“Una sociedad se define no solo por lo que crea, 

sino también por lo que se niega a destruir“

John Sawhill

La primavera marca el despertar de la naturaleza tras el invierno: es un período con días más largos y temperaturas más cálidas, en donde brotan nuevas hojas en los árboles y florecen las plantas. En esta estación solemos disfrutar más la belleza de los ecosistemas y nos da ganas de estar en mayor contacto con ella. Hacemos más planes en parques, decoramos nuestros hogares con flores y saboreamos aún más una buena bocanada de aire. Sin embargo, su importancia va mucho más allá. Los ecosistemas desempeñan funciones cruciales que a menudo pasan desapercibidas. Su verdadero valor suele reconocerse sólo cuando ya están degradados. Si no reconocemos pronto ese valor, ponemos en riesgo futuras primaveras.

En un ecosistema suceden en simultáneo muchos procesos e interacciones complejas que son esenciales para su automantenimiento, como la polinización de las abejas, la descomposición de la materia orgánica por bacterias y hongos y la fotosíntesis de las plantas. Es a partir de ese funcionamiento que surge una variedad de servicios ampliamente utilizados e indispensables para la sociedad: los servicios ecosistémicos.

Los servicios ecosistémicos son variados y generan distintos beneficios para las sociedades. Algunos son tangibles y perceptibles, como la biodiversidad (plantas, animales, microorganismos), o la capacidad de los ecosistemas de generar alimentos, combustibles y agua dulce. Son el marco para el turismo y las actividades de recreación (quién no quedó maravillado con la belleza de algún rincón de la Argentina), así como también representa la cultura y tradición de la población que habita en un determinado lugar. Otros servicios ecosistémicos son menos visibles para el ojo humano, pero no por ello menos esenciales. La fotosíntesis que realizan las plantas, por ejemplo, no es algo que notamos en nuestro día a día, pero cumple un rol central dado que a través de ese proceso las plantas capturan y almacenan dióxido de carbono de la atmósfera, aportando a la regulación del clima global.

Un servicio ecosistémico tiene la peculiaridad de que lo da la naturaleza y de forma gratuita. Por eso, nos cuesta verlo como un “servicio”: damos por sentado que siempre estuvieron allí, y que siempre lo estarán, pero la realidad es que los desequilibrios relacionados con la degradación de los ecosistemas y los impactos del cambio climático ponen en riesgo la capacidad de la naturaleza de proveerlos. Además, a diferencia de los servicios económicos tradicionales, como un corte de pelo, la instalación de un aire acondicionado o una suscripción a Spotify, los servicios ecosistémicos no están completamente integrados en los mercados ni adecuadamente cuantificados. Si se reconociera el valor económico de estos servicios, los ecosistemas serían como una gran empresa, competitiva y con presencia en todos los mercados del mundo. Tienen escaso peso en las decisiones políticas y a menudo su importancia recién se vuelve evidente cuando ya no los tenemos: ¿cuánto vale la sombra de un árbol en un día de calor? ¿Cuánto vale una lluvia después de varios días de sequía? ¿y el aroma de las flores en primavera?

El valor de los ecosistemas es enorme. Si bien es difícil cuantificar su valor, podemos de algún modo dimensionar su contribución económica en los procesos productivos. El World Economic Forum estima que más de la mitad del PIB mundial depende en forma directa de la naturaleza y sus servicios. La polinización, realizada principalmente por las abejas, es crucial no sólo para la reproducción de las flores en primavera, sino también para el desarrollo de distintos cultivos con importancia económica. En Argentina, se estima que la contribución económica de las abejas a la producción de soja es de 3300 millones de dólares anuales, cerca del 24% del valor que exportó el complejo sojero en 2023. Por otra parte, un ecosistema boscoso, además de proveer madera, intercepta parte de la lluvia, ayudando a prevenir inundaciones en zonas urbanas cercanas ¿Cuánto se podrían ahorrar evitando estos fenómenos naturales extremos en Argentina con la ayuda de los bosques? Si somos modestos, hasta 500 millones de dólares: un número cercano al monto que se anunció desde el gobierno nacional destinado a la construcción de un puerto en las orillas del Paraná para la exportación del sector agroindustrial. 

Parece evidente que hay una dependencia directa de la economía y la sociedad con los servicios ecosistémicos, y eso da motivos para avanzar hacia prácticas de conservación y restauración de los ecosistemas. En ese sentido, el concepto de los pagos por servicios ecosistémicos (PSE) ha ganado importancia tanto a nivel internacional como local. 

El valor de los servicios ecosistémicos 

Por más extraño que parezca asignar un valor a un servicio que ofrece un ecosistema y pagar por ello, es algo que está sucediendo tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. De hecho, ocurre en la Argentina, aunque de forma incipiente. 

Una de las primeras experiencias en Latinoamérica sucedió en Costa Rica en 1990. A través de la recaudación del impuesto a los hidrocarburos y de otros recursos financieros, el Gobierno centroamericano ha realizado pagos a propietarios de tierras con bosques para que los protejan. Así como suena: el Estado redirecciona parte de los ingresos fiscales generados por el consumo de combustibles fósiles, que tiene consecuencias ambientales negativas, para preservar y proteger el conjunto de la naturaleza. A 2023, se registraron un total de 206.000 hectáreas de bosques beneficiadas. Un poco más de diez veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. 

México, al igual que Costa Rica, es considerado un país líder en el desarrollo de pagos por servicios ecosistémicos (PSE) en Latinoamérica. El Gobierno federal mexicano cuenta desde 2003 con un programa de PSE que promueve acciones integrales para la conservación de los ecosistemas forestales. Al año 2022, se mapean un total 3.221proyectos beneficiados, de los cuales el 8% fueron para pequeños propietarios dueños de terrenos forestales, equivalente a 2,3 millones de hectáreas boscosas. Es como si la provincia entera de Tucumán estuviera completamente cubierta de bosques.

En Argentina el desarrollo de PSE está un poco más rezagado, aunque existen incentivos, realidades y capacidades que están impulsando estos esquemas. Respecto a los primeros, está bastante claro que abundan: tenemos una variada gama de ecosistemas, y la dimensión ambiental y económica que pueden tener los servicios ecosistémicos para nuestro país es enorme. Con respecto a las realidades, existen distintas normativas ambientales tanto nacionales como subnacionales, que propician el desarrollo de PSE: la más importante es la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (también conocida como Ley de Bosques), que marcó un hito  al institucionalizar el concepto de servicios ecosistémicos. También introdujo dos elementos claves: el mandato para las provincias de realizar un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos; y creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el fin de fortalecer a las autoridades nacionales y provinciales de aplicación y apoyar económicamente los planes de manejo forestal sostenible de los propietarios de tierras. Todos pasos correctos en la dirección  de reconocer el valor de los servicios ecosistémicos (de allí que sea inquietante el intento —evidenciado en la malograda Ley Ómnibus de comienzos de este años—  del gobierno nacional de derogar esta Ley o de minar sus alcances.

Otro reflejo de las capacidades en Argentina es el caso de Misiones, considerada la “Amazonía argentina”. La provincia, que también cuenta con su Ley XVI-7 de Bosques y un vasto marco normativo orientado a la protección y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, está planeando valorizar el aporte de los bosques en la captura de carbono y comercializar ese servicio a través de créditos de carbono en el mercado internacional voluntario de carbono. 

Reconocer el valor de los servicios ecosistémicos no es solo un ejercicio teórico: es una necesidad urgente para asegurar la sostenibilidad de sociedades y economías. Más allá de las experiencias de los países mencionados, la pérdida de servicios ecosistémicos es un problema del planeta, no de una, dos o diez naciones. En última instancia, si no preservamos y valoramos los servicios que la naturaleza nos ofrece, podríamos enfrentar un futuro en el que las primaveras no sólo sean menos exuberantes, sino también menos seguras y prósperas.

Franco Mendoza es analista de Recursos naturales de Fundar.

María Fernanda Villafañe es analista de Economía de Fundar. 

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.

En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental. 

Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.

“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?

Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral 

El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN. 

Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.

Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos

El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.  

Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).

De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN. 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos

El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.

En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.

“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente

El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país. 

“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.

El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales

Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.

De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”. 

Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”. 

Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector. 

De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente. 

Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:

Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas

A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.

Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles. 

Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.

“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.

Con información de FARN.

IG

En Thy, el paisaje se despliega en un mar de dunas vírgenes, retorcidos bosques de sitka y tradicionales pueblos pesqueros que forman parte del parque nacional más antiguo de Dinamarca. Este extremo norte de la península de Jutlandia es también uno de los parajes más agrestes y cautivadores del país nórdico. Aquí la naturaleza es moldeada por el viento, el mar, la sal y la arena movida por las tormentas del Mar del Norte.

Adentrarse en un bosque de sitka es como entrar en una catedral. Los imponentes pinos pueden llegar a los 50 o 70 metros de altura, como las columnas de una basílica. El bosque es oscuro, pero en algunos momentos entre las ramas se cuela un rayo de sol de finales de invierno que provoca el mismo efecto que la luz atravesando el vitral de una iglesia. Rodeado de árboles, a uno le envuelve una sensación de belleza y misterio, de la misma forma como si estuviera en un templo.

En un rincón de 120 hectáreas en este vasto bosque se está llevando a cabo un experimento como parte de un novedoso plan de reforestación financiado por la Unión Europea. El objetivo es hacer que la naturaleza sea más resistente a las amenazas del cambio climático y parar la pérdida de biodiversidad que está sufriendo el territorio. Para ello, el admirado paisaje en Thy está en vías de sufrir un cambio radical, devolviéndolo a un estado más salvaje que ayudará a reconfigurar cómo serán los bosques europeos en el futuro.

Volver el bosque más salvaje

En el idílico bosque de coníferas ensordece el rugir de las motosierras y los camiones apilando los monumentales árboles talados de raíz. En este punto, el bosque ha sido completamente arrasado dejando un claro lleno de ramas y troncos caídos. “En realidad, lo que intentamos es liberar los procesos naturales, eso convertirá ese paisaje en un lugar más hospitalario para otras especies de animales y plantas, y no solo para los humanos” explica el trabajador forestal y antropólogo de la Agencia de Naturaleza, Malthe Barnkob Lehrmann.

De hecho, como cuenta Lehrmann, los pinos de sitka son una especie invasora, a pesar de llevar más de 200 años cubriendo este bosque. Esta especie de árbol fue introducida por el hombre para parar el avance de las dunas de arena próximas de la playa, y también se ha utilizado durante años para la producción de madera. “Pero el hecho de que sea un monocultivo significa que está ahogando al resto de flora y fauna autóctona, provocando que el bosque sea mucho más vulnerable a ser devorado por plagas de hongos o incendios en el futuro” dice Lehrmann.

Tras la drástica tala del bosque, la agencia de la naturaleza tiene previsto reintroducir en el área algunas especies de árboles y arbustos nativos. También se están eliminando los sistemas de drenaje que durante años se habían utilizado en esta plantación de pinos. Esto provocará que la zona quede parcialmente inundada de forma natural por las lluvias o el deshielo. Además, se están creando corredores para que pueda entrar mucha más luz en el bosque, ya que antes de la intervención humana la vegetación era menos espesa, lo que permitía que crecieran más plantas y atraía a más animales como insectos y pájaros. Otra de las acciones de reconstrucción del bosque es retirar y remover la capa del suelo para dejar expuesta la tierra calcárea debajo, lo que favorecerá la creación de microhábitats para insectos.

La gente siente un apego emocional con la naturaleza y su territorio, aquí tenemos una naturaleza bonita y estamos muy orgullosos de vivir en Thy, pero el bosque está cambiando tanto que ya no parece Thy

Pia Slot — 62 años, vecina de Thy

Todas estas intervenciones se están llevando a cabo en Thy en un plazo de cinco años en el marco del proyecto llamado Superb, impulsado por el European Forest Institute de la UE. Este proyecto combina novedosas medidas de restauración forestal que se están poniendo en marcha en 12 puntos de la UE, incluida entre ellas un área de 5.000 hectáreas de bosque en Castilla y León. En total, el proyecto cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros y desde las instituciones europeas se prevé que la restauración forestal se deberá aplicar al 20% de la superficie terrestre y marina de la UE en un período de seis años. Pasado este tiempo, estas medidas se aplicarán en todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí al año 2050.

Incluir a la comunidad local

Sin embargo, no todo el mundo en Thy está de acuerdo en invertir el uso humano y productivo que hasta ahora ha tenido el bosque para devolverlo a un estado natural más salvaje. Pia Slot (62 años) recuerda cómo desde pequeña montaba en poni por el bosque, algo que asegura que ya no podrá hacer en el futuro con sus nietos cuando la zona quede semiinundada y la naturaleza haya ocupado lo que antes eran caminos entre los árboles. Slot asegura ser escéptica con el proyecto de reforestación, igual que muchos de sus vecinos: “La gente siente un apego emocional con la naturaleza y su territorio, aquí tenemos una naturaleza bonita y estamos muy orgullosos de vivir en Thy, pero el bosque está cambiando tanto que ya no parece Thy”, asegura.

Pia Slot representa a parte de la comunidad local que se siente excluida en el proceso de tomas de decisión para transformar el parque: “Estamos de acuerdo en que es bueno aumentar la biodiversidad del bosque, pero pedimos que no nos excluyan de la ecuación”. Las protestas de los vecinos con el proyecto Superb se resumen en que el bosque tardará décadas en reforestarse, y, además, critican que se esté experimentando con soluciones en un entorno natural tan preciado.

Desde la Agencia de Naturaleza danesa admiten que involucrar a la comunidad local en el proyecto “es clave para comunicar el trabajo que se está haciendo”. “Además, estamos abiertos a las peticiones y sugerencias que nos hacen los vecinos, de esta forma se crea un vínculo de responsabilidad con la protección del medio ambiente más fuerte”, dice Malthe Barnkob Lehrmann.

En uno de los talleres que la agencia gubernamental organiza, Pia Slot expresa: “Estamos redefiniendo lo que son los bosques, este es el cambio de paradigma”.

Primeros brotes de regeneración

En un claro, Jan Durinck recoge las primeras evidencias de que la vida animal ya ha aumentado en el bosque. Durink analiza los sonidos de alta frecuencia que hacen los murciélagos por las noches. En el bosque de sitka, “en una noche de verano antes se registraban una actividad de 0.7 sonidos” dice Durinck. Ahora, en las zonas del bosque donde se han creado charcos de agua para atraer a los insectos “fácilmente se registran 10 o 20 sonidos, y hasta 150 en una noche de mucha actividad”, asegura el experto.

Quienes también parecen entusiasmados por el proyecto son los alumnos de la escuela secundaria local. Una parte del proyecto Superb pasa por involucrar a las generaciones más jóvenes en la reforestación del paisaje. De este modo, los alumnos de la escuela tienen libertad para reconvertir un área de bosque como ellos prefieran.  Esta mañana, a pesar de los cero grados, Alfred Omø Küpper (17 años) y Mona Hamilton (16 años), junto a sus compañeros de clase, han replantado árboles y han creado unas estructuras para atraer a los insectos: “En vez de todas las charlas sobre los efectos del cambio climático que ya sabemos, es bueno tener esta experiencia y ponerse manos al asunto” asegura Alfred. A su lado, Mona añade: “Aunque sea a una escala muy pequeña, me gusta formar parte del cambio en el bosque, y todo empieza aquí”.

En la Cámara de Diputados hubo prioridades y cuestiones “secundarias” para la mayoría de los legisladores que este miércoles se reúnen para votar o rechazar la ley ómnibus de Javier Milei. El resultado de lo que es prioridad y de lo que no para los diputados es que las leyes ambientales están en riesgo y, con ellas, todo lo que protegen y garantizan. Así surge de las conversaciones y consultas realizadas por elDiarioAR en los últimos días.

Entre otras normativas que protegen el ambiente, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, la Ley de Quema y la ley de manejo del fuego están en peligro de perder sus artículos centrales, en caso de que se apruebe el proyecto de ley Bases tal como figura en el dictamen de mayoría.

El futuro de la ley ómnibus es incierto: todo indica que la mayoría de los bloques, tanto oficialistas como aliados y opositores, darán quórum y habrá una sesión maratónica para tratar artículo por artículo o capítulo por capítulo del proyecto de Milei.

Los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), que suman 57 bancas consideradas parte de la oposición “dialoguista”, anunciaron este martes que bajarán al recinto y votarán a favor, pero sólo en general. Para la votación en particular, habrá libertad de acción, ya que los diputados de ambos bloques tienen posturas divididas. Al menos hasta ahora, una de las razones que los divide es qué prioridad dar al capítulo ambiental. 

“En la votación artículo por artículo es cuando los diputados tienen la oportunidad de fijar postura sobre los artículos ambientales de la ley ómnibus. Va a ser el momento en que los diputados demuestren sus convicciones. Estamos a tiempo de frenar esto y son los diputados, como representantes de la voluntad popular, los que tienen la oportunidad de hacerlo”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, una de las ONGs que expuso ante los diputados en el plenario de comisiones. La organización se reunió con casi todos los bloques menos el de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que rechazaron el diálogo.

Otras prioridades

Las negociaciones encabezadas por diputados de los bloques aliados con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental. “Somos pocos los que tenemos compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos relacionados con la protección al ambiente”, se lamentó un diputado de la oposición en diálogo con elDiarioAR.

El nivel de desconocimiento sobre el capítulo ambiental que mañana votarán los diputados es otro punto de conflicto. Mientras unos pocos intentaron instalarlo en la agenda de negociaciones con el Ejecutivo, otros ni siquiera saben cuáles son las modificaciones a las leyes ambientales que votarán este miércoles. Así lo admitieron en el bloque de la UCR ante la consulta de este medio.

“Dentro de cada bloque (de los aliados que mantienen diálogo con el Gobierno) hay sólo dos o tres diputados que empujan para que el capítulo ambiental no sea votado en el recinto”, explicó un diputado. “Es muy triste”, agregó. “Estamos tratando de que entiendan pero somos pocos”, afirmó el legislador.

Para los diputados comprometidos con la legislación ambiental las modificaciones que plantea la ley ómnibus son inconstitucionales, violan principios básicos de la Carta Magna y del sistema democrático, como el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades. 

Pesca, sí

El capítulo sobre la pesca, que tiene alcance ambiental, sí estuvo entre las prioridades de los gobernadores de las provincias afectadas por la propuesta del Gobierno. El destino fue completamente distinto porque había un interés económico que afectaba a una región en particular, las provincias con actividad pesquera y puertos. El caso demostró que cuando quieren, los diputados pueden. O mejor dicho, cuando los gobernadores quieren, los diputados pueden. “No se dimensiona que el daño ambiental no tiene marcha atrás”, aseguró un diputado.

“Todos los diputados con los que pudimos hablar entendían que no existe urgencia para tratar el capítulo ambiental en sesiones extraordinarias, con apuro, sin brindar un debate como corresponde en las comisiones correspondientes”, afirmó Jaramillo.

“Los diputados también dijeron entender que la ley ómnibus implica la modificación sustancial de leyes de protección al ambiente que se lograron con años de lucha, de participación y esfuerzo ciudadano”, agregó el director de Fundación Vida Silvestre.

Jaramillo explicó que, de hecho, la comprensión existe porque el único dictamen que mantiene las modificaciones a las leyes ambientales es el de mayoría, que presentó el oficialismo, y entre las disidencias de quienes los apoyaron se encuentran menciones a los temas ambientales. “Entonces no se entiende cómo el oficialismo insiste con llevar al recinto un proyecto de ley que mantiene el capítulo ambiental. Seguimos conversando con los diputados sobre esto. El pedido es diputado por diputado, confiamos en quienes han expresado su compromiso con la naturaleza y las personas”, aseguró Jaramillo.

ED/JJD

El Gobierno de Javier Milei envió el viernes último un documento con las propuestas a modificaciones en el proyecto de Ley Ómnibus que incluyen cinco posibles adaptaciones a los cambios que los libertarios buscan imponer en las leyes ambientales, como la Ley de Bosques, la Ley de Quema y la de Glaciares. Para los diputados de la oposición, no está claro aún cómo quedarían esos cambios plasmados en el texto definitivo de la megaley y esperan mayores definiciones por parte del Ejecutivo. También sostienen que los cambios están muy lejos de las objeciones en materia ambiental que realizaron los diputados a los funcionarios del Gobierno durante el plenario de esta semana, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR.

Las negociaciones encabezadas por diputados de los distintos bloques con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental.

La Fundación Vida Silvestre fue una de las que intentó dialogar con todos los sectores de la Cámara de Diputados y logró reunirse con integrantes de casi todos los bloques e interbloques, menos con quienes no quisieron recibirlos: La Libertad Avanza -nunca respondió el pedido enviado por escrito- y el PRO. Sólo la diputada Marilú Quiroz (PRO) los escuchó, según una publicación en Instagram de la organización ambientalista. La entidad envió este viernes por la tarde una nueva carta a los presidentes de los bloques en la que les solicita no votar la Ley Ómnibus incluso son las nuevas modificaciones, debido a que están muy lejos de lo esperado. Esta nueva propuesta “sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios. Estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al país en materia de protección ambiental”, afirmó.

Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal.

Margarita Stolbizer — Diputada Gen e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

“Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que integra el interbloque Hacemos Coalición Federal. “No se explica la urgencia ni han sido fundamentados sus beneficios para la economía y para morigerar la situación de crisis”, explicó Ferraro sobre las modificaciones que el Gobierno quiere imponer en materia ambiental. “También vemos que algunas propuestas son regresivas y rompen con principios de la ley general de ambiente”, agregó el diputado.

“La concepción política ideológica que tiene este proyecto, que está expresado incluso en los fundamentos del mensaje de envío, es una cuestión muy dirigida a una liberación del mercado, de un capitalismo a ultranza, prácticamente deshumanizado. Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal”, aseguró Margarita Stolbizer a elDiarioAR.

La diputada del GEN e integrante del mismo interbloque. “Tiene que ver con la desprotección, la autorización, habilitar negocios en zonas o en ámbitos que tenían la protección ambiental y ahora no lo tienen. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de aquellos ámbitos, fondos o recursos que estaban destinados a la protección ambiental”, afirmó Stolbizer, 

Sobre el documento que circuló este viernes con propuestas de cambios del Gobierno, Ferraro afirmó: “No podemos sacar conclusiones del punteo que circuló ayer en el que no quedan claras las modificaciones que estaría proponiendo el Ejecutivo sobre el capítulo ambiental”. “A priori, parecería que han cedido en algunos aspectos pero seguimos esperando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición, más allá de que creemos que este capítulo no debería bajar al recinto. En todo caso, habría que debatir lo que haya que debatir en sesiones ordinarias”, dijo Ferraro.

“Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo presente estas propuestas en el período ordinario y se discutan en las comisiones competentes. Al capítulo ambiental solo se le dedicaron unas pocas líneas en los fundamentos de la Ley Ómnibus”, argumentó el diputado de la CC. “La normativa ambiental vigente exige una amplia participación en la toma de decisiones ambientales, por lo que un debate exprés resulta inadmisible. Seguiremos trabajando para que esta sea la postura que prime”, agregó Ferraro.

Incluso con leyes que protegen los bosques y glaciares, el avance sobre el ambiente ha sido un hecho. Las normativas han permitido frenar, ralentizar, exponer y sancionar dicho avance. Por ejemplo, el último informe de Greenpeace sobre desmontes determinó que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas -superior a la del año anterior, con 118.805 hectáreas- y advirtió sobre la ilegalidad de todos los desmontes realizados en Chaco, suspendidos por la Justicia provincial, y de más del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Un escenario sin estas leyes sería catastrófico y un triunfo de quienes las han violado o intentado violar desde su vigencia, coinciden las organizaciones.

Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus.

Maximiliano Ferraro — Diputado de la Coalición Cívica (CC) e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

Ley de Bosques

La modificación que plantea el proyecto original deja a más del 80% de los bosques nativos de la Argentina desprotegidos y a merced de los negocios y desmontes a gran escala. “Implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos”, determinaron un centenar de organizaciones en una carta abierta a los diputados.

La Ley 26.331 clasifica a los bosques en tres categorías: roja (conservación estricta), amarilla (uso sostenible) y verde (posible cambio de uso del suelo previo EIA y audiencia pública), conforme un proceso participativo de ordenamiento territorial liderado por las provincias, con control de la Nación, explicó la FARN en un escrito. 

Tras las negociaciones con la oposición, el Ejecutivo envió este viernes a Diputados una serie de propuestas que modificarían el proyecto original. El Gobierno habría accedido a eliminar la modificación del artículo 26 de la ley, el que establecer que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de la participación ciudadana y el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.

También habría propuesto agregar un artículo para garantizar los fondos para nutrir el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos para 2024.

Ley de Glaciares

El Gobierno quiere modificar la ley 26.639, que garantiza la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas. 

“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó FARN en un escrito.

En la propuesta de este viernes, el Ejecutivo sólo habría accedido a modificar el artículo 6 para “dar más claridad a la reforma”. “Nos preocupa, por ejemplo, que habría una modificación al artículo 6° de la Ley de Glaciares que actualmente prohíbe la actividad minera en los glaciares y el ambiente periglacial. Seguiremos aguardando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición”, dijo el diputado Ferraro a elDiarioAR.

Ley de Control de Fuego

Ley 26.562 controla las actividades de quema. Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. 

“Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicó Fundación Vida Silvestre. 

El Gobierno habría accedido a eliminar el artículo 497 que modifica esta parte de la ley, de acuerdo al documento que circuló este viernes.

“El 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”, explicó FARN.

El proyecto original mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización pero establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

En las propuestas del viernes, el Ejecutivo también habría accedido a ampliar ese plazo a 90 días, tras las reiteradas objeciones de distintos sectores de la oposición. 

Ley de pesca

Ley 24.922 garantiza el Régimen Federal de Pesca y las modificaciones propuestas facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, sin usos que sigan pautas de conservación ni la consideración de los impactos sobre la biodiversidad marina, explicó Fundación Vida Silvestre en un comunicado.

“El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP)”, explicaron las organizaciones en la carta enviada a los diputados. 

La Ley Ómnibus deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. “Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y estas modificaciones que pretende el Ejecutivo “provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, agregaron. 

Ante las quejas de los gobernadores de las provincias que se verían afectadas, el Gobierno aceptaría dar marcha atrás con al menos algunos cambios de esta ley.

Sin renovables y mercados de carbono

La Ley Ómnibus no plantea cómo llevar adelante la transición energética hacia una matriz  más limpia, a través de energías renovables, ni establece el camino para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030 y carbono neutralidad a 2050, que el país se comprometió a cumplir en el marco del Acuerdo de París. 

Lejos de eso, el proyecto de ley establece mercados de derechos de emisión de GEI. “Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones según el Inventario Nacional de GEI”, explicó FARN en un artículo. 

Los mercados de carbono que habilita la nueva ley son “un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva”.

“Los mecanismos de mercado de carbono deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales de la ciudadanía”, afirmó FARN.

El proyecto de ley privilegia al sector hidrocarburífero con medidas como la extensión de las concesiones a 35 años para yacimientos no convencionales y a 30 años en el caso de la explotación de la plataforma continental y el mar territorial, explicó FARN en un documento. Además, la organización afirmó que “la forma de otorgamiento de permisos es flexibilizada y se fija que las regalías constituyen la única suma que pueden recibir las jurisdicciones titulares de dominio de hidrocarburos”.

ED/MG

Cinco días antes de la segunda vuelta de las elecciones generales celebradas en noviembre, un nutrido grupo de “personas dedicadas a la conservación de la biodiversidad”, entre los que se encontraban “técnicos/as, guardaparques, académicos/as y naturalistas” emitió un comunicado manifestando su predilección por Sergio Massa, candidato oficialista, debido a su “compromiso para enfrentar y buscar acciones concretas para mitigar el efecto del cambio climático y garantizar la protección de la biodiversidad”. A su vez, recordaban que Javier Milei, su contrincante, “niega abiertamente el cambio climático; manifiesta que no sería delito contaminar ríos; propone privatizar el mar; se muestra en contra de la creación de áreas naturales protegidas y declara que la investigación en conservación es un gasto que no corresponde a la situación del país”.

La mirada previa del mundo científico-ambientalista explicaba por sí misma el significado que podía tener en los próximos cuatro años un triunfo opositor en las elecciones. El acceso de Milei a la Presidencia ha confirmado rápidamente lo que se suponía y ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la imperiosa necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta el momento, según precisan, siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.

Durante su campaña, entre otras afirmaciones, el nuevo mandatario expresó su determinación para eliminar el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desintegrar la Administración de Parques Nacionales o reducir de manera sensible la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal centro de estudio e investigación para la gente de ciencia dedicada a los temas de biodiversidad y medio ambiente. La primera de esas medidas ya se concretó. El ministerio ha sido eliminado como tal y pasó a ser una subsecretaría dependiente de la cartera de Interior.

Por otro lado, el Presidente firmó un megadecreto de más de 300 artículos que continuó con la presentación de un proyecto de “ley ómnibus” que en sus 660 artículos pretende modificar todas las áreas y estructuras de gobierno, y desde ya, afecta a varias normas y disposiciones medioambientales.

El primer decreto determina la derogación de la ley de Tierras. El propio Javier Milei explicó que su eliminación es necesaria porque “limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. En la práctica, su puesta en funcionamiento habilitaría la adquisición de áreas rurales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, sin restricciones de tamaño ni control sobre su uso. Y aunque en algún momento se mencionó la posibilidad de modificar la ley del Manejo del Fuego, que prohíbe la venta de terrenos incendiados de manera intencional durante plazos de entre 30 y 60 años, finalmente este punto no fue incluido. Lo más grave, de todos modos, estaba por llegar.

La subsiguiente “Ley ómnibús”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo de manera significativa su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean en tierras; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que actualmente integran las categorías con el más alto nivel de protección. Una carta redactada por más de un centenar de organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que la aprobación de la medida “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80% de los todavía existentes en el país.

En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero”, según la mencionada carta, que agrega que, de concretarse, constituirá “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú”. 

La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, es decir, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (cabe recordar que en los últimos años, los incendios sin control han devastado cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno. En este sentido, la norma presentada al Congreso no indica de qué manera se llevará a cabo la transición energética ni cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París, según las organizaciones ambientalistas.

El proyecto también pretendía abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentino a los barcos extranjeros, quitando —entre otras muchas cosas— la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta generalizada de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el Gobierno contemple negociar y discutir estas reformas. 

Al megadecreto presidencial y la “Ley ómnibus” les quedan todavía varias etapas parlamentarias y judiciales que superar para poner en marcha todos los cambios previstos, pero sin duda anticipan que los desafíos ambientales de la Argentina deberán afrontar más dificultades que nunca.

El extractivismo como apuesta y reto

Durante todo 2023, los economistas de cualquier vertiente política se empeñaron en pronosticar un venturoso 2024 para las finanzas del país. “Campo, litio, gas y petróleo” fue la repetida fórmula para certificar que el siempre prometido y nunca cumplido desarrollo está a punto de llegar de la mano de lo que el mercado llama commodities.

“Sabíamos que la agenda productiva iba a profundizarse porque ambos candidatos eran favorables al avance de inversiones y sectores económicos estratégicos con prácticas y formas extractivas de proceder”, señala Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La realidad indica que Argentina necesita generar divisas, y lo que tiene más a mano para lograrlo son los recursos naturales”, ratifica Eduardo Crespo, economista argentino de la Universidad de Río de Janeiro especializado en Desarrollo Económico. Los métodos que se elijan para llevar adelante esta apuesta que intentará alcanzar el postergado desarrollo argentino tendrá sin duda un reflejo directo en sus variables ambientales.

“El consumo es el principal motor de la economía y, al mismo tiempo, el principal determinante de los impactos ambientales. Es una matriz que funciona mediante el deterioro de las condiciones materiales que la sustentan y logra éxito a corto plazo: puede generar trabajo y mejorar los ingresos de la gente, pero a costa de destruir el ambiente del cual depende en última instancia”, explica Juan Ignacio Arroyo, economista especializado en energía, ecología y cambio ambiental.

La misma premisa marca la opinión de Pablo Berrozpe, quien fue Director Nacional de Conservación durante los últimos cuatro años: “Pensando en el futuro es necesario dar la discusión cultural respecto a la restauración ecológica e intervenir para ponerle coto al cambio de uso de suelo, recuperar montes y bosques y promover una transformación productiva compatible con el desarrollo ecológico”.

A partir de estas certezas, el reto para las organizaciones ambientalistas es cómo hacer para que su discurso, contrapuesto al oficial, pueda ser atendido. “Hay que pasar de tener una agenda reactiva a otra propositiva para hacer que nuestro mensaje sea masivo”, dice Nicolás Gallardo, referente de Jóvenes por el Clima, quien acepta que “nos está costando enamorar a la gente, hacerle ver que lo ambiental no es una suma de catástrofes. Por eso, antes de las elecciones, lanzamos una plataforma electoral-ambiental con propuestas en diferentes ejes: energía, biodiversidad, adaptación, gestión de residuos y soberanía alimentaria”.

En el mismo sentido, Marchegiani entiende que será imprescindible “mostrar la relación que existe entre el ambiente y una cantidad de otros derechos que hacen al bienestar, como la salud, la vivienda, la cultura o el modo de vida”. Los efectos de los tres años casi sin lluvias que dejó el fenómeno de La Niña es una herramienta que esgrime Gallardo para trasladar un mensaje coincidente: “Hay que vincular muchísimo más la crisis climática a las problemáticas sociales y económicas. Que se vea, por ejemplo, cómo una sequía pone en jaque la producción y las exportaciones, o cómo las olas de calor y las inundaciones afectan la calidad de vida”.

La combinación de crisis económico-financiera (el país arrastra múltiples deudas, entre ellas una multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional) con la disponibilidad de materias primas que demanda el mercado internacional —litio, gas, cobre, minerales raros…— añade otra dificultad a la posición ambientalista. “El riesgo de que se erosionen los estándares de participación ciudadana y discusión democrática de los proyectos extractivos es alto. Los procesos se van a apurar y se harán menos transparentes. En ese punto puede preverse que habrá conflictos”, aventura Marchegiani.

El incremento de concesiones para la extracción de litio en los salares del Altiplano conforman, tal vez, la amenaza más evidente de puesta en marcha de proyectos industriales aprobados sin que se cumplan de manera estricta dichas pautas legales de participación de las comunidades locales.

El esfuerzo para que el Parlamento promueva leyes que se consideran imprescindibles, como la de humedales, que volvió a perder carácter parlamentario al no ser tratada durante 2023, completa el reto que tienen ante sí las organizaciones ambientales en la nueva etapa que inaugura el país.

Más áreas protegidas, pero sobre todo mejor conectadas

En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, hoy flamantes presidente y vicepresidenta de la Nación. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.

Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30% del territorio continental, establecido en las Metas de Aichi -nuevo compromiso global de conservación de la biodiversidad- para 2030, se encontrará con más obstáculos que nunca.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas registra en la actualidad 44.974.504 hectáreas que incluyen parques y reservas nacionales, provinciales y municipales, y constituyen el 16,17% del total del territorio continental. “En 2024 podría ampliarse si se aprobara la creación de los parques nacionales de Uspallata, en la provincia de Mendoza; y el de las Sierras de Ambato, en Catamarca”, informa Pablo Berrozpe. El primero es un ecosistema de altas cumbres asociado a un sistema glaciario; en el segundo confluyen ecorregiones de Chaco seco, yungas (selva de montaña), puna y pastizal de altura y es hábitat de la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, ambos casos demuestran las dificultades que existen en Argentina para concretar este tipo de procesos, debido a la potestad constitucional que tienen las provincias sobre el manejo de sus territorios y recursos naturales. Como dice Berrozpe: “El temor a quedar mal con la oposición local hace que a veces las provincias sean reticentes a entregar sus tierras a la Nación”. La bióloga Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, lo traduce en cifras: “Los procesos de creación de áreas protegidas llevan entre 5 y 10 años y, lamentablemente, los de corredores biológicos son incluso más lentos y complejos. Las extinciones de especies a escala local y regional exigirían acelerar ese ritmo de protección de áreas valiosas”.

Justamente, esos corredores que ofrecen conectividad entre parques y reservas son, tal vez, la piedra angular para darle verdadera eficacia al crecimiento que las superficies protegidas tuvieron en el período reciente.

“Crear parques nacionales en lugares remotos y aislados entre sí no tiene mayor impacto en la conservación. Las especies que se quieren proteger necesitan una red bien conectada para sobrevivir, reproducirse, dispersarse y mantener poblaciones viables porque se mueven a través del paisaje. Sobre todo, las más carismáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) o el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), que están en peligro de extinción”, opina Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La Ley de Bosques y el Consejo Federal de Medio Ambiente regulan la implementación de estas vías de conexión, pero los expertos consideran que esto no es suficiente. Soneira ofrece ejemplos al respecto: “Chaco categorizó en amarillo a los corredores en la Ordenación Territorial de Bosques Nativos aprobada en 2022 (que todavía está en discusión), pero avanzó con ‘polígonos especiales’ para uso agrícola que rompen la conectividad del paisaje. Misiones, que fue pionera en la creación de un corredor verde, presentó el ordenamiento territorial de municipios categorizando dichos bosques como sujetos a deforestación. Y Santiago del Estero incluyó un corredor boscoso cuyo diseño no garantiza su efectividad”.

Un objetivo para el año que comienza sería hallarle una solución a esa falta de amparo legal. “Deberíamos tener una ley de presupuestos mínimos que nos permita hacer planes de gestión y manejo de los corredores, con una autoridad de aplicación y un poder fiscalizador por parte del Estado nacional o provincial”, pide Berrozpe.

Otros aspectos a tener en cuenta en este tema serían, por un lado, “detener con urgencia la deforestación ilegal y ampliar la protección de los bosques nativos en el Gran Chaco Argentino”, tal como plantea Soneira. Y por otro, la creación de gradientes o zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas “para que un animal que necesita salir del parque o la reserva para encontrar un pozo de agua o buscar presas no se encuentre con que el bosque termina abruptamente y empieza un cultivo rociado con agroquímicos”, explica Mastrángelo.

La imprescindible y postergada transición energética

“Nos parece urgente un plan de transición energética. Pero un plan de verdad, trazado, anualizado, con metas cuantificable y medibles”, sentencia Nicolás Gordillo, el referente de Jóvenes por el Clima, y su exigencia deja flotando la sensación de que todo lo hecho hasta ahora por Argentina en ese tema ha sido básicamente discursivo. También expone la necesidad de tomarse en serio un interrogante que se repite en todos los idiomas del mundo: ¿Cómo acelerar la descarbonización para reducir el efecto invernadero y frenar el ascenso de temperatura global?

La realidad indica que en Argentina la generación y utilización de energía renovable está creciendo. En 2022 fue un 13,3% del total, y aunque la cifra todavía está muy lejos del 56,3% de la energía producida por los combustibles fósiles, aumentó un 10,9% respecto a 2021 y la tendencia se mantiene. En agosto de 2023 se registró la mayor marca mensual de generación de energía renovable, con 1.909,1 GWh.

Eduardo Crespo, sin embargo, mantiene cierto escepticismo: “Las sociedades con estados fuertes tendrán más posibilidades de hacer transiciones más rápidas hacia nuevas prácticas; los estados débiles no podrán hacerla. Padecerán las consecuencias o dependerán de los demás”, sostiene. A este aspecto estructural, Pablo Lumerman, consultor independiente en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y experto en conflictos sociales vinculados al ambiente, le añade otro flanco: “Para lograr una transición energética hay que generar condiciones sociales, políticas y económicas en el modo de habitar y producir. Cualquier proyecto exige juntar mucha gente, masa crítica para empujar hacia una meta; y recursos vinculados a intereses económicos que vean una rentabilidad en el proyecto”.

La situación argentina en estas cuestiones parece caminar siempre por la cornisa de la contradicción. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno lanzada en septiembre pasado por el Gobierno nacional recuerda la enorme potencialidad que los vientos patagónicos y el sol del noroeste del país brindan para convertirse en futuro líder de la producción y exportación de hidrógeno verde, una de las esperanzas que tiene el mundo para obtener energía limpia y barata hacia 2050.

Simultáneamente, sin embargo, todos los sectores de la economía local enfatizan la importancia de apostar por la extracción de gas y petróleo. Berrozpe lo explica de un modo muy simple: “No hay transición posible en la Argentina sin explotar antes sus reservas de hidrocarburos”. De hecho, las prospecciones sísmicas y la primera perforación en busca de petróleo que se vienen realizando sobre el talud continental del Mar Argentino, a 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires; el nombramiento de un experto de la petrolera privada Tecpetrol (dueña del pozo más productivo del yacimiento no convencional Vaca Muerta) como nuevo presidente de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el proyecto de construcción de un puerto petrolero sobre el golfo San Matías, en la Patagonia norte, son muestras evidentes de que el país no brindará su apoyo a la idea de limitar cada vez más la extracción de hidrocarburos.

En todo caso, Argentina tiene en la transición hacia una energía más saludable uno de sus grandes dilemas futuros. “Quizás haría falta una discusión político-económica profunda que nos diese madurez para encontrar cómo hacerla de la manera más delicada posible”, concluye Lumerman.

Agroecología, el cambio que el campo necesita

El dato que aporta la Bolsa de Comercio de Rosario es concluyente para entender el peso que la agricultura posee en la economía argentina: en 2022 y aun pese a la sequía, tres de cada cinco dólares exportados por el país fueron producidos por las cadenas agroalimentarias. Una trascendencia histórica que se multiplicó hasta la exageración con la llegada de las semillas transgénicas en los años noventa, la irrupción de China en el comercio internacional y el “boom” en los precios de productos como la soja o el maíz.

El cóctel transformó por completo la forma de trabajar el campo y la vida rural en general, aunque fue en materia ambiental donde provocó los mayores desequilibrios. Entre otras cuestiones, la expansión de la frontera productiva, una deforestación que aún no ha terminado, la “invasión” de los agroquímicos contaminantes del agua y el aire, y la degradación de los suelos como resumen de todo lo anterior.

Sólo la propiedad de la tierra mantiene la ancestral y abismal asimetría del pasado. Peor aún, los nuevos métodos ampliaron las diferencias entre grandes y pequeños productores. El Censo Nacional Agropecuario 2018 —último efectuado hasta la fecha— muestra que las explotaciones de menos de 500 hectáreas (un 80% de las existentes), ocupan el 11% de la tierra cultivada; mientras que las de más de 10.000 hectáreas (1% del total) abarcan un 40% del territorio.

La agroecología y su pariente cercana, la agricultura familiar, han sido en los últimos años la respuesta de los campesinos más humildes a la nueva realidad. “La dirigencia política debería ver el campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, que es la producción de alimentos para la población”, afirma Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) e impulsor de cambios de fondo en el modelo agrario del país.

Los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) indican que la superficie cosechada de producción orgánica —es decir, sin agregados químicos— pasó de 12.162 hectáreas en 1995 a 109.987 en 2022. En tanto que la UTT y la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (Renama) reúnen por su parte otras 100.700 hectáreas. Quienes trabajan la tierra en predios medianos y pequeños se han dado su propio sistema de trazabilidad y certificación, reconocido por la FAO; pero además exportan casi el 90% de su producción rumbo a mercados que privilegian los alimentos sanos.

Sin embargo, la conducta dual que suele caracterizar la política argentina también afecta al sector. Al hacerse cargo del ministerio de Economía en agosto de 2022, el derrotado candidato presidencial Sergio Massa degradó la subsecretaría de Agricultura Familiar a Instituto y redujo de manera significativa el presupuesto de la Dirección Nacional de Agroecología. En dirección contraria, en octubre fue promulgada la Ley de Fomento a la Agroecología, que establece un régimen de beneficios fiscales para la actividad durante diez años. La formación de redes de consumidores que establezcan canales directos con los productores, la regulación de un etiquetado que facilite la correcta identificación de los frutos y, fundamentalmente, la aprobación de una Ley de Acceso a la tierra “para apoyar al 75% de campesinos que todavía arriendan sus tierras”, son las tareas pendientes que reclama la UTT.

Los expertos y técnicos sitúan a la agroecología como un factor vital en la recuperación ambiental del planeta. Una mayor expansión a corto plazo en Argentina dependerá en buena medida de la política que adopten al respecto las nuevas autoridades. Su concepción ideológica y sus declaraciones previas no invitan al optimismo, aunque habrá que esperar para sacar conclusiones definitivas. La calidad alimentaria y la salud del aire, el agua, los suelos y de todas las especies —incluida la humana— que habitan los campos del país están en juego.

ED

En un bar de la ciudad de Córdoba, un centenar de personas cantan los nombres de las especies vegetales autóctonas del bosque provincial al ritmo de música ska. La gente baila al ritmo de la música, aunque ésta describe algo bastante desolador: la pérdida de más de 10 millones de hectáreas de bosque.

El bosque autóctono de Córdoba ―la segunda provincia más poblada del país― cubría 12 millones de hectáreas a principios del siglo XX, pero en la actualidad se calcula que ocupa menos de 550.000 hectáreas. Sólo menos del 5% del bosque está bien conservado, y las causas de su drástica desaparición van desde el avance de la frontera agropecuaria, el crecimiento urbano, los incendios y la invasión de especies exóticas.

Desde 2009 la Ley de Bosques de Argentina ―creada en 2007― obliga a las provincias a generar planes de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años, para establecer los usos que se le pueden dar a los bosques y el valor de conservación de las distintas áreas. Pero la provincia de Córdoba ―cuya propia ley provincial de bosques data de 2010― aún está esperando su primera actualización.

A través del acceso a imágenes satelitales en tiempo real, académicos han realizado monitoreos para conocer el estado actual de los bosques nativos de Córdoba. Sin embargo, esta información no ha sido suficiente para promover su protección, afirma Sara Boccolini, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Boccolini afirma que este grupo de imágenes satelitales está a disposición “de cualquiera que sepa utilizarlas”. Para que este trabajo sirva de base a la toma de decisiones, añade que es necesario un ordenamiento territorial actualizado, además de conocer los criterios que utiliza la provincia para determinar las categorías de conservación.

No sólo los expertos reclaman una mayor protección. El concierto en la ciudad, una experiencia inmersiva de luces y sonidos, la creación de un bosque urbano en un paisaje degradado y una unión vecinal que reforesta los caminos se posicionan como acciones ciudadanas que mantienen al bosque nativo en agenda. Lo nombran, lo comparten y también evidencian su emergencia.

Cantar por los árboles

En un patio que confluye con el bosque nativo de Agua de Oro, un pueblo al pie de las Sierras Chicas, a 44 kilómetros al norte de Córdoba, Juan Pablo “Juanpaio” Toch y sus compañeros de banda se sentaron a improvisar letras a partir de lo que veían: diversidad de plantas.

El resultado fue “Plantas”, la canción que Toch, el grupo cordobés formado por Juanpaio, Andrés Toch y Martín Ellena, interpreta desde 2022. La canción emociona al público, que baila y canta reconociendo y repitiendo los nombres de las distintas especies que la componen.

“Nosotros nos seguimos sorprendiendo, el tema no dice más que los nombres de las plantas”, dice Juanpaio, bajista y vocalista del grupo. Para él se da una conjunción las palabras y las plantas. Por eso, cuando la canción nombra las diferentes especies, lo que surge, dice, es el poder que tienen las plantas y eso el público lo siente.

Como la mayoría de las canciones de Toch, “Plantas” describe un paisaje. Enumera 43 especies que habitan las Sierras Chicas, 32 de las cuales son nativas de la ecorregión de bosque serrano, típica del monte cordobés. Entre las que se nombran están: el chañar, un pequeño árbol caducifolio; el algarrobo y el mistol. También destaca la flor de Santa Lucía, cuyos pétalos azules salpican la sierra de septiembre a marzo de cada año.

Así, este tema que comienza con un huaino, ritmo central andino popular del noroeste argentino, corta abruptamente la música y da entrada un shock de ska creado por un bandoneón. Acto seguido comienzan los instrumentos de viento y la banda entera comienza a sonar.

“Son sólo nombres [de plantas], pero despiertan algo en cada uno: un recuerdo… una abuela, o algún saber del monte y del uso de las plantas”, dice Juanpaio. “También hay algo visual: la imagen del verde, del amarillo. Los colores están ahí”.

El arte conecta a las personas con la naturaleza

De vuelta en Córdoba, cerca del bar donde se baila y canta por la noche, Jimena Nores espera en el Museo Botánico de la ciudad a la primera tanda de alumnos de primaria que se adentrarán en Biodiversa, una experiencia inmersiva que recrea un paseo por el monte mediante luces y sonidos. Es otra actividad que promueve las plantas autóctonas y permite a los habitantes de la ciudad conocer el ecosistema de su región.

“Desde el museo y con el equipo, teníamos que hablar del bosque nativo y mostrarlo, mostrar la problemática, la diversidad y todos sus componentes”, dice Nores, investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y productora general de la muestra. “Como institución científica que produce conocimiento también tenemos la responsabilidad de llevar esta temática al público”.

A través de una experiencia inmersiva multisensorial, el equipo de Nores, formado por artistas y científicos de distintas instituciones, recreó los ríos, la vegetación y la fauna del bosque. Utilizando voces e imágenes también aportan un sentido de presencia humana a la experiencia, no sólo para reconocer a las personas que habitan estos lugares, sino también para reflexionar sobre acciones humanas como la deforestación y el desarrollo inmobiliario, a menudo responsables de la pérdida de biodiversidad en este paisaje.

“Hablamos del monte porque [su destrucción] es una problemática ambiental en nuestra región que es importante cubrir y sensibiliza”, explica Silvana Montecchiesi, ilustradora del museo y parte del grupo de producción y curaduría de la propuesta. Añade que uno de los objetivos de la experiencia era “buscar la acción ciudadana” para mitigar la pérdida del monte.

El equipo afirma que la idea era mostrar la diversidad del bosque que se ha perseverado a pesar de los profundos problemas que lo atraviesan, para transmitir el mensaje de que aún se puede hacer mucho para proteger este lugar.

“No queríamos encarar el tema desde una visión fuerte y dura y salir desmoralizados, sino salir con ganas de hacer algo por todo eso, mostrando la biodiversidad y no solo de plantas sino de microorganismos, flora, fauna, paisajes”, dice Nores.

La exposición, que estuvo abierta al público entre el 6 y el 29 de junio de 2023 en el Museo Botánico, atrajo a más de 5.000 personas de todas las edades. Muchos de los que se la perdieron se quedaron con ganas de verla, dicen los organizadores, y por eso están trabajando para repetir la experiencia en 2024. También esperan llevarla a distintos puntos de la ciudad en el futuro, y sueñan con una exposición itinerante que recorra Argentina.

Restauración y aprendizaje

Mientras Biodiversa era una exposición temporal, otras iniciativas centradas en los bosques de Córdoba funcionan todo el año. Algunas llevan ya mucho tiempo presentes, como Ramona, un aula al aire libre en la Universidad Nacional de Córdoba. Un espacio entre árboles, arbustos, gramilla e insectos, es un ecosistema de bosque nativo en un paisaje urbano dentro del recinto universitario.

El espacio fue rebautizado este año en honor a Ramona Bustamante, una activista cordobesa que se enfrentó a las empresas privadas que habían desmontado sus tierras para la expansión de la agricultura. Fallecida a los 95 años en 2021, pasó gran parte de su vida defendiendo el bosque que, aunque desaparecido, sigue vivo en la memoria de los cordobeses.

Ramona forma parte de un proyecto creado en 2009 por investigadores, becarios y estudiantes de su Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que pretende restaurar bosques autóctonos en un paisaje degradado de la ciudad. “Antes de que hubiera ciudad había bosque, entonces la ciudad per se transforma el espacio y eso es lo que se llama cambio de uso de suelo”, afirma Pablo Goldner, doctorando y miembro del grupo de trabajo del proyecto. Explica que los edificios de la ciudad se construyeron sobre el paisaje natural del bosque, por lo que el proceso de restauración que proponen trata de simular un espacio similar al bosque original, como refleja el nombre del proyecto, “El bosque nativo vuelve”.

“Este monte en la ciudad es diferente a otros espacios verdes urbanos como una plaza o un parque donde hay un espacio visual abierto”, explica Goldner, que investiga los procesos ambientales en espacios públicos para mejorar la planificación urbana. “Ahí podés atravesar toda la plaza o todo el parque con tu campo visual y ver de una punta a la otra, pero acá no tenés esa sensación”.

El proyecto ha reforestado entre 800 y 1.000 especies de árboles, arbustos, plantas herbáceas, enredaderas y suculentas, y ha formado a más de 100 estudiantes en ecología de la conservación, participación ciudadana y cuidado del medioambiente a través del programa Compromiso Social Estudiantil de la Universidad. Éste busca involucrar a los estudiantes en proyectos que vinculen a la universidad con los problemas de la sociedad, como la preservación de cuerpos de agua o la concientización sobre el tráfico de fauna silvestre, entre otros temas.

“Parte del trabajo es ofrecerles a las personas con las cuales interactuamos otra mirada, una no tan romántica del bosque”, afirma Goldner. “No vemos [este espacio] como algo intocable sino como algo que está lleno de personas. De alguna manera el bosque necesita de personas que entiendan que se puede vivir en el bosque, con el bosque y que en realidad somos dependientes de eso”.

Más allá de la ciudad

En el noroeste de Córdoba existe una antigua carretera, un camino de tierra que durante la época colonial se abría paso entre una densa vegetación para conectar la capital del Virreinato del Perú, hoy la ciudad de Lima, con el Río de La Plata, en Argentina. En algunos de estos tramos aún se conservan las postas, construcciones de adobe situadas cada 10 o 15 kilómetros que servían de lugar de descanso a mensajeros, funcionarios reales, comerciantes y viajeros. Aquí también se cambiaban los caballos para continuar el viaje.

También ha sobrevivido parte de la vegetación original, y en los caminos que atraviesan la provincia de Córdoba, por ejemplo, aún quedan algarrobos en pie. Es lo que ocurre en la localidad de Sinsacate, en el centro-norte de la provincia, donde un grupo de vecinos ha colocado los nombres de distintas especies autóctonas identificadas a la vera del camino colonial. El objetivo es fomentar su cuidado y conservación.

Tras constatar que se trata de una ruta de senderismo muy frecuentada, “hicimos un estudio de las especies [vegetales] autóctonas y colocamos carteles con sus nombres para identificarlas”, explica Ana Carolina García, miembro de Forestando Sinsacate, un grupo que se ocupa de los problemas ambientales locales. “Luego vimos que la gente se paraba a leer los carteles”.

García trabaja en ganadería e identifica que su cercanía con el monte ha sido clave para conocer las especies. Aunque es ingeniera agrónoma, señala que no necesariamente fue la facultad donde adquirió herramientas para trabajar con el monte sino su propio andar por ese paisaje. “Por mi trabajo en la ganadería caminé mucho por el monte y ahí empecé por mis propios medios a indagar a través de libros para conocer más de especies nativas”, explica.

La principal labor de Forestando Sinsacate es la identificación de especies y la realización de actividades educativas sobre el cuidado del bosque. Colaboran con las escuelas y trabajan tanto en el aula como en el bosque. “Con los niños vamos a la posta y les gusta porque ahí hay muchas especies vegetales”, explica García. “Una de las actividades es contarles de un árbol, mostrarles por ejemplo cómo es la hojita para que puedan conocerla y después dibujarla para que tengan el registro”.

Todas estas acciones hacen visible un ecosistema que está en emergencia y conviven con la falta de información oficial sobre el actual manejo del monte, según sus creadores. Son propuestas en espacios artísticos, académicos, educativos y en las calles de la ciudad motivadas por la organización colectiva. Hay un rasgo de compromiso en cada una de las acciones, quizá porque coinciden en que sólo es posible cuidar aquello que se conoce.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino.

La situación de los bosques del norte de la Argentina es crítica. Según un informe de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, se estima que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas. Esto representa un total de 90.755 hectáreas y equivale a una superficie de 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires. El problema es 21% más grave que en el 2022 y la mayoría de los desmontes son ilegales.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco -el segundo ecosistema forestal más grande del continente- es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa, informaron desde el movimiento global por el medio ambiente.

“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini. 

La consulta popular promovida por Greenpeace está disponible en www.votaporlosbosques.org hasta hoy inclusive y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

En el mundo es cada vez más frecuente escuchar un principio simple para actuar contra la crisis climática: plantar árboles. Los bosques son los mayores sumideros de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que principalmente impulsa el calentamiento global. En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas afirmó que una forestación significativa puede contribuir a los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5C. Para ello se necesitarían cientos de millones de hectáreas de nuevos árboles.

Sudamérica es una de las principales regiones de plantación de árboles a nivel global, con la segunda mayor superficie del mundo después de Asia concentrada en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Sin embargo, aunque el 15% de los aproximadamente 131 millones de hectáreas de plantaciones de árboles del mundo se encuentran en Sudamérica, no han ayudado a resolver los problemas de deforestación de la región ni han demostrado ser muy eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto se da porque la mayoría de las plantaciones en Sudamérica son exclusivamente productivas y, en la mayoría de los casos, monocultivos industriales de pinos y eucaliptos. En otras palabras, se produce una única especie en áreas gigantes, con técnicas que aceleran el crecimiento como el uso de fertilizantes y pesticidas. Estas prácticas favorecen la degradación del suelo y la destrucción de la vegetación autóctona natural.

“Estos monocultivos no recuperan el carbono de la misma manera que los bosques naturales secundarios. Se puede eliminar un poco [de carbono], pero no fomentan la biodiversidad porque son especies exóticas”, explica a Diálogo Chino Carlos Nobre, científico del sistema terrestre en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo y destacado investigador en temas forestales en Brasil.

Millones de hectáreas de especies exóticas

En América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pinoy eucalipto, que se utilizan sobre todo para obtener madera y pasta de papel, respectivamente. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile albergan algunas de las mayores superficies plantadas de la región: durante el siglo pasado los cuatro países introdujeron estas especies para desarrollar sus industrias papelera y maderera, con la ayuda de subvenciones e iniciativas gubernamentales para promover su uso.

Mauricio Aguilera, ingeniero forestal de Chile, señala que las plantaciones en su país surgieron para combatir la erosión causada por la agricultura y quema de vegetación nativa antes de 1950. Después de este proceso se comenzó a plantar especialmente pino y eucalipto y se industrializó su producción. Esto ocurrió también en otros países, donde se plantaron árboles en tierras degradadas, dando lugar a un rápido crecimiento de los campos forestales.

Hoy en día, entre los cuatro países suman alrededor de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%). El Eucalyptus globulus, de rápido crecimiento, ha proliferado en la región y en sus sectores forestales: las plantaciones de eucalipto para la producción de pasta de papel predominan en todos estos países excepto en Chile, donde predomina el pino.

Según Hivy Ortiz, que desarrolla iniciativas regionales de agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el panorama de la industria forestal de la región ha cambiado a lo largo de los años. “Los programas de plantaciones originalmente estaban asociados a incentivos forestales. Ahora son, en su mayoría, inversiones privadas”, explica a Diálogo Chino.

Según un reporte del Banco Mundial, en 2021 la mitad de las exportaciones forestales se enviaron a Estados Unidos (28.6%) y China (23.2%). La otra mitad se distribuyó entre 204 países. La mayor parte de esta industria forestal se compone de una combinación de capitales nacionales e internacionales.

“El pino y el eucalipto, en sus lugares de origen, pueden tardar en crecer hasta 28 años porque son sitios más áridos o de latitudes más cercanas a los polos, pero en la mayor parte de Sudamérica se demora cuatro veces menos y por eso también plantar aquí se vuelve tan atractivo”, asegura Mónica Bedoya, administradora ambiental en la Universidad de Tecnológica de Pereira, en Colombia.

¿Qué impactos generan las plantaciones?

En la última década, científicos y organizaciones han advertido sobre los problemas relacionados con las plantaciones de pinos y eucaliptos que desplazan a los bosques nativos. Las consecuencias incluyen la facilitación de la propagación de enfermedades e incendios, al mismo tiempo que consumen grandes cantidades de agua y perjudican los niveles de biodiversidad. “En estos terrenos solo crece eso. Tú estás debajo y no crece nada más”, asegura Bedoya.

La Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador informa que la invasión de plantaciones de pinos y eucaliptos puede poner en peligro zonas de gran biodiversidad. Esto se debe a que aceleran el estrés hídrico local y modifican los suelos mediante, por ejemplo, la salinización y la acidificación.

En Brasil, las plantaciones de eucalipto están muy asociadas a la degradación del suelo en los bosques de la zona de la Mata Atlántica. Paulo Amaral, ingeniero forestal de Imazon, asegura que en esa región queda alrededor de un 6% de bosque nativo.

Según Aguilera, la industria se centra en la eficiencia: reforestar la misma tierra, plantando más árboles, a un ritmo más rápido y en espacios más reducidos.

Aguilera explica que esta eficiencia ha permitido reducir ciertos impactos, pero en el agua y en el suelo confiesa que aún persisten daños. “Efectivamente puede que hayan secado quebradas y aguas de consumo humano de algunas personas que viven en el campo. Posiblemente, porque se plantaron a una densidad muy alta, porque se ubican cerca de las fuentes de agua”, reconoce.

La alta densidad de plantaciones, añade Aguilera, también puede promover incendios forestales, que en el caso de los pinos es un proceso natural, pero que al haber tantos árboles juntos, puede generar estragos como los incendios de 2017 y 2023 en Chile.

¿Pueden existir beneficios ambientales?

En Chile, algunos expertos forestales destacan como un gran beneficio la capacidad de reducir la presión de deforestación al bosque nativo. “Si no fuera por estas plantaciones con especies exóticas, nosotros tendríamos muchos menos bosques originales”, asegura el ingeniero forestal chileno Edison Garcia Rivas.

Chile, a diferencia de Brasil, tiene un territorio más limitado. Por ello, las plantaciones se sitúan entre cordilleras, constituyendo una quinta parte de la cubierta forestal chilena. Desde que se eliminaron los subsidios a la industria en 2012, la expansión de las plantaciones en los bosques nativos ha disminuido sustancialmente.

Esto mismo sucede en el caso de Uruguay. Según asegura a Diálogo Chino el director nacional forestal de Uruguay, Carlos Faroppa, “desde hace años, nuestro país tiene deforestación cero”. Esto, explica, se debe a que la vegetación original del país nunca tuvo mucha cobertura boscosa, predominando varios tipos de pastizales, y también a “la serie de regulaciones que el gobierno viene implementando desde hace años”. Faroppa se refiere a las medidas y certificaciones de exportación que apoyan la gestión sostenible de la producción.

Algo que se debe a nivel de gestión es el ordenamiento del territorio

Ana Di Pangracio — FARN

En el caso de Brasil y Argentina, las plantaciones aún no juegan un rol benéfico para la protección de los bosques, aunque no se descarta la posibilidad. Amaral asegura que las plantaciones en la Amazonía pueden “ser una forma de proteger los suelos en etapas iniciales, aunque nunca a largo plazo”.

Ana Di Pangracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina, considera que las actividades forestales deben estar mejor reguladas y se debe incentivar la siembra de árboles nativos. “En Argentina, y estoy segura que en el resto de la región, algo que se debe a nivel de gestión es el ordenamiento del territorio”, añade.

Ortiz no ve a las plantaciones forestales como una actividad altamente degradante, pero advierte: “tienen la función principal de reducir la amenaza al bosque nativo, siempre que se produzca de forma controlada y manejada, sin talar bosque nativo para poner plantaciones”, explica.

Planes de restauración

Existen proyectos incipientes destinados a la restauración de los bosques nativos en Sudamérica desde hace más de una década. La mayoría consisten en remover los incentivos a industrias como la forestal y plantear nuevos marcos normativos que busquen la restauración a través de prácticas productivas mixtas, protección de zonas específicas de bosques y, en casos de zonas muy perturbadas, la plantación de bosques nativos.

Brasil, Chile y Uruguay ya no subsidian la industria forestal y algunos, como Chile, apuntan hacia una producción mixta tanto agropecuaria como silvícola. Daniela Manuschevic, jefa de la división de especies y biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Chile, explica: “Las plantaciones multifuncionales buscan conservar y producir tanto productos forestales no madereros como hongos y berries”. Esta sustitución de los monocultivos ayuda a la restauración del suelo, lo que aumenta las tasas naturales de captura de carbono.

En cuanto a las iniciativas de reforestación, uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Re.green, en Brasil, que busca plantar un millón de hectáreas en la Amazonía y los bosques del Atlántico. Según Rodrigo Rodrigues, investigador de la Universidad de Sao Paulo, este es uno de los más grandes proyectos y va en consonancia con los objetivos de deforestación cero en Brasil.

En el contexto del cambio climático, los bosques multifuncionales y diversos nos proveen un seguro, una posibilidad de que los impactos no sean tan severos

Daniela Manuschevich — Jefa de la división de especies y biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Chile

Algunos de los esfuerzos de reforestación de América Latina son grandes iniciativas estatales, financiadas por el Estado o por fondos medioambientales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. En Brasil, Chile, Uruguay y Argentina existen proyectos más pequeños y principalmente financiados por empresas privadas. Carlos Nobre destaca el caso de Vale, una empresa minera de hierro que se comprometió a plantar 500.000 hectáreas de bosques nativos.

Cuando la deforestación continúa y los suelos degradados se vuelven cada vez más impermeables, Manuschevich afirma que las consecuencias para las ciudades o pueblos pueden ser “catastróficas”. Y concluye con una sencilla declaración de intenciones: “En el contexto del cambio climático, ya sean precipitaciones o sequías extremas, los bosques multifuncionales y diversos nos proveen un seguro, una posibilidad de que los impactos no sean tan severos”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

En el país donde el avance del fuego y las topadoras se llevaron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, los desmontes ilegales y los incendios forestales causados por el ser humano no son castigados penalmente. Por esta razón, la organización ambientalista Greenpeace lanzó este lunes una consulta popular para que la ciudadanía opine si los desmontes ilegales y los incendios de bosques nativos deben ser considerados delitos penales.

En Argentina, se pierde una hectárea de bosques cada 2 minutos y más de la mitad de los desmontes son ilegales, informó la organización Greenpeace en base a datos oficiales. 

A partir de este lunes 10 de julio y hasta el 10 de octubre, la ciudadanía podrá votar si los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser un delito penal en el sitio votaporlosbosques.org respondiendo una pregunta: ¿estás a favor de que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales? Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación el próximo año.

“Los bosques tienen un rol fundamental en la regulación climática, en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y en la conservación de los suelos. Concentran gran parte de nuestra biodiversidad, nos brindan maderas, alimentos y medicinas, y en ellos viven muchas comunidades indígenas y campesinas”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

“En estos momentos de crisis climática evidente, con efectos concretos en distintas regiones, no podemos seguir postergando las medidas que puedan proteger los ecosistemas frágiles”.

“A pesar de que en Argentina existe una muy buena Ley de Bosques, la mayoría de los desmontes son ilegales; todos los desmontes que se realizaron en la provincia de Chaco desde el año 2020 fueron ilegales, así como el 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Además, 120 mil hectáreas fueron afectadas en Salta y Jujuy por los incendios forestales y rurales”, informó la organización en un comunicado.   

“Es evidente que las multas no son suficientes, los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción”, afirmó Giardini. 

La emergencia en números

En los últimos 25 años, Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos. 

Sólo en 2022, la deforestación en el norte de Argentina fue de más de 110.000 hectáreas, cifra a la que si se suman los incendios, supera las 200.000 hectáreas afectadas. 

El 75% de los desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, en particular en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica. 

ED/MG

Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas. Las topadoras arrasan fundamentalmente en la región del Gran Chaco por el avance de la frontera agropecuaria; soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa.

A pesar de que a fines de 2007 se sancionó la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos,  en la provincia de Chaco se deforestaron 470.000 hectáreas, y la mitad fueron desmontes realizados en forma ilegal o con permisos irregulares otorgados por el gobierno provincial.

Tras masivas manifestaciones en las calles y una presentación de organizaciones sociales, en octubre de 2020 la justicia provincial suspendió los desmontes, por falta de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que define las zonas en las que se puede deforestar y en cuáles no.

A pesar de ello, más de 47 mil hectáreas fueron destruidas por las topadoras desde entonces, lo que evidencia la falta de decisión política del gobierno para aumentar los controles e implementar en forma eficiente el fallo de la justicia. 

Hasta aquí, la historia. Pero hoy, el bosque chaqueño se ve amenazado una vez más, con el decreto 2157/22 del gobernador Jorge Capitanich recientemente remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco para su ratificación legislativa. El decreto actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, pero resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas. 

Como si fuera poco, “indulta”, le da legitimidad, a desmontes que fueron realizados ilegalmente, permitiendo que los empresarios continúen con sus negocios agropecuarios en lugar de realizar la restauración de los bosques que les impone la ley nacional, y habilita el desmonte en un millón de hectáreas más. Un verdadero ecocidio.

La deforestación en Chaco y la propuesta de actualización del gobierno provincial generó alarma en el mundo académico. Más de mil científicos argentinos enviaron una carta al mandatario manifestando su preocupación y advirtiendo que “la evidencia científica que generamos en las últimas décadas demuestra el rol clave de los bosques nativos para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales que sostienen la integridad social y ambiental de la región. La pérdida de bosque nativo en la región del Chaco Seco tiene múltiples consecuencias negativas para la sociedad, el ambiente, el clima y la economía. Por un lado, aumenta el riesgo de extinción de especies emblemáticas como el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el chancho quimilero y el yaguareté, entre otras. Por otro lado, aumenta la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos como las olas de calor, sequías y fuertes vientos que erosionan la fertilidad del suelo”.  

El nuevo mapa no respeta los territorios de las comunidades de pueblos originarios, y no se garantizó su participación en la elaboración, lo que viola la Ley Nacional de Bosques, la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena.

Hace un año, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, nuestro país firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Aunque siete años es demasiado tiempo y el acuerdo no es vinculante, significa un primer paso en la dirección correcta. La provincia de Chaco, de la mano de su gobernador, va a contramano del compromiso firmado por el Gobierno Nacional. 

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. 

Es por ello que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco debe realizarse con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover un verdadero manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos. 

Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.

NC

Europa está sumida en una de las peores sequías registradas hasta la fecha mientras los incendios se ceban con sus debilitados bosques.

Los matorrales conforman el ecosistema antrópico por excelencia en el sur del continente (aun cuando algunos puedan ser naturales). Fueron forjados con el fuego que renovaba el pasto para la Mesta, con la sobreexplotación al tratar de sostener a un imperio naval o con los intereses de la propiedad privada en las desamortizaciones, según el país.

Aunque esta tendencia se ha revertido en las últimas décadas y la superficie forestal ha aumentado, la sequía y los incendios incrementan el potencial para un nuevo episodio de deforestación y matorralización generalizada.

Estos ecosistemas pueden ser fuente de biodiversidad, pero la matorralización es reconocida como una de las principales amenazas para la amortiguación climática que nos aportan los bosques, desde el Amazonas hasta el Mediterráneo. No solo disminuye la asimilación de carbono en los matorrales, sino que también lo hace la lluvia en zonas de influencia convectiva y se altera el balance energético, amplificando el cambio climático.

Restauraciones que miran al pasado

En primer lugar, debemos aclarar qué tipo de bosque queremos restaurar: ¿el ecosistema de antes del incendio o uno adaptado al clima futuro? Y, de elegir esto último, ¿a qué futuro? ¿Al del año 2050, 2100 o a otro todavía más lejano?

La restauración forestal siempre ha mirado atrás: buscaba establecer el tipo de bosque más maduro que fuera posible, en base al suelo disponible y al clima pasado. La propia palabra restaurar indica recuperar o volver a poner en el estado que antes tenía.

Pero en un escenario de clima cambiante, la reencarnación melancólica de un pasado que no volverá carece de sentido. Tampoco lo tiene volver a crear los ecosistemas que nos han llevado a la situación actual. ¿Qué podemos hacer entonces?

¿Repoblar o no repoblar?

Los incendios llevan 420 millones de años en la Tierra y la mayoría de las especies logran sobrevivir en el régimen de incendios al que están adaptadas.

En ocasiones, la repoblación será una necesidad urgente. Por ejemplo, cuando se ha quemado un bosque que está en la cabecera de una cuenca, en zonas con procesos erosivos importantes y donde haya problemas de corrimientos de tierras o de torrencialidad.

Pero cuando no haya urgencia, conviene dar una oportunidad a la regeneración natural y esperar unos años antes de actuar.

Especies resistentes al clima futuro

Se ha discutido mucho sobre si las repoblaciones deben ser con especies autóctonas o foráneas. Bajo un escenario de cambio climático este debate carece de sentido. Si plantamos las especies adaptadas al clima del pasado, corremos el riesgo de que mueran en unas pocas décadas. Por tanto, deberemos seleccionar las plantas adaptadas al clima por venir, que pueden ser especies que actualmente no crezcan en ese sitio, sino en otro más caluroso.

Para ello, disponemos de tres opciones diferentes. En primer lugar, deberemos echar mano de la variación intraespecífica. Esto es, para aquellas especies de distribución amplia, como lo son la mayoría de árboles, podemos seleccionar aquellas que procedan de una localidad más calurosa.

En segundo lugar, nos podemos plantear la sustitución de especies, como el carballo por la encina, por ejemplo. Este proceso se conoce como migración asistida.

Las plantaciones con especies foráneas, como los eucaliptos, también son una opción adecuada para la restauración de zonas agrícolas y baldíos, ya que, aparte de aportar cierto rendimiento económico que favorece a la estabilización de la población rural, se aumenta la fijación de carbono y se mejora la calidad de los suelos. Así se desprende de las conclusiones del mayor estudio global realizado hasta la fecha.

Las repoblaciones con eucaliptos también pueden servir de plantas nodrizas. Esto es, aportan sombra y mejoran las condiciones edáficas para la regeneración de árboles característicos de estadíos maduros que son más exigentes que el frugal árbol australiano. La literatura ecológica lleva tiempo pidiendo que dejemos de demonizar a los eucaliptos y cabe recordar que, en contra de la opinión popular, estos bosques no arden más que otros tipos de vegetación.

En tercer lugar, podemos plantearnos el uso de árboles transgénicos, que vayan a soportar mejor la aridez. En nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos desarrollado variedades de chopo que resisten mejor la sequía y la salinidad bajo condiciones de escasa fertilidad.

Los transgénicos se han criticado porque pueden contaminar el polen de los árboles no modificados genéticamente. Pero los que hemos desarrollado son estériles, por lo que son totalmente seguros desde un punto de vista ecológico. Por desgracia, la legislación actual está a años luz de la ciencia y todavía no permite este tipo de actuaciones, por lo menos en Europa.

Gestionar la regeneración (natural o artificial)

Incluso cuando apostamos por la regeneración natural, nos enfrentamos al mismo dilema del clima futuro. Tras el terrible incendio de Guadalajara (España) en 2005, por ejemplo, los robles, que son capaces de rebrotar, se recuperaron antes que los pinos, que carecen de esa facultad.

Si un incendio se vuelve a producir, es probable que los pinos se extingan de la zona, ya que no son capaces de soportar múltiples incendios, pero el roble sobrevivirá. Ahora bien, los modelos nos indican que el calor y la sequía que habrá en esa zona en unas décadas estará más allá del límite tolerable para los robles que, en consecuencia, sucumbirán frente a estas condiciones.

Los incendios recurrentes se llevarán por delante a los pinos y el cambio climático a los robles en zonas como la del incendio de Guadalajara (aunque el ejemplo es extensible a otras zonas). Por tanto, deberemos llevar a cabo diferentes actuaciones de gestión para preparar ese bosque ante el clima futuro: actuaciones de reducción de combustible como las quemas prescritas para que los incendios sean menos dañinos, claras para disminuir la competencia entre árboles y, si fuera necesario, plantaciones siguiendo alguna de las tres opciones antes planteadas.

Cuando decidamos repoblar debemos tener claro que es como tener un hijo: un compromiso que se establece durante muchos años y al que deberemos mantener y asignar recursos económicos durante 20 años, o más, para asegurar su correcto desarrollo. Plantar un bosque y olvidarse de él es como no volver a preocuparse del niño: puede comprometer su futuro. En el caso de las repoblaciones, porque estaremos plantando los fuegos del futuro: acabarán ardiendo en incendios de alta intensidad debido a la elevada carga de combustible.

Actualmente, vivimos de espaldas al cambio climático. No estamos preparando nuestros ecosistemas para la sequía ni para el fuego y, por tanto, estamos por la senda de la matorralización tras los megaincendios.

Este artículo fue originalmente publicado por The Conversation. Podés leer aquí el original.

A cualquiera que haya caminado desde un pavimento caliente a un parque sombreado no le sorprenderá que los árboles (y arbustos) tengan un gran efecto refrescante en las ciudades, junto con muchos otros beneficios. Son más que simples sombrillas. El agua que absorben del suelo a través de sus raíces y se evapora a través de sus hojas actúa como un aire acondicionado natural.

Naciones Unidas predice que la población mundial alcanzará los 8 510 millones de personas en 2030, y actualmente más de la mitad de la población del planeta, unos 4 400 millones de personas, vive en entornos urbanos. A medida que el cambio climático caliente aún más las ciudades, los árboles se volverán más importantes que nunca.

Pero ¿cómo se enfrentarán los árboles a unas condiciones que sobrepasan sus límites naturales de tolerancia?

En un estudio publicado hoy en Nature Climate Change, un equipo de científicos de Australia y Francia hemos examinado los impactos de los cambios de temperatura y precipitaciones proyectados para las próximas décadas en 3129 especies de árboles en 164 ciudades de 78 países.

Si no se toman medidas, dos tercios de los árboles y arbustos de las ciudades de todo el mundo estarán en riesgo en 2050, con serias implicaciones para la acción climática y la calidad de vida en entornos urbanos.

Nuestros resultados suenan desoladores, pero siga leyendo. También hemos identificado los pasos que podemos dar para ayudar a los árboles urbanos a sobrevivir, prosperar y continuar refrescando el ambiente.

Los beneficios de la naturaleza urbana

Los árboles urbanos desempeñan un papel fundamental para mantener la habitabilidad de las ciudades. Al enfriar su entorno, reducen nuestro consumo de electricidad para el aire acondicionado, a la vez que absorben el dióxido de carbono, purifican el aire, reducen el ruido y proporcionan un hábitat para la vida silvestre. Además, sustentan gran parte de la biodiversidad de la Tierra.

Estar cerca de ellos también mejora nuestra salud mental y nuestro bienestar. Los árboles pueden ayudarnos en momentos de estrés psicológico, como una pandemia.

Debido a estos maravillosos beneficios, aumentar la cantidad de árboles y arbustos en las ciudades, los denominados bosques urbanos, es una estrategia clave de adaptación al cambio climático y sustentabilidad que se utiliza en todo el mundo.

Aunque los bosques urbanos son vitales para mejor la calidad de vida en las ciudades, hasta ahora había poca información disponible sobre si las condiciones climáticas actuales superan lo que pueden soportar, o cómo se comparan estas condiciones con los cambios previstos en la temperatura y las precipitaciones (sequía, lluvia y nieve) en todo el mundo.

Más de 1000 especies de árboles en peligro

Descubrimos que, a nivel mundial, las especies comunes de ciruelos, robles, arces, álamos, olmos, pinos, tilos, zarzos, eucaliptos y castaños se encuentran entre las más de mil especies que han sido señaladas en riesgo debido al cambio climático en la mayoría de las ciudades.

De hecho, alrededor de la mitad de las especies que forman bosques urbanos ya están experimentando condiciones climáticas que superan sus límites de tolerancia natural a las altas temperaturas o la falta de agua y podrían afectar a su salud y desempeño.

La cantidad de especies afectadas y la escala del impacto aumentarán notablemente para 2050 a medida que aumenten las temperaturas. Esto pone en peligro la salud y la longevidad de los bosques urbanos y los beneficios que brindan a la sociedad.

Unas condiciones climáticas que superan la tolerancia natural de las especies pueden resultar en árboles enfermos y con crecimiento limitado y, finalmente, provocar su muerte. De esta forma, se reduce su efecto de enfriamiento. Durante una sequía o el estrés por calor, los árboles pueden dejar de liberar vapor de agua o desprenderse de sus hojas para reducir el daño a los tejidos. Esto significa que es muy probable que este sistema de aire acondicionado natural deje de funcionar cuando más lo necesitamos.

¿Qué podemos hacer?

Nuestro estudio es importante a nivel mundial porque brinda ayuda a los gobiernos de 164 ciudades para manejar y cuidar sus bosques urbanos al identificar las especies que podrían estar en riesgo y deben ser vigiladas y las especies que son resistentes al clima, útiles para plantaciones futuras.

Además, las personas podemos tomar una serie de medidas sencillas para ayudar a los bosques urbanos a sobrevivir y seguir brindando sus muchos beneficios a los ciudadanos:

Esta nota se publicó originalmente en The Conversation. Podés leer aquí el original.

Desde el año 1999, cada 4 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. La fecha, propicia para recordar la vital importancia de la tarea que llevan adelante los brigadistas, así como a quienes han sufrido accidentes, e incluso han perdido la vida, desempeñando su labor en la lucha contra el fuego, fue establecida a partir de un incendio ocurrido en Canadá en diciembre de 1998 donde fallecieron cinco combatientes de una brigada forestal. Coincide, además, con la celebración del Día de San Florián, considerado Santo Patrono de los Combatientes.

En nuestro país, la Administración de Parques Nacionales de Argentina (APN) tiene bajo su responsabilidad el cuidado y la preservación de muestras emblemáticas de la diversidad biológica del patrimonio natural y cultural del país, así como sus rasgos paisajísticos más sobresalientes. En este sentido, la prevención de incendios es clave en pos de la conservación de estas muestras que deben ser resguardadas así como incrementadas para beneficio de las generaciones presentes y las futuras.

La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) de la APN es la encargada de establecer lineamientos y estrategias de prevención de fuegos no deseados, manejo de quemas prescriptas y rehabilitación ecológica.

 A fin de prevenir focos ígneos, el área técnica de Ecología del Fuego de la DLIFE planifica tareas siguiendo datos de pronósticos climatológicos, índices y partes de alerta, adaptando esta labor a cada destino del país, según sus características y costumbres en cuanto al uso del fuego.

La labor de los brigadistas es una de las tareas más peligrosas. Quienes se desempeñan como tales demuestran una gran vocación para la atención de la comunidad en todo tipo de emergencias.

LG con información de Parques Nacionales.

Grandes extensiones de bosque arden cada año en la Amazonía para que coman cerdos de macrogranja al otro lado del océano Atlántico, en Europa. Después, buena parte de la carne de los animales criados y sacrificados en grandes explotaciones de España, por ejemplo, acabará vendida a China.

La ganadería superintensiva, cuyo máximo exponente son las macrogranjas, ha acaparado el discurso público en España a partir de la manipulación de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre los impactos ambientales de ese modelo de explotación. Sin embargo, la factura ecológica de esta fórmula de obtener carne comienza a muchos kilómetros al oeste: está directamente relacionada con la destrucción forestal en Brasil o Argentina. Los árboles se talan o abrasan para abrir espacio a los cultivos de soja con los que satisfacer la demanda de piensos que exige esa ganadería industrial.

El cultivo de soja: de la deforestación en América del Sur al

consumo de cerdo español en China

SUPERFICIE DEFORESTADA EN 2020

Amazonía brasileña

Norte de Argentina

13.200 km2

1.140 km2

La extensión aproximada

Unas tres cuartas partes

de la provincia de Jaén

de la isla de Gran Canaria

(13.496 km2)

(1.560 km2)

Entre 2006 y 2017, se plantaron de

6.000 a 18.000 km2

  de soja cada año en tierras

deforestadas de la Amazonía

37

En 2020, España importó del continente

americano 5,8 millones de toneladas de

18

soja, una cantidad algo mayor que la que

se destinó ese mismo año en nuestro país

(4 millones)

a la producción de pienso

para ganado. Del total de 37 millones de

5,8

toneladas producidas,

18 millones

 fueron

5

4

destinadas al engorde de porcino, una

1,4

carne de la que España produjo 5 millones

de toneladas.

1,4 millones, 

 casi una de

Soja

Pienso

Carne de cerdo

cada tres, fueron exportadas a China.

MILLONES DE TONELADAS

Fuentes: Greenpeace, Wikipedia, Ministerio de Agricultura y Erasmus

El cultivo de soja: de la deforestación

en América del Sur al consumo de

cerdo español en China

SUPERFICIE

DEFORESTADA EN 2020

Amazonía brasileña

13.200 km2

La extensión aproximada

de la provincia de Jaén

(13.496 km2)

Norte de Argentina

1.140 km2

Unas tres cuartas partes

de la isla de Gran Canaria

(1.560 km2)

Entre 2006 y 2017, se plantaron

de

6.000 a 18.000 km2

de soja cada año en tierras

deforestadas de la Amazonía

En 2020, España importó de continente americano

5,8 millones de toneladas de soja, una cantidad algo

mayor que la que se destinó ese mismo año en

nuestro país

 (4 millones)

 a la producción de pienso

para ganado. Del total de 37 millones de toneladas

producidas,

 18 millones   

   fueron destinadas al

engorde de porcino, una carne de la que España

produjo 5 millones de toneladas.  

  1,4 millones,  

   casi

una de cada tres, fueron exportadas a China.

37

18

5,8

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4

1,4

Soja

Pienso

Carne de cerdo

MILLONES DE TONELADAS

Fuentes: Greenpeace, Wikipedia, Ministerio de Agricultura y Erasmus

Esta relación funesta está comprobada hasta tal punto que la Comisión Europea reconoce dónde recae parte del problema: “El consumo de la Unión Europea es un factor que influye de manera desproporcionada en la deforestación”, explica en el borrador de nuevo reglamento sobre comercialización de determinadas materias primas. Hasta ahora, a nivel europeo, varias de estas materias estaban bajo paraguas de compromisos voluntarios de los sectores implicados.

Los productos que se van a regular son: la madera, el ganado bovino, el aceite de palma, el cacao, el café y... la soja. La CE explica que, sin la normativa en elaboración, “el consumo y comercialización de estas seis materias primas provocaría para 2030 la destrucción de 248.000 hectáreas”.

La deforestación en la Amazonía de Brasil ya bate récords. El año pasado la tasa de destrucción subió un 20% respecto a 2020 y alcanzó los 13.250 km2. Es el tercer pico consecutivo de los últimos diez años desde que se registrara un mínimo en 2012. En ese periodo, la tasa de deforestación se ha incrementado un 186%, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil.

Y, en gran medida, el cultivo industrial de soja está detrás: solo de 2006 a 2017, se plantaron, cada año, entre 600.000 y 1,9 millones hectáreas de soja en terreno deforestado en esa zona del planeta, según una investigación internacional publicada en febrero de 2020 en Environmental Research. La causa fue “el crecimiento global de la demanda, las fluctuaciones en la disponibilidad de capital y la oportunidad política”, decían los investigadores de varias universidades.

Y eso que una denominada moratoria de la soja –un compromiso voluntario de los comerciantes para rechazar soja obtenida en terrenos recientemente deforestados– ha conseguido “ayudar a reducir el 'clareamiento' directo para plantaciones”, detectaron estos científicos. Pero, al mismo tiempo, la agroindustria de la soja puso la vista en la sabana de El Cerrado brasileño que está comiéndose ahora sin mucho freno: la mitad del ecosistema se ha convertido ya en campo de cultivo.

España se ha convertido en una maquila cárnica donde se reciben grandes cantidades de materias primas extranjeras baratas para ser transformadas en productos de mayor valor, que son nuevamente exportados a terceros países

Isabel Fernández Cruz — Ecologistas en Acción

El norte húmedo de Argentina es otra de las regiones boscosas que soportan la deforestación para crear espacios abiertos donde cultivar grandes extensiones de soja. En 2019 la superficie desmontada en las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta sumaron 80.900 hectáreas, según el análisis de fotos satélite de Greenpeace. En 2020 se llegó a las 114.700 hectáreas de bosque arrasado: un 41% más. “Las principales causas de la pérdida de bosques nativos son el avance de la frontera agropecuaria: ganadería y soja además de los incendios”, afirma la organización.

Base de la alimentación ganadera

La demanda de soja y su mercado están al alza, como describía el trabajo de Environmental Research. En 2020, recomenzó la escalada de precios que hizo que se pasara de 360 dólares por tonelada en el mes de abril a los 520 dólares por tonelada en diciembre, es decir, un encarecimiento del 44% en ocho meses. “Una cotización que no se registraba desde los máximos de 2012”, aclara el Ministerio de Agricultura, que subraya que la soja “es uno de los principales productos agrarios importados por España”.

Efectivamente, España está entre los primeros puestos de la demanda europea. Importa más de cinco millones de toneladas de soja cada año, según los registros del Ministerio de Agricultura. Entre 2016 y 2020 las compras subieron un 9%: de 5,3 a 5,8 millones de toneladas entre habas y tortas de soja. Más de la mitad viene de Brasil (que es el país al que más importa productos agroalimentarios).

Y, casi toda la soja que entra en España, se usa para fabricar piensos para animales, no para comida o bebida humana. “Son la base proteica de la alimentación ganadera”, explican en Agricultura. Más de cuatro millones de toneladas de soja se utilizan todos los años para obtener alimentación animal. La producción total de piensos en España superó los 37 millones toneladas en 2020 por los 31 millones toneladas de 2015. El 96% es para ganado o aves, “animales de abasto” en terminología agropecuaria.

Sustento del “boom” del porcino

El engranaje que une la soja suramericana con las explotaciones intensivas europeas está engrasada por corporaciones como Bunge o Cargill que controlan la cadena en la producción, transporte y transformación. Ambos gigantes, que aseguran que sus compromisos y código interno hacen que su soja sea “sostenible”, tienen plantas transformadoras de soja en puertos españoles para cerrar su negocio integrado: adquisición en el campo, transporte oceánico y transformación de las habas de soja en producto que marcha a los fabricantes de piensos.

En este sentido, más de la mitad de toda esa producción de pienso en España es comida para cerdos destinados al matadero, según refleja la recopilación de datos de fabricantes que realiza el Ministerio de Agricultura.

Es el sustento principal del boom del porcino que ha experimentado España al pasar en diez años de sacrificar 40,8 millones cerdos en 2010 a 56,4 millones en 2020. Cada vez se crían más animales en un número menor de explotaciones –más grandes– y con un volumen de exportación que se ha disparado. En 2020 las ventas a China subieron un 111% y más de 700.000 toneladas. Tres de cada cuatro toneladas de carne de cerdo exportadas por España fuera de la UE fue vendida a China aquel año (1,3 millones en total).

Isabel Fernández Cruz, de Ecologistas en Acción, analiza que “España se ha convertido en una maquila cárnica donde se reciben grandes cantidades de materias primas extranjeras baratas para ser transformadas en productos de mayor valor, que son nuevamente exportados a terceros países”. Y, muy crítica con este esquema, remata: “Este modelo conlleva graves impactos socioambientales, tanto en los lugares de cultivo de la soja, como en los territorios rurales ibéricos con la contaminación del agua, el aire, y la pérdida de biodiversidad”.