El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

El fideicomiso en Islas Caimán es actualmente objeto de una investigación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. 

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías. 

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad. 

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad. 

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza. 

Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.  

Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró.

Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. “Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman”, contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015. 

La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.

Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año. 

Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como  dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.

Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.

Blanqueo 2016

Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.

“Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró”, indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: “Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro” porque entonces no estaba declarado. 

El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.

Nicky Worldwide

La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.

A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.

La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.

Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más “fácil y económica” la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.

En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami. 

La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.

En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000.

En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.

En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran “ingresos por negocios”, provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.

También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero Jorge Caputo luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.

La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El papa Francisco destacó este martes a los pequeños y medianos empresarios “que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales”.

“Como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. ¡Todavía no nos dimos cuenta!”, planteó el pontífice en la entrega de agosto de la serie “El video del Papa” que publica por YouTube.

“Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios. Los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros”, destacó Francisco.

En ese marco, Jorge Bergoglio valorizó a “los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos y, a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social”. Son, según el Papa, “los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales”.

Esos empresarios, según Francisco “dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo”.

“Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven”; convocó por último en la pieza dada a conocer hoy por el Vaticano.

Con información de agencias.

IG

En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los archivos incluían millones de emails corporativos que provenían de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios “offshore”.

Como consecuencia de las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panama Papers, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y su homólogo paquistaní Nawaz Sharif se vieron obligados a dimitir, al igual que otros muchos mandatarios. 

La filtración provocó protestas multitudinarias en Londres, Reikiavik y otros lugares, así como desencadenó la apertura de miles de investigaciones judiciales e inspecciones tributarias en todo el mundo. Además, desde entonces, se han promulgado leyes más estrictas para combatir el negocio de las sociedades pantalla. Los estados han recuperado más 1.300 millones de dólares que se habían perdido por impuestos no recaudados.

Hasta la fecha, ‘John Doe’ solo se había pronunciado una vez en público. Cuatro semanas después de que los Panama Papers comenzaran a ver la luz, publicó un manifiesto en el que hizo un llamamiento a los legisladores para que actuaran para combatir la desigualdad global. Desde ese momento, se han publicado libros, podcasts y documentales sobre la filtración. Incluso, Hollywood hizo una película sobre el tema que protagonizó Meryl Streep. Pero el denunciante que filtró la documentación ha guardado silencio hasta ahora.

Recientemente, ‘John Doe’ se puso nuevamente en contacto con los dos periodistas que en 2016 trabajaban para el diario SZ y que ahora lo hacen en el semanario Der Spiegel (aquí la entrevista completa en inglés). Con el fin de garantizar su anonimato, la entrevista con esta fuente fue realizada online mediante un programa cifrado. La entrevista, que tuvo lugar con la presencia de un testigo, ha sido acortada para una mejor comprensión, ligeramente editada y, como es habitual en el periodismo alemán, el texto fue enviado al entrevistado para que diera el visto bueno antes de la publicación.

¿Cómo está? ¿Se siente seguro?

Sí, me siento seguro, hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces. Pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada.

Usted ha guardado silencio en los últimos seis años. ¿No se ha sentido tentado a desvelar que fue usted quien facilitó que se hicieran públicos los negocios secretos a través de sociedades ‘offshore’ de jefes de Estado y de gobierno, cárteles de narcotráfico y diferentes tipos de criminales?

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente hace. En aquella época, mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos del despacho Mossack Fonseca que estaban a mi alcance. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo.

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad

Usted se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que puso en marcha una investigación en la que colaboraron más de 400 periodistas y que fue coordinada por ICIJ. Cuando llegó a nosotros, ¿qué le pasaba por la mente?

Cuando me puse en contacto con ustedes, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde.

(NdA: NYT y WST declinaron hacer comentarios sobre este asunto. Der Spiegel se puso en contacto con Wikileaks, pero no obtuvo respuesta alguna.)

El equipo global de periodistas comenzó a publicar los Panama Papers el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para usted?

Lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos y me dejó pasmado que Edward Snowden se mostrara sobreexcitado comentando el proyecto en Twitter. Recuerdo cómo miles de posts iban circulando de un sitio a otro en las redes sociales. Nunca había visto nada similar. Se trataba literalmente de una explosión informativa. La gente con la que estaba aquel día se puso a hablar del asunto tan pronto como lo conocieron. Hice todo lo que estaba a mi alcance para disimular y hacer como si fuera la primera vez que oía hablar del tema.

Muchos expertos comparan los Panama Papers con el Watergate. La fuente más importante del Watergate fue el director adjunto del FBI Mark Felt, quien se hizo llamar ‘Garganta Profunda’. Al final, reveló su verdadera identidad 33 años después de que se publicara el Watergate.

De vez en cuando, he pensado en Mark Felt y los riesgos que él afrontó. El tipo de riesgos que yo asumo son diferentes a los suyos. Es posible que tenga que esperar hasta que me encuentre en el lecho de muerte.

(Al domingo que se estrenó Panama Papers) lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos

¿Por qué?

Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, alguna de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad. Al comienzo, Felt tuvo que preocuparse por Richard Nixon y sus cómplices. Nixon dimitió dos años después de que estallara el escándalo. Su renuncia le quitó todo poder. Sin embargo, en mi caso, incluso si transcurren 50 años, las organizaciones que me inquietan seguirán existiendo.

¿Le ha contado a alguien su papel en los Panama Papers?

Tras la publicación, se lo conté solo a algunas personas, de aquellas a las que más quiero.

Usted ha permanecido en silencio los últimos seis años. ¿Por qué quiere hablar ahora?

En estos seis años, ha habido ocasiones en las que he estado tentado a hablar alto y claro. En cada uno de esos momentos, es como si el mundo se estuviera escorando más y más hasta estar cerca de hundirse. De modo que la necesidad de intervenir me ha parecido cada vez más urgente para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que poner en la balanza diversos factores.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers

¿A qué se refiere exactamente?

En primer lugar, por supuesto, garantizar mi propia seguridad física y la de mi familia. Además, está el hecho de que el mundo es un lugar enorme con una cacofonía de voces, todas ellas intentando que su punto de vista se entienda. Quería que mis palabras cobraran sentido y que no se perdieran tras el siguiente tuit de Donald Trump. En 2016, escribí [en un manifiesto] sobre mi miedo a algo que ya estaba observando: “Una grave situación de inestabilidad podría estar justo a la vuelta de la esquina”. Mucho me temo que esa inestabilidad finalmente ha llegado.

¿A qué tipo de inestabilidad se refiere?

Al ascenso global del fascismo y el autoritarismo, desde China a Rusia pasando por Brasil y Filipinas, pero muy especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido errores terribles a lo largo de su historia, pero también ha servido como una fuerza de equilibrio para contrarrestar la influencia de los peores regímenes absolutistas cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir.

Parece que los paraísos fiscales son de una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es una amenaza mayor para Estados Unidos de lo que lo fue Hitler y las sociedades pantalla (offshore) son sus mejores amigas. Las sociedades ‘offshore’ que financian al ejército ruso son las que permiten que se mate a civiles inocentes en Ucrania cuando los misiles de Putin impactan en centros comerciales. Las sociedades pantalla que ocultan las actividades de los conglomerados empresariales chinos son las que permiten que mueran menores en las minas de cobalto de Congo. Las compañías ‘offshore’ hacen posible todos estos horrores y le quitan a la sociedad el derecho de exigir rendición de cuentas a los poderosos. Sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar bien.

A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y que se asocie a mi nombre

Los Panama Papers parecen tener más relevancia ahora que nunca debido a la agresión rusa contra Ucrania. Por ejemplo, uno de los más viejos y cercanos amigos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado internacionalmente a finales del pasado febrero. La razón principal es que su nombre fue encontrado en los Panama Papers. Los documentos mostraban que Roldugin parece haber sido el testaferro de su poderoso amigo Vladimir Putin y que posee millones, al menos sobre el papel. ¿Está satisfecho por este giro inesperado en los acontecimientos?

Estoy contento por ver cómo Roldugin ha sido sancionado. Es genial.

¿Tiene miedo de que Rusia busque venganza?

Es un riesgo con el que vivo. El gobierno ruso ha manifestado que quiere verme muerto. Antes de que se restringiera la difusión de las informaciones de Russia Today en diversos lugares debido al ataque de Rusia contra Ucrania, emitió un docudrama sobre los Panama Papers en dos capítulos en cuyos créditos iniciales aparecía el personaje ‘John Doe’ herido en la cabeza tras haber sido torturado. Inmediatamente después se ve un barco de dibujos animados que navega por su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Aunque fueran unas imágenes estrambóticas y de mal gusto, el mensaje no era sutil. Ya hemos visto cómo otras personas ligadas a cuentas ‘offshore’ y sometidas a procesos judiciales por tributación irregular recurren al asesinato. Lo hemos visto en los casos de los periodistas Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afligieron profundamente. Hago un llamamiento a la Unión Europea para que haga justicia con Daphne, Ján y sus familias, y para que establezca el estado de derecho en Malta, una de las jurisdicciones que usó Mossack Fonseca.

En 2017, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA, por sus siglas en alemán) obtuvo mucha documentación de Mossack Fonseca, también procedente de una fuente anónima.

Sí, fui yo. Desde el principio, quería trabajar con autoridades gubernamentales porque me parecía obvio que era necesario para iniciar investigaciones por los delitos descritos en los Panama Papers. Más que ningún otro gobierno, el alemán me aseguró que garantizaría la seguridad de mi familia y la mía propia. Pasado un tiempo, llegamos a alcanzar un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, poco después, el gobierno alemán violó ese pacto. A mi entender, eso puso en riesgo mi vida. Siento decir que no recomiendo a nadie que confíe en las garantías que ofrece el Estado alemán. 

(NdA: La Oficina Federal de Investigación Criminal declinó hacer comentarios sobre estas acusaciones.)

Algunos artículos periodísticos informaron de que usted fue recompensado con cinco millones de euros. ¿Por qué está descontento con la Oficina Federal de Investigación Criminal?

Hubo tres problemas fundamentales. En primer lugar, sentí que una vez que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) obtuvo los datos, me dejaron solo y no me procuraron ningún tipo de protección. Esa desprotección era imprudente porque la amenaza sobre mi seguridad, lejos de menguar, se acrecentaba con el tiempo. Poco tiempo después y a plena luz del día, hubo un asesinato en Berlín que se vinculó a una operación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Podría haber sido yo la víctima. Segundo, el Gobierno alemán no cumplió con el acuerdo económico, lo que me provocó más problemas que pusieron en riesgo mi seguridad. En tercer lugar, la BKA ha desaprovechado constantemente la oportunidad de analizar datos del mundo ‘offshore’ más allá de los Panama Papers, lo que es realmente escandaloso.

Entonces, ¿usted piensa que las autoridades alemanas no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad?

Quiero ser justo con ellos. Me ofrecieron unas pequeñas medidas de seguridad, pero éste es el tipo de situación en el que un solo error produce consecuencias desastrosas e irreversibles. Por una serie de razones, nunca me sentí cómodo con su planteamiento general, especialmente según iba pasando el tiempo. Si de verdad el Gobierno alemán hubiera apreciado la relevancia de los Panama Papers, estoy seguro de que habrían manejado la situación de modo diferente.

¿Qué solicitó exactamente a la Oficina Federal de Investigación Criminal? ¿Ser un testigo protegido? ¿Una nueva identidad? ¿Más dinero?

Solo puedo decir que no cumplieron con el acuerdo económico que habíamos pactado.

La policía alemana ha compartido los documentos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero han limitado esa colaboración a entregar datos que afectaban a los ciudadanos del país correspondiente. Parece lógico pensar que las informaciones sobre los oligarcas fueron únicamente entregadas a las autoridades rusas, a menos que existieran investigaciones abiertas en otros países. Resulta una situación un tanto absurda, dado que esos hombres han sido recientemente sancionados internacionalmente como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers. Sus investigaciones se centran en los yates. Francamente, los yates no son importantes más allá de su valor simbólico. Las sociedades ‘offshore’ y los ‘trusts’ (fideicomisos) sí que importan de verdad. Las sanciones son una buena herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría hacer redadas policiales en las oficinas de los facilitadores de sociedades ‘offshore’ que actúan en su territorio para mandar el mensaje de que este tipo de actividades ya no es admisible. Sería fácil para ellos hacerlo, pero no ha ocurrido.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque se muestra crítico con el gobierno de Putin por sus niveles de corrupción, Snowden no puede abandonar el país porque tendría que enfrentarse a un juicio en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del puzle en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la Inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple.

Lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida

¿Cuán satisfecho está usted con las consecuencias de la filtración?

Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que ICIJ logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que hayan sucedido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers. El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera a resolver la corrupción en el mundo y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, Labuán o Delaware. Ahora mismo, sin esperar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, estás oyendo a un político que debería dejar su cargo.

Desde 2016, miles de historias de los Panama Papers se han publicado. ¿Piensa que aún hay alguna que el mundo necesita ver publicada?

Todavía quedan muchas historias por contar. Una que me viene a la mente es la de un ‘trust’ que firma cheques en papel color amarillo y que fue creado por un despacho de abogados colombianos para el beneficio de un cártel de narcotraficantes. En las operaciones de esa estructura ‘offshore’ colabora un banco estadounidense que permitió el uso directo de su cuenta corresponsal en un banco de Panamá. Los nombres de los receptores de los cheques se escribían  con máquina de escribir. Nos quedaríamos cortos si calificáramos estas operaciones como poco habituales. Perfectamente, podrían haber emitido cheques con una señal de alarma roja y no habría pasado nada tampoco.

¿Qué le ha enseñado su filtración sobre la denuncia de irregularidades?

Aunque quizás sea excepcional, diría que lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida. Pero exige mucho esfuerzo y mucha suerte ir un paso adelante del resto.

¿Qué le recomendaría usted a los potenciales denunciantes?

Les diría que contar la verdad sobre asuntos sensibles nunca resulta fácil. Un factor infravalorado es lo difícil que es mantener la cabeza fría. Tanto si estás hablando con periodistas o con autoridades gubernamentales, hay que estar preparado para que todo se mueva lentamente. Es fundamental respirar hondo y encontrar otras cosas en las que pensar de vez en cuando.

Si usted pudiera volver al pasado, ¿volvería a filtrar los documentos?

Sí, sin pestañear.

Traducción del inglés por Marcos García Rey.

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ED

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a unos 1.500 personas cuyos nombres aparecen en las sociedades y fideicomisos offshore revelados por la investigación periodística Pandora Papers. Los contribuyentes no habían informado al organismo fiscal sobre sus bienes, cuentas bancarias o estructuras societarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación.  Además, el organismo inició alrededor de cien fiscalizaciones ante la sospecha de que ciertas offshores fueron utilizadas para evadir y ocultar el patrimonio, según informó la AFIP a elDiarioAR.

Pandora Papers es la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, el equipo está integrado por elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. La investigación salió a la luz en octubre último e implicó el análisis de millones de documentos secretos de catorce estudios jurídicos y contables.

Ante la consulta de este medio, voceros del organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont declinaron informar si los contribuyentes fiscalizados son personas con perfiles públicos, como empresarios, exfuncionarios y figuras del deporte y los medios de comunicación. Se trata de información con secreto fiscal. En esta filtración, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore.

En noviembre, tras las primeras publicaciones, ICIJ comenzó a abrir la información obtenida de los documentos de Pandora Papers y los organizó en su base de datos abierta al público, el sitio Offshore Leaks. Esta apertura de datos permitió a la AFIP detectar a los 1.500 contribuyentes argentinos mencionados como titulares o directivos de sociedades o fideicomisos offshore que no habían informado al organismo su participación en estas entidades.

La AFIP reclamó a los contribuyentes información y activó unos cien procesos de fiscalización y control de los grandes patrimonios, que quedaron a cargo de las áreas especializadas en operaciones transnacionales y los equipos de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), informó el organismo. Las fiscalizaciones buscan determinar si estos contribuyentes participaron de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial.

Este martes, la AFIP envió una carta notificando a los investigados en la que les informó: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada ‘Pandora Papers’. No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”. 

Desde 2020, las personas jurídicas y fideicomisos están obligados a informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales -es decir, los dueños reales de los bienes-, así como los contribuyentes deben informar sus participaciones en sociedades offshore, fondos comunes de inversión y fideicomisos en el extranjero, además de asociaciones civiles y fundaciones. 

“El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones”, informó un vocero del organismo.

Antecedentes

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando sea utilizada con fines lícitos y el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. El reclamo internacional en torno a las offshore se debe a que estas estructuras garantizan el anonimato de los poderosos y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

Durante la investigación de Pandora Papers, el equipo argentino de ICIJ* consultó a decenas de personas que aparecían en los documentos analizados. La mayoría afirmó que sus estructuras offshore estaban declaradas ante la AFIP o ante las autoridades de otros países -según el lugar de residencia-, pero muy pocos permitieron corroborar si así era. 

Otros admitieron que durante años, sus sociedades habían permanecido en secreto y no tributaron impuestos hasta que fueron regularizadas durante el blanqueo o sinceramiento fiscal de 2016. Un tercer grupo no quiso definir si había o no declarado su sociedad o fideicomiso offshore (trust) ante la consulta.

Sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP para demostrar que de las palabras a los hechos hay documentos. En algunos de los casos, el acceso fue parcial, lo que no permitió corroborar la totalidad de la información. 

La investigación periodística Pandora Papers salió a la luz el 3 de octubre de 2021. Durante los siguientes cuatro meses, elDiarioAR publicó 48 casos investigados por los periodistas del equipo argentino*: exfuncionarios, empresarios, ejecutivos, familiares y asesores de políticos, personas bajo investigación judicial, deportistas y personalidades de los medios vinculados directamente con sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas hasta estados de los Estados Unidos, como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming; Nueva Zelanda, en Oceanía; y Luxemburgo y Suiza, en Europa.

La lista incluyó a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país, a  dueños de medios de comunicación, futbolistas, polistas exportadores de caballos y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. Desde Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; hasta miembros de la familia Werthein y Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma. El empresario José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino y su exCEO, Carlos García; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Qué es público y qué no

La base de datos abiertas de ICIJ incluye datos de los hallazgos periodísticos pero también incorporó la información de Pandora Papers sobre otros contribuyentes que figuran en los documentos de la filtración como accionistas y beneficiarios finales de las offshore y que fueron investigados por la AFIP. Se trata de ciudadanos que acudieron a los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; Trident Trust; y Fidelity, entre otros. 

El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.

AFIP.

Los documentos confidenciales de Pandora Papers a los que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentran en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos que crearon los estudios y compañías, pero sí los datos que figuran en ellos: accionistas, intermediarios que ayudaron a crear las offshore y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se pueden visualizar los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos.

Los datos públicos de Pandora Papers se sumaron desde finales de noviembre último a las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que ICIJ empezó a publicar en 2013, como Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED/MG

Para las grandes fortunas no hay territorio más seguro para esconder sus valores patrimoniales que EEUU. Este país es la jurisdicción que concede más esperanzas a las personas con más renta de que sus riquezas estén a buen recaudo. Así lo revela el ranking de Tax Justice Network, institución dedicada a la investigación de paraísos fiscales, centros offshore o naciones que favorecen el blanqueo de capitales, entre otras prácticas dañinas. En su último informe sitúa a la mayor economía del planeta a la cabeza de las jurisdicciones más condescendientes y con más garantías de preservación del secreto financiero. De hecho, es el país que más caudal monetario opaco almacenó desde 2020, hasta suponer casi la tercera parte del patrimonio oculto de todo el mundo, y alcanza la peor puntuación de la clasificación desde que empezó su edición en 2009.

Este barómetro calcula el nivel de permisividad del secreto financiero; es decir, establece la lista de jurisdicciones con mayor complicidad a la hora de ayudar a personas físicas o jurídicas a que encuentren escondites para sus finanzas o beneficios bajo el imperio de la ley. Con puntuaciones que van de 0 a 100 en función de si el ordenamiento jurídico impide totalmente o facilita la ocultación de la riquezas bajo estrictas normas de confidencialidad, ya sea con idea de convertirse en un arsenal monetario o de activos empleados para evasiones fiscales, blanqueo de capitales o actividades terroristas o vinculados con el narcotráfico.

Ian Gary, director ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una organización hermanada con Tax Justice Network y que colabora en la elaboración de este índice de secreto financiero, considera que este estudio “muestra cuán corruptas son las naciones y la weaponización (o militarización) que nuestro sistema financiero ejerce sobre las democracias”. Antes de advertir que la Casa Blanca “debe realizar muchos más esfuerzos bilaterales, recíprocos y automáticos de intercambio de información bancaria y fiscal con otros países” si quiere lograr el galardón de mercado transparente.

Los datos que arroja el informe son contundentes. Los expertos de Tax Justice conceden a EEUU un valor FSI (Financial Secrecy Index) de 1,951 billones de dólares, cantidad similar al PIB italiano, con una valoración de 67 sobre 100; además de darle un 25,8% de Peso de Escala Global (GSW) o porcentaje del total de servicios financieros globales a no residentes y una cuota (share) del 5,74% del arsenal patrimonial que actúa bajo reglas de secreto bancario. El segundo peldaño de este escalafón lo ocupa Suiza, tradicional enclave financiero y fiscal offshore: con un FSI de 1,167 billones -casi el tamaño de la economía de Indonesia- una puntuación de 70 sobre 100, un peso del 3,9% y una cuota del 3,43%. Singapur cierra el pódium con la misma cantidad acumulada, un 67 sobre 100, un 5,6% de patrimonio de no residentes respecto al circuito financiero internacional y una porción similar a la de Suiza, del 3,43%, de toda la riqueza bajo secreto bancario en el planeta.

El Financial Secrecy Index 2022 también denuncia regulaciones que cierran los ojos antes este tipo de prácticas dañinas entre las potencias industrializadas. Cinco de los socios del G-7 -EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia- recortaron a la mitad sus progresos en transparencia. El gobierno germano, que acogió estos días la reunión de ministros de Finanzas del G-7, tuvo la séptima peor evaluación global por su pobre inclusión de leyes de aportación de datos fiscales y de revelación de información en su acervo legal, explica el estudio.

El estudio estima en 10 billones de dólares la riqueza que atesoran los centros offshore, más de 2,5 veces el valor de todos los dólares y euros que circulan actualmente por el mundo. España se encuentra en el vigésimo noveno lugar, por detrás de Canadá y por delante de Francia, las dos naciones del G-7 menos conniventes con el secreto bancario. Con una puntuación de 57, pero con 346.000 millones de dólares, el 0,7% del patrimonio de no residentes en todo el planeta y el 1,02% de activos totales sin declarar.

Tras los tres países con legislación más dócil, completan en top-ten del ranking de Tax Justice Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y dos sospechosos habituales: las Islas Vírgenes británicas y Guernsey; ambos, territorios bajo control británico. En opinión de Alex Cobham, ejecutivo jefe de este think-tank, “de forma global, hemos empezado a perseguir el secreto financiero que usaron los oligarcas rusos, pero también es el momento de ampliar estos derroteros a evasores fiscales, políticos corruptos, organizaciones criminales y a cualquier persona o entidad que trate de blanquear capitales”. Una acción combinada del G-7, como la que acaba de imponer para exigir el 15% de fiscalidad a las multinacionales en todo el planeta, reduciría más de la mitad el secreto financiero.

El G-7, un club selecto y permisivo

“Un pequeño club de países ricos que impulsan las reglas de la globalización, de la arquitectura global y las normas tributarias transnacionales son precisamente los mayores responsables de los delitos fiscales y del secreto financiero que conduce con demasiada frecuencia al blanqueo de capitales”, avisa Moran Harari, responsable de investigación en Tax Justice Network. Durante décadas -aclara- los poderosos socios del G-7 “cortejaron a milmillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con el señuelo del secreto financiero y cerrando los ojos a regulaciones y controles de supervisión específicos”.

En este sentido, recoge una crítica rotunda contra Reino Unido y sus vastos enclaves soberanos que aún dependen de la Corona británica, desde las Islas Vírgenes hasta Jersey, paraísos fiscales que en conjunto son responsables del 8,9% de la opacidad bancaria del planeta. En estos territorios recalan activos sin declarar que suponen más de la décima parte del volumen patrimonial global si se incluye a la City de Londres.

También hay otro mensaje para Joe Biden: si EEUU cumpliera con el intercambio de información fiscal y financiera como hacen otras grandes economías, la confidencialidad bancaria se reduciría en un 40%. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya admitió que EEUU “podría ser el mejor lugar para esconder y lavar dinero negro e ilícito”; todo un alegato a favor de nuevas normas y esfuerzos que erradiquen la corrupción.

La radiografía de situación de 2022 deja varios calificativos para EEUU, Suiza y Singapur de áreas fiscalmente dañinas e, incluso, menciona al mayor mercado mundial como territorio con varios paraísos fiscales que “socavan la cruzada de la Administración Biden contra las finanzas ilícitas”. En alusión a su primera intervención en el Congreso, con motivo de los 100 primeros días de su gestión, en la que aseguró sin tapujos que “numerosas compañías eluden impuestos a través de paraísos fiscales como Suiza, las Islas Caimán o Bermudas”. Aunque su condescendencia con el secreto bancario ocasiona pérdidas de ingresos tributarios de 20.000 millones de dólares al resto del planeta.

La Casa Blanca adoptó en 2021, en las primeras semanas de Biden como su inquilino, una ley de transparencia que fue calificada de histórica porque requería la identificación y el registro de los propietarios y empresas. Sin embargo, su pobre definición delictiva y la leve frontera entre actos legales e ilícitos dejó una serie de excepciones que han aprovechado trusts y firmas de inversión colectiva para reincidir en la opacidad bancaria.

IJD

El Icrict, un consorcio internacional de economistas que estudia el impacto de los paraísos fiscales y medidas de tributación internacional, presentó ayer, martes, un documento en el que plantea la creación de un Registro Global de Activos (GAR, en sus siglas en inglés) para poder tener una identificación de los beneficiarios reales de los activos en cualquier territorio del mundo, evitando el ocultamiento de la riqueza. Este grupo de expertos, entre los que se encuentran el premio Nobel Joseph Stiglitz o Thomas Piketty, ha publicado esta propuesta días antes de la reunión de ministros de finanzas del G20 para reclamar un compromiso internacional para tener un mayor control sobre la “riqueza extraterritorial”.

“El Registro Global de Activos es un registro global exhaustivo que vincula todos los tipos de activos, empresas y otros vehículos legales utilizados para poseer activos, con las personas que realmente los poseen o controlan -o se benefician de ellos-, los llamados ”propietarios efectivos“ (que pueden ser diferentes de los propietarios legales)”. Así resume el documento presentado por el Icrict este martes la propuesta, que consiste en evitar que muchos de estos activos se pierdan entre una maraña de sociedades e intermediarios y tributen de manera efectiva. El consorcio vincula este planteo a los casos conocidos como los Panama Papers o los Pandora Papers, donde la filtración de archivos de bufetes de abogados revelaban operaciones millonarias de personalidades públicas en paraísos fiscales.

“Un Registro Global de Activos debería incluir, además de los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, los fideicomisos y otros tipos de acuerdos legales utilizados para poseer activos, otros tipos importantes de riqueza como, los criptoactivos, obras y colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo”, explica el documento presentado. Los responsables del consorcio, que colaboran con otros organismos como Oxfam, plantean que todos estos escándalos de filtración de activos han constatado fallos “sistémicos” en el sistema financiero que permiten que más del 10% del PIB mundial se oculte en paraísos fiscales, complicando su tributación efectiva. “Los verdaderos propietarios de esta riqueza son indetectables debido a prácticas sofisticadas establecidas en jurisdicciones específicas alrededor del mundo que permiten, además, ocultar la ubicación de los distintos tipos de activos que estos tienen o, en algunos casos, incluso su propia existencia”, aseguran, culpando de ello a “banqueros, contables y abogados”.

El consorcio asegura que este registro permitiría que las sanciones sobre los oligarcas rusos, en pleno conflicto en Ucrania, fueran efectivas, ante la falta en ocasiones de identificación de multitud de activos. “Sin información completa sobre los activos de oligarcas rusos, las sanciones de occidente no pueden ser bien dirigidas, y esta incapacidad socava el estado de derecho internacional”, apunta el informe. En este consorcio también participan otros conocidos economistas como Gabriel Zucman, que dirige el observatorio europeo EU Tax, o José Antonio Ocampo, exministro de finanzas colombiano.

Por todo ello, el Icrict señala que se trataría de una “herramienta vital” contra los flujos financieros “ilícitos” al poner fin a “la impunidad por ocultar y utilizar las ganancias del delito y por retirar los ingresos y beneficios ilegítimos”. También serviría, señalan, para “medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos y apoyaría una fiscalidad adecuada”. De ahí, el llamamiento “urgente” para la creación del registro. “Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso”.

Dicho registro también sería una herramienta vital contra los flujos financieros ilícitos, al poner fin a la impunidad, por ocultar y utilizar las ganancias del delito, y por retirar los ingresos y beneficios legítimos de la economía en la que surgen para la recaudación fiscal. Además, un Registro Global de Activos permitiría medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos bien informados sobre el grado de desigualdad deseado y apoyaría una fiscalidad adecuada para reducir las consecuencias negativas de la desigualdad, incluso mediante la imposición a la riqueza extraterritorial. En consecuencia, la ICRICT hace un llamamiento urgente a la creación de un Registro Global de Activos. Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso.

El consorcio señala que ya existen ciertos registros nacionales y algunas iniciativas a nivel europeo que están encaminados a esta identificación del propietario real de los activos. Si bien, lamentan que dejan fuera a algunos activos y no hay coherencia entre los registros de distintos países o incluso dentro de los propios territorios. Para lograr un “potente núcleo” de la información necesaria, el consorcio anima a los gobiernos a una serie de actuaciones que mejoren estos registros. Entre ellos se encuentra “introducir requisito de titularidad real para las empresas, los fideicomisos y todo tipo de vehículos legales”, también sobre los inmuebles. También proponen conectar los registros a nivel nacional y ampliar los de titularidad real a todos los tipos de vehículos legales. Todo ello, proponen, deberá ser centralizado en un único Registro Nacional de Activos. La unión de estos registros nacionales podrían concluir en un Registro Europeo de Activos permanente, encargado de recopilar y relacionar toda la información. El objetivo final sería, que esos registros regionales confluyeran en el Registro Global de Activos, vinculando la información a nivel mundial.

“Mientras el sistema financiero mundial permita que se refugien los flujos financieros ilícitos, la pobreza y la desigualdad seguirán creciendo. Debemos actuar ahora para eliminar los paraísos fiscales que amenazan el futuro de muchos en beneficio de unos pocos”, señala el informe. “No más excusas, no más pandemias, no más guerras para justificar la falta de acción. Debemos actuar ahora para preservar la democracia, acabar con la espiral de desigualdad y reconstruir el contrato social”, concluye.

DL