Análisis

Ecuador: cuando el estado de excepción despunta como regla de gobierno

Imagen cedida por la Presidencia de Ecuador del 1 de noviembre de 2022 del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, liderando un Puesto de Mando Unificado en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en el marco de una jornada de violencia, en la ciudad de Samborondón, en la provincia de Guayas, Ecuador. Lasso declaró el martes el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, tras registrarse 12 atentados con explosivos en el marco de una jornada de violencia que dejó dos policías asesinados y daños en varias unidades policiales.

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Una escalada de violencia y crímenes campeó sobre las ciudades ecuatorianas de Guayaquil, Durán y Esmeraldas  en medio del puente festivo que arrancó el último jueves de octubre hasta el domingo por el Día de Difuntos (2 de noviembre) y la conmemoración de la Independencia de la ciudad andina de Cuenca (el día 3).La mañana del lunes 31 de octubre, en Esmeraldas, ciudad capital de la provincia costera con el mismo nombre, amaneció con dos cadáveres colgando de un puente peatonal en pleno centro de la ciudad. Las 24 horas siguientes se registraron al menos 18 atentados con explosiones y balaceras en Esmeraldas y Guayaquil, que incluyeron daños a las Unidades de Policía Comunitaria. Los negocios cerraron, algunas  escuelas suspendieron las clases y la gran parte de la población  se refugió en sus casas en tanto  sucedieron atentados explosivos, asesinatos y enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de las cárceles y los reclusos.  El desencadenante de esta violencia en permanente latencia, que se volvió patente otra vez mas, fue la resistencia de los internos de la Cárcel Número 1 conocida como la Penitenciaría del Litoral  en la ciudad de Guayaquil en la provincia de Guayas a ser trasladados a otros recintos.

“Dijimos que no nos temblaría la mano y no nos tembló. La estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad” informó por televisión, el 3 de noviembre, el presidente conservador Guillermo Lasso, en una suerte de evaluación del operativo a cargo de la Policía Nacional, las FFAA,  y el SNAI para recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral. Un total de 1200 reclusos,   entre el 1 y 3 de noviembre según datos del  Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). 

El discurso oficial  del Palacio de Carondelet, sede del gobierno y de la presidencia de la República  en la ciudad de Quito, justifica los traslados como la solución o al menos la reducción del  problema acuciante de  hacimiento de los penales. El Ecuador tiene 17 millones de habitantes y una población carcelaria de 39.000 reclusos distribuidos en 53 cárceles habilitadas solo para 30.000 detenidos.

En las calles y en las cárceles

“Los traslados hacen como si fuese un corazón que expulsa sangre es irrigar el problema de las pandillas al resto de las cárceles” sostiene Luis Córdova,  doctor en Ciencias Políticas y director del programa de investigación Orden Conflicto y Violencia radicado en la Universidad Central del EcuadorSi los traslados coinciden con las pandillas que tienen bajo control esos recintos, es muy probable que no sucedan las feroces reyertas que el discurso oficial atribuye a la economía rentable que significa la cárcel  sin contemplar las bien existentes estructuras sicariales. Muchas de las organizaciones contratan sicarios y en consecuencia, el descontrol de la violencia es mayor. Los sicarios en caso de ser detenidos necesitan la  protección de  ‘amigos’; no tenerla pone en riesgo su vida a manos de quienes les cobrarían las muertes por ellos cometidas.

Más de 25.000 presos guardan pertenencia a las bandas criminales del país;   y las FFAA del Ecuador apenas superan en 10.000 efectivos al número de los integrantes de las lideradas por Los Choneros y Los Lobos ambas en mutación - ‘efecto cucaracha’ se dice en Ecuador- de convertirse en cárteles. Todos los operativos antinarco debilitaron las estructuras de los rivales de Los Choneros y el asesinato del “patrón” Leandro Norero que financiaba a Los Lobos el 2 de octubre pasado, en el enfrentamiento de Latacunga, tuvo como móvil posiblemente devolver la  hegemonía a Los Choneros y conseguir así que sean ellos los que garanticen la paz en las calles y en las cárceles.

El narcotráfico, el contrabando de armas y una presencia cada vez más activa de crimen organizado transnacional conforman un mapa de la situación actual. Ecuador con su puerto de Guayaquil ha sido históricamente un país de tránsito, tanto en la compra-venta de armas entre EEUU y Sudamérica, como en el narcotráfico regional e internacional. Durante años, las  pandillas locales y organizaciones criminales transnacionales habían optado por un cierto perfil bajo, que se veía reflejado en niveles de violencia e inseguridad también relativamente bajos, en los últimos tiempos estos grupos han adoptado mayor y creciente visibilidad, junto con la aparición de nuevas estructuras criminales en pugna  por el control de los mercados y de los territorios que se ha generalizado en algunas provincias del país.

Los estados de excepción por sí solos nada solucionan

La respuesta del gobierno fue el martes 1 de noviembre decretar el estado de excepción -por el término de 45 días- a las costeras Esmeraldas y Guayas y casi inmediatamente, el  viernes 4, decidió extenderlo a la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas,  azotadas por una oleada de atentados y ataques del crimen organizado.

En septiembre de su primer año de gobierno, Lasso lo había implementado para  los centros penales, a consecuencia del  amotinamiento en Penitenciaría del Litoral, que dejó 119 reos fallecidos y 80 heridos: la mayor masacre de la historia carcelaria de Ecuador y una de las peores de América Latina que fue seguida por cuatro amotinamientos más en los  centros penitenciarios de LatacumbaCuenca y Guayas con un saldo de 282 muertes.

La misma medida fue decretada en abril en las provincias costeras del MayasGuanabí Esmeraldas  con la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares. No detuvo   una alarmante serie de episodios nunca antes vistos, tanto los coches bombas atribuidos a bandas del narcotráfico como las continuas denuncias  de extorsión y amenazas a los locales comerciales en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, escenario de la ausencia de seguridad estatal en zonas empobrecidas bajo el dominio del crimen.

Los episodios recientes muestran con claridad que medidas de esta índole no son eficaces para evitar las explosiones de violencias. Y si no han funcionado antes, resulta muy difícil por no asegurar que imposible que ahora puedan contener la espiral violencia ascendente y al parecer incontenible. Por el contrario, alimenta la violencia, así  asegura Córdova “genera pánico social, genera miedo y esto le facilitados propósitos en términos de gobernanza: control social y disuadir protestas sociales” como las lideradas en junio por Leonidas Iza el mayor dirigente indígena de Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). 

El Gobierno hasta ahora no ha mostrado disposiciones para superar la pobreza y  la indigencia de los sectores más pauperizados de Guayaquil y de Esmeraldas “que son los que alimentan a estas enormes pandillas que ahora ya se han tomado las ciudades”. Por el contrario, reitera las medidas de violencia institucionalizada que de no operar en el marco democrático aumentará el temor de la ciudadanía ya no por las acciones de las pandillas sino por lo que eventualmente podría llegar a hacer el Estado despareciendo personas o asesinándolas. 

La vía posible para resolver esta acuciante situación compromete tres factores: sistema de inteligencia estratégica y prospectiva que anticipen lo que puede ocurrir, no solo con el crimen organizado, sino en general con los actores de la sociedad; un programa de inclusión económico-social que permita disminuir las brechas de desigualdad que es de donde se alimentan los grupos criminales para reclutar sicarios, narcotraficantes, y microtraficantes y política de fortalecimiento a las instituciones del sistema de seguridad y estas instituciones no solo son Policía y FFAA, sino también la Administración de Justicia. La naturaleza de los hechos sucedidos obliga a preguntarse cuál es la capacidad y responsabilidad de las FFAA a quien le corresponde el control del ingreso al país y distribución de las sustancias químicas necesarias para la fabricación de los explosivos. Lo mismo para las armas.

 

Poder político vs narco poder

El gobierno de Lasso declaró sus enemigos a los narco -sin decir nada acerca de otras economías ilegales, como la minería ilegal, la tala de bosques ilegales y contrabando de armas- desconociendo la responsabilidad del Estado en las deplorables condiciones habitacionales, sanitarias y alimenticias de los penales. De las medidas adoptadas por el gobierno, ninguna contempla  mejorar el sistema carcelario y sus recursos: la mayor parte del presupuesto (76%) esta destinado al pago de salarios del SNAI y es menor al de 2019.  

El presidente Lasso ha reiterado su intención de “actuar con dureza” y nuevamente ha justificado  la debacle de su gestión  en la hipótesis de que la violencia ha recrudecido porque su gobierno está atacando al crimen organizado. “Antes de nuestro gobierno la narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país, hoy la narcodelincuencia se siente incómoda. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo”, dijo el 3 de noviembre y al día siguiente – como lo ha dicho antes- remitiendo a supuestos pactos entre el gobierno del expresidente Rafael Correa y las bandas narcodelictivas, argumento no creíble incluso a los más críticos del correísmo por lo banal.  

AGB

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