Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 que se realiza a nivel global y en el que los países que se acercan a 100 son los percibidos como menos corruptos y se ubicó en el puesto 99 sobre 180 países, por debajo del promedio mundial.

Según el último informe presentado por Transparencia Internacional, el primero que incluye al Gobierno de Javier Milei, Argentina quedó por debajo del promedio mundial que es 43 puntos, mientras que tuvo el mismo puntaje que el año anterior (cuando se midió la percepción de corrupción durante el mandato de Alberto Fernández) y retrocedió un puesto en el ranking total respecto de 2023.

La Argentina registró su peor marca en 2015 (último año de la gestión de Cristina Kirchner), cuando obtuvo 32 puntos, mientras que en el escrito de 2024 registra peor índice que Cuba y Ghana en un ranking que, a nivel global, está liderado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia con 88.

En tanto, en el otro extremo de la tabla los países percibidos como más corruptos, son Sudán del Sur (8 puntos), Somalía (9) y Venezuela (10), mientras que de 32 países en Latinoamérica, Argentina está en el puesto 18. La región tiene un promedio de 42 puntos y nuestro país está 5 puntos abajo de ese número, mientras que se destacan los resultados de Uruguay (76 puntos) y Canadá (75) que son los mejores del continente, mientras que Venezuela, y Nicaragua (14) son los peores.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio, mientras que es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.

“Hacemos que los poderosos y corruptos rindan cuentas, exponiendo los sistemas y redes que permiten la corrupción. Abogamos por políticas y construimos coaliciones para cambiar el statu quo. Nuestra visión de un mundo libre de corrupción no es un fin en sí mismo. Es la lucha por la justicia social y económica, los derechos humanos, la paz y la seguridad”, explican desde Transparencia Internacional.

Qué dice Transparencia Internacional de sus informes sobre corrupción

“Definimos la corrupción como el abuso del poder confiado para beneficio privado. La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental. Exponer la corrupción y hacer que los corruptos rindan cuentas solo puede suceder si entendemos la forma en que funciona la corrupción y los sistemas que la permiten”, aseguran desde la organización.

La corrupción puede tomar muchas formas y puede incluir comportamientos como:

La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar: en los negocios, el gobierno, los tribunales, los medios de comunicación y la sociedad civil, así como en todos los sectores, desde la salud y la educación hasta la infraestructura y los deportes.

La corrupción puede involucrar a cualquiera: políticos, funcionarios gubernamentales, servidores públicos, empresarios o miembros del público.

La corrupción ocurre en las sombras, a menudo con la ayuda de facilitadores profesionales como banqueros, abogados, contadores y agentes inmobiliarios, sistemas financieros opacos y empresas fantasma anónimas que permiten que florezcan esquemas de corrupción y que los corruptos laven y oculten su riqueza ilícita.

La corrupción se adapta a diferentes contextos y circunstancias cambiantes. Puede evolucionar en respuesta a cambios en las reglas, la legislación e incluso la tecnología.

Para luchar contra la corrupción, debemos adoptar la transparencia

La transparencia se trata de saber quién, por qué, qué, cómo y cuánto. Significa arrojar luz sobre reglas, planes, procesos y acciones formales e informales. La transparencia nos ayuda a nosotros, el público, a responsabilizar a todo el poder por el bien común.

Buscar y recibir información es un derecho humano que puede actuar como salvaguarda contra la corrupción y aumentar la confianza en los tomadores de decisiones y las instituciones públicas. Sin embargo, la transparencia no consiste solo en hacer que la información esté disponible, sino en garantizar que los ciudadanos puedan acceder a ella, comprenderla y utilizarla fácilmente.

Pero la transparencia es solo el primer paso para frenar la corrupción

Hemos aprendido de más de veinticinco años de experiencia que la corrupción solo puede mantenerse bajo control si los representantes del gobierno, las empresas y la sociedad civil trabajan juntos por el bien común.

Por qué es importante medir la corrupción

Para acabar con la corrupción, primero debemos entenderla. En Transparencia Internacional analizamos las causas de la corrupción, su impacto y las estrategias más efectivas para erradicarla. Nuestras metodologías de investigación y herramientas anticorrupción juegan un papel crucial en la exposición, medición y reducción de la corrupción en todo el mundo.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el ranking mundial líder de corrupción en el sector público. Desde su lanzamiento en 1995, el CPI ha sido ampliamente reconocido por dar forma a la agenda internacional contra la corrupción.

El Barómetro Global de la Corrupción (GCB) es la encuesta pública más grande del mundo sobre corrupción, que recopila datos de primera mano sobre cómo las personas experimentan y perciben la corrupción en su vida diaria. Desde 2003, ha encuestado a decenas de miles de ciudadanos en todo el mundo, proporcionando información única sobre el soborno, el abuso de poder y la confianza institucional. Complementa el IPC al reflejar las percepciones públicas de corrupción.

Con información de agencias y Transparencia Internacional.

Se publicaron esta semana datos de Transparencia Internacional, que dicen medir los niveles de corrupción de 180 países en un índice que coloca en 0 a los “altamente corruptos” y en 100 a los “más limpios”. Al menos así lo presentan los medios de comunicación globales y locales que invitan a sus ciudadanos a conocer, en perspectiva comparada, cuánto mejoraron o empeoraron sus países en rectitud institucional. La Argentina y Brasil no solo salen empatados porque ambos alcanzan 38/100 puntos y comparten la posición 94/180 en el ranking, sino también porque a partir de 2019, con un gobierno de centro izquierda y otro de centro derecha, los dos redujeron sus puntajes.

Cierta forma contemporánea de la ignorancia cree que la verdad es numérica. No importa qué ni cómo se mida un fenómeno, cuanto más decimales resista su descripción más cerca estaremos de la objetividad. Lo llamativo es que, ante un coro generalizado de indignados que enjuicia a las instituciones políticas y administrativas de cada nación (dejando debajo siempre a las más pobres y desiguales como Somalía, Sudan o Haití y en la cima a las más ricas e igualitarias como Dinamarca, Alemania o Canadá), casi nadie se pregunta qué mide exactamente este índice, hasta qué punto refleja cambios significativos y sobre todo cuánto el aliento de esta sensibilidad global por la transparencia está contribuyendo a disminuir los delitos que denuncia.

Ante las complejidades que presenta definir jurídicamente el término corrupción, la dificultad que supone registrar prácticas ilegales y el hecho de que sus víctimas muchas veces ni se enteran de lo sucedido, Transparencia Internacional opta por medir percepciones. Es decir, no recuenta hechos concretos sino lo que un panel de expertos y empresarios opina como la situación imperante. Es notable observar la distancia entre las advertencias metodológicas que incluye el documento y las afirmaciones perentorias que acompañan la publicación. Mientras en las primeras se reconoce que el índice “no es un veredicto de los niveles de corrupción de naciones” (FAQ, p. 2), en la portada se denuncia que “...155 países no hicieron ningún progreso significativo contra la corrupción o incluso declinaron desde 2021.” Ni aquí ni en los medios que difunden los resultados hay mayores esfuerzos por contrastar estos índices con la renovación de autoridades, ni su correspondencia con la efectiva observación de los delitos sospechados.

Claro está, la preocupación es legítima, y muy grave que unos pocos se beneficien a costa de las mayorías. La cuestión, como plantea Sebastián Pereyra, es apreciar cuánto esta forma moralizada de concebir al fenómeno contribuye a revertirlo. Desde la perspectiva que transmiten estos índices y que tanto se popularizó en la Argentina, la corrupción remite a un conjunto preciso de personas con conductas perversas. La forma de combatir a esos seres y sus actos es develar sus fechorías (con escándalos), sancionar sus transgresiones (con juicios ejemplares) y diseñar dispositivos que alienten la rendición de cuentas (con crecientes controles administrativos). El problema es que mientras la sospecha se propaga, la frustración crece y, en el límite, se generaliza un resignado acostumbramiento, los juicios avanzan lento, casi nadie es condenado y los engorrosos procedimientos adoptados generan lo contrario de lo que dicen perseguir.

Mientras tanto, poco se dice de la corrupción como efecto sistémico de ordenes políticos, judiciales y administrativos que recurren a estos mecanismos espurios para solucionar sus problemas. Oficialismo y oposición, cuyas campañas se financian de manera oscura, prefieren denunciar a sus competidores como delincuentes y judicializar sus conflictos en lugar de resolverlos con las artes que les son propias. Ambos eligen seguir alimentando redes afines, en lugar de garantizar la independencia judicial. Por su parte, conscientes de los resortes que dictarán sus ascensos, los jueces se suplantan o se reconvierten según el clima político en el que les toque intervenir. A su vez, pocos piensan en fortalecer un funcionariado público que además de completar planillas de gastos irrisorios, tenga los conocimientos, la experiencia, la responsabilidad y sobre todo la dignidad que requieren las instituciones que se aspira a construir. Hay otras formas de resolver el problema. En la Red Marítima Anticorrupción, por ejemplo, en lugar de denunciar testimonialmente a los malos, se identificó el problema que resolvían esas prácticas condenables y se buscó solucionarlos de un modo más virtuoso para la comunidad.

Mientras las transgresiones a las normas se multiplican, nos quedan al menos los números. Con la fuerza de las estadísticas y la conciencia tranquila, sigamos replicando entonces el negocio complaciente e inocuo de esta nueva Inquisición.

MH

La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

Un página que expuso el vínculo entre ONG que se presentan independientes y los proyectos políticos fue escrita en años recientes en Brasil por Transparencia Internacional y los fiscales del Lava Jato.

La entidad alemana cofundada en 1993 por el exfuncionario del Banco Mundial Peter Eigen y el exagente de inteligencia militar Michael Hershman otorgó el Premio Anticorrupción 2016 al principal procurador del Lava Jato,  Deltan Dallagnol, un abogado evangélico que se describe a sí mismo como “discípulo” o “soldado de Cristo”.

En junio de 2019, cuando el sitio brasileño The Intercept divulgó los mensajes de Telegram que demostraban como Dallagnol y el juez Sergio Moro habían pergeñado abusos y fabricado pruebas para investigar Lava Jato, ilegalidades que terminaron en la anulación de la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, Transparencia Internacional reaccionó a la defensiva. La ONG alemana se alineó de inmediato con Moro (entonces, ministro de Justicia de Jair Bosonaro) y Dallagnol, denunció la “indebida” divulgación de los mensajes, reclamó una investigación por la “manipulación” de los textos e hizo un pedido genérico para que se aclararan los intercambios entre el juez y el fiscal.

Había razones para una reacción tan inusual de la ONG apartidaria por excelencia, cuya filial argentina es Poder Ciudadano. Los mensajes de The Intercept demostraron que el delegado de Transparencia en Brasil, Bruno Brandao, tenía un trato cotidiano con el soldado Dallagnol. Coordinaban acciones, se pedían permiso para actuar y maquinaban negocios. En sórdida fraternidad, se juramentaban lealtad eterna vía smartphones al tiempo que se alertaban de no dar pasos en falso que pudieran alterar la imagen de independencia.

'Gostei mto da idea', tecleó Deltan

Dos años antes de la divulgación de los textos, en junio de 2017, Brandao propuso al fiscal crear una fundación anticorrupción que gerenciaría Transparencia Internacional con fondos recuperados de Petrobras. “Gostei mto da idea”, tecleó Deltan. Conocedor de leyes, el fiscal aclaró que participaría de la gestión, pero en secreto, porque su cargo le impediría asumir una empresa de ese tipo. Se mostraron pudorosos cuando dieron rienda suelta a la imaginación y llegaron a pensar donaciones mutuas.

Finalmente, el contubernio no cobró vuelo porque la entonces procuradora general de la República, Raquel Dodge, le bajó el pulgar. La cruzada ética de Moro, Dallagnol, Michel Temer,  Bolsonaro y la ONG de Eigen y Hershman comenzaba a mostrar los hilos. 

Transparencia Internacional no respondió un email de este diario para consultar sobre el caso.

SL

El martes por la mañana, Darío Nieto fue uno de los primeros en resaltar la clasificación de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, que marcó un descenso para la Argentina, entre 2019 y 2021, desde el puesto 66 —la mejor marca histórica— al 96. “En dos años de kirchnerismo ya bajamos 30 puestos… No es todo lo mismo, ni todo da igual”, opinó el legislador de la Ciudad y secretario privado de Mauricio Macri.

La caída de la Argentina de los Fernández en el estudio de Transparencia Internacional tuvo una primera escala en 2020, con un retroceso hasta el puesto 78 entre 180 países, tendencia que se aceleró el año pasado. Con 38 puntos alcanzados sobre un máximo de 100, el país pasó a estar por debajo del promedio en el listado global de la honestidad estatal.

Aunque Transparencia y su filial local, Poder Cuidadano, lo presentan como un “ranking de corrupción”, se trata de una clasificación sobre la base de percepciones, de manera que Nieto tiene derecho a expresar la suya. En la mirada del legislador, seguramente no fue un acto de corrupción que él mismo, en noviembre de 2019, a días de dejar el Gobierno, haya pedido al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta que el Banco Ciudad diera un préstamo de “10 palos” a la fraudulenta agroexportadora y aportante de campaña Vicentin, con el resguardo de que fuera “sin pasar por el directorio ni la Sigen porque la van a complicar”. Nieto no respondió la consulta de elDiarioAR para ampliar su percepción.

Cuestión de fe

Una mirada mínimamente atenta a la estadística que elabora la organización alemana Transparencia Internacional desde 1995 despierta dudas abismales. La primera es su metodología: consiste en un indicador al que se llega con información de un número acotado de fuentes, que a su vez lanzan sus propios rankings. El sesgo es evidente. Transparencia utiliza un máximo de 13 fuentes para todo el mundo; en el caso de Argentina, se restringen a ocho: la unidad de inteligencia de la ultraliberal revista The Economist; la Bertelsmann Stiftung, del gigante empresarial alemán del mundo editorial; un tal Global Risk Insight; el suizo IMD, que dice ofrecer el mejor MBA de Europa; la empresa PRS Group, que en su web publicita que su dueño pegó el salto al trabajar para la CIA en la década de 1970; el proyecto Varieties of Democracy de universidades del norte de Europa; el Foro Económico Mundial (Davos), y el World Justice Project, fundado por un exabogado de Microsoft. Casi ninguna de esas instituciones tiene oficinas en Argentina, ni siquiera en Sudamérica, por lo que recaban información a la distancia o con contratados locales que organizan el trabajo de campo.

El socio argentino de Transparencia, Poder Ciudadano, con notorios vínculos no orgánicos con la Unión Cívica Radical y emblema de la “sociedad civil” durante la década de 1990, sobrelleva desde hace años el peso de que Laura Alonso haya sido su directora ejecutiva justo antes de convertirse en una aguerrida partidaria de Macri. La prestigiosa constitucionalista Delia Ferreira Rubio transitó el camino inverso. Con décadas de militancia en la UCR y asesoría de diputados y senadores de ese signo, presidió Poder Ciudadano entre 2008 y 2010 (en coincidencia parcial con la dirección de Alonso) y, luego, fue designada al frente de Transparencia Internacional y hoy integra su comité de gobierno. El presidente actual de Poder Ciudadano es el abogado Hugo Wortman Jofre, miembro fundador, exsocio de Luis Moreno Ocampo y abogado de empresas, entre ellas Clarín. Martín Etchevers, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, se desempeña como tesorero de la entidad.

Aunque la clasificación mide percepciones, que, como tales, obedecen a contextos, miradas ideológicas y tradiciones culturales, la propia Transparencia induce al equívoco. El número elaborado sobre respuestas de un selecto padrón anónimo “se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público”, evalúa su página web. elDiarioAR se comunicó, por correo electrónico, con la oficina de prensa de Transparencia, pero no obtuvo respuesta.

Natalia Aquilino, directora del programa de Monitoreo y Evaluación del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), encuentra “una dificultad grande en inferir, a partir de la percepción de un grupo equis, algo tan importante para una democracia como es la integridad de sus instituciones”. Al respecto, Aquilino se orienta por medir “elementos objetivables” desde los cuales se podrían inferir evaluaciones sobre la corrupción, como la ejecución presupuestaria y el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD.

Supone una dificultad grande en inferir, a partir de la percepción de un grupo equis, algo tan importante para una democracia como es la integridad de sus instituciones

Natalia Aquilino

La analista de CIPPEC marca que hay índices elaborados por Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, instituciones que hace décadas desarrollaron “capacidad de comparabilidad internacional”, y puntualiza que un registro útil sería el Budget Proficiency Index, que mide la calidad de la ejecución presupuestaria. Ninguna de esas fuentes forma parte del corpus tomado en cuenta por Transparencia Internacional.

El terreno en el que se mueve la ONG con sede central en Berlín discurre por otros carriles. Fue fundada en 1993 por el alemán Peter Eigen, un exfuncionario del Banco Mundial que dijo sentirse frustrado porque esa institución multilateral no aplicaba criterios anticorrupción. Su socio en el armado fue Michael Hershman, creador del Fairfax Group, hombre con vasta experiencia en el vértice en que se tocan los mundos estatal y privado que comenzó su carrera como agente de inteligencia del Pentágono especializado en contraterrorismo.

“Realidad, no percepción”

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, enumeró los indicios que habrían llevado al acelerado declive argentino en el listado de la honestidad. En una nota en La Nación titulada “No es la percepción, es la realidad” y en una entrevista con La Nación +, el responsable de PC  mencionó la vacunación privilegiada pero “no generalizada” de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; la fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena; la suspensión de la prohibición de re-reelección de los intendentes bonaerenses; y “los intentos de cooptar el Ministerio Público Fiscal” (el proyecto para designar a un procurador general por mayoría simple para terminar con el interinato de Eduardo Casal tras la renuncia forzada mediante amenazas de cárcel a Alejandra Gils Carbó, en 2017). Secchi aclaró que no es un problema específico de los Fernández y aludió también al video de la Gestapo que protagoniza espías y funcionarios de María Eugenia Vidal, algo que difícilmente haya influido, dado que, a la fecha de su divulgación —fines de 2021—, la encuesta de Transparencia estaba cerrada.

En la mirada de Nieto, seguramente no fue un acto de corrupción que él mismo, en noviembre de 2019, a días de dejar el Gobierno, haya pedido que el Banco Ciudad diera un préstamo de '10 palos' a la fraudulenta agroexportadora Vicentin

Seguramente la agenda enumerada por Secchi —quien no respondió a elDiarioAR por encontrarse en el exterior— tiene un peso entre los críticos del Gobierno peronista. De hecho, Cambiemos y su entorno cultural y mediático suelen asignarse un papel regenerativo en la política argentina. “No todo es lo mismo”, dijo Nieto y suele decir Vidal. Para muchos votantes de la coalición liderada por Macri, el espectáculo denigrante del exsecretario de Obras Públicas José López con millones de dólares en el convento de General Rodríguez, por citar un caso, da cuenta de una matriz que atraviesa al kirchnerismo. Es su legítima mirada política.

Otro sector de la sociedad percibe las cosas de manera muy distinta. Para ellos, la gestión que llevó a un reconocimiento relámpago de una deuda por US$ 747 millones a Abertis, socio español del Grupo Macri en autopistas, a raíz de una demanda presentada tres días antes de la asunción de Mauricio Macri (7-12-2015); las offshores de familiares en Luxemburgo a las que fueron a parar las megaganancias originadas en un pase de manos de parques eólicos; las denuncias de Elisa Carrió basadas en anónimos pasados por debajo de la puerta o en arrepentimientos de inteligencia fraguados en el living de su casa; la profusión de contratos con consultoras y ONG, o la política energética diseñada por un ejecutivo de una de las principales petroleras representan un esquema de fraudes inaudito. Otra mirada, también legítima.

En casos así, el padrón de consultados dice todo. Se puede averiguar la percepción de corrupción que tiene el ejecutivo de una petrolera, un docente de la Facultad de Derecho, el director de una ONG, un juez de la Asociación de Magistrados, un consultor de opinión pública, un embajador europeo y el editor de un diario líder. O bien, Transparencia Internacional y sus socios pudieron haber enviado los formularios con las preguntas a un cura en Opción por los Pobres, la decana de Sociales, una referente de Pan y Rosas, un juez de Justicia Legítima, una Madre de Plaza de Mayo y al dueño de una pyme industrial de Berazategui. Los resultados podrían ser diametralmente opuestos.

Los modelos

No sólo supone un desafío metodológico dilucidar quién responde sino también dónde. Para evitar la distorsión que supone la comparación con latitudes lejanas —ya que un guatemalteco, un sueco o un keniata podrían percibir de manera diferente qué significa corrupción— cabe aludir a dos países con proximidad cultural que se destacan por su ubicación en listado de la honestidad que difunde Transparencia: Uruguay y Chile.

Se sabe que el sistema financiero uruguayo es una aspiradora de evasores argentinos. Como quedó claro en Panama y Pandora Papers, las offshores en Centroamérica y el Caribe suelen triangular en Montevideo, donde residen estudios jurídicos y contables que se dedican a crear mamushkas financieras. Todo legal; sin coimas de por medio y reivindicado con orgullo por parte del sistema político oriental. Un uruguayo con una mirada algo sofisticada y sin vínculos con esa ciénaga debería ingeniárselas para responder lo que piensa según las categorías de corrupción que le propone Transparencia.

Desde tiempos de Pinochet hasta marzo próximo, la política chilena ha estado atravesada por un criterio patrimonialista, con sus más (cuando gobernó la derecha) y sus menos (cuando gobernó la centroizquierda). La impronta marcó que empresarios de la salud se ocuparan de la política de salud; dueños y directivos de universidades privadas, de la educación; ejecutivos de mineras, de la minería, etcétera. Así fue cómo el titular de una de las mayores fortunas de Chile se convirtió en presidente durante dos períodos y, desde ese cargo, hizo y deshizo licitaciones, privilegió negocios y organizó falsos fideicomisos ciegos para maquillar sus intereses. Nuevamente, todo legal. Sin intermediarios pasibles de tentarse con un soborno.

El marco económico-institucional de Chile o Uruguay no desmiente que probablemente esos países hayan desarrollado prácticas más virtuosas que otros en la relación cotidiana con el Estado. Lo que sí demuestra es la inutilidad de dibujar una variable sobre la base de percepciones sin ponderar el marco en que se vierten y, a partir de allí, organizar clasificaciones internacionales de honestidad.

Rankings como lanzas

Las clasificaciones se volvieron una cuestión vital para las ONG y los medios de comunicación. Para las primeras, son herramientas que otorgan visibilidad y, con ella, financiamiento. Para los segundos, un ranking con buenos gráficos y algunas líneas interpretativas solucionan una nota. En épocas de periodismo polarizado, las clasificaciones —solvencia aparte— son armas útiles para arrojar al rival.

Hay innumerables cuestiones en las que la estadística comparada pisa firme, a algunas de las cuales aludía Aquilino, de CIPPEC. Desde los aspectos económicos más básicos hasta homicidios según cantidad de habitantes, población vacunada, evaluaciones educativas, desarrollo humano y datos mucho más específicos que son valiosos para diseñar políticas y estudios académicos.

También abundan los rankings vidriosos. Un economista promercado de la Universidad Johns Hopkins creó algo llamado “índice de miseria”, que mezcla un puñado de variables y arroja un número sin ningún sentido. Think Tanks libertarios difunden el índice de libertad económica; a Colombia y Paraguay les suele dar muy bien. Para consumo doméstico, Poliarquía lista los periodistas más prestigiosos para los “líderes de opinión” (?). La agencia Bloomberg se arriesgó a difundir el mejor lugar para vivir la pandemia, esbozo que logró alguna repercusión hasta hace poco. Por algún motivo desconocido, a mediados de 2021, Bloomberg informó que el destino ideal para pasar el coronavirus fue Estados Unidos, país que alberga el 4% de los habitantes del mundo y 16% de los muertos por la enfermedad.

Ocurre que a la percepción y a la licuadora de estadísticas, nadie les gana. 

SL

La nota fue actualizada a las 23 del 28 de enero con la información del consejo de administración.