Absolvieron a Ana, la mujer acusada de homicidio por un aborto espontáneo

El Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes, absolvió hoy a Ana, la mujer que sufrió un aborto espontáneo y estaba acusada de homicidio agravado por el vínculo. Además, ordenó la liberación inmediata de la joven, madre de dos hijos, que está presa desde hace ocho meses. Pasado el mediodía, el tribunal provincial dio a conocer su fallo tras escuchar los alegatos que comenzaron a las 8 de la mañana. El juicio, que se inició el lunes, tuvo cinco audiencias y fue acompañado por movimientos de mujeres que pidieron la libertad de la joven.

En su sentencia, los jueces Ricardo Diego Carbajal (presidente del tribunal), Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte consideraron que las pruebas en contra de Ana no fueron suficientes para sostener la acusación. Las medidas impulsadas por el fiscal de Esquina, Javier Gustavo Mosquera, no pudieron determinar que la criatura nació con vida ni que la mujer lo manipuló para trasladarlo hasta el fondo de su casa donde apareció semienterrado. Tras conocerse el falló, las organizaciones feministas que acompañaban el juicio en las afuera del tribunal se movilizaron hasta la Comisaría de la Mujer de Goya, a donde estuvo alojada Ana mientras duró el juicio. La joven ya fue liberada y trasladada a Esquina, donde vive con su familia.

Durante el proceso, la defensa de Ana señaló las irregularidades de la investigación que promovió la fiscalía. La abogada Natalia Ávalos habló con elDiarioAR y dijo que no existieron pruebas válidas o contundentes en su contra.  “Se hicieron pericias, pero dejan mucho que desear. No existió una prueba que dé una certeza de lo que se la acusaba, fueron pericias con una mala interpretación o viciadas por alguna nulidad”, agregó. Además, afirmó que en el proceso “quedó demostrada la criminalización hacia las mujeres. ”Sobre todo las más vulnerables, pobres y con recursos escasos que dificultan el acceso a una defensa técnica efectiva, el acceso a la justicia“, agregó.

El 10 de noviembre, Ana tuvo un aborto involuntario en su casa en la localidad de Esquina y días después se encontró el feto semienterrado en el patio de su casa. Tras el hallazgo, la mujer  fue detenida y quedó presa en la Comisaría de la Mujer. Desde ese día estuvo presa y la justicia le denegó el cese de la prisión preventiva y la prisión domiciliaria por peligro de fuga, a pesar de que vive en condiciones de vulnerabilidad junto con su madre y dos hijos de 6 y 11 años. Trabajaba como empleada doméstica y durante los fines de semana, elaboraba comida casera para vender. “Ella no contaba con medios económicos como para fugarse, siempre tuvo una conducta tranquila, nunca intentó obstaculizar la justicia, siempre estuvo a derecho. Es madre de dos niños pequeños y así y  todo la alejaron de ellos”, describió Ávalos. 

Otra de las irregularidades fue la falta de una defensa, a la que pudo acceder cuatro días después de su detención. “En el juicio se debatió que no se puede determinar que ese feto haya nacido con vida. Es fue la discusión, la acusación se basó en una situación completamente irreal, considerar que una mujer que recién acababa de parir pudo saltar una ventana y trasladarse muchísimos metros al fondo de su casa, tomar una pala, cortar el feto  y luego enterrarlo y volver a su pieza y hacer su vida como si no pasara nada. Es desconocer el cuerpo de una mujer y lo que es el puerperio”, detalló la letrada

El proceso judicial se visibilizó por el activismo de movimientos feministas, sociales y de derechos humanos que se acercaron a la familia y nacionalizaron la situación para denunciar la falta de perspectiva de género y avasallamiento de derechos en una caso de “emergencia obstétrica”. “Hicieron y ejecutaron mal todo el procedimiento de entrada, por que si tenés un aborto espontáneo en tu casa, lo que tenés que tener es una asistencia médica y lo que hicieron fue deterneral”, afirmó Zeta Cufré , integrante de la comisión Libres las Queremos de Campaña Nacional por el derecho al Aborto en diálogo con este medio. 

“Vemos que se repiten características del Poder Judicial que no tiene perspectiva de género, que criminaliza a las pibas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad. Los criterios que tienen para juzgarlas son horripilantes. Se trata de situaciones en las que otra mujer con otras condiciones económicas, va a un hospital, le hacen un legrado y se va a su casa. En el caso de Ana la juzgaron sin poder comprobar que había vida y ni siquiera pudieron comprobar que ese producto del cuerpo sea de Ana porque no había un ADN. Fue un proceso insidioso en el que si no hubiéramos intervenido, hay un montón de falencias que no se hubieran descubierto. Por ejemplo, que Ana fue criminalizada desde el primer momento cuando estaba en riesgo su vida y no podía ejecutar nada. No tenía condiciones físicas para hacerlo”, describió Cufré.

El Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes también acompañó a la familia de Ana y criticó los padecimientos que sufrió la mujer a raiz de su detención. “Ella no sabía de cuántos meses estaba, trabajaba todo el día y fue una situación problemática para ella que ya tenía dos hijos. En soledad tuvo esta emergencia obstétrica y la policía en lugar de auxiliarla, la detuvo por pedido de la fiscalía”, le dijo a elDiarioAr Gladis Hanke, integrante del Comité y de MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad) Goya. 

Hanke sostuvo que la falta de acceso a la justicia se repite en mujeres en situación de vulnerabilidad. “Presentaron a Ana como si fuera una persona muy peligrosa y para nada es así. Se las acusa como si fueran homicidas, por eso pedimos que se juzgue el caso con perspectiva de género, teniendo en cuenta cuál es la situación de una mujer en estas circunstancias: con un feto que nace sin vida, cuando nadie la asiste, cuando vive en medio de la pobreza y de las necesidades. Son mujeres en situación de mucha vulnerabilidad económica, social, familiar”, describió.

CDB/MG