“Él firma todo lo que yo digo”: la causa $LIBRA suma a Karina Milei y detalla el rol del Presidente en la estafa

El caso $LIBRA sumó un nuevo giro en los tribunales de Estados Unidos. Los abogados que representan a los inversores damnificados por el colapso del criptoactivo presentaron una ampliación de la demanda colectiva —class action— que tramita en Nueva York y pidieron que Hayden Mark Davis, Benjamin Chow y otros protagonistas del escándalo sean enviados a juicio por jurados, acusados de crimen organizado, fraude, publicidad engañosa y enriquecimiento injusto. En el escrito, de 110 páginas, el presidente argentino Javier Milei es mencionado 54 veces y, por primera vez, aparece también su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La presentación, firmada por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, sostiene que los responsables del fraude operaron una “infraestructura depredadora” diseñada para defraudar inversores en los mercados de capital descentralizados, utilizando como anzuelo el respaldo de figuras públicas. En ese contexto, los abogados subrayan que el posteo que Javier Milei hizo el 14 de febrero en la red social X, y que luego borró, fue determinante para inducir la compra masiva de tokens: “El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, escribieron. A partir de ese momento, señalan, Davis y sus asociados comenzaron a retirar millones de dólares desde los fondos de lanzamiento y liquidez del token.

Según la demanda, todo formó parte de un esquema que encuadra en la RICO Act, una ley federal que permite perseguir judicialmente a organizaciones criminales y que, en términos generales, puede asimilarse a la figura de asociación ilícita del derecho argentino. En el centro de la organización identifican a Davis, CEO de Kelsier Ventures, y a Chow, titular de la plataforma Meteora, quienes habrían montado un esquema de fraude calculado que combinó sofisticación técnica con “alcance promocional masivo”, basado en la influencia de Milei como jefe de Estado. A partir de ahí, trazan una línea que une la masiva compra de tokens con la salida sistemática de fondos por parte de los organizadores del esquema. No se trata solo de Davis y Chow: el escrito también menciona a otros actores como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Karina Milei es mencionada por haber autorizado la primera visita de Davis a la Casa Rosada, según los registros oficiales que citan los abogados. El documento también incorpora capturas de pantalla con mensajes atribuidos a Davis en los que afirmaba: “Le envié dinero a la hermana [de Milei] y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”. En otra cita, revelada por el New York Times, el empresario decía tener “control sobre Milei” y la capacidad de negociar acuerdos, gestionar posteos o incluso organizar su presencia en eventos.

Aunque el presidente argentino no figura como demandado, los abogados insisten en su papel clave como vehículo de legitimación del token. En la presentación judicial incluso se recuerda que “Davis deliberadamente consiguió una manifestación de respaldo sumamente engañosa del presidente argentino Javier Milei, estratégicamente cronometrada para conferirle a $LIBRA una apariencia de legitimidad y credibilidad”.

Los letrados no aluden a las dos transferencias bancarias por 499.000 y 507.500 dólares que Hayden Davis ordenó antes y después de reunirse con Milei en Casa Rosada el 30 de enero pasado, reveladas por el experto informático Fernando Molina y publicadas por el diario La Nación. Pero sí mencionan otros indicios de relación entre Davis y el entorno presidencial, como los mensajes que envió a inversores en diciembre de 2024 —revelados por el portal CoinDesk100—, en los que se jactaba de su influencia sobre el mandatario a través de su hermana.

Finalmente, los abogados solicitaron que la jueza Jennifer Rochon habilite un juicio por jurados, disponga el decomiso de las ganancias ilegales y ordene el resarcimiento a los inversores perjudicados. La causa, que comenzó como una demanda entre actores del ecosistema cripto, ya roza de lleno al círculo más estrecho del poder político argentino.

PL/MC