derechos humanos.

Otra de las editoriales que decidió conmemorar el aniversario del golpe con publicaciones dedicadas al público infantil y juvenil es Siglo para Chicos, el sello dedicado a las infancias y a los adolescentes de Siglo XXI Editores.

“Tengo experiencia en la edición de libros que abordan el tema de la memoria y los derechos: creo que es un tópico que, en nuestro país, una editorial dedicada a las infancias no puede soslayar”, apunta Laura Leibiker, cabeza del sello y editora especializada en Literatura Infantil y Juvenil, y agrega: “Después, cada editor y cada editorial tiene un posicionamiento y propone diferentes caminos para hablar del pasado: creo que siempre hay que pensar en el posible destinatario y en el contexto en el que ocurrirá la lectura; en el acompañamiento (de la escuela, de la familia) para contener y dar respuesta a las preguntas que queden pendientes”.

Consultada sobre la dificultad a la hora de abordar episodios de violencia y crudeza y el impacto que podrían generar en lectores chicos o muy jóvenes, la editora reflexiona: “Por supuesto que hay que adecuarse a la edad del posible lector. Pero los que para mí son los mejores libros disponibles para hablar de nuestra historia utilizan un tono poético, metáforas e imágenes potentes que son, creo, el mejor vehículo para contar y hacer relevante esa historia para cualquier lector que se acerque. Y no son ñoños ni le temen a las emociones que surjan”.

Para el público infantil y en el rubro de la no ficción, Siglo para Chicos viene desarrollando desde su nacimiento la colección Entender y Participar. “Creemos que es un aporte muy interesante a la construcción de ciudadanía, a dar respuesta a las preguntas naturales de los chicos. Seguro que, por el movimiento que habrá este año en conmemoración de los 50 años, habrá más y más preguntas para responder sobre democracia, derechos humanos, justicia, violencia, institucionalidad. Y nuestros libros son una buena herramienta para abrir y profundizar esos diálogos, a veces sorprendentes, a veces incómodos para los grandes, que se dan en casa y en la escuela”, señala Leibiker.

Además, pensando en el público que atraviesa los primeros años de la adolescencia, la editorial lanzó en febrero Avisale a mi mamá (“Una novela alucinada sobre la dictadura”, se lee en la bajada del libro) escrito por Monica Zwaig.

“La historia es muy simple: Teo, el protagonista, tiene que hacer un trabajo para la secundaria sobre la dictadura y usa la IA para eso hasta que empiezan a aparecer mensajes raros. Surgió primero con la observación de que muchos adolescentes están usando la IA para su vida cotidiana y para los trabajos del colegio. Me dieron ganas de trabajar con eso para dialogar con el presente de los jóvenes y tratar ahí de generar algún interés en leer la novela. Después, me parecía muy útil en la narrativa usar esta cuestión de la IA porque me permitía traer preguntas a la historia, distintas voces y también agregar diálogos un poco absurdos a veces que para mí son una vía de escape para alivianar el tema de la novela”, explica ante este medio la escritora Monica Zwaig.

Zwaig nació en Francia porque sus padres debieron exiliarse durante la dictadura y es autora, entre otras, de la novela Una familia bajo la nieve donde desde la ficción recupera algunas escenas familiares de aquellos tiempos. Consultada sobre las diferencias a la hora de escribir aquellos textos para adultos y pensar ahora en la dictadura para contársela a un público joven, reflexiona: “En mis otras novelas, especialmente en Una familia bajo la nieve, no quería hablar de la dictadura. Sé que esa novela es leída en esa clave pero yo tomé a la dictadura como un ruido de fondo nomás, quería escribir sobre las relaciones de madre e hija, sobre lo difícil que es hablar, sobre el destierro. Cuando tocaba el tema de la dictadura lo tocaba por el costado”.

“Con Avisale a mi mamá fue diferente porque tenía que escribir sobre el tema de la dictadura como tema principal. Eso y el hecho de que sea para adolescentes me llevó a escribir desde un lugar de mucha humildad. Primero porque respeto mucho a los adolescentes, pienso que nos pasan el trapo y que no hay que subestimarlos para nada. Y segundo, como el tema de la dictadura es totalmente inabarcable, decidí trabajar con eso desde preguntas y desde la ficción, pensándolo siempre como un punto de partida para habilitar preguntas. Con ese espíritu intenté acercarme a ellos y pensando que esta novela sirva para dialogar, no para imponer respuestas”, agrega la escritora sobre este libro que salió publicado en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ese organismo, con una larga trayectoria buscando tejer puentes entre generaciones, lanzó el micrositio Sabés qué fue, para acompañar el lanzamiento de la novela y ofrecer material didáctico a partir de preguntas sobre la dictadura.

Exilio a los 8 años

Con otro ángulo, y pensado como uno de sus clásicos libros ilustrados, la editorial Limonero lanzó recientemente Cosas pequeñas y extraordinarias, escrito por Daniela Arroio y Micaela Gramajo e ilustrado con delicadeza por Nono Pautasso.

“Me dijeron que era peligroso quedarse. Que mi tío no aparecía por ningún lado y que teníamos que irnos a otro país. No pude llevarme casi nada”, cuenta Ema, la narradora de 8 años de esta publicación.

La historia, según informaron desde Limonero, nace de la experiencia personal de las autoras, quienes, al igual que su protagonista, tienen familias divididas entre Argentina, Brasil y México, el país donde crecieron. Gramajo y Arroio Sandoval, las dos con formación teatral, crearon inicialmente una obra de teatro con la misma temática que recorrió diversos escenarios internacionales. 

Memoria colectiva

Varios editores consultados coinciden en señalar que el escenario político y social actual invita a seguir pensando en estrategias para insistir sobre la importancia de la memoria colectiva.

Desde Pequeño Editor, subrayan la importancia de tomar “una posición ética frente al pasado”. “La última dictadura aplicó una violencia masiva y extrema, es decir, ejerció un terrorismo de Estado. Además, la dictadura no fue solo violencia militar, fue un proyecto para transformar la economía y disciplinar a la sociedad”, apuntaron.

Por su parte, la historiadora Marina Franco describe “Dados los actuales contextos que ya no estamos en el escenario ni político ni social de hace diez años, el desafío es construir una explicación histórica que fuera interesante y capaz de construir puentes de acercamiento a aquellos que no están convencidos, o que no tienen mucha información o que son indiferentes o incluso reactivos a contar y a seguir hablando del tema”. En su mirada, se hace necesario ampliar la mirada. Por eso, un libro como el que acaba de publicar “no está pensado para un público convencido, sino para establecer puentes para el diálogo entre las generaciones de públicos más diversos”. 

“Esto supone contar una historia con todas las dimensiones ácidas, incómodas y complejas que tiene el pasado argentino. Supone contar una historia donde los hechos pueden ir mostrando la gravedad de lo sucedido sin necesidad de consignas, sin necesidad de etiquetas, sin necesidad de decirle al lector lo que tiene que pensar”, concluye la historiadora.

AL/CRM

El lunes 14 de abril, en uno de los pasillos del Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Vicente D. Abramo” Nº 35 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, apareció pegada una hoja escrita a mano. No estaba en una cartelera ni en el sector de avisos: alguien la había colocado con cinta, a la altura de los ojos, sobre una pared junto a las aulas donde se dictan clases de Historia y Formación Ética. El mensaje, redactado con letra clara y prolija, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza explícita de muerte, con referencias directas al terrorismo de Estado.

“Ingresantes: no se dejen dejen llevar por los zurdos del Instituto, estos son amigos de [Axel] Kicillof, de Cristina [Fernández de Kirchner], y de todos los kukas del país. A los kukas no les importa La República, solo quieren beneficios y/o privilegios. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon Verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”.

Cabe recordar que los Ford Falcon verdes están íntimamente asociados con el terrorismo de Estado en Argentina, son el símbolo del secuestro y la desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Estos autos, modelo Falcon de tipo sedán, pintados verde oliva u oscuro, eran comúnmente utilizados por grupos de tareas del aparato represivo. Se movían sin identificación oficial, para secuestrar personas en la vía pública o en sus propios domicilios. No se identificaban como fuerzas del Estado y actuaban de modo clandestino.

El mismo lunes 14, docentes y estudiantes del instituto denunciaron públicamente el hecho. Transcurrida una semana, la dirección del instituto aún no se ha pronunciado. “Los directivos están obligados a hacer una denuncia. Ni siquiera sacaron un comunicado de repudio, pretenden tapar todo”, señalaron a elDiarioAR desde el sector docente del establecimiento.

A su vez, destacan que la nota apareció a pocos días del último 24 de marzo, nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, y a diez días de una masiva jornada pública de debate sobre dicho tema, realizada el sábado 3 de abril.

El historiador Luis Brunetto, que es profesor en el Instituto desde 2007, en diálogo con elDiarioAR, sostuvo que “estos hechos no pueden separarse del discurso fascista contra los 'zurdos' que deliberadamente propaga el gobierno negacionista de Milei y [su vicepresidenta, Victoria] Villarruel, y del clima que crea [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich para legitimar que las fuerzas de seguridad disparen contra periodistas o apaleen jubilados miércoles tras miércoles”.

Y agregó: “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni minimizar estos hechos, hay que pararlos antes que sea tarde. El año pasado hubo un hecho similar cuando un alumno irrumpió al grito de 'zurdos aborteros' en una Jornada de Educación Sexual Integral (ESI), y supuestamente se tomaron 'medidas pedagógicas', ahora pasa esto y la dirección del instituto ni siquiera se pronunció públicamente. Por eso estamos impulsando un pronunciamiento que ya lleva centenares de firmas de una comunidad educativa que es muy numerosa, porque el instituto es muy grande”.

Por otro lado Emanuel Denett, vicepresidente del Centro, también declara: “Ya nos reunimos con las autoridades del instituto, que se niegan a hacer la denuncia judicial de los hechos que están obligadas a hacer porque hay amenazas de muerte, un delito de acción pública. El miércoles hicimos una asamblea, el lunes a la mañana hay una sentada en la puerta del instituto que organizan les estudiantes de la carrera de Educación Especial y a las 13hs vamos a hacer una nueva asamblea para organizar un plan de acción. Llamamos a las comunidades educativas de todos los institutos y universidades, a los sindicatos docentes y a todo el movimiento obrero a pronunciarse. Al fascismo hay que pararlo antes de que sea tarde”.

Estudiantes y docentes del instituto publicarán en los próximos días una declaración de repudio que ya cuenta con cientos de firmas. El establecimiento educativo de Monte Grande tiene edificio propio, tres turnos y más de 2.000 alumnos.

En un acto organizado por su cuenta en el Senado, casi sin presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel le lanzó un reclamo a la Justicia vinculado con su causa política personal: la reapertura de los expedientes que involucran a grupos guerrilleros por haber cometido secuestros y/o asesinatos durante los 70. La propuesta es temearia porque esos delitos no son considerados delitos de lesa humanidad.

“Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, lanzó desafiante la vicepresidenta en un evento que armó para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. “Los asesinos, en las cárceles”, planteó.

Villarruel fue ama y señora del acto: no sólo protagonizó el discurso de cierre y ocupó la butaca principal de la primera fila, sino que la transmisión en directo por la señal de Senado TV la ponchó en reiteradas oportunidades durante todas las intervenciones antes de sus palabras. La vice se rodeó de un significativo grupo de personas para instalar su presentación bajo el latiguillo negacionista del terrorismo de Estado que pregona la teoría de los Dos Demonios y que el Gobierno ya hizo propia.

“La memoria completa”, apuntaló Villarruel, que acusó directamente a Néstor y Cristina Kirchner por sus políticas de reapertura de las causas contra los militares: “El kirchnerismo construyó una oscuridad pestilente sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Hace más de cuatro décadas grupos terroristas lastimaron a miles de argentinos: peronistas, radicales, personas apoliticas, civiles, gente pudiente y muy humilde. Grupos terroristas los usaron de excusa para la disolución nacional y trataron de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones”.

El acto fue organizado por Claudia Rucci, en lo formal directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, pero más conocida por ser hija del sindicalista asesinado por Montoneros, José Rucci, en 1973. Algo más que una misma mirada sobre la historia conecta a Villarruel con Rucci: Ariel Lijo, candidato de Javier Milei a la Corte Suprema.

El juez determinó en 2012 que el asesinato del entonces secretario de la CGT no fue un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad. Ese es uno de los motivos por los cuales Villarruel es una de las más firmes opositoras a la designación de Lijo como juez supremo. “Que la verdad no sea otra cosa que la verdad”, reclamó este martes Rucci en su discurso en el Senado.

Con el acto de este martes Villarruel tocó varios puntos sensibles para la Casa Rosada. Primero habrá qué ver cómo reacciona el kirchnerismo a semejante afrenta de sus banderas, porque Unión por la Patria es el bloque que tiene la llave para que avance el pliego de Lijo en el Senado. En las últimas horas hubo hasta una mini interna entre Cristina Kirchner y el jefe de la bancada, José Mayans, por considerar a la vice como “peronista”.

Pero también Villarruel se lanzó a encabezar el acto el mismo día en que los libertarios en Diputados estaban por expulsar del bloque a Lourdes Arrieta, una de las “arrepentidas” por haber visitado a Alfredo Astiz y otros represores en la cárcel de Ezeiza. Finalmente renunció. Hay una cobertura oficial sobre los organizadores de ese encuentro como Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro (ex mano derecha de la titular del Senado). Pero hay en el ala más mileísta, como Lilia Lemoine, que acusa a la vice de haber alentado ese viaje a la cárcel.

Ante de su discurso, Villarruel le dio voz a la organizacióni Víctimas de Terrorismo de los años 70. Habló Gloria Paulik, hija del sargento Juan Paulik, quien murió en el atentado de Montoneros en la Superintendencia de Seguridad Federal. Entre el público estuvo además Juan Bautista “Tata” Yofre, actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia de la nueva SIDE, órgano que lideró entre 1989-1990. También se la vio a la exdiputada antiabortista Cynthia Hotton.

“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”, dijo Villarruel, aunque no está claro de qué manera se podrían avanzar su propuesta: están prescritas porque no son de lesa humanidad.

El impedimento que tiene la avanzada de Villarruel fue ratificada ante elDiarioAR por reconocidos juristas. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que esos expedientes, más allá del tenor de los delitos, no pueden abrirse cuarenta años después: “Están prescriptas las causas porque no son de lesa humanidad”, señaló. Es la diferencia clave sobre los actos cometidos por los militares durante los setenta en manos del aparato del Estado.

Villarruel en su exposición buscó dar vuelta la carga de la prueba. No habló del gobierno militar de facto, sino que sólo se referió al Estado cuando fue administrado por los Kirchner. “Desde el Estado se vanagloriaban los crímenes atroces del terrorismo”, dijo al criticar las políticas de reapertura de esas causas. La vice aseguró que “quisieron silenciar una batalla desigual contra la maldad humana”.

“De qué derechos humanos pueden hablar aquellos que las violaron para que los terroristas se conviertan en los adalides morales de nuestra historia”, agregó en su discurso y reformuló a su modo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia que levantan los organismos de derechos humanos: “Justicia, verdad y reparación para las víctimas del terrorismo”, afirmó.

MC/JJD

En horas clave en torno a la discusión en el seno del oficialismo por la polémica generada a raíz de una reciente visita de legisladores de La Libertada Avanza a represores detenidos en Ezeiza, que incluye la inminente expulsión del bloque mileísta de la diputada mendocina Lourdes Arrieta y, en sintonía con su cruzada personal, un acto en “homenaje a las víctimas del terrorismo” que encabezará este martes en el Salón Azul del Congreso la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas presas e investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.

En los datos recolectados, la oficina especializada puso el foco sobre la porción de privados de la libertad que cumplen condenas con prisión efectiva o preventiva en sus domicilios, en sintonía con los informes periódicos de la Procuración General de la Nación.

Según publica el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”.

En este contexto, la procuraduría aclaró que dos personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.

Desde 2006 se investigó a 3.746 personas y recibieron condena 1.187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, 190 fueron absueltos.

Rangos etarios

La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:

Datos

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

La familia Montoya-Albareda está atravesada por la tragedia desde hace 45 años, cuando el subcomisario Ricardo Fermín Albareda (37), un ingeniero electrónico egresado de la UTN que prestaba servicios en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno de Córdoba fue secuestrado la noche del 25 de septiembre de 1979 en la capital provincial por un grupo de tareas del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) que lo llevó hasta el centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, en las afueras de Villa Carlos Paz, lo torturó y asesinó.

Los integrantes del grupo de tareas responsables de la desaparición de Albareda habrían descubierto que la víctima militaba clandestinamente en la guerrilla del PRT-ERP y, desde su puesto en la Policía, le pasaba información al grupo guerrillero, pese a que a mediados de 1977 ya había sido prácticamente diezmado.

Tras la trágica muerte de su padre, a los nueve años de edad, Fernando Albareda comenzó un derrotero de desgracias que tuvo un hito desgarrador este jueves, cuando fue detenido y acusado de haber asesinado a su propia madre.

Tras la desaparición de su esposo, Susana Montoya -madre de los niños Mónica y Fernando y del bebé Ricardo- se puso en pareja con un policía: el ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; quién en diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba por, precisamente, el secuestro, asesinato y desaparición del subcomisario Albareda.

En ese mismo juicio, junto a Campos fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

Quienes conocen a la familia Albareda confiaron que el hijo del medio de la familia, pasó a un segundo plano. La turbulencia de la preadolescencia y el desprecio de Campos hicieron que Fernando viviera entre los nueve y los 12 años de edad en institutos de menores, donde sufrió diversos abusos. Al regresar a su casa, gracias a la gestión de una maestra, pasó un corto tiempo allí y luego transitó una vida en pensiones y literalmente en la calle.

El pasado viernes 2 de agosto, cerca de las 18, un llamado ingresó al número policial 911 dando cuenta de la muerte de una mujer en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4800 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Su hijo Fernando Albareda fue quién dio aviso. Las aberturas de la vivienda estaban cerradas. El cadáver, con una herida en el cuello estaba tirado en el patio y semicubierto de hojas. Ese mismo día, a las 20, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros llegó al lugar y se entrevistó con el hijo de la mujer asesinada. El funcionario le avisó al gobernador Martín Llaryora que se trataba de la viuda del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda.

Muy temprano en la mañana del lunes 5, horas antes de que comenzara el velorio de Susana Montoya, Fernando Albareda le envió un mensaje a través de WhatsApp a sus “queridos y queridas compañeros y compañeras”; donde relata que estaba recomponiendo relaciones con su madre: “Me destruyeron la esperanza de poder seguir en esa construcción y lazo familiar que tan bien me estaba haciendo, no solo a mí, sino a S. y F., que sabían que existía la Susana, después la abuela Susana, para finalmente reencontrar afecto y momentos compartidos con ‘la Chueca’.”

“Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte, lo cual resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacía por mí también le volvía. Tomamos mates, jugamos cartas, buraco, comíamos juntos, etc. Era todo ganar... hasta el viernes”; escribió Fernando Albareda. En 2021, Mónica, la hermana mayor, falleció en Bariloche.

Familia y deportes

En 1994, Fernando Albareda se casó con C. y producto de ese matrimonio nació N., un varón:

“C. es una de mis mejores amigas del club. Fue testigo de mi casamiento y hemos ido al casamiento de ellos. Ellos están obviamente divorciados hace veintipico de años, pero lo veo de vez en cuando en el club”, confió a elDiarioAR un amigo de la juventud de Fernando Albareda y su ex esposa. “Estoy sorprendido absolutamente, pero bueno, espero que verdaderamente que no sea lo que está diciendo la Policía. Francamente me asusta pensar que ha hecho una locura así”, afirma.

Luego del divorcio con C.; Fernando rehízo su vida con M.P.; y tuvieron una hija y un hijo, S. y F. La hija estaba en el departamento familiar de barrio Villa Cabrera cuando su padre fue detenido el pasado jueves 8.

“Realmente, elegí fingir fortaleza, que se que me va a romper en mil pedazos cuando esto vaya pasando y solo estoy pensando en N., S. y F. y obviamente M.P. No soy nada si ellos, no soy nada sin ustedes, no sirvo solo, es un estado que muchas veces uno usa para disfrutar, bueno, esta soledad así, es una mierda, sin ellos y ustedes no podría dar un paso más. Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se qué más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar”, escribió Albareda en otro de los párrafos a sus amigos, antes de que los investigadores de la policía reunieran las evidencias suficientes para acusarlo del asesinato de Susana Montoya.

Este amigo que habló con elDiarioAR recordó que Fernando “incurría en todo lo que es las cuestiones políticas, y sé que no es un tipo fácil. ¿Pero quién es fácil? ¿Vos sos fácil? ¿Yo soy fácil? Obviamente, con todas las situaciones del padre y, obviamente, de una casa destrozada a causa de la muerte prematura. No voy a juzgarlo, sí voy a ponerme a pensar que si es por dinero eso sí es juzgable y cuestionable, así que bueno, esperemos verdaderamente que Dios pueda reparar todo este desastre que los seres humanos hacemos y que lamentablemente aquellos que más van a sufrir van a ser los hijos”.

Fernando y su hermano Ricardo siempre estuvieron ligados al deporte en clubes como Palermo Bajo, Tablada y Universitario. Fernando, el mayor, entrenó las inferiores de hockey, fue árbitro y también entrenó fútbol en el Club Atlético Talleres; del cuál su papá, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda era fanático. El menor de los hermanos, Ricardo, actualmente es entrenador de rugby en Universitario.

Su vínculo con la militancia

“No lo conozco a Fernando, yo ya hacía muchísimo tiempo que me había ido de HIJOS y creo que Fernando se vincula ya cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, que desde que se formó HIJOS hasta los juicios, pasaron un montón de años”, señala Mariquita Llorens, integrante del grupo fundacional de HIJOS, que se reunió en la Semana Santa de 1995 en la localidad cordobesa de Río Ceballos.

Los referentes que aparecían entonces en la nueva agrupación eran los cordobeses Silvia Di Toffino y Martín Fresneda.

En octubre de 2009, cuando recién había comenzado el juicio por la desaparición de su padre, Fernando le dio una entrevista al periodista Alexis Oliva. Allí recordaba su incorporación a HIJOS en el año 2000: “Un día, Iván Ferreyra, el que edita la revista Recovecos, me escucha discutir por teléfono con el abogado que nos llevaba la causa por la indemnización de mi viejo. Era un abogado que trabaja en la Policía y lo habían puesto mi hermana y mi vieja. Se demoró tanto que me empezó a pudrir y cuando lo empecé a apretar, el tipo se escudaba en que no le habíamos entregado todos los papeles".

Albareda recuerda: “Cuando Iván escucha esa charla apareció y me dijo: ”Yo tengo el nombre de las personas que te van a solucionar el problema“. Y me anotó en un papelito: ”Agustín Di Toffino y Martín Fresneda“. Me dio los números y me dice: ”Llamales, estos tipos te van a solucionar el problema. ¿Nunca fuiste a HIJOS?“ Y le cuento que una vez crucé por la plaza San Martín, donde había un escrache a (Antonio Domingo) Bussi, y me puse a charlar con ellos. Con el que hablé era Emiliano Fessia, y él me dio su número de teléfono. Ese fue mi primer acercamiento a HIJOS”.

En esa entrevista de 2009, Fernando Albareda explica que “Martín (Fresneda) me citó a su estudio para que le diera los datos y pudiéramos hablar a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, para saber dónde estaba parado el trámite. Hablamos, en definitiva, de quién había sido mi padre. Les conté el caso e inmediatamente lo agarraron como propio, porque no tenían denuncias de policías desaparecidos”.

La estrecha relación de Fernando Albareda con los dirigentes de HIJOS, principalmente con Agustín Di Toffino -secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández-; y Martín Fresneda –secretario de DDHH de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- le posibilitó ingresar como asesor de Fresneda en su paso como legislador cordobés (2015-2019) y luego en la Secretaría de DDHH nacional, donde estaba a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH nacional y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

La caída

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa la investigó, sin resultados, el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que ordenó detener a Albareda por el asesinato de su madre.

El propio intendente Martín Llaryora, que dos días después iba a sumir como gobernador de Córdoba, se solidarizó en las redes sociales con el hijo del subcomisario desaparecido: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba”.

Ese mismo día, Juan Pablo Quinteros, que estaba a punto de asumir como ministro de Seguridad se solidarizó con Albareda y en ese encuentro, la presunta víctima de las amenazas se acercó y le solicitó que le resolviera la reparación histórica de su padre.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970”.

Segun declaró a los investigadores y periodistas, alertado porque no le respondía el teléfono, el viernes 2 de agosto pasado, cerca de las seis de la tarde, Fernando Albareda llegó a la casa de su madre Susana Montoya, en Miguel Andrés Caminos 4.880 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Al no poder entrar a la vivienda le pidió a una vecina que lo deje subir al techo para ver hacia el interior de la casa materna. Allí vio el cuerpo de su mamá, tirado en el patio. Llamó a la Policía y allí Fernando y los agentes encontraron una nueva amenaza presuntamente de elementos ligados a la dictadura cívico-militar: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escrito presuntamente con lápiz labial rojo en una de las paredes de la casa de la víctima.

En el mensaje de Whatsapp enviado el lunes, Albareda le confiaba a sus más cercanos: “Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto. Esta vez, cruzaron un límite que yo no imaginaba”; “Ahí se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo. Temo por mí. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno/a de nosotros/as”, ratificando su sospecha hacia elementos policiales.

Tras su detención, trascendieron algunos detalles, por ejemplo, que la noche del viernes, cuando Fernando y Ricardo se encontraron en la vivienda de Susana, el hermano mayor le reclamó al menor “¿por qué hiciste esto?, si todos íbamos a cobrar la reparación de papá”; tratando de desviar la investigación hacia Ricardo, que vivía con la madre. Los investigadores de Homicidios, comenzaron a investigar al menor, pero esa línea quedó descartada cuando se comprobó que el jueves a la hora del asesinato estaba en Villa Carlos Paz con sus hijos.

Las filmaciones, las pericias grafológicas, los cruces de teléfonos, las huellas dactilares y la presencia de ADN, además de testimonios de testigos situaron a Fernando Albareda en la casa de su madre, en el mismo momento en que era asesinada.

El viernes, el defensor de Albareda, Claudio Juárez Centeno había insistido con la sospecha de elementos de la Policía cordobesa ligados a viejos elementos de la dictadura, que podrían haber armado una escena para inculpar a su cliente. Ayer, en cambio, le dijo a elDiarioAR: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

DM/GM

Por tercer año consecutivo, unas 200 personas que defienden la llamada “memoria completa” sobre los años 70 se movilizaron este sábado para pedir que se cambie el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. Los manifestantes se reunieron en la esquina de la estación, en las avenidas San Juan y Entre Ríos, a pocos metros de donde Walsh fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas en 1977. Con permiso de la Policía de la Ciudad, taparon el nombre de Walsh con impresiones del mismo color y tipografía que decían “Víctimas del terrorismo”. Les sacaron fotos para las redes sociales y luego las descolgaron.

Con la presencia en bajo perfil de referentes negacionistas como Cecilia Pando y Juan José Gómez Centurión, después marcharon algunas cuadras hasta el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal de la Policía Federal, rebautizada durante la dictadura como Superintendencia de Seguridad Federal. El martes pasado fue el aniversario del atentado de Montoneros contra ese edificio, el 2 de julio de 1976, que dejó 24 muertos, casi todos policías, y más de cien heridos. Dentro de Coordinación Federal operaba uno de los principales centros clandestinos de detención de la Policía Federal. El edificio sigue funcionando actualmente como dependencia policial. 

Desde 2022, la fecha convoca en la estación Rodolfo Walsh a grupos que se oponen a los juicios a represores, y que afirman que Walsh habría sido el “ideólogo” del atentado. La marcha de ayer, convocada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Familiares y Amigos De Víctimas del Terrorismo de Argentina (AfaVitA) y el Centro de Estudios Cruz del Sur, avanzó por un carril de la avenida Entre Ríos con carteles que denunciaban al escritor y periodista como “asesino”. También había pancartas contra el autor material del atentado, José María Salgado, un joven militante de Montoneros que revistaba infiltrado en la Policía. Salgado fue quien ingresó el explosivo que voló el comedor de Coordinación Federal. El martes pasado, día del aniversario, la Policía homenajeó por primera vez a los muertos y heridos en su edificio y colocó una placa recordatoria, con la presencia en el acto de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La teoría de que Walsh participó en el atentado a Coordinación Federal circula desde la posdictadura, pero nunca fue más que una acusación sin pruebas. No se conocen testimonios o documentos que lo involucren directamente en el ataque. Pese a la falta de evidencias, algunos actores repiten la cantinela desde hace décadas. El que la llevó más lejos fue el comisario retirado Hugo Biazzo, herido en el atentado, quien presentó en 2006 una denuncia penal contra varios ex montoneros, entre ellos Walsh, a los que acusó por el hecho. Asistido por Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado de represores, Biazzo sostuvo que el atentado calificaba como un “delito de lesa humanidad”.

La denuncia era tan poco seria que ni siquiera acertaba el nombre del autor material, José María Salgado, a quien llamaba Juan Carlos. Con respecto a Walsh, la única fuente citada por Biazzo es un libro de 1985, Confesiones de un montonero, del periodista tucumano Eugenio Méndez, basado en el testimonio de un miembro de Montoneros que el autor obtuvo de algún modo que no explica. El hecho de que Méndez no revelara la fuente, sumado a su cercanía con el general Antonio Bussi, causaron sospechas de que las “confesiones” del militante, posiblemente arrancadas bajo tortura, podrían haberle llegado a través de los servicios de inteligencia militares.

Méndez dedicó apenas un párrafo al atentado en Coordinación Federal. Lo menciona al pasar e introduce una nota al pie sin relación con el hilo del libro y tan descontextualizada que ni siquiera menciona a Salgado, la persona a la que alude: “Tuvo una reunión con su Responsable, el oficial Esteban (Rodolfo Walsh), que lo había infiltrado en la Policía Federal para dar información. Deciden colocar la bomba el 4/6/1976. Se posterga porque en la Policía lo dan de baja. Esteban le indica que no devuelva la chapa. Ingresa a la Superintendencia con paquetes tentativos. No lo controlan. Considera que el comedor es el lugar apropiado. La bomba se la entrega Esteban, y el Monra le indica cómo hacerla detonar, que va a tener 20 minutos para escapar. El 2/7/76 ingresa y la coloca, cubriéndola con su sobretodo. Se retira. Cambia de vehículo en Loria y Rivadavia, encontrándose con Esteban que le manifiesta: ‘El operativo salió perfecto’”.

En un paréntesis, Méndez agrega la supuesta fuente: “Ver causa ‘Desaparición y muerte del ex agente José María Salgado’, montonero, capturado por los G.T. y llevado a la ESMA y luego entregado a la Policía Federal, donde murió el 4/12/76. Juzgado Federal Nº 3”. Más allá de la dudosa nomenclatura para una causa judicial, Salgado no murió el 4 de diciembre de 1976 sino el 2 de junio de 1977, cuando la policía lo fusiló junto a otros dos militantes e hizo pasar el asesinato por un enfrentamiento, después de haberlo torturado y mutilado. Difícilmente un juzgado federal cometería un error de fechas tan básico. Tampoco se entiende por qué una investigación sobre la muerte de Salgado ahondaría en el ataque a Coordinación Federal, y menos aun en el estilo del párrafo de Méndez, donde se nombra a militantes por sus alias. No sólo resulta inverosímil la cita a la causa –elDiarioAR contactó al Juzgado Federal Nº 3 para pedirla, pero no figura en su archivo– sino que tampoco se dice a quién pertenece el supuesto testimonio citado por el periodista. Una vez más, no aparece nadie con nombre y apellido que involucre a Walsh.

Pero el párrafo de Méndez se sigue citando hasta hoy. El comisario Biazzo fue el primero en hacerlo. En 2006, su denuncia penal fue rechazada por la jueza federal María Servini de Cubría. La decisión de Servini fue luego avalada por la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, bajo la doctrina de que los ataques de las organizaciones armadas de los años setenta no configuran crímenes contra la humanidad y por lo tanto son prescriptibles. El ataque a Coordinación Federal no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional”, señaló la Cámara Federal, y agregó que no se debe “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.

Incluso un juez de Casación que no consideró prescripto el hecho advirtió que no existían “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha” contra los acusados. Y eso es así porque, en el momento de los hechos, las autoridades militares no iniciaron ninguna investigación oficial sobre el atentado. Ante la denuncia de Biazzo, la Justicia pidió desarchivar el expediente original, pero las tres fuerzas armadas, la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital Federal respondieron que en la época no hubo ninguna actuación por el ataque. Las fuerzas represivas lo vengaron por mano propia. 

A fines de 2021, el caso volvió a activarse cuando varias asociaciones contrarias a los juicios de lesa humanidad a militares le presentaron un recurso a Servini para que reabriera la causa impulsada por Biazzo. Los demandantes fueron asistidos por Ricardo Saint Gean, hijo del gobernador bonaerense de la dictadura Ibérico Saint Gean, y María Laura Olea, ambos abogados de represores. Servini rechazó el pedido pero, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, anuló la respuesta de la jueza y le exigió que la argumentara mejor. En septiembre de 2023, Servini falló por tercera vez que no hay investigación jurídicamente viable. En el largo trámite de la causa, tres jueces de Cámara, dos jueces de Casación y cinco jueces de la Corte Suprema votaron en línea con Servini. Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron los únicos en otra sintonía.

Pero el fallo de los tres camaristas de la Sala I no fue un grito solitario. Un par de meses antes, la editorial Sudamericana publicó el libro Masacre en el comedor, del periodista Ceferino Reato. Su autor lo presentó en la Legislatura porteña junto a Villarruel. Desde su publicación, el libro de Reato se convirtió en una especie de biblia para los grupos que militan la causa de Coordinación Federal. En la marcha de este sábado, varios ejemplares circulaban entre sus asistentes. Aunque Reato no asistió a la manifestación –tampoco Villarruel–, los oradores del acto frente al edificio policial citaron su libro en los discursos. “Si quedaba alguna duda, el libro de Reato demostró todo y causó un verdadero impacto”, dijo a este medio Emilio Hardoy, miembro de Justicia y Concordia, quien se encargó del megáfono mientras avanzaban por Entre Ríos.

Masacre en el comedor plantea como hipótesis que Rodolfo Walsh fue el “ideólogo” del atentado a Coordinación Federal. Aunque la acusación existe desde hace cuatro décadas, Reato la jerarquiza y la convierte en el gancho de su trabajo. Sin embargo, el libro no aporta ningún testimonio o documento que involucre a Walsh en el ataque. No hay ninguna novedad periodística al respecto. De hecho, lo único que cita Reato como supuesta evidencia concreta de la participación de Walsh es el viejo libro de Eugenio Méndez. Por lo demás, Masacre en el comedor es una gran conjetura, basada en dos elementos conocidos desde hace años: que Walsh fue una pieza clave del Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros; y que tenía un vínculo cercano con José María Salgado, tanto a nivel militante como personal.

El libro de Reato omite que, para julio de 1976, la relación de Walsh con la Conducción Nacional de Montoneros estaba deteriorada. Sus críticas se centraban en la deriva militarista de la organización: Walsh pensaba que hacía falta más política y menos “fierros”. El atentado a Coordinación Federal era el tipo de acción cuya efectividad cuestionaba. En agosto de 1976, Walsh escribió su primer documento crítico a la Conducción, en el que, entre otras cosas, advertía que “la ejecución indiscriminada de policías veda toda forma de acción política interna” e iba en contra del interés de la organización en infiltrar agentes en las fuerzas de seguridad. Reato cita la opinión de Walsh, escrita un mes después del atentado a Coordinación Federal, pero la atribuye a un repentino sentimiento de “autocrítica”.

Reato escribe que, después del atentado, Walsh le habría dicho a su mujer Lilia Ferreyra: “Lilia, ocupate de él [Salgado]. Es muy joven y va a necesitar ayuda. Mató a mucha gente y eso le puede hacer mal; se puede creer Dios”. El autor cita como fuente al periodista Sergio Bufano, quien a su vez asegura que el tema “le fue comentado” por Ferreyra. Aun si la frase fuera cierta, estaría lejos de apuntar a Walsh como “ideólogo” del ataque; más bien lo muestra preocupado por sus consecuencias.

elDiarioAR consultó a Segundo Carafi, miembro de Cruz del Sur y uno de los organizadores de la manifestación, sobre la falta de evidencias acerca de la supuesta participación de Walsh.

–Es muy difícil probar si estuvo involucrado, porque eran un ejército, tenían su inteligencia. Tampoco es una cosa que vos decís: “Lo vi dando clases para poner una bomba”.

–¿Pero no hace falta evidencia concreta para marchar con una pancarta que dice “Walsh ideólogo de la masacre”?

–Eso tiene todo el sentido porque era el número dos de inteligencia de Montoneros. Incluso hasta por deducción sería muy raro que no haya participado.

–Es una conjetura.

–Hay algunas pruebas. Después te las voy a buscar.

En marzo de este año, la legisladora porteña Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, ingresó un proyecto de ley para retirar el nombre de Walsh de la estación de subte y que vuelva a ser Entre Ríos. Las agrupaciones promilitares van por más: quieren que se llame “Víctimas del terrorismo”.

FFB/DTC

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado luego de que se detectaran “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

A través de un comunicado, la cartera que dirige Cúneo Libarona justificó la medida a partir del procesamiento a una persona por “defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita” y en que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.

“Descubrimos distintos juicios con autos de procesamientos confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos haber sido víctima del terrorismo de estado”, dijo Cúneo Libarona en el canal de noticias LN+. “Y en muchos casos, más de cien, recibieron más de US$ 150.000 en concepto de indemnización”, agregó.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, ejemplificó el Ministro y señaló: “Cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos mas hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

La reacción de Horacio Pietragalla

A través de un posteo en la red social X, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla Corti, cruzó a Cúneo Libarona por su decisión de auditar las indemnización a víctimas del terrorismo de Estado. “Bueno, con todo respeto, sólo quiero informarles que hasta los diarios españoles informaban que a esta banda la descubrimos nosotros, la denunciamos y fuimos querellantes. Ahora, por favor, un poquito de seriedad, salió en todos lados, lo hicimos público. «Miren que hay trabajo para hacer para estar viviendo del trabajo de otros»”, lanzó y adjuntó el enlace a un artículo en el diario El País de España, publicado el 29 de julio del 2023, titulado “La justicia argentina procesa por estafa a un falso hijo de desaparecidos de la dictadura”.

MM/JJD

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, afirmó hoy que se debe volver a debatir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Para nosotros tiene que haber una discusión respecto del aborto. Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020”, indicó en una entrevista con Diego Sehinkman para Todo Noticias.

Según lo expresado por la compañera de fórmula de Javier Milei, “desgraciadamente la ley en Argentina se termina estirando hasta el infinito” de modo que “hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”. En este marco, cuestionó la laxitud de la normativa. “Solamente con alegar problemas de tipo psicológico la madre puede abortar”, subrayó.

La actual diputada nacional de LLA también criticó la memoria de la última dictadura cívico-militar. “Hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero, después, murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó. Esas personas no son víctimas”, expresó.

En este sentido, planteó la necesidad de llevar adelante una auditoría del sistema de indemnizaciones para víctimas del terrorismo de Estado dado que considera que muchas de ellas han sido entregadas a personas a las que no les corresponde la transferencia monetaria. “Creo que tiene que haber una auditoría de cómo se entregaron estos fondos, porque estos fondos se entregaron con el hambre de quien vive ahora en situación de calle en la Plaza Constitución”, sostuvo.

De igual modo, reclamó por la apertura del predio de la ESMA para el “disfrute” de todos. “Un predio como es de la ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentinos, sobre todo también porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas”. A su criterio, avanzar en esta dirección implicaría tener una “visión más amplia” de los derechos humanos “que incluya a todos y permita, con mucho respeto, cerrar situaciones que nos duelen como sociedad”.

ACM

Los cuestionamientos a las premisas centrales de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia estuvieron a la orden del día en los últimos meses. A 40 años del retorno a la democracia, la carrera electoral para la Casa Rosada ─que llegará a su fin en 16 días, cuando se celebre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei─, estuvo lejos de evidenciar un consenso respecto al régimen constitucional y sus instituciones: en reiteradas oportunidades, el candidato presidencial de La Libertad Avanza y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, buscaron negar el plan sistemático de la última dictadura cívico militar y la cifra de 30.000 desaparecidos.

Para evitar que este tipo de discursos proliferen, legisladores del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) y organismos de derechos humanos decidieron impulsar una proyecto de ley antinegacionista que, entre otros puntos, propone la reforma del Código Penal para sancionar a quienes difundan este tipo de ideas. En su artículo 15, el documento firmado por la diputada nacional Carolina Gaillard, establece que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o reivindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”.

La normativa no sólo refiere al terrorismo de Estado del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) ─que trajo aparejado secuestros, homicidios, sustracción de menores, entre otros delitos─, sino también al Holocausto o Shoah, el genocidio armenio, la Masacre de Mapalpí y los crímenes de “Rincón Bomba”. Expresiones favorables a estos actos delictivos serán penadas y, en caso de ser sancionados, los funcionarios deberán realizar al menos un programa educativo en materia de derechos humanos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo (INADIN).

La entidad deberá ofrecer capacitación obligatoria en materia de Memoria, Verdad y Justicia, para todos las personas que se desempeñen en la función pública “en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Además de dictar dichos talleres, el INADIN se encargará, según lo propuesto en el proyecto de ley, de elaborar políticas nacionales para proteger el pluralismo y los derechos humanos y promover la lucha contra la impunidad.

La iniciativa del oficialismo apunta contra la fórmula presidencial de La Libertad Avanza y podría funcionar como advertencia contra Milei y Villarruel para que cesen sus actitudes reivindicativas del régimen autoritario encabezado por Jorge Rafael Videla. De hecho, su partido llevó como candidato a diputado a Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Antonio Bussi. Este dirigente tucumano revitalizó el término “excesos” para minimizar el accionar sistemático de las fuerzas armadas durante el PRN.

Esta misma posición adoptó Milei al referirse a a las desapariciones y crímenes cometidos en el marco del régimen autoritario de entre 1976 y 1983. El economista incluso fue más allá y puso en duda el número de desaparecidos reportado por los organismos de derechos humanos. “No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, aseguró durante el primer debate presidencial.

En la misma línea, el pasado 4 de septiembre, su candidata a vicepresidenta organizó un acto en homenaje a las "víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña, en la que cuestionó a los organismos de derechos humanos por mantener una “memoria parcial” de la última dictadura cívico militar. “Carlotto ha sido un persona bastante siniestra para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo. Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”, señaló.

ACM

Hace dos meses, en agosto, la llegada de una topadora al terreno sorprendió al equipo de arqueólogos que trabaja en el ex Club Atlético, en San Telmo.

Durante la última dictadura militar el lugar funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el subsuelo de un edificio de la Policía Federal Argentina. Se estima que unas 1.500 personas estuvieron secuestradas en las diminutas celdas escondidas en el sótano, 293 identificadas como desaparecidos. El edificio fue demolido cuando todavía gobernaba la dictadura militar, en 1977, para construir la Autopista 25 de Mayo. Desde 2002 arqueólogos del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos excavan la zona para extraer pruebas que permitan reconstruir la historia de ese lugar e identificar a sus víctimas.

Pero la topadora que llegó aquel día de agosto al terreno ubicado en la Avenida Paseo Colón no lo hizo por demanda de los arqueólogos. Llegó para cavar un pozo no solicitado por nadie del lugar y sin autorización. Se trata de una obra impulsada por la agencia de publicidad P+D Ideas Creativas. La empresa, que se dedica a la publicidad en vía pública, prevé la instalación de un enorme cartel publicitario, una estructura lo suficientemente alta para que la aprecien los vehículos que circulan por la autopista.

“Nuestra investigación descubrió que en ese área (donde se ubica el pozo) también había un edificio que era de la Policía”, explica Laura Duguine, arqueóloga del equipo de investigación del sitio, parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Justicia de la Nación. “Al hacer el pozo, interfirieron en esos restos, rompieron parte de esa materialidad. Pedimos a la empresa que cuando tapen el pozo no lo hagan con cemento para que, si en un futuro eso se quiere investigar, no sea mayor la intervención”, cuenta. El descubrimiento fue anunciado por primera vez por el equipo de investigación del sitio de memoria en junio, a través del testimonio de Duguine al Tribunal Oral Federal nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el juicio Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

Ahora, desde la esquina de avenida San Juan y Paseo Colón es posible avistar el gran pozo en forma de cuadrado, de unos dos metros de profundidad, con toda la estructura de hierro ya armada, lista para recibir el hormigón. “Fue todo muy rápido, en unos dos días”, dice Duguine. “Hicieron todo de modo inconsulto. Ahí empezamos a contactar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. ¿Quién aprobó eso? ¿Qué se va a hacer acá? ¿Qué está pasando?”

Cuestionados por los trabajadores del sitio de Memoria, los representantes de la agencia afirmaron haber “enviado el proyecto” para la instalación del cartel al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad. El sector responsable de aprobar proyectos de publicidad en la vía pública, la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, confirmó a elDiarioAR que no le otorgó el permiso. Este medio se contactó a la agencia Ideas Creativas, que no emitió respuesta.

“Hablamos con Espacios Públicos, con la Dirección de Obras de la Municipalidad, con la Dirección de Construcciones de la Ciudad; nadie había dado ningún permiso”, cuenta Daniel Mercogliano, uno de los sobrevivientes del sitio y miembro de la Comisión de Memoria y Consenso, integrada por familiares y sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones barriales.

La Comisión formalizó entonces una denuncia a la Defensoría del Pueblo, el 17 de agosto. El mismo día, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros (Gefico) intimó la paralización de la obra. Así se pudo frenar el llenado con cemento que generaría otro nivel de intervención en posibles pruebas arqueológicas.

A pesar de que el agujero no entorpece la excavación que se lleva a cabo hoy, se trata de una interferencia inconsulta en una parcela contigua del terreno, sin un estudio o registro previo de lo que puede haber ahí. “Lo mejor sería que, hasta que no haya más pruebas y recursos para investigarlo, no se lo destruya”, afirma Diguine.

Una propuesta

En el mismo local donde hoy reside un gran pozo con rejas de metal, hay un proyecto –este sí aprobado y diseñado con el Gobierno de la Ciudad y la Autopistas S.A.– para la construcción de un Centro de Interpretación de 1.400 m² para promover al sitio de memoria. La Comisión de Memoria y Consenso espera ahora la licitación para construir el edificio que daría otra entidad al sitio que hoy es identificado apenas por placas alrededor de la manzana debajo de la autopista.

Además, hay un proyecto aprobado para instalar una cubierta que proteja la porción del sitio donde está la excavación. Una de las columnas de esa cubierta iría en la zona donde se excavó el pozo.

Para prevenir intervenciones en la zona lindera a la excavación, el equipo de investigadores presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que detalla qué está permitido y qué no está permitido hacer en el entorno de las excavaciones.

Frente al accionar de los investigadores y la Comisión de Memoria y Consenso del sitio, representantes de la agencia Ideas Creativas presentaron una contrapropuesta: aplicar dos carteles publicitarios en puntos más apartados, que no interfiera en el trabajo de los arqueólogos o en posibles pruebas, a cambio de un pago cuatrimestral equivalente a  3.300 litros de nafta. Esperaban tener la confirmación para realizar los nuevos pozos para, con esa tierra, tapar el agujero de dos metros de profundidad. La Comisión, sin embargo, rechazó la propuesta. “Le pedimos que retire la base y tape el pozo. Quedó en hacerlo, y al día de hoy no lo realizó”, detalla Daniel Mercogliano. 

Como sobreviviente, Mercogliano recorre el predio y apunta cada rincón donde se acuerda haber vivido largos meses de detención y tortura. Cómo se disponían las celdas y con quienes podía hablar, siempre en una lengua de señas inventada entre los secuestrados. Apunta a la gran columna que sostiene la autopista, abrazada por figuras de personas en metal, como si emergieran de la tierra. “La primera obra, en 1996, se hizo en papel maché, y a los dos días, la queman. A las dos o tres semanas, la hacen en madera. La vuelven a quemar. Y deciden hacerla en metal y nunca más fue quemada”, cuenta. “Ahí se formó la comisión y se comenzó a destapar el sitio.”

En frente al gran cartel que exhibe fotos de los 293 desaparecidos del Club Atlético, Mercogliano cuenta la historia de algunos de ellos. El que cumplió tareas como médico del centro clandestino de detención; la compañera con quien más conversaba; la que le dijo aprovechar la enfermería para, desde el subsuelo, mirar un poco al sol. Y concluye: “Todo lo que hago aquí no es por mí, es por ellos”.

En el aire, quedan algunas preguntas. ¿Cómo pueden hacerse obras sin permiso en la Ciudad? ¿Pagan esas empresas por los daños generados en el espacio público? Hasta ahora, los frenos fueron impulsados por la propia comisión de DDHH y el equipo de investigación del sitio. Un cartel publicitario irrumpe en un sitio de memoria, en tiempos de negacionismo del terrorismo de Estado.

FP/DTC

Fue detenida-desaparecida durante la última dictadura militar argentina, sobrevivió a las torturas en el campo de concentración El Vesubio y se exilió en Francia. Nunca quiso volver al país, ni siquiera en democracia, pero le preocupa lo que pueda pasar el domingo, cuando se elija próximo presidente.

Pasó meses cautiva, embarazada y con capucha, y es testigo de la masacre de Monte Grande, donde junto a otros 15 desaparecidos murió su compañero Luis Alberto Fabbri, padre del hijo que esperaba. Esta es la historia de la investigadora científica Elena Alfaro, que habló con el diario Clarín en una entrevista realizada en París, y advirtió sobre qué sucedería ante un eventual triunfo de Javier Milei.

Es que la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, es la sobrina del capitán Ernesto Villarruel, uno de sus captores que formó parte de El Vesubio como militar y del CRIC, la oficina de inteligencia que dependía del regimiento de La Tablada, a donde ella fue cautiva al menos tres veces. Alfaro declaró en los tres juicios que hubo por el terrorismo de Estado y lo identificó junto a varios de los otros torturadores, pero a Villarruel no lo juzgaron porque se comprobó que tenía Alzheimer.

“Estoy cien por cien a favor de una ley contra el negacionismo y la apología de la dictadura. En los liceos franceses, tras haber recibido la Legión de Honor, me invitan para que, a través de mi historia, pueda transmitir los valores republicanos que es lo que nos permite vivir juntos, sin masacrarnos por pensar diferente. La Argentina está presa entre dos populismos y y soy republicana” dijo Alfaro a Clarín.

Alfaro fue víctima de distintas torturas, vejaciones y violaciones. Su hijo nació poco después de que el general Guillermo Suárez Mason la liberara. Hoy, 40 años después, el país en el que nació tiene un candidato a presidente cuya compañera de fórmula reivindica el terrorismo de Estado.

“¿Cómo se llegó a este genocidio? Fue porque hubo valores morales internacionales a nivel mundial, que tuvieron un cambio durante la dictadura. Eso cambió toda la sociedad, por supuesto, con la propaganda. ¿Y eso qué significa? Significó que matar, torturar, robar, fue banal. Que ese clic que se hizo en la sociedad, produjo esta falta de valores. En la Argentina en esa época, nadie sabía nada. Cuando aparecieron los juicios y empezamos a hablar y a contar los horrores que habían pasado, la gente empezó a decir: ”ah, pero yo no sabía“. Y hoy siento que hay un paralelo de pérdida de valores. Hoy los valores pareciera que pasaran solamente por la economía. Esos valores morales de la sociedad están totalmente rotos”, le dijo Alfaro a Clarín. Y agregó: “Hay un paralelo porque aparece un personaje salvador (Milei), lo mismo que pasaba cuando los militares venían a salvar la patria. Así terminó. Hoy estamos en el mismo cuadro, sin valores morales, pensando que la economía es todo y está por arriba de esos valores morales. ¿Qué son esos valores morales? Son los que nos permiten vivir en comunidad, son los que nos permiten vivir juntos. Lo que quiero alertar a la gente cuando va a votar es ojo que este personaje está fabricado, no puede dirigir la Argentina, no puede dirigir una sociedad creando esta cuestión de odios, de violencia”.

Para Alfaro “si la gente cuando va a votar, no recupera o no reacciona frente a un individuo que nos está diciendo que la economía es lo más importante, nos introduce en una sociedad totalmente devastada, sin valores, que lo único que vale es la economía, el bolsillo y nada más”. Por eso, la investigadora insistió a Clarín: “Creo que hay que tener cuidado porque esto nos va a llevar a una catástrofe, que puede terminar en guerra civil. Puede terminar en violencia o ya es violencia. Cuando se lo escucha a este personaje, es violento.”

Sobre Victoria Villarruel: “Es responsable del negacionismo”

Para la víctima de El Vesubio, la candidata a vicepresidente de Javier Milei “no es culpable ni responsable de lo que hizo su tío”. Sin embargo consideró en la entrevista: “Es responsable de ese negacionismo que tiene ahora, porque lo que está haciendo es que esta sociedad vuelva a repetir ahora, con ellos en el poder, si llegara a ganar la elección, esa locura de falta de valores. Entonces, sí la hago responsable de reivindicar el terrorismo de Estado”.

En este sentido, le habló a los electores. “Les advierto lo que puede pasar en una sociedad que no tiene valores, que no hay nada que los rija, que lo único los va a regir es la economía de este candidato a presidente, que se dice muy docto en economía, pero poco docto en lo que significa vivir en paz y en sociedad, sin que haya odios. Basta de separar la gente, basta de meter a los argentinos unos contra otros, basta de eso. ¿Es que no fue suficiente lo que vivimos? Entonces, a los que lo votan les digo: ¡atención! Ahora, ustedes saben, antes no se sabía. En la época de la dictadura decían: ”no sabíamos“. Ahora sí se sabe. Así que cada voto es responsable de esa libertad. Porque yo también estoy por la libertad. Pero la libertad si no viene pegada a la responsabilidad, no es libertad”.

MM/DTC

Abuelas de Plaza de Mayo repudió los agravios y falacias de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, contra la presidenta de la agrupación de derechos humanos, Estela de Carlotto, y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

“Lo que hacen Villarruel y su espacio político es una provocación para ganar notoriedad sobre temas superados por la sociedad argentina y convalidados por la justicia nacional e internacional. Su discurso nos retrotrae a lo peor de nuestra historia, intenta sembrar confusión y promover el odio entre los argentinos”, expresaron en un comunicado oficial.

En este sentido, la organización reivindicó el trabajo de su presidenta que “lleva más de 40 años buscando justicia por los crímenes de la dictadura de forma pacífica, jamás con venganza”. Destacó, además, que la agrupación siempre veló por la democracia, guiada por dos pilares fundamentales: el respeto a la pluralidad de expresiones y el acompañamiento a los sectores postergados.

“Tengamos memoria: no permitamos que el olvido ni los discursos que banalizan los crímenes de Estado se amplifiquen, porque es un peligro para la democracia. No queremos que haya nunca más un genocidio en Argentina, por eso nuestra preocupación”, indicaron en el escrito.

En este marco, Abuelas ratificó su condena a los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de estado iniciado con la aparición de la Triple A durante el período democrático encabezado por Isabel Perón y que se extendió durante la última dictadura cívico-militar.

“Los genocidas argentinos cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad. Un tipo de crimen tan aberrante y pernicioso para el conjunto de la sociedad que es considerado imprescriptible: no importa el tiempo que pase desde que se haya realizado, siempre debe ser juzgado y condenado, para que la sociedad no lo repita”, explicó la organización de derechos humanos.

“Porque remos que nuestra juventud camine y se reúna libremente en las plazas y en los barrios, tenga derecho a la educación y a la salud, que sus vidas sean respetadas y valoradas sin importar su opinión, sus gustos, su condición social o nacionalidad. La libertad es con garantía de derechos. Sin derechos, la libertad es solo de unos pocos”, agrega el documento.

“A los agravios siempre responderemos con verdad, organización, amor y lucha. Nunca más”, concluye el comunicado.

ACM

Hay una escena clave en Argentina 1985 que entra por el oído y le permite al actor que encarna a Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) detectar cómo la sociedad se posiciona de manera favorable frente al juicio a los excomandantes. Escucha que su madre ha escuchado por radio la naturaleza del terror y, de esta manera, pudo comprender lo que había ocurrido durante la última dictadura militar. La licencia que se toma la película es tan efectiva a los efectos narrativos como inquietante.

Pero antes de volver a la metonímica mamá Ocampo pasemos por otras orejas. Una, verdadera. La de Rodolfo Walsh, quien en Operación masacre cuenta que la primera noticia que tiene sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 le llegó en forma casual en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Ahí lo había sorprendido una medianoche “el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía, en la fracasada revolución de Valle”. Lo que Walsh no puede olvidar es que “pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: ´Viva la patria` sino que dijo: ´No me dejen solo, hijos de puta`”. El escritor quisiera librarse de esas inscripciones sonoras, no tolera “ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que dieciocho civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle”.  Pero su vida da un vuelco: un hombre le dice que hay un fusilado que vive. Es Juan Carlos Livraga. Su cara ha sido destrozada. “Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana”. Y Walsh cree en lo que cuenta el sobreviviente porque esta vez puede escuchar, más que oír. 

La historia oficial, de Luis Puenzo, se estrenó en aquel 85, mientras se sustanciaba el juicio y proliferaba todavía con fuerza la teoría de los “dos demonios”. Alicia (Norma Leandro) es una profesora secundaria que atravesó despreocupadamente la dictadura. Pero tiene una conversación con una amiga que ha venido del exilio durante el primer año de Gobierno de Raúl Alfonsín. Ella le cuenta su calvario y el de su pareja. Para Alicia, esa conversación, esa posibilidad de escuchar, la comienza a transformar. Y así llegamos al filme de Santiago Mitre. Moreno Ocampo conversa telefónicamente con su madre, Mercedes Pérez Amuchástegui, una persona que admiraba al dictador Jorge Videla y que cambia su opinión sobre el juicio cuando le llega desde la radio la voz de Adriana Calvo de Laborde, una sobreviviente que había atravesado situaciones límites en un campo de concentración bonaerense. La película nos sugiere que la materialidad del dolor que salía de la garganta de Calvo de Laborde alteró la percepción de Pérez Amuchástegui. Eso nunca pudo haber sucedido, y lo reconoce el propio hijo. La madre leía La Nación. Su conocimiento de lo que se ventilaba en tribunales vino de la letra impresa, no cualquiera. Y ese fue uno de los nudos problemáticos de la transición que todavía ensordece el presente.

El juicio se transmitió como pura imagen televisiva, sin sonido. Un sector de la sociedad seguía a los mejores cronistas del juicio: la palabra escrita provocó una ilusión de escucha reforzada por aquello que tempranamente advierte Claudia Feld en Del estrado a la pantalla: las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina. Los testigos eran vistos en la TV y las fotografías siempre de espaldas. Solo los jueces estaban a punto de mira de espectadores y lectores. Se los veía escuchar atentamente lo que no se podía ni siquiera oír.

El carácter silente de aquel juicio excepcional no puede ser desligado de las condiciones de posibilidad de la transición ni del mismo modo en que fue escuchada socialmente la dictadura. El 4 de julio de 1984, la televisión había transmitido el programa “Nunca Más”. La CONADEP encontraba aire en la pantalla de Canal 13, no sin presiones y amenazas, incluso de bomba. Esas tensiones e incertezas quedaron reflejadas en el resultado final de la emisión. El sonido, o sus metáforas, arrojan algunas pistas. Ubicado en un estudio diferente al de las víctimas que, por primera vez, iban a tener tiempo para relatar sus experiencias del horror, Antonio Troccoli, intentó balancear el relato colectivo y pidió a la sociedad que no cayera en errores recientes. Dijo Troccoli que, así como durante la dictadura al joven se lo veía con recelo y suspicacia permanente por su condición generacional, no había que aplicar ahora “la lupa de la sospecha a todos los hombres que están cumpliendo con el elevado cometido de brindar seguridad y de defender la soberanía del país”. Y añadió: “Ni lo uno ni lo otro”. 

Antes de que empezaran los testimonios, una escena ficcional de parto hospitalario ilustraba esas disputas internas en el Gobierno sobre qué imágenes, sonidos y verdades mostrar, soslayar o moderar. Lo que se vio fue a una mujer a punto de dar luz en un entorno ascético, rodeada de un obstetra, sus asistentes. La sensorialidad del paradigma concentracionario había sido sustraída. Esa dramaturgia del aseo reescribía su soundtrack con pudor. “Ahhhh”, expresa de manera poco convincente una parturienta. “Respirá hondo, guardá el aire”, le dicen. Una voz en off comenta entonces lo que supone ocurre. “Ciento setenta y dos niños desaparecidos con sus madres o nacidos en cautiverio, ignorándose su suerte desde entonces”. Se escucha de inmediato lo que debería ser una expresión de dolor intenso. Pero la actriz falla, y cuando le toca decir “no aguanto más”, es como si, en rigor, estuviera ensayando. “Respirá, gorda”, la asisten y es ahí que la vida irrumpe. “Te felicito, ¿eh?”, le dice uno de los médicos y termina el simulacro. La criatura es llevada (¿hacia la protohistoria de La historia oficial?). Corte. La escena siguiente es de una acción parapolicial.  “La tergiversación tergiversada”, dijo Fogwill sobre esos segundos parturientos y “atenuados hasta la inocuidad”.  En la columna que publicaba en El Porteño, Fogwill constataba que “poquísimos espectadores repararon en la escena inicial del falso testimonio”. Sin embargo, la audición traicionó al escritor: esos gritos de tamaña intensidad no existieron: fueron sugeridos, asordinados por la interpretación. El parto representado con una dramaturgia de la medicina prepaga encontraría su refutación minutos después en el relato verdadero Calvo de Laborde sobre cómo parió con los ojos vendados en la ruta que la llevaba a Pozo de Banfield, a la altura del cruce de Alpargatas. A pesar de las deficiencias señaladas, el programa “Nunca Más” ayudó a crear condiciones para leer mejor el juicio a los excomandantes. La TV se animó a hablar de la existencia de 280 campos de concentración. El peso de los relatos de las víctimas fue mayor al de las opacidades del ministro.

Feld, quien escribió junto con Marina Franco otro de los libros capitales sobre la transición, Democracia hora cero, y compiló con Valentina Salvi Las voces de la represión, declaraciones de los perpetradores de la dictadura argentina, ha reconstruido al detalle hace 20 años las mediaciones de las audiencias en tribunales. Los camaristas prohibieron la entrada de la prensa con cámaras de video o grabadores. Uno de los jueces que dictó sentencia, Andrés D’Alessio, adujo a la distancia un carácter preventivo. En la era analógica también se podían manipular las cintas: “usted puede, en las grabaciones, sostener que un testigo dijo cualquier cosa, digamos usted le suprime un no, o le suprime un sí... (...) Se trataba de que no saliera gente aduciendo que era material auténtico y pudiera editarlo. Eso tiene un efecto exactamente contrario al de la publicidad, porque distorsiona; en lugar de difundir, distorsiona”.

Las imágenes sin sonido en los noticieros traían de arrastre otros lastres. La escucha deviene un problema político desde fines de 1973, cuando, iniciado el tercer Gobierno de Juan Domingo Perón, la intendencia de la ciudad de Buenos Aires promueve el programa “El silencio es salud”. El propósito municipal era reducir los decibeles de la ciudad. No tardó en convertirse el lema en un llamado a cerrar la boca (el ruido como metáfora de la figura del subversivo tan mentada por la derecha peronista). El Informe final sobre los desaparecidos que la dictadura agonizante transmite pocos meses antes de las elecciones es el eslabón siguiente de una cadena que conduce a 1984. Me dice Feld por teléfono algo en lo que coincido: el “pacto de silencio” de los represores (un silencio lleno de ruidos y voces) y el “silencio pactado” entre los camaristas en relación a los sonidos del juicio no son equivalentes: se miran en el mismo espejo de una época muy compleja. “Había algo en ese silencio que protegía al juicio y a los testigos”. El propio Alfonsín dijo que “para rodear al juicio de todas las garantías posibles” había que evitar “que se presentara ante la opinión pública como un espectáculo”. Se temía, en rigor, a las presiones de las Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto, la mamá de Moreno Ocampo, o cualquier argentino, a lo sumo vio un noticiero con extractos mudos de hasta tres minutos. Los comentarios eran de los periodistas. “Llama la atención el silencio que hubo alrededor de esa decisión en 1985, y la poca claridad que hay ahora. Tal vez en el momento de iniciar las audiencias, tanto los jueces como el Gobierno tenían la idea de que la emisión sin sonido no iba a ser muy bien recibida por la opinión pública. Sin embargo, se produjo un apoyo general a las medidas tomadas con relación al juicio y, al menos durante los primeros meses, no se registran quejas desde ningún sector por la transmisión sin sonido”, escribió Feld en 2002. Ella marca también a mediados de los noventa la ruptura del “pacto de silencio” de los represores con el nuevo alud de testimonios en la televisión y la apertura de los juicios por la memoria. El peso de la palabra en esa Argentina de la impunidad es brutal. Se constituye HIJOS, y la sigla lo dice todo: “Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio”. Se estrena, además, en 1993, Un muro de silencio. La película de Lita Stantic cuenta la qué sucede cuando una directora de cine inglesa, Kate Benson (Vanesa Redgrave), aterriza en Argentina para filmar su Historia de Ana que es, en rigor, la misma historia de Stantic, cuya pareja y padre de su hija fue visto por última vez en el centro clandestino conocido como “Sheraton” junto a Roberto Carri y Ana María Caruso, los padres de la directora de cine Albertina Carri.

La escucha imaginaria de Argentina, 1985 no puede separarse de todos estos problemas, mucho menos en momentos que los juicios que aún se sustancian contra represores son inaudibles y se ha reactivado la puja interpretativa del pasado atroz. Enzo Traverso nos recuerda que la historia se escribe siempre en presente. Y es un campo de fuerzas. Ceferino Reato, en las conclusiones de su libro de entrevistas con Jorge Videla, cuestionó abiertamente en 2012 el valor de la escucha de las víctimas como elemento probatorio. “Tal vez debamos preguntarnos con sinceridad si los actuales juicios por delitos de lesa humanidad buscan la verdad de lo que pasó, que incluye la localización de los restos de los desaparecidos, o privilegian la condena en bloque y con argumento más bien polémico (por ejemplo, testigos que reconocen a sus presuntos captores y torturadores por el tono de la voz)”. Todavía no había cobrado fuerza una versión 2.0 de la “teoría de los dos demonios” ni se expandía sin pausa el detritus que en las redes sociales que, silenciosamente, pero sin interrupciones, glorifica a los excomandantes. El copo es una porción de la tormenta que nos amenaza.

AG

A López sus compañeros sobrevivientes de la dictadura le decían “El Viejo”. Era maestro mayor de obra, había construido su casa en Los Hornos, y los fines de semana militaba en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre que la Juventud Peronista había montado en ese barrio de la periferia de La Plata. Iba a colaborar con la merienda de los pibes y a jugar carrera de embolsados. 

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por la patota que encabezaba el torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del genocida Ramón Camps. Pasó por cuatro campos de exterminio hasta que lo ‘blanquearon’ en la Unidad 9 de La Plata. Fue torturado y presenció varios asesinatos. Guardó en silencio los recuerdos de la muerte porque en su familia no querían saber nada. Hasta que tomó contacto con otros ex detenidos e hizo catarsis con ellos, con dibujos y escritos. Puso nombre a sus fantasmas. Y se convirtió en testigo, primero en el Juicio por la Verdad y luego en el proceso oral y público contra Etchecolatz, el primero concretado tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Aquel 18 de septiembre de 2006 en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata tenía lugar la audiencia de alegatos, donde sus abogadas Myriam Bregman, Guadalupe Godoy, Verónica Bogliano y Liliana Mazea, integrantes de Justicia Ya!, iban a pedir la condena de Etchecolatz por los asesinatos de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio de Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Sahores, Nora Formiga y Margarita Delgado; y por la privación ilegal de la libertad de López y de Nilda Eloy, delitos cometidos en el marco de un genocidio. Julio López tenía muchas ganas de estar ahí para verle la cara a su verdugo. Pero no pudo.

Pasaron las horas y la atmósfera se empezó a enrarecer en el salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Las sobrevivientes Adriana Calvo y Eloy no dudaron: “Al viejo lo chuparon”. Los demás estaban estupefactos, los funcionarios las tildaron de exageradas. De no haber mediado una excepción del tribunal que presidía el juez Carlos Rozanski el juicio se hubiera caído.

“Desde entonces hubo un plan de encubrimiento para impedir que se llegara a la verdad sobre los responsables de su desaparición, y la causa es un monumento a la impunidad”, dijeron el último jueves en Plaza de Mayo los militantes de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), en un acto para evocar su memoria y denunciar que sus dos secuestros “muestran la continuidad y permanencia del accionar represivo del Estado a través del tiempo y de los gobiernos”. 

Cincuenta cuerpos de expediente y sumando

“No hay nada” en la causa López nunca fue sinónimo de ausencia de pistas sino de resultados. Quienes recorrieron los despachos de los funcionarios judiciales durante una década y media aseguran que tenían casi todo para dar con El Viejo, pero se dedicaron a encubrir con el método de arruinar todas las líneas que tuvieran olor a uniforme, al mismo tiempo que daban despliegue a las más banales como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. Por eso Adriana Calvo definió ese proceso como “una mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento”. 

Una de las pistas más interesantes tenía que ver con grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, integrados por los policías del circuito represivo Camps y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios, pero terminaron condenados en 2010. López identificó a 34 de ellos. “Cuando decimos que las Fuerzas Armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”, dijo Myriam Bregman, junto con Godoy, abogadas de López. 

Se trabaja en dos ejes: el relevamiento de cuerpos NN y los cruces telefónicos, donde intervienen el Sistema de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal

Un botón de muestra: Marcelo Sain –creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria– se fue del caso diciendo que todas esas líneas fueron boicoteadas. “Todo lo que pedimos con la PSA el juez no lo hizo. Los policías tienen lazos, no personales sino corporativos, y están defendiendo negocios actuales, su motivación no es la defensa de la dictadura sino la tarasca”, dijo Sain con su habitual estilo lunfardo.

Cuando se busca a un desaparecido, en teoría, la causa no se cierra jamás. El año pasado el diario Página12 informó que las “nuevas pruebas” del expediente –que luego de pasar por muchas manos ahora está en la Unidad de procesos de Lesa Humanidad a cargo de los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda– estaban basadas en el análisis de 10 millones de llamadas telefónicas y su geolocalización. Pasados 365 días, la única conclusión obtenida fue negativa. 

“En cuanto al trabajo relacionado con los cruces telefónicos, hemos descartado pistas que surgieron en base a los nombres de titulares de líneas telefónicas que se correspondían con personal de centros clandestinos de detención”, dijo a elDiarioAr una fuente del caso. “Es decir, había líneas activas de presuntos represores en el horario crítico en cercanías del domicilio de López, a los cuales investigamos y descartamos, pues no se trataba de represores sino de homónimos”, agregó.

El otro eje tiene que ver con una labor del SIFEBU, en particular el relevamiento de información sobre los NN enterrados en el cementerio de La Plata. Es la línea que tiene que ver con la posibilidad de localizar el cuerpo de López entre restos inhumados sin identificación. Además, están analizando la base de datos telefónicos que lograron reconstruir con la DATIP, que tiene como finalidad establecer parámetros para la identificación de sospechosos, según explicó la fuente. 

Los “amigos” del barrio

López tenía contacto, aunque fuera mínimo, con represores que eran sus vecinos. En sus testimonios él lo contó así, y en un posterior relevamiento que hizo la Policía Federal en 2007 en los alrededores de su domicilio aparecieron integrantes de la Policía bonaerense.

La noche previa a su segunda desaparición, López se quedó mirando el Fútbol de primera. Cuando su hijo Gustavo se levantó para ir a trabajar él ya no estaba. Nadie escuchó si sonó el teléfono y las perras Lupita y Violeta no ladraron. En el hogar no había puertas forzadas, faltaba un cuchillo de cocina y las llaves de Tito, que aparecerían durante la investigación tiradas entre los pastos altos y las ortigas del jardín delantero. ¿Las habrá tirado él porque pensaba volver para acudir a la audiencia que había esperado por años? ¿Lo abordó alguien que él conocía, lo secuestraron para apretarlo con el objetivo de que se desdijese en el juicio y López se negó? ¿Fue una banda mixta integrada por uniformados retirados y en actividad, o los policías exonerados ‘sin gorra’ del ministro León Arslanián? En cualquier caso, el mensaje era para el Gobierno y para la sociedad, en democracia también se puede desaparecer.

El pasado que vuelve

“Siento que este año está muy presente López, luego del atentado a Cristina (Fernández de Kirchner), muchos resignifican lo que sucedió con él también, como un quiebre del pacto democrático. Acá en La Plata decíamos ‘sin López no hay nunca más’, claro que en ese caso el quiebre no venía desde la política porque no estaba la derecha azuzando ni celebrando”, dice la abogada Godoy sobre el aniversario. 

Las dificultades que aún hoy detallan los investigadores judiciales son la radiografía de las carencias sistémicas e institucionales a la hora de encontrar a las víctimas de desapariciones forzadas y de ubicar a los autores de tal crimen.

“Se fueron salvando algunos problemas, por ejemplo, en cuanto a los NN se complicó la localización de información relacionada a los cuerpos inhumados sin identificación en el registro provincial de las personas, lo cual hizo que los profesionales del SIFEBU tuvieran que ir oficina por oficina”, describió uno de los actuales investigadores de la causa.

El ADN de la familia López está guardado en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense. Cada vez que aparece un cuerpo sin identificar, como ya sucedió años atrás, se los coteja. Las muestras fueron aportadas por sus hijos y su esposa una semana después de la desaparición. En el país de los 30 mil detenidos-desaparecidos, los expertos se preguntan si faltan herramientas, voluntad política o ambas. -En cualquier caso el diagnóstico lo tiene Maco Somigliana, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en diálogo con Ximena Tordini (revista Crisis, octubre 2020). “El síntoma más claro de la inexistencia de un sistema se ve en los casos conocidos. En la medida en que se recolecta a una persona que apareció en determinadas circunstancias, y esto ya es azaroso, se define que no es López, o no es (María) Cash, y queda ahí porque el funcionario que lleva ese caso no tiene forma de decir: ‘si no es López, ¿entonces quién es?‘. Hay que hacer un sistema en el que la pregunta no sea ‘¿es Julio López?’, ‘¿es María Cash?’, sino que la pregunta sea ‘¿quién es?’”.

CC

Los análisis sobre el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y sus autores materiales han estado centrados en aspectos sociológicos, antropológicos, culturales, semiológicos y/o psicológicos. No quiero desvalorizar ningún aporte intelectual, pero considero que se inscriben en una lógica negacionista de lo sucedido.

El primero de septiembre se produjo el primer atentado terrorista que sufre la Argentina en el siglo XXI. Es un hecho que además exige tomar nota sobre la existencia de focos terroristas de extrema derecha con vinculaciones internacionales. Basta rascar un poco la superficie para descubrirlo. Las derivaciones políticas y geopolíticas no están siendo adecuadamente sopesadas.

La denominación “banda de los copitos” no es inocente. El término que casi expresa ternura se estrenó después que la evidencia descartara la hipótesis inicial del “loquito”. A partir de allí, la mayor parte de los analistas tendieron a minimizar el hecho con distintas estrategias. Los diminutivos, la definición de los actores como marginales, la apelación al ridículo, la ausencia de una condena institucional adecuada, la negligencia en la investigación, la falta de medidas probatorias acordes a la envergadura del crimen son parte de la lógica negacionista que rodea el caso. Importantes dirigentes de la oposición, ciertamente adeptos a atizar violencias, no se han pronunciado. Algunos incluso se propusieron sembrar dudas sobre la ocurrencia del hecho y dejar flotando a la posibilidad de un montaje.

Las Naciones Unidas no tiene una definición taxativa del término, pero en diversos documentos lo describe como “los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos”. El antiguo código penal establecía entre sus caracteres típicos “tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”.

Nuestra legislación actual contempla no sólo el acto terrorista en sí, sino también su reclutamiento, adoctrinamiento, entrenamiento y financiación. Todo esto sucedió. Se comprobará con el tiempo. Hubo gente reclutada, adoctrinada, entrenada y financiada. Lamentablemente, lo más probable es que la Justicia inoperante y cómplice que sigue haciendo jueguito con medidas probatorias tardías e insuficientes apenas logre elucidar las capas exteriores de la organización terrorista.

Distintos actores políticos, empresarios y mediáticos han utilizado el término terrorismo para referirse a actos de muchísima menor envergadura en función, por ejemplo, de criminalizar a los pueblos originarios, actos específicamente excluidos de la definición por el último parágrafo del artículo 41 del Código Penal. Sin embargo, se han olvidado esta palabra para referirse al atentado contra la vicepresidenta.

Las autoridades nacionales, y la mayor parte de los simpatizantes de la víctima que deberían estar exentos de una lectura edulcorada por las rivalidades políticas, tampoco califican el hecho como un acto terrorista organizado. No exigen que se investigue como tal. En algunos casos, tal vez sea producto del resquemor que implica la utilización de un término como “terrorismo” tantas veces manipulado por legitimar el terrorismo de Estado o la persecución de los defensores de derechos humanos, sociales y ambientales. En otros casos, el miedo a ser ridiculizados como conspiranoicos. En otros, quizás sea el tan mentado mecanismo psicológico de defensa conocido precisamente como negación: la realidad es tan espantosa que la bloqueamos de nuestra conciencia.

En cualquier caso, han primado los bizantinos análisis contextuales de corte sociológico. Este ambiente sobreintelectualizado y reblandecido por la ausencia de elementos geopolíticos permite el relajamiento de la actividad investigativa de una jueza y un fiscal que tienen claras antipatías con la víctima.

Es sorprendente, por ejemplo, la falta de allanamiento y detenciones sobre grupos de la extrema derecha que explícitamente promueven la violencia física homicida, amenazando micrófono en mano con matar y solicitando héroes dispuestos a hacerlo. Entre otros, los jefes del grupo Revolución Federal han llamado públicamente al asesinato político. No hay imputados, detenidos ni allanados.

Por amenazas mucho menos creíbles, hubo importantes investigaciones, allanamientos y detenciones durante el anterior gobierno. Por hechos de gravedad muy inferior, hace pocos meses hubo cientos de allanamientos a las organizaciones sociales. Insisto en esto. No se trata de expresiones radicalizadas ni filosofías reaccionarias, no se trata de manifestaciones políticas ni acciones de protesta, es la apología explicita a la acción terrorista. La inacción de la jueza Capucceti y el fiscal Rivolo sobre estos grupos es francamente sospechosa. El tiempo perdido en las detenciones realizadas como mínimo una negligencia.  

Además de las miserias locales, un análisis somero de los hechos y una mínima conciencia del contexto geopolítico exigen a investigadores y analistas al menos contemplar la hipótesis de una planificación criminal de alto nivel. Al menos contémplenla. La vicepresidenta supone un verdadero obstáculo para los intereses económicos y geopolíticos en un contexto de guerra mundial en cuotas como dice el Papa Francisco, guerra directamente asociada a los recursos escasos que la Argentina tiene y las potencias ambicionan. Se ha enfrentado en el pasado a estos intereses y, créanme, no le guardan ninguna simpatía.

Hay que ser consciente de lo que pasa en el mundo. Hay que ser consciente del valor estratégico de nuestros recursos energéticos, nuestros minerales, nuestros alimentos. Las ambiciones de las grandes corporaciones y las grandes potencias no enmarcan su accionar en el riguroso respeto del derecho local e internacional. Los millones de muertos de las invasiones al Medio Oriente de principios de siglo, las guerras de mediana intensidad de estos años y la actual guerra entre la Ucrania y Rusia lo demuestran.

Es innegable que Cristina Kirchner es objeto de un hostigamiento planificado, sistemático y permanente destinado a crear una atmósfera de odio en torno a su figura. Este hostigamiento adquirió tintes muchísimo más violentos a partir de mayo. No es casualidad. Maquiavelo, en De las conjuras, establece al odio como la causa más importante que antecede la conspiración. No soy el único que lo leyó. Pero que se entienda, odio insuflado es un recurso escenográfico, la situación social un elemento contextual, la violencia previa un factor de latencia; no son cuestiones menores pero el paso de la potencia al acto constituye un cambio cualitativo que debe ser el principal foco de análisis. Sin un catalizador, no hay reacciones en la base.

Ni cuentapropista económico ni cuentapropista espiritual

En una reciente columna en este diario, el sociólogo Ariel Wilkis afirma que Sabag Montiel es un hijo legítimo de la economía popular .

Como explique anteriormente, no comparto las lecturas que reducen el hecho a una derivación natural de la situación social y cultural. Considero que consciente o inconscientemente buscan minimizar el hecho para así minimizar el peso político de su víctima en el contexto nacional, regional y global. Pero, además, decir que Sabag Montiel forma parte de la economía popular es una afirmación notoriamente forzada y sociológicamente errónea.

En primer lugar, Sabag Montiel no es un trabajador de la economía popular ni practica un “cuentapropismo económico”. Las diferencias de clase, cultura y conducta entre estos delincuentes y la gente de la economía popular realmente existente es evidente. Sabag Montiel no es pobre como la inmensa mayoría de los quienes integran el sector. El presunto asesino tiene un patrimonio considerable que incluye un inmueble y tres autos.

En segundo lugar, no es un vendedor de copitos de azúcar. Cualquiera que conozca cómo funciona el trabajo en el espacio público sabe que no aparece alegremente un nuevo grupo de coperos -así se los denomina en la jerga- en Recoleta sin que la policía intervenga. Nuestros compañeros, viejos vendedores de la zona, los vieron aparecer hace un mes. Todos pensaban que vendían droga. Los algodones de azúcar eran la tapadera para tareas de inteligencia previa.

En esto, el grupo terrorista que actuó en el campo de operaciones no inventó la rueda. Es una táctica clásica de policías y servicios de inteligencia disfrazarse de cartoneros o vendedores ambulantes. Quien suscribe fue parte de una operación tal durante el gobierno macrista cuando un expolicía que reportaba a la Casa Rosada infiltró nuestro movimiento disfrazándose de cartonero para producir un hecho de impacto político en un programa de televisión.

Tampoco Sabag participaba de un “cuentapropismo existencial”, como dice Wilkis, sino que formaba parte de una corriente política claramente estructurada en torno a un discurso de violencia física contra quienes visualizan como sus enemigos, que no son “toda la clase política” sino fundamentalmente quienes pertenecen a las distintas variantes del peronismo, la izquierda, el progresismo, el movimiento obrero y los movimientos sociales y específicamente Cristina Fernández de Kirchner. Su accionar estuvo signado por una grupalidad en sus vínculos sociales y su acción está enmarcada en un plan criminal previamente elucubrado que contó con inteligencia previa y apoyo logístico ¿Esto quiere decir que es un asesino profesional? Por supuesto que no. Es un elemento útil reclutado e instigado por una cadena difusa de grupos eslabonados.

Las apariciones previas en televisión también fueron parte de la escenografía y las declaraciones sobre los planes sociales, que Wilkis menciona como un elemento ofensivo a los sectores populares. Es parte del libreto de una narrativa reaccionaria que no tiene correlato en la conciencia de la gente humilde de nuestro país. Lo que sí molesta es la arbitrariedad en la distribución de los recursos. El caso del Ingreso Familiar de Emergencia que Wilkis utiliza en su artículo no es un ejempolo, sino un contraejemplo: tuvo una amplia aceptación social por su universalidad.

Por otro lado, los alrededores de seis millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular dispersa tienen un sentido existencial bastante profundo: tienden a ser personas de familia y trabajo fuertemente arraigados a su comunidad de pertenencia. El elemento propiciatorios de la violencia en nuestro sector no son los extremismos políticos sino la penetración del narcotráfico con sus ingentes recursos, las potencia adictiva de las sustancias que comercializan y sus tentadoras ofertas económicas.

Wilkis hace una caracterización errada de las bases populares de la extrema derecha. Entrando al terreno de la sociología de cafetería, las poblaciones más empobrecidas y los trabajadores de la economía popular no son la cantera de estos grupos. La base social del fascismo y los grupos de choque del anti peronismo han sido siempre facciones de la clase media frustrada por la imposibilidad de acceder a los patrones de vida que ofrece la industria cultural e infestada por ideologías que buscan explicar esta barrera de acceso en la responsabilidad de grupos sociales, étnicos o religiosos subalternos. Los catalizadores del accionar de estas bases siempre estuvieron en las élites privilegiadas o los intereses foráneos. Esta es nuestra historia y para comprender el presente hay que conocer el pasado.

El atentado contra la vicepresidenta no es producto ni de la inflación ni de los discursos ni del existencialismo ni de ninguna característica sociológica peculiar de un sector de la Argentina. Es una operación terrorista que responde a un patrón que se están repitiendo en distintas partes del mundo sumido en guerras convencionales y guerras híbridas cuyas causas y consecuencias no conocen fronteras. Como en todo crimen organizado, hay que seguir la ruta del poder y del dinero para comprenderlo. Como en todo acto terrorista, hay que analizar los intereses geoestratégicos y políticos en juego.

JG

–¿Señor Blaquier, va usted a colaborar con este peritaje?-- preguntaron los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la secretaría de Derechos Humanos en diciembre.

–No.-- respondió el dueño de la papelera y azucarera Ledesma.

Siete años de demora tiene la causa en la que se investigan las responsabilidades de Carlos Pedro Blaquier por los delitos de lesa humanidad, cometidos en el ámbito territorial de la empresa Ledesma en la provincia de Jujuy. Todo estaba listo para que, finalmente, él y su ex capataz Alberto Lemos se sentaran en el banquillo de los acusados por los secuestros ocurridos en 1976 durante las Noches de los Apagones en el pueblo Libertador General San Martín, pero a fines del año pasado un informe médico del Cuerpo Médico Forense y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que el empresario no estaba en condiciones cognitivas de afrontar el proceso. Sin embargo, la fiscalía cuestionó tal informe, y presentó un peritaje en disidencia en el que dos peritos afirman que el anciano hombre de negocios simula sus patologías. “De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), tal como consta en los documentos a los que accedió este diario.

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegó a la misma conclusión que el CMF. Sus peritos, de hecho, participaron del mismo examen. En cambio, las querellas del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos) y de la familia de Luis Arédez (una de las víctimas), así como referentes de organizaciones de derechos humanos, respaldaron el informe de la DATIP. En un escrito firmado por el presidente del Codesedh, Norberto Liwski, dirigido al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, se señala que no fueron cumplidas las pautas de la Acordada 47/09 de la Corte Suprema sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense en el peritaje elaborado por sus profesionales. En el mismo sentido, los consultores de la DATIP Claudio Capuano y Luis Ohman precisaron que en dicho informe no hubo participación de las partes y que se trató apenas de una conversación de pocos minutos. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre, y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA.

“Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Carlos Pedro Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. “Dicho Cuerpo (CMF) produjo un dictamen basado en estudios realizados al imputado Blaquier, efectuados con anterioridad al ingreso de las actuaciones al mismo”, agregó la ONG. El diagnóstico propuesto por la defensa de Blaquier, encabezada por Jorge Valerga Aráoz, según el informe médico pericial firmado por Ramón Leiguarda y otros tres profesionales indica que el empresario padecería “demencia cortical mixta en fase moderada a severa, falta de conciencia de situación, dependencia del 100 por ciento, minado su juicio, memoria y comprensión”. 

A esto, Capuano y Ohman respondieron: “Tanto la evaluación virtual como la practicada por el perito del CMF se realizaron sin respetar las normas de buena praxis pericial, en lo concerniente a la metodología que toda evaluación psiquiátrica debe incluir, los sucesos vitales y las funciones psíquicas, así como la implicación del sujeto en el delito que se le imputa. La entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material del análisis del caso. Esta falla metodológica evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado manifiesta que no colaborará con la evaluación. Sin embargo, esta cuestión da cuenta de su capacidad para tomar decisiones”. Médicos especialistas en medicina crítica y terapia intensiva y en psiquiatría, respectivamente, precisaron que “las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas presentadas en el expediente fueron realizadas por profesionales de la defensa sin la participación de los peritos de las demás partes”. Capuano y Ohman recordaron que Blaquier también se negó a responder algunas preguntas. “Luego de ello, Ohman continuó haciendo preguntas y el imputado Blaquier intervino en un interrogatorio extenso dirigido con claridad a la evaluación pericial; fue respondiendo diferentes preguntas de su vida cotidiana, lo cual da cuenta de la conservación en ciertos aspectos de la memoria anterógrada (...) respondió con serenidad y firmeza en particular cuando se lo interrogó si entendía el carácter de la imputación y los graves hechos de la acusación penal”.

Según el informe de los consultores de la DATIP, durante la pericia cardiológica Blaquier “colaboró ante órdenes simples, pararse, acostarse”. Y concluyeron ante el fiscal Federico Zureta que “para garantizar a los peritos del Ministerio Público un correcto abordaje del caso se solicite la realización nuevamente de los estudios clínicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, geriátricos, neurocognitivos y otorrinolaringológicos en una institución pública con control de quienes suscribimos el presente informe, a los efectos de obtener un diagnóstico objetivo del estado de salud general de Blaquier”.

Además de las dolencias varias enumeradas en los peritajes, el dueño de Ledesma padecería sordera, pero la misma no está certificada. Un sector de la querella afirma que si fuera cierto que tiene “deterioro cognitivo” le hubieran quitado la firma legal, algo que no sucedió. Sin embargo, desde la defensa de Blaquier afirman que “el peritaje del Cuerpo Médico Forense -de indudable seriedad- se hizo con todas las garantías de confiabilidad y objetividad que debía tener, y su dictamen contó con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto incluyó una pericia por vía remota y dos pericias presenciales con la asistencia de todas las partes además de una serie de estudios clínicos y neurocognitivos realizados por instituciones especializadas de prestigio y otros similares realizados por el mismo Cuerpo Médico Forense”.

Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación lamentó “profundamente” que Blaquier no esté en condiciones de ir a juicio. Y aclaró que los peritos de la secretaría no avalaron sino que fueron parte del informe. “Después de las tres entrevistas no les quedaba ninguna duda de que está senil a nuestros calificados peritos, la secretaría es la que más impulsó este juicio, la que más criticó a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación por la demora en pronunciarse”, dijo a este diario la secretaria de Protección de Derechos Humanos Andrea Pochak. “Con todo el dolor del mundo dijimos que esta persona no está en condiciones de afrontar el juicio, y es por culpa del tiempo que perdió la justicia, ninguno de nuestros peritos está encubriendo a Blaquier, de modo que si llegamos a su inimputabilidad es por culpa de la justicia y no de nuestros peritos, hace diez años estaba en condiciones de ser juzgado”, agregó.

Blaquier está imputado en la causa que se le sigue por los secuestros de Luis Arédez –ex intendente de Libertador General San Martín y ex médico de Ledesma–, Omar Gainza y Carlos Melían, además de otras 17 personas privadas de su libertad entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En su resolución, el juez Eduardo Hansen tuvo en cuenta que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información,) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpetrar los hechos”. El dueño de uno de los ingenios más grandes de América Latina deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada “en grado de cómplice primario”, y Lemos por los mismos cargos “en calidad de cómplice secundario”. La justicia acreditó que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical. Arédes fue secuestrado de su casa, en presencia de su esposa Olga y sus cuatro hijos. “Cada minuto que pasa es un minuto perdido por la posibilidad cronológica de que Blaquier ya no esté. Siempre es una expectativa, es una espera que lleva 45 años, un trabajo de concientización, de búsqueda de pruebas. La misma espera que hicieron las madres, los padres y los familiares de los desaparecidos, y las esposas y los familiares de los presos políticos de Jujuy”, dice Ricardo Arédes. Luego de la presentación del informe de la DATIP, el Tribunal Oral Federal Jujuy ordenó nuevos estudios para determinar si Blaquier finge o no sus patologías. Es decir, todo vuelve a empezar.

AM

Tras la denuncia que publicó elDiarioAr sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el Pozo de Vargas, en Tucumán, la fosa en donde hasta ahora se identificaron los restos de 116 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, se reiniciaron las actividades en el predio pero aún no se saldó la deuda.

Este 26 de enero las puertas del predio, que se encuentra en Tafí Viejo, se abrieron y en compañía del perito arqueólogo Ruy Díaz, técnicos de una empresa privada retiraron un compresor para su mantenimiento, clave para el funcionamiento de otros equipos.

Consultado por elDiarioAr, Díaz informó que desde la publicación de la mora en los honorarios, informalmente les han comunicado que en breve se saldaría la deuda pero hasta el momento no hay nada concreto para los diez que se encuentran en esta situación. “Entendemos que un avance importante se produciría cuando termine la feria judicial y se reintegre el juez Fernando Poviña, del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, de quien depende la investigación”, expresó.

Los peritos, inscriptos como monotributistas, cobran con partidas desde el Consejo de la Magistratura, que previamente deben ser solicitadas -con rendición de cuentas con informes de los investigadores- por el Juzgado Federal tucumano. Este mecanismo ya lleva más de una década y ha demostrado en la práctica que es lento e impide cualquier tipo de previsión de los pagos a los trabajadores, más las demoras en los avances en las causas judiciales, de acuerdo a diálogos que mantuvo este diario con peritos, funcionarios judiciales y del propio Poder Ejecutivo Nacional.

Otro aspecto que tampoco se resolvió desde el inicio de las excavaciones en 2002 es que los peritos desarrollan sus tareas sin estar asegurados, por tratarse de un modo de vinculación con el Poder Judicial en base a locación de servicios. Las tareas avanzaron y en la actualidad los investigadores descienden con un ascensor hasta los 34 metros de profundidad, sobre un total de 40. Esta acción de riesgo por profundidad, exposición a gases y de bajo oxígeno se efectúa sin ninguna cobertura.

En las últimas horas, Erika Brunotto, Secretaria de Derechos Humanos y de Justicia de Tucumán, ante el estado público de la denuncia, informó que “en varias ocasiones se hicieron pedidos ante el representante del Ministerio de Justicia de la Nación en la Comisión Interpoderes para que la situación de mora sea regularizada y se cumpla periódicamente con los pagos a los peritos”.

La Comisión Interpoderes fue creada por la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es el ámbito en donde los tres poderes deberían coordinar de manera periódica, las acciones para el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Por estos temas, el senador nacional tucumano Pablo Yedlin se reunió este miércoles 27 con Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, y con Claudia Lencina, Coordinadora de Asistencia y Acompañamientos a Testigos y Víctimas de la última dictadura, ambas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El encuentro se realizó en la sede de la secretaría, que se encuentra en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada que fue utilizado como centro clandestino de detención). “Ambas me informaron que ya estaban en tema y que se habían acelerado los procesos administrativos para terminar con la mora en los próximos días. Hay una buena disposición desde varias áreas, aún desde quienes no depende en forma directa esta situación, para que esto no se repita”, según Yedlin.

Señaló que buscará tener un encuentro con el juez federal Poviña para dialogar sobre cómo establecer un mecanismo de pago que acelere los tiempos burocráticos, sobre todo, al tratarse de investigaciones por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El viejo pozo, conocido como “Pozo de Vargas” por el apellido de la familia propietaria del terreno, se encuentra a metros de las vías del tren y fue construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar restos de víctimas del terrorismo de Estado.

DC/WC

A raíz de la denuncia que publicó Eldiarioar.com de que desde hace dos años no cobran sus honorarios los peritos arqueólogos que trabajan en el Pozo de Vargas, la fosa común en Tucumán en donde ya se identificaron a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, desde el Consejo de la Magistratura se admitió que la mora existe.

Todos los años el organismo destina fondos específicos para sostener investigaciones de la Justicia Federal relacionadas con causas de crímenes de lesa humanidad. En este caso, los trabajos de campo se iniciaron en 2002 y entre 2004 y 2005, ya con financiamiento del Consejo, se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar a víctimas del terrorismo de Estado.

Para que el Consejo de la Magistratura autorice la liberación de fondos para los honorarios debe contar con un pedido y una rendición de cuentas del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que está a cargo de la investigación Pozo de Vargas. Debido a los testimonios de los peritos arqueólogos a elDiarioar y por consultas realizadas por este medio, se señaló desde el Consejo que la deuda es real aunque se desconocen los montos que corresponden a cada investigador y el estado de los expedientes de las gestiones.

Para obtener esta información se iniciaron contactos desde la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo, a cargo de Virginia Croatto, ante el juzgado Federal tucumano, por lo que se contaría la semana próxima con esos datos. “Es preciso aclarar la situación y resolverlo cuanto antes pero también hay que avanzar en un sistema que garantice un pago ágil y previsible para los trabajadores y trabajadoras. La voluntad es acompañar y que no se desfinancien estas tareas”, señaló una fuente consultada.

Los tres peritos con los que dialogó este medio, del total de diez que se encuentran en esta situación, coincidieron en que la deuda corresponde a un mes de 2019, todo el 2020 y 2021. El pago por día para cada científico, que debe estar registrado como monotributista, es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000. 

elDiarioAr se comunicó con la arqueóloga María Gloria Colaneri, coordinadora de los trabajos de campo y laboratorio en el Pozo de Vargas, quien confirmó una vez más la mora y la preocupación que generó en el ambiente de la ciencia. “Me llamaron colegas del Conicet y de otros organismos que realizan tareas similares a las nuestras, ante el temor de que pudieran faltar fondos. Deseamos que se resuelva cuanto antes”, sostuvo.

En forma paralela, se conoció que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se instruyó a la titular del Programa Verdad y Memoria, Claudia Lencina, para que se interiorice y colabore en las gestiones para que se cancele la deuda con los expertos. La principal dificultad para avanzar en una solución es la feria judicial por la falta de personal en los juzgados.

Por el momento, la investigación está paralizada debido a la rotura de una bomba que impide que se desagoten los últimos seis de los 40 metros profundidad que tiene el pozo, construido a metros de las vías a principios del siglo XX para alimentar a las locomotoras a vapor. Están avanzadas las gestiones en el propio juzgado Federal para que el nuevo equipo de instale.

Los investigadores esperan encontrar restos óseos pequeños, pertenencias personales de las víctimas y balas de distinto calibre con las que fueron ultimadas algunas de ellas, entre otros objetos que le darán contexto a la existencia del plan sistemático de desaparición de personas entre 1976 y 1983.

DC/WC

El cierre de 2021 llegó junto con una nueva identificación de restos hallados en el Pozo de Vargas, en donde trabajan desde hace casi veinte años peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), en cuya primera etapa también participaron miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los resultados de los estudios de los datos genéticos señalaron que se trata de los restos de la tucumana Ana María Rodríguez Belmonte.

La joven tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976, según legajo SDH2504. La secuestraron en Salta junto a su pareja, Otto Stranka. Ambos militaban en Montoneros y se habían trasladado de provincia en un intento por escabullirse de la dictadura. Los dos figuran en la lista de 267 personas víctimas de terrorismo de Estado que pasaron por los Arsenales Miguel Azcuénaga, sobre ruta nacional 9, que confeccionó la abogada Laura Figueroa, de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán.

Con esta identificación ya suman 116 desde que se iniciaron los trabajos. Las tareas de campo son realizadas por miembros del CAMIT y los estudios genéticos por el EAAF. Pese a la importancia de las tareas de los peritos tucumanos en el Pozo de Vargas, no cobraron sus honorarios por los trabajos realizados durante el 2020 y todo 2021.

Las tareas en el predio, que se encuentra en Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, comenzaron en abril de 2002. Las consecuencias de esta mora en los pagos no tardaron en llegar para los siete arqueólogos que realizan las investigaciones en el lugar y que integran el CAMIT.

María Gloria Colaneri, que estuvo desde los inicios, se alejó en diciembre de 2020 de la función de Coordinadora General de Campo y Laboratorio. “La situación se hizo insostenible porque era mi único ingreso y me dedicaba ‘full time’. Volví a Chaco, mi provincia, en donde conseguí trabajo como docente y en el área de museos. Durante 2020 trabajé analizando evidencias contextuales, sin recursos, todo a pulmón, pero me cansé. Es lamentable haber llegado a esta situación”, se lamentó.

Las primeras tareas en el Pozo de Vargas, denominación que tiene por el apellido de la familia propietaria del lugar, se sostuvieron con actividades artísticas, como recitales, en 2002. Al año siguiente la Legislatura de Tucumán otorgó subsidios. Y también en 2003, tras la visita del ex presidente Néstor Kirchner al predio, la Nación facilitó partidas. Todos estos montos recibidos se destinaron a mantener el predio, a las excavaciones, a la adquisición de equipos y honorarios para los peritos.  

Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos y se confirmó la hipótesis. El viejo pozo, a metros de las vías del tren, construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, había sido usado para esconder restos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con distintos materiales.

Con esta confirmación el Juzgado Federal N° 2, que está a cargo de la investigación, gestiona y obtiene del Consejo de la Magistratura de la Nación el compromiso de garantizar los fondos que sean necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas. Desde entonces, los giros de las partidas nunca fueron regulares y en reiteras ocasiones se acumularon varios meses de falta de pago. “Nos llegaron a deber hasta diez meses pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, contó el arqueólogo de campo Ruy Díaz.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos. Desde el Juzgado Federal N° 2, una fuente explicó que luego de elevar un informe, el Consejo efectúa un giro y se informa a todos los que trabajan en la investigación del Pozo de Vargas que deben a entregar sus facturas, cuyos montos dependen de los fondos recibidos. Es decir, en algunas ocasiones no alcanzan para percibir todo lo adeudado y deben esperar un tiempo indefinido hasta la próxima partida.

La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020 pero era una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en la capital tucumana.

Consultado por eldiarioar, Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, señaló que pidió un informe para conocer el estado de la situación que se denuncia para adoptar decisiones. Igual respuesta dio el consejero Mariano Recalde.

En febrero de 2021 fueron autorizados por el Juzgado los peritos Zurita y Luciano Molina a volver al sitio para continuar con trabajos, aunque sólo de mantenimiento y atención a visitas de estudiantes de colegios secundarios y familiares de detenidos desaparecidos que fueron identificados en el pozo. En todos los casos, previa autorización judicial.

Las pesquisas en el pozo de 40 metros de profundidad no avanzan por desperfectos en el ascensor y en los equipos de bombeo. Aún hay agua en los últimos seis metros y no se cuenta con equipos de desagote, de acuerdo a los investigadores. En este último tramo esperan hallar restos óseos de menor tamaño, pertenencias personales de las víctimas y proyectiles, entre otros objetos contextuales.

El pago por día para cada científico es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000, pero ante la mora y el paso de los meses, la situación económica de los científicos se agravó. Molina trabaja desde hace dos meses como empleado de una empresa tercerizada que coloca postes para el cableado de energía eléctrica en el interior de Tucumán. “No daba más, mi familia está compuesta por mi esposa y dos hijos pequeños. Cuando nos pagaban, administraba ese dinero para que nos dure varios meses pero se acabó. Con ese estado de necesidad busqué trabajo en lo que sea y salió esto que me lleva todo el día. Lamento que no haya una política de Estado para investigaciones de este tipo porque esto nos desalienta”, confesó.

Se le consultó sobre esta situación al fiscal federal Pablo Camuña, quien está a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad. “En 2020 se hizo una reunión de la mesa nacional interinstitucional a donde expusimos los problemas de pago a los peritos pero desconozco cómo se resolvió, ya que es algo que nos excede, no depende de nosotros”, expresó.

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, reflexionó: “El compromiso de los miembros de CAMIT es incuestionable, siempre han tenido estos problemas pero aun así sostuvieron los trabajos. Son un ejemplo y duele que atraviesen estos inconvenientes porque así será imposible avanzar en nuevas investigaciones que sabemos que están pendientes”.

El Pozo de Vargas se ha convertido con los años en una investigación que expuso ante el mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Allí fueron identificados, hasta ahora, los restos de 116 militantes de distintos partidos políticos, obreros y estudiantes, la mayoría de Tafí Viejo. En el lugar se encuentra un memorial con los nombres de cada uno de ellos para que nadie olvide sus historias.

DC/WC