La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a seis personas por la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y daño calificado en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval para el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron fuentes judiciales.

Se trata de seis personas a las que la justicia logró individualizar a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión cuando arrojaban elementos contundentes contra el Congreso y luego pudo identificar por medio de un informe pericial de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, en el que se utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial.

Los investigados

Los procesados son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.

En esta causa se investigan los hechos ocurridos el 10 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando en el interior del recinto se encontraba sesionando la Cámara de Diputados, a raíz del acuerdo celebrado entre esta Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En las circunstancias señaladas, a partir de las 15:00 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de 'gomeras' elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad”, reseñó la jueza Capuchetti en el fallo.

Detalló que “estas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio”.

“De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública”, explicó la jueza en el fallo de 66 páginas que incluye fotos de los momentos en los que los procesados arrojaban las piedras o rompían las veredas, según el caso.

En otro fallo, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por la Directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la cámara alta.

DA con información de Télam

Cuando llegué a la Alcaidía Octava de la Policía de la Ciudad me impresionó ver una columna de infantes entrenándose para combate. Llevaban sus armas antidisturbios y toda la parafernalia propia del caso. No sé si sería un entrenamiento de rutina, pero tuve un escalofrío. ¿Se estarán preparando para algo? La mano no viene fácil.

Estaba ahí porque fui a visitar a Alexander Rodríguez, Jaru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada ley de acuerdo del Fondo. Está a disposición del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que lo mantiene en una ridícula prisión preventiva pese a la ausencia de cualquier elemento probatorio que lo involucre con los delitos que le imputan. Me cuenta su abogado, Martín Alderete, que la querella no se opuso a ninguna excarcelación. La preventiva es una definición del poder porteño que busca darle a los hechos su propia narrativa a costa del debido proceso judicial y la libertad de personas inocentes.

Jaru irradia luz desde atrás del blindex policial. Como tantos otros venezolanos que vinieron a la Argentina, trabajaba hasta el mismísimo día de su detención como vendedor de Rapi pedaleando nueve horas por día para juntar el mango. Antes de Rapi, tuvo un barcito frente al Colegio Mariano Acosta que quebró con la pandemia. Ahí conoció a varios padres que mandamos allí a nuestros hijos a esa escuela, como Nacho de la Poderosa; también a su ex directora, la pedagoga Raquel Papalardo. Todos tienen un gran recuerdo del venezolano que les servía el café de la mañana y pueden dar testimonio de su carácter.

Jaru llegó al país hace unos 6 años desde Cotiza, un barrio de monoblocs muy pobre de Caracas. Allá en el Bloque 1 de un Torre de más de 30 pisos su abuela espera la pequeña remesa que Jaru llegaba a juntar con horas de trabaja para ayudarla a ella, su madre soltera y su hermano deportista.

Vino como todo migrante a buscar un futuro mejor y a pesar de todas las dificultades y su injusta detención está agradecido de la Argentina. Empezó la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ahí conoció a Laura, su novia hace cinco años, y a Facundo, un compañero de Nuestramérica que le abrió la puerta a la militancia social. Detrás del vidrio del locutorio carcelario se le saltan las lágrimas cuando habla de ellos. Su novia, su amigo, sus compañeros. 

Es que Jaru es un pibe sensible que siempre tuvo vocación por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Trabajó en huertas comunitarias, merenderos y ollas populares durante la pandemia. No le importaba demasiado la orientación política del grupo mientras hubiera trabajo social genuino sobre todo si implicaba trabajar la tierra. El quería realizar la contraprestación por el salario social complementario que cobraba dónde fuera, pero ganárselo laburando, como la mayoría de los que reciben este derecho siempre tan estigmatizados.

En política, Jaru tiene sus propias ideas que sabe expresar con claridad, pero sin fanatismo, con esa humildad que demuestra sed de conocimiento y deseo profundo de encontrar el camino correcto para reparar las injusticias que él mismo sufrió en su país natal. Ahora se agregan nuevas injusticias en su país adoptivo.

Lo que tiene de bolivariano Jaru es por un ascensor. El ascensor que colocó Hugo Chávez en el Bloque 1 del Barrio Cotiza que permitía a su abuela bajar sin romperse los meniscos. También por un torneo de futbol que organizó el gobierno en el que pudo darle la mano a Maradona y al comandante. Esas experiencias simples que se marcan a fuego en el corazón de los humildes, los siempre despreciados, cuando sienten que por una vez hay quien los defienda. Me recordó las anécdotas que todavía alguna anciana puede contar de Evita. Tal vez por eso, paradójicamente Jaru también simpatiza con Cristina.

Jaru reivindica la dignificación que significó el proceso bolivariano sin dejar de criticar la situación actual de Venezuela dónde, me cuenta, conviven cuatro monedas: el dólar en el norte, el peso colombiano en el oeste, el real brasilero en el sur y el bolívar en el centro. Sin escatimar críticas al actual gobierno de su país, también es consciente del impacto tremendo de las sanciones norteamericanas que ahora se están levantando por las necesidades geopolíticas del gran hermano del norte. En la realpolitik se puede pasar de integrar el eje del mal al eje del bien de un día para el otro.

Acá pasa algo parecido. La delgada línea entre ser un luchador contra el Fondo Monetario Internacional o un delincuente conspirador en tentativa de magnicidio. Milagro Sala es la presa política emblemática de la Argentina que sigue padeciendo la persecución en Jujuy por tirar, en este caso, huevos. Todo ello ante un silencio que aturde. Aturde tanto como el que efectivamente imperó frente a los destrozos en el despacho de Cristina porque pareciera que las violencias físicas y simbólicas que se descargan sobre el cuerpo y el alma de esa mujer, de tan reiteradas, quedan normalizadas. Por su férreo temple ella no parece necesitar la solidaridad de los compañeros frente a una agresión. La necesita.

Jaru también la necesita. No es tan “importante” pero es un laburante, estudiante, pobre, migrante, militante, buena persona, sostén de su familia de allí en Venezuela. No hizo nada de lo que le imputan ni tuvo participación alguna en los destrozos de las oficinas de Cristina. Es un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario. No permitamos el silencio ante esta cacería de brujas tampoco ¿Acaso ellos hambreados y en patas son la violencia? No imputemos la violencia, que es multidimensional y permanente, que excede con creces el vuelo de una piedra. Siempre a los débiles. Mucho menos quienes luchamos por la liberación social y económica de un país cada vez más dependiente como el nuestro.

Lo que genera violencia es el Fondo Monetario Internacional como bien dijo Cristina Kirchner en su video; ahí está el responsable mediato. Si se quiere buscar al inmediato en torno al hecho puntual, hay que apuntar a la negligencia criminal de no colocar un vallado perimetral en una movilización que, al igual que la reforma previsional, tenía todos los números para terminar como terminó. Es una enorme negligencia que el despacho de una autoridad política como la vicepresidenta quede desprotegido y a tiro de piedra de la cabecera de una marcha que expresa bronca y frustración.

Es un problema cuando se confunden los conflictos políticos y sociales con cuestiones judiciales y policiales. Son formas de criminalización de la política y la protesta, esas formas que combatimos los que pusimos el cuerpo contra el lawfare que sufrió la vicepresidenta o defendimos por obligación militante a dirigentes sociales con los que ninguna afinidad política o metodológica nos une. Esto no implica minimizar lo que sucedió en su despacho. Podría haber lastimado feo a alguien. Me consta la gravedad de la situación y la angustia traumática que vivieron todos los que habitaban ese despacho - dirigentes o trabajadores. Pero es harina de otro costal la interpretación que de esos hechos se haga y las responsabilidades que se deslinden.

Las interpretaciones están mediadas por interpretes que en general ofician de construir las hipótesis que refuerzan ciertas ideas o prejuicios de los dirigentes para endulzarles el oído. A veces hay tanto chupamedia rondando los espacios del poder -como la Casa Rosada como el Palacio Legislativo- que nuestros dirigentes, con lo oídos hinchados de los que meten cizaña en beneficio propio y saben decirle a cada uno lo que inconscientemente quiere escuchar, caen en exegesis totalmente erróneas que derivan en posiciones y acciones equivocadas. Estos personajillos rastreros tienen reservado el octavo circulo del Infierno.

También se escucha a los charlatanes del off the record diciendo de un lado que las piedras fueron arrojadas por Grabois y la Cámpora en una suerte de autoatentado; se escucha otros diciendo que fueron sectores afines a Alberto que buscaban amedrentar a Cristina.

El Fondo siempre trajo a nuestro país violencia, hambre y sufrimiento, males de lo que las víctimas nunca son los dirigentes sino el pueblo que lo padece. Ojalá que lo que vi en la Alcaidía Ocho haya sido sólo un ejercicio de rutina. Ojalá que Jaru, los otras detenidos políticos y futuros integrantes de las clases populares no sean quienes paguen con la cárcel por enfrentar la violencia que generan los poderosos. Ojalá nuestros gobernantes sepan revertir o al menos minimizar los males que augura el futuro para que no sea el Pueblo quien pague la fiesta de los capitales financieros fugados con dolor, exclusión, represión y sangre.

JG

El juez Penal, Contravencional y de Faltas ciudad de Buenos Aires, Norberto Circo, aceptó enviar al fuero federal porteño la causa que investiga los incidentes ocurridos en inmediaciones del Congreso Nacional durante el debate del acuerdo con el FMI el 10 de marzo último

Circo hizo lugar a un planteo de inhibitoria que le envió la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de otra investigación abierta por lo ocurrido ese día, informaron este miércoles fuentes judiciales.

La magistrada entendió que ambas causas tienen igual objeto de investigación y apuntan a los mismos sospechosos, criterio que ahora compartió Circo.

“Las imputaciones forman parte de una hipótesis más amplia”, sostuvo el magistrado porteño, quien estimó “conveniente que un único magistrado intervenga en ambos procesos” para “garantizar celeridad y economía procesal”, según su resolución.

La decisión podría ser apelada por el fiscal de la ciudad de Buenos Aires Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este, que hasta el momento investigó la causa que tiene dos detenidos con prisión preventiva.

Por los incidentes en el Congreso del 10 de marzo se abrieron dos causas penales, una en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires por los destrozos a bienes locales y lesiones a miembros de la Policía Metropolitana.

La segunda tramita en Comodoro Py 2002 e investiga entre otros hechos, los piedrazos a la fachada del Congreso, que rompieron vidrios del despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros daños ocasionados.

Esta causa es llevada por la jueza Capuchetti, quien identificó a once sospechosos, emitió órdenes de captura e indagó ya a dos acusados que no quedaron detenidos.

En esta última causa se presentó y fue aceptada como querellante la Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

Con información de Télam.

IG

La Presidencia del Senado solicitó este lunes ser querellante en la causa por el ataque a su despacho en el Congreso, cometido el 10 de marzo último, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados que debatió el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se informó oficialmente.

La presidencia del cuerpo, en manos de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, presentó esa solicitud ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, en un texto en el que remarcó que “entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas” que ella ocupa en el Senado “se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”.

La Vicepresidenta hizo su presentación a través de su abogada y directora general de Jurídicos, Graciana Peñafort.

“El pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto”, señala el texto entre sus argumentos.

El escrito subraya que, “pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación”.

Pone de manifiesto, también, que, “en aquel momento, se encontraban (allí) tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores”.

“Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21hs aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, agrega la presentación realizada por la letrada en representación de la Presidencia de la Cámara alta.

Con información de agencias.

IG