La Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se encuentra en una encrucijada peligrosa. La reciente remoción de su titular ha puesto en evidencia un debilitamiento progresivo de esta institución clave para garantizar la transparencia financiera y controlar el flujo ilícito de capitales que contaminan la economía legal.

En un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, el deterioro del organismo compromete su independencia y capacidad para llevar a cabo investigaciones profundas y eficaces. Este debilitamiento no solo refleja una falta de voluntad del gobierno en fortalecer las instituciones, sino que también pone de manifiesto la falta de un plan robusto para perseguir los delitos económicos y reducir los niveles de impunidad asociados a la corrupción.

La ley argentina faculta a la UIF a actuar como querellante en casos de lavado de dinero, un rol diseñado cuando los jueces aún dirigían las investigaciones. Con la reforma procesal penal, que asigna esta tarea a los fiscales, su relevancia ha disminuido. Sin embargo, preocupa que, pese a su base legal, los titulares del organismo no puedan litigar en casos complejos. Incluso bajo el nuevo código procesal, podrían integrarse a los equipos de fiscales para llevar estos casos a juicio. Si la remoción del titular está vinculada a este aspecto, estaríamos ante un grave acto de avasallamiento de su autonomía.

A raíz de la gestión deficiente y la falta de liderazgo mostrada en los últimos años, el sistema antilavado nacional se encuentra al borde del colapso. Si bien hemos evitado ser sancionados con la inclusión en la denominada lista gris del GAFI, ha sido gracias al rol persuasivo de la diplomacia que representa al país ante dicho organismo. La inclusión en esta lista habría deteriorado aún más la confianza internacional, afectando gravemente las inversiones extranjeras y las relaciones financieras con otros países.

Cabe señalar que las deficiencias y problemas identificados en la última evaluación mutua no solo no han sido resueltos, sino que, por el contrario, continúan agravándose. Un claro ejemplo de ello es el cierre de importantes causas de narcotráfico a raíz de la aplicación del principio de ley penal más benigna, favorecido por la última modificación legal al sistema antilavado.

Desde su creación a través de la sanción de la Ley 25.246, la UIF está llamada a desempeñar un papel fundamental en la investigación, prevención y sanción de conductas financieras ilícitas. Como organismo rector en materia de inteligencia financiera, coordina la red de sujetos obligados a informar, recibe información y produce análisis de manera constante. Debe colaborar estrechamente con los fiscales, a fin de analizar operaciones complejas y reunir información sensible sobre operaciones sospechosas, en investigaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, nada de esto ocurre en el país. La UIF debe actuar como un puente entre el sistema financiero y las autoridades judiciales, garantizando que las actividades financieras ilícitas sean detectadas y perseguidas a tiempo. También juega un rol crucial en el cumplimiento de las normativas internacionales, especialmente en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, las injerencias políticas han socavado su capacidad de acción y liderazgo, lo que ha afectado gravemente a todo el sistema antilavado. Un claro síntoma de este proceso es la migración masiva de funcionarios e investigadores hacia el sector privado, fenómeno que se viene produciendo de manera simultánea al desarrollo del sector Fintech en el país.

La independencia de la UIF es esencial para garantizar la eficacia de todo el sistema antilavado. Debe operar sin presiones políticas ni intromisiones externas que puedan poner en riesgo su misión institucional en materia de prevención y mitigación de riesgos, especialmente frente a un entorno cada vez más amenazante. Sin esta autonomía, el sistema pierde su capacidad de detectar y desarticular estructuras criminales que contaminan la economía.

Este deterioro del organismo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja un proceso de reconfiguración del poder que podría comprometer la lucha contra la corrupción. La remoción del titular de la UIF parece alinearse con decisiones similares, como la designación del nuevo titular de la Agencia de Recaudación de Impuestos ARCA, quien está seriamente cuestionado por ocultar activos en el exterior mediante sociedades vehículo y por mantener relaciones sospechosas con agentes de inteligencia. También es preocupante la nominación del juez Lijo como candidato para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, una situación que se agrava si esta designación se realiza a través de un decreto presidencial.

Es imperativo que se realice un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre el desempeño de las gestiones de la UIF, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en sus procesos. Es fundamental que los informes de gestión no se limiten a cifras vagas o generales, sino que incluyan estadísticas detalladas y accesibles sobre los resultados concretos de las investigaciones, desglosadas por tipo de amenaza, incidencia delictiva y cursos de acción adoptados. Además, debe llevarse a cabo una evaluación periódica de la eficacia de sus investigaciones y una revisión exhaustiva de su capacidad operativa y sancionatoria.

La ciudadanía y las instituciones deben exigir una UIF que, además de estar blindada de presiones políticas, sea capaz de demostrar con hechos concretos su eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Solo así se podrá recuperar la confianza y fortalecer el sistema de justicia, asegurando un futuro de integridad y estabilidad para el país.

*Director del CIPCE.

ED

En las primeras horas de este lunes, Eldorado, Misiones, se convirtió en el escenario de un brutal golpe comando que dejó como saldo un suboficial muerto y cuatro armas de alto calibre robadas de la base de la División de Infantería de la Unidad Regional III. La ejecución fue precisa, casi cinematográfica: una base saqueada y dos disparos que asesinaron a Mauricio Miñarro, de 33 años —según las primeras versiones oficiales había sido un solo tiro, en la cabeza, algo que luego corregidas por la autopsia.

Los delincuentes se llevaron dos fusiles FAL y dos escopetas calibre 12/70, y lo hicieron sin levantar sospechas. Es que el cuerpo de Miñarro fue hallado cerca de las 7:30 durante el relevo de guardia, en un destacamento ubicado dentro del predio del aeroclub eldoradense, una zona que parece estar diseñada para el crimen perfecto: sin vecinos cerca, sin ruido, sin testigos. El cabo estaba solo en el lugar, vestido de civil y, según los investigadores, expuesto por completo.

Las ausencias no se limitan a los testigos: el subcomisario a cargo había abandonado la base tras cenar y el otro efectivo que debía estar allí había decidido priorizar un servicio adicional en otro punto. Según fuentes policiales, la hipótesis más fuerte apunta a que los delincuentes no solo buscaban armas: las avionetas guardadas en un hangar cercano habrían sido el verdadero objetivo.

Tras el ataque, la provincia se militarizó. Un operativo cerrojo bloqueó rutas y avenidas, y cada vehículo que circula es revisado minuciosamente. Las cámaras de seguridad del aeroclub son analizadas cuadro por cuadro en busca de pistas, aunque hasta el momento no hay avances concretos.

Según difundieron los medios locales, los investigadores creen que detrás de este golpe está la banda liderada por Rodrigo Leonel “Chela” Centurión, un peso pesado del crimen organizado paraguayo. Centurión y su grupo habrían cruzado la frontera días atrás desde Presidente Franco hasta Puerto Iguazú, cargados de armas largas y viajando en una Ford Ranger negra.

Desde el viernes 20 de diciembre por la noche, las fuerzas de seguridad de Misiones están en alerta máxima debido al ingreso clandestino de la banda delictiva de Centurión, proveniente de Paraguay. Ese día, según testigos, al menos siete personas armadas con pistolas y fusiles cruzaron el río Paraná desde Presidente Franco hasta la orilla misionera en Pique Gamarra, barrio Santa Rosa. Los delincuentes habrían llegado en lanchas y fueron asistidos por vehículos terrestres en la logística del traslado.

Aunque no está confirmado que este grupo haya cometido el golpe comando en Eldorado, es por ahora la hipótesis más fuerte. La Policía de Misiones lleva adelante la investigación, mientras que la Dirección General de la Policía Científica realizó peritajes y recolectó pruebas en el lugar. “Es un crimen aberrante. Esto se pudo haber evitado, porque ya venimos pidiendo que se refuerzen las guardias en zonas de frontera desde hace años”, le dijo el subsoficial mayor retirado Germán Palavecino a TN.

PL/MG

Cuando el 23 de noviembre pasado, Camilo Parra Zurita, de 22 años, fue asesinado a tiros mientras viajaba en su auto en las afueras de Santiago de Chile, sus familiares y amigos atinaron a hacer una cosa: mandaron a instalar una carpa que cortó la calle principal de la comuna de San Ramón, donde Camilo había nacido y vivía. 

Al poco tiempo, llegó el escenario y lo que siguió fueron cinco días, y noches, de espectáculos musicales, strippers, fuegos artificiales, gente, llantos y tiros al aire. En las esquinas, había unos pocos vecinos curiosos que no se habían encerrado en sus casas y cámaras de televisión que intentaban registrar lo que ocurría. Mientras la policía local, muchos con los rostros tapados como medida de seguridad, observaba e intentaba contener la situación.  

Aunque las razones detrás del asesinato de Camilo todavía no son claras, existen teorías sobre un posible ajuste de cuentas. Es que el joven era sobrino de un narcotraficante local.

Un narco funeral era lo mínimo que se merecía.

Este tipo de eventos, importados de otros rincones de América Latina e inspirados en la narco cultura que irradian las plataformas de series, se están volviendo cada vez más comunes en Chile, un país que durante años fue considerado uno de los más pacíficos de América Latina.

“Con esto están dando una señal de poderío y lo que muestra es que estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado”, dijo Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, en declaraciones a la televisión Pública de Chile. 

Toro se refiere al drástico aumento de la criminalidad, ilustrada en la suba de homicidios y secuestros. De hecho, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 6,7 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2022, según el primer informe oficial que incluye datos de diversos organismos públicos. Aunque en 2023 se registró una pequeña baja, la Fiscalía de Chile ha documentado un repunte en lo que va de este año. 

Pia Greene Meersohn, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Chile, dice que el aumento de casos de homicidios de personas que no se conocían entre sí y de las extorsiones hablan de un cambio profundo de las dinámicas criminales. “La forma como se lleva a cabo el delito habla de crimen organizado porque su modus operandi es buscar sembrar miedo”, explica. 

Pablo Zeballos, analista e investigador de campo, dice que el tipo de violencia que se observa recientemente en Chile, casi inédita hasta el momento, responde a nuevas dinámicas presentes en toda la región, relacionadas con la exhibición. 

“Antiguamente, el criminal trataba de evitar que alguien supiera que era criminal. Lo que estamos observando con los narco funerales, con los monolitos que es un fenómeno complejo de la exhibición criminal, es el sentirse orgulloso, sentirse tener una vinculación, ser parte de algo. Y eso genera un fenómeno muy complejo, que es la formación de pandillas de carácter identitario que son las más férreas y las más difíciles de abordar”, dice.

Organizaciones transnacionales

Chile, ubicado estratégicamente en la zona de tránsito entre los principales países productores de cocaína (Bolivia, Perú y Colombia) y cannabis (Paraguay) y las rutas de tráfico internacionales había, hasta el momento, logrado permanecer por fuera de los centros de operación de las organizaciones internacionales.

Pero en la última década, todo eso cambió drásticamente. Entre las razones, los expertos destacan tres factores clave: La enorme y altamente permeable frontera que separa Chile de los principales países productores de drogas, la relativamente estable situación económica del país y grupos migrantes vulnerables de explotación. 

“El narcotráfico es la base de todo”, explica Greene Meersohn. “Para que la droga entre a Chile, al menos una persona tiene que mirar para el otro lado. Y a esa persona se le paga en plata o en droga. Y ahí empieza a haber más cantidad de droga disponible y nos volvemos un país más consumidor. Ahí el crimen organizado se va instalando, empieza a formar su red logística y las bandas se empiezan a pelear y sube la violencia y comienzan a llegar delitos que prácticamente no conocíamos como el secuestro, el sicariato, el gota a gota, las extorsiones”.

La policía de investigaciones de Chile ha identificado al menos unas diez bandas criminales que actualmente operan en Chile, la mayoría proveniente de otros países de América Latina donde el crimen organizado ya está fuertemente asentado. 

Entre ellas, la más poderosa es el Tren de Aragua, una megabanda que se originó en las cárceles de Venezuela en 2014, y, desde allí amasó una fortuna a fuerza de cobro de extorsiones y reclutamiento entre las personas privadas de su libertad. Desde allí, el grupo desarrolló un amplio portafolio delictivo que hoy cuenta con unas 20 actividades entre las que se encuentra el tráfico de drogas y personas, robo, extorsiones, secuestros, sicariato y minería ilegal, entre otras. 

Ronna Rísquez, periodista de investigación que lleva años siguiéndole la huella, dice que el grupo, además, logra ejercer un enorme control territorial en las zonas en las que se establece. “En los territorios donde ellos se establecen ejercen una gobernanza criminal que obliga a los locales a someterse a estrictas reglas, que va desde el cobro de vacuna por tener un comercio, modificar tu casa u obtener aprobación para trabajar en un lugar o enviar a tu hijo a la escuela. Quienes no cumplen son sometidos a la violencia”, aclara.

Rísquez explica que una de las habilidades del grupo es encontrar oportunidades criminales en contextos adversos. Esto es justamente lo que vieron en grupos migratorios de personas que, acorralados por la crisis humanitaria en Venezuela, huyeron del país, muchos a pie. Esto les ayudó a expandirse a al menos seis países de América Latina y llegar hasta Estados Unidos. Miembros del Tren de Aragua suelen cobrar a los migrantes para transportaros, los extorsionan, abusan de ellos y los usan como parte de sus estrategias para establecer una presencia en otros países.

La política de Boric

La expansión de organizaciones criminales y la disparada de la violencia en toda la región ha generado respuestas diversas. Mientras Nayib Bukele en El Salvador enfocó su política en el encarcelamiento masivo y la gobernabilidad a través de un estado de excepción y Daniel Noboa en Ecuador sacó a los militares a las calles, otros gobiernos, incluidos en Chile, parecen estar ensayando abordajes alternativos.

En una rueda de prensa al comienzo de la crisis de seguridad el 10 de enero, la ministra del interior de Chile, Carolina Rohá dijo que “la realidad de Chile no es la realidad de Ecuador. No estamos en la misma situación. El crimen organizado y el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, institucionalidad y presupuestos excepcionales”.

Poco más de un año antes, el presidente Gabriel Boric había presentado la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado. Desde entonces, se aprobaron más de 40 leyes relacionadas a la seguridad que establecieron, entre otras cosas, extender las facultades a las fuerzas de policía, la tipificación de delitos como la extorsión y los límites a los narco funerales. El Ministerio Público, por su parte, creó una Fiscalía especializada en crimen organizado y homicidios, con representantes trabajando en varios puntos del país. En el presupuesto de este año, el gobierno ha aumentado el gasto en seguridad pública, incluyendo en sueldos para la policía nacional. 

Zeballos, que trabajó en la policía de Chile durante 20 años antes de dedicarse a la investigación, dice que las medidas son positivas, pero que las leyes y el presupuesto, por sí solos, no son suficientes. Dice que aun si disminuyen los homicidios, el riesgo es que el crimen organizado eche raíces en el país y en muchos casos, ocupando el rol del Estado. 

“Las organizaciones criminales, cuando ya han logrado su objetivo de tomar el control territorial y ya no necesitan luchar ni contra el Estado ni contra otras organizaciones criminales, tienden a bajar rápidamente su nivel de violencia y normalmente los gobiernos sienten que lograron una gran batalla contra el crimen organizado, pero en realidad lo que ha pasado es que la organización criminal se ha asentado fuertemente, tiene control del territorio”, explica. 

“Yo siento que estamos viviendo una transformación criminal compleja en la región, que requiere medidas complejas y distintas. Pero para poder saber qué medidas utilizar, primero tienes que comprender a qué te enfrentas”.

Para Greene Meersohn parte de la respuesta está en mejorar la coordinación entre agencias de gobierno, la capacidad para obtener inteligencia sobre las organizaciones criminales para desarticularlas y abordar las dinámicas complejas que ocurren dentro de las cárceles que, como en Venezuela, son utilizadas por organizaciones criminales para expandirse y desarrollar poder. “Hoy las cárceles además de ser universidades del delito son la casa matriz del crimen organizado. Las cárceles tienen gran poder operativo, gran poder de fuego, gran poder de financiamiento y forman un círculo vicioso. Entonces, mientras tú no tengas una cárcel que efectivamente te ayude a reparar, a rehabilitar y a reinsertar esta persona en la sociedad no vas a tener el quiebre del círculo del crimen organizado”, reflexiona. 

“Si hoy me preguntas qué hay que hacer, dónde hay que invertir, te digo que, en la cárcel. Pero no construyendo más: meter gente a la cárcel no sirve de nada. Y como el Estado no tiene capacidad de manejar toda la cantidad de gente que mete a la cárcel se empieza a crear un Estado paralelo. La respuesta no es ni una cosa ni la otra, ni es ni cárcel para todo el mundo ni cárcel para nadie. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo, entonces, busquemos alternativas que funcionen,” dijo.

“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext” 

Bruno Corda es el director de la Agencia Nacional para la Administración y el destino de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ANBSC), un organismo creado para gestionar los activos de las mafias y entregarlos a la sociedad civil para su reutilización social. Recibió a elDiarioAR en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se tenía prevista una reunión con 19 delegaciones de la Unión Europea en un encuentro organizado por Proyecto Bien Restituido y el Programa Copolad III.

Italia es el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de los inmuebles, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la extorsión potencias sus ganancias y van un paso adelante de los Estados, Italia quiere que el mundo imite su esquema para darle la “bofetada” real a la delincuencia organizada: meterse con su dinero, quitárselo y entregárselo a la sociedad civil.

Corda llegó a Buenos Aires a mediados de la semana última para participar de un encuentro organizado por la Unión Europa y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década de 1990. Especialistas, jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar con un proyecto de ley, Proyecto Bien Restituido, presentado por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y establecer este sistema en el país.

En Italia, la agencia que dirige Corda cumple un rol esencial: es la encargada de administrar y entregar a la sociedad civil los bienes incautados, que pasan a ser propiedad del Estado pero regresan a la ciudadanía a través de las ONGs, que quedan a cargo de los activos para su uso social.

–¿Por qué cree que se decidió tener este encuentro internacional en Argentina?

–Porque Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados. Ya se ha presentado un proyecto de ley que seguramente será objeto de grandes debates, pero la filosofía que se guarda dentro de esta ley es sin duda muy, muy justa y, sobre todo, muy cercana a la legislación italiana, que ya tiene más de diez años y que, por lo tanto, ya ha mostrado luces y sombras, lo positivo y lo negativo, y también ha llevado adelante cambios en la propia ley.

–Europa aprobó recientemente una directiva para favorecer el recupero de bienes del crimen organizado. ¿Cómo será ese proceso?

–Ahora los países deben aprobar esta directiva en un plazo de tres años y por tanto habrá tiempo para adaptar su legislación. Un elemento muy importante es el de la llamada fase de congelamiento, que para nosotros corresponde al embargo de activos, que tiene lugar en la primera fase judicial. Es una ley muy avanzada desde este punto de vista y también muy fuerte porque prevé la venta de bienes en los casos en los que se produce una pérdida significativa del valor del propio bien. 

Cada vez es más común en Italia que el sujeto delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso.

–¿Por qué es importante el congelamiento de los bienes del crimen organizado?

–Este es un tema muy importante porque en realidad el paso del tiempo es algo que lleva al deterioro de los bienes y sobre todo crea dificultades. Poder intentar proteger el valor del activo de esta manera significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere. Entonces, en el caso de que la persona a la que se le confiscaron los bienes sea beneficiada en el futuro con su devolución, el Estado o el demandado debe devolverle un valor que corresponda al momento en que se le quitó el bien. Luego, por supuesto, la directiva de la UE implica otros temas importantes, como el intercambio entre diferentes países cuando un activo es confiscado en un país diferente pero es parte de un proceso que pertenece al país de origen, pudiendo así encontrar compatibilidad entre estas diferentes condiciones. A decir verdad, no tenemos muchos casos de bienes confiscados en el extranjero. Sin embargo también hay que decir que en el futuro el sistema transnacional de inversión en esta materia conducirá necesariamente a tener siempre un mayor número de estos bienes en el extranjero. 

–¿Cuáles han sido sus retos más importantes como funcionario a cargo de esta tarea?

–Fortalecer la estructura de la agencia era un elemento fundamental. La agencia nació con una plantilla muy reducida, de 30 personas. Ahora como plantilla seguimos adelante con los concursos y llegaremos a 410 personas, lo que nos da la posibilidad de una ampliación notable de nuestra actividad. Otro desafío importante fue hacer más transparentes y claros los procesos por los cuales los bienes llegan a destino y a su reutilización social. Hicimos esto utilizando una estructura de un sistema llamado conferencias de servicio. Alrededor de una mesa se encuentran todos los stakeholders, es decir, todos aquellos que podrían ser destinatarios del bien secuestrado y se deja claro cuál es la característica del bien que se va a reutilizar socialmente. Paradójicamente, podría haber llevado a alguien a ver que los activos tienen sus propios problemas críticos, son difíciles de administrar y recuperar. Eso podría haber llevado a alguien a decir “no lo aceptaré, me crea más problemas de los que resuelve”. En realidad ha ocurrido exactamente lo contrario: el hecho de entender cuáles son los temas críticos, incluidas las características del propio bien, ha provocado un aumento de entrega de bienes en los últimos tres años. Ese aumento ha sido de 265%. Otro desafío importante es el que concierne a las empresas: hay que convertirlas en economía legal. No todas son capaces de superar lo que se llama el shock de legalidad, es decir, pasar de una economía ilegal a una economía legal.

–¿Cómo funciona el shock de legalidad?

–La economía ilegal evidentemente disfruta de una serie de ventajas ilícitas, no paga salarios, no paga cargas sociales a los trabajadores y por tanto se encuentra en una situación fuera del mercado. En este caso, poder llevar empresas de una economía ilegal a una legal lleva evidentemente a que algunas empresas se queden afuera y no estén en condiciones de hacerlo. Hemos intentado separar aquellas empresas que no han existido nunca como tales porque eran cajas vacías, es decir solo funcionaban como estructuras de blanqueo, por lo tanto nunca han tenido trabajadores, nunca han producido nada más que facturas falsas. Obtuvimos un cambio regulatorio para agilizar esto, poder cancelarlas, darlas de baja. Hemos logrado una gran colaboración con los magistrados para que la agencia esté involucrada desde el momento de la incautación y así podamos opinar sobre el destino de la vida de las empresas para que no la encontremos ya destruidas al momento de tomar su administración.

–Uno de los principales problemas de Argentina es la discrecionalidad de los funcionarios del Estado. De hecho nuestro sistema actualmente funciona a discreción del juez de cada caso, quien decide a quién y cómo entregar ese bien secuestrado. ¿Cuáles cree que son las claves para evitar la discrecionalidad a la hora de distribuir y entregar a la sociedad civil estos activos recuperados del crimen organizado?

–La claridad de la ley. Sólo la claridad de la ley evita la discrecionalidad. La capacidad de interpretar la ley es un elemento absolutamente indispensable. Los hombres no son máquinas y la aplicación de la ley no puede ser uniforme en todas las situaciones. Interpretemos la ley, pero con una dirección absolutamente clara. Y sobre todo que esté claro que la ley es la misma para todos. Al mismo tiempo no es posible pensar que exista una norma que no esté sujeta a interpretación también porque la norma no se compone de casos individuales sino que se elabora precisamente a partir de una visión general del derecho y del tratamiento de este particular asunto. Lo que significa que no todos los casos pueden sumarse a esa norma. Y volviendo a nuestro caso, tenemos cambios bastante frecuentes en la legislación antimafia y esto, sin embargo, no debe interpretarse como que cometimos errores, sino que los delincuentes son muy rápidos y nosotros debemos ser igualmente rápidos para encontrar los remedios cuando tenemos que, por así decirlo, enfrentarnos a este sistema. Es una guerra real para la que siempre debemos encontrar nuevas formas de lograr la meta, por lo que necesitamos, basándonos en nuestra experiencia, cambios regulatorios que luego puedan orientar hacia los nuevos desafíos. Estamos frente a un enemigo que siempre cambia de posición, siempre inventa cosas nuevas y por eso también debemos adelantarnos de alguna manera.

Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados.

–¿Cuáles son los elementos centrales dentro del Estado para que un organismo como el que usted dirige funcione?

–Seguramente el hecho de que el Estado esté convencido de la utilidad de esa agencia, de que debe dar todo el apoyo necesario en esto. El Estado debe darse cuenta de que los bienes que administramos son activos complicados porque provienen de una entidad criminal. Muy a menudo en nuestro caso el inmueble es destruido por el criminal antes de que pase a ser propiedad del Estado, como si fuera una bofetada final que el criminal le da al propio Estado. Y así teniendo el apoyo del Estado en la creencia de las bondades y las dificultades que se encuentran en la gestión de esta actividad, creo que es verdaderamente la mayor ayuda que un Estado puede dar a una agencia como la nuestra y a la lucha contra las organizaciones criminales.

–¿Y cuáles deben ser las circunstancia por fuera del Estado para que un organismo así funcione?

–El hecho de que las personas están convencidas de la necesidad de que los bienes puedan volver a tener una nueva vida y que por eso cuando son llevados del sujeto criminal a la sociedad civil o incluso a las instituciones encuentren una nueva existencia. Sólo en pocos casos hemos visto que el delincuente vuelve para reclamar los bienes y destruirlos después del acto de transferencia. Pero el problema tiene que ver más con que, especialmente por parte de las generaciones jóvenes, hay una creencia de que el delito no paga. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso, es decir, por el hecho de que ese modelo particular, el del delincuente, se considera válido. El joven ve eso, que ir a robar o estar dentro de un grupo criminal es algo que rápidamente te da dinero y una buena vida. Demostrar que el Estado le puede quitar esos bienes al delincuente, que son la manifestación externa de su actividad -la hermosa casa, el hermoso auto, la hermosa moto- y hacer que alguien más los reutilice, creo que es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de junio de 2024 a las 10:08 para agregar la participación del Programa Copolad III.

ED

Tatiana Giannone es italiana y llegó esta semana a Buenos Aires para participar del encuentro entre la Unión Europea, países de Latinoamérica y el Caribe para mejorar el decomiso de bienes y activos del narcotráfico con un objetivo: darles un uso social. Giannone tiene a su cargo el área de bienes incautados al crimen organizado en la asociación Libera, la organización civil más importante de Italia en la lucha contra las mafias y el crimen organizado, una red que impulsó en su país la reutilización social de los bienes de los mafiosos y que busca replicar esta iniciativa en Argentina y otros lugares del mundo.

Giannone se unió a Libera en 2009, mientras estudiaba Ciencias Políticas en la universidad e inmediatamente supo que su vocación era ocuparse de parte de la administración de los bienes confiscados al crimen organizado que realiza Libera en un proceso en el que intervienen el Poder Judicial y organismos del Ejecutivo. Desde entonces, ha participado en numerosos procesos de reutilización social de estos activos: vehículos, propiedades inmuebles, fábricas, campos. Un golpe económico a los mafiosos que ha demostrado que regresa a la sociedad como una caricia virtuosa.

En Argentina, Libera es una de las organizaciones que impulsan el proyecto de ley Bien Restituido, que busca replicar el modelo italiano en el país y sancionar una normativa que organice, ordene y sistematice la incautación de estos activos del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción e incluso delitos ambientales y su uso social. El proyecto de ley fue presentado a principios de mayo en la Cámara de Diputados, con consenso de casi todas las fuerzas políticas, desde La Libertad Avanza (LLA) hasta Unión por la Patria (UP).

–En tantos años de trabajo en Libera, ¿cuáles son los proyectos de restitución de bienes de la mafia que más le han impactado? Sus favoritos…

–Es difícil elegir un proyecto. Seguramente algunos han sido un ejemplo para otros y han desbloqueado, por así decirlo, muchas cuestiones críticas, muchos obstáculos. Uno muy importante en el norte de Italia, en la provincia de Lecco, en Lecco, que es una ciudad de Lombardía, donde se encuentra una pizzería que perteneció a un jefe de la Ndrangheta y se ha transformado en una pizzería gestionada por una cooperativa social. Y ahora, en definitiva, funciona, siempre está lleno y dan empleo a personas que tienen vulnerabilidades y tienen discapacidades físicas, vienen de caminos difíciles. Y fueron necesarios 25 años para realizar este recorrido, por lo que lamentablemente la propiedad estuvo cerrada durante 25 años, pero al final fue reabierta. Y esto también nos enseñó a hacer networking con instituciones. Qué importante es que la sociedad civil hable con la Agencia (la Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), con el Alcalde, con la Región, con las prefecturas, con todos los órganos gubernamentales nacionales y locales, para acelerar el proceso. Y para nosotros, en resumen, fueron muy importantes también las cooperativas agrícolas del circuito Libera Terra y son una parte de la vida de Libera, que se encuentran sólo en el sur de Italia y que fue un desafío para Libera en el año 2000. Crear cooperativas de la nada y, por lo tanto, capacitar a los jóvenes, a la gente para abrir una cooperativa y luego también dar a los jóvenes la posibilidad de reutilizar las tierras confiscadas.

Sabemos que no podemos hablar de mafias como hablábamos hace treinta años y por eso está el desafío que nos exige adaptar nuestro lenguaje al de la sociedad civil.

–¿Qué otras enseñanzas le han dejado estos años con respecto a cómo llegar y relacionarse con una comunidad que durante años, incluso décadas, estuvo gobernada por la mafia, cooptada, en algunos casos por los grupos criminales?

–Cuando llegas a una comunidad siempre es difícil y al principio lo era aún más. Ahora en Italia también se habla mucho más de reutilización de bienes, hay muchas iniciativas y es más fácil crear caminos. Al principio hay mucho miedo de trabajar para una cooperativa que no está vinculada al jefe (de la mafia) porque el jefe a veces todavía tiene a la familia en la zona, entonces se siente el vínculo fuerte. La diferencia se hizo en hacer entender a la gente que esta podría ser una oportunidad de trabajo y de crecimiento, que podría ser la oportunidad de tener un contrato real de trabajo, de tener un salario justo, de trabajar sin tener que hacer favores, sin tener que, por así decirlo, estar al servicio de un capo o de un narcotraficante, de un corrupto. Y esto marcó la diferencia, cuando la gente empezó a comprender que los bienes confiscados podían ser un recurso económico para la comunidad, se dieron muchos pasos adelante.

–¿Qué espera de este encuentro internacional en Argentina?

–Creo que es importante haber puesto sobre la mesa tantas realidades porque la idea que mueve Libera, que mueve también las redes internacionales de Libera, es la de encontrar cómo abrirse paso. Hace treinta años que venimos experimentando con acciones que pueden derrotar al crimen organizado. Hoy sabemos que este es el camino correcto y por eso es importante. Argentina puede ser el precursor de este camino, puede ser la primera nación después de Italia en aprobar esta ley y puede ser la nación que ayude a sus estados vecinos a que también den este paso. Lo importante para nosotros es seguir celebrando reuniones también en Italia, seguimos celebrándolas en Europa y nos gustaría empezar a celebrarlas también en África. Nuestro trabajo debe ir encaminado a impulsar a otros Estados a seguir el mismo camino que nosotros.

–¿Cómo dio los primeros pasos desde Libera para trabajar con la comunidad en una Italia signada por la mafia?

–Esta es difícil (se ríe). Creo que el momento histórico marcó la diferencia porque cuando nació Libera habían ocurrido dos masacres en Palermo en las que perdieron la vida los jueces y los escoltas que en ese momento trabajaban en el megajuicio, y hubo atentados en Roma, Milán y Florencia que se cobraron víctimas, víctimas inocentes. Y era una época en la que el país estaba muy conmocionado. Frente a eso, la idea era decir: organicemos una respuesta. La novedad de Libera, la revolución, fue crear una asociación formada por asociaciones, por lo tanto, todos adentro y haciendo lo que ya hacían pero en conjunto: la protección del medio ambiente, la protección del trabajo. Decidimos sentarnos en una mesa para decir: esto es lo que hago, cómo lo uso para poder derrotar la presencia del crimen organizado. Era importante porque realmente nos permitía organizarnos. La revolución contra el crimen organizado fue una respuesta económica, educativa, social y cultural.

El primer desafío fue demostrar que los lugares que pertenecían al crimen organizado pueden cambiar y convertirse en formas de economía legal.

–Han transitado un largo camino. ¿Cuáles siguen siendo los desafíos en la lucha contra la criminalidad organizada?

–Hay muchos desafíos porque, así como el crimen organizado y la corrupción evolucionan, también deben evolucionar las respuestas. Por eso, incluso cuando hablamos de reutilización social, no es un tema cerrado para nosotros. Actualizamos continuamente nuestras reflexiones sobre la legislación, pedimos que se actualice la legislación, leemos las sentencias, estudiamos nuevas formas de diseñar la reutilización porque la reutilización ha cambiado desde 1996 hasta hoy, necesitamos nuevas reflexiones. También tenemos desafíos en educación: sabemos que no podemos hablar de mafias como hablábamos hace treinta años y por eso está el desafío que nos exige adaptar nuestro lenguaje al de la sociedad civil. Entonces, en realidad, los desafíos siempre están ahí y todos son un poco iguales que hace treinta años porque los objetivos son los mismos, pero obviamente tenemos que asegurarnos de adaptarnos al mundo que nos rodea. Luego tenemos grande desafíos internacionales, como el proyecto Bien Restituido en Argentina, con el desarrollo de una red, con todo el trabajo que se hace en los demás Estados de Europa, la nueva directiva recientemente adoptada allí. Nuestro desafío será lograr que los estados puedan no sólo adoptar sino cómo luego darle vida. Estamos ahora comenzando nuestro trabajo en África y nuestro desafío allí también es llevar nuestra visión de proteger los derechos humanos de la ciudadanía activa y darle participación a un continente que precisamente necesita mirar hacia adelante.

–¿Qué mensaje le gustaría dejar a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina que de aprobarse esta ley podrían estar pronto frente a la posibilidad de administrar bienes del crimen organizado para darle uso social?

–Creo que el primer desafío, el primer objetivo, que fue un poco también el objetivo que nosotros nos propusimos en Italia en 1996, es demostrar que los lugares que pertenecían al crimen organizado pueden cambiar y convertirse en formas de economía legal porque pueden generar empleos en los que trabajo genuino, entidades que pagan impuestos y pagan contratos legales de trabajo. Entonces creo que el primer desafío fuerte es este porque incluso los ciudadanos que no están involucrados y que no están en las asociaciones, que tienen una vida alejada del compromiso social, cuando ven que un edificio que fue de un narco se convierte en una casa de la hospitalidad, una empresa se convierte en una cooperativa de trabajo en la que la gente puede prosperar, entonces la percepción que uno tiene del crimen organizado también cambia porque uno realmente puede ver las ventajas de lo que supone activar una lucha contra las mafias y la corrupción.

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Un proyecto de ley logró lo que parecía imposible: el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, desde Unión por la Patria (UP) hasta La Libertad Avanza (LLA). El proyecto de ley Bien Restituido es una iniciativa de un grupo de ONGs que busca la reutilización social y económica de bienes decomisados al crimen organizado y el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada en favor de la sociedad civil. Lo que plantean es un cambio total del sistema actual porque parte de un nuevo concepto: que las ganancias ilícitas se transformen en lícitas y se vuelvan a favor del desarrollo de la comunidad afectada por esos crímenes. Así, el producto de actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas hasta delitos ambientales y la corrupción serían aprovechados por la sociedad lesionada por los criminales.

“Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema”, afirma el juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores y asesor jurídico de la iniciativa, en diálogo con elDiarioAR.

El proyecto de ley fue motorizado por la organización Libera, pionera en la restitución de bienes de las mafias en Italia, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina. Tiene, además, el apoyo de unas 50 organizaciones de la sociedad civil, desde Cáritas Argentinas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). También de las tres centrales obreras, la organización Scholas Occurrentes, la Unión de la Economía Popular (UTEP) y cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

En 2022, durante la presentación del proyecto, el Papa Francisco envió su apoyo a través de una carta, en la que sostuvo que el proyecto era para el Estado argentino “una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían (porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal)”. 

Luego de tres años de trabajo y un concurso ganado ante la Unión Europea (UE), el proyecto de ley fue presentado el 2 de mayo último en Diputados, con una mesa que incluyó a los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).

–¿Cómo nació este proyecto de ley? 

–La idea original es de Emiliano Cottini y Lucas Manjón (Libera), dos grandes referentes de la sociedad civil. Ellos se enteran de la convocatoria de la Unión Europea (UE) dirigida a proyectos de la sociedad civil. Nosotros estábamos trabajando, estudiando el modelo italiano, y ellos vieron ahí la oportunidad de presentarse al concurso de la UE y formular un proyecto que viniera de la sociedad civil y que intentara generar una política pública de restitución de bienes recuperados. Me lo cuentan, a mí me parece muy interesante y di mi visión siempre como un operador judicial y desde mi punto de vista de la técnica jurídica. Lo interesante es que la idea venía de la sociedad civil en busca de una política pública porque vos podés tener proyectos en la sociedad civil que repercuten de manera indirecta en el Estado, pero este era un proyecto que salía de la sociedad civil y buscaba que se consolide una política pública de uso social

–¿Por qué estudiaban el modelo italiano de recuperación de bienes?

–Porque es el más importante a nivel mundial. Es reconocido por el GAFI, de donde surgen todas las políticas para perseguir el lavado de activos. Una de esas políticas es recuperar los bienes, pero si vos pensás en recuperar los bienes del crimen organizado tenés que pensar en cómo los vas a administrar. Cuando se discute entre los países cómo administrar eficientemente sobresale Italia como país líder con un sistema virtuoso de administración de bienes recuperados. El mundo entero lo está viendo. Nosotros lo conocíamos desde hacía varios años por la vinculación que teníamos con Libera. En vez de ser algo que viene desde arriba y busca ser impuesto, obedece un poco a una demanda ciudadana. Y eso es lo robustece.

–Durante la presentación del proyecto, dijo en el Congreso que el sistema actual es obsoleto. ¿Cómo funciona?

–Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes. Hay provincias que tienen regímenes de administración de activos recuperados. Pero lo que hay es una ley vieja, de 1974, con modificaciones y parches posteriores, que tiene como objeto principal la subasta. La regla es la subasta porque el objeto secuestrado está concebido como un problema que hay que intentar solucionar lo antes posible. Y la mejor manera es subastar, ponerlo a la venta y convertirlo en dinero. Si bien tuvo buenas modificaciones a lo largo de las décadas, es una ley en la que no se advierten las oportunidades que puedan tener los bienes recuperados. Una década después, Italia da el primer paso señalando que la manera de desmantelar las organizaciones criminales que tienen esta dimensión económica era ir detrás de los activos de esas organizaciones, de la ganancia ilícita. Y luego da el segundo paso: una vez que se recuperan todos esos activos, que los puedan administrar desde la sociedad civil organizada. La ganancia ilícita no sólo incluye los objetos o efectos vinculados al delito, sino sus productos. En 2018, de manera muy concreta, la Corte Suprema ilumina el potencial que tienen los bienes recuperados en la reconstrucción del tejido social y en su importancia en el impacto en la ciudadanía. Hubo también iniciativas en el Poder Ejecutivo en la última década. 

–¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué propone de diferente este proyecto?

–Creo que primero hay que construir un sistema racional de administración de activos y tener una ley moderna actualizada que dé respuestas integrales a qué hacer con todos los activos que se están recuperando de la criminalidad. De ese modo se van a evitar los márgenes de discrecionalidad que ha habido y la porosidad que hay hoy. Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema. La racionalidad es una palabra sumamente importante en el Estado de Derecho, en un Estado moderno, porque supone que uno lo que busca es seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras: qué es lo que debe hacerse con los bienes recuperados; quiénes los tienen que administrar; cuáles van a ser las obligaciones y responsabilidades de estas personas que lo van a manejar.

–¿Por qué se necesita una ley?

–Si no están claros los principios, el operador judicial (jueces, fiscales) no va a aplicar verdaderamente bien la herramienta. Un sistema racional de administración de activos permite inventariar, documentar, establecer de antemano lo que hay que hacer con cada uno de los bienes que se recuperan. También tiene que tener una orientación ideológica: establecer por qué esto es importante. Esto es importante porque eventualmente va a permitir no sólo desbaratar las bandas criminales, sino reparar a la sociedad en su conjunto. El mundo, no sólo la Argentina, está considerando que la visión centrada en la reparación de las víctimas de los grandes delitos es sumamente importante. Eso nos obliga a pensar la criminalidad organizada como una criminalidad que genera muchas víctimas. No confundir con que no tienen víctimas porque muchas veces no hay nombres y apellidos. Son delitos con víctimas y son muchas las víctimas. La extensión de la jurisdicción (de la Justicia) no se agota en establecer penas, sino que va a buscar solucionar el conflicto porque hay víctimas. Si busca solucionar el conflicto, va a tener en cuenta la reparación. 

–Cuando habla de criminalidad organizada, ¿hasta dónde abarca este concepto?

–Italia lo circunscribió a las mafias. La criminalidad organizada en lo que define la Convención de Palermo, justamente, el instrumento de donde se derivan las líneas directrices sobre cómo encarar el fenómeno de la criminalidad. El crimen organizado supone una dimensión económica y es increíblemente sofisticado, funciona como una empresa, con racionalidad. Por eso es sumamente importante que la respuesta estatal sea racional. La racionalidad significa que va a funcionar como una empresa. Lo que busca es maximizar ganancias, y para eso va a tener un planeamiento y una proyección de lo que es su negocio, los va a cumplir a rajatabla y va a incorporar lo último, como las empresas modernas. El narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, los crímenes ambientales, variables que generan un enorme daño social.

–¿Se podría aplicar a delitos ambientales?

–Sin duda, por ejemplo en casos de empresas que en sus cálculos económicos eligen contaminar porque su objetivo es la obtención de ganancias. Una manera de pensarlos es desde la criminalidad organizada. Uno puede pensar en un campo donde había un bosque nativo que fue talado como explotación, violando las leyes que lo prohíben y que buscan conservar la biodiversidad, y puede ser incautado y convertido en una reserva de biodiversidad administrada por la comunidad junto con el Estado. Bueno, ese es un ejemplo de uso social de un bien recuperado de un delito ambiental.

–Dijo en su discurso en el Congreso que el uso social no es asistencialismo. ¿En qué se diferencia?

–Que el uso social no es asistencialismo significa que los bienes recuperados no se regalan. Cuando hablamos de que la administración de bienes recuperados lo hace la ciudadanía de la mano del Estado, el privado está continuando esta tarea que tiene el Estado de solución del conflicto. Es como la última pata de la solución del conflicto. No es una indemnización.

–¿No sustituye la indemnización, van por lados diferentes? 

–No es una indemnización, es darle la confianza sobre ese bien recuperado a la sociedad civil organizada. Siempre de la mano del Estado porque va a tener que hacerlo, de hecho, siempre con presencia estatal, ya sea del control estatal o de asistencia estatal. Quien administre está cumpliendo una función pública, va a tener que rendir cuentas. No es asistencialismo, es empoderamiento. Uno está llamando a la comunidad para que participe de la solución de conflictos del Estado. Por eso es que el proyecto escucha las iniciativas de la ciudadanía. La ciudadanía organizada no puede ser cualquiera.  

Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes.

–Cuando uno ve el modelo italiano, ve incluso fábricas recuperadas de la mafia administradas por organizaciones como Libera. ¿Cree que eso es posible en Argentina?

–Aún en Italia la recuperación de unidades productivas es la parte más difícil. Uno tiene cosas mucho más a la mano, más fáciles de realizar, y otras cosas más difíciles. Lo más ambicioso son las unidades productivas y es algo que ya en este momento hay que prestarle mucha atención porque la criminalidad organizada genera grandes ganancias que se transforman en inversiones que, a veces, se transforman en unidades productivas. Y también porque cada vez más se está hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas). La corrupción lo tiene incorporado hace años en términos de temas de lavado de activos y todo ese tipo de criminalidad asociada a la persona jurídica, al crimen que comete la persona jurídica. Entonces hay que pensar: ¿conviene liquidar la empresa y convertirla en dinero bancario? ¿O reconvertirla? Darle un uso social y legal, transformarla en un símbolo de la superación del delito por el Estado de Derecho, un símbolo de la civilidad que se impone frente a la intimidación. Esto es lo que sucede con una empresa que fue inversión de ganancia ilícita o es manejada de manera ilícita por capitales ilícitos y se transforma y se convierte en algo distinto, en algo virtuoso. Entonces esto también está previsto en el proyecto de ley y se prevé en la medida de lo posible, su continuidad resignificada, porque detrás hay puestos de trabajo, etcétera.

–Es un cambio importante…

–Es un cambio total de paradigma. A nosotros nos sorprendió que el proyecto llegara hasta estas instancias. La Unión Europea tiene un régimen muy estricto de selección de proyectos. Eso a nosotros nos obligó no sólo a hablar de racionalidad, sino a ser muy racionales en todas las etapas durante estos últimos tres años que lleva realizando el proyecto. Cuando fuimos a buscar el mapa completo, nos dimos cuenta de que en la Argentina, de manera desordenada, había muchas iniciativas de tribunales, fiscales y jueces que preveían que determinados bienes podían ser aprovechados por la comunidad a través del uso social. La sensibilidad ya estaba. Nosotros estamos visibilizando que eso tiene que convertirse en un sistema racional. Una política de Estado. El cambio de paradigma ya se estaba produciendo. Además la ley prevé que esté todo publicado en la web. En Italia también hay un proceso detrás de cómo transparentar utilizando las nuevas tecnologías. 

–El consenso de distintos sectores sociales, políticos y religiosos fue central en el camino de este proyecto de ley. ¿Cómo se logró ese consenso?

–Desde el comienzo tuvimos en claro que esto tenía que ser una construcción colectiva y verdaderamente plural o no se hacía. Lo primero que hicimos, por ejemplo, hace dos años fue la primera etapa de concientización. Hablamos con los operadores judiciales. Eso también es muy inusitado y creo que es muy valioso que en esta iniciativa no se buscó imponer desde arriba del Estado ni sorprender a la ciudadanía y a los operadores del sistema. A través del diálogo con la sociedad civil organizada se formaron alianzas, al igual que en el Congreso. Son parte de este camino. 

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Blackcat derribado. La estructura del grupo criminal Alphv, también conocido como Blackcat, fue desmantelada esta semana en una operación internacional en la que participaron fuerzas de seguridad de varios países. Alphv se especializaba en los conocidos ataques de ransomware, basados en el secuestro de archivos y venta de información confidencial. Era extremadamente activa y peligrosa, con más de 1.000 víctimas confirmadas en todo el mundo en menos de dos años.

Alphv es uno de los mejores ejemplos de la profesionalización del sector de los ciberataques en los últimos años. La organización había desarrollado su propio sistema de malware avanzado para infectar y bloquear los archivos de sus víctimas y contaba con una estructura central para seleccionar objetivos, un departamento de negociación de rescates y otro de cobro. Este último incluía “probablemente dinero en efectivo”, explican los investigadores de la firma de ciberseguridad rusa Kaspersky, desde donde se cree que actuaban estos ciberdelincuentes.

En la práctica, Blackcat actuaba como una multinacional con franquiciados en múltiples países. Estos se encargaban de buscar un método para infiltrar el malware de la organización en objetivos locales. Una misión que podían cumplir por su conocimiento interno de las víctimas por haber tenido alguna relación con ellas o sus sistemas informáticos, o por otros métodos como el robo de credenciales de acceso.

A cambio de ese acceso un porcentaje del rescate que la víctima pagaba por recuperar los archivos, los afiliados reclutados por Alphv podían acceder a toda la infraestructura de lanzamiento de ataques de la organización y dejar en sus manos las comunicaciones con el objetivo y el cobro. “La infraestructura desmantelada está considerada una de las más peligrosas de los últimos tiempos no sólo por la gran cantidad de víctimas afectadas a nivel global, sino también por la sofisticación de las medidas de seguridad utilizadas por sus afiliados”, detalla la Policía Nacional de España.

Este método es lo que permitió a la organización esquivar durante dos años a las fuerzas de seguridad mientras desataba una avalancha de ataques contra “empresas del sector público y privado, operadores de transporte, universidades, televisiones, agencias de investigación y laboratorios técnicos”, continúan los agentes. En sus primeras etapas Alphv también fue muy activo contra compañías petroleas y gasísticas de Oriente Medio, apuntan desde Kaspersky, lo que podría ser una prueba de que contó con un afiliado en la región con acceso a este sector.

Denuncia ante la SEC

Sin embargo, la maniobra de Alphv que supuso una vuelta de tuerca respecto a otras bandas de cibercrimen organizado y que da idea del profesionalismo del sector es que llegó a denunciar a una de sus víctimas ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

Desde septiembre, la SEC obliga a las compañías cotizadas a informar en un máximo de cuatro días de los ciberataques que puedan afectar a sus resultados. Un secuestro de archivos por parte de Alphv sin duda puede serlo, pero la compañía de software MeridianLink sufrió uno en noviembre y no informó de él de manera pública en el período establecido. La organización cibercriminal procedió entonces a llamar la atención de la SEC sobre el incidente, sin duda como una medida de extorsión para que MeridianLink pagara.

“Queremos llamar su atención sobre una cuestión preocupante relativa al cumplimiento por parte de MeridianLink de las normas de divulgación de incidentes de ciberseguridad recientemente adoptadas. Llegó a nuestro conocimiento que MeridianLink, a la luz de una brecha significativa que compromete los datos de los clientes y la información operativa, no presentó la divulgación requerida bajo el punto 1.05 del Formulario 8-K dentro de los cuatro días hábiles estipulados, según lo dispuesto por las nuevas normas de la SEC”, rezaba la comunicación de Alphv.

La reclamación sobre MeridianLink se hizo pública en el sistema de la SEC, pero aún no se conoce si el regulador abrió una investigación por el retraso de la compañía. “Basándonos en nuestra investigación hasta la fecha, no identificamos ninguna evidencia de acceso no autorizado a nuestras plataformas de producción, y el incidente causó una interrupción mínima del negocio”, alegó MeridianLink en ese momento.

Antecesores y sucesores

La investigación contra Alphv se inició en enero de 2022 y contó con la participación de fuerzas de seguridad de ocho países bajo la coordinación de Europol. Entre ellos Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Canadá, Australia, Reino Unido, Suiza y España.

Cuando los investigadores logran tumbar uno de estos grupos, la maniobra clave es bloquear su infraestructura digital. No obstante, rara vez se producen detenciones, ya que la mayoría de integrantes de estas bandas se encuentran en países que no colaboran con esas operaciones. Uno de ellos es Rusia. Gracias a la información filtrada por un miembro renegado de una de estas bandas, la comunidad de ciberseguridad internacional pudo conocer más detalles de cómo se interrelacionan con ella las fuerzas de seguridad rusas, a veces sobornándolas y otras con el pacto de no atacar en Rusia.

El hecho de que los miembros del cibercrimen organizado sobrevivan a las caídas de su infraestructura digital hace que puedan volver con más fuerza al cabo de cierto tiempo, perpetuando el juego del ratón y el gato con los investigadores. “Blackcat se presenta como sucesor de conocidos grupos de ransomware como BlackMatter y REvil. Los ciberdelincuentes afirman que abordaron todos los errores y problemas en el desarrollo de ransomware y crearon el producto perfecto en términos de codificación e infraestructura”, destaca Kaspersky en su informe sobre ellos.

“Sin embargo, algunos investigadores ven al grupo no sólo como los sucesores de los grupos BlackMatter y REvil, sino como un completo cambio de marca. Nuestra telemetría sugiere que al menos algunos miembros del nuevo grupo BlackCat tienen vínculos con el grupo BlackMatter, porque modificaron y reutilizaron una herramienta de ex filtración personalizada que llamamos Fendr y que sólo se observó en la actividad de BlackMatter”, continúa.

Con la caída de Alphv se vuelve a cerrar el círculo, pero algunos analistas avisan de que es cuestión de tiempo que vuelva a abrirse debido a la impunidad con la que estos grupos pueden trabajar desde algunos territorios.

CDC

En la ciudad capital ecuatoriana de Quito, el miércoles 8 asesinaron a tiros al candidato presidencial de la coalición centro derechista Movimiento Construye. Fernando Villavicencio fue muerto por sicarios a menos de dos semanas de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto que el presidente derechista Guillermo Lasso promete salvaguardar

Ecuador se enfrenta a niveles récord de violencia provocada por el narcotráfico en una espiral fuera de control, mientras la ciudadanía se prepara para dirigirse a las urnas. Sin embargo, el ataque a Villavicencio aumentó  el temor en el país de duelo: nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes había importado tan poco al crimen organizado si la democracia ecuatoriana se disponía a votar o si era cualquier otra fecha del año.

De 59 años, el candidato presidencial por Construye se retiraba de un acto de campaña realizado en el Colegio  Anderson, una institución de enseñanza secundaria ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas. A Villavicencio lo escoltaba una decena de agentes de la policía uniformados, cuando entre tres y cinco sicarios hicieron fuego desde el costado de la camioneta en la que se iba a retirar del lugar. Nueve personas más, entre ellos, una candidata a asambleísta y dos policías quedaron heridos.

El automóvil  logró arrancar para llevarlo de urgencia a la Clínica de la Mujer,  donde fue comunicada su muerte.  El general Alain Luna, director general de Investigaciones de la Policía, confirmó que se hizo una detonación controlada de un artefacto explosivo en los exteriores de ese centro médico, que habría sido plantado por los asesinos.

La esposa del candidato, Verónica Sarauz, ahora su viuda, con quien Villavicencio tuvo cinco hijos,  denunció a la seguridad policial de su esposo por fracasar y no lograr salvarle la vida. Mientras que el ex general de la Policía Patricio Carrillo, salió del acto, un vez finalizado, por una vía oblicua y un territorio sin gente, un estacionamiento, los agentes policiales a cargo de la custodia del candidato lo sacaron de allí en una camioneta sin blindaje que se abría camino sobre la populosa avenida Gaspar de Villaroel.

Una vida troncada, un narcotráfico ileso

Oriundo del municipio andino de Alusí, en la provincia de Chimborazo, en el corazón mismo de Ecuador,  Fernando Villavicenciohabía sido periodista, activista y legislador.  Alcanzó renombre como opositor al movimiento de izquierda encabezado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).  Casi 10 años antes, Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de 140.000 dólares por injurias al entonces presidente Correa, se refugió inicialmente en EEUU;  luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta indigenista Cléver Jiménez, de quien fue asesor político entre 2009-2017- igualmente condenado. Desde 2017 se desempeñaba como asambleísta hasta que el presidente derechista Guillermo Lasso para evitar su destitución por juicio político disolvió el Congreso y  convocó a nuevas elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 20 de agosto.

 Villavicencio en los sondeos se encontraba en el medio de los entonces ocho aspirantes a la presidencia. Era uno de los candidatos que con mayor franqueza denunció los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales. El martes 8, el día anterior a que fuera asesinado,  Villavicencio había presentado una denuncia ante la Fiscalía, contra alias Fito, uno de los capos de la mafia carcelaria,  que fue pública. Recientemente, se lo había visto en la ciudad de Chone sin chaleco antibalas, porque según sus declaraciones quería  hacer su campaña “a camisa sudada”. Patricio Zuquilanda, excanciller y actual asesor general de su campaña, informó que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. 

Criminalidad sin retrocesos en Ecuador, disfuncionalidad sin alivios en el gobierno de Quito

El suceso consternó al país. Ecuador no había terminado de reponerse de la pérdida de otra figura política clave. Hace unas semanas fue asesinado Agustín Intriago, de 38 años y alcalde de Manta,  quien pertenecía al movimiento local Mejor Ciudad, cuando asistía a un evento deportivo  en el barrio 15 de Septiembre

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, es la tercera mayor ciudad y uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Con más de 250.000 habitantes, es un punto clave de la exportación e importación. También es puerto de llegada de cargamentos de cocaína, y de salida de esa droga hacia EEUU, México y Europa. Hasta 2009, fue un enclave militar de EEUU,  que vigilaba el espacio aéreo y marítimo, antes de la prohibición del expresidente Correa de erigir bases militares en el territorio.

En enero 2023, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, resultó gravemente herido y estuvo semanas en estado crítico tras sufrir un atentado. En mayo, el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, sobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial. También en Guayas, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la Penitenciaría del Litoral, y se le asignó protección policial.

Las calles de fuego del infierno blanco

Ecuador que ha sido uno de los países más seguros de América Latina, se ha convertido en  los últimos cinco años, en uno de los más mortales de la región. La producción récord de cocaína en la vecina Colombia y una guerra entre las pandillas de drogas ecuatorianas apoyadas por los carteles mexicanos y albaneses ha provocado una ola de violencia.

En Guayaquil, una ciudad húmeda enmarcada en colinas verdes, con  3,5  millones de habitantes  se suceden escenas de guerras entre las pandillas que luchan por el control de las rutas de tráfico de cocaína a los puertos marítimos, semejantes a las del norte de México. La policía y los residentes dicen que los asesinos matan a los fiscales y a los agentes de la ley, los cuerpos se cuelgan de los puentes y detonan bombas de automóviles y reclutan a niños como asesinos.

Los asesinatos en Guayaquil, que han aumentado alrededor del 65% en los primeros cuatro meses de 2023 respecto al año anterior, la han convertido  en una de las ciudades más violentas del mundo.  Con homicidios per cápita mayor que las ciudades  de Juárez en México y Príncipe Port-Au, en Haití.

El actual panorama de inseguridad en Ecuador hace saltar todas las alarmas. Se vive una gran tensión por el aumento de los homicidios, los robos y los secuestros, y también por los frecuentes amotinamientos en las cárceles. La tasa de homicidios se disparó casi un 500 % entre 2016 y 2022, según Insigtcrime llegando a 81 % por 100.000 habitantes. Varias bandas de narcotráfico se disputan el transporte de cocaína desde la frontera de Ecuador con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, y también la droga que llega desde Perú.

Gran parte de la violencia ha tenido lugar desde que el poderoso líder de los Choneros, una pandilla con vínculos con el Cartel Sinaloa de México, fue asesinado en diciembre de 2020, lo que hizo que la pandilla se divida en otras  más pequeñas como Los Lobos, Los Asesinos de Chone y Los Tiguerones, cuyo símbolo es un tigre con una boina militar.

El sistema carcelario ecuatoriano, uno de los peores de la región

Las cárceles de Ecuador, con la policía y los guardias controlados por pandillas, se convirtieron en campos de matar. Más de 430 reclusos murieron en masacres en 2021 y 2022, según el Comité para la Defensa de DDHH.  Desde 2020, más de 450 presos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de las diferentes penitenciarías cuyo hacinamiento puede llegar al 50% de su  capacidad edilicia.

“Estamos hablando de una situación política explosiva, de desorden de la seguridad pública, y hay observadores que están muy preocupados porque el gobierno es prácticamente disfuncional en muchos aspectos, pero especialmente en temas de seguridad”, indica  el politólogo Wolf Grabendorff. 

Repudio político, duelo nacional y enigma electoral

El presidente Lasso escribió en la plataforma X, antes Twitter, “Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”  en la tarde del mismo día de la tragedia.

Los otros siete candidatos a la presidencia se pronunciaron en sus redes. Yaku Pérez por Claro que se Puede anunció la suspensión de su campaña. La correista Luisa Gonzalez  de la izquierdista Revolución Ciudadana declaró “esto nos enluta a todos, esto no quedará en la impunidad”. El candidato Jan Topic por la alianza Un País sin Miedo quien interpeló al Gobierno que, “no queremos más declaraciones, queremos acciones, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas, se les ha ido el país de las manos”, se sumó a la suspensión de la agenda pública. También se pronunciaron Daniel Novoa Anzín por Acción Democrática Nacional (ADN), el correísta Andrés Arauz, Xavier Hervas del movimiento de centro derecha RETO, Bolívar Armijos del movimiento centroderechista  Amigo, Otto Sonnenholzner por Actuemos, entre otros, repudiando el crimen político, el primero que ocurre en la democracia moderna desde 1979.

El ex presidente Rafael Correa, del que Villavicencio fue opositor y uno de cuyos reportajes llevó al proceso judicial en su contra por dineros no declarados en sus campañas electorales, también envió sus condolencias en las redes sociales.

Los días contados de Guillermo Lasso

En una conferencia de prensa tras una reunión de seguridad de alto nivel, Lasso anunció tres días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, que permitiría un despliegue de las FFAA por todo el territorio nacional para salvaguardar las elecciones. “El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato”, afirmó el mandatario.

Lasso termina anticipadamente su mandato, habiendo llamado a elecciones anticipadas para evitar una destitución por el Congreso unicameral. Antes tranquilo y pacífico, Ecuador conoció desde la elección de este ex banquero, neoliberal en economía y socialcristiano en el resto de su perfil político, los niveles de violencia más constantes y elevados y las tasas de delitos de sangre más altas de su historia. El voto del 20 de agosto se decidirá por razones ideológicas, quien triunfe enfrentará el juicio de la opinión pública por su idoneidad para gestionar la respuesta del Estado que mejor proteja a la sociedad civil.

AGB

Una de las maneras de acercar la justicia penal a la sociedad es transparentando y generando mecanismos para que la ciudadanía participe en la determinación del destino que deben tener los bienes recuperados a la criminalidad organizada. Existe hoy un consenso internacional en torno a que los Estados a través de sus diferentes instituciones deben no solo perseguir judicialmente a este tipo de organizaciones, sino también identificar sus activos y recuperarlos, para imposibilitar la continuación de las actividades criminales y utilizar sus ganancias para reparar el daño ocasionado a las víctimas y la sociedad. 

Los bienes decomisados a las organizaciones criminales pueden pasar a formar parte de las arcas del Estado de dos distintas maneras: en forma de dinero luego de subastarlos o a través de un mecanismo de reutilización que dirija el propio Estado con la más amplia participación de la sociedad, para retroalimentarse y desarrollar nuevos desafíos.

Pero para llevar adelante este tipo de políticas es requisito que los representantes de lo público, junto a la mayoría de los ciudadanos de a pie tomen conciencia de que existe una urgente necesidad de enfrentar a la criminalidad organizada y que uno de los mecanismos mundialmente comprobados para lograr un resultado efectivo es la identificación, localización y secuestro de los activos criminales.

También es necesario y urgente que se asuma con seriedad el imperativo de reparar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto por las actividades que realizaron esas organizaciones. Las actividades como el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual/laboral, la extorsión, etc., son delitos que además de generar daños visibles (físicos y económicos), generan otros que resultan invisibles y que suelen ubicar al Estado en un posición dual de víctima -victimario- (ya sea por su tolerancia, aquiescencia o complicidad). 

La idea de que nuestros derechos y libertades se aseguran bajo el cuidado del Estado encuentra fundamento en el principio de mutuo beneficio y fundamentalmente en el de la confianza para alcanzar aquel beneficio. La proliferación de organizaciones criminales cualquiera sea el territorio, erosiona la confianza depositada en el Estado y torna deficitaria su relación con la sociedad.

Las organizaciones criminales y la mafia buscan deslegitimar al Estado en relación a su principal interés, el económico. Pero sucede que muchas veces para poder alcanzarlo deben transitar caminos que para ellos sólo resultan ser temporales y utilitarios: controlar que no se realicen otros tipos de delitos, entregar préstamos usurarios a personas que no logran acceder al crédito, pagar servicios de salud, realizar obras que debieran realizarlas el Estado, etc. La mafia se expande en la medida en la que lo público se deslegitima y se muestra ineficaz. Por eso la mejor opción es que el Estado reencuentre su razón de ser, pública y universal, de la mano de la sociedad, para que ella no sea sólo espectadora sino que también se convierta en protagonista de la mejora y el fortalecimiento de las instituciones, generando mayores derechos y responsabilidades.

El Código Penal argentino establece qué conductas son merecedoras de un castigo. Los códigos de procedimientos de las provincias y los que rigen a nivel federal regulan cómo han de ser los juicios para arribar, respetando el debido proceso, a esos castigos. En su más recientes versiones estos hacen particular hincapié en el objetivo de resolver los conflictos y reparar el daño generado a las víctimas y la sociedad en su conjunto. Es por ello que la recuperación de los bienes y las ganancias producidas por las actividades criminales debieran ocupar un lugar central.

El panorama actual de la República Argentina exhibe una gran cantidad de leyes, decretos y acordadas, que regulan qué hacer con los bienes secuestrados y confiscados. Sin embargo, muchas son obsoletas, incompletas o se solapan entre sí. Hagamos un breve repaso de las más relevantes.

Leyes

La Ley Nº 20.785 “Ley de bienes objeto de secuestro en causas penales”, fue sancionada en 1974 y regula cómo los jueces a cargo de las causas penales en las cuales se secuestran bienes, debieran disponer de ellos, según la condición del bien. Por ejemplo, según la ley, las armas debieran ser entregadas a un “Comando de Arsenales del Ejército o a la unidad militar más cercana” (sic), aunque en el año 2021 y desde ya hace mucho tiempo existe la Agencia Nacional de Materiales Controlados y todavía mucho antes, el Registro Nacional de Armas. 

En 1980 durante la última dictadura cívico - militar, mediante la Ley 22.129 se establecieron modificaciones a la Ley 20.785, particularmente al artículo 3, inciso e) y f). El primero de los nuevos incisos hace mención a que las aeronaves secuestradas se debieran entregar a las autoridades aeronáuticas; el segundo inciso, hace mención a que cualquier otro bien secuestrado que no fuera mencionado específicamente en la ley pero que pudiera deteriorarse o sufrir daños, después de seis meses, debieran ser subastado.

La siguiente modificación sobre la Ley 20.785 sucedió veintiocho años después y fue a través de la Ley 26.348. Se estableció que las autoridades aeronáuticas que se encargaban del depósito de las aeronaves debieran tratar de subastarlas y/o rematarlas después de seis meses. También en aquella nueva ley, se determinó que los automotores secuestrados, podrían ser compactados y dispuestos como chatarra. 

La última modificación sucedió en el año 2012 a través de la Ley 26.764 que disponía que los depósitos bancarios vinculados a las causas judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejaban de realizarse en el Banco de la Ciudad y serían depositados en el Banco de la Nación.

Acordadas

El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN), y el Ministerio Público Fiscal (MPF) también elaboraron instructivos sobre cómo disponer de los bienes secuestrados. 

En el caso de la institución que nuclea y dirige a los fiscales de la República Argentina, en el año 2009 el entonces Procurador de la Nación, instruyó a los fiscales federales penales para que en los casos de trata de personas les solicitaran a los jueces que se pudiera disponer el uso de los inmuebles vinculados al delito en cuestión para poder dar alojamiento a las víctimas o como futura garantía de una “eventual pena y/o condena pecuniaria conforme lo establece el artículo 23 del Código Penal (reformado por la ley 25.815)”. 

El artículo al que hace referencia la acordada del Procurador -el artículo 23 del Código Penal- determina que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”. En Argentina como en muchos otros países, los procesos penales sobre delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos, etc, pueden demorar algún tiempo antes de alcanzar una condena (para que la sentencia adquiera firmeza, si es que se interponen recursos, puede pasar un tiempo más).

En lo que hace al Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina emitió particularmente dos acordadas. En el año 2013 mediante la acordada Nº 1/2013 creó la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal, obligando a todos los tribunales a inscribir los bienes que son secuestrados para quedar a cargo de la Secretaría General de Administración por intermedio de la Dirección de Gestión Interna y Habilitación y Dirección de Sistemas de la propia Corte Suprema. 

Cinco años después otra acordada -la Nº 2/2018- reconoció que el abordaje del delito con medidas eficaces de recupero reduce el impacto negativo que provoca en la sociedad “especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones del país, en particular la administración pública. En este sentido, con medidas como las que se adoptan relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población. De ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos”.

Aprobó entonces una nueva Reglamentación de los efectos secuestrados y decomisados en causas penales. Allí se exhorta a la rápida venta en subasta de los objetos decomisados para que su producido ingrese a la cuentas de la propia CSJN, se contempla la posibilidad de que ella disponga provisoriamente de los bienes muebles secuestrados -por ejemplo, automóviles- y que, previa tasación, disponga la entrega provisoria a dependencias del Poder Judicial, fuerzas de seguridad o, incluso, entidades con fines de bien público.

Mediante acordadas el MPF y la CSJN realizaron modificaciones y aggiornaron una ley que en sus aspectos centrales los legisladores nacionales no modifican hace más de cuarenta y ocho años. Pero a ello también se suman los decretos presidenciales. 

Decretos

En el año 2011 a través del Decreto 826 se crea el Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio Justicia y Derechos Humanos. En el año 2019 el entonces Presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia N° 62/2019 por el cual se estableció la creación de una conocida herramienta para enfrentar la criminalidad organizada: la extinción de dominio. Sin justo título los bienes pasarían a ser propiedad del Estado, con el objetivo de financiar políticas y equipamientos de las fuerzas de seguridad. El decreto fue cuestionado por haberse dictado excediendo las facultades del Poder Ejecutivo. Estas críticas, sumadas a la falta de consensos, llevó a que la norma tenga poca utilidad.

Dinero, bienes y utilización

En mayo del año 2021, en la República Argentina, según los datos aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hay más de nueve mil bienes -entre dinero, aeronaves, embarcaciones, automotores, inmuebles, armas y diferentes manufacturas- secuestrados por la Justicia Federal. Más del noventa y cinco por ciento de los bienes se encuentran en depósitos judiciales o privados deteriorándose por el simple paso del tiempo, generando pérdidas monetarias (por el alquiler del espacio de guarda, la custodia y otros gastos marginales).

 La sobreacumulación de normas (leyes, acordadas y decretos) traza un escenario de enorme complejidad, poco racional e ineficiente. A ello se suma la transición aún en curso de un paradigma judicial sólo interesado en la detención de personas a otro, impulsado a nivel internacional, donde el acento se pone en la faz económica del delito y en el recupero de los activos criminales. Ese cambio supone no sólo un cambio cultural sino la adquisición de nuevas competencias por parte de los operadores judiciales: el tradicional perfil de jurista se ha vuelto obsoleto. Es por eso que las actuales experiencias de reutilización de bienes secuestrados y/o cautelados son esporádicas, aisladas y responden exclusivamente a la iniciativa de magistrados y magistradas, que junto a exponentes de la sociedad civil, se animan a transitar por terrenos poco explorados, inspirándose en normas supralegales (Constitución y convenciones internacionales).  

La política de recuperar activos está afirmándose día a día. Afortunadamente la masa de bienes recuperados es hoy bastante mayor que la de años anteriores y por eso ha aparecido un nuevo interrogante: qué hacer con ellos. La vigencia de una ley absolutamente desactualizada impide contar con un sistema racional y eficiente de conservación y administración de activos. Como resultado, los bienes secuestrados tienden a ser vistos como un problema más que como una oportunidad. Son excepcionales los bienes que se reutilizaron y que tuvieron a la sociedad civil como protagonista. Por ello es que un grupo de organizaciones argentinas -ACIJ, Circolo Giuridico y Fundación Multipolar- junto a la dirección y la experiencia de la asociación italiana Libera, Associazioni, nomi e numeri Contro Le Mafie, a través del proyecto Bien Restituido (el cual cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea)- decidieron impulsar la aprobación de un proyecto de ley que instale en nuestro país un sistema racional, eficiente y transparente de administración de bienes recuperados. Es el resultado del trabajo de diferentes sectores del Estado y la sociedad civil para alcanzar un amplio acuerdo que permita avanzar en el proceso de enfrentar la criminalidad organizada a través del recupero de sus activos pero con una orientación social, que ponga en un primer plano a la ciudadanía. En épocas donde aparece necesario relegitimar la actuación del Estado, esta iniciativa busca hacerlo de la mano de la gente.

Lo particular de experiencias de reutilización social como las sucedidas en Italia -y replicada cada vez más por otros países- es que inician un círculo virtuoso de empoderamiento y trabajo conjunto entre la sociedad, las víctimas y el Estado, volviendo a regenerar la confianza sobre este último y debilitando, como contrapartida, a las mafias.

*Sebastián Casanello es juez federal; Lucas Manjon es miembro de Libera y coordinador de Bien Restituido

Marco Estrada González, el capo narco que implantó el terror en la villa 1-11-14 fue uno de los pioneros, pero otros continuaron con la modalidad donde la cárcel no es un impedimento para seguir manteniendo el negocio del narcotráfico.

En su caso se comprobó que, estando detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, seguía dando órdenes para mantener el negocio del narcotráfico en la villa de Bajo Flores. Su logística se mantuvo intacta, hasta poco antes de ser finalmente deportado a Perú tras recibir una condena en 2022.

Este fue uno de los casos que expuso la Procuraduría de Narcocriminalidad sobre la delicada situación que se da en varios penales federales de la Argentina, donde los capos narco mantienen intacta su estructura. Sus celdas no son un impedimento para mantener el negocio.

Otro de los casos que expuso la fiscalía especializada, conducida por Diego Iglesias, es el de Mario Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”. A través de teléfonos celulares, cartas escritas de puño y letra encriptadas y las visitas que recibía de familiares, continuaba manejando el negocio de la droga. En su propia celda, se le secuestró una tablet con la cual enviaba y recibía correos electrónicos.

Desde la Unidad 43 hubo otro caso, donde el narco Alejandro González impartió órdenes para mantener el negocio de la droga en la zona Sur, más precisamente el partido de Lomas de Zamora. Llegó a ordenar el asesinato de un miembro de un clan rival.

Otro ejemplo es el de Néstor Rojas, detenido en el penal de Ezeiza, quien ordenó meter un cargamento de droga a nuestro país desde Paraguay mediante el uso de teléfonos celulares.

Más conocido es el caso de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de “Los Monos”, quien impartía órdenes en el manejo de la droga y hasta encargó un secuestro extorsivo. Tenía un teléfono fijo en la Unidad 1 de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Además, cuando estuvo un tiempo detenido en la Unidad 6 de Rawson, daba órdenes por teléfono sobre tareas del narcotráfico.

El informe elaborado por la Procuraduría expone casi una veintena de casos, donde capos narco siguen manejando el negocio de la droga y delitos conexos como las balaceras desde el interior de la cárcel. Mediante teléfonos celulares, tabletas, teléfonos fijos, visitas y otros métodos ingeniosos, siguen manteniendo el negocio y el terror asociado al narcotráfico.

El informe fue hecho a raíz de varias tareas de investigación que se realizaron en los últimos años, y fue entregada al Procurador interino en 2021. Sin embargo, en la situación actual nada cambió, ya que al día de hoy se sigue dando la misma modalidad.

LC con información de agencia NA

Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario y fiscales de esta última ciudad en búsqueda de narcos que siguen operando desde esos establecimientos de máxima seguridad, entre ellos el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Los operativos los hace Policía Federal por orden del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el de Morón, Jorge Rodríguez, en trabajo conjunto con la PROCUNAR, la fiscalía anti drogas a cargo de Diego Iglesias, así como fiscales que investigan el crimen organizado en Rosario que encabezan Matías Edery y Luis Chiapa Pietra. 

La búsqueda de celulares es porque se sospecha que desde esos penales se imparten órdenes para cometer distintos hechos de violencia -Cantero se encuentra en Marcos Paz-, y en este caso en particular se trata de dos hechos recientes: la balacera en noviembre al instituto de Marcos Paz y el asesinato en Rosario de Lorenzo Altamirano, quien fue secuestrado y abandonado en la puerta de la cancha de Newell's Old Boys con disparos en su cuerpo.

Junto al cuerpo de Altamirano, quien fue dejado en el lugar con tres disparos, los asesinos dejaron un cartel: “Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”.

Vinardi, Escobar y Cristian Avalle, este último también mencionado en otro cartel en otra balacera protagonizada ese mismo día, son laderos de Cantero y los tres están presos en Ezeiza. Por eso, parte de los allanamientos consistieron en ir a sus celdas para ver si se da con algún indicio de aquel caso.

En Rawson, están detenidos Leandro “el Gordo” Vilches, Rodolfo Héctor Marini y Alexis Camino, ellos tres pertenecientes a una facción rival, por lo que se sospecha que se está protagonizando un enfrentamiento interno entre distintos grupos de la banda “Los Monos”.

El otro hecho por el cual allanaron a Cantero en Marcos Paz es porque en noviembre pasado al frente de ese penal, en una obra lindante donde se está haciendo una ampliación del complejo, un auto disparó doce balazos lo que fue interpretado como un apriete por la detención allí del líder de la banda narco criminal.

LC con información de agencia NA

La Cosa Nostra tiene más de 100 años de historia. El momento espacio temporal de mayor crecimiento para la organización mafiosa se dio cuando el mercado internacional de las drogas creció en Estados Unidos y Europa Occidental en los 60, y después el cierre de las refinerías de opio en manos de la mafia corsa en los 70.

La clase política siciliana y parte de la política nacional, además de incrementar su nivel de vida con el dinero que comenzó a recibir de la mafia tuvo en ella a una aliada política, inestable pero aliada al fin. La baja participación política siciliana debido a la poca confianza que los ciudadanos meridionales tuvieron -y tienen- respecto del Estado Nacional, convirtió a las redes de dependencia clientelar de la Cosa Nostra en una apetitosa porción de votantes para los partidos políticos en tiempos de elecciones. Pero el desequilibrado acuerdo entre la mafia y algunos sectores del Estado se rompió cuando un grupo de políticos, funcionarios judiciales, periodistas y policías honestos decidieron enfrentar a la Cosa Nostra.

En 1987, un grupo especial de jueces y fiscales -el famoso pool antimafia- logró después de una serie de investigaciones las condenas de casi trescientos mafiosos, incluidos los jefes de la organización. Con esa sentencia se puso en jaque el pacto entre la mafia y los funcionarios corruptos del Estado. Los niveles de violencia antes de ella eran altos pero tolerables para los criterios de la mafia, el sector corrupto del Estado y parte de la opinión pública. 

El acuerdo entre los funcionarios y la organización mafiosa preveía que los primeros se encargaban de evitar que cualquier institución del Estado interfiriera con las actividades criminales de la Cosa Nostra y la segunda aportaba el dinero, los votos y cualquier solución especial a problemas que los funcionarios necesitaban resolver por fuera del Estado de derecho. El acuerdo entre la mafia y los funcionarios era tácito. La mafia sabía que el poder de los funcionarios del Estado era superior y que las sugerencias que le realizaban debían ser aceptadas: por ejemplo, si podían o no cometer un asesinato, si podían o no participar en un licitación pública.

Pero el constante crecimiento participativo de la Cosa Nostra en el sector de la economía y la cultura de la sociedad siciliana llevó a los líderes de la organización criminal a atacar a los funcionarios que antaño fueron sus aliados. El objetivo fue castigarlos y fundamentalmente reemplazarlos por otros funcionarios que pudieran generar y sostener un nuevo pacto. 

Argentina y el mercado

Desde comienzos de siglo, el ingenio y la tecnología destruyeron conceptos históricamente arraigados sobre países productores y países consumidores. Las agencias de seguridad detectaron decenas de laboratorios montados para terminar de producir cocaína o para fabricar drogas totalmente sintéticas.

En el mercado internacional de las drogas, la Argentina sigue siendo preponderantemente un país de paso de la cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa y Asia. La debilidad administrativa y operativa de las instituciones gubernamentales, las extensas e interconectadas vías navegables que el país tiene con otros países de la región y que facilitan el traslado de la mercancía en tránsito, junto a una moneda nacional debilitada respecto al dólar norteamericano, transformaron a diversas regiones del país en importantes centros de trasbordo del mercado internacional de la cocaína. Sin embargo, la casi exclusiva función que las organizaciones criminales internacionales le asignan al país en ese gran mercado internacional no excluye la existencia de un mercado interno nacional.

Los mercados internos de las drogas en todo el mundo se encuentran sujetos al desarrollo económico general de cada uno de los países y de esos países con los otros. Como cualquier sector de la economía, los mercados particulares -legales o ilegales- se encuentran en gran parte atados al desarrollo o el retroceso de la economía en su conjunto. El mercado argentino es pequeño, el legal y el ilegal, por ese motivo el mercado criminal interior nunca fue apetitoso para las organizaciones criminales internacionales. 

El precio de las drogas en Latinoamérica se determina en dólares. Todas las transacciones en el mercado internacional de las drogas -desde los países en donde se fabrican hasta los vendedores mayoristas- se realizan en dólares, pero la venta al por menor se hace en la moneda de mayor circulación interna, en general, la moneda nacional. 

Al comparar el mercado de las drogas en Argentina con los mercados de Brasil y México se reconoce todavía más que el mercado nacional argentino es mucho más pequeño. No solo por la cantidad de consumidores reales y potenciales en cada uno de ellos, sino también respecto a la diferencia en los márgenes de ganancia que en cada uno de ellos se pudiera obtener.

La debilidad del peso argentino respecto al dólar norteamericano no solo tensiona los niveles de ganancia que las organizaciones pueden llegar a obtener, también las obliga a reducir la calidad del producto si es que buscan mantener los márgenes de ganancia previos. Situación sucedida en la llamada “tragedia de puerta ocho”, de febrero de 2022, cuando la cocaína se mezcló con un opiáceo sintético para reducir la calidad y aumentar el volumen disponible..

Pero que el mercado argentino sea pequeño y periódicamente se devalúe, no deja de ser atractivo para las organizaciones dedicadas a la venta de drogas al menudeo en los grandes centros urbanos del país. Durante mucho tiempo, la cocaína que ingresó al país lo hizo desde Bolivia hacía las provincias limítrofes. Pero con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico de origen brasileño, uruguayo y paraguayo, el tránsito de la cocaína se trasladó hacia el este, comenzó a ocupar el río Paraná y lo transmutó en una larga, zigzagueante y serpenteante línea blanca con 28 puertos privados y estatales entre las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Si tomamos como referencia a las investigaciones y sentencias judiciales, hasta comienzos del año 2013, las organizaciones dedicadas al narcotráfico minorista en el departamento de Rosario contaron con un acuerdo de coexistencia y desarrollo con parte de la policía provincial, la política y la justicia; también entre las diferentes organizaciones criminales del lugar. 

La policía santafesina actuó como órgano de contralor de ese pacto. La policía fue la encargada de mantener los niveles criminales en proporciones aceptables. Pero a diferencia de lo que sucedió en Italia, donde la criminalidad también opinaba, en Rosario solo lo hizo la clase política, judicial y empresarial vinculadas a la criminalidad. Pero todo eso cayó a partir de la detención del entonces jefe de la policía de Santa Fe; los acuerdos comenzaron a quebrarse. 

Ante los hechos judiciales, periodísticos y criminales que se desataron después la política respondió nombrando y desplazando en periodos muy cortos de tiempo a diferentes funcionarios en la cúpula de la policía santafesina y del Ministerio de Seguridad. El ir y venir de nombres, el despoder interno y externo que se generó, trajo aparejado problemas mayores: los ciudadanos y funcionarios honestos se encontraron desprotegidos y las organizaciones criminales comenzaron a actuar con mayor autonomía, atomizadas y desafiando al poder coludido del Estado que antaño fue su aliado.

Los subalternos de los subalternos del excomisario desplazado también eran corruptos y también terminaron desplazados. Cada una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se autopercibieron lo suficientemente capacitadas -económica y armamentisticamente- para barrer a sus competidores directos en un mercado que se amplió a cuentagotas pero que se devaluó como una represa fracturada. 

Actualmente, en Rosario, tal como sucedió en otras ciudades del país en 2013 -Cordoba y Tucuman-, las organizaciones buscan establecer un nuevo pacto sobre los condicionantes de la sangre, las balas y la intimidación pública, fundamentalmente sobre las instituciones del Estado. Las organizaciones criminales no tienen problemas para encontrar funcionarios corruptos, pero necesitan que estos tengan el poder suficiente para ordenar el fenómeno de la cabeza a los pies. 

La situación actual en el gran Rosario representa una verdadera oportunidad para articular una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para impedir cambios que podrían ser mucho más difíciles de revertir. 

Es necesario impedir que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se conviertan en “organizaciones criminales complejas” con el poder suficiente de intervenir en una mayor cantidad de aspectos de la sociedad. La situación en Rosario y en muchas regiones citadinas del país es parecida, pero la ruptura del pacto establecido en la ciudad santafecina trae aparejada la posibilidad de impedir el restablecimiento de un acuerdo de coexistencia, control y desarrollo entre las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos del Estado.

En Italia, la Cosa Nostra nunca se propuso ocupar el pleno rol del Estado y mucho menos destruirlo. Las organizaciones criminales son parasitarias, necesitan de un organismo vivo para poder sobrevivir. La mafia siciliana a través de la intimidación pública -asesinatos y amenazas- buscó nuevos y más desarrollados canales de diálogo con los sectores corrompidos y temerosos del Estado italiano. En Sicilia la lucha contra las organizaciones criminales se mantiene vigente. Reforzando el trabajo y la memoria con la que se sostuvo el compromiso y la voluntad de los funcionarios y ciudadanos organizados en esa lucha, trabajando en conjunto para estatuir leyes y mecanismos que le quitaran los bienes a las organizaciones criminales, legislando regímenes penitenciarios especiales para impedir que los mafiosos siguieran cometiendo delitos desde las cárceles y creando instituciones dedicadas exclusivamente a perseguir delitos vinculados a la criminalidad organizada. 

Quizás el trabajo, la lucha y la memoria al otro lado del Atlántico pueda llegar a servir de guía para hacer frente a un fenómeno social que en Argentina todavía se encuentra en estado embrionario.

* Representante de Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie en Argentina Coordinador del Proyecto Bien Restituido

LM/CC

El Salvador - el país más densamente poblado de América continental y uno de los más densamente poblados del mundo- fue etiquetado por años como el más homicida del mundo. En 2015 registró 6.656 homicidios, para una tasa de 106 por cada 100.000 habitantes y el Sistema de Naciones Unidas establece que un país o una sociedad sufre “epidemia de violencia” cuando la tasa supera 10 por ciento.

Su presidente Nayib  Bukele desde el inicio de su mandato, en junio de 2019, expresó su enfrentamiento contra el crimen organizado de las maras e implementó medidas para controlar la violencia y garantizar la seguridad.

El 2021 cerró con 1.140 homicidios, según la Policía Nacional Civil (PNC), para una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra resulta escandalosa en otras latitudes; sin embargo, para el pequeño país centroamericano representó un fuerte descenso, difícil siquiera de imaginar apenas un lustro atrás. 

Los idus de marzo y la guerra contra las pandillas 

La última semana de marzo de 2022 se desató una oleada de violentos crímenes: el 26 de marzo   fue el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador. En consecuencia, el

domingo 27 de marzo, el presidente avalado por  Parlamento promulgó  un régimen de excepción  que dispone la restricción de las libertades civiles (libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones)  y otorga mayor margen de acción a los  poderes de la Policía, para enfrentar la violencia pandillera. 

Bukele -un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que asumió la presidencia e hizo de la seguridad un eje de su campaña- también decretó  “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas que viven en El Salvador. 

El 4 de diciembre, a  ocho meses de la promulgación del estado de excepción -cuya vigencia en principio era de 30 días y luego se extendió con el aval del Legislativo- el presidente Bukele informó por  Twitter que  el “control” de los territorios, por años dominados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, “ya es totalmente del Estado”. La noticia aseguraba el éxito de las fuerzas de seguridad que “cercaron” a la ciudad  de Soyapango, a 12 kilómetros de la capitalina El Salvador. Soyapango, que ocupa el tercer rango en la demografía del país, ha sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la alta presencia de las denominadas maras. De acuerdo con Bukele, “en menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco”. 

El éxito de los recursos del método implementado por el gobierno en su “guerra contra las pandillas”  significa una victoria política para Bukele.  El reclamos de los organismo internacionales de DDHH, que el presidente descalificó o ignoró, no ha influido en el apoyo de los salvadoreñas y salvadoreños a las medidas. Según una encuesta reciente, más de un 75% de los salvadoreños-  9 de cada 10- consideran que la delincuencia se ha reducido. Y de los resultados  de otro sondeo,  un 70 % apoya  la reelección del primer mandatario.   

El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió la Sentencia 1-2021, ampliamente debatido, que abre la puerta a los presidentes del país  a la reelección consecutiva,  a pesar de las prohibiciones constitucionales explícitas, partiendo de la interpretación constitucional orientada a proteger la soberanía popular para decidir sobre la reelección presidencial. 

¿Se inicia una  convergencia regional? 

En Honduras, que  mantiene la elevada cifra en 37 homicidios por cada 100 mil habitantes, el 6 de diciembre su presidenta izquierdista Xiomara Castro como parte del Plan Nacional contra la Extorsión,  promulgó  por  decreto el “estado de excepción parcial” por 30 días con  la finalidad de promover la “seguridad en los espacios públicos” ante la presión de la ciudadanía que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador.

Entre los considerandos sobre  la necesidad de la medida,  “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”; y la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros”, respalda la suspensión de “garantías establecidas en la Constitución de la República”. 

Ante el recrudecimiento de la estrategia de seguridad, debido a un repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, Barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros, el estado de excepción se implementó para el área territorial circunscrito  a determinados  barrios y colonias de la ciudad capital de Tegucigalpa y de  la norteña San Pedro Sula que registran el número más altos de delitos atribuidos a las pandillas.

Según cifras oficiales, más de 58.800 presuntos pandilleros han sido arrestados desde que la medida, que limita las libertades individuales y cerca las ciudades con militares, entró en vigor.  

En el Ecuador, otrora “país de paz”,  la presencia de las mafias del narcotráfico han convertido a esta nación en el mayor puerto de embarque de drogas a Europa, EEUU y en escuela de formación de sicarios que asesinan en cárceles, calles, lugares comerciales. Incluso descuartizamientos a la mexicana de algunas víctimas y bombardeos de cuarteles policiales, gasolineras, vehículos y negocios que, además, deben pagar vacuna para poder funcionar. La violencia se ha concentrado en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados.

Durante en el gobierno del ex presidente, Lenin Moreno (2017-2021) se produjo el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra en un viaje a la frontera caliente con Colombia para investigar la organización del narcotráfico. El crimen perpetrado por el Frente Olivier Sinisterra acrecentó las investigaciones realizadas bajo el mandato del actual gobierno del conservador ultraderechista  Guillermo Lasso y se descubrió el accionar cómplice de narcogenerales como así también como elementos de la seguridad de rangos inferiores.

El presidente Lasso intentó aplicar un estado de excepción similar al de El Salvador, pero de muy magros resultados; la violencia se multiplicó en las calles.  La observación de Bukele “Los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones” si bien no menciona a Lasso ni al país sudamericano, redes sociales y medios ecuatorianos lo han considerado como una crítica al estado de excepción. “El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada”, declaró el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter.

El 7 de diciembre, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness de centroderecha, declaró un estado de excepción generalizado para combatir un repunte de violencia a manos de pandillas, conocidas como “pelotones”. La medida abarca algunas comunidades en la capital Kingston, así como a seis de las 14 jurisdicciones de Jamaica, incluidas las que albergan lugares turísticos populares como Bahía Montego.

“Hemos visto un aumento en la actividad delictiva en estas áreas y, ciertamente, una amenaza a la propiedad y, en algunos casos, desorden público. Es importante señalar que también nos acercamos a la temporada navideña, y esto requerirá del despliegue de recursos aún mayores”, declaró el presidente Holness quien señaló como ejemplo de medidas similares a los gobiernos de El Salvador y Honduras.

Las políticas de mano dura,  ¿el único camino? 

Los controvertidos recursos del método Bukele para frenar el crimen han sido puestos en tela de juicio.Las organizaciones de DDHH coinciden en que “los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”.

En los escenarios con serios problemas de pobreza y desigualdad, la “mano dura” aparece como salida providencial para responder a la inseguridad. Exitossa en copar la conciencia colectiva de la sociedad, la “mano dura”, lejos de ser  un movimiento espontáneo, se apoya en teorías muy cuestionadas como “tolerancia cero”, basada a su vez en la teoría de la “ventana rota”  que sostiene que hay que aplicar la máxima punición contra las infracciones más pequeñas porque se considera que pueden ser el antecedentes de acciones criminales graves. 

La abogada y feminista Erika Guevara Rosas, directora para América de  Amnistía Internacional, sostiene que “una política robusta de seguridad pública solo se logra si se tiene en la mesa una visión integral y un proceso participativo, donde las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas tienen una larga trayectoria y experiencia, lo que les permitirá hacer propuestas integrales”.

Una política de estado que articule  la planificación e inversión en políticas educativas, en servicios públicos de calidad, en fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, en programas de reinserción social, en generación de oportunidades formativas y laborales.  En su conjunto, se deberían abordar  las causas estructurales que llevan a miles de jóvenes a unirse a las pandillas. Entre ellas,  la marginación social y la falta de programas que ofrezcan oportunidades laborales y educativas a expandilleros, especialmente en contextos de desigualdad socioeconómica

AGB

La comunidad internacional ubicó el estado mexicano de Chiapas y supo de la marginación en qué vivían sus moradores el 1 de enero de 1994. El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ponía en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que convertía en un gran mercado único EEUU,  Canadá y México y ese mismo día en el estado de Chiapas se produjo la insurrección liderada  por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que exigía la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Una de las sorpresas que causó al mundo, fue ver a tantas mujeres, la mayoría muy jóvenes entre los insurgentes que tomaban San Cristóbal de las Casas. 

No era la primera vez que la población indígena chiapaneca se rebelaba. Sus antepasados mayas se destacaron entre los pueblos que más habían resistido la conquista de los españoles. En Yucatán y Guatemala no fueron sometidos hasta 1703, y pronto volvieron a rebelarse. En Chiapas organizaron una gran revuelta en 1712, y estos mismos pueblos volvieron a rebelarse en enero de 1994. Contra una violencia renovada e institucional que por décadas se empeñó en destruir su identidad, arrebatarles su dignidad moral y aniquilar su modo de vida.

 El origen de la rebelión de 1994 -que duró 12 días y fue la única vez que el EZLN tomara las armas- también está en el desarrollo de Chiapas durante el siglo XX, que implicó cambios en el modelo productivo agrarista tradicional y el despojo de tierras y trabajo indígena. Menos tierras para más pobres y la ausencia de cauces institucionales que canalizaran sus demandas favorecieron  la organización de una parte de la comunidad indígena bajo el EZLN y su posterior insurrección.

Derechos y Cultura Indígena: Acuerdos de San Andrés

El propósito y justificación de esa acción armada tuvo amplia divulgación cuando el  subcomandante Marcos – cuya primera aparición fue a caballo y pecho cruzado de cananas que evocaba de manera inmediata a la de Emiliano Zapata, héroe defensor del pueblo campesino de la Revolución de 1810-  pronunció   la primera de su Declaración de la Selva Lacandona al pueblo de México:  “Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia y libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias”.  Siguieron otras cinco declaraciones hasta la última en el 2005, antes de que la guerrilla depusiese las armas para convertirse en un movimiento social.

Resultado de la insurrección fueron  la firma entre el gobierno y EZLN de los  no cumplidos Acuerdos de San Andrés en febrero 1996  sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, con el compromiso del Estado a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas que gozarían de autonomía y, en octubre de 1996, la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI). Pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas, con el lema “Nunca más un México sin nosotros” y con el objetivo de la reconstitución integral de los pueblos indígenas. Sin embargo, los  pactos fueron desconocidos por el presidente priista Ernesto Zedillo (1994-2000). Actos de violencia y acosos militares y paramilitares que culminaron con la matanza de Acteal (1997) de 45 indígenas tzotziles. 

Bajo el mandato del también priista   Vicente Fox (2000-2006), EZLN realizó una marcha en silencio por trece Estados de México en apoyo del proyecto, culminando con un acto en el Congreso de la Unión y nuevamente la sociedad civil se movilizó en solidaridad a las exigencias.

Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura indígena fueron rechazados por la clase política mexicana, en consecuencia, el EZLN en el 2003 decidió ejercerla unilateralmente mediante la creación de formas regionales de autogobiernos de las comunidades, Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Se desarrolló un sistema de justicia para zapatistas como para otros miembros de la sociedad, más eficaz que el institucional.  Los Caracoles en palabras de Pablo González Casanova “abren nuevas posibilidades de resistencias y de autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo, una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad y la justicia para todos”. 

Hasta la madre: “Locura organizada y desorganizada”  

Con la asunción del conservador  Felipe Calderón (2006-2012) por el Partido Acción Nacional (PAN), declaración de guerra a las drogas, el ZLN rompió su autoimpuesto silencio y denunció  lo que a su juicio era la “campaña militar psicótica” del presidente. Traducido a la retórica gubernamental: el combate al crimen organizado. El subcomandante Marcos,  refirió a la ofensiva contra el narcotráfico en distintas misivas dirigidas al poeta Javier Sicilia, quien convocó la Marcha Nacional por la Paz com Dignidad y Justicia después del asesinato de su hijo en Morelos  y al filósofo mexicano Luis Villoro. Marcos denunció el “negocio” de la guerra, la destrucción del tejido social del país y exigió  “justicia para las víctimas de esta guerra”. Los  indígenas zapatistas marcharon en silencio por la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, y pronunciaron mensajes en español y en sus lenguas originarias. Una lucha que ya había dejado cerca de 35.000 víctimas y que, según el ejecutivo federal, seguía siendo necesaria; un combate para el que el presidente Calderón decía tener “la razón, la ley y la fuerza” de su parte.

Ay, Chiapas, no te rajes

Después del triunfo en elecciones presidenciales de 2018 del candidato izquierdista del Movimiento de Regeneración Nacional conocido como Morena,  Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el EZLN  publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría. Los zapatistas afirmaron que el enemigo los iba a perseguir y acosar, por lo que urgía una “organización verdadera” que luchara por la vida de los pueblos indígenas.

El CNI y el EZLN han denunciado reiteradamente que el Estado nutre la voracidad capitalista sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos originarios al no respetar sus derechos colectivos, como hoy sucede con la imposición de los megaproyectos del  Tren Maya y el Corredor Transísmico.  

 En septiembre 2021, el EZLN dio a conocer un comunicado  con la desesperada advertencia de que “Chiapas está al borde de la guerra civil”: no tolerará más acciones paramilitares impunes, como el secuestro de dos zapatistas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Y denunciando pactos entre el gobernador Rutilio Escandón del oficialista Morena y el crimen organizado. El mismo mes de septiembre, el CNI denunció el ataque armado a cinco miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, y la infiltración y acoso cibernético ocurridos en una reunión virtual. En ambos casos no hubo respuesta.

El mundo donde cabían muchos mundos ahora bajo los cárteles

Si el Estado a nivel local cuenta con la complicidad de algunos de sus actores, especialmente políticos y   fuerzas de seguridad cuya presencia es muy fuerte en Chiapas desde el levantamiento zapatista  de 1994,  a nivel federal ha dado muestra de desinterés por la violencia.  Utilizando viejos conflictos interétnicos, religiosos o territoriales, algunos grupos indígenas y campesinos fueron armados e instigados a atacar a los zapatistas “Ha sido un proceso profundo de romper el tejido comunitario. Hay una sinergia entre contrainsurgencia y crimen organizado”, sostiene Carlos Ogaz del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

El avance del crimen ha sido avasallante. Los zapatistas, concentrados en su organización política interna, han tratado de frenar la violencia con medidas como prohibir la entrada de drogas y alcohol a sus comunidades; sin embargo, se hallaron cercados por el crimen y debilitados por el constante acoso. Comunidades que anteriormente eran cien por cien zapatistas, ahora están divididas y, a veces, quedan solamente algunas familias. 

Chiapas, una región  rica en agua, biodiversidad y minerales, que  limita a 655 kilómetros con Guatemala es estratégica para la  entrada de drogas, fusiles de asalto y personas para trata. Seis cárteles operan el tráfico de drogas y se tiene identificada la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 y cinco grupos subversivos más. Un informe de inteligencia del gobierno federal revela que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pelean por el control de los municipios cercanos a la costa del océano Pacífico y fronterizos con Guatemala. Uno de los epicentros de la violencia, San Juan Chamula, sede del cártel indígena del mismo nombre, se dedica al narcomenudeo, la piratería, el tráfico de armas y de personas y a la distribución del “etnoporno” y está enfrentado a los Motonetos, un grupo de autodefensa creado por el hermano de un antiguo presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, que se dedica hoy a la extorsión.

AGB

El trágico episodio no es un hecho aislado. Según  cifras oficiales, desde el inicio de 2022 se han registrado 197 eventos con artefactos explosivos. Y el 49 por ciento ocurrieron en la ciudad de Guayaquil con 2,8 millones de habitantes y los cantones vecinos de  Durán y Samborondón.

Ecuador, que una década atrás  no era país productor de droga sino de paso y distribución de la misma, tiene en Guayaquil - que por su emplazamiento geográfico es un lugar privilegiado para las redes criminales provenientes de Colombia, Perú, México, Brasil y aun Bolivia- un importante centro de almacenamiento de droga, en parte  originado por la de la pandemia, de procesamiento y distribución.

Por tercera vez en poco más de un año de gobierno, el presidente centro derechista Guillermo Lasso declara el estado de excepción en Ecuador por 30 días. La última ocasión fue en abril, cuando en paralelo se registraron también ataques con explosivos.

La analista política Carolina Andrade, de la Red de Politólogas “No sin Mujeres” declara que en las provincias de El Oro y Los Ríos, ambas en la región litoral, se ha observado un gran avance del crimen organizado. “Personas de esas zonas fueron desmembradas y colgadas en puentes. Estos hechos no se veían antes aquí y solo se conocía de otros países, como México”. Detrás de este último atentado se presume la presencia de  las bandas ecuatorianas Los Tiguerones, Los Lagartos o Los Choneros, -cuyas disputas por el control del territorio provocaron en noviembre 18 muertes en el penal del Litoral-  que cumplen un rol de proveedores a los mercados internacionales vinculados a los cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas – la última fronteriza  con Colombia- existe un común denominador, sostiene el politólogo César Ulloa-Tapia: “Las tres tienen puertos, es decir, son lugares desde donde se transporta droga. Pero esta ola de violencia, que se ha agudizado en los últimos tres años, no solo abarca la comercialización de la droga, sino también de sicariato”. Además, no hay que olvidar que estamos ubicados entre los mayores productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú“.

Solución  parche

Por tercera vez, el presidente  Lasso declara el estado de excepción por 30 días. La última fue en abril, cuando en paralelo se registraron también ataques con explosivos.

La medida es cuestionada por especialistas sobre el tema, quienes sostienen que la ineficacia de la misma  en tanto el estado carece de estrategias adecuadas para controlar el crimen organizado y desarrollar tareas de inteligencia y prevención. A la precariedad señalada, se suma   la débil institucionalidad existente en el sistema de Justicia y la complicidad de las FFAA y la Policía.

Se reclama con urgencia una estrategia “de intervención integral con presencia efectiva del Estado, con ministerios, como el de Inclusión Económica y Social, mientras se fortalecen las capacidades a nivel de inteligencia e investigación especial” sostiene Andrade.

AGB con información de agencias y medios

Paola Di Nicola Travaglini trabaja en la Justicia italiana desde 1994. Desde 2010, es jueza penal en el Tribunal de Roma y actualmente en el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación. Allí, revisa las sentencias de otros magistrados del fuero, en un país marcado a fuego por las mafias, el crimen organizado y la violencia. “En el clan mafioso las mujeres no tienen libertad, ni dignidad, ni autonomía”, asegura en una entrevista con elDiarioAR, en Buenos Aires, donde estuvo esta semana para exponer su experiencia con jueces y fiscales argentinos. “La violencia contra las mujeres está arraigada en todos los lugares y en todos los contextos, pero en los lugares de la mafia es aún más profunda y es en esos territorios donde la violencia no es denunciada por las mujeres”, afirmó. 

A lo largo de su trayectoria, Di Nicola Travaglini ha podido estudiar cómo el Poder Judicial italiano investiga y juzga la violencia contra las mujeres en los contextos y territorios gobernados aún por las organizaciones mafiosas y este martes expuso sobre su experiencia frente decenas de jueces y fiscales argentinos en una jornada organizada por asociaciones de la sociedad civil, lideradas por Libera, la red antimafia en Italia, que busca promover en Argentina un sistema para que los bienes decomisados a las organizaciones criminales -del narco a la trata de personas- sean devueltos a la comunidad con fines sociales.

También fue asesora jurídica de la comisión de femicidios y todas las formas de violencia de género del Senado italiano, es autora de numerosas publicaciones y fue galardonada con premios por su compromiso con la lucha de las mujeres en su país y en el mundo - Premio de la Unión Europea “Mujeres que inspiran a Europa” en 2014-. En las mafias, las mujeres representan una paradoja que los jueces italianos no han podido o querido detectar, asevera Di Nicola Travaglini: “Es gracias a las mujeres que se perpetúa el sistema mafioso. No valen nada para la mafia, pero lo son todo para la mafia”. Explicará por qué. 

Si leyéramos los indicadores evidentes, visibles y claros de la violencia machista contra la mujer, inmediatamente seríamos capaces de romper la estructura mafiosa

De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el rol de las mujeres en la lucha contra las mafias?

Tanto las mujeres que culturalmente se integraron a esa asociación delictiva, como las que no se integraron y se rebelaron, ambos tipos de mujeres son víctimas de la violencia mafiosa porque en el clan mafioso las mujeres no tienen libertad, ni dignidad, ni autonomía. Ninguna mujer elige libremente no ser libre, no ser autónoma. Entonces, en cualquier caso, no se puede considerar que tengan un papel en el que hayan decidido quedarse. Aunque sé que las mujeres mafiosas a veces son las más vengativas o violentas en comparación con las que violan la regla. Una mujer que rompe la regla es una mujer que te da la perspectiva de que la libertad existe. Entonces, si mantengo la regla, soy reconocida por el clan y soy reconocida por el contexto social. De hecho, son sagradas. La madre. El papel de la madre sacra no es sacro en absoluto. Las mujeres son un horno que hace niños para la mafia, no para crear una alianza de cariño y amor. Entonces, si respeto los dictados, las reglas de la mafia son reconocidas por la mafia por dentro y por fuera. Si no los respeto, rompo un montaje por dentro y por fuera.

Durante su exposición en la jornada explicó que existe una relación particular entre la presencia de las mafias y la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es este nexo y por qué se produce?

La violencia contra las mujeres está arraigada en todos los lugares y en todos los contextos, pero en los lugares de la mafia es aún más profunda y no es denunciada por las mujeres. Se considera un dato de normalidad. Es normal que una mujer que vive en un clan mafioso no sea libre. Es normal para todos, para la sociedad, obviamente para el clan y también para los magistrados. Este es el verdadero problema. En las familias mafiosas las mujeres no valen, no son seres humanos. Las mujeres son objetos que sirven para reproducir la mafia, son contenedores que sirven para hacer hijos, un vínculo que las llevará a estar vinculados a la familia mafiosa para siempre. 

¿Cómo se traduce esa falta de libertad en la vida cotidiana?

Una mujer que no puede salir de una familia mafiosa, que no puede trabajar, a quien no se les permite salir de casa y no se le permite teñirse el cabello cuando los hombres están en prisión porque tiene que sufrir como el hombre que está encerrado en la cárcel. El consenso, la autonomía, la independencia no pertenecen realmente a la cultura mafiosa. Practicar un deporte, estudiar, decidir tener novio, vestirse como quiere es todo lo que una mujer de la mafia no puede hacer. Pero esto no sucede porque haya celos, porque es una manifestación de amor por la familia o por la madre o la hija. No, es un error muy grave interpretar eso. Las mujeres son objetos de poder y punto. Se utilizan para crear alianzas. Se utilizan para demostrar la virilidad. Sirven para demostrar la sexualidad masculina que no pregunta, por lo que es la máxima representación del poder. Pero el Poder Judicial, en mi opinión, no lee estas señales. 

¿Qué sucede con los niños y niñas en este contexto?

Los niños son una cadena. No son un momento de liberación para las mujeres de la mafia, son un vínculo definitivo con el clan, al igual que los matrimonios, que son obligatorios. Una mujer es entregada como objeto al clan u otra familia. Las mujeres sirven para crear la relación y crear el vínculo entre las familias, las alianzas de la mafia. Y nuestra lectura errónea y estereotipada de los magistrados se basa en el prejuicio de que las mujeres de la mafia no valen nada porque interiorizan lo que la mafia impone. Las mujeres de la mafia escuchan todo, lo saben todo, conocen los caminos y son depositarias de la cultura mafiosa. Es gracias a las mujeres que se perpetúa el sistema mafioso. No valen nada para la mafia, pero lo son todo para la mafia. Porque los hombres de la mafia no existen, en el sentido de que no están físicamente ahí. Los mafiosos están prófugos, están escondidos, están en prisión. Los niños, las niñas ni siquiera saben cómo es el padre o el abuelo. Nunca los han visto. En algunos casos, por tanto, el mafioso vive en las palabras, en las historias que cuentan las madres. Si las madres rompen esta cadena y ya no cuentan esas historias de los “héroes de la mafia” rompería la estructura mafiosa que se basa exclusivamente en el simbolismo del poder. Pero el Poder Judicial todo esto no lo lee porque lo lee en un momento final.

El papel de la madre sacra no es sacro en absoluto. Las mujeres son un horno que hace niños para la mafia

¿Cuándo llega ese momento final?

Cuando la mujer se escapa, se lleva a los niños. Cuando la mujer se rebela, cuenta lo que sabe a los jueces. O decide ayudar a su marido mafioso y por eso esconde las armas y por eso lleva mensajes. Cuando la mujer se suicida porque ya no soporta. La verdad está disociada. Todo esto sucede al final. El Poder Judicial debe leer todo lo que está en el día a día de esa mujer, que no es vida: es esclavitud. Si leyéramos los indicadores evidentes, visibles y claros de la violencia machista contra la mujer, inmediatamente seríamos capaces de romper la estructura mafiosa. Creemos como jueces, policías, carabineros que la ausencia de libertad de una mujer es un hecho normal.

¿Cómo se investigan los delitos de género en una investigación donde el eje principal es la mafia o una organización criminal, por ejemplo, dedicada al narcotráfico?

Primero, los magistrados e investigadores necesitan saber qué es la violencia de género. Quien trata con la mafia no tiene idea. No tiene idea de lo que es la violencia de género, la minimiza. No conoce los indicadores. Entonces, antes que nada, los involucrados en la lucha contra la mafia necesitan conocer el fenómeno de la violencia de género, que es diferente al fenómeno mafioso, y tiene herramientas de lectura que son sobre todo culturales. Entonces si soy juez o carabinero y creo que es normal, tonto, que se debe a los celos o que es acertado que una mujer no salga o no vaya a una fiesta porque su esposo o novio no quiere, nunca interceptaré el fenómeno de la violencia, porque culturalmente vivo en un contexto en el que la discriminación de género es normal. La mafia lo lleva todo al extremo. Pero eso es otra cosa. Así que el primer tema es la formación. En base a eso, la investigación concierne tanto a la búsqueda de fuentes, pruebas, pistas útiles, interceptando la asociación mafiosa. Y en esto en Italia somos maestros, lo enseñamos por todo el mundo. Pero nos falta el segundo eslabón que es el de descifrar la violencia de género. 

Según su experiencia, ¿cómo es el trato del Estado italiano hacia las mujeres que denuncian a la mafia? 

Se las reconoce, se las fortalece, se las protege, se las valora porque ese testimonio es muy útil, porque es un testimonio que viene de las que todo lo han visto, de las que todo lo han oído y de las que son las portadores de una cultura y por lo tanto nos permiten leer el fenómeno de una manera muy integral. 

¿Es el mismo tratamiento que el Estado italiano les da a las mujeres que denuncian violencia de género?

No, absolutamente no. Y digo absolutamente que no. Porque en el contexto social y cultural italiano, ante todo, a las mujeres no se les cree. Las mujeres continúan siendo descendientes de Eva. Pecadoras que mienten, que exageran y que utilizan la denuncia para intereses no especificados. No se le cree. Pero no solo en Italia, sino en cualquier parte del mundo, las mujeres que denuncian son una de cada diez. Nueve no denuncian porque saben que no se les cree. Las mujeres siempre han percibido al Estado como un enemigo, al Poder Judicial como un enemigo. Porque han visto en su experiencia que aunque las leyes existen, si las hubiera, esas leyes con respecto a esas mujeres no se aplican porque no hay perspectiva de género. Porque los hombres y mujeres ante los que denuncian siguen teniendo una identidad cultural en la que la discriminación es normal. En Italia, tenemos una legislación muy potente para combatir la violencia de género, muy potente, pero mal aplicada.

¿Por qué está mal aplicada?

Porque no tenemos formación sobre discriminación de género. Hombres y mujeres sin distinción. Mi formación es personal, la puedo tener porque he leído libros, porque he recorrido un camino. Pero la mayoría de las mujeres en el Poder Judicial, así como los hombres, no están capacitados para reconocer la discriminación y, por lo tanto, la violencia.

¿Qué hace actualmente el Poder Judicial italiano para cambiar esto?

Está probando. Está ensayando una Escuela Superior de la Magistratura. Pero no tenemos formación obligatoria en Italia y por lo tanto si la formación no es obligatoria y se deja a la responsabilidad del individuo, significa que se cree que el fenómeno no debe ser adecuadamente contrarrestado porque los especialistas no están formados para leerlo. En la lucha contra la mafia, sin embargo, esto se hizo.

Usted explicó que las mujeres tienen un rol determinado. La madre, la hija, la novia, la esposa. ¿Ha visto casos de mujeres que tomaron cargos jerárquicos en la organización mafiosa, que han crecido en organizaciones criminales en cuanto a poder?

Sí, hay diferentes tipos de experiencia. Puedo decirle que la mayoría de las mujeres se convierten en líderes cuando los hombres están prófugos o van a la cárcel y no hay ningún varón que sea capaz de tomar el relevo. El modelo de reemplazo. Así que siempre es una elección subordinada. Tuve un caso de un clan importante en Roma, en el que el hombre fue a prisión. Tenía una hija y la dejó a cargo de sus intereses criminales. Era una asociación de narcotraficantes y la hija tenía que ganar dinero. Era la hija del capo pero esto no era suficiente porque era una “hembra”, en el sentido biológico. En contextos mafiosos “la mujer” no existe, cuando hablas de madre, hija, hermana, es porque la mujer no existe como tal sino en relación a un rol familiar. Esta joven tomó las riendas en la cúpula de la asociación criminal y para demostrar que era apta para el rol, ella se comportó de forma mucho más violenta que su propio padre. Frente a narcotraficantes que no devolvían toda la droga o frente a delincuentes que no respetaban las reglas internas del clan, ella los hizo arrodillarse en el suelo frente al supermercado con el arma apuntándole, diciendo: “Pidan perdón, pidan perdón, besen mis pies”. Cuando se reúne con su padre, que estaba en la cárcel, que sabía cómo estaba manejando el clan, le dijo: “Cálmate ¿por qué haces esto?” Tuvo que hacerlo porque ella era mujer. Si hubiera sido el hijo, su presencia, su poder simbólico, era suficiente. 

Si un porcentaje del dinero incautado por el Poder Judicial se le diera a las mujeres para sus caminos de autonomía, la mafia se quedaría sin esa agua en la que crece

Habló de rebeldía. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a las mujeres a tomar distancia de las familias o denunciar a la mafia?

Lo hicieron por amor, amor por sus hijos, amor por sí mismas, amor por otro hombre. El amor. 

¿Qué pasa con los hijos e hijas cuando la mujer madre se rebela? 

También hay varias situaciones diferentes. Ayer Don Ciotti contó una experiencia de Libera en territorio calabrés en el que eran siempre las mismas familias y el modelo mafioso se perpetuaba por generaciones. El recién nacido no tenía esperanza. Entonces los magistrados empezaron a entender que para romper este mecanismo, la única posibilidad para los niños y niñas era ir a otra parte. De lo contrario, estos niños y niñas se habrían rendido a una realidad criminal sin fin. Decidieron experimentar con el consentimiento de las madres, quitar la responsabilidad parental a los padres y confiar estos niños a familias lejos de Calabria a través de Libera. Las mujeres se mostraron muy generosas porque como esclavas sabían a qué tipo de esclavitud se enfrentarían sus hijas e hijos, y prefirieron entregarlos para liberarlos de la esclavitud. La mafia es esclavitud. 

“Luego hay otras experiencias -explicó Di Nicola Travaglini- de mujeres que se escaparon con sus hijos, pero fueron encontradas. Otras, en cambio, han sido protegidas por el poder Judicial, han cambiado de identidad con sus hijos, se han ido a otros lugares. Pero los niños no siempre aceptan este tipo de elecciones. De hecho, hay situaciones en las que los niños mayores no aceptan la elección de la libertad y la ruptura del mecanismo porque el mecanismo otorga identidad. Y así, cuando el mecanismo falla, tenemos una nueva identidad en la que reconocernos. Si hay un orden social, cultural, de acogida y de restitución de esa pobreza a la que estos niños y niñas han sido forzados, entonces sí, hay otra identidad. Pero si todo esto no está ahí, la identidad se pierde sin encontrar otra. Y entonces es mejor quedarse con la identidad precedente”.

Puedo decirle que la mayoría de las mujeres se convierten en líderes cuando los hombres están prófugos o van a la cárcel y no hay ningún varón que sea capaz de tomar el relevo. El modelo de reemplazo

¿Cuál es el rol que juega la autonomía económica en esa búsqueda de rebelión de las mujeres de la mafia?

Y aquí entramos con la famosa ley de bienes decomisados ​​y devueltos a la comunidad. Los esclavos, se rebelen o no, no tienen capacidad económica propia. Si las mujeres tuvieran autonomía económica y lugares físicos donde ir, lugares restituidos, ciertamente se convertirían en una herramienta aún más poderosa para la implosión de la mafia. Lamentablemente esto no se ha entendido del todo porque nuevamente se hace una lectura de las mujeres de la mafia ya sea como rebeldes o como sometidas, sin entender su rol poderoso. Son la verdadera herramienta para sacudir a las organizaciones mafiosas, pero los jueces no lo ven. Si un porcentaje del dinero incautado por el Poder Judicial se le diera a las mujeres para sus caminos de autonomía, la mafia se quedaría sin esa agua en la que crece. Si las mujeres ya no permiten las alianzas entre familias porque deciden no casarse, si las mujeres ya no tuvieran hijos con la mafia, es decir, todas las opciones de libertad y autonomía que sólo puede hacer una mujer que tiene habilidades económicas y culturales, digamos culturales.

Usted suele decir que hay dos cosas que deben desterrarse entre jueces y fiscales: prejuicios y estereotipos ¿Cuáles son los más urgentes y cómo se destierran?

Los estereotipos y los prejuicios judiciales existen en Italia y en el mundo. Los convenios internacionales los contemplan porque existen. Los prejuicios y estereotipos afectan la imparcialidad de los jueces porque un juez que tiene prejuicios arraigados culturalmente en sí mismo no es capaz de leer los hechos, es incapaz de emitir juicios autónomos, libres e independientes. Los principales son que las mujeres mienten, que las mujeres exageran. Que las mujeres utilizan las denuncias. Que las mujeres son frágiles, que necesitan protección. Que los hombres son violentos, que tienen una sexualidad incontrolable, que no se les puede contradecir porque si no les da tanta pena que reaccionan golpeando, que no pueden estar solos o ser abandonados por su pareja. Todo esto son estereotipos y prejuicios que encontramos en las sentencias de jueces de todo el mundo y que leen, por ejemplo, un femicidio como el rapto final de un celoso. ¿Por qué no miran la violencia precedente? Porque una lectura estereotipada es una lectura que evita confrontar la discriminación y la relación de poder. Los estereotipos deforman los hechos para doblegarlos al estereotipo, al prejuicio subjetivo del juez, quien, al expresar una palabra pública en nombre del Estado, oficializa ese prejuicio y ese estereotipo. De modo que, no sólo en ese caso, sino en todos los casos siguientes, la conducta de ese hombre quedará impune. 

ED/CC