Con el dictamen en marcha, el Gobierno busca cerrar filas con los gobernadores por el Presupuesto 2026

Con el dictamen del Presupuesto 2026 prácticamente asegurado, el Gobierno entra este martes en la instancia decisiva de su negociación con las provincias. Los gobernadores fijaron una línea roja para el resto de su agenda: sin presupuesto aprobado, no habrá reforma laboral. Tras la conformación de la comisión y luego de semanas de conversaciones reservadas, la Casa Rosada confía en reunir los votos necesarios mientras administra, caso por caso, las demandas de los gobernadores, que aceptan acompañar la ley en general pero mantienen reparos en la discusión en particular.

En ese sentido, la ronda de diálogo que viene encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, empieza a rendir frutos. Salvo el núcleo duro del kirchnerismo, los mandatarios provinciales están dispuestos a dar respaldo al proyecto oficial, aunque sin resignar reclamos. “Lo primero es encontrar una previsibilidad de cara al año que viene, después debatamos la reforma laboral”, es la frase que más escuchó Santilli en sus contactos con gobernadores y dirigentes de provincias dialoguistas.

El oficialismo parte de una ventaja numérica: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo. Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los gobernadores, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

En ese esquema, la reforma laboral quedó deliberadamente relegada. El punto más sensible para las provincias es el impacto fiscal del proyecto: la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades recortaría alrededor de $1,6 billones anuales de recursos coparticipables. El mensaje que baja desde las provincias es claro: sin un proyecto de “ley de leyes” cerrado y sin certezas sobre la distribución de fondos, no hay margen político para abrir ese debate.

El problema de fondo es que el cambio de clima con la Casa Rosada no vino acompañado, hasta ahora, de una mejora sustantiva en el flujo de recursos. La excepción fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió una transferencia de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto otorgado en lo que va del gobierno de Javier Milei. Jaldo, con influencia directa sobre tres diputados y un senador, se reunió la semana pasada con Santilli, en un gesto leído por el resto de los mandatarios como parte del toma y daca presupuestario.

En las provincias siguen de cerca si ese movimiento se replica. En noviembre, Economía no giró ATN y, descontando lo enviado a Tucumán, todavía quedan $708.000 millones disponibles. La expectativa es que en las próximas horas otras provincias reciban ATN, en un mes especialmente sensible por el pago de aguinaldos y la situación financiera de muchos municipios. En el oficialismo admiten que se evalúan distintas alternativas para liberar recursos, aunque nadie garantiza que alcancen para descomprimir todos los frentes abiertos.

Santilli es consciente de ese límite. Tutelado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su desembarco en el Ministerio del Interior apuntó a recomponer el vínculo con los gobernadores y a construir el consenso político que el Gobierno necesitaba para encarar esta etapa legislativa. La flexibilización en la firma de avales para que las provincias salgan a colocar deuda en los mercados fue leída como un gesto, aunque insuficiente para compensar reclamos estructurales. El único mandatario al que la Nación dejó en claro que no le habilitará esa vía es el bonaerense Axel Kicillof.

También aparecen tensiones en otros capítulos sensibles del Presupuesto. Uno es el de las cajas previsionales provinciales no transferidas, donde varios gobernadores buscan asegurar un flujo mensual de fondos y dejar para más adelante la discusión por la deuda acumulada. Otro es la obra pública, con avances lentos y convenios que, como en el caso de Salta, siguen sin traducirse en desembolsos efectivos.

Con ese telón de fondo, el dictamen del Presupuesto 2026 aparece como una meta alcanzable, pero sostenida sobre equilibrios frágiles. Los gobernadores prometen el gesto político de acompañar la ley, aun cuando desconfían de que luego los recursos se ejecuten según lo aprobado. Para el Gobierno, la apuesta es cerrar rápido ese capítulo y recién entonces abrir el frente más espinoso: la reforma laboral. La incógnita es cuánto durará esa tregua tácita y si el consenso alcanzará para algo más que garantizar, una vez más, que el presupuesto exista, aunque muchos sospechen que buena parte de sus números volverán a quedar en letra muerta.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

PL/CRM