Lo que comenzó como una historia de esperanza terminó en conmoción. Acaí, una hembra de yaguareté liberada el pasado 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), fue asesinada semanas después, presuntamente por cazadores furtivos. La noticia, confirmada por la Fundación Rewilding Argentina y la Administración de Parques Nacionales, representa un duro golpe para el proyecto de reintroducción del mayor felino americano en la región chaqueña, y un recordatorio del grave riesgo que enfrenta la especie en el país.

El yaguareté (Panthera onca) está declarado Monumento Natural Nacional y goza del máximo nivel de protección legal: su caza está prohibida y se castiga con multas millonarias y penas de prisión. Sin embargo, Acaí —de casi tres años— no escapó a la violencia de la caza furtiva. Su collar satelital, que registraba su ubicación cada hora y transmitía los datos cada cuatro, dejó de emitir señales el 25 de octubre. Tras un operativo terrestre y aéreo, el equipo de Rewilding localizó la señal del dispositivo sumergido en el río Bermejo, gracias a la frecuencia de radio VHF. Todo indica que la yaguareté fue cazada y que el collar fue arrojado al agua para ocultar el crimen.

Tras el hallazgo, la Administración de Parques Nacionales radicó una denuncia ante la justicia federal y la Fundación Rewilding Argentina se presentará como querellante para impulsar la causa. El caso se investiga bajo la carátula “N.N. s/ Infracción a la Ley Nacional de Fauna N° 22.421”, con intervención del fiscal general Carlos Martín Amad. Las autoridades judiciales dispusieron la toma de declaraciones a personal del parque y el trabajo de los bomberos para intentar recuperar el collar del fondo del río.

Desde Rewilding aclararon que el yaguareté no representa una amenaza para las personas. “No ataca si no es acosado y prefiere presas silvestres antes que ganado doméstico. En los pocos casos de conflicto, se puede prevenir mediante mejoras en el manejo del rodeo”, señalaron. En El Impenetrable, la fundación trabaja con las comunidades locales para implementar esas prácticas y acompañar los movimientos de los ejemplares reinsertados.

Acaí era la quinta yaguareté liberada en el marco del proyecto de reintroducción iniciado en 2019, cuando se halló al único ejemplar sobreviviente en toda la región: un macho llamado Qaramta. Desde entonces, la liberación de hembras permitió restablecer una población reproductiva en el Chaco Seco argentino y, en 2025, se registró el nacimiento del primer cachorro silvestre en más de tres décadas.

El crimen ocurre en un contexto de retroceso institucional en materia ambiental. Mientras el proyecto de reintroducción avanza gracias al trabajo conjunto entre el Estado nacional, el gobierno del Chaco y organizaciones conservacionistas, la falta de controles y el ajuste presupuestario en áreas de Ambiente y Parques Nacionales debilitan la capacidad de respuesta frente a la caza furtiva.

La Fundación Rewilding recordó que la caza de yaguaretés sigue siendo una práctica extendida en distintas zonas del país, motivada por prejuicios culturales, desconocimiento o como caza deportiva. Las poblaciones del noreste y noroeste argentino continúan disminuyendo, y se calcula que hoy quedan alrededor de 200 ejemplares en libertad. En ese contexto, el caso de Acaí resulta atípico porque el collar de monitoreo permitió conocer casi en tiempo real lo sucedido y activar rápidamente la investigación judicial.

“Esto demuestra la necesidad de reforzar el seguimiento de los individuos liberados. Si cada yaguareté tuviera un collar, podríamos reaccionar de inmediato ante una situación como esta y encontrar a los responsables”, señalaron desde Rewilding. Y añadieron: “Seguiremos trabajando por cada individuo liberado y por el futuro de la especie en el norte argentino”.

A pesar del dolor, las organizaciones reafirmaron su compromiso con la continuidad del proyecto. “La pérdida de Acaí no nos detiene, nos impulsa a redoblar los esfuerzos”, expresaron en un comunicado. Mientras la justicia intenta esclarecer el crimen, su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por recuperar al gran felino del norte argentino y en una advertencia sobre la fragilidad de los logros en materia de conservación.

CRM

A casi cinco años de las primeras liberaciones de yaguaretés (panthera onca) que habían sido capturados para que se reproduzcan en el marco de un programa de conservación de la especie, los avistajes de ejemplares silvestres comienzan a ser más frecuentes en los distintos portales de los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, como lo es el reciente registro en el Portal San Nicolás.

Esta semana, en una de las salidas de monitoreo, Pablo Cabrera, quien trabaja en la Fundación Rewilding Argentina, logró avistar un yaguareté que, según cree, se trata de un ejemplar nuevo, ya que no existían registros del mismo.

Desde Rewilding Argentina indican que estos encuentros “confirman que el gran humedal correntino avanza en la recuperación de su depredador tope, el cual vuelve a ocupar su rol esencial en el ecosistema después de más de 70 años de ausencia.”

Además, sobre esta especie declarada Monumento Nacional Natural (2001) destacan que mientras su población crece, también aumenta la oportunidad de desarrollar el turismo de naturaleza, que permite a las comunidades locales beneficiarse de la conservación y reconectarse con la vida silvestre que da identidad a Iberá.

“Cada registro, cada huella y cada imagen son señales de un sueño cumplido: Iberá vuelve a tener yaguaretés libres”, celebran desde Rewilding.

Amenazas de la especie

Las principales causas del riesgo de extinción del yaguareté son la caza furtiva, la destrucción y degradación de ambientes por parte de la industria agropecuaria o la deforestación (que reduce la superficie de bosques y selvas) y la escasez de presas naturales, ya que el hombre caza los mismos animales.

Por Matilde Moyano, para la agencia NA

Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.

“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.

En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.

Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita

La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.

En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.

“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.

También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.

Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.

La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina

El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.

Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.

La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.

Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.

Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.

Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.

Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna

Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.

“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.

Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.

La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.

Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.

Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional

En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.

Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.

Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.

“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.

El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso

Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.

Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.

Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.

Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.

El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.

“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.

Nota: Tras la publicación de esta nota, el jueves 23 de enero de 2025 en Mongabay Latam, Caza & Safari quitó de la web las fotografías en donde se veía la caza de especies prohibidas.

ED/MC

“¿De qué nos sirve esta Ley de Bosques?”. Con esa pregunta, el gobernador de Salta, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas protegidas por la actual legislación.

De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre 700.000 hectáreas de bosques, cuya ubicación real no se define en el camaleónico mapa propuesto.

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitirá el desmonte de esas 700.000 hectáreas, una superficie excesiva, teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y el hecho de que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow (2022) un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso asumido e ignora también que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende habilitar el desmonte “legal” de 100.000 hectáreas por año.

La zonificación propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Pero, además, esta zonificación se presenta como transitoria o flexible. Esto significa que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar, sino que deja esta decisión a total arbitrio del Poder Ejecutivo provincial e impide el control de los desmontes ilegales por parte de la sociedad. 

Ayer, cuando el gobernador Sáenz anunció el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial, lo hizo poniendo a la Ley de Bosques como rehén y responsable de la pobreza en Salta; una mentira que no resiste el mínimo análisis. Si deforestar nuestros bosques fuera el camino para erradicar la pobreza, Argentina habría solucionado su pobreza estructural hace décadas. Según datos oficiales, desde fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

La Ley de Bosques sirvió y sirve para defender nuestros bosques, ya que desde su sanción disminuyó la cantidad de hectáreas que se desmontaban año tras año, pero eso no es suficiente ante una realidad de crisis climática cada vez más extrema.

Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques, al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Desde el Conicet, se elaboró este año el mapa de áreas prioritarias a conservar en la región chaqueña, para garantizar la supervivencia de esta especie única -POCY, Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté-, con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, lo cual no ha sucedido.

Por último, pero no menos importante, la Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por otra norma: la Ley 26.160. Pero en Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Tampoco se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia se desarrolla en el monte. Muchas de estas comunidades tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios -lo mismo que los pequeños productores- y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Sociedad, entendemos, somos todos. La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para validarlos.

*Noemí Cruz es la coordinadora de la Campaña de Bosques - Greenpeace Andino.

Uno de los cinco yaguaretés que quedaba en Formosa fue muerto y carneado por cazadores furtivos, los cuales fueron detenidos por autoridades locales.

El yaguareté, el mayor félido de América, se encuentra en peligro en extinción en la Argentina y su captura se encuentra prohibida..

La caza ilegal se produjo en la zona de Estanislao del Campo y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa informó que los autores del hecho ya fueron detenidos y que se encuentran a disposición de la Justicia provincial.

Las autoridades formoseñas confirmaron que el animal fallecido era un macho de gran porte que ya había sido detectado por las cámaras trampa el 27 de febrero de este año por primera vez y también en abril.

Luego de que se confirmó la muerte del animal se realizó una denuncia policial y finalmente intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad de Las Lomitas, que tiene a su cargo la jueza Gabriela Soledad Plazas.

“Se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto y que resultaron determinantes para la investigación que desencadenó en la detención de las personas involucradas en el hecho, por lo cual informamos que a la fecha se encuentra esclarecido respecto a los autores de esta lamentable matanza de un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales”, destacó Plazas a medios locales.

En este contexto, la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Hansen, emitió un comunicado en el que avisa que pretende que “la causa pase a la Justicia Federal” para en dicho ámbito “constituirse en parte querellante por ser la autoridad de aplicación a cargo del resguardo del Monumento Natural Yaguareté”.

Las penas para este tipo de delitos se encuentran previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Conservación de Fauna y van de dos meses a dos años con cinco años de inhabilitación especial. La pena se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la caza fuera cometida de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación.

También corresponde una multa económica significativa calculada en función del daño ambiental.

En el país se considera al yaguareté en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales.

El yaguareté es el mayor felino de América. Su altura a la cruz (lomo) oscila entre los 70 y 90 cm, y su largo varía entre los 110 y 180 centímetros (sin contar su cola), y pesan alrededor de 80kg los machos y 60kg las hembras.

Su cuerpo es ancho y compacto, y su cabeza robusta con potentes mandíbulas.

CRM con información de la agencia NA

A contramano de la política y los intereses económicos más poderosos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet y universidades públicas hicieron este lunes un llamado desesperado a las autoridades: el felino más grande de América ingresó en la etapa más crítica de su existencia en el Gran Chaco argentino, de acuerdo a la exposición que realizaron los expertos de Proyecto Yaguareté, una iniciativa de investigación y conservación del yaguareté que forma parte además de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). 

El equipo está conformado por científicos de tres institutos diferentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de tres universidades nacionales de Argentina: las de Río Cuarto, Córdoba y Misiones. 

En una conferencia organizada por Greenpeace, tres de los científicos presentaron la herramienta Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (POCY Chaco), que desarrollaron tras analizar la información que vienen acumulando desde hace dos décadas para intentar salvar al tercer felino más grande del mundo y el depredador tope que regula como ningún otro mamífero al ecosistema que habita. Por esa razón, conservarlo es, por default, preservar al bosque nativo con el que se arrasa en pos de los grandes pooles de siempre, la ganadería extensiva y la industria taninera. 

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace y moderador del encuentro, sostuvo que “los científicos especialistas en yaguareté destacan la necesidad de frenar la deforestación para que la especie pueda sobrevivir en la región chaqueña. El trabajo deja bien claro cuál es el territorio a proteger del avance de las topadoras. Esperemos que la Corte Suprema actúe rápido y pare este ecocidio”. 

La organización ambientalista presentará los resultados de este trabajo ante el máximo tribunal del país, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tienen pendiente analizar un amparo presentado hace más de cuatro años en nombre del yaguareté para frenar los desmontes en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, la región más crítica para este felino, que también se encuentra en la selva misionera y en las Yungas jujeñas. Además, ha sido introducido por Rewilding Argentina en el Iberá, Corrientes.

“Combinando la información de presencia de yaguareté de los últimos 20 años, con un exhaustivo análisis de las amenazas a la especie, e incluyendo las condiciones socioambientales de la región chaqueña, pudimos construir esta herramienta de planificación territorial y toma de decisiones, y así dar respuesta a una de las acciones prioritarias de los planes para conservar la especie”, afirmó la doctora Verónica Quiroga, investigadora del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.

“Nos pareció necesario y urgente presentar estos resultados ahora, debido, entre otras cosas, al recientemente aprobado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco que representa un serio retroceso en materia de conservación de los bosques”, expuso Quiroga. “Este nuevo mapa de OTBN, aprobado sin consenso de ambientalistas, pobladores y científicos, incluye la regresión ambiental de muchas hectáreas importantes para el yaguareté, ahora habilitadas para nuevos desmontes. Está claro que si la deforestación y la cacería siguen al ritmo actual en la región, en pocos años no tendremos más yaguaretés en los bosques chaqueños de argentina”, añadió.

Cercados por el poder económico

Las problemáticas que comprometen la existencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino pueden reducirse actualmente a dos variables: la deforestación del bosque nativo para la extensión de la frontera agropecuaria y la producción de la industria taninera; y la cacería deportiva, explicó Quiroga. El territorio del yaguareté se ha reducido en un 50% en todo el continente, donde también se lo conoce como jaguar. Argentina es el país donde esa reducción de territorio caló más hondo. 

De este felino, Monumento Natural Nacional y monumento natural en las provincias donde arrasan con su hábitat, sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino. En los últimos 20 años, aseguró Quiroga, los científicos sólo han podido registrar a una sola hembra con las cámaras trampa y registros de pobladores de los campos. El resto de los 135 registros han sido machos.

El doctor Carlos De Angelo, investigador del Conicet en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sostuvo que la herramiento que desarrollaron construye un modelo preliminar de hábitat, localizando las zonas de bosque nativo que actualmente están conservadas en las condiciones óptimas para que el yaguareté pueda sobrevivir. Tomaron registros de los últimos 20 años -135 imágenes y localizaciones de ejemplares de este felino, casi todos machos- y buscaron determinar cuáles son las condiciones del hábitat en esos puntos: posibilidades de refugio, alimento y condiciones de traslado y del paisaje.

El yaguareté necesitan grandes extensiones de territorio de bosque nativo. Buscaron las zonas con ríos principales y sin cultivos. El resultado fue que al yaguareté le queda apenas el 3% del área estudiada en condiciones aptas para su supervivencia.

Este pequeño porcentaje, además, es de zonas muy separadas por monocultivos. Por eso, propusieron crear áreas aledañas a este 3% del territorio que estén protegidas y donde se pueda recuperar el bosque nativo y las condiciones para proteger al felino. Demandan acciones urgentes para que el yaguareté sobreviva.

El felino también es amenazado por los conflictos con el humano, que termina cazando al animal por miedo, cuestiones culturales o por la matanza de ganado. Los científicos de Proyecto Yaguareté trabajan con los lugareños para evitar estas cacerías. Pero solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto con la caza deportiva, algo que no ha mermado en el último tiempo, explicaron.

El doctor Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de Misiones (IBS) del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones, que coordina Proyecto Yaguareté a nivel nacional, expresó: “El yaguareté no sólo es un Monumento Natural Nacional al que debemos preservar por su valor como especie, sino que por sus grandes requerimientos de hábitat es una especie que llamamos ‘paraguas’ y que nos ayuda a planear paisajes que pueden preservar un gran número de especies y al bosque en su totalidad”. Y agregó: “Tener un paisaje de conservación para el yaguareté en la región chaqueña es clave, este tipo de herramientas espacialmente explícitas es una forma muy simple y efectiva de transferir el conocimiento científico hacia los sectores de toma de decisiones”.

Nota: este artículo se corrigió por un error de tipeo el 21 de mayo de 2024 a las 11:19.

ED / NB

La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía. 

La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada. 

El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.

La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia. 

El caso

La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.

La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.

La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.

La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.

La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.

“Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.

“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.

ED/JJD

La yaguareté Tobuna, pionera del Proyecto de Reintroducción de esa especie en el Gran Parque Iberá en Corrientes, murió debido a diversas patologías que presentaba por su avanzada edad de 22 años, informaron hoy el Centro de Conservación Aguará, donde se encontraba alojada al cuidado de técnicos y voluntarios, y la Fundación Rewilding Argentina.

La felina inició el Proyecto de Introducción de esa especie, que estuvo extinta por 70 años en la provincia de Corrientes, y hoy sus nietas y bisnietas viven en libertad.

“Tobuna presentaba patologías asociadas a su avanzada edad de 22 años. El último tiempo se sumó una enfermedad articular degenerativa y una lesión crónica en su columna que derivó en una importante cirugía”, detalla el informe del Centro conservacionista.

En similar sentido, la Fundación Rewilding expresó que “la icónica hembra de yaguareté, embajadora del proyecto de reintroducción de la especie en Iberá, falleció a los 22 años, superando la esperanza de vida de sus pares, que viven hasta 15 años en libertad”.

“Tobuna marcó el camino del regreso del yaguareté a Corrientes después de 70 años de extinción y hoy sus descendientes viven libres en el Iberá”, señala el escrito.

La vida de Tobuna

Sobre la vida de la felina, detallaron que “nació en cautiverio en Tucumán en 2001 y fue transferida luego al Bioparque de Batán en Mar del Plata y llegó como donación al proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá en 2015”.

“Fue el primer individuo en ingresar al proyecto y abrió las puertas a la llegada de más ejemplares que convirtieron a esta ambiciosa iniciativa en un ejemplo pionero a nivel mundial”, remarca la Fundación conservacionista.

Y señala que debido a que había nacido y sido criada en cautiverio, “no podía ser liberada, pero vivió buena parte de su vida entre los montes y pastizales de grandes corrales del Centro de Reintroducción de Yaguareté ubicado en la isla San Alonso, en el corazón de Iberá”.

Sobre su descendencia, indicaron que “al ser un individuo ya grande cuando arribó al proyecto no tuvo crías en Iberá, pero sí lo hizo su hija Tania, también donada, por lo tanto, Tobuna es abuela y bisabuela de dos generaciones de yaguaretés que ya viven libres en la inmensidad de los esteros”.

“Desde el año 2019 vivía en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre 'Aguará' en Corrientes, donde su personal le proporcionaba los cuidados que necesitaba, incluyendo los tratamientos veterinarios”.

Finalmente, profesionales y voluntarios del Centro de Conservación Aguará, señalaron sobre la felina, que “el sueño del regreso del yaguareté comenzó con Tobuna. Hoy nuestra reina se nos va, dejando perpetuada su historia y sus genes en su hija Tania, en sus nietas Aramí, Mbareté, Nalá y Takajay y biznietas Arandú, Jasy, Chaco y Taraguí, que actualmente viven libres en el Gran Parque Iberá y en un futuro en el Impenetrable Chaqueño”.

Y la Fundación Rewilding Argentina consideró que “Tobuna deja un gran legado en la historia de la conservación y en la cultura de Corrientes”.

En la última edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, celebrada en enero pasado, se le rindió homenaje a través del espectáculo “Chamamé para un mundo nuevo”:

NB con información de agencia Télam.

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

El nuevo ordenamiento de bosques nativos presentado por el gobernador Jorge Capitanich a la Legislatura de Chaco habilita la expansión de la deforestación hacia El Impenetrable Chaqueño sobre más de 200.000 hectáreas. En una convocatoria sin precedentes, la comunidad científica argentina se manifestó masivamente alertando sobre los riesgos de decidir el destino de los bosques nativos ignorando el conocimiento científico y los acuerdos internacionales.

“No podemos pensar en conservar la biodiversidad sin corredores biológicos y sin respeto a los derechos de las comunidades locales que allí habitan” sostuvo la doctora Micaela Camino, investigadora del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. 

Más de 100 artículos científicos publicados en las últimas décadas reúnen evidencias de los impactos negativos de la deforestación sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la región del Gran Chaco Americano. Nuestros estudios muestran claramente que los desmontes en zonas con suelo frágil y clima seco como los departamentos Brown y Güemes provocan que la tierra pierda su productividad en pocos años.

La pérdida de los bosques nativos tiene múltiples consecuencias negativas para la sociedad, la biodiversidad, el clima y la economía. Por un lado, aumenta el riesgo de extinción de especies de la flora y fauna silvestre, algunas ya en peligro crítico. “Las áreas protegidas chaqueñas no son suficientes en cantidad y tamaño para conservar las especies de grandes mamíferos, como el yaguareté. Es necesario frenar los desmontes en los corredores que conectan las áreas protegidas, para que estas especies puedan sobrevivir a largo plazo”, sostuvo la Dra. Verónica Quiroga, investigadora del CONICET en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.

Por otro lado, la deforestación intensifica el calentamiento global y sus impactos locales. Las olas de calor, sequías y fuertes vientos se darán con mayor frecuencia y severidad en la región, con efectos irreversibles en la fertilidad del suelo. “Los últimos incendios masivos han demostrado la fragilidad e insuficiencia de áreas protegidas y su pérdida continua de resiliencia. Si se suma una categorización de bosques inexacta serán escasos los ecosistemas saludables y aceleraría una pérdida irreversible de biodiversidad” sugiere el Dr. Martin Kowalewski, investigador del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral.

En combinación, la pérdida de biodiversidad y los cambios climáticos locales impactarán negativamente sobre el potencial de la región para lograr un desarrollo sostenible. Esta preocupación fue también expresada por la comunidad científica en una audiencia ante la Legislatura de Chaco el pasado mes de octubre. Hasta el momento, los científicos no han recibido respuesta de Capitanich al pedido de audiencia con el poder ejecutivo. 

En la antesala de las COP27 del Cambio Climático y la COP15 de la Biodiversidad, científicos a lo largo y ancho del planeta piden que los representantes tomen decisiones políticas urgentes en favor de la protección del ambiente. “El objetivo a escala global es que hacia 2030 la superficie destinada a áreas de conservación sea al menos del 30% del territorio. Argentina está lejos de esa meta” enfatiza Marcelo Cabido, Investigador del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal.

En julio de 2019, la organización Greenpeace demandó en nombre del yaguareté al Estado nacional y a las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar la Ley Nacional de Bosques, provocar la casi extención de la especie y la desaparición de millones de hectáreas de su hábitat en el Gran Chaco argentino. Desde entonces, la ONG ambientalista espera una respuesta del máximo tribunal.

La Corte tenía previsto realizar una audiencia pública sobre el caso durante el primer semestre de 2022, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal, pero la convocatoria nunca se concretó. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía. 

Detrás de la posible desaparición del felino más grande de América en esta región, existen también centenares de poblaciones originarias y campesinos criollos viven una crisis ambiental y social provocada por el avance de la ganadería y la soja en el norte de Argentina, asegura Hernán Giardini, coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace, a elDiarioAR durante un viaje por la región, organizado y financiado por la ONG. “Estamos expectantes a que la audiencia también genere en la sociedad un acompañamiento. En las decisiones gubernamentales o judiciales, lo que pasa en la calle también influye”, afirmó. 

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

Detrás del amparo y la demanda por el yaguareté, Greenpeace sostiene que también está en juego la supervivencia de muchas personas afectadas por la deforestación para el cambio del uso del suelo. ¿Cómo los afecta?

A nivel regional o local, muchos de los desmontes están directamente vinculados a conflictos de tierras o desalojos. Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos. Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales. El monte no sólo es alimento, sino madera y medicinas. También es un lugar de conexión espiritual para las comunidades. A veces, los empresarios utilizan hasta guardias propias para desalojarlos. Esto ha generado en algunos casos violencia y hasta muertes. En otros casos cuando suelen ‘arreglar’, siendo igualmente un arreglo bajo presión por un puñado de hectáreas.

¿Cómo afecta a las personas más allá de los locales?

El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque.

¿Hasta dónde puede llegar el efecto de esas inundaciones? 

El desmonte acumulado puede generar, teniendo en cuenta la pendiente oeste, este, y los ríos que atraviesan el Gran Chaco, inundaciones a varios kilómetros de ahí. No solo en esa zona, sino también hacia el litoral. Pueden inundarse Santa Fe y Entre Ríos por los desmontes que estén sucediendo en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. El agua viene bajando con otra intensidad al no ser absorbida por ese bosque que ya no está. Además, hay una pérdida masiva de especies y un desequilibrio que es el más difícil de medir porque no sabemos qué puede pasar cuando desaparece una especie, por ejemplo, los grandes mamíferos como el yaguareté. 

En Argentina, como en otros países, se debate la supuesta dicotomía entre progreso económico y preservación del bosque o el medio ambiente. En este caso, se apunta a cuatro provincias para que “resignen” el avance de actividades económicas. ¿Cuál es la posición de Greenpeace con respecto a esa discusión?

No es cierto que el desmonte signifique progreso. Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado, que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Ahora, en los últimos 30 años que se viene deforestando en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, su población sigue estando entre las más pobres del país, y más la de la zona donde se produce el desmonte. Tampoco se emplea tanta gente para este tipo de producciones y las condiciones suelen ser muy precarias, en algunos casos, de semiesclavitud. No es que de repente hay mucho trabajo en el área o que las ciudades que están alrededor de los desmontes han mejorado significativamente su infraestructura. Además, para los pequeños productores cada vez es más difícil competir. 

¿Cómo son esas condiciones laborales en los campos deforestados o durante el desmonte?

Los topadoristas a veces no son de los que trabajan en las mejores condiciones y los tienen trabajando bajo el sol y con mucho calor, durante muchas horas. Es un trabajador bastante precarizado. Después de las topadoras, viene el proceso de desenraizado, quitar las raíces, que a veces se hace con trabajadores “golondrina”, a quienes mueven de un lado a otro. Otras veces emplean gente local y en condiciones muy precarias: viven ahí mismo, bajo toldos, casi en condiciones de semiesclavitud, y la misma empresa que los emplea les vende los alimentos. En una oportunidad, una de las provincias no vio o no quiso ver que estaban hacía dos meses topando el monte y fue la AFIP la que entró el campo por las condiciones pésimas laborales de indígenas o campesinos que aceptaron ese trabajo por necesidad.

¿Cuál puede ser la solución para estas provincias?

Todo ecosistema nos da algunas cosas en las que podemos aprovechar bienes y servicios, lo que se llama recursos naturales. Probablemente el Gran Chaco nos da mucha más madera que otros. La podemos manejar bien, la podemos manejar responsablemente para que se sostenga. Probablemente nos dé también suelos menos fértiles que la región pampeana para producir tal cosa. Hay cosas que nos dan de más y otras limitantes. Lo que deberían pensar los gobiernos de la región chaqueña es cuáles son los tipos de producciones que se adaptan mejor a los ecosistemas que tienen. Y cómo hacerlas de manera sustentable, cuánto es lo que se puede bancar este ecosistema para mantenerlo en pie.

¿Deberían entonces restringir la ganadería intensiva en la región?

Los planes de expansión ganadera de las provincias hablan de duplicar, triplicar el stock ganadero, eso sería desmontar todo cuando podrían mejorar a los pequeños productores para aprovechar el potencial que ya tiene las históricas familias campesinas, aumentar un poco la cantidad de ganado, pero en una lógica de consumo interno, de desarraigo rural y de negocios para un productor pampeano que compra, deforestar, desaloja y exporta. Los campesinos criollos tienen problemas de distribución, de comercialización, no rinde porque no tiene una ayuda estatal. Es un modelo pensado solo para los grandes, para un campo sin gente. 

¿Cómo es llevar el reclamo ambiental a poblaciones que están pensando en cómo acceder a necesidades básicas? 

Priman mucho los problemas que tiene la comunidad, si un empresario los quiere desalojar, si les falta agua, de acceso a la salud, y obviamente el tema territorial, no tener los papeles de la tierra. Ahora, cuando esas comunidades se organizan, están en un movimiento campesino, en una organización indígena, empieza a haber una mirada un poco más amplia de lo que es el conflicto y ahí probablemente tengamos muchas más discusiones sobre el modelo agropecuario, sobre reclamos ambientales. La foto más grande. Está todo relacionado, en el sentido de que hay todo para ellos, los grandes productores, y no hay nada para nosotros, la comunidad. Entonces si ven que lo ambiental los afecta y en el caso de las comunidades indígenas lo ven más, sobre todo cuando su forma de vida tiene que ver con la caza, la recolección y la pesca, actividades que van directamente de la mano de un bosque en buen estado. 

¿Qué esperan de la Corte Suprema?

Que llame lo antes posible a la audiencia pública. Este año, se realizaron dos audiencias públicas en la Corte por otros casos y nos pareció interesante que, más allá del análisis de cómo fueron los fallos, después de la audiencia hubo una respuesta rápida de la Corte. Sabemos que hay muchas organizaciones colegas que están también expectantes para incorporarse a la causa porque todos sienten que esta puede ser una causa histórica, con el yaguareté a la cabeza, pero con la conservación del bosque de fondo. En cuanto a los resultados, esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible.

ED

Después de un lunes frío y gris, la mañana del martes 12 de julio presentó las condiciones climáticas ideales para el sobrevuelo en avioneta. La aeronave despegó de una pequeña pista cercana a la localidad de Las Lomitas, casi en el centro de Formosa, un poco hacia el oeste de la provincia. 

El monte, como se conoce al bosque nativo en la región del Gran Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y parte de Salta), parece inacabable desde el cielo formoseño. Alrededor del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, el ojo no llega a dimensionar dónde termina el manto verde. Pero termina, cuando se observan las topadoras o los restos de bosque que dejan al pasar, antes de que el suelo se prepare para otros fines.

Estas tierras intentan seguir siendo el territorio del tigre manchado. La panthera onca o jaguar. El felino más grande de América y el tercero en el mundo. El yaguareté, “verdadera fiera”, en guaraní. 

Durante cinco días, elDiarioAR visitó esta región, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía, en un viaje organizado y financiado por la ONG Greenpeace con el objetivo de evidenciar los efectos de la deforestación en el norte argentino para introducir la ganadería extensiva y la plantación de soja. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina. En Formosa es donde los ambientalistas creen que tienen mejores posibilidades de ganarle a la extinción provocada por la caza y la desaparición de su hábitat, ya que la provincia aún tiene una mejor conservación de bosque nativo contiguo con respecto a otras provincias de la región chaqueña.

Pero esas chances se apagan con el avance de la deforestación en Formosa, aseguran los ambientalistas de cuatro organizaciones distintas consultadas por este medio. ¿Qué sucederá si el yaguareté se extingue en el Gran Chaco argentino?

En julio de 2019, la organización demandó en nombre del yaguareté a los gobiernos de la Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, un animal no humano era representado como sujeto jurídico. 

Tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, la Corte anunció que realizaría durante el primer semestre de 2022 una audiencia pública por el caso para escuchar a la demandante y sus apoyos, y a los gobiernos demandados y sus aliados, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal. La convocatoria nunca se concretó. La Corte “perdió interés jurídico” en la causa y tiene “otros casos medioambientales que son prioridad”, dijo una fuente del tribunal ante la consulta de este medio.

Formosa

La fauna del monte sobrevive en Formosa. Cuatro días por los caminos de tierra, las recorridas por las costas, los humedales, los ríos Bermejito y Bermejo y el bañado La Estrella -que se nutre del río Pilcomayo- permiten avistar osos hormigueros, yacaré, tucanes, cigüeñas, zorros, cardenales y aves de muchos tipos, monos, jabirús -la cigüeña más grande de América- y hasta huellas de una familia de tapires.   

“Actualmente, Formosa desmonta cuatro veces más que antes de la Ley Nacional de Bosques -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- porque la ley provincial es muy permisiva”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Sólo en lo que va de 2022, Formosa perdió 10.056 hectáreas de bosque nativo. La mitad de la ciudad de Buenos Aires en sólo seis meses, de acuerdo con el monitoreo satelital de la ONG. elDiarioAR se comunicó con el director de Recursos Naturales y Gestión de Formosa, quien declinó responder las consultas. 

A través de imágenes satelitales, Greenpeace detectó varios desmontes recientes en la zona y viajó para corroborarlos por aire y por tierra. Uno de estos desmontes se ubica a unos 50 kilómetros de Las Lomitas y representa el 20% de lo deforestado en Formosa en el primer semestre del año. “Estamos en una zona que los científicos marcan como de posible presencia del yaguareté, una zona que obviamente se fue reduciendo a partir del avance de la frontera agropecuaria, de la soja, de la ganadería, mucha de la cual se termina exportando a China y a Europa”, afirmó Giardini.

Por aire, el paso de las topadoras se ve en cuadrados inmensos de color tierra o quemados por el fuego. Por tierra, parece un cementerio de cuerpos desenterrados. Muchos de estos futuros campos para la producción agropecuaria no tienen tranqueras ni alambrados, aún. Apenas se puede caminar entre los árboles derrumbados, las palmeras tumbadas, las plantas que vivían en ellos, ahora en el suelo. 

Se puede ver cómo cortan y preparan el quebracho blanco y el colorado para vender la madera de árboles que tardaron unos 50 años en crecer. Luego, vendrá el proceso de quitar las raíces y erradicar el monte por completo para sembrar pasturas africanas o soja. 

Depredador tope

En Argentina, el yaguareté solía extender su territorio desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte. Actualmente, perdió el 95% de su territorio en el país, según los expertos de Proyecto Yaguareté. 

En territorio argentino, quedan alrededor de 250 individuos distribuidos en tres regiones. En las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) se estima la presencia de más de un centenar. En la provincia de Misiones, habita un número estimado de entre 90 y 110 individuos. 

Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre) aseguró a elDiarioAR que en la selva paranaense se ha logrado casi triplicar la población de yaguaretés. “Es un trabajo enorme que venimos haciendo en Misiones con muchas organizaciones desde hace más de 20 años, monitoreado por científicos del Conicet”, dijo.

En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado. “La situación en Chaco está complicada desde hace tiempo. Se está mejorando a través de planes de gestión”, aseguró. 

El Litoral es una de las regiones en donde llegó a extinguirse. Desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding busca reintroducir al yaguareté desde hace años. Marisi López, vocera de la institución, explicó a elDiarioAR que las causas por las cuales se llegó a la casi extinción en el Gran Chaco fueron principalmente la caza por posibles conflictos con el ganado y por considerarlo un trofeo. “También el desmonte y el uso de cambio de suelo fueron achicando la frontera o el ambiente del yaguareté, desplazándolos, haciendo que lleguen hacia zonas más urbanas, donde también eran por supuesto perseguidos y cazados”, afirmó. 

“El yaguareté tiene un rol como predador tope súper importante -afirmó López-, ya que es el que equilibra y hace que el ecosistema esté más completo y funcional, es quien regula hacia abajo en la cadena alimenticia”.

“Un ecosistema con la presencia de sus depredadores topes, es un ecosistema más saludable, más funcional, más completo y que ayuda a enfrentar estas tres crisis ambientales la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y la desaparición de epidemias y pandemias”, concluyó López.

La guardaparque y cordobesa Lucero Corrales sigue las huellas, excrementos, pelos, marcos y presas del yaguareté por el Gran Chaco. Integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidades, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Gracias a una red de colaboradores que viven y trabajan en el monte, intenta rastrear la presencia de estos felinos en la región y concientizar a los lugareños para que no los maten.

“Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto”, asegura Corrales. En los últimos años, sólo han podido identificar a dos individuos en la región. 

Palacio o monte

En 2001, el yaguareté fue declarado por ley Monumento Natural de la Nación. En 2014, se creó el Parque Nacional El Impenetrable (provincia de Chaco) para proteger una porción de su hábitat. 

El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte busca que el máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino e incluye una medida cautelar para que el tribunal frene los desmontes mientras analiza la situación, lo que aún no sucedió.

Desde que la ONG presentó el amparo y medida cautelar (julio 2019) hasta junio de este año, en estas cuatro provincias las topadoras se llevaron unas 300.000 hectáreas de bosques nativos, según surge de las sumas relevadas cada año por la ONG y el ministerio de Ambiente. Esa superficie equivale a 15 ciudades de Buenos Aires. 

En la Corte afirmaron que el tribunal estuvo consultando informalmente qué organizaciones ambientalistas podrían presentarse para apoyar la demanda y que ninguna de las consultadas mostró interés. No descartan que la audiencia sea convocada durante el segundo semestre del año o incluso que el tribunal tome una decisión directamente sobre el amparo. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Greenpeace informó que ya tiene confirmadas para la eventual audiencia pública los apoyos y exposiciones de Alberto Acosta, ex presidente de la Convención Constituyente de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza; a Maristella Svampa y las escritoras de Mirá; a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo; a la organización EARTH LAW; a universidades del exterior especializadas en derecho ambiental; y a organizaciones indígenas y ambientalistas locales.

Sociedades del monte

“Donde vive el yaguareté, viven también personas”, afirma Pablo Chianetta, veterinario, formoseño por adopción y co-fundador de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG local que trabaja con los cuatro pueblos originarios que habitan en el oeste de Formosa: Wichí, Qom, Pilagá y Nivaclé. 

En estas tierras, la mayor parte de la población es originaria, afirmó. “Son entre 30.000 y 40.000 personas, la mayoría habitantes del oeste de la provincia” y sus problemáticas -explicó- están directamente ligadas a las causas de la cuasi desaparición del felino. 

“En Formosa, hay un proceso inmobiliario de los últimos 15 años basado en el manejo del agua, por dónde pasa y quién tiene acceso o control de la esclusa del bañado La Estrella por ejemplo,”, aseguró Chianetta. “Aquí la tierra es más barata que en la región pampeana y los productores agropecuarios vienen de afuera de la región atraídos por eso”, agregó.

Hay una falsa dicotomía entre la intención de preservar este ecosistema llamado Gran Chaco y el progreso económico de cuatro de las provincias más pobres del país, aseguran Giardini y Chianetta. “Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Pero en los últimos 30 años de deforestación, la población de estas cuatro provincias sigue estando entre las más pobres del país”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

A unos 35 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes de la comunidad wichí de Tres Pozos, sostiene que uno de sus principales reclamos es la titularidad efectiva de sus tierras. 

“Acá todo alrededor de nosotros es privado, no podemos ir a pescar al río o a buscar miel al monte”, dijo Ramírez con la voz suave y pausada del wichí. “A nosotros, los criollos nos decían: ‘¿Para qué quieren tener tierras los indios si no tienen animales?’. Nosotros les decimos: ‘¿Para qué quieren los criollos tener vacas si no tienen tierra’?´”.

Florencio González es uno de los más jóvenes de la dirigencia wichí en Tres Pozos. “Estamos defendiendo lo poco que tenemos: el monte”. El bosque es fuente de la harina de algarroba para el pan, de la miel, del alimento de sus cabras y vacas. Pero también es proveedor de medicinas naturales y el lugar donde los originarios van a pensar, descansar, respirar hondo, dice González.

Chaco

En Resistencia, Chaco, Karina Alonso, comunicadora del pueblo Qom y maestra bilingüe, se unió a Somos Monte, un colectivo de chaqueños que ya juntaron 40.000 firmas para exigir “desmonte cero” en su provincia. “Las comunidades originarias están organizadas pero no nos escuchan y para poder llegar al Estado necesitamos que los hermanos se acoplen a nuestra lucha”, asegura Alonso, sentada bajo unos árboles junto al físico italiano Riccardo “Dardo” Tiddi, chaqueño por adopción.   

Chaco rearmó su mapa de zonas protegidas y zonas donde autorizará desmonte para cambio de uso de suelo, que debe ser aprobado por el ministerio de Ambiente de la Nación. “Creemos que ese nuevo mapa es regresivo. Venimos reclamando que en el nuevo mapa ya no haya áreas de bosque donde se permitan los desmontes y que todo lo que no es zona protegida pase a la categoría de conservación intermedia, con actividad sostenible, sin topadoras ni cadenas”, aseguró Tiddi. La ganadería bajo monte, sin deforestar el bosque, es posible, explica.

Ante la consulta de elDiarioAR, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco respondió que el nuevo mapa respeta la Ley Nacional de Bosques, contempla 65,48% de los bosques como categoría de conservación intermedia y 9,48% en categoría de alta conservación.

Topadoras

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra dialogando con el Gobierno Nacional para presentar propuestas muy diferentes a las de quienes buscan la conservación del bosque nativo. Andrés Costamagna, director de Sustentabilidad de la entidad agropecuaria, dijo a elDiarioAR: “No hay posibilidad de conservar los bosques si no hay rentabilidad”. 

“En el estado actual de los bosques nativos sólo son un reservorio de carbono de alto riesgo de incendios que se expanden. Por lo tanto dejarlos como tal de manera intangible es una opción muy delicada y riesgosa, no generar los incentivos necesarios hace que ocurran desarraigos y las personas migren en busca de oportunidades, quedando muy poca población para hacer frente a los siniestros”, aseguró Costamagna. 

“El incendio de Corrientes fue muy claro: donde había personas habitando el lugar se pudo contener el incendio y cuando era una responsabilidad de los guardaparques y del estado esto no sucedió”, agregó. 

Costamagna aseguró que ya presentaron un proyecto al Gobierno para “remover árboles viejos y árboles enfermos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes y ramas sanas''. ”Esto es manejo sostenible del bosque nativo“, dijo: utilizarían los árboles talados para producir electricidad. ”No hay cambio de uso del suelo y el nuevo crecimiento remueve carbono del aire“, agregó. Reconoció resistencia del ministerio de Ambiente.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

La directora general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero,  Noelia Zanichelli, dijo a elDiarioAR que el organismo oficial detectó 16.281 hectáreas deforestadas entre enero y junio de 2022, y que la mayor parte fue autorizada por la provincia (10.772 hectáreas). Las otras 5.509 fueron desmontadas sin los permisos oficiales.

En Salta, el desmonte se redujo en el último semestre (4.947 hectáreas) debido a que la provincia ha suspendido la deforestación mientras concluye un nuevo mapa de zonas protegidas y deforestables.

En Chaco, se registraron 10.223 hectáreas en el primer semestre del año. La mayoría (más de 8.800 hectáreas) fue desmontada de manera ilegal, según el monitoreo de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia, ya que la Justicia suspendió la deforestación a finales de 2020. Luciano Olivares, titular del organismo, explicó a este medio que ante los incumplimientos “se aplica el procedimiento administrativo vigente para la aplicación de sanciones a los responsables”.

Tanto Olivares como Zanichelli aseguraron que las provincias no han sido notificadas aún de la demanda de Greenpeace ante la Corte y que ambas gobernaciones están a disposición de la Justicia.

“Es imposible ser indiferente al yaguareté”, dijo la guardaparque Corrales. Pero quien aún es temido o adorado en la profundidad del monte, ha quedado atrapado en el olvido de la gran ciudad.

ED

Lucero Corrales es cordobesa y guardaparque. Es lunes por la tarde y acaba de llegar a Villa Río Bermejito, en el departamento de General Güemes, provincia de Chaco, muy cerca de la frontera con Formosa. Estuvo de expedición, más hacia el noroeste chaqueño, tras un nuevo dato que podría confirmar la presencia de un yaguareté, el jaguar, panthera onca, tigre manchado, “verdadera fiera” en guaraní, “el bicho” que solía reinar por estos montes o bosques chaqueños hasta que la cacería y el avance sobre su hábitat lo llevaron al borde de la extinción, explicó Corrales. 

Aquí, en el Gran Chaco argentino (Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta) es temido por los locales, injustamente, asegura Corrales. No hay registros de ataques del yaguareté a humanos a excepción de raros episodios en los que el animal debió defenderse para evitar ser cazado.

Esta “detective” de tigres manchados -como le gusta bromear al pasar- integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidad, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales como Fundación Vida Silvestre.

Al margen del tranquilo río Bermejito, que desemboca en su hermano mayor, el Bermejo, Corrales recibe a elDiarioAR y otros medios en el marco de un viaje organizado y financiado por Greenpeace hacia el territorio del yaguareté, donde continúa avanzando la deforestación o desmonte que lo amenaza ante la extensión de la frontera agropecuaria de las pampas hacia la región chaqueña. 

“Lo que hago es estar en contacto frecuente con gente que vive en el campo o que trabaja y se mueve en el campo, donde tenemos mayores posibilidades de detectar la especie. Es imposible que nosotros podamos detectar este bicho cuando quedan menos de 20 animales. Entonces hemos elegido esta metodología: la ciencia colectiva o monitoreos participativos. Necesitamos de la colaboración del conocimiento popular o del campo en la ciencia”, afirma Corrales. 

“Lo que hacemos es buscar a los colaboradores que constantemente nos están aportando esta información: dónde está presente la especie, por dónde se mueve. Buscamos principalmente hallazgos de huellas; relatos de avistaje; información sobre conflictos entre las personas y el yaguareté por depredación del ganado doméstico; o datos de individuos posiblemente cazados o atropellados”, asegura y resalta: “Cualquier dato de presencia, ya sea potencial o confirmada, es de gran valor. Y esta información la tiene la gente de la ruralidad: productores, investigadores, maestros y maestras rurales, policías, técnicos de otros proyectos de conservación, guardaparques, cualquier persona que esté en el monte”. 

No es un trabajo fácil, asevera, y el Proyecto Yaguareté tiene apenas dos ejemplares identificados: Qaramtá y un segundo felino. Su singular rugido, seco y extraño, de garganta profunda, despierta a los lugareños del sueño a la pesadilla. Además, sus colaboradores viven en condiciones de aislamiento y carencias. Corrales asegura que se recuerda permanentemente que ella les habla desde un lugar de privilegio.

¿La gente está predispuesta a aportar información sobre el yaguareté?

No, hay una reticencia al principio porque hay una imagen en general un poco negativa por parte de la gente del campo, que entiende al yaguareté como una especie peligrosa, se le tiene un poco de temor, a veces temores que son infundados. Hay realmente muy pocos registros de ataques a personas y los casos en los que se han dado han sido porque lo han intentado matar, y el bicho ha actuado en defensa. Tenemos que tratar de llevar información sobre cuál es el comportamiento del animal para desmitificar esto del ataque sobre personas. Una vez que uno genera un vínculo con la gente, que alguien lo visita varias veces y estamos tres horas tomando mate, nos quedamos a dormir en el puesto, compartimos una comida y vamos a caminar, se va generando un tipo de vínculo casi de amistad. Me pasó de gente que visité en tres oportunidades y no me contó nada y a la cuarta vez, me contó todo.

¿Por qué cree que tardan en abrirse?

Porque contar los datos del yaguareté es casi como contar un secreto familiar. Acá es como algo muy, muy guardado y que no se confía a cualquiera. Entonces, es importante dedicar tiempo y hacer presencia generando esos vínculos de amistad. Luego los datos van apareciendo. Salimos a campo cuatro o cinco, hasta 26 días seguidos, visitando puestos que son considerados de interés previamente por nosotros porque tenemos datos antiguos de colaboradores de antemano o porque tenemos referencia que en ese puesto pueden llegar a tener alguna información de valor y a veces aleatoriamente también. Los invitamos a seguir siendo visitados por nosotros, a colaborar por la conservación del bicho, a aportar cualquier dato de valor, a que tengan confianza en nosotros también, como no un ente de control o de fiscalización, sino alguien que sin juzgar mucho quiere ir a escuchar el conocimiento que tienen esas familias, siempre dejando en claro que la cacería del yaguareté es una práctica ilegal.

Tras las huellas

Las familias y personas que Corrales visita en el Gran Chaco argentino se extienden en un área de 6.000.000 de hectáreas, muchas veces, de difícil acceso. “En algunas provincias se trabaja más, en otras menos, de acuerdo a las posibilidades que se van dando, permisos o datos que van apareciendo, o de posibilidades que tenemos nosotros de movernos en campo”, asegura.. 

“Yo recopilo ese dato que me llega de la posible presencia del yaguareté, lo analizo, lo sistematizo y lo comunico. Si llegamos a confirmar un dato, mi responsabilidad, mi deber, es comunicarlo a las autoridades de aplicación”, dice Corrales. Actualmente, Proyecto Yaguareté cuenta con más de 150 personas que han aportado datos en las visitas y que luego mantienen contacto de manera virtual, aunque la conectividad es escasa. 

“En la mayoría de los lugares -afirma Corrales-, la gente pone el teléfono en una botella plástica en una soga colgada de un quebracho, pone compartir datos, levanta la botella hasta la punta de quebracho y comparte datos para el resto. Ese es como uno de los mejores panoramas. Además, la disponibilidad de fondos no siempre es constante para poder movernos y estar hablando con la gente”. 

Una vez que tienen un dato de la posible presencia del animal, ¿cómo corroboran que se trata de un yaguareté?

Básicamente con la medición de las huellas que nos aportaron en una fotografía. Pocas veces la gente saca la foto de la huella porque no tiene teléfonos con cámara de fotos pero saben dónde está la huella. También se colectan los excrementos y los pelos. Se envían al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires para que la investigadora Patricia Miraba los analice y así también pueda determinar la especie de la cual se trata. También se estudian los animales depredados, se puede diferenciar un yaguareté o tigre de un puma o león del monte por algunas marcas o formas de ataque. ¿Por dónde lo comió? ¿Por dónde lo mató? Las marcas de colmillo. Tenemos que ser tolerantes porque muchas veces es frustrante. A veces tenemos 50 datos potenciales o sin identificación de la especie, hicimos un esfuerzo de muestreo súper grande para conseguir esta información, pero no lo puedo confirmar.

¿Es fácil para las personas distinguir si es la huella de un yaguareté o de un puma?

Sí, por lo general sí. A veces surgen ciertas dudas, pero por lo general reconocen las huellas. Depende mucho del suelo en el que fue marcada, los días que pasaron desde que la huella se marcó hasta que la persona lo encontró o cuántos animales pasaron por encima. Si llovió, si el bicho estaba subiendo una barranca o estaba caminando planito. Nosotros sometemos la foto de la huella a un análisis de medidas y formas a través de un programa y a partir de ahí nos dan un porcentaje de la especie. 

Acaba de regresar del monte o bosque en busca de información sobre el yaguareté. ¿Qué encontró?

No son datos publicados todavía, pero tenemos un dato del mes de junio, muy reciente, el primer dato de presencia del animal en 2022. Con Rocío -su actual colaboradora- estuvimos en el noroeste de la provincia de Chaco. Tenemos un dato confirmado en esa zona. Muchas veces dar publicidad a la información juega en contra, porque ese individuo puede llegar a estar en riesgo de ser cazado. Debemos alertar a las instituciones. Eso habla también del trabajo colaborativo con quienes hacen control y fiscalización para hacer presencia en el territorio y tratar de disuadir a los cazadores y evitar que lo maten.

Esperando a la Corte

La invitación de Greenpeace a los medios de comunicación en este viaje a Formosa y Chaco tiene un motivo particular: en julio de 2019, demandó a los gobiernos de la Nación, Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ONG ambientalista solicitó al máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino, es decir, a los desmontes para ganadería y soja. El amparo y medida cautelar fueron presentados en nombre del yaguareté y por primera vez en la historia un animal llegó a la Corte Suprema.

“Es imposible serle indiferente al yaguareté” asegura Corrales en Chaco. En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la urgencia que marcan los expertos como Corrales y las organizaciones ambientalistas quedó en suspenso: la audiencia pública anunciada por la Corte para el primer semestre de 2022 y un posible fallo judicial no se cumplieron.

En Argentina, el yaguareté solía entender su territorio desde el norte de la patagonia hasta el extremo norte del país. En territorio argentino, quedan alrededor de 250 ejemplares de este felino, el más grande de América, nativo del sur del continente, y el tercero más grande del mundo.  

En la provincia de Misiones, queda un número estimado de entre 90 y 110 individuos que habitan la selva paranaense. La población en las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) es similar.  En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado: quedan apenas 20 animales que Corrales intenta rastrear. “Ese número lo estimó Verónica Quiroga, quien estaba a cargo de la coordinación de la región chaqueña hasta el año pasado. Actualmente no estamos haciendo nuevos análisis del número o la cantidad”, explica Corrales.

¿Por qué es importante que el yaguareté no se extinga en el Gran Chaco argentino?

El yaguareté es un predador tope, regula toda la cadena alimentaria del bosque chaqueño, del monte. Su rol es comer ciertas especies que se comen a las especies que están por debajo de él. Tenemos que intentar que no se rompa el equilibrio. Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto. Entonces sí o sí necesitamos intentar trabajar articuladamente, unirnos para intentar salvarlos. Ahí interfieren todos los gobiernos, nacional, provinciales, las organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se llegó al punto de la extinción en la región chaqueña?

Por las amenazas como la pérdida del hábitat por la deforestación, junto con la cacería directa de los yaguaretés, que está culturalmente muy arraigada a la gente que habita estos territorios. Ir contra una práctica cultural es difícil. También la disminución de sus presas (chanchos del monte, corzuelas, tapires, entre otros). Trabajar en bajar la intensidad de estas amenazas, eso es definitivamente lo más difícil. Yo no puedo imaginar el monte sin el tigre. A veces pensamos que ya no está. Este año, no había ningún dato de presencia del yaguareté en el Chaco. Cuando ves la huella y encontrás el rastro y los datos van apareciendo, es un alivio y una luz verde de que vale la pena seguir estando acá, en este espacio. 

Solitarios

“Lo que más escucho son historias de contacto con el animal y, cruelmente, la mayoría de las historias que se cuentan son de cacería de los animales. Es durísimo saber que lo que más se recuerda de esta forma de interacción es a través de la violencia y la matanza de los bichos”, se lamenta Corrales. “Más recientemente, el contacto con los yaguaretés o los pocos casos de avistaje que hay, me ayudan a llevar esas historias hacia otras familias y desmitificar el peligro que la gente cree que el yaguareté significa para su propia vida”.

¿Qué le cuenta la gente sobre esos encuentros?

Tenemos algunos casos de relatos de avistaje muy cómodamente desde arriba de una camioneta. La gente que ha tenido la fortuna cuenta que ha sido siempre muy tranquilo. El animal tiende a seguir su camino, nos detecta, generalmente, antes que nosotros lo veamos, tiende a cambiar su rumbo e irse hacia otro lugar. La gente siempre menciona que se quedó paralizada, alzó su perro y se fue corriendo.

¿Qué motiva la caza del yaguareté?

Hay varias razones por las cuales lo han cazado históricamente: por sus cueros o su piel, que tenían muchísimo valor. Por una especie de hombría que implica el hecho de cazar un yaguareté, una cuestión honorífica, generalmente patriarcal. Como represalia ante la depredación del ganado doméstico y también como una medida preventiva: por las dudas hay que matarlo. Eso sigue pasando al día de hoy: se sigue sintiendo la sensación de que la presencia del yaguareté es potencialmente peligrosa para el ganado y nuestra economía. Y también por miedo a que se coma a las personas, lo que es casi improbable, muy difícil. El yaguareté tiene sus presas. Hace unos días me llamaba un poblador de allá, justamente de esta zona donde detectamos estas huellas, pidiéndome que vayamos a buscar al animal y lo saquemos de la zona porque se lo iba a comer a él. Trabajamos mucho eso con la gente. Le dije: “¿Cuántas personas conoce que fueron comidas por un yaguareté?”. Y él me dice: “Ninguna. Pero yo estoy en el monte, con mi perro y mis vacas, solo, no tengo linterna”. Y uno se pregunta cómo hacer entender desde un lugar de privilegio. A veces cuando voy a las escuelas, le muestro la foto del animal a chicos de dos años, y apenas la ven dicen: “Me va a comer, malo”. No se le puede decir a esa persona que lo que él cree no es así, sino que hay que hacer presencia, sentarse a hablar con él, ponerle ejemplos, mostrarle casos, hablarle de números, explicarle por qué, invitarlo al análisis. Es un trabajo que requiere mucho tiempo y paciencia.

¿Suelen ser solitarios?

Son super solitarios. Normalmente el tiempo que suelen estar juntos son cuatro días durante el celo de la hembra. Ustedes imagínense que fuéramos, en el mejor de los casos, 20 personas en cuatro provincias, en 6 millones de hectáreas, sobreviviendo a la cacería, el atropellamiento. ¿Qué posibilidades tendríamos de encontrarnos?

ED

La yaguareté uruguaya Malú llegó al Gran Parque Iberá, Corrientes, luego de finalizar su cuarentena y chequeos sanitarios para sumarse al Proyecto de Reintroducción de la especie que se encuentra en peligro de extinción en la Argentina.

Malú fue donada por la Estación de Cría de Fauna Autóctona “Uruguay Tabaré González Sierra” de Piriápolis (Uruguay) fue trasladada al Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY) ubicado en Isla San Alonso, informó la Fundación Rewilding Argentina.

Esta hembra es el sexto ejemplar de cautiverio que se incorpora al plantel reproductor del proyecto, llevado adelante por Rewilding y la provincia de Corrientes.

Según señalaron, al igual que Tobuna, Nahuel, Tania, Chiqui e Isis, todos ejemplares provenientes de cautiverio que pasaron por el proyecto, Malú no podrá ser liberada, al no poseer un comportamiento totalmente silvestre.

Su misión será la de dar a luz crías que crezcan con mínimo contacto “con humanos en un gran recinto de 1,5 hectáreas dentro del CRY, donde se les enseñará a cazar presas como carpinchos, chanchos cimarrones y yacarés para que, una vez se independicen de su madre, puedan ser liberadas en el Iberá”, indicaron.

Eso fue lo que ocurrió con Tania, una hembra de cautiverio que dio a luz en Iberá a Aramí y Mbareté, mediante su cruza con Chiqui, un macho de cautiverio proveniente de Paraguay, y posteriormente a Nala y Takajay, dos cachorros nacidos en el Parque Nacional El Impenetrable, producto de su cruza con el macho silvestre Qaramta.

La Fundación destacó que “la incorporación de ejemplares del exterior supone un aporte vital para proyectos de conservación de este tipo, donde instituciones privadas y estatales colaboran para poder concretar la llegada de estos animales a proyectos de recuperación de especies”.

El yaguareté se encuentra en peligro de extinción en Argentina, con una población estimada entre 200 y 250 individuos silvestres.

En la provincia de Corrientes el yaguareté se extinguió hace más de siete décadas, hasta que en el año 2021, la especie comenzó a ser reintroducida mediante la liberación de los primeros ocho ejemplares. En Uruguay la especie está completamente extinta desde 1905, y sólo quedan individuos en cautiverio.

Esta especie es considerada clave para los ecosistemas que habita, ya que como depredador tope cumple un rol regulando poblaciones de grandes herbívoros y depredadores de menor tamaño, lo que incluso repercute en la vegetación.

Además, el yaguareté ayuda a combatir los efectos de las crisis ambientales que amenazan la vida en el planeta, como la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis sanitaria.

El regreso del yaguareté ayudará también a consolidar el Iberá como un destino de turismo de naturaleza de primer nivel.

DA