Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María. Sus restos fueron hallados juntos. Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, pareja de Tres de Febrero, secuestrados en Córdoba en 1977, padres de Mariela, quien quedó al cuidado de vecinos y familiares. José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Graciela Doldán, abogada laboralista y militante, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti.

Las últimas identificaciones del trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba revelan parte del terror de la dictadura militar en el centro clandestino de detención La Perla. Los restos fueron identificados a partir de los hallazgos realizados en 2025 en el predio conocido como Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera y los detalles de la investigación serán dados a conocer por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, este martes a las 11 en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de la capital provincial. En total hubo 11 nuevas identificadas, sumadas a 12 conocidas en marzo pasado.

La campaña arqueológica de 2025 en Loma del Torito fue ordenada por el juzgado en el marco del expediente iniciado hace cuatro décadas por una denuncia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y familiares de desaparecidos.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978, y se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas.

En marzo de 2026, el mismo proceso había permitido identificar 12 personas: Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Antes de la conferencia oficial de este martes, organismos de derechos humanos y familiares adelantaron públicamente la identidad de algunos de los identificados. Entre ellos se encuentran al menos tres parejas.

Los padres de Paula Mónaco Felipe

Ester Felipe y Luis Mónaco eran militantes de Villa María, Córdoba. Él nació en 1947 en la capital provincial, fue periodista y delegado sindical. Ella nació en 1950 en Las Varillas y trabajó como psicóloga. Ambos integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y llevados a La Perla, donde fueron asesinados.

Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, que reside en México, escribió en sus redes: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

La pareja de Tres de Febrero

Carlos Cayetano Cruspeire fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de su trabajo en una funeraria del centro. Rosa Cristina Godoy fue detenida ilegalmente poco después en la misma ciudad. Eran padres de Mariela, una niña pequeña que quedó al cuidado de vecinos y luego fue entregada a familiares.

Pertenecían a Montoneros y la Juventud Peronista respectivamente, y también integraban el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero.

Secuestrados ante sus tres hijos

José Luis Goyechea y Nilda Moreno fueron llevados el 15 de agosto de 1977 desde su casa en barrio General Paz, en Córdoba, delante de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga.

La compañera de Schiaretti

Graciela Doldán era abogada laboralista, militante de Montoneros y compañera de militancia del entonces joven Juan Schiaretti, hoy diputado nacional. Nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe y fue secuestrada en abril de 1976 en su casa de Córdoba, a los 34 años.

Schiaretti se pronunció al conocer la identificación: “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”.

Su hermano Roberto resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La conferencia de este martes será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Hay libros que llegan en su momento. No porque su autor haya dudado en escribirlos, sino porque el tiempo social —esa zona difusa donde se cruzan la política, la memoria y los consensos culturales— todavía no estaba preparado para escucharlos. Entre la incomodidad, la autocrítica y la sospecha sobre los relatos cristalizados, Prometeo acaba de publicar Los relatos de la catástrofe. Crítica de la representación de la dictadura en la literatura argentina, un libro escrito hace más de una década por el filósofo y ensayista Daniel Mundo que irrumpe en un presente atravesado por nuevas disputas sobre el sentido del pasado.

El texto fue, en su origen, una tesis doctoral presentada hace más de una década. Pero su publicación quedó en suspenso. ¿Por qué recién sale ahora? “Porque creo que hasta hace unos años no había audibilidad para entender lo que dice, ni en el campo de la memoria ni en la sociedad”, señala Mundo. Y enseguida introduce la duda, que atraviesa toda su intervención: “¿Ahora la hay? La verdad, no lo sé”. La decisión de publicarlo, sin embargo, no fue sólo una cuestión de oportunidad intelectual sino también de urgencia política. Mundo sitúa un punto de quiebre claro: la irrupción de ciertos discursos que buscan disputar el sentido de la memoria reciente. “Temí que ellos se apropiaran del relato de esos hechos, y que hasta socialmente terminaran llevándose la razón, ya que nosotros, ‘nosotros’, negamos una responsabilidad que tuvimos en la gestación de lo que llamo, con mayúsculas, la Dictadura y sus consecuencias”, afirma.

Lejos de ubicarse en un lugar de reafirmación, el autor ensaya una crítica incómoda sobre los modos en que la sociedad argentina recuerda su pasado reciente. No se trata de negar lo ocurrido, sino de cuestionar cómo se lo narra. “La memoria tiende a ser dogmática, tiende a repetir los clichés y a conformarse con los prejuicios, a generar hábitos”, dice. Y completa, en una de las definiciones más contundentes de la entrevista: “por eso la tarea de los que queremos comprender y pensar los fenómenos traumáticos de nuestra historia consiste en incomodarla y evidenciar su esclerosis”. En ese gesto aparece una de las claves del libro: la memoria no como un campo de certezas consolidadas, sino como un territorio que debe ser interrogado permanentemente.

La elección de la literatura como vía de acceso a la dictadura no responde a una preferencia estética sino a una concepción del conocimiento. Para Mundo, hay dimensiones de la experiencia histórica que no pueden ser capturadas por los documentos. “Por supuesto, están los documentos, fundamentales. Pero para comprender aquello que no tiene documentos para revivirlo o testimoniarlo, que solo se basa en relatos, como es la vida cotidiana de la gente común, la literatura puede ayudar”, explica. En ese punto, su posición es clara: desconfía de los discursos que se presentan como portadores de una verdad definitiva. “Creo que hablar desde los ‘hechos’, hablar desde: ‘yo lo viví’ o desde la Verdad con mayúscula, anula el lugar del otro y de la duda, de la interrogación y de la interpretación. La literatura, en cambio, habilita este tipo de narración”.

Pero esa apertura no es tranquilizadora. Al contrario. Lo que la literatura puede decir es, muchas veces, lo que otros discursos no logran soportar: “esa verdad densa que otros discursos no soportan. O no alcanzan a representarse. Esa verdad incómoda incluso para el que la enuncia”. En un campo saturado de producciones sobre la dictadura, Mundo insiste en marcar una diferencia. Su libro no busca agregar un relato más, sino modificar el modo en que esos relatos se piensan. “El libro trata de pensar lo que ocurrió, no decir lo que ocurrió”, afirma. Y agrega, con ironía, que si dialoga con otras obras lo hace “de la misma manera en que yo dialogo con mis amigos, de modo inquisitivo y hasta molesto”.

Esa incomodidad se extiende también a su mirada sobre ciertos discursos contemporáneos, a los que acusa de apoyarse en categorías simplificadoras. “Hoy estamos atrapados en los discursos bien pensantes que se la pasan recurriendo a la figura muy problemática de la ‘buena gente’”, señala, en una crítica directa a las formas de moralización del pasado. Consultado sobre los límites éticos en la representación de la violencia, Mundo evita respuestas categóricas. “¿Límites éticos? Éticos no, lo que no significa que se pueda decir cualquier cosa o de cualquier manera”, aclara. Sin embargo, introduce un diagnóstico más profundo: no es que falten relatos sobre la dictadura, sino que muchos de los más complejos no circulan. “Esos relatos casi no se conocen ni siquiera en el mismo campo de la memoria”, advierte. La pregunta, entonces, no es sólo cómo representar el horror, sino qué relatos logran instalarse y cuáles quedan relegados.

En el centro del libro aparece una inquietud personal que desborda lo individual. Mundo intenta comprender su propia infancia durante la dictadura, atravesada por una contradicción difícil de resolver. “Yo creo que pretendía algo imposible, como comprender cómo había sido mi infancia y mi adolescencia, cómo había sido mi felicidad en esos años oprobiosos”, dice. Y amplía: “las felicidades de los que como yo no teníamos idea de lo que ocurría, y no hablo solo de niños, pienso en mis viejos también”. Esa reflexión lo lleva a pensar en términos generacionales. Una generación que no fue protagonista directa de la violencia, pero que tampoco puede pensarse al margen de ella. “Temía descubrir que no había sido feliz en mi infancia. Que no había sido posible ser feliz. Por eso a esa generación, la mía, la llamo la Generación Perdida”.

En el tramo final, la entrevista se desplaza hacia una cuestión central: la disputa por el relato. No sólo qué se dice sobre el pasado, sino quién lo dice. Mundo retoma una observación de Martín Caparrós sobre la generación del ’70 como una minoría que terminó representando una totalidad. A partir de allí, introduce una idea inquietante: la historia no tiene un único sentido, sino que depende de quién la narre. “Todavía lo estamos discutiendo, como en este momento histórico estamos discutiendo quién puede contar esa historia, porque según quién la cuente, va a haber diferentes significados”, afirma. Y en esa frase aparece, quizás, el núcleo más político del libro: la memoria no es un archivo cerrado, sino un campo en disputa permanente.

Lejos de proponer una nueva ortodoxia, Mundo se ubica en un lugar de incertidumbre. Su apuesta no es reemplazar una verdad por otra, sino erosionar la idea misma de verdad como punto de llegada. “La manera que a mí me gustaría que lo haga es destruyendo cualquier imagen fija, es decir: Verdadera con mayúscula, que nos hagamos o nos impongan. Me gustaría que nos ayudase a interrogarnos, no a confirmarnos en lo que creemos”, sostiene.

En un presente donde las posiciones tienden a endurecerse, esa elección suena, al menos, incómoda. Y tal vez por eso, necesaria. Como si, en ese gesto, se jugara algo más que una posición intelectual: una forma de intervenir en la memoria sin clausurarla.

MR/MF

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

Andrés Wainer es heredero de la dirección del área de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que antes condujo uno de los economistas que más estudió el plan económico de la última dictadura, Eduardo Basualdo. Como tal, continúa haciendo memoria de lo que ocurrió hace 50 años tras el golpe militar que llevó al poder a Jorge Videla y al Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz.

–¿En qué consistió el plan económico ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976?

–Fue un plan que se propuso refundacional del capitalismo argentino. Es decir, no era un plan más de estabilización ante una crisis puntual. Tuvo grandes hitos que hicieron cambios estructurales. En ese momento recién estaba arrancando la ola neoliberal. Tienen que ver con una fuerte disminución del salario real, a través de una muy fuerte devaluación y ajuste. Otros pilares de ese plan fueron la apertura importadora y el cambio completo del juego de las reglas del sector financiero, que va a ser el gran legado que va a dejar la dictadura junto con el proceso de endeudamiento externo muy fuerte, que arranca también en la propia dictadura. Esto va a permitir sostener un esquema de lo que nosotros denominamos acá en el área de economía de Flacso como un modelo de valorización financiera, que después se va a repetir en la historia económica argentina. Antes había un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. La dictadura va a buscar cambiar esto y el eje va a pasar por la valorización financiera, con un esquema de una tablita cambiaria, como se llamaba en ese momento. Va a producir un proceso de desindustrialización muy fuerte... uno puede establecer paralelos después con lo que pasó en los 90 con el menemismo y también con lo que está pasando en la actualidad. También hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado.

–¿Acaso no había deuda externa antes del golpe?

–Tenía US$8.000 millones de deuda externa y va a terminar con 40.000 millones. Es decir, se multiplica por cinco. Y esto tiene que ver no con un financiamiento de un plan de desarrollo de la Argentina, sino fundamentalmente con este esquema de valorización financiera que benefició a estos grandes grupos económicos mayormente que no sólo hicieron diferencias sino que además el Estado les terminó estatizando la deuda privada que habían tomado para hacer esas ganancias. Con un costo casi cero. Y esa deuda quedó a manos de todos nosotros. (N. de la R.: esas empresas fueron Celulosa, Acindar, bancos Río y Galicia, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas, Citi, Perez Companc y Siderca, entre otras).

Hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado

–El empeoramiento salarial se dio porque subió la inflación, los salarios se congelaron pero al mismo tiempo desaparecían trabajadores sindicalizados, se prevenía así cualquier tipo de protesta... Hubo casos en Acindar, Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Molinos, Siderca, La Veloz del Norte, Las Marías...

–Ya había habido una primera devaluación muy fuerte con el llamado Rodrigazo de 1975. Ni bien asume la dictadura se produce otra fuerte devaluación y un congelamiento de salarios, que era posible de sostener por el aparato represivo de la dictadura, la intervención de los sindicatos y la desaparición de personas. La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%.

–Y ahí hubo colaboración de las empresas en señalar y hasta entregar a trabajadores, según determinó la Justicia...

–Efectivamente, hubo dos tipos de colaboraciones, sobre todo de las grandes empresas. Por un lado, señalar o colaborar directamente con los grupos de tareas para entregar delegados sindicales. Aprovechaban las empresas para sacarse dirigentes sindicales del medio, que es lo que se conoce como responsabilidad empresarial. Además hay casi una captura del Estado: muchos de estos grandes grupos económicos pusieron funcionarios en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco Nación...

La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%

–Martínez de Hoz venía de Acindar, ¿pero qué otro grupo más?

-En ese momento estaba Garovaglia y Zorraquín. En ese momento se conforman como tales los grupos económicos que conocemos como Macri, Soldati, por ejemplo. Hay un montón que, si bien antes existían, se expanden notablemente.

–La apertura comercial se hizo bajando aranceles y con la apreciación del peso frente al dólar...

–Son procesos que terminaron coincidiendo pero distintos. Primero se hace una rebaja de aranceles. El argumento de la dictadura era que eso iba a permitir aumentar la eficiencia y que los argentinos iban a poder comprar cosas de mejor calidad. Había publicidades en ese momento de una silla nacional que se rompía y una importada que no. Pero la apertura impacta más fuertemente cuando empalma con la tablita de Martínez de Hoz, que se impone a finales de 1978. Se fija una serie de pequeñas devaluaciones en el tiempo que ya se sabían con anticipación. Pero la inflación avanza más rápidamente que esa devaluación pautada. Entonces lo que se produce es una sobrevaluación del peso o un abaratamiento del dólar, que junto con la apertura impacta directamente la producción nacional. Es un poco también lo que está pasando ahora. Por supuesto, una caída en los ingresos retrae el consumo.

–Esa tablita generó el 'deme dos' de los argentinos que viajaban al extranjero y una gran timba de gente que apostaba a la tasa del plazo fijo...

–Exactamente. En ese momento se conocía como la plata dulce. Los que podían, por ejemplo, viajaban a Brasil y traían electrodomésticos. Y esa gran timba fue aprovechada sobre todo por las grandes empresas, pero también por mucha gente, y generó un descalabro importante. Porque la reforma financiera permitía más o menos casi cualquiera que quisiera abriera una entidad financiera. Se multiplicaron. Y por supuesto que no todas eran sustentables. En 1981 no se pudo sostener más el esquema de la tablita, se produjo una gran crisis, una devaluación y eso hizo quebrar un montón de estas entidades financieras. Algunas eran grandes, pero otras más chiquitas. El mayor costo lo terminó asumiendo, por supuesto, el Banco Central.

–Y también se desata la crisis de la deuda externa en toda Latinoamérica...

-–Exactamente. Ahí se ve el límite. Renuncia Martínez de Hoz. La crisis de la deuda se va a producir en toda América Latina porque la dictadura se inserta en un marco no sólo represivo en el Cono Sur, sino también en un marco donde después de la crisis del petróleo de 1979 había muchos dólares dando vueltas buscando rendimientos altos. En los países centrales, las economías crecían poco y entonces esos dólares se les prestaban a los países, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces había abundancia de capital. Pero esto cambia a principios de los 80, cuando cambia la gestión en Estados Unidos, el shock de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal norteamericana que sube las tasas de interés.

–Ahí comienza el colapso del plan inicial, empiezan las protestas sindicales, intentan salvarse con la Guerra de Malvinas en 1982 y, tras perderla, vuelve la democracia en 1983...

–Sí. Fue un plan económico con muchas similitudes con la dictadura chilena en algunos sentidos, las dos fueron de orientación neoliberal. Pero, aunque con varias crisis y consecuencias sociales muy negativas, en sus propios términos el plan económico de la dictadura chilena funcionó mejor que el de la dictadura argentina, que no pudo sostener ninguno de sus supuestos.

–¿Y por qué?

–Por la insustentabilidad de este esquema de valorización financiera: la Argentina vivía con una tasa de interés real más alta que la internacional. Entonces, los grupos económicos que podían se endeudaban en el exterior a una tasa de interés más baja en dólares y colocaban ese dinero en el sistema financiero local a una tasa más alta. Se jugaba, no era para reinvertir en la economía real, que se estaba achicando. El Banco Central empezó a tomar una serie de medidas como el seguro de cambio sobre todo a partir de 1981. Después vino Domingo Cavallo a la presidencia del Central en 1982 y terminó estatizando la deuda, es decir, que ni siquiera tuvieron que devolver ese capital que habían tomado o lo devolvieron fue a un precio irrisorio. Eso generó un agujero muy fuerte en las cuentas del Estado. Pero además hay otros elementos que tienen que ver con el grado de desarrollo industrial que tenía la Argentina, que era muy superior al de Chile, y con el grado de fortaleza y organización que tenía la clase obrera en la Argentina.

–¿Qué ve de similar entre aquel plan económico y el actual?

-Hay bastantes similitudes. Por un lado, la convicción fundamental de que el mercado lo resuelve todo y que el Estado es todo malo. Siempre estamos hablando de la intervención en la economía y cuando sea a favor de los sectores trabajadores. Porque en ese momento hubo una intervención del Estado en favor del sector empresario. Por otro lado, los dos gobiernos arrancan con una fuerte devaluación y una pérdida de salarios e ingresos muy fuerte. Los dos gobiernos apuntan a una apertura comercial para contener la inflación, para disciplinar los precios. Y los dos fallan en eso también, porque estamos viendo que no se está logrando. En la dictadura pasó algo parecido en cierto sentido: se buscó también contener el tipo de cambio, como ahora, que está más o menos controlado, pero la inflación no se redujo lo suficiente. También porque aumentaban mucho sobre todo los servicios. Se fue destruyendo la actividad industrial, además de quitar buena parte de las medidas de apoyo que había a determinadas industrias estratégicas. Hay una filosofía en común que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem.

Hoy hay una filosofía en común con la dictadura que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem

–También hay una tendencia pro desigualdad en todos estos casos...

–Claro. Desde el punto de vista de los ejecutores del plan económico de la dictadura o de este gobierno, la desigualdad es algo positivo porque permite que tengan más ingreso los más aptos en la economía. Eso no funcionó en ninguna parte del mundo. Es la teoría del derrame. Fue más brutal, una redistribución más regresiva, al inicio de la dictadura, además en un contexto absolutamente distinto en términos represivos. Pero lo que viene sucediendo ahora inclusive puede ser hasta más grave. ¿Por qué? ¿Porque se monta sobre una economía y una estructura social que ya viene muy deteriorada, muy golpeada, que no es la misma con la que se encontró la dictadura. Ahora partimos de niveles de pobreza muchísimo más altos. Hasta mediados de los 70, la pobreza en la Argentina estaba abajo del 6%, la desocupación estaba abajo del 4% y los niveles de desigualdad eran muchísimo menores. Son ciclos que vienen a profundizar el deterioro social, la desigualdad sobre escalones cada vez más bajos: estoy hablando de dictadura, sobre todo el menemismo, el gobierno de Macri, también el actual. Y los pocos ciclos de alza que vienen habiendo no logran volver al estadio anterior, sino que mejoran un poquito, pero ya quedaron en un escalón más bajo. Antes alguien de clase media podía caer un poquito, pero tenía de dónde sostenerse. Después cae un poquito más y ya no tiene más de dónde sostenerse. Vemos el pluriempleo, que no les alcanza con tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes. Esto era impensado antes de la dictadura: la gente tenía más o menos un trabajo que más o menos muchas veces era para toda la vida y con eso se mantenía un hogar, no necesariamente con lujos, pero alcanzaba. Esa desigualdad que genera la dictadura parte de una unidad de una sociedad más justa, con menos diferencia entre capital y trabajo, el empleo en negro prácticamente no existía, no había esa desigualdad entre los trabajadores que hay ahora, entre un obrero que puede trabajar en una fábrica de Acindar, un trabajador de un banco o un repartidor de Rappi.

AR/MG

Con preguntas precisas y punzantes (“¿Qué pasó en la Argentina entre 1976 y 1983? ¿Qué fue el terrorismo de Estado? ¿Por qué desaparecieron personas? ¿Qué cambios económicos se produjeron? ¿Cómo salió nuestro país de esa experiencia?”, se lee en la contratapa de uno de ellos). Con relatos de ficción que incluyen el uso de la inteligencia artificial para hacer un trabajo sobre el golpe militar. Con trazos delicados e historias de exilios. Con escenas imaginarias y también con información. Distintos sellos editoriales decidieron publicar, en coincidencia con la conmemoración de los 50 años del último golpe militar, libros pensados para el público infantil y juvenil que abordan los episodios ocurridos en aquellos días de desapariciones forzadas, tortura, robos de bebés, silencio y horror.

“Entre los principales retos a la hora de pensar un libro de no ficción, y de historia en particular, para el público infantil y juvenil, está ver cómo se puede generar interés y valor sobre la necesidad de contar una vez más esta historia. Es decir, poder pensar y ayudarlos a pensar y a hacerse preguntas sobre por qué tenemos que seguir hablando de la dictadura. Porque un desafíos que se abre es la sensación, en muchos sectores, de saturación sobre el tema. A la vez, por otro lado, en otros sectores, hay mucho desconocimiento sobre la historia de la dictadura y qué fue o cuál es su importancia. Y, en tercer lugar, en otros espacios directamente aparecen posiciones mucho más críticas y disruptivas, y más cercanas a la negación o la justificación de lo que fue el terrorismo de Estado”, señala ante elDiarioAR la historiadora, docente e investigadora Marina Franco, autora de La última dictadura. Argentina 1976-1983 (Pequeño Editor, 2026). Con ilustraciones de Pablo Lobato, la publicación ofrece respuestas claras ante preguntas muy puntuales. Con una prosa nítida, colores amables y un tono informativo pero no machacón, por las páginas del libro, que está recomendado para lectores a partir de los 10 años, se brindan detalles sobre la ubicación de los centros clandestinos de detención, sobre la desaparición forzada, sobre el plan económico de la dictadura. También se da cuenta del contexto de episodios como el Mundial 1978 y el nacimiento de los principales organismos de derechos humanos.

Otra de las editoriales que decidió conmemorar el aniversario del golpe con publicaciones dedicadas al público infantil y juvenil es Siglo para Chicos, el sello dedicado a las infancias y a los adolescentes de Siglo XXI Editores.

“Tengo experiencia en la edición de libros que abordan el tema de la memoria y los derechos: creo que es un tópico que, en nuestro país, una editorial dedicada a las infancias no puede soslayar”, apunta Laura Leibiker, cabeza del sello y editora especializada en Literatura Infantil y Juvenil, y agrega: “Después, cada editor y cada editorial tiene un posicionamiento y propone diferentes caminos para hablar del pasado: creo que siempre hay que pensar en el posible destinatario y en el contexto en el que ocurrirá la lectura; en el acompañamiento (de la escuela, de la familia) para contener y dar respuesta a las preguntas que queden pendientes”.

Consultada sobre la dificultad a la hora de abordar episodios de violencia y crudeza y el impacto que podrían generar en lectores chicos o muy jóvenes, la editora reflexiona: “Por supuesto que hay que adecuarse a la edad del posible lector. Pero los que para mí son los mejores libros disponibles para hablar de nuestra historia utilizan un tono poético, metáforas e imágenes potentes que son, creo, el mejor vehículo para contar y hacer relevante esa historia para cualquier lector que se acerque. Y no son ñoños ni le temen a las emociones que surjan”.

Para el público infantil y en el rubro de la no ficción, Siglo para Chicos viene desarrollando desde su nacimiento la colección Entender y Participar. “Creemos que es un aporte muy interesante a la construcción de ciudadanía, a dar respuesta a las preguntas naturales de los chicos. Seguro que, por el movimiento que habrá este año en conmemoración de los 50 años, habrá más y más preguntas para responder sobre democracia, derechos humanos, justicia, violencia, institucionalidad. Y nuestros libros son una buena herramienta para abrir y profundizar esos diálogos, a veces sorprendentes, a veces incómodos para los grandes, que se dan en casa y en la escuela”, señala Leibiker.

Además, pensando en el público que atraviesa los primeros años de la adolescencia, la editorial lanzó en febrero Avisale a mi mamá (“Una novela alucinada sobre la dictadura”, se lee en la bajada del libro) escrito por Monica Zwaig.

“La historia es muy simple: Teo, el protagonista, tiene que hacer un trabajo para la secundaria sobre la dictadura y usa la IA para eso hasta que empiezan a aparecer mensajes raros. Surgió primero con la observación de que muchos adolescentes están usando la IA para su vida cotidiana y para los trabajos del colegio. Me dieron ganas de trabajar con eso para dialogar con el presente de los jóvenes y tratar ahí de generar algún interés en leer la novela. Después, me parecía muy útil en la narrativa usar esta cuestión de la IA porque me permitía traer preguntas a la historia, distintas voces y también agregar diálogos un poco absurdos a veces que para mí son una vía de escape para alivianar el tema de la novela”, explica ante este medio la escritora Monica Zwaig.

Zwaig nació en Francia porque sus padres debieron exiliarse durante la dictadura y es autora, entre otras, de la novela Una familia bajo la nieve donde desde la ficción recupera algunas escenas familiares de aquellos tiempos. Consultada sobre las diferencias a la hora de escribir aquellos textos para adultos y pensar ahora en la dictadura para contársela a un público joven, reflexiona: “En mis otras novelas, especialmente en Una familia bajo la nieve, no quería hablar de la dictadura. Sé que esa novela es leída en esa clave pero yo tomé a la dictadura como un ruido de fondo nomás, quería escribir sobre las relaciones de madre e hija, sobre lo difícil que es hablar, sobre el destierro. Cuando tocaba el tema de la dictadura lo tocaba por el costado”.

“Con Avisale a mi mamá fue diferente porque tenía que escribir sobre el tema de la dictadura como tema principal. Eso y el hecho de que sea para adolescentes me llevó a escribir desde un lugar de mucha humildad. Primero porque respeto mucho a los adolescentes, pienso que nos pasan el trapo y que no hay que subestimarlos para nada. Y segundo, como el tema de la dictadura es totalmente inabarcable, decidí trabajar con eso desde preguntas y desde la ficción, pensándolo siempre como un punto de partida para habilitar preguntas. Con ese espíritu intenté acercarme a ellos y pensando que esta novela sirva para dialogar, no para imponer respuestas”, agrega la escritora sobre este libro que salió publicado en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ese organismo, con una larga trayectoria buscando tejer puentes entre generaciones, lanzó el micrositio Sabés qué fue, para acompañar el lanzamiento de la novela y ofrecer material didáctico a partir de preguntas sobre la dictadura.

Exilio a los 8 años

Con otro ángulo, y pensado como uno de sus clásicos libros ilustrados, la editorial Limonero lanzó recientemente Cosas pequeñas y extraordinarias, escrito por Daniela Arroio y Micaela Gramajo e ilustrado con delicadeza por Nono Pautasso.

“Me dijeron que era peligroso quedarse. Que mi tío no aparecía por ningún lado y que teníamos que irnos a otro país. No pude llevarme casi nada”, cuenta Ema, la narradora de 8 años de esta publicación.

La historia, según informaron desde Limonero, nace de la experiencia personal de las autoras, quienes, al igual que su protagonista, tienen familias divididas entre Argentina, Brasil y México, el país donde crecieron. Gramajo y Arroio Sandoval, las dos con formación teatral, crearon inicialmente una obra de teatro con la misma temática que recorrió diversos escenarios internacionales. 

Memoria colectiva

Varios editores consultados coinciden en señalar que el escenario político y social actual invita a seguir pensando en estrategias para insistir sobre la importancia de la memoria colectiva.

Desde Pequeño Editor, subrayan la importancia de tomar “una posición ética frente al pasado”. “La última dictadura aplicó una violencia masiva y extrema, es decir, ejerció un terrorismo de Estado. Además, la dictadura no fue solo violencia militar, fue un proyecto para transformar la economía y disciplinar a la sociedad”, apuntaron.

Por su parte, la historiadora Marina Franco describe “Dados los actuales contextos que ya no estamos en el escenario ni político ni social de hace diez años, el desafío es construir una explicación histórica que fuera interesante y capaz de construir puentes de acercamiento a aquellos que no están convencidos, o que no tienen mucha información o que son indiferentes o incluso reactivos a contar y a seguir hablando del tema”. En su mirada, se hace necesario ampliar la mirada. Por eso, un libro como el que acaba de publicar “no está pensado para un público convencido, sino para establecer puentes para el diálogo entre las generaciones de públicos más diversos”. 

“Esto supone contar una historia con todas las dimensiones ácidas, incómodas y complejas que tiene el pasado argentino. Supone contar una historia donde los hechos pueden ir mostrando la gravedad de lo sucedido sin necesidad de consignas, sin necesidad de etiquetas, sin necesidad de decirle al lector lo que tiene que pensar”, concluye la historiadora.

AL/CRM

Tristeza. Porque empezó el otoño, las hojas caen secas, amarronadas y se desparraman por el piso. Tristeza, porque en unos días se cumple medio siglo del inicio de la última dictadura. Porque me sorprendo al comprobar que hay millones de compatriotas indiferentes al dolor ajeno. Porque el hambre azota. Por los que creen que “estamos mal, pero vamos bien” y no terminamos de encontrar que comprendan que no es así. Porque hay amigos y conocidos que se enferman más que nunca. Tristeza.  

Juliana Crain ve una película que le permite imaginar una realidad distinta a la que está viviendo, luego del triunfo de los nazis y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial: es el Eje el que perdió y ya no flamea la bandera con la esvástica sobre los edificios icónicos de Nueva York.

Como en la novela homónima de Philip K. Dick, la protagonista de la serie El hombre en el castillo (se puede ver por Netflix) imagina un mundo mejor luego de ver una película, que amplía las posibilidades de lograr un mundo más feliz que la sociedad compleja e híper represiva en la que vive. Esa visión expandida entre muchos (miles, millones) podría ser el motor de un cambio. 

No estoy segura de que el imaginario colectivo haya sido la única causa del fin de la dictadura que oscureció al país entre 1976 y 1983. Entonces, con los primeros fríos, sabía qué significaba. Mis padres, militantes, me lo habían enseñado. Conocí temprano el terror porque amigos de la familia habían tenido que exiliarse en México y España por las amenazas de la triple A. La infancia transcurría con miedo entre nombres cambiados, cajas con periódicos, libros y discos enterrados.

A veces dudo de que ese período se haya cerrado más por el impulso de las fuerzas democráticas que por el deterioro propio de las fuerzas armadas. Nunca un cambio social tiene una etiología única y las cosas suelen ser contradictorias y responden a una trama en espiral, no a una relación de causa y efecto. Muchos de los que entonces apostaban por las mieles de la plata dulce, aplauden la eficacia de la motosierra. Pero hay quienes entonces y ahora han hablado de las flores.

Cincuenta años del golpe del 24 de marzo y yo, que era una nena entonces, no puedo dejar de asociar esa época con el presente. Aunque sé que nada se repite igual y todo cambia, los tiempos de la Historia son mucho más elásticos que los que deseamos para nuestras pequeñas existencias y la afectación de la gente por el hambre, la censura y la represión no tiene retorno. Son heridas profundas muy difíciles de sanar.

En estos días, casi toda la dirigencia de las organizaciones políticas invierte su energía en imaginar cargos en futuros espacios de poder, más que en delinear programas de acción para sancionar a los responsables y revertir el cada vez más miserable estado de las cosas.

Sin embargo, ocurren hechos que nos devuelven la esperanza. Y más allá de quienes están a la cabeza de los partidos, sigo creyendo en la política. Miles de mujeres de todo el país bordan los nombres de los treinta mil desaparecidos y convierten una tarea doméstica en un recordatorio colectivo. El Volun organiza ollas populares en Plaza Flores, como otros tantos agrupamientos de jóvenes que intentan paliar la expulsión del sistema que ejerce el gobierno. Desde el llano, el movimiento no se aquieta.

Con sólo 15 años, tres meses y medio después del golpe, Magdalena Gallardo, Malena, se transformó en la desaparecida más joven de la dictadura, entre los 108 estudiantes que fueron asesinados o desaparecidos. Teníamos 12, 13 años, cuando en el invierno de 1974 compartimos un campamento en San Luis, organizado por el centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Su belleza brillaba en los fogones nocturnos, era la delegada de primer año y la referente de la juventud guevarista. Había nacido en Luis Beltrán, donde hace poco un grupo de estudiantes filmó el documental Malena: la última pared. Allí vivía en una casa del campamento de Agua y Energía. Con su familia, a los 10 años se mudó a Buenos Aires. Desapareció el 8 de julio de 1976 en el barrio de Caballito. Tal vez hoy sería profesora de historia, actriz o abogada. 

Beatriz Aguilera, Bety, la hermana mayor de mi amiga Marisa, pasó la infancia de Rufino, Santa Fe, jugando en la casita de alambre que les hizo el papá al lado del gallinero. Bety Aguilera, la preciosa chica de pelo lacio, aprendió de su abuela Catalina a tejer con cinco agujas, estudiaba francés e inventaba coreografías con sus amigas mientras veía por la tele los programas Alta Tensión y Música en libertad. Poco después, Bety empezó a escuchar en el Wincofon los discos de Sui Generis y Alfredo Zitarrosa. Y en los ratos libres que le dejaban la militancia y sus estudios de Medicina en Rosario, seguía bailando. Quería ser psiquiatra y acaso ahora estaría en el CONICET investigando los beneficios de un medicamento para la depresión. Pero fue asesinada el 17 de febrero de 1977, en el Pasaje Marchena, a pocas cuadras de la facultad. Supe de ella muchos años después, porque Marisa -compañera de Periodismo en El Grafo- no lo contó hasta muy entrada la democracia.

¿Cómo hubieran sido sus vidas si Malena y Bety estuvieran? ¿Cómo serían nuestras vidas si los desaparecidos y asesinados anduvieran por aquí?

LH/MF

A pocos días de que se cumplan 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves las condenas dictadas contra represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en Campo de Mayo. Los fallos ratifican prisiones perpetuas para los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, y mantienen las condenas al ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco y al ex integrante del grupo de tareas Víctor Roberto Olivera.

El tribunal rechazó los recursos interpuestos por las defensas en ambas causas y consolidó un cuerpo jurisprudencial que caracteriza a la exESMA y a “El Campito” —centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo— no como meros lugares de detención ilegal, sino como centros de exterminio encuadrados en lo que los jueces denominaron el “paradigma concentracionario”. La sentencia afirma que estos espacios encarnaron “la deshumanización y despersonalización sistemática de los sujetos detenidos, reducidos a meros objetos de control y sufrimiento”.

Los fallos fueron redactados por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En la causa ESMA, el voto fue liderado por el juez Alejandro W. Slokar —cuyo análisis estructuró el núcleo conceptual de ambas sentencias— al que adhirieron Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos. En la causa Campo de Mayo, Slokar votó como vocal junto a la jueza Angela E. Ledesma y el juez Guillermo J. Yacobucci, quien presidió esa sala.

Maternidad clandestina y violencia de género

En la causa ESMA, la sentencia pone especial énfasis en los crímenes cometidos contra mujeres embarazadas y niños. El caso de Cristina Clelia Salguero, de 25 años y nueve meses de embarazo cuando fue secuestrada en enero de 1977, ilustra lo que el tribunal describe como “una de las manifestaciones más radicales del terrorismo de Estado”: el encierro de mujeres en la maternidad clandestina de la ESMA, donde dieron a luz sin sus familias, en condiciones inhumanas y bajo el control de sus captores. El fallo concluye que esa práctica “constituyó una forma extrema de violencia de género”.

Magnacco, que actuaba como médico y nexo entre la maternidad clandestina y el Hospital Naval, fue condenado por su participación en partos en cautiverio. Las víctimas lo reconocieron como responsable de los partos realizados en el Casino de Oficiales. La sentencia también confirmó la condena a Olivera, guardia del grupo de tareas, por mantener bajo el régimen de “libertad vigilada” a Merita Susana Sequeira y su hija Mariela, incluso después de que abandonaran el centro clandestino.

El tribunal subrayó el deber del Estado de proteger especialmente a los niños y recordó que “la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia”.

Los vuelos de la muerte: el crimen sin testigos

En la causa Campo de Mayo, los fallos se detienen en la mecánica de los llamados “vuelos de la muerte” —la práctica sistemática por la cual personas secuestradas eran arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares— como herramienta de exterminio genocida. Las sentencias destacan que esta modalidad estaba diseñada para eliminar toda evidencia: “nadie sobrevivió a los vuelos para testimoniarlo”, señala el fallo. Las víctimas podían relatar el secuestro, la tortura y la reclusión, pero “el instante de la muerte careció de testigos que no fueran los propios perpetradores. El crimen se consumó en el único espacio donde la mirada ajena era materialmente imposible: en la noche, en el aire, sobre el agua”.

Desde diciembre de 1976, cuerpos comenzaron a aparecer en las costas bonaerenses. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien permitió identificar a las víctimas y determinar las causas de sus muertes, “contrarrestando la lógica de ocultamiento del régimen”. El fallo reconoce que ese trabajo fue determinante para convertir la sospecha en certeza judicial: “los cuerpos hallados en las costas son los que rompen el pacto de silencio”.

Los condenados Malacalza y Lance se desempeñaban como segundo jefe del Batallón 601 y oficial de operaciones, respectivamente, lo que les otorgaba —según la sentencia— “dominio funcional sobre el personal, los recursos y la ejecución de las operaciones represivas ilegales”. Los cuatro casos juzgados corresponden a estudiantes secundarios y militantes que permanecieron detenidos en “El Campito” y cuyos cuerpos fueron hallados en las costas argentinas.

Entre las víctimas, Roberto Arancibia fue secuestrado de su departamento en mayo de 1977 mientras sus hijos Martín, de seis años, y Adriana, de tres, quedaban solos. Los niños fueron internados en un instituto de menores durante seis meses. Durante el juicio, Adriana recordó que quiso ponerle “una curita” a su padre porque lo habían lastimado.

Memoria activa contra el negacionismo

Los fallos también se pronuncian sobre el presente. La sentencia sobre la ESMA expresa preocupación por el impacto del Decreto N° 345/2025 sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos y, en particular, sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA. El tribunal advirtió que el debilitamiento de esos mecanismos “podría comprometer seriamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino” y fue categórico: “el deber memorial constituye imperativo para todos los poderes públicos”.

Las sentencias exhortan a los tribunales orales a preservar la totalidad del material probatorio y afirman que el reconocimiento judicial de estos hechos “constituye una forma de memoria activa orientada a enfrentar el olvido y el negacionismo”. Recordar, concluye el fallo, “es lo que se definió como 'memoria ejercida': el esfuerzo por recuperar lo que tuvo lugar en el pasado articulando el testimonio individual con la reconstrucción histórica de la experiencia colectiva”.

El predio de la ESMA está protegido por ley como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado. El Casino de Oficiales es Monumento Histórico Nacional. A cincuenta años del golpe, estas sentencias recuerdan que memoria, verdad y justicia no son consignas: son obligaciones del Estado. Y este jueves, la justicia las hizo cumplir.

¿Tuvo la dictadura de 1976-83 un programa de política económica ambicioso y refundacional? ¿En qué medida el gobierno presidido por el general Videla y la Junta Militar quiso reorganizar el funcionamiento de la economía argentina?

¿Su visión de los problemas miraba hacia el pasado o hacia el futuro? ¿Logró sus objetivos? ¿Qué herencia le dejó al gobierno democrático que lo sucedió en diciembre de 1983? Y también: ¿qué distingue a la política económica de la dictadura militar de 1976-83 de la de otros gobiernos autoritarios o democráticos del último siglo?

Entrevistado: Pablo Gerchunoff

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Kleber Mendonça Filho se sintió en un momento de su vida como si fuera un agente secreto. Con el gobierno de Bolsonaro los artistas se convirtieron en enemigos de Brasil. La extrema derecha les atacaba y se les señalaba en las redes sociales. Un día tuvo que viajar a Francia para un ciclo en el que era el invitado de honor. El embajador brasileño en Francia no le tenía permitido entrar, y era parte de aquellos que habían convertido a los cineastas en enemigos. El embajador ni siquiera fue invitado al acto al que si fue Mendonça Filho, que cuando apareció con su traje se sintió como un agente de su país. “Pero un agente corrupto para ellos”, recuerda entre risas mientras cuenta la anécdota.

Esa anécdota fue uno de los puntos de partida de El agente secreto, su nueva película con la que opta a cuatro premios Oscar, incluidos el de Mejor película, Mejor película internacional y Mejor actor para Wagner Moura, conocido por su papel de Pablo Escobar en Narcos y que aquí borda el de un profesor universitario que huye a Recife para esconderse por su pasado activista y reencontrarse con su hijo mientras un asesino a sueldo le busca para asesinarle. El filme, que ganó el premio al Mejor director y al Mejor actor el pasado Cannes es un impresionante thriller setentero. Una obra que juega con los géneros, que coquetea incluso con el terror fantástico, y que se convierte en un filme sobre la memoria y, sobre todo, lo que ocurre cuando la memoria no se rescata. Cuando el olvido convierte la Memoria en sitios vacíos y los muertos siguen sin tener nombre.

Una muestra, además, del poder del cine brasileño, que el año pasado ganó el Oscar con otro filme sobre la dictadura, Aún estoy aquí, y que confirma que el apoyo público de Lula, tras los recortes de Bolsonaro, han inyectado un éxito global al cine del país. También a las ganas de mirar al pasado. Un tiempo que para Kleber Mendonça Filho estaba “lo suficientemente lejano para hacer una película de época, pero lo suficientemente cerca para darle un toque personal”.

Sus recuerdos de la dictadura son los de un niño en los años 70 y están “borrosos” en su memoria. “Son una niebla, pero es una niebla con olores y una atmósfera, y eso es también por el cine, porque yo era un pequeño cinéfilo muy joven. Luego estaba mi situación familiar en el 77. Mi madre tuvo una crisis de salud fuerte, y eso me hace recordar esa época en particular, cuando mi tío nos llevaba a mi hermano y a mí al cine muchas veces para que saliéramos de casa. Solo años después entendí lo que pasó. Así que tengo un recuerdo muy fuerte de esa época. Lo que significa que la película no es una reconstrucción de un incidente histórico, sino más bien una reconstrucción de una sensación de tiempo”, dice el cineasta.

También una sensación del recuerdo suyo como un niño viviendo la dictadura. Por eso su acercamiento se aleja de otras películas que “entran en la violencia de la dictadura y hay escenas de tortura, o ves un grupo de jóvenes robando un banco para financiar la resistencia”. Él “no quería hacer nada de eso”, pero la sensación de un país putrefacto, violento y corrupto se nota en una excelente primera escena donde un policía llega a una gasolinera con una camisa manchada de sangre y le da casi igual que haya un cadáver en el suelo.

De la dictadura recuerda estar jugando en casa y ver “a los adultos hablando en susurros”. “Luego volvían a hablar normal, era un instinto humano, porque no había micrófonos en mi casa, pero ellos bajaban la voz”, rememora y se refiere también a cómo en las escuelas, aunque no fueran colegios militares, les obligaban a “marchar todos los viernes como soldados en el patio de la escuela”. “Era ridículo. ¿Por qué harías eso a los niños? Para mí, eso es casi suficiente para querer escribir una película sobre ello”, asegura.

Esta película no es una reconstrucción de un incidente histórico, sino más bien una reconstrucción de una sensación de tiempo

Kleber Mendonça Filho — Cineasta

El agente secreto también habla de las salas de cine como lugares de refugio. En los cines es donde se reúnen, donde escapan de las miradas, y también donde la fantasía de un niño empieza a crecer. Unos cines que ya había mostrado Filho en Retratos fantasmas, su excelente documental sobre los cambios urbanísticos en Recife y cómo cada vez hay menos salas de cine en su localidad natal.

Quizás por esa influencia del cine, esta es una película, muy película. Sabe que es cine, y sabe que es género. Por eso recurre a una estrella mundial para ello. “Me gusta mucho la idea de hacer una película para el cine. Y creo que el papel de la estrella es históricamente importante en el desarrollo del cine. Y abracé esto por primera vez en Aquarius cuando entendí que iba a trabajar con Sonia Braga. Fuera de cámara ella era una hermosa señora mayor, pero cuando mirabas por el visor, ella era algo más. Ese carisma. Hay algo en su rostro que simplemente resalta. Y estoy fascinado por eso. Y esto pasa desde la era del cine mudo”, analiza.

Por eso cree que es “un gran privilegio tener una estrella de cine” en sus películas. También porque quería que su protagonista fuera “la idea popular del héroe clásico”. Eso sí, le impuso una norma moral mientras escribía: “No quería que él apuntara con armas a la gente en la película. Ese fue el único obstáculo que me impuse”. El resto lo pone un Wagner Moura al que describe como “tan atractivo como interesante”.

Que el personaje de Wagner Moura no empuñe un arma no significa que no haya violencia. La hay. Y es seca y destroza los cuerpos. Mendonça Filho confiesa que pensó “mucho en Cronenberg” porque cree que “la violencia en el cine debe ser muy desagradable”. “En las películas todo suele parecer simple. Pero una bala es violenta y genera mucho daño a un cuerpo humano, y quería reflejar eso en la película, la cualidad orgánica de violencia y del cuerpo humano es algo que creo que debía estar presente en la película. Y debería ser parte de cualquier narrativa que respete nuestra condición humana de ser pedazos de materia orgánica andantes”, opina. Por ello su película desprende una sensación de país que se cae a trozos, que huele a podrido mientras su protagonista se refugia en esa casa de exiliados. 

Raúl Antonio Guglielminetti, exagente civil de inteligencia y uno de los nombres asociados al aparato represivo de la última dictadura militar, falleció este martes a los 84 años.

Guglielminetti tuvo un rol activo en los servicios de inteligencia durante el terrorismo de Estado y fue señalado por su participación en el funcionamiento de Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención que operó como base del Plan Cóndor. Allí se cometieron secuestros, torturas y desapariciones de militantes políticos argentinos y extranjeros.

Tras el regreso de la democracia, su figura volvió a cobrar notoriedad por su vinculación con estructuras de inteligencia y por su presencia en distintos episodios judiciales y mediáticos. Con el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, fue procesado y condenado a 20 años de prisión por delitos vinculados a la represión ilegal, en el marco de las causas que investigaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Su nombre quedó inscripto en la historia argentina como parte del entramado civil y militar que sostuvo el accionar represivo del Estado entre 1976 y 1983.

La foto y la visita del escándalo en Ezeiza

La visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad detenidos en la Unidad Penal de Ezeiza, el 11 de julio de 2024, fue uno de los episodios, entre otros, más controvertidos del Gobierno de Javier Milei. El escándalo tomó gran dimensión con la difusión pública de la fotografía que registró el encuentro y que quedó como testimonio de una escena inédita desde el retorno de la democracia.

La imagen mostraba a representantes del oficialismo compartiendo un espacio institucional con responsables del terrorismo de Estado. Entre ellos se destacaba la presencia de Raúl Guglielminetti cuyo nombre está asociado al funcionamiento del centro clandestino Automotores Orletti.

El escenario del encuentro fue un salón del penal, con una cruz y figuras religiosas como telón de fondo. En el centro de la escena aparecía la diputada Lourdes Arrieta, sonriente y con un tapado naranja que resaltaba en la imagen, pese a haber afirmado luego que desconocía la identidad de algunos de los represores, entre ellos Alfredo Astiz.

Astiz, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado, se ubicaba al fondo del grupo, casi oculto en la foto, pero identificable.

También se distinguía al diputado Beltrán Benedit, señalado como el organizador de la visita, con gesto serio y ubicado en una posición central. Junto a Guglielminetti aparecían otros represores condenados, como Mario “el Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Juan Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), completando una postal que reavivó el debate sobre la legitimación política de los crímenes de la última dictadura y el rumbo de las políticas de memoria, verdad y justicia.

La convocatoria de este sábado en Plaza de Mayo para pedirle al gobierno de Javier Milei la liberación de los represores se enmarca en una postura negacionista de los juicios por la verdad, que desde 2006 ya significaron la condena de 1.200 personas, entre militares y civiles, acusados de cometer delito de lesa humanidad durante la última dictadura. 

La manifestación organizada por la hermana de un diputado de La Libertad Avanza y de militares retirados –y con la asistencia de un represor condenado con domiciliaria–, reclama por los que consideran “presos políticos”. En su narrativa hablan de “patriotas cautivos” o “veteranos de las dos guerras”, en referencia al conflicto de Malvinas y la lucha “contra la subversión”.

“Nuestros viejos son enfermos que se mueren en las cárceles”, dijeron a elDiarioAR desde la agrupación Pañuelos Negros, que coordina Asunción Benedit, hermana del diputado nacional Beltrán Benedit. La frase no se condice con la realidad: según datos oficiales, actualmente hay 539 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.

Es decir, alrededor del 84% de las personas detenidas cumplen la pena en sus casas. Uno de los casos es Orlando “Hormiga” González, represor del Grupo de Tareas de la ESMA, que hasta el lunes pasado formaba parte del grupo coordinador de la protesta de este sábado. En diálogo con elDiarioAR llegó a admitir que no iría a la manifestación “por estar con la domiciliaria”. “Tampoco tengo interés en ir. Yo colaboré ya que piden también por mí”, agregó. Luego publicó un documento en el que se corrió del grupo por diferencias en la organización.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa en su web que, desde 2006, 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por la represión estatal durante la dictadura. “La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país”, explican en Fiscales.gob.ar.

Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.

La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.

En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federales y provinciales.

Los casos en Campo de Mayo son los más cuestionados, porque se trata de una cárcel considerada “VIP” para los represores. Allí fueron trasladados justamente el año pasado un grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz que hasta entonces permanecían en un pabellón de mujeres en la cárcel de Ezeiza. El beneficio lo obtuvieron gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei. 

Fueron visitados por diputados de La Libertad Avanza en una comitiva que lideró Beltrán Benedit –recordemos, el hermano de Asunción, de Pañuelos Negros–. Y tuvieron la venia del ministro de Defensa, Luis Petri –porque Campo de Mayo es unidad penitenciaria que está dentro de la guarnición militar–, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que conduce el Servicio Penitenciario Federal–. 

El grupo de diputados libertarios se fotografió con los represores, que fueron trasladados en mayo de 2024: además de Astiz, aparecen Mario “El Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Julio César Arguello, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien luego falleció.

“Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que reveer muchas causas”, afirmaron desde Pañuelos Negros. Desde la agrupación negacionista denunciaron en el Consejo de la Magistratura a jueces que firmaron sentencias por lesa humanidad y también le enviaron pedidos escritos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al Procurador General, Eduardo Casal. 

Los negacionistas se sienten protegidos por el aval mileísta a la última dictadura: “Ahora podemos hablar con el gobierno de Milei. Tenemos libertad. Después qué es lo que va a hacer el Presidente, no sabemos”, dijo a este medio la voz consultada, que pidió expreso anonimato. El libertario dijo en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 solo hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”, cuestionó la cifra de 30.000 y el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

En las últimas semanas la Corte Suprema le hizo un guiño a los represores al fallar que los acusados no pueden estar más de tres años en prisión preventiva. El máximo tribunal se quejó de las demoras en las causas de lesa humanidad. Según estadísticas oficiales, el promedio de espera de veredicto es de 11 años, y el debate oral más largo ya lleva casi 4 años.

El 11 de noviembre pasado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata rechazó la aplicación del reciente precedente “Castillo” de la Corte Suprema frente a las presentaciones formuladas por cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad para que se les otorgue el cese de la prisión preventiva. Una semana antes, se rechazó el pedido de salidas transitorias al sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua.

MC/CRM

Audios intercambiados en un chat entre los organizadores de la marcha que reclama la excarcelación de represores condenados por delitos de lesa humanidad permiten asomarse al clima político, las tensiones y la narrativa que estructura la convocatoria prevista para el sábado próximo 29 de noviembre en Plaza de Mayo. Las voces que circulan allí —referentes de grupos negacionistas, familiares de militares y activistas ligados a los sectores libertarios que respaldan el reclamo— exhiben una mezcla de épica militar, victimización y presión interna para sostener la protesta.

elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación porque coincide con una marcha organizada desde la Izquierda en apoyo a Palestina. Este medio supo que desde el ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín.

“Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios del grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”.

El mensaje sintetiza la narrativa que atraviesa todo el movimiento: la idea de que, desde 1983, quienes reivindican a los represores viven “cediendo” frente a organismos de derechos humanos y políticas estatales de memoria, verdad y justicia. Esa lógica aparece reforzada en otro audio del mismo chat: “Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos pisoteen”.

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de La Libertad Avanza como por algunos funcionarios del Ejecutivo.

Del grupo de WhatsApp formaba parte hasta el lunes pasado Orlando “Hormiga” González, represor condenado en 2017 por ser parte del Grupo de Tareas de la ESMA. Pero se retiró por diferencias con los demás organizadores: Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También están Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano.

El Gobierno reforzó su postura negacionista, esta vez en un ámbito de la ONU. Frente a las presentación de diferentes organismos nacionales e internacionales (como el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-), el subsecretaro de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia y volvió a poner en tela de juicio el número de desaparecidos durante la última dictadura.

“Hablamos de memoria y hablamos de verdad, y la verdad es que a estos organismos no les interesa, porque delatan que, si uno ya llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número”, dijo el funcionario en las últimas horas frente al Comité contra la Tortuta de las Naciones Unidas (CAT).

“Hoy en día, quien lo ideó, lo reconoce públicamente y lo dice en un montón de reportajes, donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo. Entonces, a partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, es que la verdad no les interesa, en absoluto”, dijo Baños.

El “número” al que se refiere el funcionario libertario son los 30.000 desaparecidos durante la dictadura y, para descalificarlo, abona la teoría difundida los últimos años por Luis Labraña, exmiembro de FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, quien asegura que la cifra fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.

El CELS había pedido al CAT que solicite al Estado Argentino “proporcionar información actualizada sobre las medidas y los recursos destinados a agilizar la tramitación y resolución de las causas judiciales pendientes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar”.

“En el informe que hemos remitido en 2017 referimos nuestra preocupación por las demoras en la tramitación de las investigaciones judiciales. Si bien el Gobierno con mandato entre 2019 y 2023 intentó tomar algunas medidas para agilizar el proceso de juzgamiento, éstas no han tenido resultados debido a que no fueron sostenidas por la nueva administración. Esta situación ha empeorado con el Gobierno actual, que no sólo no adopta ningún tipo de política para fortalecer este tipo de investigaciones sino que elimina políticas públicas específicas que daban apoyo a los juicios y ataca y denosta el proceso de justicia como tal”, denunciaron desde el CELS.

Y acusaron al Poder Ejecutivo de obstaculizar “el acceso a archivos estatales que han sido fundamentales para elavance del proceso de justicia y desmantelando programas que colaboraban con las investigaciones judiciales mediante acciones complementarias que resultaban fundamentales. Estas medidas adoptadas por el Estado contrarían los pilares de la justicia transicional”.

La masacre durante la toma y el contraasalto del Palacio de Justicia de Bogotá, hace justo 40 años, fue la desembocadura de todas las aguas putrefactas de la violencia en Colombia. El sanguinario ataque inicial de la guerrilla del M-19, donde militaba el hoy presidente Gustavo Petro, solo queda como preludio de una sangría mucho mayor. Las Fuerzas Militares y de inteligencia se encargaron de consumar la tragedia. Las balas de los soldados, adiestrados en la fiebre anticomunista y los manuales de antiinsurgencia estadounidenses, mataron a magistrados, funcionarios y empleados inocentes.

Pero aquella suerte de esquizofrenia institucional también los arrastró a torturar. A sembrar el horror. Y escribir una de las páginas más aberrantes en la historia del país.

El plan guerrillero, similar al ejecutado por el Frente Sandinista para la Liberación nicaragüense en 1978, consistía en asaltar la sede del poder judicial como represalia por los incumplimientos de los acuerdos de cese el fuego bilateral y búsqueda de caminos hacia una paz negociada con el Gobierno del Conservador Belisario Betancur (1982-1986). Con tan solo 41 insurgentes —seis de ellos no entraron en el recinto— el escuadrón del M-19 inició a las 11:40 de la mañana de aquel 6 de noviembre la toma del monumental edificio de piedra amarillenta en pleno corazón político de Bogotá.

Solo dos guerrilleros saldrían con vida tras un drama que duró 28 horas e incluyó el desembarco de fuerzas especiales en la azotea, uso de explosivos y hasta un tanque de guerra para derribar la entrada principal.

Fueron 95 muertos y 11 desaparecidos. Aquella jornada desnudó una historia de barbarie mayor cuyas piezas aún se hallan dispersas. Algunas de ellas en informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de exagentes o investigaciones de la estatal Comisión de la Verdad.

Con todo, aún no existe un trabajo que condense toda aquella conducta que, a lo largo de los '80 y '90, funcionó como un pilar en la lucha antiguerrilla. Con la misma lógica y crueldad de las dictaduras del Cono Sur, pero en un país que ha vivido una historia democrática casi continua, oficiales de inteligencia dejaron una estela de violaciones de los derechos humanos contra simpatizantes de izquierda.

Todo vale contra el “enemigo interno”

Los investigadores del tribunal transicional para el conflicto interno, la Justicia Especial para la Paz (JEP), se hallan en el entuerto de conectar los puntos. Más de uno se confiesa impactado por la cantidad de pruebas que han emergido en los últimos meses. Cada vez queda más claro que, por ejemplo, dentro del mismo marco del Palacio de Justicia, algunos de los miles de víctimas del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) fueron presa de las operaciones de la misma compañía del disuelto batallón Charry Solano, al norte de Bogotá, donde posiblemente fue torturada la guerrillera del M-19 Irma Franco, tal vez el mejor documentado caso de desaparición forzada en los hechos de noviembre de 1985.

Todo apunta que la guerra sucia que se ha tratado de presentar desde sectores políticos como una reacción violenta orquestada por sanguinarios paramilitares, terratenientes de ultraderecha y algunos efectivos aislados de la fuerza pública, fue en realidad un plan cuyo asidero se gestó en el corazón mismo de la estructura de los servicios de espionaje y contraespionaje del Estado.

Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia [...] es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador

Fuente judicial

La magistrada Catalina Díaz, de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, aseguró a elDiario.es que hasta ahora no se había investigado “a fondo” el papel de estos aparatos en los crímenes contra la UP. “Hay nueva evidencia, por ejemplo, de que hubo un seguimiento sistemático contra la Unión Patriótica y que la inteligencia militar incluso pudo estar detrás de la estigmatización y construcción de un relato peyorativo para legitimar su accionar”.

El ya mencionado batallón Charry Solano, que en 1986 se convirtió en la Brigada XX, acumula 35 denuncias de tortura, 51 de ejecuciones sumarias y 73 de desapariciones forzadas. Un grupo de organizaciones de derechos humanos ha entregado, desde 2020, pruebas con hechos ocurridos, presuntamente, entre 1977 y 1998. Uno de aquellos denunciantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha sufrido más de 30 años de persecución, acoso y actos ilegales por parte del Ejército. Por ello, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano responder por violaciones contra sus miembros, ligados a la izquierda política, y sus familias.

Una fuente judicial que pide mantener su nombre oculto, resume: “Lo que hizo la inteligencia militar en Colombia entre los años 1978 y 1989, más o menos, es una labor criminal del tipo de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. Es el mismo modelo, bajo la premisa de que el enemigo interno comunista era susceptible del ejercicio de la violencia. Legal o ilegal”.

Los políticos maquillaron la verdad

A medida que se conocen más casos, donde los nombres de algunos generales o coroneles se repiten, y las piezas van dando forma al rompecabezas, la sociedad colombiana empieza a cuestionar más la conducta militar. Jorge Cardona, reportero y exeditor del diario El Espectador, regresa sobre el caso del Palacio de Justicia: “La postura de la clase política, con las excepciones de siempre, fue rodear a las Fuerzas Armadas. Una de las primeras voces institucionales disidentes fue la Procuraduría, que denunció en 1986 al presidente Belisario Betancur y manifestó que hubo exceso de la fuerza y desconocimiento del derecho internacional humanitario”.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo, absolvió al presidente Conservador siete meses después de los hechos. Para Cardona, la “vía política fue decorando la impunidad”. Helena Urán Bidegaín es hija de Carlos Horacio, magistrado muerto durante la retoma del Palacio de Justicia. Ella ha dedicado una parte importante de sus 50 años a entender los hechos: “Parte de los expedientes relacionados con las masacres y las torturas del Estatuto de Seguridad, implementado por el presidente [Julio César] Turbay [1978-1982], se quemaron en el Palacio de Justicia. Todo quedó suspendido. Y la construcción del relato que se ha hecho desde sectores del poder es acomodaticia y solo exalta sus actuaciones, así hayan sido indignas”, dijo a elDiario.es.

Otra investigadora que pide no ser identificada, trae a colación las declaraciones televisadas del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, absuelto en 2015 de responsabilidad en dos casos de desaparición forzada, y quien fue una de las cabezas visibles en el asalto de recuperación de la sede judicial en 1985. Mientras el humo y las llamas carbonizaban el edificio, el militar vociferó al ser preguntado por el objetivo: “¡Mantener la democracia, maestro!”. El alcance de su labor, sin embargo, aún deja grandes interrogantes. Porque en Colombia, argumenta la misma fuente, se han normalizado los desmanes de una operación castrense sanguinaria: “Como si en Colombia existiera la pena de muerte”.

El silencio de cientos de víctimas que sufrieron en algún momento aberraciones confirma que el país aún navega la superficie de una etapa negra. “Hay dos momentos. Desde finales de los años 70, los militares mezclan el secuestro, la tortura, y, en menor medida, los homicidios, en instalaciones militares, como el Cantón Norte y el Charry Solano en Bogotá. Hoy la evidencia apunta a que, en algún momento de la segunda mitad de los 80, dejan de hacerlo en los cuarteles porque ya era problemático y se aceleran los asesinatos extrajudiciales en otros contextos. Se ha establecido que los soldados tiraban los cadáveres en zonas de las afueras de Bogotá como Funza, Choachí o el Tequendama”, asegura un investigador.

Algo cambió el 6 de noviembre de 1985

Para el antropólogo David Marín, autor de Pérdida en el fuego (Planeta) —una reconstrucción minuciosa de la “masacre olvidada” del Palacio—, algunos grupos de poder tradicional entendieron, aquella especie de noche de los cuchillos largos del 6 de noviembre de 1985, que habían perdido el control de las cosas. O, cuando menos, que la batalla contra los insurgentes había descarrilado. Se sumaron nuevos y sanguinarios actores potenciados por el narco. Y los métodos de terror se emplearon con más ímpetu que en décadas anteriores.

El marco conceptual se sustentó en los manuales de inteligencia y contrainteligencia inspirados en el adoctrinamiento de la Escuela de las Américas en los años 60. Y el decreto presidencial de 1978 ya citado, que perseguía los mismos objetivos de la Operación Cóndor dirigida desde Washington, aportó el andamiaje legal necesario. En esencia, se trataba de eliminar los focos de oposición mediante un calco de algunas de las brutales actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet en Chile, o de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo la dictadura de Videla en Argentina.

Esas puertas cimentaron las facultades de “exterminio de facto” para las Fuerzas Armadas colombianas, según escribe Marín en el epílogo de su libro. La represión oficial contra “todo lo que oliera a comunismo” derivó en la multiplicación de las retenciones arbitrarias, los seguimientos y perfilamientos de estudiantes, sindicalistas o maestros: “Se sistematizaron las torturas. Se arrojaba gente a los ríos, a los parques, a las cunetas de las carreteras menos transitadas, a los humedales... Esos eran los que aparecían. De otros no se tiene el menor rastro”, escribe el antropólogo.

La barbarie tras un telón democrático

Entre quienes murieron en el Palacio de Justicia había 11 magistrados de la Corte Suprema. Varios de los mejores juristas de una generación cuya edad promedio no superaba los 60 años. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de 53 años. Falleció, según los nuevos hallazgos de la investigación de Marín, víctima de una ráfaga de metralla del Ejército colombiano durante la recaptura del Palacio. Pero a lo largo de estas últimas cuatro décadas, en Colombia todavía no se ha publicado un trabajo global concluyente. O una investigación periodística o histórica que sintetice con claridad los resortes más amplios de un capítulo cuya mayor singularidad es que se desenvolvió en un contexto democrático.

Eduardo Carreño, miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, plantea un problema de fondo: “El terror en Colombia aún es muy complicado. Por eso a las víctimas de esa época les cuesta hablar. Las estructuras criminales de aquel entonces cambiaron de nombre, se convirtieron en otros organismos, desmontaron el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero la violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables de esos casos”.

Algunos de esos episodios más recientes son los de los asesinatos de jóvenes pobres que el Ejército presentó como guerrilleros durante las Administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). O la Operación Orión (2002), a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía contra las milicias urbanas de las FARC en los barrios bravos de Medellín. Allí las organizaciones de Derechos Humanos han calculado que se produjeron 300 desapariciones forzadas.

La violencia y ciertos delitos continúan y aún no sabemos con claridad quiénes han sido los responsables

Eduardo Carreño — Miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La comparación con las dictaduras de Chile o Argentina se queda corta. En esos países, donde a lo largo del siglo XX hubo procesos políticos de corte socialista que sí avanzaron, la respuesta fue suprimirlos mediante dictaduras militares. En Colombia nunca ocurrió nada similar. Quizás por ello, a las fuentes consultadas aún les cuesta configurar un relato más completo donde, tras el telón de solidez institucional, el mismo Ministerio de Defensa apeló a métodos tan sanguinarios en la trastienda.

Algunos de los jueces más tozudos que murieron en el Palacio ya lo venían advirtiendo. En junio de 1985, un juez del Consejo de Estado implicó al Gobierno de Julio César Turbay y a dos generales en la tortura de la médica Olga López Jaramillo y su hija de cinco años en 1979.

El fallo concluyó que el Ejecutivo empleó métodos irracionales, inhumanos y proscritos por todas las convenciones de derechos humanos. La sección tercera del tribunal responsable del dictamen judicial, alojado en el mismo inmueble que cinco meses más tarde sería devorado por los proyectiles y las llamas, empezó a recibir amenazas de forma reiterada. Algunas de ellas estaban dirigidas con nombre propio contra jueces que investigaban por entonces casos de torturas ejecutadas, según se sospechaba, por parte de algunas unidades del Ejército colombiano.

“Cuando leemos que hubo cien mil víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra pero no nos conmueve. Si leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Hegel primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres”. Con esas palabras de Tomás Eloy Martínez abre Cómo se puede querer tanto a alguien (Paisanita Editora, 2025), flamante libro de la periodista y escritora Tali Goldman. El epígrafe ofrece una clave de lectura para los textos de una autora que se especializa en eso de ir detrás de huellas, en ofrecer crónicas que nacen del movimiento, de la inquietud, de volver sobre las esquirlas de episodios supuestamente muy conocidos o narrados.

Las tres crónicas que integran la publicación tienen en su centro a tres personas que, por motivos bien diversos, sintetizan la suerte de varios en circunstancias dolorosas para la historia argentina reciente, como la dictadura militar o el atentado contra la AMIA. Contados con rigor, pero también con proximidad y una prosa diáfana, los textos singularizan, aproximan, le ponen voz a distintas heridas.

El primero de los textos es un retrato conmovedor –y también revelador, por algunas escenas poco conocidas de su vida– de Diana Wassner de Malamud, quien perdió a su esposo en el atentado contra la AMIA y se volvió, con el tiempo, en una referente de la asociación Memoria Activa. En el segundo, Goldman, que es experta en ir detrás de historias poco conocidas, reconstruye las andanzas de Dany Recanati, un hombre israelí que arriesgó su vida para salvar a alrededor de 400 argentinos durante la dictadura desde su trabajo sigiloso en la Agencia Judía para Israel en Buenos Aires.

La tercera de las crónicas, narrada con un pulso vertiginoso y también estremecedor, recapitula la historia de Ezequiel Rochistein, un hombre nacido en un centro clandestino de detención durante el gobierno de facto, que creció con una identidad falsa y recién pudo conocer de grande su verdadero origen. En plena pandemia, Rochistein terminó siendo uno de los encargados del operativo internacional de captura de Gonzalo “Chispa” Sánchez, un represor sobre el que pesan acusaciones por más de 900 secuestros en diversas causas que investigan delitos de lesa humanidad, entre otros la de la desaparición del escritor Rodolfo Walsh.

– En tu penúltimo libro, Larga distancia, te conocimos como autora de ficción, de cuentos específicamente. Ahora estas tres crónicas que escribiste forman parte de un nuevo libro con el que volvés a sorprender. ¿Qué te ofrece la crónica, por qué creés que estás siempre dándole vueltas a este género?

– Mi primer libro, Marea sindical, ya había sido de crónica. Diría que la ficción, en realidad, fue como algo raro, como en mi vida, que ahora también se instaló en mí. La crónica, en cambio, siempre estuvo y por lo general prefiero definirme como periodista. De hecho, a veces me parece un montón llamarme escritora. En cambio, me encanta definirme como periodista porque es lo que esencialmente soy. Siempre me dediqué al periodismo escrito. Además, trabajé en varias redacciones, digamos que me formé en el periodismo gráfico, me crié en todo sentido ahí. Yo viví la época de las redacciones: pasé por las de las revistas 7 días y Veintitrés y por la del diario El argentino. También hice radio, pero nunca me terminó de enamorar la radio, a mí me enamoraba y me enamora escribir. De hecho extraño un poco la redacción como espacio, aunque hoy sería difícil también pensar en una redacción porque se están extinguiendo. Así que en ese sentido, se dio naturalmente esto de volver a publicar no ficción.

– La particularidad de Cómo se puede querer tanto a alguien es que son crónicas que ya habían sido publicadas o que habían circulado de distintos modos.

– Sí, me pareció lindo diría que como experiencia sensorial: no es lo mismo leer una crónica en en la computadora o en un celular que en un formato libro. Por otro lado, me parecía interesante ver la conexión o este hilo que creo que hay entre estas tres crónicas, que es algo que sale de manera inconsciente. Porque no es que yo te hice estas tres crónicas diciendo “Bueno, esto va a ser un libro”. Sin embargo, en las tres evidentemente hay una zona que me interesa y que aparece en mucho de lo que escribo, que tiene que ver con historias o temáticas alrededor de la dictadura. Y, últimamente, también lo lo judío o algo de la cultura judía me empezó a interesar. Primero, concretamente, desde los cuentos, y eso se trasladó también al periodismo.

– Pensando en esos puntos de contacto entre las tres historias y asociándolo con esto que mencionás de las redacciones en extinción, el libro trae retazos del siglo XX y algunos de sus modos de circulación que también se van perdiendo. La dictadura, de todas formas, está presente en las tres crónicas. ¿Por qué volvés siempre ahí? ¿Sentís que todavía hay mucho para contar o reconstruir?

– Siento por un lado la dictadura es un periodo muy narrado, pero también me fascina ver que siguen apareciendo historias ocultas de ese período, o personajes que todavía no se contaron. También creo que hay algo de la mirada: pasa el tiempo y los protagonistas y yo misma tenemos reflexiones completamente distintas sobre cosas supuestamente conocidas o muy narradas. Entonces uno aborda este tema de maneras nuevas. Pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el libro La llamada, de Leila Guerriero. Para mí ese es un texto que tiene valor por un montón de cosas, y que también tiene un valor porque se escribe casi a 50 años de lo que ahí se cuenta. Entonces yo creo que mucho de lo que pasa en ese libro tiene que ver con que pasaron muchos años y sus protagonistas tienen nuevas reflexiones sobre lo que vivieron. En mi libro, por ejemplo, pienso en la crónica sobre Diana (Malamud). Si yo hubiera contado esa historia hace 15 años seguramente hubiera sido otra crónica porque enganchaba a Diana en otro proceso. Ella ahora cumplió 65 años y del atentado pasaron 30. Sus reflexiones son otras y mi mirada sobre ella también.

– De hecho ahí se nota una suerte de mirada tuya sobre este personaje que conocemos por sus discursos en los actos del 18 de julio cada año, pero vos, más allá del personaje público, abrís la pregunta sobre la maternidad de esta mujer que pierde de un día para el otro y queda sola con dos hijas.

– Esto lo pensé con el tiempo, pero creo que en el fondo este texto parte de mi propia maternidad. Yo fui madre hace casi cuatro años y cuando empecé a pensar esta historia mi hija tenía 1 o 2 años. De alguna manera mi cabeza explotó cuando, más allá de que creía conocer la historia de Diana porque es una persona conocida que habla todos los años, pensé en su miedo al quedarse sola con dos hijas. Pensé “claro, era más chica que yo y tenía dos hijas”. De un momento para otro me cambió la perspectiva que siempre había tenido de la AMIA. Que era algo que para mí siempre fue un tema cercano y muy presente durante toda mi vida, porque me crié en la comunidad judía de Buenos Aires, en instituciones judías. Tal vez porque yo era muy chica cuando fue el atentado, siempre la vi a Diana hablando como una adulta y en esa fantasía de chica pensaba que ser adulto es tener una vida resuelta o saber cómo actuar ante determinados hechos. Algo de de mi maternidad y de mi edad actual me hizo repensar a Diana y al atentado, me hizo sentir que quería contar un costado de la intimidad a partir del atentado. No sé, Diana también era una mujer que queda sola, que tenía a su familia viviendo en México, que tenía que rearmarse en todo sentido, no solamente desde lo económico, una mujer que no sabía manejar, por ejemplo. A mí me interesaba contar estos aspectos, porque me parece que en algunos detalles también una puede ver la dimensión de la tragedia. Yo doy taller y hace poco invité a una clase al periodista Juan Cristóbal Peña. Él señaló algo muy interesante sobre los perfiles periodísticos. Él dijo que el perfil es como una trenza donde se cruzan tres mechones, digamos: lo público, lo privado y lo íntimo. Creo que es esa búsqueda la que me interesa cuando voy escribiendo un perfil. Lo público, que por lo general es lo que se conoce, trenzado con privado y, sobre todo, lo íntimo. Me interesaba en esa crónica particular retratar esas tres dimensiones.

– El segundo texto tiene como protagonista a Daniel Recanati, este hombre israelí que trabajando en Buenos Aires en los ‘70 para la sede argentina de la Agencia Judía para Israel rescató a unas 400 personas durante la dictadura. ¿Cómo te acercaste a esta historia y cómo fue el trabajo de reconstrucción de la vida de Recanati?

– Se iban a cumplir 40 años de democracia en 2023 y Leila Guerriero, sabiendo mi interés por estos temas, me dice que le proponga notas para la revista Gatopardo. En ese momento me propuse encontrar, entre muchas comillas, alguna historia luminosa, algún personaje que salve a otros, algo que redima, no sé, andaba muy obsesionada con encontrar una especie de Schindler argentino. Me acuerdo que lo llamé a mi papá (N. de la R.: Daniel Goldman, rabino de la Comunidad Bet El) y le pregunté: “¿vos no conocés a alguna persona salvado gente en la dictadura?”. Y mi papá, que había escrito un libro que se llama Ser Judío en los 70, que yo nunca había leído, me dijo: “Hay un tipo que se llamaba Dany Recanati”. Al principio no encontré casi nada, apenas un artículo perdido en un dossier. Así que empecé una búsqueda medio detectivesca que me llevó no solo a leer ese libro de mi papá sino a conectarme con un montón de historias de personas que se pudieron exiliar gracias a Recanati. Fue muy quirúrgico todo, llegué a un investigador exiliado en Israel hasta que terminé finalmente hablando con las hijas de Recanati. Fue de alguna manera espectacular ir atando cabos, viendo cómo se cruzaban algunos puntos. De hecho, cuando estaba con esta investigación alguien me dice “che, fijate que Diana Malamud también estuvo exiliada”. Ahí empecé a ver cómo se juntaban varias cosas que nunca había notado. En general fue muy movilizante dar con la gente que fue rescatada por Recanati, todos lo recordaban con mucho cariño porque realmente le debían su vida a él. Creo que en esa crónica se dio, también, algo interesante para pensar que es una mirada del exilio, una experiencia de la dictadura que tal vez fue menos narrada.

– ¿Y la tercera de las crónicas? ¿Cómo llegás a la historia de Ezequiel Rochistein, este hombre nacido en un centro clandestino de detención, al que le cambian la identidad los militares y quien, ya de grande y conociendo su verdadera historia, tiene como misión ir a capturar a un represor?

– La verdad es que este caso lo doy como ejemplo en mis clases porque nació de una manera muy simple. En plena pandemia, me acuerdo de leer creo que en Página 12, que habían logrado extraditar a un represor vinculado con la desaparición de Rodolfo Walsh. Me quedó en la memoria una imagen entre ridícula y bizarra de este tal Chispa Sánchez porque eran los comienzos de la pandemia y en la foto se veía al tipo en una especie de pelopincho con un mameluco, una escafandra y gente tirándole desinfectante. Obviamente me interesaba la causa de Walsh, pero en ese momento no tenía claro que seguía la investigación, que quedaba todavía este tipo y que lo estaban buscando. Unos días después aparece también, creo que en una nota de Página 12, que una persona, un nieto recuperado por los organismos de derechos humanos, había estado atrás del operativo para traerlo a Argentina. Justo tenía un amigo que trabajaba en Cancillería, le pregunté y me confirmó que sí, que había sido así. Al poco tiempo contacté a Ezequiel para entrevistarlo y enseguida me dijo “dale, avancemos”. Como era pandemia me acuerdo que hablábamos por teléfono los sábados, que era un día que él tenía libre. Estuvimos un mes así. En el transcurso de la investigación me di cuenta de que la historia no era Chispa Sánchez, la historia era la de Ezequiel, su identidad, su recorrido hasta llegar a la extradición del represor. Fue la primera vez que escribí para Gatopardo y por eso le tengo un cariño enorme a ese texto.

Yo doy taller y hace poco invité a una clase al periodista Juan Cristóbal Peña. Él señaló algo muy interesante sobre los perfiles periodísticos. Él dijo que el perfil es como una trenza donde se cruzan tres mechones, digamos: lo público, lo privado y lo íntimo. Creo que es esa búsqueda la que me interesa cuando voy escribiendo un perfil.

– En todos los casos les dedicaste muchísimas horas a las historias, mencionás esto de estar un mes hablando con un protagonista, en el caso de la primera crónica ni siquiera tenías un lugar para publicarla. ¿Cómo es escribir en este contexto, en el que además hay cada vez menos espacios para este tipo de periodismo?

– La verdad es que lo vivo dramáticamente. Casi no hay lugares para para escribir crónicas o están en extinción, como decíamos antes. Además este tipo de trabajos es muy raro que se paguen lo que salen, en el sentido de que por ahí estás meses buscando algo, no se mide ni en caracteres ni en páginas. Por mi parte, yo hago malabares con otros trabajos y actividades vinculadas con la escritura, como dar talleres de no ficción, que es algo que me está gustando mucho. Me parece que en el fondo lo hago para poder seguir con estas crónicas que es básicamente lo que más me gusta en el mundo. La de Diana, al final, la pude presentar en un concurso y ganó. En el fondo me parece que la crónica se convirtió en un lugar de resistencia para un tipo de periodismo que pide tiempo, que se desmarca de lo supuestamente urgente. En este mundo que reclama tanta inmediatez, tanta bola a las redes sociales o a que cuentes todo rápido en un reel de Instagram, hay que seguir insistiendo con esto. Claro que hay que tener mucha paciencia y también algo de creatividad para crear nuevos espacios donde podamos seguir contando estas historias.

AL

Ropa sin estrenar y de invierno, en medio de una ola de calor insoportable. Pasaportes con su foto y nombres distintos. Dinero de varios países. Un bolso beige con cosméticos. Un juguete de bebé sin usar. Rodeada de esos objetos, entre insólitos y sospechosos, una mujer aparece muerta el 21 de julio de 1980 en un hotel de Madrid. Se llama Noemí Esther Giannetti de Molfino, le dicen Mima, y mucho tiempo después se sabrá que llegó hasta allí luego de ser secuestrada en Lima, Perú, por agentes de inteligencia de la dictadura que tomó el poder en 1976 y desde ese momento siembra el terror con secuestros, desapariciones y muerte. Por aquellos días, el caso toma relevancia local e internacional mientras que las denuncias por las desapariciones se empiezan a escuchar con más fuerza y el régimen militar busca estrategias para frenarlas. Una, por ejemplo, fue presentar a esta mujer como alguien que paseaba tranquilamente por Europa con pasaportes falsos y dinero de grupos denominados “subversivos” por los militares.

A 45 años de su asesinato, la historia de Mima y de sus seis hijos fue reconstruida por el escritor Juan Carrá en su notable libro Salvate vos (Sudamericana, 2025). Se trata, como el propio autor señala, de un texto de no ficción que parte de esa escena macabra plantada por el régimen militar para narrar la historia de una familia arrasada por el terrorismo de Estado. Es que, mientras el cadáver de Mima era encontrado en Madrid, el mayor de sus hijos era un preso político y víctima de la tortura en Argentina, el más joven vivía en la clandestinidad entre España y Perú llevando adelante tareas para Montoneros, una hija embarazada y su yerno fueron secuestrados y desaparecidos y otra hija debió exiliarse.

Contada a partir de una exhaustiva investigación y con un ritmo narrativo impactante, en Salvate vos se superponen militancia, intimidad, contradicciones, silencios, vértigo, armas, escenas de clandestinidad, persecuciones y complicidades entre gobiernos de facto de Latinoamérica. Un libro que a partir de narrar los vaivenes de una familia atravesada por el compromiso político y víctima de uno de los mayores crímenes internacionales de la dictadura, ofrece un riguroso retrato de época.

– Por tus trabajos previos investigaste muchas historias que tienen lugar en la dictadura o con los ‘70 en un sentido amplio. ¿Cómo fue que llegaste a la de los Molfino y que decidiste contarla?

– En los ‘90 cuando yo era muy pibe y empecé a militar, me puse a leer mucho. En un momento me topo con un libro en el que hay un testimonio de un ex militante montonero que cuenta todo lo que le pasó a su familia en la dictadura y habla ahí un poco del Plan Cóndor. Cuenta que su mamá había sido secuestrada en Perú y que apareció asesinada en un hotel de Madrid. Era Gustavo Molfino, que es el hermano más chico. Ahí me di cuenta de que había una historia familiar que condensaba en sí misma te diría la tragedia total: la desaparición de su hermana y su cuñado, el exilio de su otra hermana, la vida en clandestinidad de varios de ellos, la tortura, el asesinato de su madre, la persecusión al hermano que estaba en una cárcel como preso político. Y algo que descubren mucho después: el sobrino que nace en Campo de Mayo y es robado hasta que descubre su identidad de grande. Por supuesto que en ese momento yo no estaba ni cerca de escribir. Era otra vida mía, pero de alguna manera me quedó el apellido Molfino en la cabeza. Muchos años después, yo ya era escritor, y en un par de festivales me empiezo a cruzar a Miguel Molfino que es escritor, una especie de gran referente de la novela policial para las nuevas generaciones. En un festival literario hay una mesa sobre cárcel, dictadura y terror donde están él y Raúl Argemí que fueron compañeros de celda. Los dos estuvieron presos en la Unidad Penal de La Plata y recordaron que los dejaban tener pocos libros. En un momento van a trasladar a uno de ellos, tenían No habrá más penas ni olvido, de (Osvaldo) Soriano, y como no llegaban a terminarlo los dos, se pusieron a leerlo esas últimas horas en voz alta, turnándose, para terminarlo.

– La escena está contada en Salvate vos.

– Sí, porque me pareció que ahí se condensaba algo muy interesante. Por un lado, el rol de la literatura en esos momentos de soledad. Pero también su potencia en la resistencia. Una forma de resistencia al interior de la cárcel, también de compañerismo, un gesto de amor en esa lectura. Fuimos a tomar al café La Paz un whisky y hablamos mucho de esa escena. Éramos varios hasta que nos fuimos quedando solos. Y en un momento menciona algo de su familia y empieza a contar la historia de su mamá. Entonces ahí yo digo pará, “esto lo leí en algún lado”. También me doy cuenta de que parte de su historia también estaba contada en La Voluntad (N. de la R. el libro de Eduardo Anguita y Martín Caparrós).

– ¿Algo de la historia familiar en particular te había llamado la atención?

– Me parece que en la familia Molfino se muestra algo que es generacional: esto de que son familias antiperonistas que van mutando al calor de los ‘60 y los ‘70. Y es algo que no solo pasa en Argentina sino también de lo que se vive a nivel internacional, con el Che, el Mayo Francés, las luchas de liberación nacional y social a nivel del Tercer Mundo, qué sé yo. Todo eso va mutando y el peronismo, en paralelo, entra ahí también a tallar. Me interesaba ese doble juego y ahí nos empezamos a vincular hasta que me hago muy amigo de Miguel. Él, de hecho, escribió la contratapa de un libro mío de cuentos sobre la dictadura. En un momento yo tenía ganas de escribir una novela de espionaje. Estaba en eso y se me ocurre utilizar algo de la historia personal de Miguel. Entonces lo llamé para decirle “che, mira, me gustaría usar estas partes, qué sé yo”. Él me dice que no tenía ningún problema y ahí le pregunto si había algo que pudiera leer sobre su familia porque todo lo que iba apareciendo era muy fragmentado. Me dice que no había nada que condensara todo. Y me agrega: “Yo nunca voy a poder escribir algo así”. Entonces, en plena conversación telefónica, se me ocurre preguntarle si me dejaría hacerlo a mí. Me dice que tenía que hablarlo con los hermanos y, con el ok de todos, así llegamos a Salvate vos. Ahí me empiezo a juntar con ellos. Ahí empieza el proceso de investigación más pensando en una novela de no ficción. Y se vuelve como una especie de compromiso de amistad con Miguel para contar algo que él me dice que él no va a poder contar nunca.

– Decidiste armar el libro con la madre, Mima, en el centro. ¿Por qué?

– Pasan varias cosas, por un lado pensando en esto de las historias que condensan el horror en varios sentidos me empecé a preguntar por lo que les pasaba a las madres de aquellos jóvenes que crecieron entre los ‘50 y los ‘70. Muchas de ellas, como Mima, vienen de una mirada muy distante de la política. Hasta que empiezan a ver que sus hijos deciden abrazar ideas que les son ajenas pero que, a la vez, dan muestras de una entrega muy fuerte de ellos por el otro. Sobre todo en aquellos militantes que hacían trabajo territorial. Ahí ellas pueden ir viendo que ahí hay algo muy positivo de entrega hacia los demás. Se da una verdadera transformación de esa generación también. En este caso particular, además, hablo solo de ella porque queda viuda muy joven. Para contarlo en el libro era ella la única que podía ir hilvanando la historia, porque es la única que en algún punto va manteniendo contacto permanente con todos sus hijos, que por distintos motivos van desperdigándose. Mientras una se va a Francia al exilio el otro queda exiliado internamente en Buenos Aires. Hay un hijo que se queda en Chaco pero que se va primero a la Patagonia a trabajar, casi como una especie de retaguardia familiar cuidando la cosa. Hay otra hija que se va con el marido clandestina a Tucumán. De repente la familia se vuelve una diáspora y ella es la única que puede unirlos. Entonces, narrativamente, debía ser en algún punto así. Pero también porque todo esto termina con la aparición de su cuerpo en un montaje sin precedentes. Entonces creo que hay en algún punto una transformación permanente de esa mujer por lo que sus hijos van viviendo, por lo que van eligiendo y por lo que van sufriendo. Ella los acompaña en sus movimientos hasta que en un momento empieza a tomar decisiones propias. Algunas incluso que sus hijos no pueden explicar: cuando ella ya está por primera vez en Europa no hay una certeza de cómo decide vincularse de manera directa y colaborar con Montoneros. Nadie sabe hasta hoy quién la involucró. Gustavo sigue diciendo “yo no fui” y él tampoco sabía que ella iba a viajar a Perú cuando lo hizo. La frase que se repetía en el exilio, como cuento en el libro, siempre era no preguntes, no dejes que te pregunten. En el caso de los Molfino no era por desconfianza sino por protección al otro.

– Elegiste para empezar el libro justamente con ella, cuando aparece muerta en el hotel de Madrid, en 1980. ¿Cómo fue reconstruir esa escena tan compleja y de la que hay tan pocos testigos?

– Esa escena y en realidad todo el libro está basado en un trabajo de investigación exhaustivo no sólo testimonial sino también documental. Hay muchos expedientes judiciales. Para el caso puntual del asesinato de Mima hay un expediente judicial español al que tuve acceso. Ahí está toda la descripción de la escena y toda la situación. También hay un libro que se llama Asesinos sin fronteras, que es una compilación documental y de análisis jurídico de Eduardo Luis Duhalde, que fue uno de los abogados que inicialmente estuvo cerca de la familia. También hay otro libro muy importante, que es un libro peruano. Se llama Muerte en el Pentagonito, de Ricardo Uceda, y reconstruye la etapa del secuestro y la tortura en Perú y cómo los peruanos ayudaron en ese procedimiento de la dictadura argentina a partir del testimonio de un militar peruano que participó. Así que me nutrí de la bibliografía existente y también de mi propia investigación. Entrevisté a otras personas del entorno de la militancia y de la familia. Viajé a Chaco en varias oportunidades a buscar a los hermanos. Viajé a Perú, busqué mucho en las hemerotecas allá y acá. Salió en los diarios de la época toda la movida internacional que deriva en el secuestro de Mima con tres personas más, y después la aparición de su cuerpo en un montaje de inteligencia y de la Cancillería argentina para tratar de instalar rápidamente que estos desaparecidos en realidad estaban paseando en Europa. Con ella se monta una campaña internacional muy grande: para derribar lo que se empezaba a hablar de las desapariciones la dictadura tenía que armar algo. Y con ella lo intentan: querían mostrarla en una escena más propia de una persona que vive en la absoluta clandestinidad y un poco de desparpajo con guita, pasaportes, toda una serie de cosas armadas, en un hotel donde supuestamente la lleva otro montonero. Toda una serie de cosas que logran instalar los militares para decir “estos que ustedes llaman desaparecidos están dando vueltas por Europa y se están matando entre ellos”.

– En el libro y también en algunas entrevistas te referís a Salvate vos como una “novela de no ficción”. ¿Cómo pensás esa categoría? ¿Qué es para vos una novela de no ficción?

– Bueno, en principio en una novela de no ficción digamos que hay una apropiación o reconstrucción de acontecimientos reales, con una base de investigación muy importante que viene a sustentar lo narrativo. En la reconstrucción siempre opera un narrador que reconstruye mucho más allá de lo que puede dar el testimonio en base a cruzar elementos. Yo entrevisté a muchas personas del entorno de la militancia, por ejemplo. Lo que buscaba era, más allá de episodios puntuales que habían vivido, saber qué les gustaba, qué comían, qué música escuchaban. Y a veces el entrevistado me miraba como diciendo “¿pero no me viniste a preguntar por la Contraofensiva, por la militancia?”. Bueno, sí, pero estas preguntas boludas también me sirven después para la construcción narrativa apegada lo más posible a lo que requiere la no ficción. Lo que pasa es que cuando la reconstrucción te lleva a indagar en personas desaparecidas o asesinadas siempre quedan huecos. En esos huecos, a la vez, por ahí aparecen indicios de lo que pudo haber sucedido. En algunos casos esos indicios son más fuertes, en otros no. Esos huecos son exponentes de lo arrasador que fue el terrorismo de Estado, los silencios que provocó. Yo creo que ahí es donde la ficción y la investigación periodística vienen a ayudar a recuperar verdad y memoria. Es a partir de esos silencios donde aparecen las posibilidades de reconstrucción. Pero no inventé nada, es lo mismo que hace (Rodolfo) Walsh en Operación Masacre. Esas escenas que él construye cotidianas de los trabajadores que después van a ser fusilados es la reconstrucción, muy ficcionalizada en términos de escenas, a partir de testimonios. Bueno, cuando se publicaron los diarios de Enriqueta Muñiz uno se da cuenta ahí del gran trabajo de ficción fuerte que hay en esa escritura. No hablo de inventar, ni de mentir. En el caso de los Molfino, pude tener acceso, por ejemplo, a muchas cartas. Hay, también, mucho trabajo con la prensa de la época, en especial con la prensa del movimiento revolucionario. Me parece que ahí opera la ficción. La ficción en términos de reconstrucción. Un poco ese es siempre el juego: hacer jugar la literatura como una herramienta muy fuerte para poder contar la historia no como un informe destemplado sino como una novela.

Cuando la reconstrucción te lleva a indagar en personas desaparecidas o asesinadas siempre quedan huecos. En esos huecos, a la vez, por ahí aparecen indicios de lo que pudo haber sucedido. Esos huecos son exponentes de lo arrasador que fue el terrorismo de Estado, los silencios que provocó.

– Buena parte de los hechos que contás en el libro transcurren alrededor o a partir de la llamada Contraofensiva de Montoneros, una decisión que sigue siendo discutida hasta hoy. ¿Qué pensaste vos después de haber leído y trabajado tanto sobre ese episodio?

– En principio me parece que cualquier análisis de los ‘70 siempre es fácil con el diario del lunes. Por eso lo que me interesa un poco es recuperar tanto material documental de época, ver cómo situar cada episodio, qué podían pensar y analizar quienes vivían en ese momento, en ese devenir histórico, en el proceso de lucha de ese momento. No casi 50 años después, con las consecuencias sobre la mesa. No digo que sea fácil, pero en algún punto es un poco simplista decir solamente que la Contraofensiva “fue una locura” y listo. La mayoría de las personas con las que hablé de la Contraofensiva, que participaron de alguna u otra manera, no me decía que en ese momento consideraba que estaba haciendo una locura. Incluso muchos de ellos tenían muchas intenciones de volver al país a luchar contra la dictadura, casi como una especie de mandato, de mandato de decir hay que volver a luchar contra la dictadura. Después, claramente, uno puede decir que se trató de un análisis político incorrecto. Eso visto desde hoy es clave. Como lo hubo también en la Operación Monte Chingolo del ERP. ¿Hubo análisis o decisiones incorrectas? Sí, por supuesto. Diría errores de lectura política. Algunos, incluso, de los que la propia organización se da cuenta. Tarde. Hay cuadros de la organización que van avisando “che, guarda porque está todo mal”. Uno de ellos es Federico Frías Alberga, que hace un informe desde adentro y avisa “che, esto no está funcionado tan bien como pensábamos”. También hay una crítica a la conducción en un documento y sin embargo continúa el proceso revolucionario. También para entonces hay rupturas muy grandes, con gente que se va de la organización. Lo que quiero decir, a partir de la investigación y de los testimonios, es que siento que ahí hay todo un devenir de una organización en un proceso político muy denso que comete errores. Errores que, por supuesto, en ese contexto cuestan un montón de vidas y aparecen el horror y la tragedia. Por eso la historia necesita ser leída desde varias aristas, para poder hacer un análisis más detenido, más situado, más pensado. Y ahí, en todo caso, sí encontrar los errores. Pero este, como varios otros, es un episodio de la historia militante de los 70 donde va a seguir habiendo contradicciones y no va a haber nunca una posición unificada. Yo creo que ahí es donde se vuelve difícil la idea de la verdad o la idea de cuál es la verdad sobre este hecho histórico. Lo que a mí me importa en todo caso es pensar en esas verdades a partir de mostrar que existían personas que creían que, por ejemplo, la Contraofensiva estaba bien y hay otras personas que decían “che no, esto no va”. Incluso en el mismo marco de la dinámica familiar que yo narro en el libro. Después me parece que, más allá de lo que haya pasadoen la Contraofensiva por las decisiones de la conducción de Montoneros y de sus cuadros intermedios, me parece importante desmarcar esa cuestión interna de la intensidad sofocante del genocidio sobre los militantes que volvieron al país.

– De hecho citás, al final, el alegato de una fiscal del juicio por la Contraofensiva que trae la noción del “derecho a la resistencia contra la dictadura militar”.

– Claro. Bueno, eso es el valor grande que tuvo ese juicio: exponer que existió la necesidad del derecho de resistir a un gobierno dictatorial, ilegítimo, que montó el aparato represivo del Estado en su máximo nivel. Que nada de todo lo que sucedió durante esa época es legítimo porque es absolutamente parte de un gobierno que usurpó la democracia, que terminó con la democracia, que terminó con la justicia.

– El libro sale en un contexto en el que desde el gobierno nacional se cuestiona no solo a la militancia de los ‘70, sino a la política en general. La política vista como gran fantasma, una casta, un lugar para delincuentes. Y, al mismo tiempo, hay en el Poder Ejecutivo una vicepresidenta como Victoria Villarruel con un discurso negacionista a veces y a veces reivindicatorio de la dictadura. ¿Cómo pensás que puede dialogar una historia como la que escribiste con estos tiempos?

– Es muy difícil aventurar cómo dialoga. Sí creo que es muy importante seguir contando historias sobre lo que pasó. Me interesa mucho la posibilidad de seguir repensando críticamente y analíticamente qué pasó en la década del ‘60 y ‘70 en la Argentina. Pensar críticamente solo es posible a partir de contar historias. A veces pareciera que está todo contado pero lo cierto es que no. Y que a veces, también, se tiene la sensación de que porque se lograron determinadas políticas públicas en un determinado momento histórico el proceso de memoria está terminado. Pero no. El proceso de memoria, que va de la mano del proceso de la verdad, es un proceso histórico permanente. Los delitos que se cometieron son de lesa humanidad por esto. Estos crímenes produjeron, entre otras cosas, la ausencia. Y en esas ausencias hay ausencia también de posibilidad de relato y de análisis. Gran parte de la generación que incidió de manera fundamental en la política argentina de aquellos años hoy no está para formar parte de debates políticos, para poder discutir qué pasó. No están. Están desaparecidos o asesinados, Eso es producto del terrorismo de Estado también. Nos robaron esa posibilidad. Nos quitaron esa posibilidad. Nos quitaron la posibilidad de hacerles preguntas a esas personas, de decirles a esas personas “che, te equivocaste” o “qué pasó acá” si alguien tuviera esa inquietud. Eso a mí también me estremece del terrorismo de Estado. Pertenezco a una generación posterior que no vivió algunos episodios de manera directa. Pero sí me siento parte de una sociedad que también fue víctima de eso: la falta de un fragmento muy importante de su historia. Por un delito como la desaparición forzada, las reconstrucciones que intentamos trabajar todos en distintas épocas nunca van a ser del todo acabadas porque faltan voces que el terrorismo de Estado se llevó. A esa falta de voces se le suma que los genocidas tienen un pacto de silencio con el que ocultan información. Entre otras cosas, información sobre dónde están los niños y niñas apropiados por la dictadura. En el caso de los Molfino, nació Guille, una persona a la que no se buscaba porque pocos sabían que su madre estaba embarazada cuando fue secuestrada. ¿Cuántas personas como Guille habrá dando vueltas por ahí? No sabemos. Ante toda esta cosa de horror permanente, creo que contar historias en la época que sea es la única manera que tenemos de seguir manteniendo vivo ese proceso de memoria y verdad. Creo también que a determinados discursos reivindicatorios del exterminio y del genocidio, la mejor manera que tenemos para contrarrestarlos es contar historias que abarquen arcos narrativos un poco más amplios de los que ellos proponen. O que ellos priorizan para quedarse solo con aquello que quieren. Así que pienso que las épocas no son condicionantes y en todo caso en todas las épocas habrá nuevos desafíos. Pero también siempre hay lectores que quieren entrar a estos temas y estos libros quedan para ahora o para que se pueda volver después.

AL

“¡Bienvenido, nieto 140!”, celebró Estela de Carlotto al anunciar, con “enorme felicidad”, la restitución de un nuevo nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. El hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz nació en abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, mientras su madre permanecía detenida ilegalmente y era sometida a torturas. Su historia, reconstruida a partir del testimonio de sobrevivientes, forma parte de las memorias más oscuras del terrorismo de Estado.

“Hoy el Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona: el derecho a la identidad”, dijo Carlotto, que también exigió la derogación del decreto 351/25, que dejó en “extrema vulnerabilidad” al Banco Nacional de Datos Genéticos. Con la confirmación de la identidad del nieto 140, las Abuelas remarcaron que aún faltan encontrar a 300 nietos y nietas más.

El anuncio se produjo en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, donde la emoción fue compartida por la familia Metz Romero y por los organismos de derechos humanos que acompañaron durante 47 años la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Adriana Metz, hermana del nieto recuperado, recordó cómo mantuvo viva la búsqueda a través de un blog llamado “Concho de lana”, donde cada 17 de abril le escribía una carta de cumpleaños a su hermano.

El proceso de restitución comenzó gracias a una denuncia anónima recibida por Abuelas, que fue articulada con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños. El hombre dejó su muestra de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos y, tras el análisis, se confirmó su identidad.

El hallazgo se dio en un contexto adverso. Abuelas denunció que el BNDG se encuentra “acéfalo”, sin presupuesto suficiente y con sus decisiones delegadas a funcionarios sin formación científica, tras la transformación del organismo en una dependencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Según detallaron, los concursos para cubrir cargos directivos están vencidos y no se convocaron nuevas autoridades, lo que impide la firma de informes, la compra de insumos y la ejecución de exhumaciones y extracciones de muestras.

En mayo, el Gobierno publicó el decreto 351/25, que modificó la estructura del BNDG, y en junio, luego del reclamo judicial de Abuelas, prorrogó el mandato de la directora técnica Mariana Herrera Piñero mediante el decreto 422/2025, sin resolver los problemas de fondo. “El decreto quita al BNDG la posibilidad de administrar sus recursos y entorpece su funcionamiento. El riesgo es altísimo porque hablamos de un laboratorio que conserva muestras irreproducibles”, alertaron.

El contexto también está marcado por una política sistemática de recorte a los organismos de derechos humanos. En abril, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, suspendió los pagos y ordenó una auditoría sobre fondos destinados a organismos que, según afirmó, manejaban $3.359 millones “sin control”. Las medidas incluyeron despidos masivos en la ex-ESMA, donde funcionan el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. El ajuste alcanzó a conservadores, pedagogos y técnicos especializados, provocando una ola de repudios y acciones judiciales.

En ese marco, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de los Sitios de Memoria, como la ex-ESMA, Olimpo, Automotores Orletti, Club Atlético y Virrey Ceballos. El fallo fue en respuesta a un recurso presentado por la legisladora porteña Victoria Montenegro, también nieta restituida.

Mientras el Gobierno de Milei profundiza los recortes, las Abuelas refuerzan su compromiso. “Cada restitución confirma que hubo un plan sistemático de apropiación de menores”, remarcaron. “Los nietos que faltan están entre nosotros, viven en nuestros barrios. Necesitan acompañamiento y saber que su consulta no molesta. La búsqueda es colectiva”.

En enero y diciembre pasados, también se anunciaron las restituciones de las identidades de la nieta 139 y el nieto 138. En todos los casos, Abuelas aprovechó para alertar sobre el peligro que enfrentan las políticas de derechos humanos. “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas. Sigamos siendo esa parte que iluminó al mundo. Luchemos para que la verdad no se apague”, cerró Carlotto.

Estela de Carlotto, “lúcida y feliz”

Estela de Carlotto tomó el micrófono con voz serena pero firme. “Para nosotros es un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias”, dijo. “Hay alguien que nos ayudará allá arriba, que son nuestras queridas madres que no están, buenas. Y están los nietos al lado, nos dan fuerzas para seguir.” La histórica presidenta de Abuelas no ocultó la emoción y remarcó, con ironía tierna, que aunque tiene su edad, se siente lúcida y feliz. “Eso es la felicidad”, aseguró.

Más adelante, reflexionó sobre el sentido profundo de cada encuentro. “Las Abuelas hacemos justicia por los abuelos que no están, y por toda la familia, la familia Benítez Romero. Sin descanso”, expresó. Luego, con tono de ceremonia, sentenció: “Una vez más la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad”.

En el comunicado oficial, las Abuelas no dejaron margen para la ambigüedad histórica. “Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio que cometió un genocidio”, señalaron. Y añadieron: “En estos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas”.

También hubo un señalamiento político directo. “Hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente”, denunciaron. Y completaron: “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia son la garantía del nunca más”.

Por último, dejaron una advertencia: “Para que estos grupos se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo”.

JJD

La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las ultimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un exmilitar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los '70 hasta mediados los '90.

Así lo pudo constatar la agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales al tanto del expediente que, curiosamente, tuvo circulación con pedido de reserva en los días previos a la formalización que Villarruel hizo ayer mediante el decreto 0306/25. Gestoso Presas asumirá el 1 de junio. 

Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos “por prescripción de la acción penal”.

Qué pasó con Gestoso Presas

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital, y con el argumento de que eran ilegibles como consecuencia de la humedad y el moho, los entregó a Gestoso Presas (en ese momento, jefe de la Compañía de Inteligencia 5), para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.

Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió, y le encomendó esta misión al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio hasta que pudo entregarlos a la cartera de Defensa.

La entonces ministra, Nilda Garré, consideró muy valiosa la actuación de Manino Leal, e inmediatamente inició un sumario interno y realizó una denuncia penal.

En lo administrativo, Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron pasados a disponibilidad primero y, luego, a retiro.

En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba.

Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado.

En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Ricardo Toranzos aseguró que “tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas desde el inicio estuvieron al tanto que el proceder adoptado respecto a los libros hallados era irregular” y que “no obstante, motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.

Con información de Gonzalo Delmonte, para la agencia Noticias Argentinas, y de Fiscales.gob.ar.

IG

El lunes 14 de abril, en uno de los pasillos del Instituto Superior de Formación Docente “Profesor Vicente D. Abramo” Nº 35 de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, apareció pegada una hoja escrita a mano. No estaba en una cartelera ni en el sector de avisos: alguien la había colocado con cinta, a la altura de los ojos, sobre una pared junto a las aulas donde se dictan clases de Historia y Formación Ética. El mensaje, redactado con letra clara y prolija, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza explícita de muerte, con referencias directas al terrorismo de Estado.

“Ingresantes: no se dejen dejen llevar por los zurdos del Instituto, estos son amigos de [Axel] Kicillof, de Cristina [Fernández de Kirchner], y de todos los kukas del país. A los kukas no les importa La República, solo quieren beneficios y/o privilegios. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno o traer algunos Ford Falcon Verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos Patria. Es una promesa”.

Cabe recordar que los Ford Falcon verdes están íntimamente asociados con el terrorismo de Estado en Argentina, son el símbolo del secuestro y la desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Estos autos, modelo Falcon de tipo sedán, pintados verde oliva u oscuro, eran comúnmente utilizados por grupos de tareas del aparato represivo. Se movían sin identificación oficial, para secuestrar personas en la vía pública o en sus propios domicilios. No se identificaban como fuerzas del Estado y actuaban de modo clandestino.

El mismo lunes 14, docentes y estudiantes del instituto denunciaron públicamente el hecho. Transcurrida una semana, la dirección del instituto aún no se ha pronunciado. “Los directivos están obligados a hacer una denuncia. Ni siquiera sacaron un comunicado de repudio, pretenden tapar todo”, señalaron a elDiarioAR desde el sector docente del establecimiento.

A su vez, destacan que la nota apareció a pocos días del último 24 de marzo, nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, y a diez días de una masiva jornada pública de debate sobre dicho tema, realizada el sábado 3 de abril.

El historiador Luis Brunetto, que es profesor en el Instituto desde 2007, en diálogo con elDiarioAR, sostuvo que “estos hechos no pueden separarse del discurso fascista contra los 'zurdos' que deliberadamente propaga el gobierno negacionista de Milei y [su vicepresidenta, Victoria] Villarruel, y del clima que crea [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich para legitimar que las fuerzas de seguridad disparen contra periodistas o apaleen jubilados miércoles tras miércoles”.

Y agregó: “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni minimizar estos hechos, hay que pararlos antes que sea tarde. El año pasado hubo un hecho similar cuando un alumno irrumpió al grito de 'zurdos aborteros' en una Jornada de Educación Sexual Integral (ESI), y supuestamente se tomaron 'medidas pedagógicas', ahora pasa esto y la dirección del instituto ni siquiera se pronunció públicamente. Por eso estamos impulsando un pronunciamiento que ya lleva centenares de firmas de una comunidad educativa que es muy numerosa, porque el instituto es muy grande”.

Por otro lado Emanuel Denett, vicepresidente del Centro, también declara: “Ya nos reunimos con las autoridades del instituto, que se niegan a hacer la denuncia judicial de los hechos que están obligadas a hacer porque hay amenazas de muerte, un delito de acción pública. El miércoles hicimos una asamblea, el lunes a la mañana hay una sentada en la puerta del instituto que organizan les estudiantes de la carrera de Educación Especial y a las 13hs vamos a hacer una nueva asamblea para organizar un plan de acción. Llamamos a las comunidades educativas de todos los institutos y universidades, a los sindicatos docentes y a todo el movimiento obrero a pronunciarse. Al fascismo hay que pararlo antes de que sea tarde”.

Estudiantes y docentes del instituto publicarán en los próximos días una declaración de repudio que ya cuenta con cientos de firmas. El establecimiento educativo de Monte Grande tiene edificio propio, tres turnos y más de 2.000 alumnos.