La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles en su informe anual su preocupación por los recortes en la financiación pública de programas sociales en Argentina, las restricciones a la libertad de reunión e “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo” durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

El informe subrayó además entre los elementos más importantes del apartado sobre Argentina que, aunque la desaceleración de la inflación ayudó a reducir la pobreza (según los datos oficiales), “la proporción de trabajadores informales aumentó”, dejando a más argentinos en una situación laboral precaria.

Derecho a la libertad de reunión y libertad de expresión

HRW señaló que en mayo de 2025 expertos de la ONU alertaron sobre “el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023” y destacó una protesta del pasado 12 de marzo frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad actuaron de forma “indiscriminada y temeraria”, dejando al menos 20 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, con una grave lesión en la cabeza tras ser impactado por una granada de gas lacrimógeno.

El informe destacó además que Milei y otros funcionarios han usado “un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes” y advirtió sobre la aprobación por parte de la agencia de inteligencia de un plan de vigilancia de personas que socavarán la confianza pública en funcionarios o en la política económica.

Instituciones democráticas y corrupción

La ONG enfatizó que el Congreso argentino lleva años sin reunir la mayoría necesaria para designar un procurador general, un defensor del pueblo y jueces que ocupen los asientos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

En febrero de 2025, Milei emitió un decreto presidencial para designar a dos jueces en la Corte Suprema, eludiendo al Senado, que en abril rechazó las designaciones, dejando al tribunal con solo tres miembros en lugar de los cinco previstos.

En materia de corrupción, destacó que la Corte Suprema en 2025 confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

HRW mencionó también las denuncias de corrupción contra Milei y su entorno, incluyendo una por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que dejó a miles de inversores damnificados, y otra sobre compras de medicamentos con sobreprecios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Derechos económicos, sociales y culturales

En materia económica, el informe subrayó el avance durante el segundo año de gobierno de Milei de “recortes severos a la financiación pública de servicios y programas esenciales, incluyendo educación, pensiones, salud y apoyo a personas con discapacidad”.

Remarcó también el aumento del empleo informal y mencionó los intentos del Gobierno por bloquear iniciativas del Congreso para aumentar las pensiones y los fondos para personas con discapacidad y las universidades.

Derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBI+

HRW denunció que el Gobierno profundizó durante 2025 los recortes a programas contra la violencia de género, cerrando 81 Centros de Acceso a la Justicia, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita.

El informe advirtió también sobre una disminución de fondos para implementar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y recortes a pensiones no contributivas, además de retrasos en pagos a proveedores de servicios para personas con discapacidad.

Además, alertó sobre un aumento de agresiones y asesinatos por razones de género y subrayó que Milei continuó realizando en 2025 comentarios negativos sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. EFE

El informe completo

El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo. Como sostuvo el gobierno, la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza; la proporción de trabajadores informales aumentó. 

Instituciones democráticas

Durante años, el Congreso no ha logrado reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al procurador general, defensor del pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

El 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La decisión pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados. En abril, el Senado rechazó el nombramiento de ambos magistrados, dejando sin efecto el decreto del presidente Milei. Al momento de redacción de este capítulo, los puestos seguían vacantes, lo que dejaba al máximo tribual, compuesto por cinco miembros, con solo tres jueces en ejercicio.

Al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres. 

En septiembre, el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que ha permanecido vacante desde 2009, lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional. Al momento de redacción de este capítulo, el Congreso también estaba debatiendo el nombramiento de un nuevo defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cargo vacante desde marzo de 2025.

A julio, 330 cargos judiciales federales y nacionales—entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos—seguían vacantes, lo que supone casi el 35 % del total. 

Derechos económicos, sociales y culturales

La inflación interanual al mes de agosto fue del 33,6 %, por debajo del 236,7 % registrado en 2024. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4 % para el mismo período. 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024. Según datos oficiales, a junio de 2025 el 31,6 % de la población vivía en la pobreza, frente al 54,8 % registrado a junio de 2024. El 6,9 % de la población vivía en condiciones de pobreza extrema—que el gobierno define como la incapacidad de cubrir las necesidades alimentarias más básicas—y el 45,4 % de los niños menores de 14 años vivía en la pobreza para junio de 2025.

El gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud. Los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad. Sin embargo, amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa de transferencias monetarias no contributivas para familias de bajos ingresos con hijos o personas con discapacidad.

El presidente Milei vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y el financiamiento de universidades públicas. También vetó la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. El Senado anuló los vetos.

A junio de 2025, el 37,7 % de los trabajadores estaban empleados en el mercado laboral informal, es decir, sin estar registrados en el sistema de seguridad social, y 1,1 millones de personas estaban desempleadas. 

Corrupción

En junio, la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia (2007-2015). 

Fernández de Kirchner negó las acusaciones y acusó a los jueces de ser parte de una “mafia” que busca impedirle volver a ocupar cargos. 

En abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los inversores unos US$250 millones. En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”. Al momento de redacción de este capítulo, el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales de Argentina.

En agosto, un medio de comunicación publicó unas grabaciones de audio en las que se señalaba que la hermana del presidente, Karina Milei, que ocupa un alto cargo en su gabinete, había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno. Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión. Karina Milei retiró la medida cautelar después de la presentación de apelaciones en contra de la decisión del juez. 

Derecho de reunión pacífica

El 12 de marzo, cientos de jubilados y otros manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en de las jubilaciones y en el acceso a medicamentos gratuitos. Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue alcanzado por un cartucho y sufrió una grave lesión cerebral. 

En mayo de 2025, varios expertos de la ONU expresaron su preocupación por el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas durante la protesta. Un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de todas ellas. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra el juez.

El protocolo “antipiquetes”, adoptado en diciembre de 2023, en la práctica criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias. 

Libertad de expresión

El presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos. 

El diario La Nación informó en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”. El gobierno de Milei lo desmintió. 

Derechos de las mujeres y las niñas

El Registro Nacional de Femicidios reportó 228 femicidios—el asesinato de mujeres y niñas debido a su género—en 2024. 

El gobierno profundizó los recortes a los programas destinados a combatir la violencia de género y proporcionar asistencia urgente a las víctimas. 

En junio, el gobierno cerró 81 Centros de Acceso a la Justicia, que proporcionaban asistencia jurídica a personas de barrios de bajos ingresos, entre ellas muchas víctimas de violencia de género.

En 2020, el Congreso sancionó una ley que legalizó el aborto hasta la decimocuarta semana de gestación, permitiendo la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo. Proyecto Mirar, una coalición de grupos de derechos humanos, reportó una fuerte caída en el financiamiento por parte del gobierno nacional para aplicar la ley.

Derechos de las personas con discapacidad

Durante la administración del presidente Milei, se realizaron auditorías aparentemente excesivas y recortes de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. También se registraron retrasos en los pagos a los proveedores de servicios.

Orientación sexual e identidad de género 

En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei hizo comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. 

Entre enero y junio de 2025, el Observatorio Nacional de Delitos de Odio contra las Personas LGBT+, una coalición federal de grupos de derechos humanos, documentó que 17 personas fueron asesinadas y 85 resultaron heridas por su sexualidad, expresión de género o identidad de género, lo que supone un aumento del 70 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Abusos pasados

En septiembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1.202 personas habían sido condenadas y 213 absueltas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983.

Durante 2025, el gobierno recortó los fondos destinados a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Política exterior

El gobierno de Javier Milei se ha opuesto a las resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y género, incluido el Pacto del Futuro.

En febrero, el gobierno anunció que retiraba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Qué es HRW

Human Rights Watch investiga e informa sobre los abusos que se producen en todos los rincones del mundo. Componen la organización aproximadamente 500 personas de más de 70 nacionalidades, expertos en países, abogados, periodistas y otras personas que trabajan para proteger a los más amenazados, desde minorías vulnerables y civiles en tiempos de guerra, hasta refugiados y niños necesitados. Dirigen su labor de defensa hacia gobiernos, grupos armados y empresas, presionándoles para que cambien o hagan cumplir sus leyes, políticas y prácticas. Para garantizar su independencia, rechazan la financiación gubernamental y revisan cuidadosamente todas las donaciones para asegurarse que son coherentes con sus políticas, misión y valores. Colaboran con organizaciones grandes y pequeñas de todo el mundo para proteger a los activistas asediados y ayudar a que los agresores rindan cuentas y se haga justicia a las víctimas.

Su historia

“Human Rights Watch se fundó en 1978 como ”Helsinki Watch“, cuando empezamos a investigar los abusos contra los derechos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, sobre todo los que estaban detrás de la Cortina de Hierro. Desde entonces, nuestro trabajo se ha extendido a los cinco continentes. Investigamos masacres e incluso genocidios, junto con la toma de control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y las detenciones infundadas de activistas y figuras de la oposición política. Al mismo tiempo, hemos ampliado nuestro trabajo para abordar los abusos contra las personas susceptibles de sufrir discriminación, como las mujeres, las personas LGBT y las personas con discapacidad. Cuando las familias víctimas de crímenes de guerra no encontraron justicia en su país, defendimos la justicia internacional y los tribunales internacionales. Aunque nos basamos en entrevistas personales, nuestros métodos de investigación también han cambiado con los tiempos, y hoy utilizamos imágenes por satélite para rastrear la destrucción de pueblos y ciudades, y extraemos grandes volúmenes de datos en busca de patrones en las tasas de detención o deportación de inmigrantes. Todo lo que hacemos gira en torno a nuestro compromiso con la justicia, la dignidad, la compasión y la igualdad”.

La llaman “modernización laboral”, pero seguro que el presidente Javier Milei, su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y su secretario de Trabajo, Julio Cordero, no se habrán inspirado para nombrar el proyecto de ley en la película “Tiempos modernos”, aquella en la que Charles Chaplin evidenció la deshumanización capitalista. Quizás sería mejor llamarla flexibilización. En sus 197 artículos, modifica más de 50 de la ley de contrato de trabajo de 1973 y deroga siete leyes –desde los estatutos del periodista o del viajante hasta la del teletrabajo–, en lo que constituye la mayor reforma desde la decretada por la última dictadura en 1976, superior a la del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), según Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.

La iniciativa reduce costos de despido mediante topes indemnizatorios y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con contribución del 3% del salario que en lugar de ir a pagar jubilaciones se utilizará para financiar despidos. A las obras sociales, en lugar de destinarse el 6%, se bajará al 5%. “FAL es un poco violento”, bromeó sobre la sigla este jueves la senadora y exministra de Trabajo y de Seguridad Patricia Bullrich en el seminario ProPymes, con el empresario Paolo Rocca como anfitrión satisfecho por el proyecto, pero insistidor con el reproche por la ausencia de política industrial. Lo violento sería que el dinero del FAL termine erosionado por comisiones y malos rendimientos, como sucedió en su momento con las AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones).

El proyecto también descentraliza la negociación colectiva dando prioridad al convenio de menor ámbito y la limitación de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio colectivo de trabajo una vez vencido su plazo), flexibiliza los horarios laborales y el salario con la ampliación de componentes no remunerativos, amplía servicios esenciales y limita el derecho de huelga, formaliza a los trabajadores de plataformas como “prestadores independientes” y crea incentivos tributarios y de formalización en un país donde el 43% de los empleados trabaja sin derechos, el mayor nivel desde 2008.

La modernización traslada riesgos laborales a los trabajadores. Se supone que así se crearán más empleos formales, pero hasta economistas ortodoxos y grandes empresarios admiten que ese efecto depende de dos condicionantes ausentes: una macroeconomía estable –por más que se haya eliminado el déficit fiscal y descontrol de la emisión monetaria, la Argentina aún padece la quinta mayor inflación del mundo y su gobierno repudia la receta de sus vecinos de acumular reservas en el banco central– y una institucionalidad laboral capaz de sostener derechos básicos de manera efectiva. Esto último quiere decir que un país como Alemania bajo un gobierno socialdemócrata, con el que suelen identificarse los sindicatos, flexibilizó el trabajo en 2003 y 2005, pero después controló a rajatabla que nadie mantuviera empleados en la informalidad. No es como Perú, donde pese a las cuatro reformas laborales desde 2001, incluida una rebaja de contribuciones patronales, el trabajo no registrado supera el 70%.

La reducción de costos laborales puede estimular la contratación formal sólo cuando la demanda de trabajo crece, advierten expertos y empresarios, que temen más destrucción de empleo en 2026. En contextos de alta informalidad y estancamiento productivo, la experiencia demuestra que tiende a expandirse el empleo de baja duración y sin mejoras salariales.

El nuevo régimen establece topes a la indemnización: un máximo de tres veces el salario promedio del convenio, con piso del 67%. Después de que la ley Bases derogara las multas por trabajo no registrado, proliferaron en los tribunales las demandas civiles de empleados informales por daños y perjuicios contra sus patrones. Por eso, el proyecto excluye daños del Código Civil, declarándose la indemnización como “única reparación procedente”, aunque puede que este aspecto termine judicializado. El FAL, con cobertura desde los 12 meses de antigüedad, reduce la protección para trabajadores con poca antigüedad. La combinación de estos elementos disminuye los costos empresariales, pero debilita la protección contra el despido arbitrario, especialmente en los segmentos más vulnerables del mercado laboral.

La descentralización de la negociación laboral, ya no entre cámaras y sindicatos sino entre cada empresa y sus empleados, tiene efectos complejos. Permite ajustar los acuerdos a las realidades de productividad de cada compañía, pero en mercados laborales duales –con exceso de oferta de trabajo en segmentos de baja y media calificación, informalidad como alternativa de subsistencia y barreras a la movilidad– se refuerza el poder de mercado de los empleadores. Claro que las pymes, a diferencia de las firmas grandes, negociarán con menor poder y mayores riesgos de reducción del salario real (ajustado por inflación).

Empresas medianas y grandes pueden actuar como oligopsonios locales: pocos demandantes frente a muchos trabajadores oferentes. El resultado previsible son salarios por debajo de su productividad, con captura de rentas por parte de las firmas más productivas y un aumento de la dispersión salarial. Esta experiencia en Reino Unido, Nueva Zelanda y países europeos periféricos se tradujo en aumento de la desigualdad de sueldos.

La flexibilización del horario laboral mediante bancos de horas (el patrón dispone que hoy se descansa pero mañana y pasado se compensa con 12 horas diarias), el establecimiento de la jornada promedio (en lugar de un tope diario) y contratos parciales puede mejorar la organización del trabajo donde existe representación laboral fuerte y control sobre horas extras. Pero sin esas garantías, se encubre subempleo (empleados que desearían trabajar más horas) y se presiona a la baja de los ingresos. Incluso la norma permitirá que los horarios sean pactados de manera individual ente el empleador y el trabajador, con el lógico desbalance de fuerzas. A su vez, la ampliación de componentes no remunerativos del sueldo, como los valores alimentarios, reduce la base de cálculo tanto para indemnizaciones como para aportes jubilatorios, lo que afecta la seguridad social de largo plazo.

Se limita el derecho a parar. Si se trata de actividades esenciales, se debe mantener 75% de trabajo mínimo y si es de “importancia trascendental”, el 50%. Esto último incluirá sectores como educación básica y transporte terrestre –maestros, colectiveros y maquinistas, abstenerse de parar–, construcción, minería y comercio electrónico –respira Marcos Galperin–. También actividades que afecten el “equilibrio fiscal”. “¿Eso incluirá un kiosko que cobra el IVA?”, se pregunta Cremonte. Habrá que ver si esta aspecto cumple con la normativa de rango constitucional que implican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera esencial a aquellas tareas en las que esté en juego la salud y la vida.

Habrá que avisar cinco días antes de cada huelga y acordar los servicios mínimos en las 24 horas previas o si no, la autoridad los fijará. Se considerarán infracciones muy graves los piquetes y ocupaciones de establecimientos o los daños a personas y bienes.

Para organizar una asamblea de trabajadores, habrá que pedir autorización a la patronal y no se cobrará el salario por el tiempo que duren. Esto también deberá ser compatible con los estándares de la OIT sobre libertad sindical, de modo de evitar litigios internacionales. Otros puntos conflictivos: sólo estarán protegidos los delegados sindicales titulares, no los suplentes ni los congresales. Tampoco los que hayan sido elegidos con menos del 5% de los votos de sus representados.

Las cuotas obligatorias a los gremios, que establecen algunos convenios colectivos, seguirán vigentes sólo mientras duren estos acuerdos. Es decir, si vencen y no se pactan nuevos marcos, habrá ultraactividad de las normas pero ya no regirán esos aportes. Además, el empleador podrá reusarse a cumplir la tarea de girar las cuotas voluntarios u obligatorias a los sindicatos. Además, podrá haber gremios por empresa, al estilo el de Flybondi, y los delegados sindicales sólo podrá usar 10 horas mensuales de su jornada laboral para sus tareas como tales.

La modernización argenta formaliza el trabajo en plataformas mediante la figura de “prestador independiente”, con lo que se aparta de la tendencia global que avanza hacia mayor reconocimiento y protección de choferes y repartidores. El régimen traslada los riesgos al prestador del servicio, con apenas un seguro de accidentes con responsabilidad negociable y sin derechos laborales básicos. Nada que ver con lo que legisló la Unión Europea, California y otras regiones que avanzan hacia un vínculo laboral híbridas o pleno con las grandes empresas del negocio. Para los países desarrollados, parece que la modernidad es distinta. En la Argentina libertaria se le dará al trabajador derecho a desconectar, elegir su ruta, podrá quedarse con el 100% de las propinas y la app le deberá proporcionar equipo de seguridad.

La Argentina sufre hace una década y media de una incapacidad estructural para crear empleo de calidad, o sea, registrado, estable y con salarios medios y altos. Detrás del problema está la baja productividad de la economía, la informalidad persistente como forma o excusa de supervivencia de algunas empresas y el desacople entre formación y demanda laboral, según ciertos expertos. De acuerdo con esta visión, flexibilizar costos sin elevar la productividad puede producir más empleo, pero no mejor empleo. El riesgo es profundizar la precariedad en la base de la pirámide y la captura de productividad por parte de las empresas sin derrame salarial.

Por eso, hay quienes proponen como alternativa una política pro pymes para que accedan a tecnología, crédito, cadenas de valor y expansión, otra de formación y reconversión laboral ligada a la demanda del sector privado, una reforma tributaria que favorezca la contratación –los empresarios temen que la que preparan Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se demore y quede reducida a medidas anecdóticas sin impacto productivo–, una fiscalización del trabajo no registrado –la gran ausente de la última década, ya casi no hay noticias de inspecciones relevantes– y un piso salarial que contraste con el poder oligopsónico. No son ideas de zurdos empobrecedores sino de capitalistas basados en la experiencia mundial.

La reforma laboral de Brasil de 2017, tan elogiada en su momento por Galperin, redujo la protección del trabajadores, le dio prioridad a los convenios por empresa, amplió la tercerización –como también lo contempla la flexibilización de Milei– y creó los contratos intermitentes. Resultado: aumentaron la informalidad y los sectores de baja productividad. La de España en 2012 abarató el despido y modificó la negociación colectiva, con lo que se recuperó el empleo tras su crisis, pero a costa de profundizar un mercado laboral dual entre empleados temporales y fijos, con caída de sueldos reales en las actividades poco productivas.

La flexibilización de México de 2012 redujo costos para contratar y despedir y creó contratos por horas y temporarios. Logró aumentar el empleo formal, pero en sectores de baja productividad mientras la informalidad persiste en el 60% y los sueldos tampoco mejoran. En Alemania se reestructuró el seguro de desempleo y se expandieron los minijobs, con lo que bajó la desocupación, pero a fuerza de trabajo a tiempo parcial, precario, de bajos salarios y sin seguridad social completa.

La historia reciente demuestra que flexibilizar generó empleo temporal, a tiempo parcial o tercerizado en España, Alemania, Brasil y México. No logró terminar con la informalidad y la desigualdad, en parte porque no mejoraron la productividad ni el control del trabajo no registrado ni la política pro pymes, como ocurrió a lo largo de Latinoamérica. En países que atravesaban una recesión, como Grecia y Portugal, no sirvió para recuperar el empleo sino para despedir, reducir el ingreso de la población, desalentar así el consumo y, por último, otra vez la creación de trabajo, en un círculo vicioso. Eso lo que se teme en esta Argentina con industria, comercio y construcción estancados o en baja.

La negociación descentralizada favoreció a las grandes empresas, como en Reino Unido y Nueva Zelanda. Los casos exitosos como Alemania se combinaron con crecimiento económico, instituciones fuertes y controladoras y una base productiva diversificada, aunque también dejaron su tendal precarizador.

Sin un consenso amplio por la oposición sindical, se corre el riesgo de que la reforma se revierta cuando gane otro partido político, en 2027 o 2031. También puede que provincias opositoras, como la de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos, no adhiera a los regímenes voluntarios que se crea para trabajadores agrarios o accidentes laborales. La Argentina ya tiene una historia de leyes laborales aprobadas pero no aplicadas.

AR/MC

Distintas organizaciones del colectivo LGBT anunciaron la realización de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista, que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero. La movilización fue convocada como respuesta al discurso de Javier Milei durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde cuestionó a las minorías, las parejas homosexuales, las personas trans y a las mujeres.

La marcha partirá desde el Congreso de la Nación y llegará hasta Plaza de Mayo. Según lo acordado en una asamblea realizada el sábado pasado en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, la movilización será encabezada por personas trans y travestis, quienes ocuparán un lugar central en la actividad como gesto de visibilidad y resistencia.

En un comunicado difundido por las organizaciones convocantes, se expresó preocupación y rechazo a las declaraciones del mandatario en Davos. “Las incitaciones al odio que el presidente pronunció en la Conferencia de Davos no son nuevas, pero sí marcan un antecedente en la radicalidad de su violencia, en su manifiesto deseo de exterminio”, señalaron. Asimismo, el texto destacó la necesidad de generar un diálogo inclusivo y articular respuestas colectivas frente a lo que calificaron como “un problema colectivo”.

El presidente Milei había declarado en el foro internacional que “se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben”. Además, realizó afirmaciones controvertidas en las que vinculó a las personas trans y al colectivo LGBT con casos de violencia y abuso, lo que generó un fuerte repudio en distintos sectores de la sociedad.

El jueves último, el Gobierno nacional presentó un megaproyecto de reformas que incluye la derogación de los cupos laborales para personas trans y con discapacidad, la eliminación del cupo femenino para candidaturas políticas, la descontinuación del DNI no binario y la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal. Estas iniciativas han sido calificadas por las organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas como un retroceso en materia de igualdad y derechos adquiridos.

Para ultimar detalles de la movilización, se convocó a una nueva reunión el próximo 29 de enero en la plazoleta Néstor Perlongher, en Avellaneda. Desde las organizaciones destacaron la importancia de participar y movilizarse para “defender los derechos conquistados y responder colectivamente a la violencia institucional y simbólica que nos atraviesa como sociedad”.

DM

Son estos los momentos cuando la arena escurrida pone vuelta el reloj para proyectar otro futuro. Donde las horas finales no dejan de evidenciar lo efímero del calendario, que se agota en cualquier sociedad. Nada ni nadie deja de ser atrapado por un sentido esencial del lazo comunitario ante el devenir del tiempo, que es centralmente un orden que regula el caos. También epocalmente el año que se alejó, y no vuelve, trazó entre su inventario un lamentable lugar común: la crueldad.

Por mucho que ejecutores de la deshumanización (y sus cómplices necesarios, también impunes) procuren sujetarse al pasado ejercicio, estos “tiranosaurios del antropoceno” -Jorge Majfud dixit- que sólo vibran en el egoísmo hiperindividualista y antisolidario de su ecosistema financiero-político tecnodigital, ven derrotada su lógica miope por el tiempo y por la fraternidad, que llega a abrazarnos en modo colectivo en el inicio del año 25, cuando noblemente se aspira al bien para la Nación, para nuestras familias y para nosotros mismos. En suma, se comparte una búsqueda del bien común.

Claro que también la indispensable fraternidad humana es una categoría jurídico-política, como lo sabe destacar el versado estudio del constitucionalista Lucio Palumbo, quien -entre otras muchas cuestiones- descubre que a diferencia de la libertad y la igualdad declamadas formalmente  desde 1789, y muy a pesar de tratarse de derecho positivo vigente por imperativo del sistema de protección internacional desde 1948, aparece mencionada en forma escasa sino nula por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, menos por otros tribunales. 

Ciertamente darse una Constitución, respetarla y hacerla respetar, resulta un acto de “confraternización”. Aunque lamentablemente nada de esto asume el actual proceso de deterioro de las condiciones jurídicas que transita el país. Y proponer un rumbo que lo modifique, lleva a partir del reconocimiento de la antitética crueldad o degradación humana, también como norma jurídica obligatoria.

En tanto categoría constitucional explícitamente consagrada, que atrapa efectos jurídicos, merece ser invocada como fuente de determinados deberes y conductas que vinculan a los poderes de Estado y deben hacer respetar esencialmente jueces, fiscales y otros forenses. Ello sino quieren abjurar del compromiso que adoptaron al asumir su noble e indispensable labor y sumirse en las consecuencias responsables del momento, que siempre traen vuelto.

Así como lo pone de relieve la ensayística, lo cruel (derivado de “crúor”, o la sangre que emana de una herida, enseña Derrida) a distancia de la mera violencia, resulta de la indiferencia o goce ante el sufrimiento de los otros. Cruel significa aquél que está ávido de sangre, como evidenciaron algunas imágenes de cada ocasión de ilegitimidad represiva, de la que aún llegaron a ufanarse algunos personajes a la vista de toda la sociedad que, indispensable es destacar, tampoco deja de ser ajena en su transcurrir indolente. Pero a pesar de los actuales bajo umbrales de empatía social o resignación, nada exime a la función manifiesta del aparato judicial de aplicar con corrección la ley.

En ello no puede negarse que históricamente la progresión de los derechos resultó de la superación de expresiones de crueldad bajo cuyo rótulo aparecen imbricados las tiranías, la esclavitud y hasta el racismo y el sexismo. En estos días, la destrucción de la relación comunitaria con sentido de solidaridad, desde una extraviada probeta que -si acaso no busca de abrirse y empatizar con todos, incluyendo a las “cucarachas”- conducirá inevitablemente a la desintegración social, habrá de conocer frenos si insiste en su despliegue. Y una de las reacciones transita por la antropología básica del poder jurídico, desde la potencia derivada del reconocimiento pleno de todo humano en su dignidad de “persona”.

Ningún jurista que se precie de tal dejará de identificar que por mediación de instancias comparadas supraestatales, la aplicación concreta de la categoría crueldad en la experiencia universal, lejos de cualquier simbolismo, es y será concreción en estándares judiciales ineludibles. Fue el Comité DESC de ONU que definió a la pobreza como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”, todo lo que incluye sentimientos de vergüenza, humillación y exclusión en los ámbitos políticos, sociales y culturales.- Todo ello hace carne en integrantes de grupos particularmente vulnerados como las infancias pobres, los indigentes, las personas con discapacidad, los jubilados.

Aún más: la exclusión social alcanza un nivel que constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante si una familia se ve privada de los elementos básicos para la realización de su existencia, como es la capacidad de obtener una mínima alimentación, el agua para beber, o un lugar donde dormir. Se está violando su dignidad de seres humanos, en equivalencia al nivel de cuando se tortura y se mata: no hay diferencia ética entre la muerte bajo tormento y el padecimiento de una madre ante la muerte por inasistencia de una criatura en situación de desamparo. Tampoco existe diferencia jurídica.

¿Es posible que todavía no se haya advertido cabalmente que la desnutrición, casi siempre, implica una “mutilación grave”: falta de desarrollo de las células del cerebro en los lactantes, ceguera por carencia de vitamina A, etc.? Como supo informar hace décadas el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación Jean Ziegler, el hambre produce “una angustia intolerable, lacerante, que tortura a todo ser hambriento desde que se despierta”.

 Nunca olvidar que el Estado, aun cuando se proclame abiertamente su demolición, ve comprometida su responsabilidad interna e internacional frente a las personas en situación de pobreza extrema por inobservancia grave de sus deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y frente a obligaciones estatales positivas, la expresión “No hay plata” resulta una manifestación de absoluta vaciedad, cuando no perversión, a estarse al enriquecimiento exponencial de singulares sectores económicamente beneficiados, que contrasta oprobiosamente con la situación de la mitad de sus compatriotas que están por debajo de la línea de pobreza y, peor aún, con sólo reconocer que 6 de cada 10 niños son miserables y se ven sometidos a la falta de todo.

La crueldad inhumana (o su prohibición) constituye una fuente de deberes desde la supremacía constitucional y convencional y debe ser asumido no solo como un ideal por alcanzar, sino antes como un principio de acción a concretar, con su realización práctica. Se insiste: en el plano conceptual se han hecho enormes esfuerzos normativos y jurisprudenciales para acercar la prohibición de tratos crueles al bien jurídicamente protegido por las normas internacionales, esto es, el derecho básico a la integridad física y moral de cualquier persona, en tanto paradigma universal irrenunciable. 

Ahora, no se trata solamente de que la Constitución Nacional prohíba la crueldad, sino que los poderes públicos deben aplicarla de manera efectiva y hacer cesar las consecuencias del grave accionar deshumano. Al mismo Estado que le corresponde un deber de abstención (no cometer el acto cruel), también por vía de sus funcionarios judiciales –claro que con más empeño e integridad a la hora de ejercer sus facultades- le cabe una obligación positiva, de comportamiento, que se traduce en el deber de diligencia para prevenir violaciones al derecho.

Derechos de los pobres ¿Pobres Derechos? Se interroga ingenuamente en las aulas, para caer en la cuenta de un auténtico “Law far” (lejos del Derecho). Frente a este momento de exclusión y desamparo de semejantes, que acarrea sufrimientos incompatibles con la condición de personas, sino quiere caerse en el efecto de habituación y hasta normalización de un paisaje doloroso, debe consagrarse una ética de la resistencia a la barbarie deshumana y estar preparados jurídicamente para el salvataje ante el hundimiento, donde los más débiles ocupen los primeros botes. La predación de la dignidad, y aún de la vida, es un espectáculo que ningún argentino -sea de bien o no- puede aceptar, tanto como la crueldad prohibida constituye una fuente de deberes para los cultores de la ley, si acaso no eligen defeccionar en el rol para el que han sido honrados y perder su condición esencial de humanidad. 

DM/AS

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, considera que el presidente argentino, Javier Milei, es un “negacionista serial” de los derechos humanos, sociales y económicos de la mayoría de la población y recomienda “estar muy alerta” para que no arrasen con ellos.

Díaz, que califica a Milei como “una persona profundamente conservadora, retrógrada”, en una entrevista telefónica con la agencia EFE en Madrid, denuncia cómo el presidente Milei “estigmatiza” y “violenta” con “un discurso de violencia política muy fuerte” hacia las mujeres y otros grupos, como el colectivo LGTBI.

Mujeres y colectivo LGTBI, en el punto de mira de Milei

Estela Díaz, feminista y militante de izquierda, critica que el Gobierno de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, haya eliminado el Ministerio de Mujeres y “vaciado” de presupuesto políticas relacionadas con la mujer, lo que acarrea la “feminización de la pobreza”, “un fenómeno creciente muy grande en Argentina”.

Respecto al colectivo LGTBI, lamenta que la ola conservadora afecta, por ejemplo, al cupo laboral reservado por ley para personas travestis y trans y que ahora no se cumple, con un “discurso estigmatizante”.

Una situación “muy preocupante” que “habilita violencias”, concluye la ministra de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, con más de 18 millones de habitantes y gobernada por la izquierda, contrapeso político de Milei.

La sociedad, motor de defensa de los derechos

Díaz, en el cargo desde 2019, se muestra optimista con la respuesta social ante estos recortes y considera fundamental “la fuerza organizada” y “la resistencia” de sindicatos y organizaciones feministas ante “este ataque de la extrema derecha”.

En este sentido, enmarca el libro 'Por qué odian. Diálogos feministas en tiempos de ultraderecha', que presentará este jueves en Madrid y que considera “una herramienta militante” para contribuir al debate.

Díaz se reunirá en Madrid con la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, antes de viajar a Bilbao, donde tiene una agenda de encuentros institucionales y políticos.

La ministra bonaerense quiere diferenciar su agenda de la que mantuvo Milei en las dos ocasiones que visitó España, donde no desarrolló actividades oficiales y lanzó mensajes “muy agresivos hacia el Gobierno y la Presidencia”, agregó.

“Y ese no es el pensar del pueblo argentino y, por supuesto, tampoco de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

EFE.

IG

Tu mamá puede ser intersex. Esa persona que baila en un concierto puede ser intersex. La persona que te gusta puede ser intersex. Tu hermana puede ser intersex. Vos podés ser intersex. 

Según la ONU, el 1.7% de la población global nace con rasgos intersexuales, una cifra comparable a la cantidad de personas pelirrojas que habitan el mundo. Aunque se cree que ese número puede aumentar debido a que muchas diversidades corporales no están incluídas en ese porcentaje. 

Se entiende por intersexualidad a la diversidad corporal que se puede manifestar en los genitales, las gónadas, las hormonas o los cromosomas. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): hay tipificadas más de 40 variaciones intersex, que erróneamente tienden a abordarse como “patologías”. Estas características pueden ser visibles en el nacimiento, otras veces aparecen en la pubertad, en otras ocasiones no son físicamente evidentes y en otras no detectarse nunca en la vida. La intersexualidad no es una enfermedad, tampoco define el género: una persona intersex puede ser hetero, gay, lesbiana, trans, bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambas o ninguna. 

Las principales luchas del movimiento son detener las mutilaciones genitales, las intervenciones quirúrgicas cosméticas y ciertos tratamientos hormonales, que en algunos casos, solo sirven para modificar el aspecto corporal. Estas invasiones en la mayoría de los casos se hacen sin consentimiento de la persona intersex.  En Argentina una de las principales deudas del Estado es el tratamiento legislativo y la aprobación de la Ley de Protección Integral de las Características Sexuales, herramienta necesaria para poner fin a las violaciones en los Derechos Humanos de las personas intersexuales. “Todos los días en todas partes del mundo se practican estas intervenciones para ‘normalizar’ los cuerpos de bebés, niñes y adolescentes para que encajen dentro de los conceptos binarios de cuerpo masculino o femenino”, manifiestan desde Potencia Intersex, una de las organizaciones de Argentina. 

Tortura y tabú 

Ale López Bemsch nació en 1989 en San Miguel de Tucumán y es Director del Comité Intersex de la Asociación Internacional de Lesbianas Gays Bisexuales Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). “Las intervenciones terminaron cuando cumplí 15. Me torturaron. El médico exigió que no le dijera a nadie, si alguien preguntaba tenía que decir que la cirugía era por cáncer de ovario. Lo cumplí al pie de la letra”, dice. 

Aún hoy, sufre las consecuencias: el año pasado le sacaron hilos de sutura que quedaron dentro de su cuerpo y debe usar productos para cicatrizar las heridas. 

Marina Elichiry es activista, lesbiana y médica especialista en Medicina General y cuidados paliativos. Mientras estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) conoció las demandas del movimiento intersex a través del testimonio de Mauro Cabral -activista argentino por los derechos de las personas intersex y trans-. “Por suerte fue antes de que abordaran el tema en la UBA”, dice. 

Se entiende por intersexualidad a la diversidad corporal que se puede manifestar en los genitales, las gónadas, las hormonas o los cromosomas. Hay más de 40 tipos de variaciones

Aún recuerda el día en que el tema llegó a las aulas. Fue durante una clase de “patologías mentales”, en la cátedra de Medicina Legal, cuando el profesor habló sobre transexualidad, homosexualidad e intersexualidad, en un marco patológico, “casi como si fuera un delito”. “El profesor era cirujano y decía ‘al fin y al cabo es más fácil hacer mujeres porque solamente hay que cortar, en general se hace eso con estas personas’”, cuenta. Marina lo enfrentó y le dijo que las personas intersex luchaban organizadas, y que se oponían a esas intervenciones no consentidas. “El profesor me humilló, mis compañeres me abuchearon, me paré y me fui de la cátedra”, dice. 

Según Marina, en 2014 en el Hospital Garrahan definieron un lineamiento interno, eso puede marcar precedente en otros centros de referencia que siguen practicando cirugías mutilantes. En el Garrahan ya no se practican clitoroplastias y clitorectomias, en algunos casos se siguen haciendo vaginoplastias, “pero siguen defendiendo a capa y espada, al igual que otros hospitales, las cirugías de hipospadias”. 

“Soluciones” cosméticas y prepotencia médica 

Cuando una persona nace - cuenta Marina- si en controles detectan características genitales que no cumplen con los estándares de normalidad médica, la derivan a un centro de referencia pediátrica “es ahí donde se opera, se mutila y se realizan estas cirugías no consentidas a los recién nacidos. Lo primero que se les ofrece a las familias son operaciones cosméticas” 

Para Marina una ley sería fundamental para que estas cirugías se terminen porque los profesionales tienen miedo a las demandas judiciales, “Hay cirujanas pediatras jóvenes que están haciendo fuerza para modificar ciertas prácticas, un choque generacional con los que siguen creyendo que las cirugías son el camino correcto. La intersexualidad no es una enfermedad, las personas intersex deben tener acceso a la salud y a todos los estudios y recursos que sean necesarios para asegurarse que no necesitan algún estudio médico específico”, dice. 

“¿Qué tenés ahí?”

Durante su infancia, Ale López Bemsch deseaba encontrar a otra persona como él. Que así como había chicos rubios y con anteojos, en otro barrio habría alguien como él: con esa voz tan baja, con su fisonomía que no era acorde a sus amigas. “Cuando nací me inscribieron como Cecilia Alejandra, a mi mamá los médicos le dijeron que yo tenía hiperplasia suprarrenal clásica y que para ser 100% Cecilia había que hacer ciertas cosas”, cuenta. En la pubertad el comentario de las vecinas era “¿por qué tiene la voz gruesa? ¿Por qué se comporta como un chico?”. Tenía más resistencia al deporte, no tenía pechos, no usaba corpiño; mientras todas sus amigas calzaban 36, a los 12, Ale usaba zapatillas 40. “¡Yo era feliz! Me decían ‘deforme, ovni, ¿Sos un chico? ¿una chica?’... Mi pubertad fue un caos, porque me daba cuenta que verdaderamente no encajaba. Pero yo era libre”, dice. 

En la adolescencia Ale y su mamá llegaron a un medico. Les dijo que padecía "una deformidad"

Un día cualquiera, Ale salió de su habitación para ir al baño. La tela ajustada de la bombacha le marcaba los genitales. Su mamá se sorprendió: 

—¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Vamos al médico que te va a explicar - dijo. 

—No, ¿qué me tiene que explicar? - le contestó.

La madre buscó entre los mejores ginecólogos, endocrinólogos y urólogos pediátricos de Tucumán. Hasta que llegaron al consultorio de una de las “eminencias médicas de la Provincia”. 

Ale y su mamá escucharon en silencio las palabras del especialista. 

—No existe otra persona como vos en ninguna parte. Padecés una deformidad. Hay que hacerte estudios: resonancia, tomografía de manos, cistoscopia. 

Ale miraba sin entender lo que el médico decía. Además le recetó que fuera a una psicóloga para charlar sobre “ciertos temas”. “La psicóloga no consideró cómo me sentía cuando hablaba con ella. Cuando le dije que a mi me gustaban las chicas, la psicóloga me dio un consejo: ‘¿por qué no tomás alcohol y vas a un boliche heterosexual y te acostás con un chico? Capaz que teniendo mucho sexo con hombres te termina gustando’”.

Cuando en todo el mundo celebraba el día de los enamorados, el 14 de febrero de 2003 Ale ingresó por última vez a un quirófano. Supuestamente le harían unos de los tantos estudios recetados por el especialista. Pero le mintieron: en realidad se trataba de una cirugía que duró 10 horas. Estuvo un mes internado, la primera semana bajo los efectos de calmantes para que no sintiera dolor. Cuando despertó, a la primera persona que vio fue a la psicóloga. “No te mirés de la cintura para abajo”, le aconsejó la terapeuta. 

Ale recuerda los “ojos de susto” de los enfermeros cuando lo bañaban. Tenía la entrepierna inflamada, un dolor insoportable. Su mamá, al ver semejante hinchazón, llorando y gritando le imploró al médico: “¿Esta inflamación bajará?”

Derecho a la información y derecho al placer 

De todo lo que le hicieron se enteró mucho tiempo después, cuando decidió reconstruir la verdad e investigar su propia vida. Antes de la operación le dijeron que le harían una cistoscopia, un estudio habitual en su rutina médica. Pero en realidad le realizaron una intervención para que sus genitales se adecuaran a los de una mujer. Cortaron un pedazo de intestino para hacerle la cavidad vaginal. Tenía todo el abdomen lleno de gasas. “Antes de la cirugía sentía placer, el placer que no siento ahora. Antes de la última cirugía mi genitalidad me permitía sentir cosas, pero con la intervención me provocaron daños irreparables”, dice Ale. 

Luego vinieron las infecciones urinarias y en los genitales, las terapias hormonales.  Un día, después de tantas dudas, se animó y le preguntó a su mamá cómo se llamaba lo que tenía: 

— No lo vas a entender, tu diagnóstico es hiperplasia suprarrenal clásica o hermafroditismo verdadero - le contestó.

Ale buscó en internet y se encontró con Brújula Intersexual, una organización intersex. leyó en voz alta: “Intersexualidad no es igual a hermafroditismo”. Encontró historias muy parecidas a su propia vivencia. Se comunicó con una de las administradoras de la página y decidió cambiar de ginecóloga. 

Cuando fue a buscar su historia clínica, se la negaron. A través de Justicia Intersex-organización argentina por los derechos de las personas intersex- presentaron un amparo para conseguirla. Sólo le dieron una hoja en donde figuraba análisis de sangre.

“En la primera consulta relaté todo lo que recordaba, las cirugías, los estudios. Necesitaba respuestas”, dice. Cuando fue a buscar su historia clínica, se la negaron. A través de Justicia Intersex-organización argentina por los derechos de las personas intersex- presentaron un amparo para conseguirla. Sólo le dieron una hoja en donde figuraba análisis de sangre. Es decir, según los registros del sistema de salud, nunca hubo intervenciones, ni tratamientos con hormonas. 

Cuando la nueva endocrinóloga analizó los estudios de sangre, le dijo que no tenía hiperplasia suprarrenal congénita y tenía que hacerse nuevos análisis. En el laboratorio se asombraron con el resultado: su DNI decía que era Cecilia Alejandra, pero su cariotipo era masculino XY. La endocrinóloga le dijo entonces que tenía “disgenesia gonadal”. Luego de una resonancia se dieron cuenta que, cuando tenía un año y medio, a su mamá le mintieron. Le habían dicho que tenía una hernia y que debían operar, cuando en realidad le extirparon testículos u ovarios, jamás lo sabrá. “Nunca me sentí una chica, por la Ley de Identidad de Género pude cambiar mi identidad”, dice. 

Recuerdo de la tortura

Giuliana del Mar es la más grande de tres hermanas. Fue la primera hija y la primera nieta de una familia numerosa. Es profesora de teatro y activista en Potencia Intersex. Cuando tenía 13 años, mientras se cambiaba para ir al cumpleaños de una amiga, su mamá le dijo que tenían que hablar. Se sentó en la cama y como pudo, habló: 

— Hija, no tenés que esperar más la menstruación. Vos naciste sin ovarios y sin útero. Eso te impedirá menstruar y quedar embarazada -. 

Se le vino el mundo abajo. Estaba tan triste y confundida que decidió no ir al cumpleaños. La madre lloraba, mientras revelaba los detalles. Giuliana escuchaba en silencio y empezaba a entender el motivo de todas las revisiones y estudios médicos. Le dijo que, en una de esas operaciones, le habían sacado las gónadas. Sin embargo, a esa edad, ella no sabía que las gónadas eran testículos no descendidos. 

Recordó entonces que a los ocho años sintió una molestia en la ingle. Su mamá la revisó y notó que tenía una leve inflamación. Entonces fueron a una consulta médica al hospital del pueblo. “Los médicos que me atendieron dijeron que era una hernia inguinal, lo definieron como algo ‘súper simple’”, recuerda. Sin hacerle ni una ecografía ni estudios complementarios, la operaron. No era una hernia: le extirparon un testículo. “Para excusarse dijeron que, cuando abrieron ‘saltó para afuera’”, cuenta. 

A Giuliana la derivaron a Córdoba Capital y allí comenzó una seguidilla interminable de estudios: cariotipo, una y otra vez exámenes genitales y un estudio muy doloroso e invasivo: la cistouretrografía. Dice que nunca se olvidará del nombre de esa práctica ni del dolor que sintió cuando se lo hicieron: “Consiste en introducir una sonda por la uretra y envían líquido para controlar los conductos urinarios, mientras sacan radiografías. Tenía que orinar y detener la micción, una y otra vez. Esa fue una de las tantas torturas que viví”.

Un comité de bioética formado especialmente por su caso, analizó si había que extirpar o no el segundo testículo. En esas reuniones médicas expusieron -sin consentimiento- su identidad, mostrando fotos de su cara, de su cuerpo, de sus genitales. Programaron la segunda cirugía, a ella le dijeron que era otra hernia. “A mi mamá los médicos le fueron contando todo. Desde que papá murió ella se encargó de la familia, Al verla tan triste, los médicos le decían que se quedara tranquila porque yo estaba sana, a la distancia ese discurso médico lo veo un tanto psicópata, porque le decían ‘tu hija no está enferma’, pero por otro lado me revisaban hasta el cansancio y me metían cámaras por todo mi cuerpo”, dice. 

Encontrar la identidad en YouTube

Entre los 13 y los 14, Giuliana también comenzó terapia. La psicóloga tenía encuentros con la endocrinóloga tratante. En una sesión, Giuliana hizo una lista de las dudas, la primera: “¿Cómo se llama lo que tengo?”

“La doctora me explicó que se llamaba Síndrome de Morris, que era intolerante a la testosterona. Y le pregunté: ¿y qué tengo adentro? Ella hizo un dibujo muy rudimentario de un útero y ovarios e hizo una cruz enorme, lo tachó y me dijo ‘de esto vos no tenés nada’”, recuerda. 

Un día, Giuliana estaba buscando en Youtube videos para abordar conceptos básicos de Educación Sexual Integral en sus clases de teatro. Allí apareció la palabra intersexualidad y su compañero de ese momento la miró y le dijo “¿che, pero vos serías intersex?”. Continuaron en la búsqueda y encontraron videos de Mauro Cabral, que fueron “todo un descubrimiento”. 

En 2019 fue al Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries y por primera vez se sintió abrazada por la sociedad. Lo sintió como una forma de resignificar su cuerpo, sus vivencias, su identidad y darle una vuelta colectiva y política a su historia. “A una persona que aún se encuentra oprimida les diría que intenten salir de la soledad, que somos un montón, que estamos por todos lados, y que hablar de que existimos es una gran forma de dar batalla a un mundo que vulnera nuestros derechos humanos”, dice. 

Para Giuliana la preocupación que maneja el sistema médico para normalizar los cuerpos de recién nacidos o adolescentes, no tiene sentido. “A los médicos los mandaría a estudiar consentimiento, que puedan poner por encima la integridad de la vida y no priorizar tratamientos cosméticos. Lo que me hicieron a mi no fue necesario. Los testículos no descendidos tienen casi el mismo porcentaje de tumoración que uno funcionando normalmente. Hoy se los decide dejar porque eso permite no tener que tomar medicación de por vida para sustituir los estrógenos que producen. Yo tengo que tomar estrógenos de por vida, y medicación para combatir la osteoporosis que tuve en la adolescencia”, cuenta. 

Ansiedad por definir

Be es artista y gestora cultural, y es parte de la Red Plurinacional Intersex. 

Cuando tenía 14 años, le explicaron que su canal vaginal era “muy poco profundo” y que “para tener una vida plena, sexual, y casarme,  tenían que hacerle una cirugía”. “Me dijeron ‘es con tu propia piel, lo hacés ahora y te olvidás, pero no vas a poder tener hijos de manera biológica’”, recuerda. “Por mi diversidad corporal tengo un riñón en herradura y problemas en la espalda, además puede traer consecuencias en el esqueleto, en la audición y en el corazón, pero nunca me dijeron eso: la centralidad siempre fue la genitalidad”, revela. A los 15 decidió operarse, pero no habló con nadie y dio por cerrado el tema. Cree que fue por vergüenza. Recién a los 29, leyendo a Mauro Cabral, entendió que era intersex. “Eso me trajo un cambio muy grande en mi vida”, dice. 

Be hace activismo desde el backstage porque aún le cuesta la exposición. Ella se encargó de la prensa de la Ley de Protección de Características Intersexuales, la comunicación en redes y producción de material y contenido para la Red Plurinacional Intersex. Además hizo una tesis de su diversidad corporal desde un punto de vista social, derechos humanos y de género. 

A los 15 Be decidió operarse pero no lo habló con nadie. Cree que fue por vergüenza. Casi 15 años más tarde supo que era intersex.

Cuando era adolescente, Be leyó en internet el porcentaje de personas mujeres que tenían su misma diversidad corporal: 1 cada 4000 o 5000. Una vez en un recital en el estadio de River, hizo la cuenta de cuántas personas podrían tener su misma diversidad. “La raíz del problema tiene que ver con la expectativa de normalidad y la división sexo genérica de la sociedad. Si pudiéramos aceptar que una persona pueda elegir más adelante cómo quiere que se vea su cuerpo y no haya necesidad de tomar una decisión por esa persona no existiría ese problema. Corre una ansiedad por definir los sexos, una suerte de pánico a los cuerpos distintos. Es urgente que se apruebe la ley porque prohibiría de manera tajante las intervenciones; pero también debe haber un cambio social. Muchas personas por ser intersex les cuesta conseguir trabajo, acceder a la educación o simplemente circular con una identidad que no es leída de una manera normativa. Además se fuerza una identidad de género a través de las cirugías. Hacer la lectura política me abrió la cabeza”, dice. 

Las cirugías plásticas que se realizan a personas intersex no tienen justificación médica, hay estudios en donde se demuestra que el resultado no mejora la funcionalidad ni la calidad de vida. Sobran los testimonios de personas intersex que padecieron cirugías en la niñez, que aún padecen las consecuencias de las intervenciones sobre sus cuerpos y los traumas que los acompañarán durante el resto de sus vidas.

CS/MA

* Gordura y estado, ¿asunto separado?

* Comunidad gorda: estrategias para la organización.

* Cultura de la delgadez.

Mientras escribo los títulos de los temas que se tratarán en las comisiones del próximo Encuentro Plurinacional de Gordes en Argentina, pienso qué necesarias son las identidades colectivas como espacios de activación política y personal. También pienso en la urgencia de las uniones y reuniones del presente y en lo complejo que resulta la unidad en la heterogeneidad, encontrar lo común en la diversidad. ¿Se acuerdan de la teoría de conjuntos que aprendimos en la escuela? La evocación de ese enfoque de la matemática me resulta útil para trazar similitudes con lo que ocurre en los movimientos sociales y políticos amplios. Suelen considerar las intersecciones, pero dejan afuera las singularidades. Ocurre en general, ¿es inevitable? No lo sé. Da para analizarlo, debatirlo, intercambiar.

La historia nos cuenta que, aún en los peores momentos, hay esperanza, palabra que viene de esperar, del latin sperare.

Lo que es más seguro es que falta muy poco para el sábado 30, cuando en el Espacio Unzué, de Mar del Plata, el Colectivo de Gordes Activistas de Argentina (CGA), Existencia Gorda, Gordes Conurbanes y activistas independientes sean anfitriones de la tercera edición del Encuentro. La idea es, básicamente, convocar a la mayor cantidad posible de activistas y aliades en un espacio seguro para seguir trabajando en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Otra de las motivaciones es que se dejen de vulnerar derechos, en un presente atravesado por la fragilidad de las minorías y de las mayorías segregadas. La amenaza de que los sectores más reaccionarios de la sociedad se queden con el poder político no es fantasmática sino real.

Y, sin embargo, la historia nos cuenta que, aún en los peores momentos, hay esperanza, palabra que viene de esperar, del latin sperare y que nada tiene que ver con procastinar (que, por otra parte, viene bien de vez en cuando) ni con no responsabilizarse, ni con aguardar pasivamente que las soluciones sean mágicas.

Esperanza. Se vincula con ser paciente, con resistir, con permanecer en la incertidumbre y en el sufrimiento hasta lograr un estar mejor, mediante la praxis. ¿Utopía? ¿El plan ideal que concibe una sociedad perfecta y justa? ¿La isla desconocida de Tomás Moro? ¿la que está en el horizonte y sirve para caminar, como dicen que dijo el montevideano Eduardo Galeano, aunque en realidad fue la respuesta que le dio el santafesino Fernando Birri, padre del Nuevo Cine Latinoamericano, a un estudiante en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños?

Hace algunos años, luego de intentar esconder sistemáticamente mi cuerpo maltratado bajo ropas oscuras y muy amplias, me cansé de transitar todos los tratamientos para adelgazar que estaban a mano y fracasar… siempre. Fui a los caros, baratos, gratuitos, individuales, grupales, de autoayuda o ayuda recíproca, con nutricionistas, dietólogos, en consultorios, iglesias, hospitales, con o sin internación y varios etcéteras y mi cuerpo fue una identidad en constante cambio, como la vida. Hasta que, curioseando a veces, buscando desesperadamente otras, encontré en una librería de la calle Puán, en Ciudad de Buenos Aires, el libro Cuerpo sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Y, como la tijera del collage de su tapa, corté por lo sano con el centímetro, el antes y el después, las fajas y las dietas.

Reivindiquemos el deseo y el disfrute, la salud integral sin sesgos, una Ley de Talles que funcione, ciudades y espacios públicos accesibles.

Hasta entonces, tenía la ilusión de que ser delgada me traería la felicidad. A partir de entonces, me descubrí e identifiqué con los testimonios de otras personas gordas, gente que padeció distinto tipo de violencias patriarcales. Esas violencias tomaron la forma de un trastorno alimentario: el mío. Pero también, luego de las lecturas, las errancias, las búsquedas, las colectivas, los acompañamientos, encontré en el ser gorda una bandera de textura suave y envolvente que me cobijó y aún lo sigue haciendo. Superé la vergüenza, comprendí el orgullo y la escritura fue y sigue siendo la manera de compartir el proceso de transformación. Además, claro, de los encuentros con mujeres, el cambio de mirada, la escucha abierta, la pedagogía del afecto.

La conciencia de que los abusos, las rapiñas, las apropiaciones de los territorios corporales, las represiones, los terrores y tantos otros daños se pueden elaborar junto a les demás, les próximes, les prójimes, fue, es, será, un acto descolonizador, una afirmación libre y soberana. Autónoma, aunque no aislada.

Con y sin lenguaje inclusivo, pero siempre incluyendo. Con rebeldía, amor, potencia, poesía, danza, teatro, asambleas, bikinis, hermanades las distintas generaciones, etnias y clases, aunque lo gordo también sea una cuestión de (lucha de) etnias, clases y edades.

Trascendiendo fronteras y prejuicios; unides, no dominades, como les antigües proletaries del mundo, enlazades con las ancestras, las madres y les hijes, las mujeres, las personas queer que tanto me enseñan,  los pueblos originarios, les niñes y adolescentes, les negros, les desocupades, les artistas, les discapacitades.  Porque todes somos iguales y diferentes. Y allí reside nuestra belleza y Humanidad.

Ojalá nos encontremos en Mar del Plata el próximo sábado, para que, poco a poco, paso a paso, la Educación Sexual Integral tenga perspectiva de diversidad corporal, se acaben los discursos que nos señalan enfermes y culpables, patologizades y delincuentes. Vagues e ineficientes. Reivindiquemos el deseo y el disfrute, la salud integral sin sesgos, una Ley de Talles que funcione, ciudades y espacios públicos accesibles. ¡Vamos a la playa! Oh oh oh oh oh.

LH

El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus socios aprobaron este miércoles en el Parlamento la llamada ley Varchi, que tipifica la gestación subrogada como “delito universal”, castigado con penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros.

La ley se aprobó con 166 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones: votaron en contra todos los partidos de la oposición de izquierdas, menos dos formaciones de centro (incluida la del ex primer ministro, Matteo Renzi), que dieron a sus parlamentarios la libertad de votar y cuatro lo hicieron a favor.

La diputada que da nombre a la ley, Carolina Varchi, sostuvo que “la maternidad es única, insustituible, no subrogable” y que con esta norma “ningún niño será discriminado, ni comprado por ricos ordenantes”. “La vida es un bien que no se puede comercializar, la maternidad no puede tener lugar por una compensación económica, un niño no se puede comercializar y este mercado debe terminar”, dijo la integrante del partido liderado por Meloni, Hermanos de Italia, de extrema derecha.

La gestación subrogada ya está prohibida en Italia pero la ley aprobada hoy, que modifica una anterior de 2004, permitirá perseguir también a los ciudadanos italianos que recurran a esta práctica en otro país donde sí es legal. Aunque las estadísticas indican que la mayoría de las parejas que acuden a la gestación por sustitución son heterosexuales, los colectivos de parejas del mismo sexo sienten que son el blanco de esta nueva norma tras una ola de cambios legales, como la prohibición de registrar hijos nacidos por reproducción asistida en parejas de mujeres.

Las familias LGTBI

“Esta ley ha sido hecha contra nosotros”, afirma a elDiario.es Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno (familias arcoíris, como se conoce en Italia a las familias de personas LGTBI), que el martes se manifestó en Roma para mostrar su rechazo a este “oprobio jurídico”, en palabras de Crocini.

“La gestación subrogada siempre ha existido, pero ha empezado a preocupar cuando los homosexuales han recurrido a ella”, afirma. Y aunque la ley Varchi no mencione explícitamente a las parejas homosexuales, Crocini considera que las personas heterosexuales que se vean afectadas serán “daños colaterales” de lo que considera un ataque directo contra las familias LGTBI.

“Los niños van a ser considerados hijos de un delito universal y las familias se van a ver en un proceso penal, aunque en el país donde hayan hecho la gestación subrogada sea legal”, lamenta. “Volvemos para atrás, a la época en la que se discriminaban a los hijos ilegítimos” porque habían nacido fuera del matrimonio. Por ello, su asociación y otras que representan al colectivo LGTBI se manifestaron bajo el lema ‘Somos familias, no somos delitos’ en Roma, un día antes de que se celebrara en el Parlamento la votación definitiva.

Entre los integrantes del colectivo hay preocupación por el estigma que puede suponer la tipificación de la gestación subrogada como un delito universal. “No sabemos cómo se aplicará la ley a los que ya tenemos hijos”, dice Mirco Pierro, que junto a su pareja tiene dos hijos gemelos de ocho años. “Sin duda habrá un gran estigma social contra nosotros y contra los niños, que es lo que más nos asusta”, dice en una entrevista con elDiario.es.

Pierro y su pareja, Davide Mazzarella, temen que los que hasta ahora no habían mostrado actitudes homófobas abiertas “se sentirán legitimados” para decirle a sus hijos que nacieron de “forma ilegal”.

Tanto Crocini como Pierro afirman que las parejas que están ahora mismo en el proceso de tener un hijo por gestación subrogada sienten temor y angustia porque no saben cómo se aplicará la ley. “Según este Gobierno, que es profundamente homófobo, las familias de padres homosexuales no deben existir”, dice Pierro.

Medidas anti-LGTBI

El Gobierno liderado por la extrema derecha ya aprobó varias medidas que se consideran un ataque contra la comunidad LGTBI. El Ministerio del Interior ordenó en abril a los alcaldes de todo el país que dejaran de registrar a los hijos de parejas homosexuales, incluidos aquellos nacidos por gestación subrogada (en países donde es legal) o por métodos de reproducción asistida. De la ley Varchi quedó excluida la fecundación heteróloga, es decir, la inseminación con un donante anónimo, que no será considerada delito por una enmienda introducida por el mismo partido que redactó el texto.

En base a la directriz de Interior, este mes de junio, las autoridades de Padua, en el norte de Italia, empezaron a impugnar las actas de nacimientos de los niños y niñas de más de treinta familias compuestas por dos mujeres, para eliminar de los documentos el nombre de la madre no biológica, la cual pierde de esta forma los derechos de filiación sobre el o los hijos. 

Pierro y Mazzarella dicen que sabían que las actas de nacimiento de sus dos hijos “no estaban blindadas” pero ahora “existe el riesgo de que sean impugnadas”. Por eso, han empezado el procedimiento de adopción, para que el primero se convierta en el padre adoptivo de los gemelos y esperan lograrlo pronto. “Todo lo que estamos haciendo es para garantizar los derechos de los niños”, dicen ambos, que no descartan marcharse de Italia, “si la situación degenera”.

Esa posibilidad la planteaban “en broma, antes de que Meloni llegara al Gobierno”, pero ahora hablan de ello y dicen “querer estar preparados si llega el momento” de irse a otro país, siendo España uno de los posibles destinos porque podrían convertir su unión en un matrimonio, ya que en Italia no está reconocido el matrimonio para personas del mismo sexo.

Regular o castigar

La diputada Lia Quartapelle, del Partido Democrático (PD), el principal de la oposición, considera la ley aprobada como una medida “de propaganda”, “inútil y dañina”. Dice a elDiario.es que es “imposible aplicarla a las parejas heterosexuales y es difícil aplicarla a los homosexuales” pero, si se aplicara a estas últimas, “el único resultado es que los niños serían sustraídos a sus padres, si estos recurren a la gestación subrogada en el extranjero y al volver a Italia son arrestados”.

Desde Roma, Quartapelle explica que la mayoría parlamentaria, compuesta por los tres partidos de derecha que gobiernan en coalición, ha tramitado la ley Varchi sin ofrecer argumentos a favor y ha rechazado todas las enmiendas de los partidos opositores, incluida una presentada por el diputado izquierdista Riccardo Magi, que proponía regular la gestación subrogada en lugar de castigarla con la cárcel.

El Partido Democrático no asistió a la votación de esa enmienda para evitar tener que tomar una posición, porque en su seno hay una corriente que se opone a la gestación subrogada bajo cualquier circunstancia. Quartapelle se muestra a favor de la misma, sólo si es altruista, y cree que “es necesario abrir un debate” sobre esta práctica en el partido, que en los pasados meses se ha posicionado a favor de las familias LGTBI - sus alcaldes incluso han desafiado las órdenes del Ministerio del Interior.

La izquierda, dividida

Precisamente, el Gobierno de Meloni ha sabido explotar la ausencia de unidad en la izquierda respecto a la gestación por sustitución. Pierro echa en cara esa “parálisis” de los partidos de centro-izquierda que, cuando gobernaban, no legislaron al respecto, dando lugar a un vacío legal que ha sido aprovechado por la coalición de extrema derecha, que sí se ha mostrado compacta.

Quartapelle detalla que ni siquiera los diputados del partido liberal Forza Italia, del difunto Silvio Berlusconi, votaron “de conciencia” en contra de la ley. “Esta derecha se define garantizadora, pero no puede definirse así si cada problema que existe lo tipifica como delito y amenaza con (penas de) cárcel”, dice la diputada.

Durante la votación, la diputada ecologista y feminista Luana Zanella, de los Verdes, ha defendido la ley Varchi porque considera que la gestación subrogada proporciona un “beneficio” para todos los implicados, incluidas las agencias que la tramitan a nivel internacional, mientras “la mujer es explotada por su capacidad reproductiva”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley que prohíbe el cambio de sexo, tanto por tratamiento médico como en los documentos de identidad, tras su aprobación el 14 de julio por unanimidad en la Cámara Baja y cinco días después en el Senado.

En el momento de su aprobación, el Parlamento consideró la ley como una medida para proteger de la “degeneración” a niños y adultos, que ya no podrán someterse a ninguna intervención médica, tanto quirúrgica como mediante el uso de medicamentos, para el cambio de sexo.

El viceministro de Sanidad ruso, Oleg Salagái, había informado en junio que el año pasado hubo 996 solicitudes para cambio de sexo en el país, según la Agencia EFE.

A partir de ahora, sólo se permitirán las intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con la formación alterada de los órganos genitales en los niños, tras el estudio de casa caso particular por una comisión de expertos.

También queda prohibida la adopción de niños por parte de las personas que ya hayan cambiado de sexo, y esas personas tampoco podrán ser sus tutores o fideicomisarios de menores.

La nueva legislación establece la anulación del matrimonio, si uno de los cónyuges se somete a una reasignación de sexo.

Incluso antes de que Putin firmara la ley, la Justicia rusa anuló el primer matrimonio después de que uno de los miembros de la pareja presentara una solicitud de cambio de sexo en los documentos personales, opción que estaba permitida hasta hace poco en Rusia. La ley prohíbe ahora cambiar el sexo en la documentación personal.

Entre 2018 y 2022, más de 2.700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos y unos 200 de ellos contrajeron matrimonio, según datos citados por EFE. Sin embargo, una reforma constitucional de 2020 ya había introducido en Rusia el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.

Después de la ratificación de la ley, los transexuales rusos no sólo temen una mayor represión, sino que el exilio sea la única opción que les quede.

“Como primera política transexual de Rusia puedo decir que esta ley no sólo es discriminadora, sino que prohíbe la propia existencia de la gente trans en Rusia. Es un genocidio contra los transexuales”, declaró a EFE Yulia Alióshina, candidata a gobernar la región siberiana de Altái.

Mientras, Maxim, un transexual que trabaja con el Centro T, la principal organización de ayuda a los trans en Rusia, afirmó que ya tiene “planes de emigrar a España”. “Rusia se está degradando a marchas forzadas. Los que pensaban operarse, tendrán que hacer lo mismo”.

Miles de manifestantes de agrupaciones feministas, políticas y sociales conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Mujer, que incluyó diferentes movilizaciones, actos y otras actividades, entre ellas la principal fue una marcha desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para concentrar frente al Congreso de la Nación.

Desde las 16, la movilización hacia el Congreso colmó las siete cuadras que lo separan de la intersección de la Avenida de Mayo con la Avenida 9 de Julio con canciones, pancartas y hasta tatuajes que reivindicaban derechos y conquistas, en el marco de un nuevo Paro Internacional de Mujeres.

Convocada por el colectivo Ni Una Menos, la movilización reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como también a miles de mujeres y disidencias que se sumaron solas, en parejas, con amigas o en familia.

A pesar del calor agobiante para las manifestantes tanto en las veredas a la sombra o dentro de los comercios para comprar bebidas frías, caminar por la Avenida de Mayo se volvía muy complicado, debido a la cantidad de personas que pasadas las 17.30 todavía continuaban llegando al centro porteño.

En las fachadas se repetían pintadas con consignas sobre la igualdad de oportunidades laborales, con afiches que reclamaban justicia por las víctimas de femicidio o la aparición con vida de jóvenes desaparecidas. En tanto, las banderas de organizaciones como La Poderosa reclamaban por el proyecto de Ley que busca garantizar un ingreso a las cocineras de comedores comunitarios.

Las columnas de organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, la Martín Fierro o La Cámpora complementaban la jornada con la música de bombos y redoblantes, mientras que diversos artistas populares hacían espectáculos de malabares, danza o tango a lo largo de la concentración.

Fanny, una inmigrante boliviana que encabeza un comedor comunitario en Ingeniero Budge, afirmó: “yo hace tiempo que venía con el comedor y no me había metido en la discusión del feminismo porque pensaba que no era algo urgente, pero el año pasado compañeras del Movimiento Evita me insistieron para que viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y eso me cambió la cabeza”.

“No es que yo no identificara antes lo que pasaba cuando fajaban a una vecina en el barrio o el miedo de nuestras hijas a volver de noche, pero creía que teníamos que concentrarnos en la urgencia del hambre; en el encuentro me di cuenta que éramos muchas de todo el país en la misma y cuando volví empecé a charlar de estas cosas con mis vecinas y por eso hoy vinimos todas juntas”, agregó.

Camila, una estudiante de secundaria que llegó con sus compañeras desde Liniers, dijo que “el año pasado ya nos habíamos organizado para venir por nuestra cuenta, y este año decidimos volver, para nosotras estar acá es importante porque la marea verde de la legalización del aborto la vimos por la tele y todavía no nos dejaban venir porque decían que éramos chicas”.

“No se trata sólo de la Educación Sexual Integral que tenemos que tener como corresponde en la escuela o de los métodos anticonceptivos o de los noviazgos violentos; todo eso es parte de la lucha, pero nosotras pronto vamos a empezar a buscar trabajo, y lo que queremos son oportunidades que no nos limiten por ser mujeres, y aprendimos que eso se gana acá en la calle”, añadió la joven.

Romina, una empleada administrativa que vino con su beba de 8 meses, dijo: “soy una trabajadora que está en blanco en un ámbito laboral en el que me reconocen mis derechos y lamentablemente eso en Argentina todavía es un privilegio; por eso vine, porque hay millones de mujeres que tienen que elegir si ser madres o trabajar y eso tiene que acabarse”.

“Mi pareja y yo tenemos trabajos estables y bien remunerados, y familias que nos apoyan en el cuidado de nuestra beba; pero hay muchas mujeres que no tienen nada de eso que debería garantizar el Estado, y así como la legalización del Aborto se parió en la calle, con esto también tiene que pasar lo mismo”, concluyó.

En la esquina de 9 de Julio y la Avenida de Mayo, la agrupación Madres de víctimas de trata se concentró bajo el lema “los prostíbulos son terrorismo de Estado”, donde montaron una gran bandera con fotos de diferentes mujeres que fueron víctimas de trata.

Una de las mujeres en ese espacio era María López de Almirante Brown, quien desde hace 10 años lucha por la aparición de su hija Ailén. “Estos 10 años representan una lucha constante en donde lamentable no somos escuchadas por la justicia por varios factores tanto judiciales como políticos”. “Nosotras luchamos para que ninguna piba más sea víctima de la prostitución”, declaró.

En las calles del centro de la ciudad, había una variedad de pintadas sobre el asfalto con frases como “existo porque resisto” o “aplicación de la Educación Sexual Integral”.

LC con información de agencia Télam

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una efeméride promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, pero que se viene celebrando desde mucho antes. La fecha está dedicada a las mujeres y su lucha por la igualdad, su participación y su empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad.

Anteriormente llamado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día era una ocasión donde las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, así como derecho al trabajo y al estudio.

En el año 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del día, que comenzó el año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces, se ha extendió a muchos otros países.

En la actualidad, el Día Internacional es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales, donde las mujeres de todo el planeta celebran y reafirman la lucha por la igualdad de derechos y contra la discriminación de género.

El Movimiento Mundial del 8M

El numerónimo “8M” se usa para referenciar el Paro Internacional de Mujeres (PIM) o el International Women's Strike (IWS), que también tiene lugar el 8 de marzo. El 8M fue creado en el 2016, con el apoyo de más de 50 organizaciones de mujeres alrededor del mundo.

La principal finalidad del Paro Internacional es visibilizar las diversas formas y expresiones de la violencia machista que sufren las mujeres en todo el planeta. Lo hacen realizando una huelga internacional de mujeres, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.

El movimiento se hace más fuerte y poderoso cada año, con el apoyo de grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres que continúan su lucha permanente para acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.

Lema 2023: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”

Todos los años, se elige un tema central para celebrar el 8 de marzo. La campaña del Día Internacional de la Mujer para el 2023 es: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”.

Para este año, se pretende reconocer y homenajear a las niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología, la cual contribuye a acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas. Las mujeres hicieron invalorables contribuciones al mundo digital, cada vez más presente en nuestra vida. Logros contra todo pronóstico, en un campo donde nunca han sido bienvenidas ni valoradas.

Asimismo, esta temática destaca la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, así como generar acciones orientadas a erradicar la violencia de género. A partir de un estudio realizado en 51 países, se supo que un 38% de las mujeres participantes declaró haber sufrido violencia en línea.

Otro aspecto importante es la incorporación de las mujeres y grupos marginalizados a la tecnología, promoviendo la igualdad de género, basados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Esto es porque, en un mundo atravesado por los avances tecnológicos, un 37% de las mujeres no tienen acceso a él.

LC

Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.

Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.

Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.

La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.

Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores. 

Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.

El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.

El caso

La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.

Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan. 

Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones. 

La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.

La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.

La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.

Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.

El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.

La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo. 

La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal. 

ED

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de la Decisión Administrativa 4/23, la cual fue promulgada por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para inhabilitar un aumento al Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional.

“El pasado 9 de enero, mediante la Decisión Administrativa 4/23, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por ser inconstitucional e ilegal”, encabeza el documento.

“En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así fue que en la Ley de Presupuesto se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”, explica la asociación civil.

La ACIJ enumeró a dónde se destinarían dichos fondos: “La mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego.”

“Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución”, agregaron.

“Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso el que debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes, y significa una afrenta al sistema republicano de gobierno”, apuntaron desde la organización.

“Por otra parte, la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. El hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados”, argumentaron.

“Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado”, señalaron. Recordaron también que “las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia”.

Por último, sostuvieron que “es urgente que el Poder Ejecutivo revierta esta decisión y asigne los aumentos dispuestos por el Congreso para garantizar derechos humanos. No hacerlo constituye una clara violación de los compromisos que ha asumido en el plano nacional e internacional”.

LC

Todos los 24 de enero es el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concientizar a la población sobre de la importancia de la educación para lograr sus objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como su papel para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, “sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”.

Para el 2023, el lema de la jornada es: “Invertir en las personas, priorizar la educación”.

¿Por qué es tan importante la educación?

La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente: ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género, reduce la desigualdad y colabora con el potencial de crecimiento económico.

Además, el derecho a la educación ocupa un lugar en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se contemplan tres puntos:

Algunos datos sobre la educación en el planeta

LC

El 2 de diciembre es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, fecha que conmemora el día en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Para recordarlo, la ONU recomendó en 1985 que este día sea proclamado “Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud”.

De todos modos, la lucha contra las formas modernas de esclavitud continúa en todo el mundo, ya que cada año millones de personas, mayoritariamente mujeres y menores, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar.

En la actualidad, la mano de obra esclava constituye la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y está dominada por grupos delincuentes organizados, que operan en muchas ocasiones con impunidad.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), millones de jóvenes son víctimas de trabajo forzado o se encuentran en regímenes de servidumbre, desempeñando las peores formas de trabajo infantil: la prostitución, el trabajo esclavizado y el peligroso, entre otras. Las cifras indican que la esclavitud no ha desaparecido, ya que alrededor de 5,7 millones de jóvenes se hallan en una situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar.

¿Qué es la esclavitud?

Tradicionalmente, la esclavitud se define como una persona bajo la condición de bien o propiedad de un tercero. Esto supone que no se les reconocieran derechos y garantías, por lo que su estatus jurídico durante mucho tiempo se asimiló al de los bienes muebles, por lo que podían ser intercambiados casi sin restricciones.

Con el paso del tiempo, la abolición de la esclavitud fue formalizándose, de a poco incorporándose en los estatutos de diversos países y fue exitosamente abordado a nivel global durante los siglos XIX y XX.

Actualmente, el esclavismo es considerado una vulneración a los Derechos Humanos, porque supone la negación de todos los atributos de una persona. Es por eso que el Derecho Internacional lo ha tipificado como un delito contra la Humanidad. Es porque representa relaciones con profundas asimetrías de poder, donde una de las partes es propietaria de la otra, afectando su libertad, voluntad y dignidad.

¿Qué son las formas modernas de esclavitud?

La esclavitud moderna se trata de aprovecharse de las necesidades económicas de las personas, haciéndoles firmar un contrato del cual nunca podrán liberarse, ya que todas las condiciones les obligan a seguir realizando esa actividad sin obtener nunca su libertad.

Claramente este tipo de contratos no son legales bajo ningún concepto, porque aunque se encuentren redactados de acuerdo a los estándares comerciales de un país, violan Derechos Humanos que están por encima de cualquier forma contractual, lo que deja sin vigencia este tipo de vínculo laboral.

Sin embargo, la mayoría de las personas que aceptan estos convenios y terminan atrapadas en una pesadilla por el temor a ser descubiertos, como es el caso de inmigrantes ilegales, para no ser extorsionados o simplemente por el miedo a no recibir la recompensa prometida, los que hace rehenes y les impide luchar por su libertad.

Las formas más comunes de esclavitud moderna

LC

Instituido por el Congreso de la Nación en el año 2004, la Ley 26.001 estableció todos los 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Se recuerda la fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un día como hoy pero de 1977. Esta asociación civil luchó para recuperar a los nietos y nietas apropiadas de manera ilegal por las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Desde un principio, las Abuelas tuvieron como objetivo localizar y restituir a sus familias legítimas todos los niños desaparecidos en el Proceso de Reorgnización Nacional entre 1976 y 1983. Por más de 40 años llevaron adelante su labor, guiadas por la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, y su resultado son los 130 nietos y nietas cuya identidad de origen les fue restituida.

Las búsqueda de las Abuelas llevó a realizar tareas detectivescas: se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, mientras que investigaban las adopciones de la época y recibían información que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos. Así, incidieron en muchos ámbitos; el político, el científico, el judicial, el educativo y el cultural.

Todavía quedan centenares de bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Se estima que fueron 500 los niños y niñas apropiados, abandonados como NN o vendidos, por lo que les fue negado su derecho a la identidad. Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos que, como sus padres, ven violado su derecho.

¿Qué es el Derecho a la Identidad?

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental para la construcción de la personalidad de cada persona; es muy importante saber sus orígenes, de dónde proviene y quién es su familia. La identidad no es sólo el nombre, apellido, fecha de nacimiento, y nacionalidad, sino la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo y conoce su historia.

La Argentina, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, asume el compromiso de velar por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a conocer y preservar su identidad, su nombre, su nacionalidad y sus relaciones familiares, así como a tener su propia vida cultural, a profesar su religión y a conservar su lengua de origen.

De los 54 artículos que conforman la Convención, las Naciones Unidas destacaron tres de los compromisos inspirados en la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo de búsqueda, reparación y ampliación de derechos. Por estas tres propuestas realizadas desde la Asociación, es que se los conoce a los artículos 7, 8 y 11 como “artículos argentinos”.

El derecho a la identidad es importante y no caduca, no distingue de edades y es necesario desde la niñez hasta la adultez, dado que es el punto de partida de otros derechos fundamentales.

Actividades por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad

Las Abuelas de Plaza de Mayo invitan a celebrar su 45° aniversario en Tecnópolis, el sábado 22 de octubre, con el festival “Abuelas 45 años, la búsqueda continúa”. Junto con los eventos conmemorativos tradicionales, habrán múltiples actividades con entrada libre y gratuita para todas las edades. Más información en este link.

LC

Con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el presidente Alberto Fernández llamó hoy miércoles a combatir el “racismo, la discriminación y la intolerancia”, y apuntó contra “alguna provincia” donde la Justicia “ha quedado sometida al poder político”, con el fin de “estigmatizar personas” y “eliminar” del debate político a opositores.

“Conmemoramos hoy la Diversidad Cultural, que es un hecho, un derecho y un motivo de orgullo para nuestra tierra. El racismo, la discriminación y la intolerancia siguen presentes en todas las sociedades y vamos a seguir combatiéndolos”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado señaló que la fecha de hoy es “una oportunidad para reflexionar sobre la injusta historia que sufrieron y sufren los pueblos originarios en Argentina”, pero también para “promover el diálogo entre todos y todas y para asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

En esa línea, recordó y citó el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna, el cual reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.

“La convivencia entre culturas y la cooperación creativa debe guiarnos en Argentina, América Latina y el mundo”, indicó el Presidente, y destacó: “Cumplir con nuestra Constitución es también no sumarse a campañas que pretenden estigmatizar a personas o poblaciones por su cultura, pensamiento político u origen. En un Estado de derecho deben respetarse las normas constitucionales que también reclaman la independencia de poderes”.

Por otra parte, Fernández apuntó: “lamentablemente alguna provincia de nuestra patria muestra ejemplos donde la Justicia ha quedado sometida al poder político”, y añadió que el Poder Judicial “ha servido para estigmatizar personas, privarlas de su libertad desatendiendo las normas del debido proceso y eliminar del escenario político a opositores”.

Concluyó diciendo: “Para respetar cabalmente nuestra Constitución, continuaremos construyendo una Argentina justa, igualitaria, intercultural y en la que los derechos humanos sean respetados”.

LC con información de agencia Télam

Todos los 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara su conmemoración en 1967. En este día, se evalúa cómo mejoró la tasa de alfabetización en los países de la organización, para lograr alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

En el 2022, el día se celebrará bajo el lema “Transformar los espacios de aprendizaje de la alfabetización” como una oportunidad para repensar la importancia fundamental de los espacios de aprendizaje de alfabetización, en pos de garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

En el contexto global actual, se ha obstaculizado el progreso de los esfuerzos literarios del mundo. Por la pandemia se tuvieron que suspender planes de educación, acentuando las desigualdades en materia educativa en todo el mundo. Profundizando aún más esta brecha, el apoyo y acceso en las nuevas tecnologías para continuar aprendiendo no es igual para todos.

A partir del 2017, se incluyó la alfabetización digital como un factor importante en la educación, ya que es la capacidad que tienen las personas para usar y entender las nuevas tecnologías comunicacionales, como es a través del Internet.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dice que es posible que casi 24 millones de estudiantes nunca regresen a la educación formal. De entre ellos, se prevé que 11 millones sean niñas y mujeres jóvenes. Hoy en día, 773 millones de adultos no poseen las competencias básicas en lectoescritura.

La alfabetización es fundamental en el mundo contemporáneo, ya que permite comunicarnos de forma efectiva con el mundo, conocerlo y ampliar nuestros conocimientos del mismo. Asimismo, nos ayuda a ser autosuficientes, lograr la independencia económica y ser competitivo en el contexto laboral y la realidad actual.

LC

Cada 28 de agosto es celebrado el Día de la Ancianidad en el país para conmemorar la declaración de los derechos de las personas de la tercera edad que impulsó la primera dama Eva Perón hace más de medio siglo.

Lo hizo ese día de 1948 al enfatizar la importancia de incluir en la Reforma Constitucional aquellas garantías que velen por el cuidado y respeto de las personas mayores. Así ocurrió un año después, en 1949, por decisión del entonces presidente Juan Domingo Perón.

¿Cuáles fueron las garantías que impulsó Eva Perón para las personas mayores?

-Derecho a la Asistencia: toda persona anciana debe contar con la protección integral por parte de su familia. En el caso de desamparo, abandono o imposibilidad mayor de llevar a cabo esta tarea, el Estado será quien deba hacerse cargo de dicho cuidado.

-Derecho a la Vivienda: toda persona debe contar con un espacio cómodo que ayude a cuidar su salud y seguridad, mediante la higiene, calefacción y medidas de resguardo del mismo.

-Derecho a la Alimentación: las personas mayores deberán contar con una alimentación adecuada para su salud, condición física, peso y edad, previamente indicada por un médico o nutricionista.

-Derecho al Vestido: promueve a garantía de una indumentaria cómoda, que se adecúe al clima y necesidades del individuo, como por ejemplo la utilización de cinturas elásticas en casos de requerirlo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Física: deberán ser asistidas para el cumplimiento de la ingesta de medicamentos, ejercicios indicados por médicos y otros requisitos que cuiden su organismo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Moral: las personas mayores serán libres de ejercitar su fe, espiritualidad, prácticas de culto o cualquier actividad que contribuya con sus gustos, preferencias y bienestar espiritual.

-Derecho al Esparcimiento: toda persona anciana debe contar con momentos de entretenimiento y goce, donde puedan de una manera controlada y segura, disfrutar.

-Derecho al Trabajo: en el caso de encontrarse en condición, la laborterapia productiva debe ser llevada a cabo para ejercitar sus aptitudes físicas, mentales y promover la autoestima.

-Derecho a la Expansión: consiste en la libertad de pensamiento y expresión, especialmente en los últimos años de vida de la persona.

-Derecho al Respeto: toda persona mayor merece respeto, empatía y consideración por parte de todos los individuos de la sociedad.

CC

Desde el principio de los tiempos, nuestros antepasados más remotos han observado el cielo. La cosmovisión de todos los pueblos, sus creencias y religiones, su filosofía, su cultura y su relación con la naturaleza, entre otras cosas, se han relacionado en buena medida con la contemplación de las estrellas. En el último siglo, sin embargo, tal como sucede en muchos otros aspectos, nos hemos alejado de la tradición y de lo natural. La luz artificial nos impide ver los astros. Como escribió el filósofo británico Bertrand Russell hace más de 85 años: “Hemos borrado los cielos”.

Según las estimaciones de los científicos, uno de cada tres seres humanos vive en lugares desde donde la observación de la Vía Láctea es literalmente imposible. Muchas personas jamás han contemplado el fascinante espectáculo de un cielo rebosante de estrellas, esa especie de mar de luz que dibujan los cuerpos celestes en la bóveda nocturna. Es por eso que, desde hace varios lustros, diversas organizaciones buscan concienciar a la población para proteger el derecho a ver las estrellas.

¿Por qué es tan importante poder observar el cielo nocturno? Sobre todo, por el contacto con la naturaleza que representa. Observar las miles de estrellas que pueblan el cielo en sitios con poca o ninguna contaminación lumínica ayuda a tener una mayor conciencia del ínfimo lugar que ocupamos en el universo.

Además, el cielo estrellado ha sido fuente de inspiración para innumerables artistas, ha permitido orientarse a incontables viajeros de todas las épocas, ha permitido desarrollar la creatividad y a la imaginación al dar lugar a toda clase de mitologías e historias a lo largo de los siglos. De todo eso hablan Maribel Parra Lledó y Miguel Ángel Paredes, expertos del Museo de la Ciencia y el Agua, de Murcia, en su artículo ¿Qué perdemos cuando perdemos el cielo nocturno?, incluido en el libro El lado oscuro de la luz, de 2014.

El derecho a un cielo puro

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación Jacques Cousteau presentaron en 1994 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras. Tal documento, conocido como la Declaración de La Laguna -pues fue en esa universidad tinerfeña donde se firmó-, ya incluía la necesidad de legar a la gente del futuro “una Tierra indemne y sin contaminar, comprendiendo el derecho a un cielo puro”.

Esta fue la base de la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, establecida por la Unesco a finales de 1997. Una década más tarde, en abril de 2007, se realizó la primera Conferencia Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y del Derecho a Observar las Estrellas, en la isla de La Palma. No es casual, desde luego, que muchas de estas reuniones tengan lugar en Canarias: es un sitio privilegiado para la observación del cielo, dada la escasa contaminación lumínica -también llamada fotopolución- existente allí.

En esa conferencia se firmó la llamada Declaración StarLight (literalmente, “Luz Estelar”), que en su primer punto establece lo siguiente: “El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a su repercusión en la conservación de la diversidad biológica”.

La Declaración, en su artículo segundo -de un total de diez-, subraya que “la progresiva degradación del cielo nocturno ha de ser considerada como un riesgo inminente que hay que afrontar, de la misma manera que se abordan los principales problemas relativos al medio ambiente y a los recursos patrimoniales”. Desde la firma de este documento, en cada mes de abril, se convoca el Día Mundial Starlight. La propuesta es apagar todas las luces durante una hora de la noche para poder contemplar las estrellas.

La contaminación lumínica

Las consecuencias negativas del exceso de luz van mucho más allá de no poder ver el cielo estrellado. La luz blanca de la tecnología LED posibilita ahorrar energía, pero ha introducido un tipo de luz que no ha existido nunca en la naturaleza y que perjudica los ritmos circadianos de las personas. En concreto, puede ser causa de insomnio, estrés, diabetes y obesidad. Más aún, un estudio publicado en 2016 por científicos de Malasia y Australia concluyó que el exceso de luz artificial durante la noche está ligado de manera significativa con diversos tipos de cáncer.

Y no solo sobre los seres humanos: también hay consecuencias negativas para el medio ambiente. Por una parte, las alteraciones que el exceso de luz ocasiona sobre los hábitos de alimentación y reproducción de muchísimas especies animales, que dependen de sus hábitos nocturnos para vivir. Por la otra, la contribución al cambio climático de la energía que se derrocha en luz que en realidad no necesitamos.

Replantear el alumbrado de las ciudades

El principal foco de contaminación son, claro está, las ciudades. Por eso, el objetivo señalado por los expertos es “un planteamiento sostenible y de equilibrio ecológico con su entorno”, el cual contemple la “minimización de la contaminación lumínica”. Para tal fin, “es necesario replantear el alumbrado y cambiar las tendencias irracionales y derrochadoras de las últimas décadas”. Así lo señala Cipriano Marín Cabrera, coordinador de la Iniciativa Starlight en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en un artículo publicado en la revista del Colegio Oficial de Físicos.

Cuando en 1994 un terremoto causó un corte del suministro eléctrico en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas de gente que advertía “una extraña nube plateada” en el cielo y quería saber si entrañaba algún peligro. Tal nube no era otra cosa que la Vía Láctea, que muchas de aquellas personas estaban viendo por primera vez. La búsqueda de que se respete el derecho a ver las estrellas procura evitar esa clase de episodios: que no sea necesaria una catástrofe o un apagón masivo para que podamos acceder a uno de los espectáculos más imponentes que ofrece el universo.

C.V.