La identificación días atrás del comisario Gustavo Antonio Gauna, director general de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, como uno de los efectivos que disparó vestido de civil durante la represión del 6 de agosto frente al Congreso reabrió una pregunta que se repite desde el 10 de diciembre de 2023, cuando entró en vigencia el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: quién da la orden, quién la ejecuta y quién responde por ella cuando un operativo termina con manifestantes heridos.

La reconstrucción de esa cadena de mando avanza de manera desigual. No existen identificaciones nominales oficiales de la primera etapa del protocolo y hay que apelar al trabajo de organizaciones civiles para hallar a las caras detrás de cada acción represiva, una reconstrucción que se aceleró de manera colectiva a partir del ataque a Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025.

Ese día, un disparo de gas lacrimógeno del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero hirió gravemente al fotógrafo, que perdió parte de la masa encefálica. Guerrero fue identificado días después y hoy está procesado por lesiones gravísimas, con juicio oral pendiente, y transita sus días cumpliendo funciones en Santiago del Estero, según supo elDiarioAR.

Pero la causa no terminó en él: la querella de la familia Grillo pidió investigar también a los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que estuvieron junto a Guerrero cuando disparó en un ángulo prohibido y no lo frenaron –en los videos se ve a Kozak señalarle hacia dónde tirar y darle una palmada de aprobación después–; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, y al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, que llegó a la zona después del ataque y, según la querella, no ordenó bajar la represión.

En ese mismo operativo aparece por primera vez, de manera documentada, un nombre que se repite en casi todos los casos relevados: el comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, jefe del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía Federal, con sede en Cavia. Perillo Scampini llegó al cordón de gendarmes minutos antes del disparo de Guerrero y actuó dando órdenes en el terreno, con el deber de controlar a los efectivos a su cargo.

La lupa en Perillo Scampini

No es la primera vez que su nombre queda ligado a un operativo cuestionado: en septiembre de 2024, un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño y otros) ya pedía su destitución –junto a la entonces ministra Bullrich, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle– por el operativo represivo del 11 de septiembre de ese año, en el que un agente roció con gas pimienta a una niña de 10 años frente al Congreso. Es decir: la identificación pública de Perillo Scampini como responsable operativo en el terreno es anterior al caso Grillo, aunque haya sido este último el que instaló el patrón de reconstrucción de imágenes que usa hoy el Mapa de la Policía.

El legajo personal de Perillo Scampini, al que accedió elDiarioAR, muestra una carrera hecha casi por completo en infantería y control de manifestaciones: ingresó como cadete en 1992, pasó por el Cuerpo Guardia de Infantería desde 2002, fue nombrado jefe de sección de ese cuerpo en 2015 y 2017, y llegó a jefe del Departamento en noviembre de 2022. Su último ascenso, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2022, fue formalizado por el decreto 75/2023, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández y refrendado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, en base a un pedido elevado por la jefatura de la Policía Federal.

El legajo también registra una carrera con roces disciplinarios, aunque de otro tipo: no hay sanciones por violencia contra manifestantes, sino una seguidilla de faltas administrativas –de entre dos y ocho días– por llegadas tarde y negligencia en la confección de expedientes, que en 1998 le valieron una calificación de “apto para el servicio con observación” con severa exhortación por reiteración de faltas. El antecedente más serio data de 2014: como jefe de servicios de un grupo operativo del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención, no dejó constancia de la desafectación de personal policial que era enviado a eventos deportivos por servicio adicional, lo que derivó en una causa por presunta defraudación contra la administración pública.

La Justicia penal lo sobreseyó en octubre de 2015, pero la fuerza igual lo sancionó administrativamente con cinco días de arresto en 2016. En paralelo, acumuló distinciones: al menos cuatro diplomas “al mérito” entre 2010 y 2021, y una condecoración por su “compromiso con la seguridad de los ciudadanos” en septiembre de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei. Un mes después, en el acto por el 203° aniversario de la Policía Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo distinguió en persona, en un acto encabezado por el Presidente, por su desempeño “en los servicios donde habitualmente se desarrollan manifestaciones de gran magnitud y complejidad”.

Gauna, el tirador de civil

El tirador de civil Gauna, en cambio, es comisario inspector y está al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales, un área que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales –hoy a cargo del comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal– y que, según el Estatuto de la PFA, tiene la misión de investigar delitos federales y organizaciones criminales complejas en articulación con juzgados, fuerzas provinciales y agencias de narcotráfico: un puesto pensado para el trabajo de inteligencia, no para el control de manifestaciones.

Según pudo reconstruir el colectivo de identificación Áncora, que releva sistemáticamente estos casos, Gauna fue promovido de subinspector a inspector en marzo de 2003 y de inspector a principal en abril de 2009, ambos ascensos publicados en el Boletín Oficial. Entre 2010 y 2023 fue jefe de la División Homicidios y después pasó a estar a cargo del área de Trata de Personas, dos destinos que lo mantuvieron lejos, al menos en el organigrama, de las tareas de infantería y contención de manifestaciones que sí forman parte de la función de Perillo Scampini.

Su perfil público lo muestra, además, con exposición mediática y cercanía a la conducción política de la fuerza: en 2024 apareció junto a la entonces ministra Bullrich al frente de la mesa de investigaciones unificadas por el caso Loan, opinó como “experto” en Infobae sobre el asesinato de Lucas González, jugador de Barracas Central, y participó de una capacitación conjunta con la ANMAT. Según el relevamiento de Áncora, también fue fotografiado en la represión del 19 de febrero contra la reforma laboral con un arma del mismo calibre que la usada el 6 de agosto –aunque en esa ocasión con una identificación visible colgada del cuello– y estuvo presente en el operativo de detención de Juan Grabois en el Instituto Perón, donde figura entre los efectivos atendidos por heridas en el hospital Churruca, junto a su jefe directo, De Cristóbal. Ese historial es lo que llevó a Áncora a preguntarse por qué el jueves apareció con una posición más protagónica que la de Perillo Scampini, el jefe de calle habitual de estos operativos.

Otros federales identificados

A la lista de agentes identificados en la represión del 12 de marzo de 2025 se suman, además de Guerrero, el prefecto Sebastián Martínez, de la Agrupación Guardacostas, que disparó e hirió en un ojo a Jonathan Navarro y fue citado a indagatoria en agosto de ese año, y Nicolás Emanuel Céspedez, procesado por el golpe a la jubilada Beatriz Blanco. El Mapa de la Policía también identificó a un agente de la Federal que hirió al manifestante Rodrigo Troncoso ese mismo día con un disparo en el ojo. Sin lograr revelar su placa, la organización civil lo identificó en un video de reconstrucción como “Tirador PFA B”. Sí lograron identificar a un segundo agente que dispara balas de goma, coon el brazalete L. L. Núñez (no se conoce su nombre completo). Ambos reaparecieron en la represión del 6 de agosto pasado por la Ley de Propiedad Privada.

De otros operativos aún se busca la identidad de un agente del Departamento de Operaciones Urbanas de la Policía de la Ciudad que fracturó el tobillo de la fotoperiodista Cintia Castellanos en junio de 2025.

El modus operandi Federal-Ciudad

Según Maximiliano Ledesma, sociólogo e integrante de la organización Mapa de la Policía, el reparto de tareas entre fuerzas federales y porteñas sigue un patrón en cada operativo: las tres fuerzas nacionales –Policía Federal, Gendarmería y Prefectura– despejan primero la plaza del Congreso, y recién después la Policía de la Ciudad “terceriza” el control del resto del perímetro del microcentro, desde Sáenz Peña y avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, y desde Mitre hacia avenida Corrientes.

Ese reparto quedó a la vista el 6 de agosto pasado, cuando un hidrante porteño circuló en contramano por Avenida de Mayo. En la Ciudad, ese operativo recae en buena medida sobre las comisarías de la zona: la Comisaría Comunal 1 Sur, con sede en Perú 1050 y a cargo del comisario inspector Raúl Damián Antonio Niz, y la Comisaría Vecinal 1A, en Suipacha 1156, a cargo del comisario Daniel Enrique Ferreyra, además de la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención de la Superintendencia de Orden Urbano, que conduce el comisario inspector Hugo Gabriel Infante.

Sobre el número de efectivos movilizados no hay una cifra única. Para las marchas de jubilados de marzo de 2025 se habló de hasta 1.500 efectivos federales; en la protesta por la reforma laboral, en febrero de este año, distintos medios contaron cerca de 2.000 agentes entre fuerzas nacionales y porteñas combinadas, y en operativos puntuales se documentó un esquema de aproximadamente 720 de la Policía Federal y 400 entre Gendarmería y Prefectura, a los que la Ciudad sumó 900 uniformados y 600 agentes de tránsito.

El CELS documentó de forma sistemática cada operativo. Según un informe publicado en julio pasado, el Ministerio de Seguridad destinó más de $2.000 millones a los operativos de las protestas de jubilados frente al Congreso. Las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre del año pasado, con un promedio de 915 efectivos por jornada. Cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento, aunque el CELS sostuvo que el monto informado no refleja el costo total de los despliegues: “Esta cifra es conservadora”.

La cadena de mando

Hoy, la cadena de mando comienza con Alejandra Monteoliva como reemplazante de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad en diciembre pasado. Luis Rolle sigue como jefe de la Policía Federal pese a haber estado a un paso de la renuncia en 2024, cuando se supo que fue él quien filtró un video adulterado para desligar a la fuerza del ataque con gas pimienta a la nena de 10 años; Claudio Brilloni continúa al frente de la Gendarmería Nacional y Guillermo Giménez Pérez de la Prefectura Naval. La Policía Federal es la fuerza a cargo del comando unificado, con Perillo Scampini al mando en el terreno.

En la Ciudad, bajo la jefatura de gobierno de Jorge Macri, el ministro de Seguridad porteño es Horacio Giménez, el secretario de Seguridad es Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad es Diego Ariel Casaló. Son, en definitiva, los nombres que están detrás de cada decisión operativa que termina, con demasiada frecuencia, con manifestantes heridos frente al Congreso.

El contraste salarial es uno de los datos menos difundidos de estos operativos. El sueldo de gendarmes y prefectos cayó un 31% en términos reales desde que asumió Milei, sin ningún aumento en lo que va de 2026 pese a una inflación acumulada de al menos 9% solo en el primer trimestre. La bronca escaló a un hecho inédito: en abril las cinco fuerzas de seguridad federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario– convocaron por primera vez de manera conjunta a una protesta con un abrazo simbólico al edificio Centinela de Retiro, sede de Gendarmería. A la par, la obra social de las fuerzas de seguridad –separada este año de la de las Fuerzas Armadas tras el vaciamiento de Iosfa– arrastra un colapso que golpea también al Hospital Churruca, el centro de referencia médica policial.

En la Ciudad el cuadro es distinto: el sueldo de un oficial recién egresado de la Policía porteña ronda el millón y medio de pesos netos, muy por encima del de sus pares federales, algo que el propio Jorge Macri exhibe como argumento para captar postulantes. Es, en definitiva, la otra cara de la saturación de agentes en cada movilización: policías de a pie que reprimen reclamos salariales y jubilatorios ajenos mientras los suyos cayeron por debajo de la línea de pobreza.

MC

Los mismos policías, el mismo operativo represivo, los mismos disparos irregulares. Una reconstrucción independiente identificó a dos efectivos de la Policía Federal que reprimieron la protesta del jueves pasado contra la Ley de Propiedad Privada frente al Congreso como los mismos agentes que, el 12 de marzo de 2025, dispararon de forma irregular e hirieron en el ojo izquierdo a Rodrigo Troncoso durante la marcha de jubilados e hinchas —la misma jornada en que un disparo de Gendarmería dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo—.

El análisis lo hizo el Mapa de la Policía, que en las últimas horas difundió una nueva reconstrucción sobre el caso de Troncoso, el joven de 24 años que perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir un disparo policial durante la marcha de jubilados e hinchas del 12 de marzo del año pasado frente al Congreso. El trabajo identificó al efectivo que abrió fuego contra él y estableció, además, que ese mismo agente y otro que actuó junto a él ese día volvieron a estar presentes el pasado 6 de agosto en la represión de la movilización contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La identificación sobre los atacantes de Troncoso surgió del cruce entre un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que había señalado como responsable a un efectivo de la Policía Federal identificado como L.L. Núñez, y un registro audiovisual inédito aportado por el Archivo Histórico de la Represión en Argentina (A.H.O.R.A.), que no formaba parte del expediente judicial. La sincronización cuadro por cuadro de ambas fuentes mostró que, en el instante exacto en que Troncoso gira el cuerpo y se cubre el rostro, el arma de Núñez no presenta fogonazo ni humo. Quien sí dispara en ese mismo segundo es otro efectivo, sin identificación visible en el uniforme, al que el informe denomina Tirador PFA B. Según la reconstrucción, ambos agentes de la Policía Federal efectuaron en conjunto diez disparos irregulares en menos de dos minutos, mientras que en el mismo sector agentes de Prefectura Naval dispararon otras cinco veces con lanzadoras Byrna en apenas trece segundos.

El informe del Mapa de la Policía reveló, a través de registros propios, , que muestran tanto a Núñez como al Tirador PFA B presentes en el operativo del 6 de agosto frente al Congreso, durante la sesión en la que el Senado terminó aprobando una versión recortada de la ley de propiedad privada en medio de más de cuatro horas de represión con camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma. La organización señala además que el jefe del operativo en calle, el comisario Gerardo Perillo Scampini, estaba a metros de los tiradores el 12 de marzo y les dio indicaciones puntuales sin advertir sobre la peligrosidad de los disparos que estaban realizando.

El hallazgo se suma a las denuncias que elDiarioAR viene reconstruyendo sobre la represión del 6 de agosto, entre ellas la identificación del comisario Gustavo Gauna como el efectivo de civil que disparó contra manifestantes esa jornada, y el informe de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que calificó el operativo como “abusivo y desproporcionado”, con 28 detenidos y al menos una trabajadora de prensa herida. El patrón que emerge de ambas reconstrucciones —la de Gauna y la de Núñez y el Tirador PFA B— es el mismo: agentes con antecedentes de uso de fuerza cuestionado, algunos sin identificación visible, vuelven a estar en la primera línea de operativos posteriores sin que medien sanciones ni apartamientos.

La jornada del 12 de marzo de 2025 dejó además otras dos víctimas de gravedad similar. Esa misma tarde, Jonathan Navarro, que se encontraba cerca de Troncoso, también recibió un disparo en la cara que le hizo perder la visión del ojo izquierdo, y tres minutos después el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó contra Pablo Grillo en la cabeza, en un hecho por el que hoy está imputado por lesiones gravísimas agravadas. Para el Mapa de la Policía, que tres fuerzas distintas —Policía Federal, Prefectura y Gendarmería— hayan actuado de la misma manera y en el mismo momento, sin coordinación visual entre sí, expone un patrón de conducta más que una serie de excesos individuales aislados.

La reconstrucción fue elaborada junto con la ACVI, que representa a Troncoso, y ya fue presentada como prueba en la causa judicial que investiga el hecho. Según el Mapa de la Policía, los diez disparos irregulares de la Policía Federal y los cinco de Prefectura evidencian la coordinación de un operativo cuya responsabilidad última recae, sostiene la organización, en la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el Comando Unificado que ella conducía. La causa por el caso Troncoso avanza ahora con una pieza que hasta esta reconstrucción no estaba disponible: la identidad de los dos tiradores que, meses más tarde, volverían a estar en la calle durante otra represión que este medio ya había documentado en detalle.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de las acusaciones de la oposición que la vinculaban con el comisario Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina.

El efectivo quedó envuelto en la polémica tras ser fotografiado portando un arma de fuego, sin uniforme ni identificación visible, durante los incidentes registrados frente al Congreso mientras la Cámara Alta debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Frente a la difusión de imágenes del pasado en las que aparecía junto al jefe policial, la legisladora desestimó categóricamente cualquier trato de preferencia o amistad, aunque reconoció haber compartido espacios públicos con él en el marco de sus funciones institucionales previas.

Al ser consultada sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Bullrich llamó a analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos y señaló que es necesario evaluar qué sucedió para que la policía reaccionara de esa manera.

En relación con su vínculo con el comisario, la senadora fue contundente al aseverar que no tiene “ningún comisario amigo” y que Gauna es simplemente un integrante de la fuerza con el que ha coincidido en actos políticos.

Asimismo, justificó no recordar su nombre de forma personal dada la gran cantidad de efectivos que conforman la Policía Federal, remarcando finalmente su rol actual como legisladora para deslindar cualquier responsabilidad directa en el diseño y las órdenes del operativo.

Con información de la agencia NA

Desconoce el rango del efectivo. Y luego tiene un blanco mental sobre el arma empleada. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio su explicación este lunes sobre el comisario de la Policía Federal que protagonizó al represión del jueves pasado ante el Congreso por empuñar una escopeta en línea recta y estar de civil y sin identificación a la vista. “Era un perdigón de estruendo; sale ruido”, dijo la funcionaria en una conversión en la Bolsa de Comercio de Córdona.

La ministra evitó explicitar el nombre del policía, identificado como Gustavo Antonio Gauna, con rango de comisario de la Policía Federal y hombre de confianza de Patricia Bullrich, pero no pudo esquivar la controversia por la que ya fue denunciada penalmente. “La gente de Investigaciones está de civil. Deben colgar la placa. Generalmente el jefe de Investigaciones están de civil con su placa. No tengo claro si comisario o subcomisario. Es probable que haya tenido su placa colgada...”, dijo la ministra ante una consulta periodística.

Luego abundó: “Frente al uso del arma, es una escopeta de perdigón de estruendo. Hace ruido”, se limitó a decir aunque con dudas, por lo que pidió ayuda a un asesor por no recordar el arma.

Luego de esas explicaciones, la ministra buscó rápidamente correr la atención en otro punto: “Quiero que expliquen los que rompen, los que destruyen, los que le escupen a los gendarmes, que les tiran agua caliente todos los miércoles. Tengo personas con lesiones de columna irrecuperables”, señaló.

Antes también había cargado contra la responsabilidad de los manifestantes como instigadores de la represión: “Quisiera entender el momento en que un manifestante va con una masa y un martillo. No creo que venga de laburar”.

Y luego también habló ante la posibilidad de que crezca la conflictividad social: “Siempre nos preparamos para tomar las decisiones. Proyectar un escenario el año que viene electoral lo sabremos cuando se acerca, ahí se podrá identificar si sube o baja la espuma”.

“La gente no quiere a los violentos”, dijo también para justificar la represión. Y señaló: “Cuando hay violencia, son grupos minúsculos movidos por alguien para que haya desmanes, son focos específicos que tienen algún incentivo de desestabilizar”.

MC

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón solicitó que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se presente en Diputados y dé las explicaciones correspondientes sobre el accionar de las fuerzas federales, el pasado jueves 6, durante el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.

Este pedido formal remarca las múltiples agresiones registradas, y resaltó el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo, luego de recibir un “palazo” por parte de un efectivo policial.

En el documento presentado, Paulón busca saber si existe alguna investigación acerca de la “represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes”, que hasta ese momento se encontraban “en total tranquilidad y sin generar disturbios”.

En la misma línea, preguntó “si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad” que efectuaron “disparos directos” hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

Para finalizar, indicó que pretendía saber “cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes” hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.

“Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos ”incidentes“. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!”, concluyó Paulón, desde sus redes sociales.

El policía sin uniforme que disparó en las inmediaciones del Congreso

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna habría sido el policía sin uniforme que disparó durante la manifestación que se realizó el jueves pasado, mientras transcurría el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Gauna formaría parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina.

Esta información fue publicada en la cuenta de X del ex candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Luca Bonfante: “El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna y el policía que fue identificado disparando de civil se parecen bastante, ¿no?”, ironizó desde sus redes sociales.

Durante las protestas, donde sucedieron graves incidentes, se difundieron fotos y videos que mostraban a un efectivo de civil, armado y sin identificación visible, que integraba el operativo policial comandado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El episodio generó un fuerte repudio y pedidos de explicaciones formales en el ámbito legislativo e, incluso, el diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón presentó una solicitud para citar de urgencia a Monteoliva, con el objetivo de brindar detalles sobre la presencia de agentes sin uniforme.

Desde diversos sectores y partidos políticos señalaon que la presencia de personal armado sin identificar “infringe” los protocolos de la Ley de Seguridad Interior y agregaron que esa práctica “formó parte de una época oscura”, en referencia a la última dictadura militar.

Por su parte, referentes oficialistas y de bloques aliados a La Libertad Avanza (LLA) respaldaron el accionar del operativo desplegado durante la jornada.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó como “delincuentes anarquistas” a los manifestantes que este jueves provocaron disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores trataban el proyecto de Propiedad Privada.

“Son enemigos de nuestro estilo de vida”, añadió Macri, quien una vez más recurrió a la red social X para expresarse sobre lo sucedido a lo largo de toda la jornada y justificó el accionar de la policía al decir que los agentes “tienen la orden clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”.

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la policía. El debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”, agregó en su mensaje.

El saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejó una docena de detenidos, algunos de los cuales habían arrojado todo tipo de proyectiles y causaron destrozos en los alrededores del Congreso.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debatía en el Senado.

Una nueva movilización de jubilados frente al Congreso Nacional terminó este miércoles con incidentes, luego de que efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad avanzaran para dispersar la protesta con empujones y gases.

Los manifestantes reclamaban una recomposición de los haberes previsionales, la restitución de medicamentos y rechazaban las políticas de ajuste del Gobierno nacional, en una marcha que, como ocurre cada miércoles, se desarrolló en las inmediaciones del Congreso.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad intentaron impedir el avance de los manifestantes. Según denunciaron organizaciones presentes en el lugar, también hubo agresiones contra personas que acompañaban la protesta.

Entre los episodios más resonantes estuvo la agresión al sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres, quien fue tomado del cuello y arrojado al piso por efectivos de Gendarmería, según muestran videos difundidos en redes sociales.

También se denunciaron nuevos golpes contra jubilados cuando se desplazaban hacia la Plaza del Congreso por la calle Solís. De acuerdo con testigos, un efectivo policial le quitó la mochila a uno de los jóvenes que acompañaba a los adultos mayores y el grupo fue retenido en las inmediaciones del Anexo del Senado.

La protesta volvió a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas federales durante las movilizaciones sociales y el protocolo de seguridad aplicado por el Ministerio de Seguridad.

No es la primera vez que Olveira resulta víctima de un operativo represivo durante las marchas de jubilados. En marzo de 2025 fue golpeado e intentaron detenerlo cuando intervino para evitar que la Policía arrestara a un manifestante.

Dos meses más tarde, en mayo de ese año, volvió a ser agredido por efectivos de seguridad mientras asistía a una jubilada que había caído al suelo durante otra manifestación frente al Congreso. En aquella oportunidad sufrió un corte debajo del ojo derecho tras recibir un golpe durante el operativo.

Los episodios continuaron en noviembre de 2025, cuando fue demorado durante otra marcha de jubilados, y nuevamente en febrero de 2026, cuando fue detenido dos veces el mismo día en una protesta similar. En ambos casos recuperó la libertad horas después.

La movilización de este miércoles se produjo en la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y volvió a reunir a jubilados, organizaciones sociales, sindicales y religiosas que acompañan el reclamo por mejoras en los ingresos previsionales.

“Un grado de cizaña y una violencia desmedida. A mi me pegaron una piña y a un compañero le cortaron la cabeza de un bastonazo”. Así contó a elDiarioAR uno de los manifestantes cómo la Policía de la Ciudad reprimió este miércoles a media mañana una protesta pacífica sobre uno de los puentes que cruza la avenida General Paz, que conecta la Capital Federal con el conurbano. La actividad se organizó en el partido San Martín para reclamar contra el cierre de 25.000 PyMEs desde que Javier Milei asumió en el gobierno.

“No teníamos la intencion de cortar el tránsito, sino de visibilizar con las banderas. Nos tiraron gases y nos corrieron”, continuó Javier, parte del gremio de no docentes de la UNSAM, que se plegó al reclamo en el que estuvieron Gabriel Katopodis, ex ministro de Axel Kicillof y actual senador provincial; el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y un nutrido número de sindicatos y organizaciones, como el frente que encabeza ATE, Aeronáuticos y Aceiteros.

“Ya fundiste 25.000 PyMEs. Basta Milei”, fue la consigna de la bandera que los manifestantes desplegaron en el puente a la altura del parque Yrigoyen para ser vista por los vehículos que circulan sobre la General Paz. La represión dejó dos heridos.

“En tan solo dos años y medio, el Gobierno destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando un daño social irreparable. Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en conferencia de prensa junto a dirigentes políticos, referentes de ciencia y tecnología, representantes empresariales, universidades nacionales y afines al sector afectado por las políticas de Milei.

La agresión al fotorreportero Pablo Grillo por parte de un gendarme quedó al borde del juicio oral. La jueza federal María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el Cabo Primero Héctor Guerrero, quien le disparó el 12 de marzo de 2025 una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, en el marco de una represión ordenda por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.

La querella sostiene que Guerrero utilizó su armamento de forma deliberadamente letal, efectuando disparos en ángulo horizontal directamente hacia el cuerpo de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, en un contexto donde no existía riesgo para la integridad física de los efectivos actuantes.

Los hechos que fundamentan el pedido de elevación a juicio ocurrieron a las 17 de aquella jornada, cuando Grillo se encontraba registrando el operativo de seguridad con su cámara. Según la reconstrucción judicial, el Cabo Primero Guerrero integraba una hilera de gendarmes apostada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís. A las 17:18:05, el uniformado efectuó un disparo con su pistola lanzagases que impactó de lleno en la zona frontal de la cabeza del fotógrafo, quien en ese momento se encontraba agachado realizando sus tareas profesionales y no participaba de ninguna conducta hostil.

El proyectil, una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y alta velocidad, provocó en la víctima una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica. Tras caer inconsciente en el pavimento, Grillo fue socorrido por otros manifestantes y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde inició un largo y tortuoso proceso médico que lo mantuvo tres meses en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

A lo largo de un año, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la implantación de prótesis craneales que sufrieron complicaciones. Recién en febrero de 2026, el fotoperiodista pudo regresar a su hogar, aunque todavía permanece bajo tratamiento ambulatorio y con secuelas neurológicas y físicas cuya magnitud total es incierta.

La acusación contra Guerrero no se limita únicamente al ataque contra Grillo, sino que incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados entre las 17:14 y las 17:22 de ese mismo día. Los peritajes y registros audiovisuales permitieron determinar que, mientras la normativa internacional y los manuales de uso indican que este tipo de proyectiles deben dispararse en un ángulo de 45 grados para que su caída sea parabólica, Guerrero los dirigió de forma horizontal hacia la cara y el torso de los presentes.

La querella remarca que el gendarme, debido a su jerarquía y años de trayectoria en una fuerza federal, conocía plenamente la potencial letalidad de su conducta y se apartó de manera deliberada de los criterios de excepcionalidad que rigen el uso de la fuerza.

Más allá de la responsabilidad directa del Cabo Primero, la presentación ante la jueza Servini exige profundizar la investigación sobre la cadena de mandos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se sostiene que las acciones y omisiones de los jefes operativos y de la conducción política permitieron que Guerrero actuara con la convicción de que su accionar quedaría impune, poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.

El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un emblema de la violencia institucional reciente, evidenciando cómo un arma considerada “menos que letal” puede ser utilizada como un instrumento de homicidio cuando se ignoran los protocolos mínimos de seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves en su Informe Anual de 2025 que el año pasado se identificaron “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos” en Argentina debido, en parte, a los recortes del Gobierno de Javier Milei sobre programas en materia de género, diversidad, memoria histórica o pueblos indígenas.

En su informe, la CIDH mostró además su preocupación sobre el avance iniciativas legales que “agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad” y advirtió sobre “retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas”.

Por otra parte, subrayó que algunas de las reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana que están siendo impulsadas amenazan la vigencia de los derechos humanos.

El documento reconoció sin embargo que durante 2025 se registraron en el país avances en la protección de datos en la gestión pública, así como una reducción de índices de pobreza y el fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas.

La CIDH, mencionó, entre otros eventos y cuestiones puntuales, la violencia policial registrada durante una protesta de jubilados en marzo de 2025, el debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar (1976-1983) y la eliminación de programas que promovían la igualdad de genero y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género.

El informe consideró que durante 2025 “la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes” y advirtió sobre la limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal de embarazos.

También expresó preocupación por el intento fallido de Milei de designar por decreto dos nuevos jueces de la Corte Suprema y por el cierre o debilitamiento de “políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales” mediante, entre otras medidas, la reestructuración, fusión y eliminación de entidades y programas clave.

En paralelo, destacó las manifestaciones por parte de personas mayores y personas con discapacidad en protesta por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Milei y remarcó una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para endurecer los criterios de ingreso al país para personas migrantes y ampliar las causas de expulsión.

Las conclusiones de la CIDH sobre la Argentina

Durante 2025 se registraron avances en Argentina en cuanto a la protección de datos en la gestión pública, reducción de índices de pobreza y fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas. También se observó la judicialización de casos de violencia contra personas LGBTI y el impulso de procesos para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación y de la persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al mismo tiempo, se identificaron desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad.

Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito de la institucionalidad democrática, se creó el Programa de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional38, orientado a mejorar el manejo seguro de información en organismos estatales.

Datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año, mientras UNICEF destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades.

Se avanzó además en un nuevo proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras dieciséis años de vacancia y se conformó la terna para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática. Al respecto, la CIDH expresó preocupación, en un comunicado de prensa, ante la violencia registrada durante la “Marcha de los Jubilados” del 12 de marzo en Buenos Aires, parte de las manifestaciones pacíficas que se realizan semanalmente desde 2024 contra las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas.

En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial.

Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Respecto a institucionalidad en derechos humanos, se avanzó en un nuevo proceso para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia.

Asimismo, el Congreso conformó la terna para la designación de la nueva persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales. Al respecto, se realizaron reestructuraciones, fusiones y eliminación de entidades clave para políticas públicas en materia de derechos humanos, como la supresión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la iniciativa de fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En particular se registró el cierre y restructuraciones de al menos 30 programas y establecimientos relacionados a género y diversidad, memoria histórica, asistencia a víctimas de trata de personas, niñez, adolescencia y familia.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo.

En lo atinente a seguridad ciudadana, se tomó nota de la reforma policial federal que aprobó un nuevo Estatuto de la fuerza alineado con estándares del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para la investigación de delitos federales y complejos.

El Estado presentó estas medidas como parte de una respuesta institucional frente al crimen organizado y la criminalidad compleja, enfatizando la necesidad de modernización tecnológica y de coordinación interinstitucional en materia de investigación criminal y prevención de delitos de alta complejidad.

No obstante, dicha reforma facultaría a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y otras labores de vigilancia digital, así como adelantar detenciones sin orden judicial, lo que, según la sociedad civil podría derivar en derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas.

Sobre desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial, el presidente Javier Milei designó en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto No. 137/2025, sin previa aprobación del Senado de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Finalmente, el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos, cuyas postulaciones no obtuvieron la aprobación de la Cámara Alta.

En cuanto a memoria, verdad y justicia, en 2025 se identificó a la nieta 139 y al nieto 140, así como a dos personas extranjeras desaparecidas desde 1976, lo que reafirma la vigencia de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, se hallaron restos humanos en un predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, entre 2006 y el 18 de septiembre de 2025, se dictaron 353 sentencias con 1.202 personas condenadas y 213 absueltas por crímenes de lesa humanidad.

Entre las sentencias, un 17% incluía condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Pese a los avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, preocupa la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos tras la aprobación de un decreto presidencial que suprime su autonomía institucional.

Asimismo, se observaron desafíos derivados del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria, junto con despidos de personal especializado y restricciones presupuestarias.

Entre los casos registrados se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la suspensión de pagos del Espacio para la Memoria, la unificación del Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, y la cesión de su edificio al Ministerio Público, además de la remoción de placas conmemorativas del Palacio de los Tribunales que recuerdan los juicios a las Juntas Militares, la destrucción de documentación militar relevante al esclarecimiento de graves violaciones de ese período, y el ataque al sitio de memoria en Salsipuedes.

Respecto de los derechos humanos de las mujeres, se observó un debilitamiento institucional en la materia. Se eliminaron 14 programas federales que promovían la igualdad de género y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género. Entre otros, se encuentran el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), el programa que proveía productos de higiene menstrual y el “Registro Nacional de Organizaciones sociales que abordan temáticas de género y diversidad”.

En adición, autoridades estatales anunciaron la intención de eliminar el femicidio del Código Penal, y de sancionar las supuestas “denuncias falsas” en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

De materializarse, esto representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes. La Defensoría del Pueblo reportó 124 femicidios entre enero y junio de 2025, mientras organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 178 femicidios y 287 tentativas en el mismo periodo, de los cuales la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, 14 de ellos habrían sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los feminicidios se caracterizaron por niveles extremos de crueldad, precedidos por desapariciones, tortura y violencia sexual. Por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos ha sido severamente limitado debido a los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

También, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en los servicios de salud sigue siendo obstaculizado por la falta de información, demoras, prácticas disuasorias, el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de personal para brindar el servicio de salud.

Sobre la situación de personas con discapacidad, el Estado informó sobre avances de la nueva Normativa para la Certificación de la Discapacidad, así como de la actualización del Registro Nacional de Profesionales y del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.

También reportó la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (FONADIS), que apoyan emprendimientos productivos, fortalecen establecimientos que emplean personas con discapacidad y facilitan el acceso a dispositivos de apoyo técnico. Asimismo, desarrolló políticas de accesibilidad, como la producción de materiales en lectura braille y lengua de señas, y acciones de capacitación para trabajadores estatales y provinciales.

No obstante, se han observado numerosas manifestaciones lideradas por personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que van detrimento de sus derechos.

Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas.

Al tiempo, se tomó nota de la investigación contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la República, por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En lo relativo a la situación de personas mayores, el Ejecutivo puso fin a la política de medicamentos gratuitos para personas jubiladas que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total de sus medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo congeló bonos pensionales, y vetó la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos a las que se hizo referencia en el apartado sobre institucionalidad democrática de este apartado.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado avanzó con la entrega de documentos de identidad para comunidades de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

No obstante, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial No. 26.160 resultó en operativos de desalojos en comunidades indígenas de Chubut, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Chaco y San Juan, que reclamaban sus tierras ancestrales. En este contexto denunciaron destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Además, el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diseñado para cubrir costos de asesoramiento legal para la defensa legal de sus territorios, ha sido eliminado.

Sumado a esto, las comunidades Limay Kurref, Suyai Leufu y El Sosneado fueron afectadas con la revocación de relevamientos jurídicos catastrales realizados por el propio Estado donde se les había reconocido previamente la ocupación tradicional de tierras y territorios.

Adicionalmente, persistió la criminalización de integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra; en particular, se destaca la detención de una integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza acusada de provocar incendios, así como la estigmatización de los pueblos indígenas desde medios de comunicación oficiales.

Se reportó además una previsión de reducción presupuestaria para el INAI para 2026 en un 15,5% en términos nominales y en un 25% en términos reales; así como cuestionamientos sobre la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en la adopción de la Ley V No. 202 en Chubut, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Sobre la situación de las personas en movilidad humana, Argentina reformó el Decreto de Necesidad y Urgencia No. 366 (DNU), que modifica la Ley de Migraciones No. 25.871 que busca regular el ingreso “descontrolado” de personas migrantes al país, las cuales representarían una amenaza para la seguridad nacional y una excesiva carga que llevaría al “colapso” a los servicios públicos que presta el Estado.

Dicho decreto también amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme.

Por otra parte, se expidió el Decreto No. 646, que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado No. 26.165, que autoriza la creación de “centros de acogida” en los que las personas solicitantes de asilo podrían permanecer durante el procedimiento, con salidas limitadas únicamente para regresar a su país de origen o a un tercer país.

Asimismo, faculta el rechazo de solicitudes que sean consideradas “manifiestamente improcedentes”, se fundamenten en “preferencias subjetivas” o “motivos de conveniencia económica”, o cuando las alegaciones sean consideradas “incoherentes, insuficientes o inverosímiles” y establece el desistimiento automático y sin excepciones si la persona se ausenta del país durante su tramitación.

Respecto de la trata de personas, el Ministerio de la Justicia avanzó con el “Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a Víctimas del Delito de Trata de Personas” que dispone restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación.

También se destacan acciones de prevención y operaciones de identificación de víctimas en contextos de trabajos forzados a bordo de buques; y los allanamientos realizados en Córdoba, Mendoza, y el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se rescataron adolescentes víctimas de explotación laboral, y víctimas con fines de explotación sexual.

En materia de avances respecto de las personas privadas de libertad, el Estado impartió la capacitación en materia de producción agropecuaria para mejorar las posibilidades de reinserción social de quienes están por egresar en las cárceles del país.

Sin embargo, se presentaron desafíos en cuanto a la sanción de leyes que posibilitarían un mayor uso de la prisión. En particular, la ley No. 27.785 que introdujo reformas como la incorporación del criterio de “reiterancia delictiva” para considerar al momento de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en el marco de la prisión preventiva; y el método de la suma aritmética de las penas para el dictado de una pena única.

Por su parte, la ley No. 27.786 que habilita la detención de personas por hasta 48 horas para averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad.

Por otro parte, en la provincia de Córdoba el uso excesivo de la prisión preventiva ha desencadenado en un incremento del hacinamiento y en condiciones deplorables de encarcelamiento.

Asimismo, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó la constitucionalidad de la legislación nacional que impide que las personas condenadas por determinados delitos de drogas puedan acceder a beneficios penitenciarios que limitan la prisión, tales como y salidas transitorias.

Igualmente, en materia de reinserción social, la inhabilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal ha impedido la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignadas.

Respecto de la situación de las personas afrodescendientes y la lucha contra la discriminación racial, se avanzó con la presentación del proyecto 0698-D-2025 en la Cámara de Diputados para aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo (A-68).

No obstante, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, a partir del cierre de organismos especializados como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, se ha dificultado el acceso a la justicia de personas afrodescendientes.

Adicionalmente, la actual política de medidas de control y seguridad ha impactado de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas.

Al respecto, el 14 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo que desalojó a más de 5.000 vendedores ambulantes y ejecutó decenas de allanamientos, la mayoría son personas migrantes de origen senegalés.

Respecto de los derechos de las personas LGBTI, se registraron avances en la judicialización en casos de violencia. Se destacan la solicitud de juicio contra policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández, quien murió bajo custodia en 2023; la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la investigación del triple asesinato de mujeres lesbianas de Barracas ocurrido en 2024 con una perspectiva de género; se confirmó, por parte de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, la condena a prisión perpetua por asesinato agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima en el caso de Tehuel de la Torre.

Además, el Juzgado Federal No. 2 de Paraná declaró inconstitucional el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el gobierno que prohibía tratamientos de afirmación de género a personas con menos de 18 años. La decisión fue también confirmada por la cámara federal de apelaciones.

En cuanto a desafíos, se observó la prohibición de tratamientos y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años; la aprobación del Decreto 61/2025, que impide la reasignación carcelaria de personas trans en función de su identidad de género, estableciendo el alojamiento según el sexo consignado al momento de la comisión del delito; y el retiro de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de portales oficiales.

Asimismo, se tomó nota que los crímenes motivados por prejuicios aumentaron 70% en comparación con 2024, registrando hasta 102 crímenes en el primer semestre de 2025, incluyendo cuatro asesinatos.

También se tuvo conocimiento de alegatos de torturas sistemáticas a mujeres trans en cárceles bonaerenses, especialmente en Sierra Chica; y agresiones contra la vivienda de la defensora trans Claudia Vásquez Haro.

Sobre los avances en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños y las niñas, el cual entrará en vigor en el país el 1 de enero de 2026.

A la vez, en octubre, la Cámara de Diputados aprobó la terna propuesta por la Comisión Bicameral para ejercer la nueva dirección de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, quedando pendiente la aprobación por el Senado.

Por otro lado, el Estado enfrentó desafíos una vez que, en marzo, decidió dar de baja a al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Estas medidas, formalizadas mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, implicaron la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativa, así como la supresión de subsidios vinculados a dichas actividades.

Adicionalmente, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, existirían incumplimientos estatales en la supervisión y garantía de derechos niñas y niños en instituciones de cuidado de la Provincia, incluida la falta de control efectivo del organismo provincial competente, lo que permitiría prácticas violatorias como torturas, tratos crueles, encierros, humillaciones y duchas frías, además de casos de abuso sexual en hogares específicos.

Estos espacios también presentarían deficiencias en acceso a la salud, con discontinuidad en tratamientos y aumento de hospitalizaciones por falta de abordaje adecuado de salud mental, así como un uso excesivo de medicalización.

Al respecto, la CIDH solicitó información del Estado en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, pero no recibió respuesta del Estado.

Asimismo, durante el 2025 continuó el debate legislativo orientado a la reducción de la edad de responsabilidad penal, en línea con la tendencia registrada en 2024. Ese año se presentaron nuevas iniciativas que proponen fijar la imputabilidad penal entre los 10 y 13 años, junto con proyectos que, manteniendo el umbral en 14 años, incorporan penas más severas de hasta 15 años de prisión.

EFE

“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.

Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.

Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.

Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.

El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. 

La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. 

Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. 

MC

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nicolás Emanuel Céspedez, inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), por empujar y provocar la caída de la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años, durante una manifestación realizada el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación. El tribunal consideró que existió un “uso desmedido de la fuerza” y rechazó la versión de la defensa, que sostenía que se trató de un acto reflejo.

El hecho ocurrió en el marco de una de las habituales marchas de jubilados que se realizan los miércoles, el mismo día que el gendarme Héctor Jesús Guerrero hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo al impactarlo en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según consta en la causa, Blanco se acercó con un bastón a un cordón policial y, en ese contexto, Céspedez la empujó, lo que provocó que cayera al suelo y golpeara su cabeza. La mujer quedó inconsciente y debió recibir atención médica por una herida en la nuca que requirió puntos de sutura.

Con esta decisión, adoptada por mayoría, el policía quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun coincidieron en que la reacción del efectivo fue desproporcionada frente a la situación. En su voto, Boico subrayó que no se comprobó que Céspedez hubiera recibido golpes por parte de la jubilada y remarcó que, aun en ese caso, la respuesta no fue acorde. “Hubo un uso desproporcionado de la fuerza física contra una persona de edad avanzada y con movilidad reducida”, sostuvo.

Además, el magistrado descartó la hipótesis de la defensa al señalar que no existen elementos que indiquen que el accionar del policía haya sido involuntario. Por el contrario, consideró que el empujón fue una acción voluntaria que derivó directamente en la caída y las lesiones de la víctima.

En disidencia, el juez Eduardo Farah votó por dictar la falta de mérito. A su criterio, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten establecer con claridad la intencionalidad del acusado ni la entidad penal del hecho, por lo que propuso profundizar la investigación con nuevas medidas.

El episodio se produjo durante un operativo de seguridad dispuesto en ese momento por la entonces ministra Patricia Bullrich. La confirmación del procesamiento de Céspedez refuerza las críticas sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y deja el caso a un paso del juicio oral, donde se definirá su eventual responsabilidad penal.

CRM

Antes del golpe de 1976, Damián Carlos Hernández ideó un pasadizo secreto en el sótano de la Librería Hernández, sobre la avenida Corrientes, para ocultar libros perseguidos. Junto a su hija Marisú y Rogelio García Lupo trabajaron durante meses fuera del horario comercial para poder esconder más de 235 mil ejemplares detrás de una estantería falsa, en un espacio clandestino que replicaba el tamaño del local.

La dictadura avanzó con amenazas, allanamientos y detenciones. En 1977, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la librería, se llevaron miles de libros y detuvieron al encargado. En un segundo operativo descubrieron el sótano oculto: ante la magnitud del material, se limitaron a secuestrar un ejemplar por título. La presión obligó a la familia a exiliarse en Uruguay, mientras el local permaneció clausurado durante meses.

Casi medio siglo después, la librería recupera esa historia y exhibe los libros que fueron censurados. El relato de Marisú Hernández reconstruye no solo el operativo para resguardarlos, sino también el impacto de la represión sobre su familia y el valor persistente de esos ejemplares como parte de una memoria que sobrevivió a los intentos de destrucción.

A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

El primer juicio vinculado a la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires y tiene como acusados a cinco manifestantes detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024. El proceso es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible caso de criminalización de la protesta.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se desarrollaban movilizaciones frente al Congreso contra el proyecto de ley impulsado por el oficialismo —conocido entonces como Ley Ómnibus y luego como Ley Bases—. En ese contexto, organizaciones culturales y sociales habían montado un festival en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

Durante la jornada se desplegó un operativo de fuerzas federales y se produjeron incidentes en la zona de Plaza Congreso. En ese marco fueron detenidas 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de ellas quedaron imputadas y ahora enfrentarán juicio oral acusadas del delito de “atentado contra la autoridad”, una figura penal que prevé penas de hasta un año de prisión.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa son los acusados, quienes según la fiscalía, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024 arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que los detuvo.

El juicio se realizará en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y se desarrollará a lo largo de tres audiencias previstas para esta semana. Las defensas sostienen que la acusación se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y cuestionan la falta de otras pruebas. Según denunciaron abogados y organismos de derechos humanos, el expediente presenta una “orfandad probatoria” y se apoya casi exclusivamente en testimonios policiales recogidos durante la investigación.

El caso se convirtió en el primero en llegar a juicio oral tras la implementación del protocolo de orden público anunciado por Bullrich en diciembre de 2023. Esa normativa habilitó la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles y dispuso la identificación de manifestantes y la eventual imputación de los organizadores de protestas, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos a quienes convocaran las movilizaciones.

Desde su puesta en marcha, el protocolo generó controversias jurídicas y políticas. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionaron la medida por considerar que restringe el derecho a la protesta. En distintos ámbitos también se presentaron denuncias contra operativos policiales realizados en manifestaciones frente al Congreso durante 2024, en algunos casos por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Para las organizaciones que siguen el caso, el proceso judicial que comenzará ahora puede marcar un precedente sobre el alcance de las políticas de seguridad aplicadas durante las protestas en la actual gestión. En ese sentido, sostienen que el juicio no sólo evaluará la conducta de los cinco acusados sino también el modo en que se aplicó el protocolo durante las movilizaciones contra el Gobierno.

Un caso similar en Córdoba

En paralelo, organizaciones sindicales denuncian un proceso judicial similar en la provincia de Córdoba. La CTA Autónoma de esa provincia informó que la Justicia local elevó a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani —secretario general de ATE y referente de la central— y otros 14 militantes detenidos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Según la denuncia de la central sindical, durante esa jornada se produjo un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes, militantes y trabajadores que participaban del reclamo social. Entre ellos se encontraban Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba. Tras las detenciones, varios de los manifestantes fueron trasladados al penal de Bouwer.

La CTA Córdoba sostiene que el expediente judicial se basa en una investigación “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones” y lo presenta como un caso de criminalización de la protesta. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía provincial, lo que abre ahora la etapa de juicio oral para los 15 imputados.

MC

“Qué decirte, Bullrich, que sos tremenda compañera”. Con esa sutileza Pablo Grillo le habló días atrás a la jefa libertaria en el Senado y quien fue ministra de Seguridad cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza. El jueves próximo se cumple un año de aquella represión frente al Congreso y el fotorreportero busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del cabo de la fuerza federal, sino también en la cadena de mando del operativo. En el vértice de arriba aparece, justamente, Bullrich.

La jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al gendarme Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que el cabo disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

MC

Trabajadores despedidos de Fate fueron reprimidos este miércoles por la Policía de la Ciudad mientras se manifestaban frente a la Secretaría de Trabajo, en el centro porteño. El operativo incluyó golpes, balas de goma y gases lacrimógenos en el marco de una jornada atravesada por una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto por los 920 despidos y el posible cierre de la planta.

La concentración se desarrollaba sobre la avenida Leandro Alem al 600, donde dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) mantenían una reunión con funcionarios nacionales en el marco de la conciliación obligatoria. Según denunciaron los manifestantes, no estaban bloqueando el carril del Metrobús y cumplían con las condiciones exigidas para la protesta cuando comenzó el avance policial.

El operativo se extendió hasta la avenida Córdoba. Testigos señalaron que los efectivos, apoyados por camiones hidrantes y motos, persiguieron a los trabajadores que se desconcentraban hacia calles aledañas. Hubo personas descompensadas y, de acuerdo con los testimonios, incluso golpeadas mientras permanecían en el suelo. En medio de la represión fue detenido el dirigente social Eduardo Belliboni, quien luego fue liberado.

Desde el arco sindical y político calificaron el accionar como “una violencia inusitada e inaceptable”. El diputado nacional Hugo Yasky aseguró que la represión comenzó mientras acompañaban “pacíficamente” la reunión. En la misma línea, Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, denunció que la policía “sin mediar aviso alguno reprimió, tiró gases y arrastró a la gente”.

La versión oficial

Horas después, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que informó que “se registraron incidentes frente a las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo” durante la marcha convocada por sectores gremiales vinculados al conflicto de Fate.

Según la cartera, la protesta “derivó en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a un operativo policial y, como resultado, un efectivo resultó herido”. Además, sostuvo que las fuerzas “debieron intervenir para restablecer el orden” ante acciones que -según indicó-—no se desarrollaron de forma pacífica y que intentaron “obstaculizar el normal ingreso y egreso” a la sede oficial.

En el mismo comunicado, el Ministerio informó que la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, con participación de representantes de la empresa y del sindicato, se realizó entre las 11 y las 11.30 sin que se alcanzaran acuerdos definitivos. También confirmó que la conciliación obligatoria fue prorrogada hasta el 11 de marzo y que aún restan audiencias cuyas fechas serán comunicadas a las partes.

Finalmente, la cartera reafirmó su “compromiso con el diálogo” y exhortó a mantener conductas pacíficas que no pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas intervinientes.

Conflicto abierto

La movilización contó con el respaldo de sectores de la Confederación General del Trabajo y de las dos CTA, además de organizaciones sociales y de jubilados. Bajo las consignas “Fate no se cierra” y “Reincorporación inmediata”, los trabajadores reclaman una salida que preserve los puestos de trabajo.

En paralelo, continúan las asambleas en la planta de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires, mientras el conflicto permanece abierto y a la espera de nuevas definiciones en la mesa de negociación.

CRM

“Todo lo que haya para corregir o sancionar, soy la primera interesada. También es cierto que los agentes son hostigados siempre”. Con esa frase la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la represión de este jueves por la mañana en el Congreso que terminó con trabajadores de prensa agredidos y con un camarógrafo del canal A24 detenido.

La funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera se comunicó con el conductor de A24 Luis Novaresio, apenas minutos después de la represión. Confirmó que fue ella quien instruyó a la Policía Federal para avanzar en la custodia del Congreso.

El operativo policial se activó a partir de una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se vota esta tarde en el Senado. Esa acción sobre las escalinatas del Palacio Legislativo motivó una fuerte cobertura de prensa y de canales de noticias en vivo alrededor de las 8 de la mañana.

En ese contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 manifestantes de la organización ambiental. Y posteriormente avanzó contra los trabajadores de prensa. Las imagenes de varios canales y periodistias registraron el momento exacto en que un policía agredió a un camarógrafo de A24, quien cayó al suelo. Luego fue detenido por un grupo de efectivos y posteriormente trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, con custodia policial.

El camarógrafo Facundo Tedechini, de 50 años, fue llevado a una dependencia del Congreso por seis policías antes de ser trasladado al hospital, donde quedo fuera de peligro. También fue agredida la movilera de A24 Agustina Biloti, que fue asistida por el efecto del gas pimienta que tiró la policía.

MC

La zona del Congreso volvió a ser escenario de una jornada de violencia institucional. Lo que comenzó como una intervención pacífica de activistas de Greenpeace para alertar sobre el retroceso en la protección de los ecosistemas de montaña, terminó con una intervención policial desproporcionada que no distinguió entre manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que cubrían el evento.

La protesta se centraba en el rechazo a las reformas de la Ley de Glaciares, que sectores ambientalistas denuncian como un traje a medida para la expansión de proyectos mineros en áreas protegidas. Sin embargo, el debate ambiental quedó eclipsado por el despliegue de las fuerzas de seguridad.

La Infantería y efectivos policiales avanzaron sobre las escalinatas del Palacio Legislativo poco después de que los activistas desplegaran pancartas con la consigna “Los glaciares no se tocan”. También realizaron una acción en las escalinatas del Congreso con inodoros y la frase: “Senadores no se caguen en el agua”.

Las fuerzas de seguridad aplicó con rigurosidad el protocolo antipiquete y activó una cacería contra los miembros de la organización ambientalista pero también contra trabajadores de prensa que se encontraban identificados cubriendo la manifestación. Hubo 12 ambientalistas detenidos y un camarógrafo del canal A24 que estaba transmitiendo.

Los registros audiovisuales muestran el uso de gas pimienta y agresiones físicas en un perímetro donde la tensión escaló ante la resistencia pasiva de quienes buscaban visibilizar el reclamo ecológico.

Glaciares: un recurso en la mira

El conflicto de fondo es la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) que el Senado vota hoy. La nueva legislación busca redefinir qué se entiende por “zona periglaciar”, lo que en la práctica liberaría vastas áreas de la Cordillera de los Andes para la explotación minera a cielo abierto.

Para Greenpeace y otras organizaciones de la sociedad civil, esto representa una “sentencia de muerte” para las fuentes de agua dulce en un contexto de crisis climática global.

“Reprimir a quienes defienden el agua es la respuesta de un Estado que prioriza el extractivismo sobre la seguridad ambiental de las futuras generaciones”, señalaron desde la organización tras las detenciones.

El Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia Federal en la que encuadra los disturbios ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la reforma laboral, como delitos agravados por finalidad terrorista y solicita la inmediata detención de los responsables. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada sin que se hayan acompañado pruebas concretas ni se hayan identificado formalmente a los supuestos organizadores.

Posteriormente desde el ministerio de Seguridad Nacional hicieron circular un segundo documento con fotos, nombres, apellidos y DNI de una veintena de personas involucradas en los episodios de violencia. Ninguna de esas aparece como lanzando las bombas molotov a la valla policial.

El escrito de la denuncia fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Acusa a los manifestantes involucrados de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas federales.

En el escrito judicial, el funcionario sostiene que los hechos podrían configurar delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La denuncia invoca los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal, junto con el artículo 41 quinquies, que agrava las penas cuando los delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”. La presentación judicial menciona también la figura de tentativa (art. 42) y concurso real de delitos (art. 55).

Tras ese escrito, elDiarioAR accedió a un PDF producido por Seguridad con la identificación de unos veinte sospechosos. Allí se identifican distintas personas a partir de capturas televisivas y material enviado por particulares. Entre los señalados figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes habrían sido extraídas de transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24.

En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato. Hasta el momento, el Ministerio los menciona como personas “individualizadas” en el marco de la denuncia por supuesto terrorismo, aunque la Justicia Federal deberá determinar si corresponde formular imputaciones formales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la decisión de encuadrar los hechos como terrorismo y aseguró que no se trató de una protesta común sino de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones públicas. Según detalló, durante los incidentes se secuestraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones para gomeras y palos adaptados como armas.

Monteoliva afirmó que las personas identificadas se hizo mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas biométricos, aunque no todos tendrían antecedentes penales. También rechazó versiones sobre presuntos infiltrados y defendió el accionar de las fuerzas federales durante la jornada.

Qué describe la denuncia

El documento sostiene que, durante la jornada legislativa, grupos de manifestantes portaban recipientes con combustible inflamable, artefactos incendiarios de fabricación casera, objetos contundentes y productos químicos que fueron lanzados contra efectivos federales. Esas imágenes pudieron verse en varios canales de televisión que transmitieron en vivo la manifestación.

La denuncia también afirma que se destruyeron bienes públicos para utilizarlos como proyectiles y que hubo agresiones directas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

“El accionar ilícito tuvo por finalidad generar un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir u obturar la actividad legislativa”, señala el texto.

En el petitorio, el Ministerio solicita:

El escrito habla explícitamente de “atentados con rasgos terroristas” y pide que se investigue la eventual existencia de organizaciones detrás de los disturbios.

En el apartado de prueba, el Ministerio informa que se encuentra “en pleno proceso de análisis” de los acontecimientos para evaluar la incorporación de elementos de convicción durante la instrucción. Es decir, la denuncia fue presentada antes de acompañar formalmente la totalidad de la evidencia.

Ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes del debate judicial, junto con la discusión sobre la aplicación del agravante por finalidad terrorista, una figura históricamente controvertida por su alcance interpretativo y por el margen que deja a la valoración política de los hechos.

MC