Silencio, orden y distancia: el Gobierno se desliga de la inminente detención de Cristina Kirchner

En la Casa Rosada repiten una consigna: “Sin show, sin fotos, sin revancha”. La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción reordenó la agenda política, pero el gobierno de Javier Milei —lejos de buscar capitalizar el momento con gestos ruidosos— optó por una estrategia de profilaxis comunicacional. En Balcarce 50 aseguran que no harán del operativo de detención un espectáculo. “No somos como el macrismo”, dijo una fuente oficial, en alusión a la imagen de Amado Boudou esposado y en pijamas durante su arresto en 2017, también bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Ahora, como entonces, Bullrich sigue al frente del Ministerio de Seguridad. Pero el contexto político —y el mandato simbólico de la administración libertaria— es otro. En lugar de protagonismo, el Ejecutivo eligió delegar: fue la Justicia la que solicitó asistencia logística a las cuatro fuerzas federales y será también el fuero penal el que defina los detalles del procedimiento. El pedido formal lo hizo el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, con un plazo de 24 horas para que Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la PSA entreguen informes operativos. El Gobierno respondió sin filtrar ni condicionar.

Cristina Kirchner ya avisó que se presentará el miércoles 18 en Comodoro Py para “ponerse a derecho”. Lo hizo en un comunicado donde calificó a los jueces de la Corte como “títeres” y aseguró que haber solicitado la detención domiciliaria no implica “un privilegio”. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema cumplió la orden de proscripción del poder económico (...) mis abogados presentaron ante el TOF 2 solicitud de detención domiciliaria”, escribió en su cuenta de X.

Pero en la cima del poder libertario, lejos de esa narrativa, dominó la cautela. “No queremos hacer ningún show de esto”, deslizó un funcionario con llegada al despacho presidencial. La consigna es evitar alimentar la idea de persecución política y, al mismo tiempo, no correr el riesgo de transformar el operativo en un hito mediático que eclipse al propio Gobierno.

Desde Jerusalén, donde continuaba su gira internacional, el Presidente dedicó apenas unas líneas al tema. Primero lo hizo por redes sociales: “Justicia. Fin”, escribió el martes. Luego, durante una clase magistral de economía anarco-capitalista en la Universidad Hebrea, se permitió una frase más: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”.

En la misma línea, aunque con un tono más técnico, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reforzó la idea de institucionalidad. “Nadie puede hablar de un fallo político”, sostuvo. Y agregó que la mayoría de los jueces intervinientes en la causa Vialidad fueron designados por gobiernos kirchneristas. “No genera incomodidad, pero sí es un hecho conmocionante. Nadie se alegra”, aclaró. “Esto vuelve a poner a la Argentina en las tapas del mundo, y no por buenas razones”.

A diferencia de otros momentos en que el oficialismo buscó confrontar con el kirchnerismo como reafirmación identitaria, esta vez el pragmatismo se impuso. El objetivo es no tensionar la calle, no agitar movilizaciones ni dar pie a que la expresidenta se victimice ante un operativo excesivo. “Esto no es un triunfo político, es una escena de institucionalidad. Y punto”, resumió un funcionario libertario, que remarcó que la Justicia será quien decida si corresponde una entrega voluntaria, una detención domiciliaria o el traslado a un centro penitenciario. Por lo pronto, en la Casa Rosada descartan de plano cualquier escenificación.

Milei regresa este sábado al país, después de una gira de nueve días que terminó donde había comenzado: en Madrid, con una cumbre de derecha dura y un evento cripto. Desde Europa, el Presidente intentó mantenerse lo más distnaciado posible del caso que conmociona la política argentina. Para su entorno, esa postura no es una omisión: es una forma de liderazgo. Que la condena a Cristina Kirchner quede registrada, pero sin su firma en el margen.