La agresión al fotorreportero Pablo Grillo por parte de un gendarme quedó al borde del juicio oral. La jueza federal María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el Cabo Primero Héctor Guerrero, quien le disparó el 12 de marzo de 2025 una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, en el marco de una represión ordenda por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.

La querella sostiene que Guerrero utilizó su armamento de forma deliberadamente letal, efectuando disparos en ángulo horizontal directamente hacia el cuerpo de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, en un contexto donde no existía riesgo para la integridad física de los efectivos actuantes.

Los hechos que fundamentan el pedido de elevación a juicio ocurrieron a las 17 de aquella jornada, cuando Grillo se encontraba registrando el operativo de seguridad con su cámara. Según la reconstrucción judicial, el Cabo Primero Guerrero integraba una hilera de gendarmes apostada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís. A las 17:18:05, el uniformado efectuó un disparo con su pistola lanzagases que impactó de lleno en la zona frontal de la cabeza del fotógrafo, quien en ese momento se encontraba agachado realizando sus tareas profesionales y no participaba de ninguna conducta hostil.

El proyectil, una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y alta velocidad, provocó en la víctima una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica. Tras caer inconsciente en el pavimento, Grillo fue socorrido por otros manifestantes y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde inició un largo y tortuoso proceso médico que lo mantuvo tres meses en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

A lo largo de un año, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la implantación de prótesis craneales que sufrieron complicaciones. Recién en febrero de 2026, el fotoperiodista pudo regresar a su hogar, aunque todavía permanece bajo tratamiento ambulatorio y con secuelas neurológicas y físicas cuya magnitud total es incierta.

La acusación contra Guerrero no se limita únicamente al ataque contra Grillo, sino que incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados entre las 17:14 y las 17:22 de ese mismo día. Los peritajes y registros audiovisuales permitieron determinar que, mientras la normativa internacional y los manuales de uso indican que este tipo de proyectiles deben dispararse en un ángulo de 45 grados para que su caída sea parabólica, Guerrero los dirigió de forma horizontal hacia la cara y el torso de los presentes.

La querella remarca que el gendarme, debido a su jerarquía y años de trayectoria en una fuerza federal, conocía plenamente la potencial letalidad de su conducta y se apartó de manera deliberada de los criterios de excepcionalidad que rigen el uso de la fuerza.

Más allá de la responsabilidad directa del Cabo Primero, la presentación ante la jueza Servini exige profundizar la investigación sobre la cadena de mandos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se sostiene que las acciones y omisiones de los jefes operativos y de la conducción política permitieron que Guerrero actuara con la convicción de que su accionar quedaría impune, poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.

El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un emblema de la violencia institucional reciente, evidenciando cómo un arma considerada “menos que letal” puede ser utilizada como un instrumento de homicidio cuando se ignoran los protocolos mínimos de seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves en su Informe Anual de 2025 que el año pasado se identificaron “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos” en Argentina debido, en parte, a los recortes del Gobierno de Javier Milei sobre programas en materia de género, diversidad, memoria histórica o pueblos indígenas.

En su informe, la CIDH mostró además su preocupación sobre el avance iniciativas legales que “agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad” y advirtió sobre “retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas”.

Por otra parte, subrayó que algunas de las reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana que están siendo impulsadas amenazan la vigencia de los derechos humanos.

El documento reconoció sin embargo que durante 2025 se registraron en el país avances en la protección de datos en la gestión pública, así como una reducción de índices de pobreza y el fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas.

La CIDH, mencionó, entre otros eventos y cuestiones puntuales, la violencia policial registrada durante una protesta de jubilados en marzo de 2025, el debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar (1976-1983) y la eliminación de programas que promovían la igualdad de genero y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género.

El informe consideró que durante 2025 “la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes” y advirtió sobre la limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal de embarazos.

También expresó preocupación por el intento fallido de Milei de designar por decreto dos nuevos jueces de la Corte Suprema y por el cierre o debilitamiento de “políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales” mediante, entre otras medidas, la reestructuración, fusión y eliminación de entidades y programas clave.

En paralelo, destacó las manifestaciones por parte de personas mayores y personas con discapacidad en protesta por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Milei y remarcó una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para endurecer los criterios de ingreso al país para personas migrantes y ampliar las causas de expulsión.

Las conclusiones de la CIDH sobre la Argentina

Durante 2025 se registraron avances en Argentina en cuanto a la protección de datos en la gestión pública, reducción de índices de pobreza y fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas. También se observó la judicialización de casos de violencia contra personas LGBTI y el impulso de procesos para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación y de la persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al mismo tiempo, se identificaron desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad.

Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito de la institucionalidad democrática, se creó el Programa de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional38, orientado a mejorar el manejo seguro de información en organismos estatales.

Datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año, mientras UNICEF destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades.

Se avanzó además en un nuevo proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras dieciséis años de vacancia y se conformó la terna para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática. Al respecto, la CIDH expresó preocupación, en un comunicado de prensa, ante la violencia registrada durante la “Marcha de los Jubilados” del 12 de marzo en Buenos Aires, parte de las manifestaciones pacíficas que se realizan semanalmente desde 2024 contra las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas.

En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial.

Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Respecto a institucionalidad en derechos humanos, se avanzó en un nuevo proceso para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia.

Asimismo, el Congreso conformó la terna para la designación de la nueva persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales. Al respecto, se realizaron reestructuraciones, fusiones y eliminación de entidades clave para políticas públicas en materia de derechos humanos, como la supresión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la iniciativa de fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En particular se registró el cierre y restructuraciones de al menos 30 programas y establecimientos relacionados a género y diversidad, memoria histórica, asistencia a víctimas de trata de personas, niñez, adolescencia y familia.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo.

En lo atinente a seguridad ciudadana, se tomó nota de la reforma policial federal que aprobó un nuevo Estatuto de la fuerza alineado con estándares del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para la investigación de delitos federales y complejos.

El Estado presentó estas medidas como parte de una respuesta institucional frente al crimen organizado y la criminalidad compleja, enfatizando la necesidad de modernización tecnológica y de coordinación interinstitucional en materia de investigación criminal y prevención de delitos de alta complejidad.

No obstante, dicha reforma facultaría a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y otras labores de vigilancia digital, así como adelantar detenciones sin orden judicial, lo que, según la sociedad civil podría derivar en derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas.

Sobre desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial, el presidente Javier Milei designó en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto No. 137/2025, sin previa aprobación del Senado de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Finalmente, el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos, cuyas postulaciones no obtuvieron la aprobación de la Cámara Alta.

En cuanto a memoria, verdad y justicia, en 2025 se identificó a la nieta 139 y al nieto 140, así como a dos personas extranjeras desaparecidas desde 1976, lo que reafirma la vigencia de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, se hallaron restos humanos en un predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, entre 2006 y el 18 de septiembre de 2025, se dictaron 353 sentencias con 1.202 personas condenadas y 213 absueltas por crímenes de lesa humanidad.

Entre las sentencias, un 17% incluía condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Pese a los avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, preocupa la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos tras la aprobación de un decreto presidencial que suprime su autonomía institucional.

Asimismo, se observaron desafíos derivados del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria, junto con despidos de personal especializado y restricciones presupuestarias.

Entre los casos registrados se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la suspensión de pagos del Espacio para la Memoria, la unificación del Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, y la cesión de su edificio al Ministerio Público, además de la remoción de placas conmemorativas del Palacio de los Tribunales que recuerdan los juicios a las Juntas Militares, la destrucción de documentación militar relevante al esclarecimiento de graves violaciones de ese período, y el ataque al sitio de memoria en Salsipuedes.

Respecto de los derechos humanos de las mujeres, se observó un debilitamiento institucional en la materia. Se eliminaron 14 programas federales que promovían la igualdad de género y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género. Entre otros, se encuentran el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), el programa que proveía productos de higiene menstrual y el “Registro Nacional de Organizaciones sociales que abordan temáticas de género y diversidad”.

En adición, autoridades estatales anunciaron la intención de eliminar el femicidio del Código Penal, y de sancionar las supuestas “denuncias falsas” en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

De materializarse, esto representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes. La Defensoría del Pueblo reportó 124 femicidios entre enero y junio de 2025, mientras organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 178 femicidios y 287 tentativas en el mismo periodo, de los cuales la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, 14 de ellos habrían sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los feminicidios se caracterizaron por niveles extremos de crueldad, precedidos por desapariciones, tortura y violencia sexual. Por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos ha sido severamente limitado debido a los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

También, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en los servicios de salud sigue siendo obstaculizado por la falta de información, demoras, prácticas disuasorias, el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de personal para brindar el servicio de salud.

Sobre la situación de personas con discapacidad, el Estado informó sobre avances de la nueva Normativa para la Certificación de la Discapacidad, así como de la actualización del Registro Nacional de Profesionales y del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.

También reportó la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (FONADIS), que apoyan emprendimientos productivos, fortalecen establecimientos que emplean personas con discapacidad y facilitan el acceso a dispositivos de apoyo técnico. Asimismo, desarrolló políticas de accesibilidad, como la producción de materiales en lectura braille y lengua de señas, y acciones de capacitación para trabajadores estatales y provinciales.

No obstante, se han observado numerosas manifestaciones lideradas por personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que van detrimento de sus derechos.

Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas.

Al tiempo, se tomó nota de la investigación contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la República, por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En lo relativo a la situación de personas mayores, el Ejecutivo puso fin a la política de medicamentos gratuitos para personas jubiladas que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total de sus medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo congeló bonos pensionales, y vetó la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos a las que se hizo referencia en el apartado sobre institucionalidad democrática de este apartado.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado avanzó con la entrega de documentos de identidad para comunidades de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

No obstante, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial No. 26.160 resultó en operativos de desalojos en comunidades indígenas de Chubut, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Chaco y San Juan, que reclamaban sus tierras ancestrales. En este contexto denunciaron destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Además, el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diseñado para cubrir costos de asesoramiento legal para la defensa legal de sus territorios, ha sido eliminado.

Sumado a esto, las comunidades Limay Kurref, Suyai Leufu y El Sosneado fueron afectadas con la revocación de relevamientos jurídicos catastrales realizados por el propio Estado donde se les había reconocido previamente la ocupación tradicional de tierras y territorios.

Adicionalmente, persistió la criminalización de integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra; en particular, se destaca la detención de una integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza acusada de provocar incendios, así como la estigmatización de los pueblos indígenas desde medios de comunicación oficiales.

Se reportó además una previsión de reducción presupuestaria para el INAI para 2026 en un 15,5% en términos nominales y en un 25% en términos reales; así como cuestionamientos sobre la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en la adopción de la Ley V No. 202 en Chubut, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Sobre la situación de las personas en movilidad humana, Argentina reformó el Decreto de Necesidad y Urgencia No. 366 (DNU), que modifica la Ley de Migraciones No. 25.871 que busca regular el ingreso “descontrolado” de personas migrantes al país, las cuales representarían una amenaza para la seguridad nacional y una excesiva carga que llevaría al “colapso” a los servicios públicos que presta el Estado.

Dicho decreto también amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme.

Por otra parte, se expidió el Decreto No. 646, que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado No. 26.165, que autoriza la creación de “centros de acogida” en los que las personas solicitantes de asilo podrían permanecer durante el procedimiento, con salidas limitadas únicamente para regresar a su país de origen o a un tercer país.

Asimismo, faculta el rechazo de solicitudes que sean consideradas “manifiestamente improcedentes”, se fundamenten en “preferencias subjetivas” o “motivos de conveniencia económica”, o cuando las alegaciones sean consideradas “incoherentes, insuficientes o inverosímiles” y establece el desistimiento automático y sin excepciones si la persona se ausenta del país durante su tramitación.

Respecto de la trata de personas, el Ministerio de la Justicia avanzó con el “Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a Víctimas del Delito de Trata de Personas” que dispone restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación.

También se destacan acciones de prevención y operaciones de identificación de víctimas en contextos de trabajos forzados a bordo de buques; y los allanamientos realizados en Córdoba, Mendoza, y el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se rescataron adolescentes víctimas de explotación laboral, y víctimas con fines de explotación sexual.

En materia de avances respecto de las personas privadas de libertad, el Estado impartió la capacitación en materia de producción agropecuaria para mejorar las posibilidades de reinserción social de quienes están por egresar en las cárceles del país.

Sin embargo, se presentaron desafíos en cuanto a la sanción de leyes que posibilitarían un mayor uso de la prisión. En particular, la ley No. 27.785 que introdujo reformas como la incorporación del criterio de “reiterancia delictiva” para considerar al momento de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en el marco de la prisión preventiva; y el método de la suma aritmética de las penas para el dictado de una pena única.

Por su parte, la ley No. 27.786 que habilita la detención de personas por hasta 48 horas para averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad.

Por otro parte, en la provincia de Córdoba el uso excesivo de la prisión preventiva ha desencadenado en un incremento del hacinamiento y en condiciones deplorables de encarcelamiento.

Asimismo, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó la constitucionalidad de la legislación nacional que impide que las personas condenadas por determinados delitos de drogas puedan acceder a beneficios penitenciarios que limitan la prisión, tales como y salidas transitorias.

Igualmente, en materia de reinserción social, la inhabilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal ha impedido la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignadas.

Respecto de la situación de las personas afrodescendientes y la lucha contra la discriminación racial, se avanzó con la presentación del proyecto 0698-D-2025 en la Cámara de Diputados para aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo (A-68).

No obstante, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, a partir del cierre de organismos especializados como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, se ha dificultado el acceso a la justicia de personas afrodescendientes.

Adicionalmente, la actual política de medidas de control y seguridad ha impactado de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas.

Al respecto, el 14 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo que desalojó a más de 5.000 vendedores ambulantes y ejecutó decenas de allanamientos, la mayoría son personas migrantes de origen senegalés.

Respecto de los derechos de las personas LGBTI, se registraron avances en la judicialización en casos de violencia. Se destacan la solicitud de juicio contra policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández, quien murió bajo custodia en 2023; la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la investigación del triple asesinato de mujeres lesbianas de Barracas ocurrido en 2024 con una perspectiva de género; se confirmó, por parte de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, la condena a prisión perpetua por asesinato agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima en el caso de Tehuel de la Torre.

Además, el Juzgado Federal No. 2 de Paraná declaró inconstitucional el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el gobierno que prohibía tratamientos de afirmación de género a personas con menos de 18 años. La decisión fue también confirmada por la cámara federal de apelaciones.

En cuanto a desafíos, se observó la prohibición de tratamientos y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años; la aprobación del Decreto 61/2025, que impide la reasignación carcelaria de personas trans en función de su identidad de género, estableciendo el alojamiento según el sexo consignado al momento de la comisión del delito; y el retiro de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de portales oficiales.

Asimismo, se tomó nota que los crímenes motivados por prejuicios aumentaron 70% en comparación con 2024, registrando hasta 102 crímenes en el primer semestre de 2025, incluyendo cuatro asesinatos.

También se tuvo conocimiento de alegatos de torturas sistemáticas a mujeres trans en cárceles bonaerenses, especialmente en Sierra Chica; y agresiones contra la vivienda de la defensora trans Claudia Vásquez Haro.

Sobre los avances en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños y las niñas, el cual entrará en vigor en el país el 1 de enero de 2026.

A la vez, en octubre, la Cámara de Diputados aprobó la terna propuesta por la Comisión Bicameral para ejercer la nueva dirección de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, quedando pendiente la aprobación por el Senado.

Por otro lado, el Estado enfrentó desafíos una vez que, en marzo, decidió dar de baja a al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Estas medidas, formalizadas mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, implicaron la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativa, así como la supresión de subsidios vinculados a dichas actividades.

Adicionalmente, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, existirían incumplimientos estatales en la supervisión y garantía de derechos niñas y niños en instituciones de cuidado de la Provincia, incluida la falta de control efectivo del organismo provincial competente, lo que permitiría prácticas violatorias como torturas, tratos crueles, encierros, humillaciones y duchas frías, además de casos de abuso sexual en hogares específicos.

Estos espacios también presentarían deficiencias en acceso a la salud, con discontinuidad en tratamientos y aumento de hospitalizaciones por falta de abordaje adecuado de salud mental, así como un uso excesivo de medicalización.

Al respecto, la CIDH solicitó información del Estado en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, pero no recibió respuesta del Estado.

Asimismo, durante el 2025 continuó el debate legislativo orientado a la reducción de la edad de responsabilidad penal, en línea con la tendencia registrada en 2024. Ese año se presentaron nuevas iniciativas que proponen fijar la imputabilidad penal entre los 10 y 13 años, junto con proyectos que, manteniendo el umbral en 14 años, incorporan penas más severas de hasta 15 años de prisión.

EFE

“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.

Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.

Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.

Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.

El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. 

La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. 

Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. 

MC

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nicolás Emanuel Céspedez, inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), por empujar y provocar la caída de la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años, durante una manifestación realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación. El tribunal consideró que existió un “uso desmedido de la fuerza” y rechazó la versión de la defensa, que sostenía que se trató de un acto reflejo.

El hecho ocurrió en el marco de una de las habituales marchas de jubilados que se realizan los miércoles, el mismo día que el gendarme Héctor Jesús Guerrero hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo al impactarlo en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según consta en la causa, Blanco se acercó con un bastón a un cordón policial y, en ese contexto, Céspedez la empujó, lo que provocó que cayera al suelo y golpeara su cabeza. La mujer quedó inconsciente y debió recibir atención médica por una herida en la nuca que requirió puntos de sutura.

Con esta decisión, adoptada por mayoría, el policía quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun coincidieron en que la reacción del efectivo fue desproporcionada frente a la situación. En su voto, Boico subrayó que no se comprobó que Céspedez hubiera recibido golpes por parte de la jubilada y remarcó que, aun en ese caso, la respuesta no fue acorde. “Hubo un uso desproporcionado de la fuerza física contra una persona de edad avanzada y con movilidad reducida”, sostuvo.

Además, el magistrado descartó la hipótesis de la defensa al señalar que no existen elementos que indiquen que el accionar del policía haya sido involuntario. Por el contrario, consideró que el empujón fue una acción voluntaria que derivó directamente en la caída y las lesiones de la víctima.

En disidencia, el juez Eduardo Farah votó por dictar la falta de mérito. A su criterio, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten establecer con claridad la intencionalidad del acusado ni la entidad penal del hecho, por lo que propuso profundizar la investigación con nuevas medidas.

El episodio se produjo durante un operativo de seguridad dispuesto en ese momento por la entonces ministra Patricia Bullrich. La confirmación del procesamiento de Céspedez refuerza las críticas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y deja el caso a un paso del juicio oral, donde se definirá su eventual responsabilidad penal.

CRM

Antes del golpe de 1976, Damián Carlos Hernández ideó un pasadizo secreto en el sótano de la Librería Hernández, sobre la avenida Corrientes, para ocultar libros perseguidos. Junto a su hija Marisú y Rogelio García Lupo trabajaron durante meses fuera del horario comercial para poder esconder más de 235 mil ejemplares detrás de una estantería falsa, en un espacio clandestino que replicaba el tamaño del local.

La dictadura avanzó con amenazas, allanamientos y detenciones. En 1977, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la librería, se llevaron miles de libros y detuvieron al encargado. En un segundo operativo descubrieron el sótano oculto: ante la magnitud del material, se limitaron a secuestrar un ejemplar por título. La presión obligó a la familia a exiliarse en Uruguay, mientras el local permaneció clausurado durante meses.

Casi medio siglo después, la librería recupera esa historia y exhibe los libros que fueron censurados. El relato de Marisú Hernández reconstruye no solo el operativo para resguardarlos, sino también el impacto de la represión sobre su familia y el valor persistente de esos ejemplares como parte de una memoria que sobrevivió a los intentos de destrucción.

A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

El primer juicio vinculado a la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires y tiene como acusados a cinco manifestantes detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024. El proceso es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible caso de criminalización de la protesta.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se desarrollaban movilizaciones frente al Congreso contra el proyecto de ley impulsado por el oficialismo —conocido entonces como Ley Ómnibus y luego como Ley Bases—. En ese contexto, organizaciones culturales y sociales habían montado un festival en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

Durante la jornada se desplegó un operativo de fuerzas federales y se produjeron incidentes en la zona de Plaza Congreso. En ese marco fueron detenidas 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de ellas quedaron imputadas y ahora enfrentarán juicio oral acusadas del delito de “atentado contra la autoridad”, una figura penal que prevé penas de hasta un año de prisión.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa son los acusados, quienes según la fiscalía, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024 arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que los detuvo.

El juicio se realizará en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y se desarrollará a lo largo de tres audiencias previstas para esta semana. Las defensas sostienen que la acusación se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y cuestionan la falta de otras pruebas. Según denunciaron abogados y organismos de derechos humanos, el expediente presenta una “orfandad probatoria” y se apoya casi exclusivamente en testimonios policiales recogidos durante la investigación.

El caso se convirtió en el primero en llegar a juicio oral tras la implementación del protocolo de orden público anunciado por Bullrich en diciembre de 2023. Esa normativa habilitó la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles y dispuso la identificación de manifestantes y la eventual imputación de los organizadores de protestas, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos a quienes convocaran las movilizaciones.

Desde su puesta en marcha, el protocolo generó controversias jurídicas y políticas. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionaron la medida por considerar que restringe el derecho a la protesta. En distintos ámbitos también se presentaron denuncias contra operativos policiales realizados en manifestaciones frente al Congreso durante 2024, en algunos casos por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Para las organizaciones que siguen el caso, el proceso judicial que comenzará ahora puede marcar un precedente sobre el alcance de las políticas de seguridad aplicadas durante las protestas en la actual gestión. En ese sentido, sostienen que el juicio no sólo evaluará la conducta de los cinco acusados sino también el modo en que se aplicó el protocolo durante las movilizaciones contra el Gobierno.

Un caso similar en Córdoba

En paralelo, organizaciones sindicales denuncian un proceso judicial similar en la provincia de Córdoba. La CTA Autónoma de esa provincia informó que la Justicia local elevó a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani —secretario general de ATE y referente de la central— y otros 14 militantes detenidos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Según la denuncia de la central sindical, durante esa jornada se produjo un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes, militantes y trabajadores que participaban del reclamo social. Entre ellos se encontraban Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba. Tras las detenciones, varios de los manifestantes fueron trasladados al penal de Bouwer.

La CTA Córdoba sostiene que el expediente judicial se basa en una investigación “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones” y lo presenta como un caso de criminalización de la protesta. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía provincial, lo que abre ahora la etapa de juicio oral para los 15 imputados.

MC

“Qué decirte, Bullrich, que sos tremenda compañera”. Con esa sutileza Pablo Grillo le habló días atrás a la jefa libertaria en el Senado y quien fue ministra de Seguridad cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza. El jueves próximo se cumple un año de aquella represión frente al Congreso y el fotorreportero busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del cabo de la fuerza federal, sino también en la cadena de mando del operativo. En el vértice de arriba aparece, justamente, Bullrich.

La jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al gendarme Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que el cabo disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

MC

Trabajadores despedidos de Fate fueron reprimidos este miércoles por la Policía de la Ciudad mientras se manifestaban frente a la Secretaría de Trabajo, en el centro porteño. El operativo incluyó golpes, balas de goma y gases lacrimógenos en el marco de una jornada atravesada por una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto por los 920 despidos y el posible cierre de la planta.

La concentración se desarrollaba sobre la avenida Leandro Alem al 600, donde dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) mantenían una reunión con funcionarios nacionales en el marco de la conciliación obligatoria. Según denunciaron los manifestantes, no estaban bloqueando el carril del Metrobús y cumplían con las condiciones exigidas para la protesta cuando comenzó el avance policial.

El operativo se extendió hasta la avenida Córdoba. Testigos señalaron que los efectivos, apoyados por camiones hidrantes y motos, persiguieron a los trabajadores que se desconcentraban hacia calles aledañas. Hubo personas descompensadas y, de acuerdo con los testimonios, incluso golpeadas mientras permanecían en el suelo. En medio de la represión fue detenido el dirigente social Eduardo Belliboni, quien luego fue liberado.

Desde el arco sindical y político calificaron el accionar como “una violencia inusitada e inaceptable”. El diputado nacional Hugo Yasky aseguró que la represión comenzó mientras acompañaban “pacíficamente” la reunión. En la misma línea, Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, denunció que la policía “sin mediar aviso alguno reprimió, tiró gases y arrastró a la gente”.

La versión oficial

Horas después, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que informó que “se registraron incidentes frente a las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo” durante la marcha convocada por sectores gremiales vinculados al conflicto de Fate.

Según la cartera, la protesta “derivó en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a un operativo policial y, como resultado, un efectivo resultó herido”. Además, sostuvo que las fuerzas “debieron intervenir para restablecer el orden” ante acciones que -según indicó-—no se desarrollaron de forma pacífica y que intentaron “obstaculizar el normal ingreso y egreso” a la sede oficial.

En el mismo comunicado, el Ministerio informó que la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, con participación de representantes de la empresa y del sindicato, se realizó entre las 11 y las 11.30 sin que se alcanzaran acuerdos definitivos. También confirmó que la conciliación obligatoria fue prorrogada hasta el 11 de marzo y que aún restan audiencias cuyas fechas serán comunicadas a las partes.

Finalmente, la cartera reafirmó su “compromiso con el diálogo” y exhortó a mantener conductas pacíficas que no pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas intervinientes.

Conflicto abierto

La movilización contó con el respaldo de sectores de la Confederación General del Trabajo y de las dos CTA, además de organizaciones sociales y de jubilados. Bajo las consignas “Fate no se cierra” y “Reincorporación inmediata”, los trabajadores reclaman una salida que preserve los puestos de trabajo.

En paralelo, continúan las asambleas en la planta de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires, mientras el conflicto permanece abierto y a la espera de nuevas definiciones en la mesa de negociación.

CRM

“Todo lo que haya para corregir o sancionar, soy la primera interesada. También es cierto que los agentes son hostigados siempre”. Con esa frase la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la represión de este jueves por la mañana en el Congreso que terminó con trabajadores de prensa agredidos y con un camarógrafo del canal A24 detenido.

La funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera se comunicó con el conductor de A24 Luis Novaresio, apenas minutos después de la represión. Confirmó que fue ella quien instruyó a la Policía Federal para avanzar en la custodia del Congreso.

El operativo policial se activó a partir de una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se vota esta tarde en el Senado. Esa acción sobre las escalinatas del Palacio Legislativo motivó una fuerte cobertura de prensa y de canales de noticias en vivo alrededor de las 8 de la mañana.

En ese contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 manifestantes de la organización ambiental. Y posteriormente avanzó contra los trabajadores de prensa. Las imagenes de varios canales y periodistias registraron el momento exacto en que un policía agredió a un camarógrafo de A24, quien cayó al suelo. Luego fue detenido por un grupo de efectivos y posteriormente trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, con custodia policial.

El camarógrafo Facundo Tedechini, de 50 años, fue llevado a una dependencia del Congreso por seis policías antes de ser trasladado al hospital, donde quedo fuera de peligro. También fue agredida la movilera de A24 Agustina Biloti, que fue asistida por el efecto del gas pimienta que tiró la policía.

MC

La zona del Congreso volvió a ser escenario de una jornada de violencia institucional. Lo que comenzó como una intervención pacífica de activistas de Greenpeace para alertar sobre el retroceso en la protección de los ecosistemas de montaña, terminó con una intervención policial desproporcionada que no distinguió entre manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que cubrían el evento.

La protesta se centraba en el rechazo a las reformas de la Ley de Glaciares, que sectores ambientalistas denuncian como un traje a medida para la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas. Sin embargo, el debate ambiental quedó eclipsado por el despliegue de las fuerzas de seguridad.

La Infantería y efectivos policiales avanzaron sobre las escalinatas del Palacio Legislativo poco después de que los activistas desplegaran pancartas con la consigna “Los glaciares no se tocan”. También realizaron una acción en las escalinatas del Congreso con inodoros y la frase: “Senadores no se caguen en el agua”.

Las fuerzas de seguridad aplicó con rigurosidad el protocolo antipiquete y activó una cacería contra los miembros de la organización ambientalista pero también contra trabajadores de prensa que se encontraban identificados cubriendo la manifestación. Hubo 12 ambientalistas detenidos y un camarógrafo del canal A24 que estaba transmitiendo.

Los registros audiovisuales muestran el uso de gas pimienta y agresiones físicas en un perímetro donde la tensión escaló ante la resistencia pasiva de quienes buscaban visibilizar el reclamo ecológico.

Glaciares: un recurso en la mira

El conflicto de fondo es la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que el Senado vota hoy. La nueva legislación busca redefinir qué se entiende por “zona periglaciar”, lo que en la práctica liberaría vastas áreas de la Cordillera de los Andes para la explotación minera a cielo abierto.

Para Greenpeace y otras organizaciones de la sociedad civil, esto representa una “sentencia de muerte” para las fuentes de agua dulce en un contexto de crisis climática global.

“Reprimir a quienes defienden el agua es la respuesta de un Estado que prioriza el extractivismo sobre la seguridad ambiental de las futuras generaciones”, señalaron desde la organización tras las detenciones.

El Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia Federal en la que encuadra los disturbios ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la reforma laboral, como delitos agravados por finalidad terrorista y solicita la inmediata detención de los responsables. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada sin que se hayan acompañado pruebas concretas ni se hayan identificado formalmente a los supuestos organizadores.

Posteriormente desde el ministerio de Seguridad Nacional hicieron circular un segundo documento con fotos, nombres, apellidos y DNI de una veintena de personas involucradas en los episodios de violencia. Ninguna de esas aparece como lanzando las bombas molotov a la valla policial.

El escrito de la denuncia fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Acusa a los manifestantes involucrados de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas federales.

En el escrito judicial, el funcionario sostiene que los hechos podrían configurar delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La denuncia invoca los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal, junto con el artículo 41 quinquies, que agrava las penas cuando los delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”. La presentación judicial menciona también la figura de tentativa (art. 42) y concurso real de delitos (art. 55).

Tras ese escrito, elDiarioAR accedió a un PDF producido por Seguridad con la identificación de unos veinte sospechosos. Allí se identifican distintas personas a partir de capturas televisivas y material enviado por particulares. Entre los señalados figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes habrían sido extraídas de transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24.

En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato. Hasta el momento, el Ministerio los menciona como personas “individualizadas” en el marco de la denuncia por supuesto terrorismo, aunque la Justicia Federal deberá determinar si corresponde formular imputaciones formales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la decisión de encuadrar los hechos como terrorismo y aseguró que no se trató de una protesta común sino de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones públicas. Según detalló, durante los incidentes se secuestraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones para gomeras y palos adaptados como armas.

Monteoliva afirmó que las personas identificadas se hizo mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas biométricos, aunque no todos tendrían antecedentes penales. También rechazó versiones sobre presuntos infiltrados y defendió el accionar de las fuerzas federales durante la jornada.

Qué describe la denuncia

El documento sostiene que, durante la jornada legislativa, grupos de manifestantes portaban recipientes con combustible inflamable, artefactos incendiarios de fabricación casera, objetos contundentes y productos químicos que fueron lanzados contra efectivos federales. Esas imágenes pudieron verse en varios canales de televisión que transmitieron en vivo la manifestación.

La denuncia también afirma que se destruyeron bienes públicos para utilizarlos como proyectiles y que hubo agresiones directas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

“El accionar ilícito tuvo por finalidad generar un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir u obturar la actividad legislativa”, señala el texto.

En el petitorio, el Ministerio solicita:

El escrito habla explícitamente de “atentados con rasgos terroristas” y pide que se investigue la eventual existencia de organizaciones detrás de los disturbios.

En el apartado de prueba, el Ministerio informa que se encuentra “en pleno proceso de análisis” de los acontecimientos para evaluar la incorporación de elementos de convicción durante la instrucción. Es decir, la denuncia fue presentada antes de acompañar formalmente la totalidad de la evidencia.

Ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes del debate judicial, junto con la discusión sobre la aplicación del agravante por finalidad terrorista, una figura históricamente controvertida por su alcance interpretativo y por el margen que deja a la valoración política de los hechos.

MC

Pablo Grillo se presentó formalmente este lunes como querellante particular en la causa que investiga las graves heridas que sufrió durante la represión del 12 de marzo, y solicitó que se profundice la investigación penal sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad que intervino en el operativo, entonces conducida por Patricia Bullrich.

“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”, sostuvo Grillo en el escrito que firmó este lunes desde el Hospital Rocca, donde continúa con su rehabilitación, y que fue presentado este martes ante el Juzgado Federal N.º 1.

En su presentación, Grillo aclaró que su incorporación a la querella no implica el desplazamiento de su madre, su padre y su hermano, quienes lo representan en la causa. “Toda vez que voy a requerir de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de mi vida, lo que incluye este proceso penal”, explicó, y agregó que aún no se encuentra plenamente recuperado, por lo que necesita que conserven su rol como representantes legales.

La querella pidió que se profundice la investigación sobre distintos jefes de la Gendarmería Nacional, quienes —por acción u omisión— habrían contribuido al accionar de Guerrero. A partir de ese análisis, se solicitaron nuevas medidas de prueba y se insistió en la producción de otras que ya habían sido requeridas con anterioridad.

Según el procesamiento dictado por la jueza María Servini y confirmado por la Cámara, Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases, poniendo en grave riesgo la vida e integridad física de quienes se encontraban en el lugar.

El disparo que impactó en la parte frontal de la cabeza de Pablo Grillo fue el cuarto de esos seis disparos. La querella sostuvo que, si los funcionarios con deber de supervisión hubieran intervenido ante el primer, segundo o tercer disparo prohibido, Grillo no habría resultado herido y ningún otro manifestante hubiera estado en riesgo de sufrir lesiones graves o mortales.

Los mandos señalados

La presentación identifica responsabilidades en distintos niveles de la estructura de mando. Entre ellos, los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes estuvieron cerca de Guerrero durante buena parte del operativo y lo vieron disparar en el ángulo prohibido sin intervenir para detenerlo. Por el contrario, según los registros fílmicos incorporados a la causa, ambos le indicaron que dispare hacia los manifestantes y, tras uno de los disparos, Kozak le dio palmadas en la espalda en señal de aprobación.

También se solicitó investigar al comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien cumplía funciones de fiscalización del operativo. De acuerdo con los videos, desde las 17.12 recorrió el área donde actuaba la Gendarmería, impartió órdenes y emitió comunicaciones por trunking, incluso después de que Grillo fuera herido y mientras era asistido por el SAME.

La querella señaló además la responsabilidad del jefe del Destacamento Móvil 6, Comandante Principal Néstor Germán López, quien tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron; del jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes directas a los efectivos; y del director nacional de la Gendarmería, Comandante General Claudio Miguel Brilloni.

Respecto de este último, se pidió analizar una secuencia de imágenes que muestra que su llegada al lugar, lejos de moderar la represión, coincidió con un recrudecimiento de la violencia. Incluso después de que Grillo fuera herido de gravedad y mientras era asistido por una ambulancia, Guerrero recargó su arma y continuó disparando, sin que ningún superior jerárquico ordenara el cese o moderación del accionar.

El rol de Patricia Bullrich

La querella también solicitó que se investigue a la exministra Bullrich y a los funcionarios que cerraron sin fundamento la investigación administrativa interna contra Guerrero: el comandante de la Región I Marcelo Porra Melconian, el comandante mayor Barresi y el asesor jurídico José Carlos Lodolo.

En el escrito se repasaron las reiteradas intervenciones públicas de Bullrich sobre el caso, en las que intentó instalar una versión de los hechos contradicha por la investigación judicial y por dos resoluciones judiciales firmes. Según la querella, esas declaraciones generaron angustia en Grillo y su entorno, al responsabilizar a la víctima y buscar confundir a la opinión pública.

Además, se advirtió que esa narrativa oficial se trasladó a la investigación sumarial, que fue cerrada rápidamente y sin consecuencias, con el objetivo de garantizar la impunidad del cabo Guerrero. La querella subrayó que Bullrich sostuvo públicamente que no iba a removerlo de su cargo porque, a su entender, “actuó bien”, pese a que fue indagado, procesado por seis hechos graves y que ese procesamiento está confirmado.

MC

Tras casi un año de silencio público, Patricia Bullrich se refirió a la grave herida sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo pasado. La senadora y ex ministra de Seguridad avaló explícitamente el accionar de las fuerzas, incluso después de que un informe técnico incorporado a la causa judicial contradijera la versión oficial sobre cómo se produjo el disparo. Bullrich justificó el operativo y relativizó las consecuencias del uso de la fuerza estatal.

Consultada sobre el caso, fue categórica: “Fue un tiro bien hecho”, afirmó. Ante la repregunta sobre si un “tiro bien hecho” podía tener consecuencias, Bullrich redobló la apuesta: “¿Un tiro bien hecho puede tener una consecuencia? ¡Sí!”, respondió sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero, ahora procesado por la justicia.

La senadora encuadró el episodio en un escenario de “extrema violencia” y sostuvo que el Gobierno contaba con información previa sobre la movilización. “Sabíamos que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol con armas; secuestramos un montón de armamento en las estaciones de trenes”, aseguró en una entrevista en un programa de streaming.

Bajo ese diagnóstico, defendió el despliegue de Gendarmería y sostuvo que impedir la toma del Palacio Legislativo fue una “acción correcta”. “Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?”, planteó.

Al referirse específicamente a la lesión de Grillo, Bullrich volvió a presentar el hecho como un accidente derivado de la dinámica del operativo. “Tuvo la mala suerte de rebotar en un caño que estaba para colmo todo quemado y le pegó en la cabeza”, sostuvo. Y completó su razonamiento con una definición que recorrió redes sociales: “No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta”.

El peritaje que contradice a Bullrich

La interpretación de la senadora choca con un informe técnico clave incorporado a la causa judicial. La pericia fue realizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias de la investigación que conduce la jueza federal María Servini, y analizó tanto la mecánica del disparo como el cumplimiento de los protocolos vigentes.

Según ese informe, el gendarme que disparó el cartucho de gas lacrimógeno no lo habría hecho conforme al protocolo en seis oportunidades, que establece que este tipo de munición debe ser lanzada en parábola, con un ángulo aproximado de 45 grados, y nunca de manera directa, precisamente para reducir el riesgo de impactos contra personas.

El peritaje técnico puso en duda la hipótesis del rebote fortuito planteada por Bullrich y señaló que el modo de disparo incrementó de forma significativa el riesgo de causar lesiones graves, como la que sufrió el fotógrafo, que se encontraba trabajando y debidamente identificado como prensa.

El informe, además, fue solicitado en el marco de una causa judicial en trámite, lo que le otorga valor probatorio y refuerza el contraste entre la defensa política del operativo y las conclusiones técnicas incorporadas al expediente.

Pese a ello, Bullrich celebró ayer que Grillo “está mucho mejor y se mejoró”, aunque insistió en que la herida fue una consecuencia colateral del enfrentamiento. “Las acciones correctas pueden tener consecuencias”, reiteró, reafirmando su respaldo al accionar de las fuerzas.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos, sindicatos de prensa y asociaciones profesionales continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de gases y proyectiles contra civiles y trabajadores de medios, y advierten que el aval político a estos operativos se sostiene incluso cuando la propia investigación judicial señala incumplimientos de los protocolos.

MC

Los dos agentes federales que asesinaron a Alex Pretti, enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, llevan de baja desde el tiroteo del sábado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional este miércoles.

El anuncio se produce en un momento en que Trump parece mostrarse dispuesto a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración, aunque no había indicios de cambios significativos después de semanas de retórica agresiva y enfrentamientos con los manifestantes.

Aún está pendiente de saber si el departamento tomó medidas con respecto a los otros agentes involucrados en el asesinato del enfermero, como es el caso de quienes lo habían inmovilizado antes de que los dos agentes le dispararan y lo mataran.

Enfrentamiento previo con ICE

Pretti se vio envuelto en un altercado previo con agentes de ICE el 13 de enero, 11 días antes de que lo matasen. Un video publicado por el medio The News Movement lo muestra increpando a agentes subidos en un coche de la agencia migratoria y pateando las luces traseras del vehículo, tras lo cual los ocupantes se bajan y lo placan agresivamente.

“Una semana antes de que lo tiroteasen en la calle —pese a no amenazar a nadie— fue agredido violentamente por un grupo de agentes de ICE. Nada de lo que pasó [...] puede haber justificado el asesinato de Alex”, declaró a The Guardian Steve Schleicher, abogado de la familia.

Altos representantes de la Administración Trump, que defendieron enérgicamente el asesinato y mintieron sobre las acciones de Pretti, de 37 años, antes de su muerte, no han identificado públicamente a los agentes que le dispararon.

El domingo, Greg Bovino, quien entonces supervisaba las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump en MInneapolis, declaró a CNN que los agentes seguían trabajando, habían sido trasladados a otras ciudades y “muy probablemente estarían en funciones administrativas”.

La noticia llega mientras las autoridades de Minneapolis y la Policía del Capitolio de Estados Unidos investigan el ataque contra la representante por Minnesota Ilhan Omar, demócrata, que es una de las personas más insultadas por Donald Trump: un hombre la roció con una sustancia desconocida durante un acto público el martes por la noche, mientras ella criticaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Trump dijo a la ABC el martes por la noche que no había visto el video del ataque a Omar: “No pienso en ella. Creo que es una farsante. Probablemente, se hizo rociar ella misma, conociéndola”.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de Trump, llegó a decir este martes en la CNN que los agentes que mataron a Pretti después de que fuera inmovilizado y desarmado “podrían no haber seguido” el protocolo. El día del asesinato, Miller justificó a los agentes y describió a Pretti como un presunto asesino.

Este martes, los tres principales líderes demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a más de 150 demócratas del Congreso para respaldar una iniciativa de juicio político contra ella la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Chuck Schumer, líder demócrata en Senado, instó al senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, a separar la financiación de Seguridad Nacional de otros cinco proyectos de ley que financiarían otros departamentos, incluidos Defensa, Salud, Educación y Trabajo.

Los republicanos se han resistido hasta ahora a esa idea, diciendo que los demócratas deberían intentar llegar a un acuerdo con la Casa Blanca en lugar de obstaculizar los proyectos de ley de financiación. Está prevista una votación de prueba sobre el paquete de financiación para el jueves.

Schumer expuso las demandas de los demócratas para nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración. En términos generales, quieren que se ponga fin a las patrullas de inmigración itinerantes. También quieren que los agentes observen los estándares convencionales de aplicación de la ley sobre el uso de la fuerza y que los agentes federales dejen de usar máscaras, con el requisito adicional de que siempre porten la identificación adecuada.

Si no se cumplen esas demandas, dijo, los demócratas no votarán a favor del paquete de gastos en el Senado que financiaría gran parte del gobierno después del viernes. Y el país entraría de nuevo en un cierre parcial del Gobierno.

El músico Bruce Springsteen lanzó este miércoles la canción ‘Streets of Minneapolis’ en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero dejó la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen explicó en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al “terror estatal” que se vive en Minneapolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por los asesinatos a manos de fuerzas federales.

En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica al “Rey Trump” y a sus “matones federales”, relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

La canción sigue los comentarios públicos que Springsteen hizo sobre las protestas en Minneapolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de ‘The Promised Land’ a Good y apoyó la postura del alcalde Jacob Frey de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, criticó fuertemente las políticas del presidente, Donald Trump, desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo ‘Land of Hope & Dreams’, que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una Administración “corrupta e incompetente”.

Letra de 'Streets of Minneapolis', de Bruce Springsteen

A través del hielo y el frío del invierno

Por Nicollet Avenue

Una ciudad en llamas combatía el fuego y el hielo

Bajo las botas de un ocupante

El ejército privado del rey Trump del DHS (Departamento de Seguridad Nacional)

Armas atadas a sus abrigos

Vino a Minneapolis para hacer cumplir la ley

O eso dice su historia

Contra el humo y las balas de goma

En la luz temprana del amanecer

Los ciudadanos defendían la justicia

Sus voces resonando en toda la noche

Y había huellas ensangrentadas

Donde debería haber estado la misericordia

Y dos muertos, abandonados para morir en calles llenas de nieve

Alex Pretti y Renee Good

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Defenderemos esta tierra

Y el extraño entre nosotros

Aquí, en nuestra casa, mataban y vagaban

En el invierno del 26

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Los matones federales de Trump golpeados

Su rostro y su pecho

Entonces oímos los disparos

Y Alex Pretti yacía muerto en la nieve

Su afirmación fue en defensa propia, señor

Solo no te creas lo que ves

Es nuestra sangre y nuestros huesos

Y estos silbatos y teléfonos

Contra las sucias mentiras de Miller y Noem

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Llorando entre la niebla sangrienta

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley

Pero pisotean nuestros derechos

Si tu piel es negra o morena, amigo

Puedes ser interrogado o deportado en el instante

En nuestros cánticos de “ICE fuera ya”

El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten

A través de cristales rotos y lágrimas sangrientas

En las calles de Minneapolis

Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Aquí, en nuestra casa, mataban y vagaban

En el invierno del 26

Defenderemos esta tierra

Y el extraño entre nosotros

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera (ICE fuera)

ICE fuera

Trump había llamado a Springsteen “imbécil prepotente”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó en mayo de 2025 “imbécil prepotente” al músico Bruce Springsteen en un mensaje con tono amenazante en redes sociales, después de que “El jefe” tildara al Gobierno del neoyorquino de “corrupto, incompetente y traidor” durante un concierto ofrecido esta semana en el Reino Unido.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, arrancaba el largo texto de Trump en su red social, Truth Social.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”, proseguía.

Las palabras de Bruce Springsteen que ofendieron a Trump

El miércoles, en la apertura del tramo de 2025 de su gira ‘Land of hope and dreams’ en el Co-op Live de Manchester, Springsteen lanzó un ataque frontal contra el líder republicano.

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, dijo el artista de Nueva Jersey meses atrás al inicio de una larga alocución en contra de Trump y su Gobierno.

Springsteen acusó al actual Ejecutivo de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país “sin el debido proceso”, de ponerse del lado de dictadores, de “abandonar a los niños más pobres del mundo” o de revertir “leyes históricas para los derechos civiles”.

“Springsteen es ‘tonto como una piedra’ y no pudo ver lo que estaba pasando, ¿o sí (lo cual es aún peor)?”, proseguía el mensaje publicado por Trump en referencia al apoyo brindado por el músico para Biden, su predecesor en la Casa Blanca.

El escrito concluye en tono amenazante diciendo “este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué le pasa!”.

Un enfrentamiento de varios años atrás

El cantante, un conocido votante del Partido Demócrata, criticó a Trump desde que presentó su candidatura a presidente por primera vez en 2016, cuando pidió que en los actos de campaña del neoyorquino dejara de sonar su tema “Born in the U.S.A.”.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) “El jefe” lanzó el tema ‘That’s what makes us great’, una canción dirigida expresamente al entonces mandatario en la que se refería a él como un “timador”.

EFE.

Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que ha llevado al asesinato de una mujer de Minneapolis de 37 años, Renée Nicole Good, por parte de un agente federal del ICE y que ha acarreado indignación y protestas en todo el país.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional se compromete a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública. “El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, dijo McLaughlin: “Eso es lo que está haciendo la Administración Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado, y esperamos demostrarlo en los tribunales”.

El Gobierno también se enfrenta a una nueva demanda por una ofensiva similar en Illinois. Más de 4.300 personas han sido detenidas el año pasado en la Operación Midway Blitz, cuando patrullas de agentes enmascarados peinaron la zona de Chicago. La demanda presentada por la ciudad y el estado afirma que la campaña tuvo un efecto intimidatorio, que hizo que los residentes tuvieran miedo de salir de casa o utilizar los servicios públicos.

Desde el despliegue en las Ciudades Gemelas de Minnesota, es habitual oír las alarmas de los activistas cuando los agentes toman las calles. Los testigos han publicado regularmente vídeos de agentes federales utilizando gases lacrimógenos para disuadir a la ciudadanía.

Este lunes por la mañana, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se había congregado para ver las consecuencias de un accidente de tráfico en Minneapolis, a pocas manzanas del lugar donde Renée Good fue asesinada a tiros.

Una multitud se congregó para ver cómo los agentes interrogaban a un hombre al que habían embestido por detrás. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para intentar disuadir al grupo y luego se marcharon mientras la gente gritaba “¡cobardes!”.

Los funcionarios de la administración Trump han defendido repetidamente al agente de migración que disparó a Renée Good el 7 de enero, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y líderes políticos, basándose en los vídeos del enfrentamiento.

Mientras tanto, en Portland, Oregón, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas a las que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó el jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el hombre utilizó su camioneta para embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar con una mujer.

Ambos fueron tiroteados y finalmente detenidos. Sus heridas no revestían gravedad. El FBI dijo que, a diferencia del tiroteo de Good, no había ningún vídeo del incidente.

La represión del gobierno de Javier Milei y de Patricia Bullrich -como ministra de Seguridad- se duplicó durante 2025 en comparación con el año anterior. Así lo revela el Tercer Informe de Monitoreo de la Represión a la Protesta, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo público autónomo de derechos humanos que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El documento sistematiza el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones realizadas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 y da cuenta de un patrón sostenido de violencia institucional, acompañado por prácticas ilegales como tareas de inteligencia sobre manifestantes y el uso de armas de fuego con munición de plomo, expresamente prohibidas en estos ámbitos.

Según el relevamiento, en 2025 se registraron hechos represivos en 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas, lo que representa un 43% del total, frente a las 17 manifestaciones reprimidas en 2024, que equivalían al 28%. “Esto significa que en 2025 se duplicó la cantidad de manifestaciones con represión respecto a 2024”, advierte el informe, que subraya que el incremento no responde a episodios excepcionales sino a una modalidad de intervención estatal cada vez más extendida.

La CPM, que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura y trabaja en articulación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organismos internacionales, relevó 139 movilizaciones en el período analizado, con presencia directa en 127 de ellas. El informe señala que, incluso en protestas pacíficas y de baja convocatoria, se desplegaron operativos desproporcionados, con fuerte presencia de fuerzas federales y locales y uso sistemático de la coerción.

Heridos y detenidos: el impacto directo de la represión

El aumento de la represión tuvo un correlato inmediato en la cantidad de personas heridas. En total, 2.585 personas resultaron lesionadas en los dos años relevados: 1.216 en 2024 y 1.369 en 2025, es decir 153 personas más, lo que implica un incremento interanual del 13%. El informe advierte que la violencia “se extendió a lo largo de todo el período”, consolidando una forma de abordaje de la protesta que naturaliza el uso de la fuerza.

Entre los sectores más afectados se destacan los jubilados y jubiladas, cuyas lesiones se cuadruplicaron: pasaron de 42 personas heridas en 2024 a 155 en 2025, en el marco de las protestas semanales frente al Congreso. También se duplicaron las agresiones contra trabajadores de prensa: 184 periodistas y reporteros gráficos fueron heridos en 2025, frente a 98 en 2024. El caso más grave es el de el fotorreportero Pablo Grillo, que fue gravemente herido el 12 de marzo por el gendarme Héctor Guerrero, quien está procesado. El informe registra además lesiones a niños, niñas y adolescentes, todos afectados por gases irritantes.

Las detenciones arbitrarias también mostraron un fuerte crecimiento. En total, 258 personas fueron detenidas: 93 en 2024 y 165 en 2025, lo que representa un aumento del 77%. Según la CPM, la mayoría de estas detenciones se produjeron durante la desconcentración de las marchas y se basaron en imputaciones genéricas como “resistencia a la autoridad” o “atentado”, sin fundamentos suficientes. Entre las personas detenidas hubo jubilados, trabajadores de prensa, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.

Inteligencia ilegal y armas prohibidas

Uno de los aspectos más graves del informe es la persistencia de tareas de inteligencia ilegal, relevadas en el 69% de las movilizaciones monitoreadas. El documento describe la presencia de personal sin uniforme ni identificación, agentes filmando con cámaras portátiles, tomando fotografías con celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos, utilizando drones e incluso participando de las marchas para luego interactuar con efectivos identificados.

“Estas prácticas solo pueden explicarse en la realización de tareas de inteligencia, en colisión con la ley de inteligencia nacional”, señala el informe, que vincula su expansión con reformas normativas recientes que ampliaron las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el 78% de los operativos incluyó portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas en el control de manifestaciones públicas por el riesgo letal que implican. La mayoría de los casos correspondió a efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, especialmente de cuerpos motorizados. La CPM advierte que esta práctica viola estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza.

Una política planificada

En sus conclusiones, el informe es contundente: “La represión a la protesta social ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”.

También alerta sobre el incumplimiento de obligaciones básicas del Estado: “Se verifica un evidente incumplimiento del deber estatal de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas”, al tiempo que critica la falta de control judicial. “Se destaca el incumplimiento del deber de investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza”, concluye el documento.

MC

El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue declarado nulo por la justicia federal. Así lo determinó un fallo del juez Martín Cormick, a cargo de una causa en el juzgado 11, frente al reclamo de distintas organizaciones que impugnaron hace casi dos años el marco represivo contra la protesta social del gobierno de Javier Milei.

El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.

La acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.

La sentencia judicial se conoce tres semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda cuestionara la falta de fundamentos válidos del Gobierno para dictar el protocolo antipiquetes. Canda señaló en su dictamen que el protocolo utiliza un concepto de flagrancia que no es el que está previsto en el régimen penal. La única excepción es que se trate de delitos comunes cometidos en la protesta.

“Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, consideró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, ante elDiarioAR. “Con esta sentencia, un juez le pone límite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a través de una resolución ni puede interpretar el código penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos”, completó.

El juez sostiene también que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar el código penal y las leyes orgánicas de las policías.

El saldo del protocolo de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a casi 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

La llamada “doctrina Bullrich” se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad.

La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme. La semana pasada quedó confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por la represión frente al Congreso.

MC

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas causadas a Pablo Grillo y por el abuso de armas reiterado en cinco hechos durante la manifestación del 12 de marzo pasado. La resolución, firmada este viernes, ratificó lo dispuesto en primera instancia y sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio.

En su voto, el presidente de la sala, Roberto Boico, fue más allá del caso individual y reclamó que la investigación se profundice sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo, un punto que había sido señalado por los querellantes desde el inicio del expediente. La Cámara entendió que el cuadro probatorio permite no solo atribuir responsabilidad penal al agente imputado, sino también revisar la cadena de mandos y las decisiones operativas

Los camaristas confirmaron que, tal como señaló la jueza María Servini en el procesamiento del 7 de octubre, Guerrero fue el autor del disparo que dejó herido de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia los manifestantes.

El fallo se conoció a días de que la madre de Pablo Grillo hiciera pública una carta dirigida a los jueces, en la que pidió que la Justicia “imparta la justicia que necesita” su hijo. En ese texto, reclamó que el proceso avance sin dilaciones y que no se limite a responsabilidades individuales, sino que alcance a quienes diseñaron y habilitaron el accionar represivo que terminó con su hijo gravemente herido.

En paralelo, la misma Cámara Federal confirmó —también por mayoría— el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función contra Jonathan Navarro, el manifesnte que el mismo 12 de marzo, en otro lado de la plaza frente al Congreso, recibió un disparo de bala de goma en un ojo y perdió casi por completo la visión.

Los jueces dieron por acreditado el nexo causal entre el daño sufrido por la víctima y un disparo de bala de goma Byrna TCR, que provocó una incapacidad visual del 42%, según el peritaje del Cuerpo Médico Forense.

En ese caso, la autoría se apoyó en filmaciones de domos y registros privados, pericias de la PSA y de la Policía de la Ciudad, y en el dato clave de que solo tres agentes portaban ese tipo de arma con munición OC, siendo Martínez el identificado. La Cámara confirmó además un embargo por 91 millones de pesos y ordenó profundizar nuevos puntos periciales —trayectorias, ángulos y posibles rebotes—, pese a la disidencia del juez Eduardo Farah, que había propuesto la falta de mérito.

MC