El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Ley de Glaciares
El Gobierno nacional formalizó este lunes el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca redefinir el marco de protección de los glaciares y del ambiente periglacial y otorgar otro protagonismo a las provincias en la determinación de las áreas donde podrían desarrollarse actividades productivas, incluida la minería.
Marco constitucional
Según el comunicado oficial, la reforma apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde con la Constitución Nacional. El texto sostiene que, a más de 15 años de su sanción, la norma vigente generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
En su momento, el presidente Javier Milei remarcó que la minería ofrece “grandes oportunidades” y defendió un enfoque que, a su entender, combine protección ambiental y desarrollo económico.
La iniciativa reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la protección del ambiente y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En ese marco, según la mirada oficial, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.
Cuestionamientos científicos y ambientales
Sin embargo, la reforma reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio debate social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que priorizó los derechos colectivos -como el acceso al agua- por sobre intereses individuales.
Los científicos advierten que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y alertan sobre los efectos del cambio climático en la reducción de caudales, la degradación del permafrost y el aumento de riesgos aluvionales.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso un tratamiento rápido del proyecto y aseguró que el proceso legislativo deberá garantizar la participación ciudadana. El debate se perfila como uno de los ejes ambientales y productivos más sensibles de la agenda parlamentaria de fin de año.
Con información de NA
LN
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