Sin mencionarlo en el Congreso, Milei prepara una reforma de la ley que regula la SIDE desde hace más de dos décadas

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se anticipaba, el mensaje presidencial estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La cuestión vinculada a la inteligencia quedó, al menos por ahora, en un plano más reservado.

El objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

Según pudo saber elDiarioAR, la redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisabn que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG