La SIDE empuja una reforma de alto voltaje y vuelve a disputar el control de la inteligencia criminal y militar
La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa Javier Milei empezó a mostrar su verdadero alcance. Bajo la nueva conducción de Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con un diagnóstico severo sobre el estado del organismo y vuelve a empujar una decisión que promete abrir un conflicto interno de alto voltaje: absorver las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Militar para concentrar bajo su órbita directa el control operativo y la información sensible del Estado. No es un giro técnico ni una discusión abstracta. Es una disputa por poder real, con antecedentes recientes y resistencias activas.
En ese marco, el eventual desmantelamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, aparece como uno de los ejes más sensibles del rediseño que el Ejecutivo proyecta hacia 2026. La iniciativa se inscribe en los primeros pasos de Auguadra al frente del organismo, con el mandato explícito de ordenar el esquema desordenado que habría dejado la gestión de Sergio Neiffert, y reaviva una discusión que el propio oficialismo ya había ensayado sin éxito apenas iniciado el gobierno de La Libertad Avanza.
En marzo de 2024, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) todavía existía, el entonces interventor Silvestre Sívori, hombre de extrema confianza del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, intentó avanzar con una iniciativa que ya entonces encendió alarmas internas: unificar físicamente ambas áreas en la sede histórica de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. La medida fue presentada como una mudanza administrativa destinada a “eliminar barreras” y mejorar la coordinación frente al terrorismo y el narcotráfico.
Pero aquel planteo abrió una discusión política y jurídica que nunca terminó de resolverse y el tema quedó latente, a la espera de un contexto más favorable. Desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron en ese momento que, si la integración dejaba de ser edilicia para volverse orgánica y funcional, resultaba inevitable modificar la Ley de Inteligencia, algo que el oficialismo hasta ahora nunca impulsó, ni siquiera en julio de 2024 cuando decidió relanzar el organigrama de la SIDE mediante un DNU.
La nueva Política de Inteligencia Nacional
Un año después, ese debate vuelve, pero sin eufemismos. Ya no se trata de compartir oficinas ni de coordinación logística: el objetivo es subsumir estructuras, vaciar de poder a las direcciones nacionales y verticalizar el sistema de inteligencia bajo una conducción única. En Balcarce 50 el diagnóstico es contundente. La fragmentación del sistema, profundizada durante la gestión de Neiffert, habría derivado en mandos dispersos, superposición de funciones y competencia interna. “Cuando la inteligencia se reparte en compartimentos estancos, cada estructura empieza a jugar su propio partido y el control se diluye”, describe una fuente con trayectoria en la SIDE.
Se trata de un movimiento que encontró respaldo formal apenas dos días después del desplazamiento de Neiffert, cuando el Gobierno publicó el Decreto 864/2025, que establece la Política de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, fijó por primera vez en más de dos décadas un marco doctrinario explícito para el sistema de inteligencia (que incluye tanto a la SIDE como a ambas direcciones ministeriales) y trazó un diagnóstico lapidario: décadas de deterioro institucional, fragmentación operativa y vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas. En los hechos, el texto funcionó como sustento conceptual para una ofensiva que ya estaba en marcha.
En ese esquema, la DNIC y la DNIM aparecen como estructuras paralelas que ahora el Gobierno busca subordinar. El modelo que se menciona en los despachos oficiales es el estadounidense, con una conducción central fuerte que articula y condiciona al resto de las agencias.
La inteligencia criminal fue históricamente una herramienta clave del Ministerio de Seguridad y su progresivo vaciamiento ya provocó fricciones abiertas con la gestión de Bullrich. En sectores del oficialismo creen que ese obstáculo podría allanarse con la llegada de Alejandra Monteoliva, una ministra con menor peso político propio y una posible mayor predisposición a aceptar un rediseño de mandos.
En Defensa, en tanto, la Inteligencia Militar representa un núcleo especialmente sensible del ministerio y de las Fuerzas Armadas. Avanzar sobre su estructura implica redefinir el vínculo entre la inteligencia civil y la militar, una frontera que en la Argentina siempre fue delicada. Hasta el momento, tras la jura de Carlos Presti al frente de la cartera, no se conoce quién encabezará el área.
El futuro de los CICRE
La polémica en torno a la DNIC, de hecho, ya se expresa en los hechos. Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad avanzó en una reubicación —y en algunos casos desarticulación— de los denominados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos territoriales que concentran información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país. En la práctica, se trató de una recentralización geográfica que debilitó el esquema federal de inteligencia criminal construido en los últimos años.
Según publicó Hugo Alconada Mon en La Nación, las decisiones incluyeron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además del traslado forzado de personal con conocimiento del terreno y vínculos aceitados con gobiernos provinciales, juzgados federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad. También se ordenó el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última sostenida mediante un comodato, y reubicaciones de personal entre Buenos Aires y Rosario.
El redespliegue implicó además el traslado de los coordinadores regionales: el NOA pasó de Salta a Buenos Aires; el NEA, de Chaco a Iguazú; la Patagonia Sur, de Ushuaia a Bariloche; la Patagonia Norte, de Neuquén a Bariloche; y el área Buenos Aires, de Mar del Plata a La Plata. Para varias fuentes del sistema consultadas por elDiarioAR, el resultado fue una pérdida de anclaje territorial y de conocimiento local.
La reestructuración coincidió con el regreso de Ramiro Anzit Guerrero a la Inteligencia Criminal, un funcionario de máxima confianza de Bullrich cuyo paso anterior por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario administrativo. Al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente figuran ahora entre los desplazados, un dato que alimentó suspicacias internas.
Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una desarticulación y hablan de un “redespliegue” orientado a fortalecer las llamadas “zonas calientes”, bajo planes como Güemes en el NOA, Bandera en Rosario o Guacurarí en el NEA. Pero puertas adentro del mundo de la inteligencia, varios leen estas decisiones como una señal política: el debilitamiento progresivo de la DNIC como estructura autónoma, en un contexto donde la SIDE vuelve a reclamar centralidad operativa.
La flamante Política de Inteligencia Nacional funciona así como respaldo doctrinario de una estrategia que combina diagnóstico técnico y decisión política. Aunque no menciona explícitamente la eliminación formal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de la Inteligencia Militar, deja claro que el Gobierno busca ordenar, concentrar y controlar el sistema bajo una conducción fuerte. En ese marco, la coexistencia de direcciones nacionales bajo distintos ministerios aparece como una anomalía a corregir.
A diferencia del ensayo de 2024, algunas voces en la Casa Rosada admiten que no hay forma de avanzar sin abrir un conflicto político. La virtual decisión oficial implica redefinir quién concentra el poder informativo del Estado, quién queda subordinado y bajo qué reglas. Por lo tanto, lo que está en juego ya no es un organigrama, sino el control de la inteligencia como herramienta política en el corazón del Gobierno.
PL/MG
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