Por unanimidad, el Tribunal N°1 de Morón denegó el pedido de excarcelación solicitado por el padre Julio César Grassi y de esta manera continuará preso hasta mayo de 2028 cuando finalice su condena por los dos hechos de abuso sexual infantil.

De acuerdo a lo anunciado por la jueza Mariana Maldonado, los fundamentos de la resolución del tribunal se darán a conocer el próximo 2 de septiembre.

Al término de la audiencia, el abogado Juan Pablo Gallego expresó: “Es importante que estas audiencias se puedan ver, porque hoy se demostró que se complicó solo”.

“Vimos a un monstruo que redobló su agresividad. Hoy dio una clase de pedofilia”, manifestó.

Asimismo, solicitó que la Iglesia expulse a Grassi y ratificó que las víctimas “tienen miedo”. 

Según establece la condena, Grassi debe ser excarcelado en mayo de 2028, pero había pedido que la Justicia revise su posible “liberación anticipada”.

Durante su estadía en la prisión, Grassi se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representó a sí mismo.

Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.

En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había creado años atrás. 

En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.

CRM con información de la agencia NA

El Padre Julio César Grassi pidió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón que le otorgue el derecho a la libertad condicional. Su argumento es que ha cumplido la mitad de condena. El cura hizo el trámite por su cuenta. Recibido de abogado en el penal de Campana, aun no tiene matrícula pero redactó y presentó el escrito por su cuenta. Como no anotició a sus abogados, el estudio que lo representa renunció a su defensa. De acuerdo con la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por haber abusado de un menor de edad, Grassi debería permanecer en la Unidad 41 de Campana hasta el 30 de mayo de 2028.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, dijo a Télam que se opondrá “rotundamente” a este pedido, que significa “un fuerte golpe para las víctimas”. Gallego representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn). Agregó que “aún no han sido notificados” y su “oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal”.

El proyecto

Grassi se ordenó sacerdote en 1987. Se interesó en las infancias desde el principio. Su primera incursión en la asistencia a menores de edad fue en “La Casita” de Paso del Rey, al oeste de Buenos Aires. Con la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, logró reconocimiento público. La Fundación daba comida y escolarización a quienes sí tenían dónde vivir, pero no suficientes recursos. En diez años, 20 mil adolescentes egresaron del sistema Felices Los Niños, que llegó a tener 500 empleados, más de 30 hogares distribuidos en el país y asistía a casi 6 mil menores de edad. Estaban divididos en dos grupos. Los internos, unos 600, vivían en la Fundación, es decir que accedían a cama, comida, escolarización y la preparatoria para la primera comunión. La mayoría eran externos: acudían a los hogares de día, una forma de prevenir que estuvieran en la calle. El primer denunciante, “Gabriel”, era del primer grupo, un “interno”.

La denuncia

El 29 de noviembre de 2000 alguien dejó un papel impreso y sin firma en el Juzgado de Menores N°3 de Morón. Nunca se supo qué decía exactamente esa carta, pero señalaba a Grassi como abusador sexual dentro de su fundación Felices los Niños. Nadie investigó. Dos años después, el 23 de octubre de 2002, la Justicia ordenó la detención del cura por “abuso deshonesto y corrupción de menores agravada”. Esa misma noche “Gabriel” daba testimonio un informe de Telenoche Investiga. 

Grassi se entregó el 24 de octubre, al día siguiente de la emisión del informe. Quedó detenido en el servicio penitenciario de Ituzaingó. Salió 15 días después y regresó a la Fundación en andas, vitoreado. También le habían imputado el delito de corrupción de menores. 

El sacerdote cumple una pena de 15 años por haber abusado en dos ocasiones y corrompido en una a “Gabriel”. Los tres hechos ocurrieron en 1996, cuando la víctima tenía 13 años. En el mismo juicio, Grassi fue absuelto por otros 15 delitos sexuales porque la Justicia no pudo acreditar que habían sucedido. El fallo fue en 2009 y Grassi vivió bajo un régimen de libertad vigilada hasta que la sentencia quedó firme, en 2013. Lleva diez años preso. 

VDM/DTC

Desde 1970, al menos 148 religiosos y religiosas fueron denunciados por “terribles vejámenes en nombre de la Iglesia”. Aunque la mayoría de esos abusos están relacionados con ataques sexuales, el listado incluye también sacerdotes acusados por encubrimiento y varios casos por tormentos y castigos como ocurrió con las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, donde la exsuperiora del convento, Luisa Toledo, fue condenada a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad

El listado fue difundido por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina que este jueves cumplió diez años de existencia. Es una de las organizaciones más antiguas del país y una de las pocas de este tipo en América Latina.

“A lo largo de una década, cientos de sobrevivientes de situaciones traumáticas como consecuencia de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones de culto, nos hemos reunido en torno a esta Red, encontrando en ella la

contención y comprensión necesaria para poner en palabras los horrores cometidos por clérigos, monjas y laicos en diferentes momentos de nuestra vida“, señala el Informe Anual, informativo y estadístico de las causas por abusos eclesiásticos en todo el territorio nacional.

“La base de datos es una lista de sacerdotes, hermanos, seminaristas, diáconos, laicos y monjas de órdenes religiosas y diocesanas en la iglesia católica romana en Argentina que enfrentan una acusación o acción legal (penal o civil) relacionada con el abuso

eclesiástico“, agrega el Informe --denominado ”Cuando rompa el silencio“- que aclara que la Red no tiene relación con ”agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica, con quienes hemos tomado la firme determinación de no dialogar ni trabajar de forma conjunta“.

De acuerdo a estos datos, desde 1970 fueron denunciados 89 sacerdotes diocesanos, es decir que pertenecen a alguna de las diócesis que existen en Argentina, en tanto otros 37 frailes y religiosos son integrantes de órdenes religiosas. Además del total de denuncias, once son monjas “con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias”.

También hay cinco obispos, en tanto tres de los acusados son fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.

El pasado 23 de octubre, al cumplirse 20 años de que se conoció la acusación por abuso contra el padre César Grassi, elDiarioAR presentó una investigación especial que daba cuenta de que en Argentina, luego de que aquel escándalo actuara como disparador de las denuncias, se conocieron 128 casos en los que los acusados fueron miembros de la Iglesia.

Además de presentar un mapa interactivo con los religiosos denunciados, la Red de Sobrevientes detalló que de esos 148 casos sólo 66 fueron radicadas únicamente en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en ambos ámbitos. El informe también incluye 17 denuncias públicas que no prosperaron porque fallecimiento del agresor.

A partir de estos datos, la Red advirtió que observan con “preocupación que los abusos eclesiásticos no son tomados en cuenta con la real dimensión con que éstos perjudican a infancias, adolescencias y adulteces vulnerables a lo largo de los años”.

Por esa razón, insisten en que las denuncias deben ser llevadas a cabo siempre en la justicia penal, la única que tiene validez para sancionar a los agresores. La Red recordó que su posición es “la firme recomendación de no acudir a tribunales eclesiásticos, ha permitido evitar acciones de revictimización en los llamados ”Tribunales Canónicos“, donde a nuestro entender, no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes”.

Desde la Red también destacan que “la ausencia de organizaciones similares en países de habla hispana ha movido a diferentes sobrevivientesa la consulta, diálogo e implementación de abordajes multidisciplinares para acompañar de forma remota a numerosos sobrevivientes de países vecinos, como Brasil, Paraguay y Venezuela”.

MG

El 17 de marzo de 2003, un Tribunal Oral de Quilmes condenó a 24 años de prisión al sacerdote Héctor Pared por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de cuatro menores, todos chicos de la calle a los que albergaba en el Hogar Hermano Francisco de Florencio Varela. Durante el juicio, el cura se negó a responder preguntas. Sólo habló para decirles a los jueces que todo se trataba de una persecución política por su trabajo social. Cuando le leyeron la sentencia alcanzó a decirle a su abogado: “¿Es mucho no?”. Pared no cumplió la sentencia. Murió de sida a los pocos meses.

No hay demasiados antecedentes de sanciones a sacerdotes de la Iglesia argentina antes de Pared.  Vitalino Trecco fue condenado en 1983 a ocho años por el asesinato de Alfredo Gabriel Acosta, un adolescente que murió ahogado después de haber sido golpeado y arrojado al curso de agua por cura. El caso pasó desapercibido hasta que el ex sacerdote cordobés Elvio Alberione lo contó en el libro “Cinco Curas, confesiones silenciadas”.

Pero a Pared le tocó ser juzgado cuando el caso Grassi había escupido sin reparos sobre la mesa de los argentinos el lado oscuro de la Iglesia. Fue el 23 de octubre de 2022. Mañana se cumplirán veinte años desde que un informe de Telenoche Investiga, por Canal 13 y en horario central, puso en pantalla los testimonios de tres adolescentes contando los abusos a los que Julio César Grassi los sometía. Grassi, el cura que había levantado una obra monumental a fuerza de codearse con ricos y famosos era acusado de abusador.

La causa tuvo idas y vueltas hasta que finalmente fue condenado a 15 años de prisión. Su condena fue la que terminó destapando una olla a presión. Uno a uno los casos comenzaron a sumarse. Hoy, veinte años después de aquella noche, son 128 los sacerdotes, monjas y religiosos de la Iglesia católica que fueron involucrados en casos de abuso sexual.

Luego de meses de investigación elDiarioAR logró confeccionar un mapa del abuso sexual dentro de la Iglesia católica argentina, nada menos que el pago chico del Papa Francisco.

Muchas denuncias pocas condenas

La lista es el abanico de la Iglesia: Hay un arzobispo -Gabriel Edgardo Storni, fallecido luego de que la justicia ordenó un segundo juicio en su contra-, dos obispos -Gustavo Zanchetta y Abelardo Silva, el primero condenado y el segundo muerto sin condena-, seis monjas, dos monaguillos y más de cien sacerdotes.

El mapa refleja también el trabajo de las víctimas por animarse a denunciar y lo poco dispuestas que parecen estar la justicia y la Iglesia para saldar esta cuenta pendiente: Sólo 31 miembros de la Iglesia recibieron una condena judicial, uno poco más del 24 por ciento. La expulsión del sacerdocio, máxima pena de la justicia canónica, fue impuesta a 28 sacerdotes, alrededor del 21 por ciento.

Hasta el momento ninguna monja fue sancionada y sólo cuatro enfrentan un proceso judicial. 

Las sanciones, tanto las judiciales como las eclesiásticas no siguen un patrón. Hay curas expulsados que fueron absueltos por prescripción del delito por la justicia. Y hay otros que aún con condena firme continúan siendo sacerdotes. Grassi es uno de ellos.

El misterio de Grassi

“Es un tema difícil”, “es inexplicable”, “tiene banca”, son los argumentos más escuchados dentro de la propia Iglesia para explicar por qué Grassi sigue siendo sacerdote. De las tres fuentes eclesiásticas consultadas, ninguna pudo dar una explicación clara de porqué aún no se firmó la dimisión del estado clerical. Sí coincidieron en que hay premura. Nadie quiere ver al cura vistiendo de cura el día en que termine su condena salga de prisión.

Dos década después, Grassi es una bomba de tiempo. Su caso muestra también como el propio entramado de poder dentro de la Iglesia es el que termina siendo el paraguas protector.

Grassi fue ordenado por la Congregación de los salesianos. Montó su fundación, Felices los Niños, en un predio de 65 hectáreas en Hurlingham, que depende del obispado de Morón. Poco antes de haber estallado el caso había iniciado el proceso para dejar la congregación y pasar a formar parte del clero de esa diócesis, alentado por su obispo, otro mediático de la época, monseñor Justo Laguna. La causa contra Grassi empieza con el proceso para pasar al obispado -la incardinación- a medio camino. Así, la investigación canónica quedó en un limbo entre la congregación y la diócesis.

Desde el obispado aseguran que la causa fue enviada al Tribunal Diocesano de Buenos Aires y que de allí llegó a Roma.

Monseñor Sergio Buenanueva es obispo de San Francisco y presidente del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Es la voz autorizada del Episcopado para hablar sobre los abusos en la Iglesia y quien más conoce del tema.

¿Cuál es el criterio para aplicar la dimisión del estado clerical?, hay sacerdotes que fueron absueltos por la prescripción del delito que fueron expulsados y otros con condena firme que siguen siéndolo-, le preguntó elDiarioAR.

No tengo una respuesta exhaustiva, es una medida que sólo la puede aplicar el Papa.

¿Entonces quiere decir que es el Papa quien no firma la expulsión de Grassi?

No conozco como es el proceso canónico de Grassi.

¿Le parece número certero el de 128 miembros de la Iglesia acusados por abuso sexual?

 No me parece exagerado, seguramento no son menos, responde al porcentaje que se ha dado en otros países.

Buenanueva reconoce que a pesar de que se implementaron protocolos de acción ante denuncias de abuso sexual, “lo más dificil de cambiar es la mentalidad de que esto no es un problema más, de que el comportamiento sexual tiene que ver con el abuso de poder. Es que significa tocar los aspectos más oscuros de la Iglesia, cosas muy dolorosas, es una llaga muy fuerte de la Iglesia y la sociedad”.

Un dato resume esa mentalidad. Recién el año pasado los sacerdotes comenzaron a ser sancionados por cometer abusos sexuales. Hasta entonces las condenas caían sobre quienes no respetaban el celibato, sin importar si para ello abusaban de un niño. Esta reforma del  Libro VI del Código de Derecho Canónico fue anunciada el 1 de junio de 2021, cuando Jorge Bergoglio ya lleva ocho años como Papa, aunque en rigor ya había comenzado a debatirse en 2007 a instancias de Benedicto XVI en 2007.

El pasado pisado

Es cierto que durante el papado de Bergoglio se aceleraron los proceso de dimisión del estado clerical. De los 28 expulsados, 23 fueron durante la administración de Francisco. Sin embargo, ese proceso fue acompañado con la explosión de denuncias: 82 fueron en los nueve años que lleva en el Vaticano.

Buenanueva enumera las medidas tomadas desde que en 2011 se le encomendó elaborar el primer protocolo de actuación ante casos de abusos sexuales. Por caso, cada obispado debe tener un equipo de personas encargadas de tomar las denuncias, toda víctima debe ser escuchada y acompañada a la justicia y cada traslado de sacerdote debe ser acompañado con un legajo parecido a una “ficha limpia”.

Sin embargo, persiste la negativa a abrir sus propios archivos que contienen información valiosa para que las causas judiciales prosperen. En 2015, la Corte Suprema de Mendoza ratificó una condena contra el Arzobispado de esa provincia por haberle negado a una víctima de abuso el acceso a la investigación canónica. Julieta Añazco, referente de Iglesia Sin Abusos, insiste de hace años para que el arzobispado de La Plata le permita ver el informe sobre el sacerdote Héctor Gimenez, a quien denunció por abusos cuando era una niña.

Buenanueva reconoce que hasta ahora no se sabe de ningún caso en que una víctima haya podido acceder a esa información.

Esta investigación toma como base la lista publicada en 2017 por la agencia Télam. Se trató de la primera que dio a conocer el mapa del abuso eclesiástico en Argentina y que determinó que 59 curas y 3 monjas habían sido denunciados por delitos sexuales luego del caso Grassi. De todos ellos, sólo ocho habían recibido una condena y 3 fueron expulsados del sacerdocio.

Desde entonces, se sumaron 66 nuevas denuncias, hubo 23 condenas y 25 sacerdotes recibieron la máxima sanción canónica.

La ola de denuncias en todo el mundo resulta imparable. Lo que comenzó en 2002 con la investigación del Boston Globe, aquella que derivó en la película Spotlight y mostró que más de 4.392 clérigos habían sido denunciado entre 1950 y ese año, tuvo uno de sus último capítulos el año pasado en Francia cuando una comisión independiente determinó que al menos 216 menores fueron abusados a lo largo de 70 años. Australia, Alemania, España y Portugal son otros países en los que se han encarado investigaciones colectivas.

Carlos Lombardi es abogado y especialista en derecho canónico. Desde hace años ayuda a las víctimas en en los procesos judiciales y fue quien acompañó a Iván González en su pelea contra el arzobispado de Mendoza. Consultado por elDiarioAR aseguró: “Todo lo que ha hecho hasta ahora la Iglesia es por la fuerza, y todo ha sido para lavar su imagen y no para ayudar a las víctimas. Los curas de peso siguen sin recibir un castigo de la Iglesia y aunque sean expulsados siguen siendo sacerdotes. Los archivos siguen siendo secretos. El trato que recibió Julieta Añazco cuando fue a pedir ver la investigación sobre su abusador fue humillante. Pero el problema es que el estado sigue siendo responsable, mientras los políticos sigan buscando la foto con el curita del pueblo no va a haber cambios importantes”.

Estado paralelo

Más allá de los números, lo cierto es que la Iglesia continúa manejándose como un estado paralelo con sus propias reglas. El concordato que la Santa Sede firmó en 1966 con el Gobierno de Onganía -y que le permitió el libre ejercicio de su fe- sirvió en los hechos funciona como barrera para impedir el acceso a las investigaciones canónicas. El entramado de normas internas resulta inaccesible para cualquier mortal. Hay un derecho pontificio y un derecho diocesano. La conducta de los sacerdotes, por ejemplo, es juzgada por al Congregación para la doctrina de la Fe, que no juzga a los obispos quienes tienen sus propias reglas distintas de las monjas o los religiosos consagrados.

“Yo pongo todo el mérito en nuestro lado, el de las víctimas, que contrasta notablemente con las respuestas institucionales”, le dijo a elDiarioAR, Sebastián Cuattromo, sobreviviente del abuso eclesiástico. Tuvo que esperar 26 años para ver condenado a su abusador. Para él, la Iglesia tampoco ha hecho mucho: “Francisco pidió perdón en términos genéricos, vagos, diluyendo todo en un hecho universal pero ni siquiera respecto a las víctimas de su país, de la Iglesia de la que él formó parte y donde hizo su carrera eclesiástica, hubo un reconocimiento y un pedido de disculpas públicas, una actitud básica de alguien que quiere cambiar las cosas”.

Si en Argentina es difícil saber con certeza cuántos son los sacerdotes involucrados en delitos sexuales, más arduo es determinar el número de víctimas. elDiarioAR pudo contar más de 330. Parece un número bajo comparado con la cantidad de denuncias. Pero una cifra altísima si se entiende que detrás de cada número hay una vida marcada por el abuso.

Participaron de esta investigación: María Alicia Alvado y Victoria De Masi (textos), Marcelo Morán (Infografía), Nadia Burgués y Mariana García (edición).

En la edición de mañana los abusos sexuales contra religiosas, la estrategia de los traslados y el caso del Instituto Próvolo.

MG

En los últimos 20 años, desde que las denuncias contra el sacerdote Julio César Grassi fueron difundidas en televisión, 128 miembros de la Iglesia católica argentina estuvieron involucrados en casos de abuso sexual, desde el arzobispo Edgardo Gabriel Storni o el obispo Gustavo Óscar Zanchetta, hasta monaguillos y monjas. Es apenas una muestra.

En Argentina no existen datos oficiales. Lo que aquí aparece son los nombres que elDiarioAR logró recolectar en base a fuentes propias, datos aportados por las asociaciones sobrevivientes del abuso eclesiástico y la información que surge en los medios de comunicación.

Junto al nombre, se menciona quienes tuvieron una condena y quienes recibieron la expulsión del estado clerical, máxima pena que puede recibir un sacerdote dentro de la Iglesia católica.

MAA/MG

El cura Julio César Grassi, 66 años, está a punto de terminar la carrera de Derecho en el penal donde está detenido desde 2013, la Unidad 41 de Campana. A dos décadas de aquella emisión de Telenoche Investiga en la que “Gabriel” lo denunció por haber abusado sexualmente de él, Grassi quiere evitar cualquier tipo exposición pública porque, dice su abogado, “eso lo distraería de sus estudios, está con las últimas materias”. Grassi, que durante la década de los noventa paseó por estudios de televisión y posó con cuánto famoso se le cruzara, ahora prefiere permanecer en las sombras de la sombra del encierro. 

“Yo he cometido muchos pecados, pero nunca éste”, dijo Grassi antes de que lo condenaran. Fue un “buscafondos” o, como lo apodó un poco con cariño y un poco con sorna José María Muñoz: un “Manga”. Grassi extendía la mano a chicos sin hogar ni padres ni escuela ni mesa donde sentarse a comer, y también a empresarios capaces de conmoverse y donar a su fundación, Felices los Niños. El sacerdote cumple una pena de 15 años por haber abusado en dos ocasiones y corrompido en una a “Gabriel”. Los tres hechos ocurrieron en 1996, cuando la víctima tenía 13 años. En el mismo juicio, Grassi fue absuelto por otros 15 delitos sexuales porque la Justicia no pudo acreditar que habían sucedido. El fallo fue en 2009 y Grassi vivió bajo un régimen de libertad vigilada hasta que la sentencia quedó firme, en 2013. Lleva nueve años preso. Hay dibujos infantiles en su celda de Campana.  

Un misionero salesiano codo a codo con la farándula

Nació el 14 de agosto de 1956 en Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires. Es el tercero de cinco hermanos, justo el del medio. El mayor, Osvaldo Tomás, licenciado en administración de empresas, se dedicó a vender máquinas de gastronomía. Juan José, el que sigue, se recibió de ingeniero electromecánico. María del Carmen, ama de casa. Alejandro, el menor, comercializa hornos a leña. El padre de todos tuvo una empresa llamada Fundimec. La madre de todos falleció en 2001, un año antes de que Grassi cayera en desgracia. 

Julio César Grassi empezó a dar catequesis a los 14 años. Dos años después, a los 16, misionó en El Calafate, Santa Cruz. Cuando terminó el secundario se mudó a Santa Fe para hacer el noviciado. Tiempo después se recibió de profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y de las Ciencias Sagradas. Ya estaba vinculado con los niños despojados de todo. Lo inspiró la obra de Don Bosco, el sacerdote italiano que fundó la Congregación Salesiana y que tuvo -tiene- una fuerte influencia religiosa en la Patagonia. En palabras de Grassi, “Don Bosco comenzó trabajando en cárceles y sintió que no era lo suyo, que había que llegar antes”. Y Grassi llegó antes, llegó a las infancias. En 1987 se ordenó sacerdote. El lema que eligió fue “el Padre de quienes no tienen padre”.

“La Casita” de Paso del Rey, al oeste de Buenos Aires, fue su primera incursión formal en una organización de asistencia a menores de edad. La dirigía el cura Elvio Mettone desde el año 1976. Pero Grassi quería más. Fue cuando empezó a hacer contactos con políticos, empresarios y famosos. El primer empujón se lo dio el ministro de Economía Domingo Cavallo en 1993. La Fundación Felices Los Niños arrancó con un subsidio de cinco millones de pesos/dólares y una donación estatal de un predio de 65 hectáreas en Hurlingham. Por el predio pasó el presidente Carlos Menem, pasó Mauricio Macri; el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos; Aníbal Ibarra, Lita de Lazzari, Carlos Ruckauf…

El proyecto de Grassi no sólo era loable, era indiscutible. La Justicia podía derivar al Hogar del sacerdote a chicos que no podían permanecer con sus familias por abandono o violencias. La Fundación daba comida y escolarización a quienes sí tenían dónde vivir, pero no suficientes recursos. En diez años, 20 mil adolescentes egresaron del sistema Felices Los Niños, que llegó a tener 500 empleados, más de 30 hogares distribuidos en el país y asistía, al momento de la denuncia por abuso, a casi 6 mil menores de edad. Estaban divididos en dos grupos. Los internos, unos 600, vivían en la Fundación, es decir que accedían a cama, comida, escolarización y la preparatoria para la primera comunión. La mayoría eran externos: acudían a los hogares de día, una forma de prevenir que estuvieran en la calle. El primer denunciante, “Gabriel”, era del primer grupo, un “interno”.

“Padre, ¿qué se está construyendo? ¿El Sheraton?”

Para el año 1998, el sacerdote estaba en plena expansión de su obra. Felices Los Niños no sólo recibió apoyo económico del Estado y la política, la farándula también aportaba. Si al principio a Grassi le convenía tomarse una foto con un mediático, ahora al mediático le convenía sacarse una foto con él: eran los noventa, quedaba bien. Grassi sumaba de todos lados. Por ejemplo, por cada persona que se comunicaba a Hola Susana -el programa de Susana Giménez- por el concurso “Su Llamado”, el sacerdote se quedaba con un 7% de esos tres pesos. Ese porcentaje lo destinaba a su obra. 

Al sorteo lo gestionaba comercialmente la empresa Hard Communication, cuyos dueños eran Rodolfo Galimberti, Jorge “Corcho” Rodriguez -pareja de la conductora-, Jorge Born y Federico Quirno. En ese momento, el concurso recibía un promedio de 2,3 millones de llamadas al mes. El problema fue más grande y terminó en la Justicia, pero para resumir lo que respecta a Felices Los Niños, Hard Communication se atrasó en los pagos. Y Grassi salió en los medios a reclamar -a “apretar”, digamos- lo suyo. Hizo el cálculo: 600 mil pesos más a los 400 mil que ya había recibido. 

Susana Giménez se enteró del escándalo en Miami y, recién llegada, sentó al cura en su living blanco televisado para preguntarle cuál era el problema. Cuando el cura pidió la plata para sus chicos, Giménez le respondió: “Padre, ¿qué se está construyendo? ¿El Sheraton?”. Grassi puso cara de perro mojado, pero no por lástima sino por el estupor que le generó el comentario de la conductora. “Son cien chicos que tienen que vivir”, respondió Grassi. Uno de esos cien era “Gabriel”.

La denuncia

Hubo una denuncia antes, el 29 de noviembre de 2000: un papel impreso y sin firma que alguien dejó en el Juzgado de Menores N°3 de Morón. Nunca se supo qué decía exactamente esa carta, pero señalaba a Grassi como abusador sexual dentro de su Fundación. Nadie investigó. Dos años después, el 23 de octubre de 2002, la Justicia ordenó la detención del cura por “abuso deshonesto y corrupción de menores agravada”. Esa misma noche “Gabriel” daba testimonio un informe de Telenoche Investiga. 

Sentado en una silla, las manos cruzadas entre las piernas abiertas y en medio de un juego de luces que le recortaba la silueta, “Gabriel” contó que quedó a solas con el cura, que él le pidió que se sentara en su regazo y que él lo hizo; que cuando Grassi lo acarició en la pierna, muy cerca de sus genitales, el chico le preguntó “¿Qué onda, padre?” y el Padre lo besó en la boca. La segunda vez, Grassi le preguntó si podía practicarle sexo oral. Según comprobó la Justicia, el primer hecho ocurrió en noviembre y el segundo, en diciembre; ambos el mismo año, 1996, y en el mismo lugar, la sede de Hurlingham de la Fundación. “Gabriel” tenía 13 años. 

Grassi se entregó el 24 de octubre, al día siguiente de la emisión del informe. Quedó detenido en el servicio penitenciario de Ituzaingó. Salió 15 días después y regresó a la Fundación en andas, vitoreado. También le habían imputado el delito de corrupción de menores. Luego apareció “Ezequiel”, otro chico que denunció que fue abusado por Grassi en la Fundación. Y “Luis”, que denunció diez abusos ocurridos en El Calafate durante un viaje a un refugio que Felices Los Niños tenía en la ciudad.

Grassi esperó el juicio bajo un régimen de libertad vigilada. Debía presentarse una vez al mes en el Juzgado. No podía entrar solo a la Fundación ni acercarse a menores de edad. Sólo se lo permitieron una vez: fue en Navidad y se disfrazó de Papá Noel. Una familia lo alojó en su casa de San Justo. Y hasta que alquiló una habitación en la quinta La Blanquita, ubicada enfrente de la sede de Hurlingham de la Fundación, donde montó su oficina, atendió llamados y recibió a donantes en una estación de servicio. Trabajaba quince horas por día. Consiguió que un molino le donara cien bolsas de harina al mes para amasar el pan. Grassi no iba a dejar caer el imperio de caridad que había construido.

El juicio empezó en 2006, cuatro años después de que la Justicia lo imputara, y duró nueve meses. Grassi fue cambiando de abogados: tuvo, en total, 17. Declararon 120 testigos. El agravante era su condición de sacerdote: él estaba encargado de la educación y del cuidado de los menores. Se negó a someterse a las pericias psicológicas en la jurisdicción que le correspondía, la provincia de Buenos Aires, y pidió que las hiciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su pedido fue rechazado, así que consideraron una pericia hecha en 2005, en Santa Cruz. El resultado fue que Grassi “tenía conductas propias de un delincuente sexual”. En una entrevista, el sacerdote retrucó: “Uno de los que firmó esa pericia me revisó los lunares y los pelos del pecho. No puede hablar psicológicamente de mí”. Se refería a Elio Linares, en ese momento presidente de la Academia de Medicina Legal.

El 10 de junio de 2009 llegó el veredicto. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón se escribió en 1.400 carillas, pero se resumió en 13 minutos de lectura: quince años de cárcel por tres hechos que correspondían a “Gabriel”, el primer denunciante. Fue absuelto por los otros 14 delitos, diez por abuso sexual y uno por corrupción de menores de “Luis”, y tres en perjuicio de Ezequiel -uno por abuso, otro por corrupción de menores y el restantes, por amenazas-. “Para satisfacer sus bajos instintos, Grassi no trepidó en llevar adelante a un menor conductas que eran aptas para desviar el normal desarrollo de su sexualidad”, indicó el juez Mario Gómez, respecto al delito de corrupción de menores. Un año después, en 2010, la Cámara de Casación Penal confirmó la pena. Tres años después, la ratificó la Corte Suprema de Justicia bonaerense. El Máximo Tribunal, en 2017, la convalidó. No hay más instancias de apelación. 

La Iglesia no colaboró con su defensa legal, pero el sacerdote tampoco lo pidió: “Porque toda esta publicidad daña la imagen de la Iglesia”. Anunciaron que iban a iniciarle un juicio canónico, pero nunca avanzaron en ese sentido. Grassi siempre afirmó que sentía a la institución de su lado y sigue siendo sacerdote, pero tiene prohibido dar servicio en público. No lo han expulsado de la Iglesia. El expediente está en la Diócesis de Buenos Aires, que debe enviarlo al Vaticano. En ningún momento del proceso, el cura se refirió a los denunciantes ni especuló en público quién le estaría cobrando qué. Sí insinuó “un complot en su contra”. Por supuesto, siempre negó las acusaciones. 

Durante el proceso, Felices Los Niños se achicó: 23 hogares, 4.500 menores asistidos y 200 internos. El predio de Hurlingham fue cedido a un abogado y recibe fondos del Estado. El espíritu es el mismo -contener a menores de edad- pero sin su creador. Dijo Grassi en una entrevista al diario Perfil, en 2009, una semana antes del inicio del juicio: “Yo tenía un montón de amigos, ¿y dónde están? Jesús tenía doce y se quedó con uno solo al lado de la cruz. La relación es de 12 a 1 cuando te va mal. Es muy difícil que la gente quiera ir con vos, como me dijo alguien, al cadalso”.

VDM/MG