El Consejo de Mayo cierra la reforma laboral que el Gobierno quiere presentar esta tarde
El Consejo de Mayo se reúne este mediodía para cerrar la reforma laboral que el Gobierno busca enviar hoy mismo al Senado. No será una sesión más: es el último encuentro del año, el que condensa semanas de tensiones internas, negociaciones paralelas y un operativo político acelerado por la Casa Rosada para exhibir músculo en la víspera del segundo aniversario de la gestión de Javier Milei. Desde las 13.30, en el Salón de los Escudos, se vuelven a sentar el conjunto de sus integrantes. Pero ninguno de ellos ignora que la letra final ya está escrita fuera de la mesa.
Las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre funcionan como cuenta regresiva. Milei quiere abrir este miércoles la discusión legislativa sobre la reforma laboral en la Cámara alta, donde espera conseguir media sanción antes del cierre del año. El proyecto ingresaría hoy por el Senado y se convertirá en la piedra angular del paquete que el Gobierno intentará aprobar durante el verano: cambios en el Código Penal, Presupuesto 2026, modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal. En paralelo, dos puntos del Pacto de Mayo, como son la rediscusión de la coparticipación y la reforma previsional, quedaron en suspenso: no están las condiciones jurídicas ni políticas para empujarlos ahora.
En este esquema, la ingeniería política del oficialismo terminará de mostrarse esta tarde, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece la conferencia en Casa Rosada para oficializar el envío del proyecto y presentar el informe final del Consejo. Será el momento en que el Gobierno busque transformar en potencia comunicacional lo que, en la práctica, fue un proceso desbordado por tratativas solapadas.
El Consejo llega a esta instancia con un desgaste evidente. Desde la salida de Guillermo Francos, la conducción quedó concentrada en Adorni, pero la mesa funciona más como escenografía que como usina real de acuerdos. Lo dijo sin eufemismos la senadora Carolina Losada hace dos semanas, antes de entrar a la última reunión: “A todos nos molestó que se filtren cosas porque perjudica nuestro trabajo. Cuando se empiezan a filtrar cosas que no están acordadas, es falso”.
No es una percepción aislada. El órgano opera sin estatuto, sin actas públicas y sin procedimientos formales. Todos sus miembros fueron designados por la Rosada y buena parte de las negociaciones decisivas se trasladan a oficinas donde confluyen Adorni, Karina Milei y el equipo económico.
Cumbre Caputo-Martínez
En este clima, la figura de Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, se volvió central. Aunque fue el Gobierno quien lo ubicó como representante sindical dentro del Consejo, hace semanas se transformó en el principal contrapunto interno del oficialismo. En el anteúltimo encuentro llevó una crítica frontal al modelo económico libertario. “La fábrica de ollas Essen ahora va a traer casi el 80% de sus productos desde China. Ese es el modelo real”, apuntó en la previa.
La frase retumbó dentro de Balcarce 50. Pero el punto de inflexión llegó después: terminado aquel encuentro del Consejo, Martínez fue convocado al despacho de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro. Ese cónclave marcó el inicio de una negociación paralela entre el asesor presidencial y el jefe de los albañiles. Caputo buscó reencauzar la relación en un contexto donde el borrador de la reforma laboral ya estaba escrito.
A la salida, Martínez admitió el “buen vínculo” con Caputo, aunque fue tajante. “La propuesta del Gobierno está en las antípodas de lo que busca la CGT. Y ninguno de los integrantes del Consejo sabe a ciencia cierta cuál será el texto final”, señaló.
En Azopardo las alarmas estaban encendidas desde el inicio. El Gobierno planea modificar las leyes 14.250 y 23.551, limitar asambleas en horario laboral, eliminar la ultraactividad, reordenar jerarquías en los convenios y, sobre todo, cortar los aportes solidarios que financian la estructura gremial. Un golpe económico y político directo.
La promesa compensatoria del oficialismo consiste en garantizar a la UOCRA el manejo del Fondo de Cese Laboral y apostar a que la bancarización masiva aumentará la cantidad de afiliados. En la CGT lo llaman, con ironía, “la teoría del derrame sindical”. Otra pieza de la negociación es la reducción de la cartera de prestaciones de las obras sociales, un alivio presupuestario que el Gobierno está dispuesto a conceder a cambio de que la central obrera no lidere un frente homogéneo contra la reforma.
Pese a los choques, en el Gobierno insisten en que llegarán a un entendimiento. Según pudo saber elDiarioAR, en el cónclave Caputo-Martínez se habló incluso de un “acuerdo” tácito para que la CGT eleve el tono sin bloquear la presentación del texto, mientras después podrá mostrar que logró suavizar algunos artículos. Desde Azopardo, en tanto, admiten que el Gobierno presentará un proyecto “ultra libertario” que luego será desmembrado durante la negociación legislativa, permitiendo que ambas partes construyan su propio relato de resistencia y triunfo.
El encuentro de este mediodía es, en los hechos, un trámite necesario para sostener la arquitectura política del proyecto. La definición ya no pasa por el Consejo sino por la decisión que Milei ejecutará en cuestión de horas: enviar el texto al Senado, abrir este miércoles el debate en extraordinarias y forzar una primera votación antes de fin de año. El reloj corre hacia el mismo punto: hoy la iniciativa saldrá de la Casa Rosada y quedará en manos del Congreso.
PL/MC
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