Un vaciamiento de la democracia

El fallo contra Cristina Fernández de Kirchner señala una proscripción que, a través de Cristina, es también la proscripción de la posibilidad misma de oposición política dentro del sistema institucional. En ese sentido es un nuevo punto de inflexión en el tipo de gobernabilidad estructurada por la ultraderecha en el poder. Debemos leer ahí, de hecho, un modo de anulación de la forma democrática electoral, lo cual expresa una enorme desinhibición del poder económico concentrado al punto que decide prescindir del régimen político liberal. El orden político ya no presenta diferencia con el bloque de poder: es el orden de un esquema de negocios monopolizado por pocos sectores rentisticos (financiero, extractivo e inmobiliario) que ya no requiere ámbitos de negociación.

Hay sobrada evidencia de la influencia de la Cámara de Comercio de EE.UU., del FMI y del buen recibimiento, como se dice, de los mercados al fallo. Lo que en un texto colectivo llamamos la “geopolítica del texto de la condena” es esa y se completa con el festejo de Milei desde Israel, en medio del genocidio contra el pueblo palestino.

Sabemos que la democracia en el marco del capitalismo siempre sobrevive gracias a mantener sectores de la población en condiciones no-democráticas. Pero la democracia, reabierta una y otra vez como terreno de conflictividades múltiples, es el esfuerzo por contrarrestar y volver ilegítimas e intolerables esas situaciones. Eso ya no es así con las ultraderechas gobernando, al punto que son ellas las que radicalizan la indistinción entre economía y política y, por tanto, prescinden de las condiciones democráticas de las disputas.

Por esto mismo, esta coyuntura no puede tener una pura resolución electoral, es decir, acto seguido pasar a discutir cómo se reacomodan internas y listas, normalizando o pasando por alto el significado de fondo de la proscripción contra CFK. Incluso la estrategia que se rumorea del voto en blanco o que se llamaría a no votar (reclamando tácticas históricas) sin una organización de la oposición que tome en serio lo dramático de lo que acontece puede ser también subsumida en un tacticismo electoral disperso y fragmentado.

Ya hay síntomas varios de este vaciamiento democrático y desde hace rato, por supuesto. Algunos de ellos: los resultados electorales magros del oficialismo que sin embargo no le quitan poder ni iniciativa política y, luego, un ausentismo que no genera preguntas de fondo sobre las razones de la desafección generalizada con las urnas. Es obligatorio, y no meramente un recordatorio, inscribir esta escena del fallo en la secuencia del intento de magnicidio de hace tres años contra CFK. No solo por las razones que plantearon los titulares mediáticos sobre el enlace entre bala y sentencia. Sino como alerta de cómo aquella situación fue banalizada en el sistema político y realmente devaluada. Lo que sucede con su investigación es prueba de ello.

¿Qué más puede pasar? Todo depende de lo que suceda en las calles, en los cortes de ruta, en las convocatorias a paro, en cada acción que contribuya a la interrupción de la normalización de este hecho, a la absorción de este nuevo punto de inflexión en la velocidad de la coyuntura y la crisis económica que gobierna con la imposición de la emergencia de cada día.

La tarea de confluencia entre sectores en conflicto —que, sabemos, no son solo sectores organizados: son también familias, pacientes, vidas desarmadas por la precariedad, existencias en riesgo por el nivel de violencia clasista, machista y racista cotidiana— tiene en la calle un lugar irremplazable. La lucha de lxs jubiladxs, la convocatoria transversal del 4J —a propósito de los 10 años de Ni Una Menos— de los transfeminismos junto a trabajadorxs de la salud, de la educación, de los derechos humanos, del reclamo por la emergencia en discapacidad, de hinchadas antifascistas, ha sido un ejercicio clave, que se repitió en cierta manera este miércoles pasado. Pero no está claro de qué manera esa composición, articulación y encuentro puede tomar formas efectivas de deliberación, decisión y acumulación de fuerza. La pregunta es por cómo hacer ese entramado.

Esa es una interrogación decisiva ante la ausencia de otras instancias (otrora representativas) que no asumen esa tarea. Hay un atajo por parte del sistema político: reducir la calle a una estrategia electoral, descartarla en su capacidad de llevar a fondo las preguntas de cómo se han consolidado las condiciones que hacen posible semejante nivel de crueldad, de angustia y de odio para hacer frente al empobrecimiento acelerado.

La propia Cristina comenzó en los últimos discursos a hablar de que esto no se sostiene, de que este modelo no aguanta (el cálculo hasta hace un tiempo nomás era 2027, parece que ya no). O sea, que el razonamiento es que el aguante por deuda sin control en el que está embarcado el Gobierno es insustentable. No sabemos si ese modo de garantizar rentabilidad a los sectores concentrados —que seguro implicará recursos para la propia maquinaria electoral que sostiene a LLA, como ya lo explicitó el propio FMI— no es ya un modo de duración, asentado en una velocidad que no calcula riesgos.

Menos aún se sabe calcular cómo impacta en ese aguante el esfuerzo cotidiano de sobrevivencia que sostiene a millones de personas frente a la inflación, la pérdida de ingresos, los aumentos descontrolados y la caída en situaciones desesperantes. Es esa energía la que claramente no se contabiliza cuando se dice —desde ciertos análisis políticos culpabilizantes— que debería haber más gente en la calle, que debería haber más protesta, que debería haber más indignación. El dilema del aguante es, al menos, bifronte.

Está en evidencia con qué estrategia se sostiene no solo el Gobierno, sino un régimen político que parece haber abandonado más que nunca sus pretensiones de ser legítimo. Ahora queda por verse cómo ese cambio en las coordenadas políticas interviene en una sociedad simultáneamente agotada y movilizada de muchas maneras.

VG/DTC