D.G. tiene 36 años y está presa por abortar en Argentina. Pasaron casi dos años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero aún así una fiscal de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, la acusa de homicidio agravado por el vínculo, con la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua. 

D.G. vive en una situación de vulnerabilidad económica, social y mental, una de las causales por las que el aborto es no punible por fuera del plazo de 14 semanas. Tiene cinco hijos a los que no puede ver por problemas de consumo. El 30 de octubre tomó pastillas de misoprostol y le avisó a una amiga. Ella la denunció. La policía llegó a su casa, se la llevó puérpera y secuestró dos fetos que encontró en el patio. D.G. quedó detenida en una comisaría junto con un vecino acusado de ayudarla. 

El 2 de noviembre fue la audiencia imputativa. “La fiscal Gabriela Lescano describió un aborto pero a la hora de pedir la imputación lo hizo por homicidio agravado por el vínculo. Sin pruebas pidió la imputación más grave”, explica Daiana Araya de La Colectiva de Abogadas Transfeministas de Rosario. Desde la organización enviaron un pedido a la Fiscalía regional para que se sancione a la fiscal por desconocimiento de derecho.

El embarazo de D.G. no está registrado en el sistema de salud. Es decir, todavía no hay ninguna prueba que determine de cuántos meses estaba embarazada. A pesar de eso, los medios difundieron información falsa sobre la cantidad de semanas de gestación, los fetos y la vida de ella. La fiscal usó la palabra gemelas, dijo que su equipo se largó a llorar y profundizó en detalles que sumaron al estigma y la criminalización de D.G. 

En la ley 27.610 el aborto es legal sin restricciones hasta la semana 14. Por fuera de ese período lo es por causales que incluyen la violación y el riesgo de salud integral: física, económica, mental y social. Sin esas causales la pena para quien aborta es de tres meses a un año. La cárcel no es una opción. Con la acusación de homicidio agravado, el juez Álvaro Campos dictó una prisión preventiva de 45 días. 

En la audiencia la fiscal dijo que D.G. podría haber ido al centro de salud a tres cuadras de la casa porque “ahora hay una ley”.  

“¿Qué pasa que la gente no se entera de que ahora hay una ley? ¿Qué está haciendo el Estado para que acceda al derecho? ¿Alguien pensaba que se aprobaba la ley y se terminaba el estigma? ¿Cuán accesibles son los centros de salud?”. La que se hace estas preguntas es Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario. Desde la organización reclaman una mirada integral de la Justicia y que se revise la prisión preventiva cuando existe un problema de salud. 

A D.G. le tomó declaración un policía que la custodiaba en el hospital. Fue sin testigos ni defensa, en puerperio y en la camilla. “Eso en un Estado de derecho no está bien y no pasa con otros detenidos. Acá pesan dos estigmas: el del aborto y el de la adicción. No se la ve como persona que tiene un problema de salud, se la ve como un delincuente”, agrega Aranda.

Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir, la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua.

El caso de D.G. muestra cómo en Argentina hay personas gestantes criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas. Antes de la legalización del aborto, había 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal pero abogadas de distintos lugares del país siguen los casos y buscan sacarlas de la cárcel. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir,  la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua. 

Ni lavarse las manos 

La China no sabía que estaba embarazada. Tampoco lo supo las dos veces que fue madre y las otras dos que tuvo abortos expontáneos. Tiene ovario poliquístico, un síndrome que le provoca dolores fuertes y hace que la menstruación no se interrumpa con el embarazo. El 15 de diciembre de 2020 sintió esos dolores y expulsó lo que ella pensaba eran coágulos. 

Lo que tuvo ese día fue un parto en avalancha. Tiró las sábanas a la basura, un cartonero las encontró y llamó a la policía. A los pocos días la detuvieron a ella y al marido. Los primeros días estuvo presa en Tribunales, puérpera y con una hemorragia por el parto sin atención médica. No le dieron nada para limpiarse, no pudo cambiarse la ropa interior por tres días, ni siquiera la dejaron lavarse las manos. 

La China está presa desde hace casi dos años. Este lunes llegó a juicio por homicidio agravado por el vínculo. 

Indiana Guereño forma parte de la Asociación de Pensamiento Penal y del equipo que la representa. Ve en La China los patrones comunes que se repiten en otras causas y que ya habían registrado con Belén, quien estuvo presa tres años por un aborto espontáneo. Primero, los malos tratos en el hospital. Médicos que denuncian a mujeres con emergencias obstétricas, que las maltratan en vez de atenderlas ante un problema de salud. Mujeres que entran a un hospital y salen esposadas a la cárcel. Después, las investigaciones negligentes donde la primera y única hipótesis es que ellas son culpables. “No se verifica el ADN, no se investigan otras hipótesis, otros responsables. En el caso de La China está probado que tuvo un problema en la placenta, no hizo nada”, explica.  Por último, las sentencias arbitrarias con prisiones preventivas prolongadas y condenas a perpetua. 

Uno de los casos que mostró todos estos patrones fue el de Ana Clara, en Corrientes. Estuvo 13 años presa y era inocente. “Tuvo un parto en la casa y tenía doble vuelta de cordón. En el momento no se hicieron los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. Ella le había puesto la mejor ropita que tenía y la enterró. La estaba esperando y la trataron de criminal. Estuvo presa 13 años por perder un hijo”, dice Guereño. En 2014, gracias a la intervención de abogadas feministas, fue absuelta. 

Desde la Asociación de Pensamiento Penal siguen al menos diez causas de mujeres y personas gestantes criminalizadas por abortar o por emergencias obstétricas en Argentina. Entre abogadas de todas las provincias se pasan la información y se activa la red que integran con el Cels, Católicas por el Derecho a Decidir, Inecip, Mujeres por Mujeres y otras organizaciones. No hay certezas de cuántas son las presas en todo el país porque las carátulas no son siempre iguales. “A veces imputan por lesiones graves, otras por homicidio, otras por aborto”, agrega Guereño. 

Para la abogada en la Justicia falta lo que se repite desde hace años: perspectiva de género. “Ponerse en las zapatillas de esa mujer y lo que vivió en ese momento, poner en contexto. Correr los prejuicios y no juzgar el embarazo como una lo vivió, como una lo imagina porque cada cuerpo es diferente, al igual que cada casa y cada historia”. También hay desconocimiento y formación en relación a las legislaciones y tratados internacionales que dicen claramente que una mujer que sufrió una emergencia obstétrica no puede ser criminalizada. 

Esta semana distintas organizaciones lanzaron la campaña #AbsoluciónParaLaChina. Los alegatos empezaron este viernes y queda definir la fecha de la sentencia. 

Inconstitucional 

“Imputar por homicidio agravado por el vínculo a una persona que está atravesando el puerperio es inconstitucional. Si encima hubo una emergencia obstétrica más aún”, dice la abogada Luli Sánchéz. Representa a Juana, el nombre ficticio de una mujer de entre 20 y 30 años de Moreno, provincia de Buenos Aires, que está presa desde agosto de 2020.

Juana tuvo una emergencia obstétrica en pleno aislamiento estricto por la pandemia. No sabía que estaba embarazada. Llamó al Same para buscar ayuda y los médicos del servicio de urgencias y del hospital la denunciaron. 

Sánchez explica que es necesario hablar de la inconstitucionalidad de las acusaciones de homicidio agravado por el vínculo contra mujeres puérperas. Ese es el pedido que elevó en la causa de Juana. La abogada explica que la Justicia no consideró en la acusación el contexto de emergencia obstétrica y el puerperio que Juana atravesaba, como cualquier persona que tiene un parto o aborto. “Es una condición médica y física que no hay que probar. No se puede condenar a perpetua a una mujer puérpera. Es desproporcionado. No hay ministerios públicos que respeten la Constitución cuando persiguen a estas mujeres y piden penas perpetuas”, explica Sánchez.  

Antes de la reforma del Código Penal de 1994 la pena para homicidios en estado puerperal pasó de 3 años a perpetua. El retroceso venía en sintonía con una serie de cambios legislativos que tiraron para atrás derechos sexuales en todo el mundo. Se seguía una política del Vaticano como reacción a las conquistas de años anteriores. Mientras en Estados Unidos Bush prohibía la cooperación internacional que financiara cualquiera política pro aborto en el mundo y en Perú Fujimori ordenaba esterilizaciones masivas, en Argentina el menemismo fue el brazo ejecutor de distintos retrocesos. Aumentó la criminalidad por aborto, se eliminó el infanticidio, se prohibió el misoprostol y la pastilla del dia después. 

El otro argumento por el que Sánchez pide la inconstitucionalidad de la causa contra Juana es la violación de confidencialidad y el secreto médico, algo que se repite en todos los procesos contra mujeres criminalizadas por gestar. “No está permitido a los fiscales usar información obtenida ilegalmente. A Juana le tomaron declaración sin abogado, la familia fue interrogada  sin avisarles”, agrega.   

Un factor que se suma es que la emergencia obstétrica fue en plena pandemia, cuando el acceso a los derechos y al sistema de salud estaban restringidos. Las consecuencias en la salud sexual de mujeres y personas gestantes fueron advertidas en 2020 por organismos internacionales y por el Estado. En Rosario, por ejemplo, en el primer semestre de 2020 hubo un 60 por ciento menos de abortos legales que en el mismo período de 2019. Una caída que ya mostraba cómo el acceso a los derechos se veía restringido. 

“En el Amba regía la cuarentena estricta, no había vacunas, todos teníamos miedo a morir. Había un retroceso en el acceso a la salud porque el Covid ocupaba toda la escena. No se miden las consecuencias que ese aislamiento tuvo en la salud sexual de las personas”, dice Sánchez. 

Para la abogada es importante hablar de que no saber que estás embarazada es algo común y que pasa con frecuencia: “Sobre todo en pandemia sin acceso a la salud. Ese no saber puede tener que ver con muchas razones pero el abordaje debe ser sanitario, no criminal”. 

Juana primero estuvo detenida en una comisaría y ahora está con domiciliaria. Tiene el apoyo de su familia, estudia y espera ser escuchada. Recién en los últimos meses pudo volver a los controles de salud y está en tratamiento de salud mental. La causa fue elevada a juicio. Sánchez espera que no se llegue a esa instancia y que sea declarada inconstitucional antes. 

AB/MG

Las mujeres que sufren violencia obstétrica verbal tienen más riesgo de desarrollar depresión postparto. Un estudio realizado por cuatro enfermeros españoles publicado en la revista científica Midwifery ha identificado varios factores que aumentan las posibilidades de que las mujeres sufran este trastorno después de dar a luz: haber sufrido violencia obstétrica verbal y afectiva, que su bebé haya necesitado ingreso en la UCI y ser multíparas, es decir, tener varios hijos. Los investigadores han encontrado también que el apoyo del acompañante durante el parto funciona como factor protector frente al riesgo de desarrollar depresión en el puerperio.

“El puerperio es el gran olvidado, una vez que una mujer da a luz parece que ya no nos interesamos por ella, que la preocupación es que el niño esté sano y ya. La visita puerperal para revisar el estado de las madres ni siquiera se hace en algunos lugares”, cuenta Juan Miguel Martínez-Galiano, profesor del departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén y uno de los autores del estudio. Eso a pesar de que los datos muestran que la depresión postparto afecta a entre el 12 y el 19% de las madres, “un porcentaje nada desdeñable”, apunta Martínez-Galiano, teniendo en cuenta, además, las consecuencias para la salud de la madre y también del bebé que tiene este trastorno.

“Hablamos mucho de depresión postparto pero, ¿qué hacemos al respecto? No se dedican ni recursos ni atención suficiente”, opina Martínez-Galiano. La sorpresa de los investigadores fue no encontrar apenas estudios sobre la posible relación entre la violencia obstétrica y el desarrollo de este trastorno. Después de una búsqueda exhaustiva solo encontraron un trabajo, hecho en Brasil, que indagara en la materia. “Así que nos pusimos a ello”, dice el profesor. Su estudio, hecho en 2019, tomó como muestra a 782 mujeres que habían dado a luz en España durante los doce meses anteriores. Las participantes respondieron un cuestionario online que incluía variables clínicas y socioeconómicas y que preguntaba también por la percepción de haber sufrido violencia obstétrica.

Los investigadores se valieron de la Escala de Edimburgo, que contiene 10 ítems a los que se les da una puntuación. Si el resultado que arroja la escala es superior a diez, esa mujer tiene alto riesgo de sufrir depresión postparto y se recomienda hacerle seguimiento. Es una escala que muchos sistemas de salud utilizan como cribado para valorar el riesgo de cada mujer, pero cuyo uso no está sistematizado en España.

Los resultados de este trabajo muestran que haber sufrido violencia psicoafectiva y verbal durante el parto es un factor de riesgo para desarrollar depresión en el puerperio. Juan Miguel Martínez-Galiano describe algunos de los comportamientos incluidos en ese tipo de violencia obstétrica: “Que te quejes y te critiquen, que te separen del bebé al nacer, infantilizarte, negarte cualquier posibilidad de decisión, mandarte callar, ridiculizarte porque lloras o gritas, ignorar tus necesidades o tus preferencias...”. Por contra, la violencia obstétrica física -por ejemplo, exploraciones vaginales repetitivas, episiotomías no indicadas, presión abdominal para intentar que el bebé descienda (la conocida como maniobra de Kristeller, desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud)- no aparece como un factor de riesgo.

“Nos sorprendió que no apareciera. Nuestra hipótesis es es que es posible que ciertas prácticas estén tan interiorizadas como algo normal, como parte de la práctica clínica, que las mujeres sientan que era algo que les tenían que hacer necesariamente y que no lo identifiquen como violencia. No olvidemos que son prácticas muy aceptadas e interiorizadas en la sociedad, ¿quién cuestiona una cesárea o una episiotomía? Si lo consideras normal no te sientes víctima de violencia. Por eso pensamos que no aparece en las respuestas de las mujeres, pero no podemos afirmar con datos que tenga relación”, explica el investigador.

Otros dos hechos aparecen como factores de riesgo. Uno, que el bebé haya necesitado ingreso en la UCI, algo que suele implicar una separación temprana de la madre que en ocasiones se alarga en el tiempo y que produce cuando hay riesgo para la salud o la vida del menor, y el segundo, que la mujer sea multípara, es decir, que ya tenga más hijos. Las dos variables coinciden con los resultados de otros estudios sobre depresión postparto.

La investigación encuentra que tener una pareja o acompañante que ofrece mucho apoyo durante el parto funciona como protección. “Es sentir que no estás sola en esto, que validan tus emociones o tus necesidades, que te apoyan en la toma de decisiones, si prefieres deambular, si quieres tomar agua durante el trabajo de parto... Tener un acompañante que apoye puede hacer incluso que los profesionales modifiquen su actuación”, agrega Martínez-Galiano.

La presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid, Cristina González, avala estas conclusiones. Asegura que acudir con regularidad a las visitas con la matrona y tener buena información y educación maternal suele ser una ayuda muy importante. “Aquí es relevante el papel de la pareja, que actúa como intermediario con el equipo médico, por lo que un acompañante informado y que lleve a cabo un acompañamiento activo es tremendamente importante”, apunta González. En general, añade, los hospitales que son más intervencionistas tienen también una tasa mayor de depresión postparto, “y el intervencionismo no basado en la evidencia, aparte de ser violencia obstétrica per se también se relaciona con la falta de información durante el parto”.

Para la psiquiatra infantil y perinatal Ibone Olza, es importante diferenciar entre la depresión postparto y el trastorno de estrés post traumático después del parto, dos trastornos que pueden presentarse juntos pero que también suceden por separado. “La depresión postparto tiene mucho que ver con antecedentes personales y familiares, con componentes psicosociales como la soledad, las expectativas y la idealización de la maternidad. Los síntomas son tristeza, falta de energía, pérdida de capacidad de disfrute, verlo todo negro, pensar que no vas a ser capaz de cuidar al bebé o de quererlo, dificultad para dormir... Puede que los bebés se duerman y las madres no, que se queden alerta, muy preocupadas, con síntomas de ansiedad”, explica.

El estrés postraumático, añade, está especialmente relacionado con haber sufrido violencia obstétrica. “Tiene más que ver con que te ha pasado algo que te ha desbordado por completo y que lo recuerdas a todas horas. Piensas en eso cuando ves a una embarazada o a una madre o pasas por un hospital, es una película que no puedes quitarte de la cabeza. Suele haber alteración del sueño, pesadillas, síntomas de ansiedad...”, dice Olza. Si la depresión postparto está poco atendida, el estrés post traumático después de haber sufrido violencia obstétrica en alguna de sus formas está, cuenta la experta, muy poco estudiado.

Precisamente, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que hay que prestar atención a la salud mental de las madres en el puerperio, con servicios adecuados para atender, prevenir y tratar los síntomas de la ansiedad y de la depresión postparto.

ARA