Los responsables del distrito escolar de Columbia Heights, Minnesota, informaron este miércoles de que cuatro estudiantes fueron detenidos recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Distrito Escolar Público de Columbia Heights explica que el martes detuvieron a dos niños, entre ellos un chico de 17 años que se dirigía al colegio. Lo sacaron de su coche y se lo llevaron. Las escuelas difundieron las imágenes de la detención de un menor de cinco años.

Por la tarde, Liam Ramos, de 5 años, fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa cuando llegaba del colegio. Las autoridades escolares afirman que el niño fue utilizado como cebo para llamar a la puerta y pedir que les dejaran entrar, permitiendo así a los agentes comprobar si había alguien más en la casa.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años? No me pueden decir que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento”, afirmó la directora del centro, Zena Stenvik.

Hace dos semanas, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante la detención, la niña llamó por teléfono a su padre para decirle que los agentes del ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió a la escuela y descubrió que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.

Las autoridades escolares afirman que tanto los niños como sus padres se encuentran recluidos en un centro de detención en Texas.

Según ellos, la familia de Liam Ramos está cumpliendo con los parámetros legales de EE.UU. y tiene un caso de asilo activo sin orden de deportación.

La escuela también ha declarado que no sabe qué ha ocurrido y alerta que esto le está sucediendo a estudiantes de todo el estado de Minnesota.

“Pedimos que se pongan en contacto con su representante en el Congreso para solicitar una resolución inmediata y pacífica de esta ocupación”, dijo Stenvik: “Por favor, ayúdennos a nosotros y a otras escuelas a volver a ser un lugar seguro donde todos tengan cabida y todos puedan triunfar”.

El distrito también cuenta con un abogado especializado en inmigración para ayudar a encontrar la manera de que los estudiantes regresen a Minnesota.

Mientras tanto, las autoridades del distrito afirman que el ICE sigue merodeando por sus escuelas, lo que mantiene en vilo a los niños, los padres y el personal escolar.

Como una insurrección. Así es como quiere abordar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las protestas que se están produciendo en Minnesota estos días contra los agentes contra la migración (ICE), recrudecidas tras el asesinato de Renée Nicole Good, el pasado 7 de enero, después de recibir tres disparos de bala por parte de un agente.

La ley contra las insurrecciones le permitiría a Trump desplegar tropas mientras continúan las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Trump hizo esta amenaza después de que un agente federal disparara a un hombre en la pierna en Minneapolis el miércoles tras ser atacado con una pala y el mango de una escoba.

El incidente aumentó aún más la sensación de miedo y enfado que se extiende por toda la ciudad una semana después del aseainato de Good.

Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con invocar la ley federal, que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales, como es el caso de Tim Walz en Minnesota.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la ley contra insurrecciones [Insurrection Act], como han hecho muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese estado que en su día fue grande”, ha afirmado Donald Trump en un post en Truth Social.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este miércoles: “Lo que está pasando en Minnesota ahora mismo es increíble. Agentes del ICE armados, enmascarados y sin preparación están yendo casa por casa ordenando a nuevos conciudadanos a señalar las casas en las que viven sus vecinos de color. Actúan en supermercados, paradas de autobús e incluso en escuelas, rompiéndooslos cristales, arrastrando a mujeres embarazadas por la calle, metiendo a las personas en furgonetas sin ninguna identificación, secuestrando a personas inocentes sin previo aviso ni respaldo legal. Es una campaña de brutalidad organizada por nuestro propio gobierno federal. Una campaña que la semana pasada se cobró la vida de Renee Nicole Good. La gente se está movilizando en toda Minnesota para ayudar a sus vecinos que están siendo atacados injusta e ilegalmente”.

“Lleven su teléfono y aprieten grabar para ayudarnos a crear una base de datos de estas atrocidades para que sean juzgadas. Porque la hora de la Justicia va a llegar”, concluyó Walz.

Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, presentaron este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que llevó al asesinato de Renée Nicole Good, y que está generando una ola creciente de indignación y protestas en todo el país contra el ICE.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que enviaría más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.

Minnesota y las dos ciudades más grandes del Estado, Minneapolis y Saint Paul, han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump para intentar detener su ofensiva contra la migración que ha llevado al asesinato de una mujer de Minneapolis de 37 años, Renée Nicole Good, por parte de un agente federal del ICE y que ha acarreado indignación y protestas en todo el país.

El estado de Minnesota, junto con Minneapolis y St Paul, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, está violando la Primera Enmienda –sobre libertad de expresión– y otras protecciones constitucionales. La demanda solicita una orden de restricción temporal para detener la acción de control o limitar la operación.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas de Minnesota [Minneapolis y Saint Paul], y debe detenerse”, ha afirmado el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una rueda de prensa: “Estos agentes federales, mal entrenados, agresivos y armados, han aterrorizado a Minnesota con una conducta ilegal generalizada”.

El Departamento de Seguridad Nacional se compromete a enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota y afirma que ha realizado más de 2.000 detenciones desde diciembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado esta ofensiva como su mayor operación de control hasta la fecha.

La demanda de Minnesota acusa a la Administración de Trump de violar los derechos de libertad de expresión al atacar a un estado que es un bastión de los demócratas y acoge migrantes.

“Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó el alcalde de St. Paul, Kaohly Her, nacido en Laos.

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los funcionarios de Minnesota de ignorar la seguridad pública. “El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”, dijo McLaughlin: “Eso es lo que está haciendo la Administración Trump; tenemos la Constitución de nuestro lado, y esperamos demostrarlo en los tribunales”.

El Gobierno también se enfrenta a una nueva demanda por una ofensiva similar en Illinois. Más de 4.300 personas han sido detenidas el año pasado en la Operación Midway Blitz, cuando patrullas de agentes enmascarados peinaron la zona de Chicago. La demanda presentada por la ciudad y el estado afirma que la campaña tuvo un efecto intimidatorio, que hizo que los residentes tuvieran miedo de salir de casa o utilizar los servicios públicos.

Desde el despliegue en las Ciudades Gemelas de Minnesota, es habitual oír las alarmas de los activistas cuando los agentes toman las calles. Los testigos han publicado regularmente vídeos de agentes federales utilizando gases lacrimógenos para disuadir a la ciudadanía.

Este lunes por la mañana, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se había congregado para ver las consecuencias de un accidente de tráfico en Minneapolis, a pocas manzanas del lugar donde Renée Good fue asesinada a tiros.

Una multitud se congregó para ver cómo los agentes interrogaban a un hombre al que habían embestido por detrás. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para intentar disuadir al grupo y luego se marcharon mientras la gente gritaba “¡cobardes!”.

Los funcionarios de la administración Trump han defendido repetidamente al agente de migración que disparó a Renée Good el 7 de enero, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y líderes políticos, basándose en los vídeos del enfrentamiento.

Mientras tanto, en Portland, Oregón, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas a las que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparó el jueves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el hombre utilizó su camioneta para embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar con una mujer.

Ambos fueron tiroteados y finalmente detenidos. Sus heridas no revestían gravedad. El FBI dijo que, a diferencia del tiroteo de Good, no había ningún vídeo del incidente.

Hace meses que en Estados Unidos hombres encapuchados detienen a personas en medio de la calle y se las llevan dentro de furgones negros sin identificar. Van armados y actúan en grupo, ya sea a plena luz del día o de noche. También son responsables de al menos cinco muertes en lo que Donald Trump lleva sentado en el Despacho Oval. La última es Renee Nicole Good que el miércoles por la tarde murió después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) le asestara tres tiros mortales en medio de la macrorredada desplegada en Minneapolis (Minnesota). 

Esta ciudad del Midwest es la última localidad demócrata que ha sufrido el hostigamiento de ICE ordenado por parte de la Administración Trump. Aunque en los últimos meses el foco se ha puesto sobre la Guardia Nacional, la cual el presidente también ha usado para militarizar e intimidar bastiones demócratas, el primer recurso del que el presidente ha echado mano es ICE, convertida en su milicia y tropa de asalto para imponer a la fuerza su ley en las calles y su agenda ultraconservadora. En este contexto, Trump ha multiplicado su financiación y reclutamiento, hasta convertirla en la mayor agencia de la ley de EEUU, por encima incluso del FBI y la DEA (agencia antidrogas).

La historia nos muestra que la creación de fuerzas de seguridad sin control que solo responden ante quienes están en el poder es a menudo un paso que dan los autoritarios para reprimir la disidencia y afianzarse en el poder

Represent.US

“La Administración Trump carece de un plan real para hacer frente al deterioro del nivel de vida de la mayoría de los trabajadores estadounidenses, por lo que ha optado por utilizar la vigilancia fronteriza como arma política para demonizar a los migrantes y convertirlos en chivos expiatorios. Trump está utilizando además esta nueva capacidad de aplicación de la ley federal para aterrorizar a sus oponentes políticos e intensificar la violencia policial con el fin de intimidar a los activistas de base”, señala a elDiario.es Alex Vitale, autor del libro 'El final del control policial' (Capitán Swing)

A falta de la existencia de una policía federal con jurisdicción para controlar el orden público —eso recae en cuerpos estatales y locales en primera instancia—, el presidente estadounidense ha encontrado en el cuerpo de Inmigración su propio brazo armado al que puede movilizar donde quiera bajo el pretexto de su cruzada contra los migrantes.

El cuerpo federal no solo se ha convertido en emisario del terror para las personas sin papeles, sino que ya ha sembrado el miedo dentro de la comunidad latina. Desde el pasado mes de septiembre que ICE puede practicar detenciones basándose en el perfil racial —como el color de piel o el simple hecho de hablar español— por lo que muchos estadounidenses nacidos y criados en el país también están expuestos a ser presa de los agentes federales. Una investigación de ProPublica encontró hasta 170 ciudadanos estadounidenses que habían sido apresados por ICE. 

En paralelo, ICE también se ha convertido en una amenaza para toda persona con residencia legal en el país que exprese ideas contrarias al Gobierno. Dos precedentes: la detención de los estudiantes Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk por su participación en las protestas propalestinas.

Estos arrestos —del de Ozturk hay un vídeo de cómo es rodeada por personas encapuchadas sin identificar y se la llevan— desataron un miedo generalizado en los campus universitarios. Ahora, la muerte de Good añade un barniz aún más oscuro al imaginario que rodea ICE: la vecina, de 37 años, era blanca y estaba observando la actuación cuando los agentes se le acercaron. Este hecho acentúa aún más la manera en la que ICE está evolucionando bajo la Administración Trump en un cuerpo armado que va mucho más allá del supuesto control migratorio. 

“Reclutamiento en tiempo de guerra”

Los planes de Trump para convertir ICE en su brazo armado personal también se reflejan en cómo está hipertrofiando el cuerpo. En el marco de la Big Beautifull Bill que se aprobó en julio, Trump logró triplicar el presupuesto federal destinado a ICE durante los siguientes cuatro años hasta los 37.500 millones anuales, lo que supera el presupuesto total de defensa de muchos países, entre ellos Israel, Italia, y España, entre otros. Se trata de una cantidad monstruosa de dinero que supera la suma del resto de agencias de la ley de EEUU, entre ellas el FBI y la DEA.

“El Departamento de Seguridad Nacional no tiene forma de contratar a suficientes personas cualificadas para dedicarse a la vigilancia fronteriza, por lo que va a contratar a personas con habilidades limitadas y muy ideologizados que darán lugar a más asesinatos policiales innecesarios e injustificados de civiles”, denuncia Vitale.

Con una campaña construida con la figura del Tío Sam que hace un siglo llamaba a combatir los nazis y ahora pide perseguir personas migrantes bajo el lema “América ha sido invadida por criminales y depredadores”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaba a principios de enero haber superado los objetivos de contratación: 12.000 nuevos reclutas, un 120% más.

ICE va a contratar a personas con habilidades limitadas y muy ideologizados que darán lugar a más asesinatos policiales innecesarios e injustificados de civiles

Alex Vitale

Para incentivar las contrataciones, además de incorporar nuevos bonos a los salarios, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes del ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, frente al anterior mínimo de 21 años y un máximo de 37 o 40, según la posición a la que aspiraban.

Pero la maquinaría no para aquí: según revelaba a finales del 2025 el Washington Post, ICE planea gastar 100 millones de dólares en el próximo año para pescar a sus nuevos agentes entre defensores del derecho a portar armas y perfiles similares mediante influencers y anuncios geolocalizados. Todo, según el documento al que accedía el Post, de acuerdo a una estrategia bautizada como “reclutamiento en tiempo de guerra”. 

Una de las tácticas de marketing que pretende usar la agencia es el geofencing, una tecnología que permite a la agencia enviar anuncios a los teléfonos de personas en lugares específicos: ya sean campus universitarios o bases militares. Los memes que inundan la cuenta oficial del DHS en X —algo impensable en anteriores administraciones— también forman parte de esta estrategia de reclutamiento.

La organización activista Represent.Us denuncia, además, que los agentes de ICE escapan a casi cualquier norma de control policial. “No está sujeta a las normas locales o estatales que rigen los departamentos de policía; no hay leyes que prohíban explícitamente a los agentes llevar máscaras para ocultar su identidad; no hay leyes que exijan llevar cámaras corporales o proporcionar números de placa o identificación; a menudo los agentes visten de civil y conducen coches sin distintivos; y pueden arrestar legalmente a personas sin una orden judicial”, sostiene el grupo.

“El enorme aumento de la escala del ICE y su creciente falta de rendición de cuentas ante nadie más que el círculo íntimo de Donald Trump debería alarmar a todos los estadounidenses. La historia nos muestra que la creación de fuerzas de seguridad sin control que solo responden ante quienes están en el poder es a menudo un paso que dan los autoritarios para reprimir la disidencia y afianzarse en el poder”, denuncian.

El papa León XIV criticó duramente las políticas migratorias de Donald Trump, cuestionando si están en consonancia con las enseñanzas “provida” de la Iglesia católica.

“Alguien que dice que está en contra del aborto, pero que está de acuerdo con el trato inhumano que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es ser provida”, declaró el pontífice a los periodistas a las puertas de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo, en las colinas Albanas, cerca de Roma.

La posición de la Iglesia católica de que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural es una de las enseñanzas más firmes de esta confesión religiosa, que cuenta con 1400 millones de fieles.

León, el primer papa estadounidense, respondía a una pregunta de un periodista estadounidense sobre la política del país.

La Casa Blanca afirmó que Trump fue elegido por sus numerosas promesas, entre ellas las deportaciones masivas, que se convirtieron en un tema de fuerte división política entre los votantes estadounidenses. “Está cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense”, declaró la portavoz Abigail Jackson en un comunicado.

Elegido en mayo para sustituir al difunto papa Francisco, León XIV mostró un estilo mucho más reservado que su predecesor, quien criticaba con frecuencia a la Administración Trump

Preguntado sobre la decisión de la archidiócesis de Chicago de otorgar un premio a Dick Durbin, senador demócrata por Illinois que apoya el derecho al aborto, el papa afirmaba: “Es muy importante tener en cuenta el trabajo global que ha realizado el senador”.

“Entiendo la dificultad y las tensiones, pero creo que, como yo mismo dije en el pasado, es importante tener en cuenta muchas cuestiones relacionadas con las enseñanzas de la Iglesia”, afirmó. “Alguien que dice estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, no es realmente provida”.

La decisión de la archidiócesis de Chicago de otorgar un premio vitalicio a Durbin el próximo mes se vio inmediatamente envuelta en polémica cuando el obispo Thomas John Paprocki, líder de la Iglesia en Springfield, capital de Illinois, se opuso, alegando que Durbin era “inadecuado para recibir el premio propuesto o cualquier honor católico”. Otros grupos también se opusieron.

El martes por la noche, Durbin rechazó el premio que iba a recibir el 3 de noviembre, según informó el State Journal-Register.

El cardenal Blase Cupich, de Chicago, dijo en la página web de la archidiócesis, donde se anunció la retirada de Durbin, que lo entristecía la noticia de que no aceptaría el premio Keep Hope Alive, pero que respetaba su decisión.

“Pero quiero dejar claro que la decisión de otorgarle un premio era específicamente en reconocimiento a su singular contribución a la reforma migratoria y su inquebrantable apoyo a los inmigrantes, tan necesario en nuestros días”, escribió Cupich. Añadió que estaba siendo testigo de cómo las divisiones con la comunidad católica en Estados Unidos “se profundizaban peligrosamente” y lo calificó de tragedia.

Durbin anunció en abril que no se presentará a la reelección en 2026, tras casi 30 años en el Senado.

La mecha se prendió el viernes pasado. Nada fue casual. Donald Trump ha estado prometiendo miles de detenciones diarias y deportaciones masivas. Y qué mejor lugar para mejorar las estadísticas que hacer redadas generalizadas en California y, en particular, en Los Ángeles, donde la mitad de su población censada es de origen latinoamericano. California es un Estado fronterizo con México y demócrata, la alcaldesa de Los Ángeles es demócrata, y el contexto era idóneo para el choque de proyectos de país y de modelo de sociedad, allá donde más resistencia podría generarse a las políticas migratorias “agresivas” del presidente de EEUU, como él mismo reconocía este jueves.

Los agentes buscaban migrantes sin papeles en las cocinas de los restaurantes, en las barras de las cafeterías y en las ferreterías y tiendas de bricolaje, como la popular cadena Home Depot. Basta pasar unas horas en una ciudad de EEUU para darse cuenta de que la mayoría de camareros, cocineros, tenderos, camareras de piso, limpiadoras, jardineros, cuidadoras infantiles y de mayores, y obreros son latinoamericanos.

Y por eso los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU) golpean en esos sectores.

Esta semana, en Washington DC, familias con niños pequeños explicaban a elDiario.es que en sus grupos de WhatsApp se avisaban de las redadas en parques infantiles donde los agentes van a la caza de cuidadoras de críos en edad escolar.

El temor a salir de casa sin la documentación en regla existe hasta entre quienes tienen documentación pero temen las consecuencias de no llevarla encima si un agente la reclama de forma aleatoria o inopinada.

En ese contexto, Trump está recibiendo presiones de empresarios del campo, la hostelería y los servicios por su política migratoria.

“Nuestros grandes agricultores y las personas que trabajan en el sector hotelero y del ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política en materia de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y con mucha experiencia, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar”, ha afirmado Trump en sus redes sociales: “En muchos casos, los delincuentes a los que se les permite entrar en nuestro país gracias a la estúpida política de fronteras abiertas de Biden están solicitando esos puestos de trabajo, eso no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores y sacar a los delincuentes de EEUU. ¡Habrá cambios!”

Mientras el presidente de EEUU parece ser receptivo a las presiones de los empresarios se muestra implacable con las movilizaciones en las calles. El caldo de cultivo de Los Ángeles prometía tensiones, y las tensiones se han traducido en varios días de amplias movilizaciones y enfrentamientos entre policía y manifestantes que han terminado escalada de forma inédita con el despliegue unilateral por parte de Trump de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 de los marines.

A partir de ahí, el debate ha ido girando, desde las protestas por las redadas masivas, a la denuncia del autoritarismo del presidente, de su falta de respeto por las normas y las leyes, que también se ha visto con otras decisiones recurridas, como la deportación de personas sin garantías judiciales o los acosos a las universidades.

El fondo de eso es la base de la denuncia del gobernador de California, Gavin Newsom, contra la militarización de Trump y que está siendo examinada por la justicia, pero también del trumpismo en sentido contrario, que reconocen haber tomado un atajo, pero lo defienden como mal necesario frente al “caos” y la “invasión de millones de extranjeros ilegales y criminales”.

Pero lejos de aplacarse la protesta con la militarización de la respuesta, dos días después de las movilizaciones de Los Ángeles se empezaban a registrar otras en diferentes ciudades del país, como Nueva York, Seattle, San Francisco, Dallas, Washington DC... Y mientras California hace una defensa de la libertad de expresión y de protesta libre de presencia militar, en el lado de enfrente, el gobernador republicano de Texas, ya ha movilizado a 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y otros 2.000 policías estatales: pero en el foco no están solo las protestas de estos días, sino las convocadas para este sábado, día del 250 aniversario del Ejército de EEUU y del 79 cumpleaños de Donald Trump: la semana que arrancó con Trump desplegando soldados en Los Ángeles acabará con Trump rodeado de soldados en un desfile militar por las calles de Washington DC.

Lo cierto es que hace décadas que no se celebran desfiles militares en EEUU. Trump, admirador de lo marcial, se quedó prendado en 2017 de un desfile por las calles de París al que asistió invitado por Emmanuel Macron. ¿Qué se inventaría si presenciara en persona alguno en Moscú o Pyongyang?

Los planes para el desfile prevén la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros. Hasta ahora, los actos por el aniversario del Ejército no incluían semejante desfile, que, se calcula, costará al Ejército de Estados Unidos entre 25 y 45 millones de dólares, según informa Reuters. Esa cifra incluye tanto el desfile como el traslado del equipo militar, además del alojamiento y la alimentación de las tropas. Las estimaciones no incluyen los gastos que deberá asumir la ciudad de Washington, como la limpieza de basura o las posibles reparaciones viales por los daños que puedan causar los pesados carros de combate.

“Así es Trump. Todo gira en torno a su ego y a convertir todo en algo sobre él, lo cual, en mi opinión, es una falta de respeto hacia el Ejército y las Fuerzas Armadas”, declaró el senador Jack Reed, de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado: “Lo único por lo que debe estar decepcionado es por no haber podido sobrevolar el desfile con su avión”.

La sociedad civil que se está movilizando ya ha bautizado el día como No Kings Day, el día sin reyes, por la vocación de Trump de situarse por encima de las responsabilidades legales. Según la página web de los organizadores, hay convocadas 2.000 protestas, en las que se espera que puedan participar millones de personas en todo el país. “La corrupción ha ido demasiado lejos. No a los tronos. No a las coronas. No a los reyes”, se dice en la web, donde se denuncia el acoso de Trump a los tribunales, las deportaciones masivas, los ataques a los derechos civiles y los recortes en los servicios.

Las acciones están previstas en las ciudades más grandes y en los pueblos pequeños del país, salpicando el mapa de costa a costa, como parte de una estrategia para mostrar que la oposición a Trump existe en todos los rincones de Estados Unidos.

Y eso no le gusta a Donald Trump. Hace unos días, amenazó así al ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión desde la Casa Blanca: “Si hay alguna protesta, se enfrentará a una gran fuerza, aquellas personas que quieran protestar, se enfrentarán a una fuerza muy grande. Se trata de gente que odia a nuestro país, y se enfrentarán a una fuerza muy grande”.

El lema “No Kings” fue ideado por el Movimiento 50501, un colectivo formado por estadounidenses que reivindican la democracia y se oponen a las acciones autoritarias de la administración Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento.

El Día del Desafío No Kings se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política que da prioridad a los multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según una declaración de los organizadores.

Los organizadores quieren que las protestas contrarresten la celebración del 250 aniversario del Ejército, que contará con cientos de vehículos y aviones militares y miles de soldados. “La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros”, afirma la página web de No Kings: “El 14 de junio, estaremos presentes en todos los lugares donde él no esté, para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes”.

Para “proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”. Esa es la coartada que agita el presidente de EEUU, Donald Trump, para firmar un decreto que prohíbe de forma generalizada la entrada, a partir del lunes, a personas procedentes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, el decreto restringe y limita la entrada de nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Trump difundió un video en el que vincula esta decisión al ataque del pasado domingo en Boulder, Colorado, donde un migrante egipcio lanzó cócteles molotov contra un grupo de manifestantes que pedían la liberación de los rehenes en manos de Hamás.

En el decreto, Trump afirma que “algunas de las deficiencias en la gestión de identidad o en el intercambio de información me llevaron a imponer restricciones. Estas deficiencias son suficientes para justificar mi conclusión de que permitir la entrada sin restricciones de nacionales de los países mencionados sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, revelar públicamente detalles adicionales en los que me basé para tomar esta decisión causaría un grave perjuicio a la seguridad nacional del país, y muchos de esos detalles son información clasificada”.

“El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado, puso de manifiesto los enormes peligros que representa para nuestro país la entrada de extranjeros que no han sido debidamente verificados, así como de quienes llegan como visitantes temporales y se quedan una vez expirado su visado”, afirma Trump en su video, si bien el acusado aún no ha sido juzgado ni condenado: “No los queremos aquí. En el siglo XXI hemos visto un atentado tras otro perpetrado por personas con visado vencido procedentes de lugares peligrosos de todo el mundo, y gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden, hoy hay millones y millones de inmigrantes ilegales que no deberían estar en nuestro país”.

Trump sostiene que no va a “permitir que lo que ocurrió en Europa suceda en Estados Unidos”, sin explicar a qué se refiere exactamente, teniendo en cuenta que el mayor atentado terrorista de la historia, el 11-S, ocurrió en EEUU y bajo un presidente republicano: “Por eso, en mi primer día de regreso en el cargo, ordené al secretario de Estado que realizara una revisión de seguridad de las regiones de alto riesgo y que hiciera recomendaciones sobre dónde deben imponerse restricciones”.

“Entre las amenazas a la seguridad nacional que se tuvieron en cuenta”, asegura, “figuran la presencia masiva de grupos terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de visados, la incapacidad para verificar la identidad de los viajeros, la ausencia de registros fiables sobre antecedentes delictivos y las tasas persistentemente altas de personas que se quedan de forma ilegal tras expirar su visado, entre otras cuestiones”.

Y concluye: “No podemos permitir una migración abierta desde países donde no sea posible verificar de forma segura y fiable a quienes quieren entrar en Estados Unidos”.

“Por eso”, añade, “hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y otros más. La severidad de las restricciones aplicadas dependerá del nivel de amenaza que represente cada país. Esta lista podrá ser modificada si se observan mejoras sustanciales, y también podrán añadirse nuevos países si surgen amenazas en otras partes del mundo. Pero no vamos a permitir la entrada de personas que quieran hacernos daño, y nada nos detendrá en nuestro empeño por mantener a salvo a Estados Unidos”.

El veto migratorio es consecuencia de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, que instruyó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional, así como al director de Inteligencia Nacional, a elaborar un informe sobre las “actitudes hostiles” hacia Estados Unidos y determinar si la entrada desde determinados países supone un riesgo para la seguridad nacional.

Durante su primer mandato, Trump ya había emitido una orden ejecutiva en enero de 2017 que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Fue uno de los momentos más caóticos y confusos de los primeros meses de su presidencia, explica Associated Press. A los viajeros procedentes de esos países se les impidió embarcar en sus vuelos hacia Estados Unidos o fueron detenidos a su llegada en aeropuertos estadounidenses. Entre ellos había estudiantes, profesores, empresarios, turistas y personas que visitaban a familiares y amigos.

La orden, conocida comúnmente como la “prohibición musulmana” o el “veto migratorio”, fue modificada varias veces debido a recursos legales, hasta que en 2018 una versión fue ratificada por la Corte Suprema.

“Los venezolanos acá apoyaron mayoritariamente a Trump porque iba a oponerse frontalmente a Maduro y ahora, además de echarnos y estigmatizarnos, se reúne con él”. El enojo de Reyes es el de cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos y que vieron cómo “en dos semanas Estados Unidos se transformó en un infierno” tras la decisión de Trump de convertir en inmigrantes sin papeles a más de 300.000 compatriotas que hasta ahora tenían una “protección temporal” (TPS) que les permitía trabajar y vivir en el país.

Reyes llegó en 2021, pero sólo pudo traer de Venezuela a su hijo hace dos años. Ahora que “ya está completamente adaptado, habla inglés y está en un grupo de alto rendimiento en su escuela”, el niño estará oficialmente “en riesgo de deportación” desde el próximo 7 de abril, como todos los venezolanos que se beneficiaban del TPS. Y lo que más duele a muchos de ellos es la excusa que ha usado Trump.

El argumento, en contra de todo lo que llevan diciendo los republicanos durante años, es que Venezuela ya no está tan mal. “Le hace un favor a Maduro diciendo eso de que Venezuela se arregló”, cuenta a elDiario.es una venezolana que lleva nueve años viviendo en EEUU. “Es un eslogan chavista que busca normalizar la dictadura”. “Con un récord de 2.000 presos políticos y después de robarse unas elecciones, esto nos da la sensación de estar atrapados entre el tigre y el cazador en plena selva”.

Adelys Ferro, la directora ejecutiva de la organización de venezolanos en EEUU Venezuelan American Caucus, coincide. “Hay personas que nos dicen que prefieren suicidarse a tener que volver a Venezuela, hay gente aterrada de llevar a los niños al colegio, haciendo papeles ante notario para ver quién se quedaría a cargo de sus hijos” si a ellos los detienen en una redada y los deportan. 

El acuerdo entre el enviado de Trump y el Gobierno de Caracas para que éste acepte recibir a los venezolanos que sean expulsados de EEUU es otro motivo de preocupación, porque muchos huyeron del país precisamente porque los perseguían: “A Maduro no le molesta ni un poquito recibir a los deportados, van a sus fauces”, explica una de ellas.

“Nos pintó un blanco en el pecho”

“Es duro emocionalmente ver que hace esto el que era tu líder y salvador”, dice Ferro, cuya organización es progresista, pero sabe que muchos de los venezolanos en EEUU apoyaban el regreso de Trump “por una fantasía de que era el paladín que venía con misiles y aviones” a sacar a Maduro del poder. Y ahora, en cambio, en apenas dos semanas de presidencia, les “pintó un blanco en el pecho”, dice.

Como a muchos de sus compatriotas, lo que más preocupa a Ferro es la idea que Trump repite una y otra vez de que los venezolanos que tenían protección temporal son criminales. “El que quiere venir a delinquir no se da de alta en el TPS”, dice Reyes. De acuerdo con lo que cuentan otros muchos venezolanos: “Trump dice que han llegado miembros de una banda criminal muy temida, El Tren de Aragua, ¿pero cuántos han atrapado o identificado? ¿Qué porcentaje son entre toda la población venezolana trabajadora, útil y buena?”.

Ferro va incluso más allá: entre los venezolanos protegidos por el TPS “no se ha encontrado nadie con crímenes serios y Trump ha pasado de prometer que sólo deportaría a criminales a que ahora todos pueden ser deportados”. El presidente, eso sí, se ha referido una y otra vez en sus mítines al asesinato de una joven de Nevada, Laken Riley, a manos de un inmigrante venezolano sin papeles. “Entendemos que alguna medida había que tomar”, reconoce Reyes, “pero de ahí a decir que todos somos unos criminales es doloroso”.

Preparándose para resistir

Reyes ya está haciendo planes “con mucho estrés” para salvar a su hijo de una posible deportación de vuelta a Venezuela “a ver si gastando mucho dinero en abogados podemos lograr que se quede”. Lo que nadie quiere es tener que regresar o verse forzado a empezar de cero una vez más: “No te has ido de vacaciones, sino que tu país natal te empujó, te persiguió y te cerró puertas”.

Otros, como la organización de Adelys Ferro, se preparan para resistir colectivamente. “Nuestro trabajo es seguir levantando la voz”. Saben que apenas 300.000 de los 1,3 millones de venezolanos que viven en EEUU tienen también la nacionalidad estadounidense y pueden votar. “Podemos marcar alguna diferencia en Florida y en varias ciudades de Texas”. En cualquier caso, dice, “yo no hui del miedo y la dictadura para estar temiendo al autoritarismo también en EEUU. No queda otra que seguir luchando: ir a los tribunales, ir al Congreso, a las próximas elecciones legislativas...”.

Y por supuesto intentar convencer a todos, empezando por los ‘magazolanos’, “ese grupo activo de paisanos que apoyan a Trump de manera furibunda, basados a veces en mentiras y manipulaciones infladas por el miedo a la dictadura chavista” y que han tratado de “igualar aquí al Partido Demócrata con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, dice otra migrante venezolana que prefiere no revelar su nombre. 

“Mucha gente votó por Trump y trata de autoconvencerse de que nada malo va a pasar, que ha retirado la protección del TPS para cambiarla por algo mejor y que sólo va a deportar a criminales”, dice Ferro.

“Mucha gente creyó que Trump sería bueno para la economía y ayudaría contra Maduro”, añade Reyes, que sólo espera “que más allá de la bravuconería y la exhibición de contundencia de esta primera fase, nos permitan hacer una vida digna”. Reyes no pierde la esperanza de que Trump dé un giro. A fin de cuentas, no sería la primera vez: “Fíjate el cambio de discurso desde su última etapa en el gobierno, entonces era casi como que fuera a invadir Venezuela y ahora se reúne con Maduro”.

Algunos rincones de Chicago estuvieron demasiado tranquilos esta semana.

Residentes que llevan décadas viviendo en esta ciudad sin documentación temen salir de sus hogares. Padres sin papeles estuvieron firmando poderes notariales para facilitar asuntos de custodia en caso de ser detenidos y separados de sus hijos. Los dueños de negocios delegaron en sus empleados el manejo de todos sus asuntos en caso de que algo ocurra.

Pero, en otros aspectos, la ciudad estuvo en plena actividad. Los talleres 'Conozca sus derechos', que se llevan a cabo en centros comunitarios, parques locales y reuniones sindicales en toda la ciudad, convocaron a un gran número de participantes. Una red de voluntarios locales se coordinó para hacer seguimiento de las operaciones de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y comunicando a las familias de los detenidos con asesores legales.

“El Gobierno quiere meternos miedo. Quieren paralizarnos. Quieren inmovilizarnos por esta situación”, dice la congresista estadounidense Delia Ramirez en una conferencia de prensa realizada el miércoles en el Malcolm X College de Chicago. “Pero ¿qué hacen la comunidad y el estado de Illinois cuando estamos siendo atacados? Nos ponemos de pie y luchamos, amigos”.

Chicago llevaba meses preparándose para las redadas porque Donald Trump había prometido cumplir su propuesta de campaña de llevar a cabo “deportaciones masivas” tan pronto como asumiera el cargo. En la antesala a la toma de posesión, varias informaciones indicaban que la ciudad sería uno de los primeros objetivos.

Desde entonces, el ICE, la rama más grande del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que llevaría a cabo “operaciones dirigidas y mejoradas” en Chicago, junto con varias otras agencias federales, como el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y los US Marshals. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dijo que las redadas de Chicago podrían tener por objetivo hasta 2.000 personas.

La magnitud de las redadas, que apuntan a personas en toda la región, fue aterradora, según Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo del Resurrection Project, una organización sin ánimo de lucro que proporciona ayuda legal y educación comunitaria a los inmigrantes.

“Están generando un pánico enorme que hace que la gente no quiera salir de sus casas, ir a trabajar ni llevar a sus hijos a la escuela”, dice Siegel.

Siegel dice que los agentes se centraron principalmente en arrestar a personas en sus hogares. Los agentes, que a veces llegan en vehículos no identificados o con las insignias de varias agencias federales, confundieron a la gente. “Vemos a niños aterrados porque temen que al regresar de la escuela sus padres no estén en casa”.

Trump y su equipo enfatizaron que las redadas apuntan a capturar criminales, pero hasta ahora fueron detenidas tanto personas con antecedentes penales como personas sin ellos.

“Se dice que la prioridad es lidiar con los criminales, pero el impacto es más amplio”, dice el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, que fue abiertamente crítico con las políticas migratorias de Trump y es uno de varios fiscales generales demócratas que están demandando al Gobierno por sus esfuerzos por eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.

Raoul cuenta que ciudadanos estadounidenses y residentes legales también son llevados en las redadas, “ya sea de manera intencionada o como consecuencia no deseada” de la elaboración de perfiles raciales por parte de las autoridades.

La decisión del Gobierno de anular una normativa vigente desde 2011 que prohibía las redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales no hace más que aumentar la intranquilidad y el malestar. A finales de la semana pasada, directivos de las escuelas públicas de Chicago denunciaron haber visto agentes de inmigración en la escuela primaria Hamline, ubicada en el suroeste de la ciudad. Más tarde se supo que los oficiales eran del Servicio Secreto y no estaban llevando a cabo tareas de control migratorio. Sin embargo, el incidente causó inquietud a padres y educadores.

En el distrito 25 de Chicago, que abarca el barrio de Pilsen y cuya población está compuesta por muchas familias inmigrantes, el concejal Byron Sigcho-Lopez dice que tras el incidente con el Servicio Secreto, la asistencia en las escuelas secundarias disminuyó al menos en un tercio, y que en las escuelas primarias la asistencia fue aún más baja. En los vecindarios de Brighton Park y Little Village, hogar de muchas familias mexicano-estadounidenses y otras comunidades de inmigrantes, las asociaciones vecinales que gestionan programas extracurriculares informan que se produjo una caída significativa en la asistencia.

En la Iglesia Metodista Unida Lincoln, en el barrio de Pilsen, donde aproximadamente tres cuartas partes de los residentes son mexicano-estadounidenses, el servicio dominical en español ahora se realiza por Zoom para que los feligreses, sin importar su estatus migratorio, puedan asistir de manera segura. “No hacíamos esto desde el comienzo de la pandemia”, dice la reverenda de la iglesia, Emma Lozano, que además es desde hace mucho tiempo defensora de los derechos de los inmigrantes.

“En ese entonces pensábamos que era algo excepcional. Estábamos esperando la vacuna, la medicina”, dice. Pero esta vez no está segura de cuánto tiempo más sus feligreses tendrán que asistir a misa de forma virtual. “Todos estamos tratando de averiguar cuánto tiempo durará esto ¿Y cuál es la medicina para esto?”. La iglesia de Lozano es un refugio para migrantes desde hace mucho tiempo. En 2006 atrajo la atención nacional cuando la activista Elvira Arellano se refugió y resistió el arresto allí durante meses junto con su hijo pequeño. Su acción inspiró a iglesias de todo EEUU a unirse a un “movimiento de santuario” en solidaridad.

Pero ahora, la ciudad está en el punto de mira del Gobierno de Trump y Lozano está alarmada. La iglesia intensificó sus protocolos de seguridad, asegurándose, por ejemplo, de que la puerta haya quedado cerrada después de que hayan llegado todos los niños que asisten a las clases nocturnas de capoeira. Lozano cuenta que ella misma siente ansiedad y está preocupada por su seguridad y por las amenazas de los seguidores de Trump.

Lozano dice que le causaron dolor los videos en redes sociales y las transmisiones televisivas de agentes del ICE derribando puertas o de redadas en las que participa el psicólogo y personalidad televisiva Dr. Phil. “Son casi como linchamientos. Hay una perversión y obtienen algún tipo de placer al aterrorizar a esta población de inmigrantes”.

Para muchos activistas, las actividades del Gobierno en Chicago están lejos de ser una sorpresa. “Ciudad santuario” para inmigrantes desde 1985, fue durante mucho tiempo el blanco de la ira de los halcones antiinmigración más intransigentes y de los políticos conservadores.

Su estatus de “ciudad santuario” inició cuando el entonces alcalde Harold Washington prohibió que los funcionarios municipales cooperaran con los agentes federales de inmigración y exigió que los servicios de la ciudad se proporcionaran a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio. La orden eventualmente se convirtió en ley, aunque los alcaldes redujeron su alcance a lo largo de los años. El actual alcalde de Chicago, Brandon Johnson, prometió defender ferozmente a los inmigrantes de su ciudad. El miércoles, los republicanos en el Congreso pidieron que testificara en una audiencia sobre las “ciudades santuario”.

En los últimos dos años, el estado de Texas envió en autobuses a miles de personas, principalmente venezolanos, a la ciudad y sus suburbios, incluso durante el más crudo invierno. Ahora, tanto los recién llegados como las personas que llevan años viviendo indocumentadas en la ciudad están en alerta máxima y los activistas se esfuerzan por entender por qué y cómo se está determinando quiénes son los objetivos de las redadas.

Para Yess Gómez, que lleva dos décadas viviendo en Chicago, las redadas trajeron consigo una ansiedad que le es familiar, pero también despertaron un espíritu desafiante. “Tenemos miedo, pero el miedo no nos paralizó”, dice Gómez, involucrada en el movimiento por los derechos de los inmigrantes en Chicago desde hace muchos años. “Mis hijos no merecen ver a su madre escondiéndose. Y no voy a hacerlo”. En su lugar, se estuvo preparando.

The Guardian no publica el apellido completo de Gómez para protegerla ante posibles represalias. Ella tiene permiso de trabajo como parte de un programa que retrasa las deportaciones de trabajadores que sufrieron o fueron testigos de abusos laborales y trabaja como camarera. Ella, su esposo y sus cinco hijos – tres niños pequeños y dos adultos veinteañeros– implementaron un protocolo de seguridad para mantenerse en contacto cada pocas horas. “Si alguien no se pone en contacto, se activa el protocolo y comenzamos a averiguar dónde está. Algunos de nosotros incluso, a modo de precaución, tenemos activado el rastreo por geolocalización en nuestros celulares”, dice.

Lo que más le asusta no es ser deportada a México, sino ser extirpada de la vida que construyó en EEUU. “Lo que realmente me asusta es tener que empezar de nuevo. Eso es lo que más tememos: tener que volver a empezar de nuevo”.

Durante el primer Gobierno de Trump, Gómez le pidió al obispo de su congregación que tomara la custodia de sus hijos en caso de que ella y su esposo fueran arrestados y deportados. Esta vez encomendó a sus hijos adultos que cuiden de sus hermanos y contacten a los abogados de la familia si a los padres les llega a suceder algo.

También estuvieron recurriendo a las redes locales de defensores que estuvieron patrullando y rastreando la actividad de ICE, y verificando qué rumores son creíbles y cuáles son desinformación.

Como muchos activistas en la ciudad, Gómez se alegró al escuchar las recientes quejas del “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, respecto a que los habitantes de Chicago están demasiado “bien entrenados” sobre cómo oponer resistencia a los agentes de inmigración.

“En las ciudades santuario se está haciendo muy difícil arrestar a los criminales. Por ejemplo, en Chicago, muy bien entrenada, aprendieron cómo desafiar al ICE, cómo esconderse del ICE”, dijo Homan a CNN el lunes por la noche.

Para Gómez, esto demuestra que la gente en esta ciudad sabe cómo cuidarse unos a otros: “Aunque querían montar un espectáculo aquí, no pudieron hacerlo”.

Traducción de Julián Cnochaert

Las autoridades estadounidenses detuvieron a 538 inmigrantes sin documentos y deportado a “centenares” en la operación “contra la inmigración irregular” lanzada por el presidente Donald Trump tras haber asumido el lunes la Presidencia, informaron este viernes fuentes oficiales.

“538 arrestos y 373 órdenes de detención presentadas”, publicó este viernes en X la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El informe diario de ICE sobre el cumplimiento de las órdenes de Trump relativas a inmigración se complementa con varios “ejemplos” de delincuentes caídos en las redadas publicados por la Casa Blanca en sus redes.

Entre ellos están los casos de Luis Alberto Espinoza-Boconsaca, que fue detenido en Buffalo el 23 de enero y había sido condenado por violación, y el de Cristofer Alexander Ramírez Olivia, detenido el mismo día en St. Paul y condenado por conducta criminal sexual con un menor.

“Este es un pequeño adelanto del trabajo de la Administración Trump para dar seguridad a las fronteras de nuestra nación”, dice otro mensaje en X de la Casa Blanca.

“La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, se lee en otra publicación en la red.

Trump, que fue presidente de 2017 a 2021, hizo de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024.

Su promesa de hacer deportaciones masivas en cuanto pusiera un pie en la Casa Blanca de nuevo quedó plasmada en los primeros decretos que firmó, así como la de cerrar la frontera con México.

El miércoles se inició el despliegue de unos 1.500 militares en la frontera con México y ese mismo día el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, anunció que había autorizado el envío de esas tropas y de helicópteros y su respectivo personal, así como de analistas de inteligencia que ayuden en las labores de detección y control.

Según sus cifras, esto representa un aumento del 60% en el número de fuerzas activas sobre el terreno desde que Trump asumió el cargo el lunes.

El Pentágono proporcionará también transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5.000 “extranjeros ilegales” desde San Diego, en California, y El Paso, Texas, detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza.

EFE

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó sus primeras órdenes ejecutivas a “cerrar” la frontera con México con el despliegue de militares y restauró el polémico programa 'Quédate en México'. También avanzó en reconocer solo dos géneros.

Trump dijo este lunes restaurar el “sentido común” en el país revocando órdenes ejecutivas que protegían entre otros aspectos contra la discriminación por la identidad de género o la orientación sexual.

“Para comenzar las políticas que harán que nuestra nación vuelva a estar unida y ser justa, segura y próspera, Estados Unidos tiene como política restaurar el sentido común en el gobierno federal”, dijo en una de sus primeras órdenes firmadas como nuevo mandatario.

La Administración de Joe Biden, según destacó, incorporó prácticas “profundamente impopulares, inflacionarias, ilegales y radicales en cada agencia y oficina gubernamental”.

La inclusión de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) en nuestras instituciones las ha corrompido al reemplazar el trabajo duro, el mérito y la igualdad con una jerarquía preferencial divisiva y peligrosa, sostuvo.

Las órdenes de “abrir la frontera”, según añadió, “han puesto en peligro al pueblo estadounidense y han disuelto recursos federales, estatales y locales que deberían utilizarse en beneficio del pueblo estadounidense”, y “el extremismo climático ha disparado la inflación”.

Por ello, procedió a revocar una larga lista de órdenes ejecutivas en vigor. Entre ellas, la que avanzaba en favor de una equidad racial y un apoyo a las comunidades desatendidas a través del gobierno federal, la que apostaba por prevenir y combatir la discriminación con motivo de identidad de género y orientación sexual y la que estableció un Consejo de Política de Género en la Casa Blanca.

También ordenó acabar con la orden ejecutiva que garantizaba un entorno educativo libre de discriminación por motivos de género, la que defendía una respuesta “equitativa” a la pandemia y la que mejoraba y ampliaba el acceso a los tratamientos contra la covid-19, la que creaba un marco regional integral para abordar las causas de la migración.

Este lunes, en su discurso tras haber sido investido, había afirmado que convertirá en “política oficial” de su nuevo Gobierno reconocer solo dos identidades de género, “el masculino y el femenino”. 

Además, emitió otra orden ejecutiva para reinstaurar el programa 'Quédate en México', que obligaba a los migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus trámites para entrar en Estados Unidos. Este programa, oficialmente conocido como Protocolos de Protección a Migrantes, entró en vigor en enero de 2019 durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y continuó aplicándose en los primeros meses del Gobierno de Joe Biden, hasta que fue eliminado en agosto de 2022.

Otro de los decretos busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular, un derecho protegido por la Constitución, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, aunque Trump emita una orden ejecutiva sobre este tema, no está claro qué efectos legales tendría, ya que modificar este principio podría requerir un cambio constitucional, un proceso mucho más complejo.

Asimismo, Trump también firmó una orden para renombrar el golfo de México como 'golfo de América', tal y como anunció hace unos días en una rueda de prensa.

Donald Trump regresó este lunes a la Casa Blanca tras una investidura que, por primera vez en décadas, se celebrará en el interior del Capitolio, contará con la presencia de líderes mundiales y magnates de Silicon Valley, y culminó con la firma de un centenar de órdenes ejecutivas para revertir las políticas de su predecesor, Joe Biden.

DM

El Gobierno mexicano presentó el programa 'México te abraza', una “estrategia integral” para recibir a los compatriotas deportados por Estados Unidos, si es que el presidente entrante, Donald Trump, cumple su promesa de repatriaciones masivas a partir de este lunes.

“México hará todo lo que sea necesario para defender y atender en México a los connacionales y destinará lo que haga falta para recibir a quienes sean repatriados a fin de lograr su reincorporación a su país natal”, señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria detalló en la conferencia diaria del Gobierno que el programa busca dar acceso a quienes regresen de Estados Unidos a programas de bienestar del Gobierno, para así generar condiciones de vida y crear un entorno favorable para atender las necesidades de los repatriados.

El plan, abundó, cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos con apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales.

En este programa colaborarán diversos entes gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración (INM), que apoyará con la carta de repatriación y los traslados, mientras que el Registro Nacional de Población extenderá documentos de identidad como la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afiliará a personas repatriadas y a sus familias, con lo que accederán a los cinco seguros por enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, además de prestaciones sociales como guarderías.

En tanto, la Secretaría del Bienestar les incorporará a los distintos programas sociales como el apoyo económico a adultos mayores, a madres trabajadoras, el programa de reforestación Sembrando Vida, el de prácticas profesionales Jóvenes Construyendo el Futuro y becas escolares.

Rodríguez puntualizó además que cada persona repatriada recibirá una tarjeta llamada 'Tarjeta bienestar paisano' con 2.000 pesos mexicanos (unos 97,54 dólares), que podrán disponer de manera inmediata para cubrir sus gastos de traslado a sus lugares de origen.

En el programa, dijo, están coordinados los gobiernos de estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco, que son las entidades con más mexicanos en Estados Unidos.

Además, cuentan con el apoyo de organismos internacionales y la Comisión de Derechos Humanos.

“Con la finalidad de sumar esfuerzos para la recepción y reintegración de las personas repatriadas, también se ha invitado y se llevan varias reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a participar en la recepción y vinculación laboral de nuestros connacionales que retornan a México”, zanjó.

La funcionaria argumentó que los mexicanos en Estados Unidos han jugado “un papel muy importante” en la economía de ambas naciones y son “gente honesta que se dedica a las labores del campo, que trabaja en la rama de servicios, en el ámbito educativo”.

“México no se ha olvidado de ustedes así como, estoy segura, ustedes llevan el corazón en su corazón a su tierra, queridos paisanos. Su nación está lista para ser una vez más un hogar para todas y todos”, concluyó.

El rechazo a la “medida unilateral” de Trump de reimponer 'Quédate en México'

El Gobierno mexicano rechazó la “medida unilateral” del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, de reimponer tras su investidura este lunes el programa 'Quédate en México', que obliga a solicitantes de asilo estadounidense a permanecer al sur de la frontera.

“La indicación que nos ha dado la presidenta (Claudia Sheinbaum) es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos, sí lo pueden hacer, (pero) nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho, no lo compartimos”, declaró el canciller, Juan Ramón de la Fuente, en la conferencia diaria del Gobierno.

El nuevo mandatario estadounidense dedicará sus primeras órdenes ejecutivas a “cerrar” la frontera con México con el despliegue de militares y restaurará el polémico programa 'Quédate en México', según adelantó su equipo en una llamada con periodistas, horas antes de la investidura de Trump.

Este programa, conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), entró en vigor en enero de 2019 bajo el primer mandato de Trump (2017-2021) y continuó en los primeros meses del Gobierno de Joe Biden, hasta que se eliminó en agosto de 2022.

El canciller De la Fuente aseveró que “no implica el MPP obligaciones para México, como tales”, aunque “se pueden llegar a algunos acuerdos”.

“Pero son mecanismos que van a requerir, desde luego, que primero esperemos a ver si, en efecto, lo ejecutan, como se ha anunciado, y después veremos cómo nos ajustamos para operarlo de la mejor forma posible”, comentó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por otro lado, el secretario defendió la estrategia migratoria de México, al citar una caída del 78 % en los arrestos diarios de migrantes en la frontera de Estados Unidos desde diciembre de 2023.

La presidenta Sheinbaum adelantó que buscará que el nuevo Gobierno de Estados Unidos conserve algunas políticas migratorias implementadas por el presidente saliente, Joe Biden, como la aplicación 'CBP One' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permite solicitar asilo desde el sur de México.

“(El MPP) es una decisión unilateral de ellos para que, quien quiera tener asilo en los Estados Unidos, no entre a Estaos Unidos, sino que espere en otro país, y por eso nuestra insistencia para que se abra esta posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de forma presencial, sino también a distancia”, dijo.

EFE.

IG

La policía de fronteras croata está quemando ropa, teléfonos móviles y pasaportes de solicitantes de asilo que consiguen llegar al país desde Bosnia, según denuncia la organización humanitaria No Name Kitchen (NKK). Un informe de NNK, al que ha tenido acceso el diario The Guardian, con fotografías de las pertenencias quemadas, junto con testimonios de agresiones sexuales y palizas propinadas por la policía, recoge las últimas supuestas pruebas de la brutalidad contra las personas que intentan cruzar las fronteras de la Unión Europea.

NNK es un movimiento independiente con presencia en zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo, donde proporciona ayuda humanitaria a personas que sufren devoluciones violentas y otras formas de abuso.

Cada día, miles de personas procedentes del sur de Asia, Oriente Medio y el norte de África y, cada vez más, China, intentan cruzar los Balcanes con el objetivo de entrar en la UE. Las instalaciones para acogerlos son escasas, y estas personas se ven obligadas a pasar la mayor parte del duro viaje en campamentos improvisados o estaciones de tren. La policía fronteriza croata detiene a muchas de ellas y las registra. Hay testimonios de que a algunos les roban y los obligan con violencia a dar marcha atrás y regresar a Bosnia, donde miles de solicitantes de asilo se pueden quedar en la intemperie a temperaturas a menudo bajo cero.

Estas devoluciones constituyen una clara violación del derecho internacional, que establece que los solicitantes de asilo tienen que tener la posibilidad de presentar su solicitud una vez que se encuentran dentro de las fronteras de un país. NNK ha detallado la ubicación de ocho grandes “pilas de quema” en las que agentes de la policía croata presuntamente incineraron los efectos personales de las personas y los documentos que necesitan para solicitar asilo una vez que llegan a la UE.

Según los activistas, algunos teléfonos móviles quemados podrían contener pruebas de los abusos cometidos por la policía croata, ya que los solicitantes de asilo consiguieron tomar fotografías y hacer videos de estas acciones.

NNK tenía conocimiento de estas pilas de quema, ya que algunas personas expulsadas de Croacia a las que habían ayudado las habían descrito, pero hasta ahora no había podido verificar estos relatos. Los activistas viajaron a la frontera entre Bosnia y Croacia a finales de 2023 y principios de 2024 para recabar pruebas de los montones quemados mencionados en los testimonios.

La organización identificó los lugares en zonas conocidas por las devoluciones y pudo documentar la destrucción de documentos de identidad, bolsas con pertenencias, cientos de teléfonos, zapatos, gafas, documentos oficiales, baterías portátiles, dinero y otros objetos cotidianos. Las imágenes recabadas coinciden con los relatos de las personas expulsadas.

También recabó testimonios que denuncian violencia por parte de la policía de fronteras. En diciembre de 2023, una mujer marroquí de 23 años, embarazada, dijo que había sido agredida sexualmente por agentes croatas antes de que los guardias quemaran sus pertenencias, junto con las de otros miembros de su grupo. La mujer, que viajaba con su esposo, otra mujer y tres niños, dijo que un guardia fronterizo la sometió a un cacheo invasivo al desnudo, que incluyó el interior de sus genitales, y la amenazó con violarla. El cacheo “fue lo peor que me ha pasado”, dijo la mujer: “Hubiera preferido que me pegara a que me registrara de esa manera”.

Según el relato de la mujer, después de que los guardias dejaran marchar al grupo, que dio media vuelta en dirección a Bosnia, los agentes quemaron los objetos que les habían confiscado.

Según otro testimonio, de noviembre de 2023, un grupo de cuatro hombres marroquíes fueron presuntamente golpeados por agentes de policía que luego quemaron sus pertenencias.

Según este testimonio, la policía obligó a los hombres a caminar descalzos sobre las cenizas calientes, amenazándoles con porras. Los activistas de NNK afirman que el hombre marroquí con el que hablaron sufrió quemaduras en las plantas de los pies.

Croacia niega los abusos

A pesar de los testimonios de trabajadores humanitarios y periodistas, Croacia niega sistemáticamente haber expulsado a solicitantes de asilo a Bosnia o utilizado la violencia contra ellos. Recientemente, NNK presentó sus pruebas a la relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards.

Un portavoz del Ministerio del Interior croata ha afirmado que el gobierno tiene una “política de tolerancia cero ante cualquier posible actividad ilegal cometida por su personal” y que cuenta con un mecanismo independiente para supervisar la conducta de la policía. En cuanto a los testimonios de la mujer embarazada y del grupo de cuatro hombres marroquíes, el portavoz ha señalado que “es totalmente inconcebible que se produzca un incidente así sin que se denuncie inmediatamente a la policía”.

El portavoz señala que a menudo son los traficantes de personas los responsables de la violencia y los robos en la frontera, y que la policía ha documentado “muchos casos de denuncias inventadas”.

“En cuanto a las afirmaciones de que la policía croata está quemando artículos que ha confiscado a los migrantes, nos gustaría señalar que, para evitar ser devueltos a Croacia como solicitantes de protección internacional, los migrantes a veces destruyen documentos y abandonan sus pertenencias personales cuando intentan cruzar ilegalmente la frontera”, indica el portavoz.

En 2019, la entonces presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarović, pareció reconocer estas devoluciones en una entrevista con la cadena de televisión suiza SFR. Aunque lo había desmentido durante meses, en ese viaje a Suiza reconoció que la policía había usado la fuerza, pero negó que las devoluciones fueran ilegales.

En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la policía croata era responsable de la muerte de una niña afgana de seis años, Madina Hussiny, que junto con su familia se vio obligada a regresar a Serbia cruzando las vías del tren. Murió arrollada por un tren.

DM

Traducción de Emma Reverter

Sahra Wagenknecht habla como una pianista que toca las teclas sabiendo de antemano qué música complace más al público que tiene delante. La líder del joven partido BSW (Bündnis Sarah Wagenknecht o Alianza Sahra Wagenknecht) ofrece un discurso en el centro de la ciudad sajona de Chemnitz, llamada Karl-Marx Stadt por la República Democrática Alemana, la desparecida Alemania socialista.

A pocos días de las elecciones regionales en los estados federados de Sajonia y Turingia, en las que la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) amenaza con dar un nuevo golpe sobre la mesa, Wagenknecht despliega ante cerca de mil personas una efectiva oratoria sobre los principales temas con los que quiere llevar a su formación a entrar con fuerza en los dos parlamentos regionales del Este de Alemania.

Cada frase, un eslogan: “En Ucrania mueren cada día hombres jóvenes a ambos lados del frente”; “no sólo Putin comenzó una guerra ilegal, también los americanos atacaron ilegalmente siete países en los últimos 30 años”; “con las sanciones a Rusia no dañamos a Putin, dañamos nuestra economía”; “queremos diplomacia y no más envío de armas”; “ahí están los políticos que nos pretenden enseñar lo que debemos decir, lo que debemos pensar, lo que debemos comer”; “hace dos años dije que tenemos el Gobierno más estúpido de Europa y desde entonces no se ha vuelto más inteligente”; “no puede ser que en nuestro país haya que gente que muera a manos de personas que no deberían estar aquí”.

El programa electoral de BSW cabe en cuatro folios y las encuestas le dan como tercera fuerza en ambos estados, muy por delante del Partido Socialdemócrata de Scholz.

Wagenknecht ha sabido leer el momento antielitista y populista que se respira en amplios sectores de la sociedad alemana. Con una guerra en pleno continente europeo, a menos de 1.000 kilómetros de la frontera de Alemania, una economía al borde de la recesión, una inflación que afecta a una clase trabajadora en parte ya empobrecida antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania y unas perspectivas que no invitan especialmente al optimismo sobre el futuro, la exdiputada de los poscomunistas de Die Linke y exlíder de la Plataforma Comunista –un gremio marxista-leninista existente dentro de Die Linke– ha entendido que un mensaje sencillo, directo y en parte simplificador de los problemas que arrastra Alemania es la fórmula perfecta para conseguir el éxito electoral, al menos a corto plazo.

La gran baza es la misma figura de Wagenknecht que, con un aura de líder mesiánica, un fuerte tirón en medios de comunicación tradicionales y una constante y eficaz estrategia en redes sociales, da sentido y también el nombre a un partido fundado oficialmente el pasado enero y al que todas las encuestas aseguran presencia en el próximo parlamento federal.

Tras convertirse en una voz incómoda durante años dentro de su expartido, Wagenknecht ha sabido esperar el momento exacto para lanzar BSW con el tiempo necesario para entrar en las instituciones, pero sin la presión de ofrecer más detalles sobre su propuesta política. La principal arma de la Alianza Sahra Wagenknecht es la propia Sahra Wagenknecht.

Las repúblicas perdidas

El discurso y la oferta política de BSW se parecen a una invitación a volver al pasado: en el oeste, con las décadas doradas de los 70 y 80 de la República Federal Occidental, su milagro económico y su apuesta por la distensión con la Unión Soviética a través del comercio; en el este, con la sensación de seguridad que ofreció el socialismo real de la RDA, una nostalgia de la república perdida bautizada como “ostalgie” en alemán.

Aunque en Chemnitz Wagenknecht no defiende la división entre las dos Alemanias, sí desliza referencias a la historia de la RDA que tocan la fibra sentimental e identitaria de la población germano-oriental: “Los que vivieron la fase final de la RDA ya experimentaron como los de ahí arriba no consiguen nada, no tienen una visión ni un plan, se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar urgentemente”. Wagenknecht traza un paralelismo histórico entre entonces y hoy: la era de cambio que se notaba en el aire a finales de los 80 en la RDA es similar a lo que se respira hoy en la Alemania reunificada, asegura.

Grita, de 62 años, es una de las asistentes al acto electoral de Sahra Wagenknecht. El cartel con el que ha venido destaca sobre las cabezas del público: “Kriegstreiber NATO” (“OTAN, belicista”). “Mi infancia la pasé en la RDA, me socialicé en la RDA y, con todos los errores que se cometieron, opino que se deberían haber revisado tras 1989 y que nunca deberíamos haber renunciado a la RDA”, dice. “Desde la actual perspectiva, sé que sin la RDA habríamos tenido, con seguridad, de nuevo una guerra. Con su política exterior pacifista, la RDA lo evitó”.

Entre el público destaca la presencia de gente mayor, especialmente de personas en edad de jubilación. “Tras 40 años cotizados y después de haber criado a tres niños, además de a mi nieta, me queda una pensión de 800 euros”, comenta Conny, visiblemente emocionada por el discurso que acaba de escuchar de Sahra Wagenknecht. “Dice cosas que yo también siento, sobre todo en lo relacionado con la migración. No puede ser que tengamos criminales, que no deberían estar aquí y que no respetan nuestras reglas”, explica esta jubilada que reconoce tener que seguir trabajando para llegar a fin de mes.

Entre los asistentes también hay unos cuantos inmigrantes o alemanes de origen extranjero. Antonio es uno de ellos, un ingeniero mecánico nicaragüense que llegó a la RDA antes de la caída del muro y que lleva más de tres décadas viviendo y trabajando en Alemania: “El nivel de vida ha bajado bastante. Y la migración y la criminalidad han aumentado. Espero que este partido haga cambios. Y si no, pues no lo volveré a elegir”.

Antes de apostar por el BSW, Antonio votó a Los Verdes y a socialdemócratas del SPD. Algo que no se plantea “nunca más”. Preguntado por la “inmigración descontrolada” que denuncia su actual opción política, responde: “En la RDA había cubanos, argelinos, también había inmigrantes, tal vez incluso más que hoy. Pero en el sistema anterior no había ayudas sociales. Hoy hay ayudas sociales. Esa gente viene aquí, recibe dinero y no se adapta a las normas del país. Y el actual Gobierno no hace nada”, denuncia el inmigrante nicaragüense. Mientras, de fondo, la megafonía del acto electoral invita a los asistentes a acercarse al escenario para hacerse un selfie con la líder.

Cuatro folios de programa

El programa electoral está dividido en cuatro grandes bloques que dan forma al discurso electoral de Wagenknecht en Chemnitz: sensatez económica, justicia social, paz y libertad. El programa combina la apuesta por la redistribución de la riqueza con una defensa de la economía social de mercado, modelo tradicional de los fundadores de la República Federal de Alemania. Es decir, capitalismo con correcciones del Estado y apoyo a la mediana empresa familiar de implantación regional.

Su programa económico está en realidad más en línea con el discurso socialdemócrata del siglo pasado –e incluso con un partido conservador con sensibilidad social– que con un partido comunista o marxista-leninista, ideología en las que están las raíces políticas de Wagenknecht. Esa política económica, que hace décadas podría haber venido de los socialdemócratas del SPD o los democristianos de la CDU, está hoy salpimentada con propuestas inaceptables para el considerado centro político de Alemania: negociaciones con Putin, fin de las sanciones contra Rusia, recuperación del gas y petróleo rusos que durante años permitieron a la industria alemana producir de forma competitiva en una economía fuertemente dependiente de las exportaciones.

Con el bloque “paz”, ocurre un poco lo mismo: BSW recupera conceptos del siglo pasado marcado por una Guerra Fría que la propia Sahra Wagenknecht vivió en primera persona como joven ciudadana de la República Democrática Alemana (RDA). “Nuestra política exterior está en línea con la tradición del canciller Willy Brandt y del presidente soviético Mijail Gorvachov, quienes se opusieron a la lógica de la Guerra Fría con una política de la distensión, del equilibrio de intereses y de la cooperación internacional. Rechazamos de manera fundamental la solución de los conflictos con medios militares”, reza un programa que lee la geopolítica actual desde la óptica del siglo XX.

Wagenknecht sabe que el cansancio con la guerra en Ucrania y sus consecuencias crece entre la población alemana, especialmente en el este del país, cuya economía es más dependiente del comercio con Rusia y cuya población mira con más simpatía y empatía hacia la población y la cultura del gigante euroasiático por cuestiones culturales, históricas y geográficas.

El último bloque, el de “libertad”, es una mezcla entre posiciones que podrían estar representadas por un partido liberal-conservador como el FDP: un rechazo latente de la inmigración, que BSW considera “descontrolada”, y un rechazo explícito de la “cultura de la cancelación” y del “estrechamiento” de la libertad de opinión, narrativa también cultivada por la ultraderecha de AfD.

DM

Hace diez años, el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt pidió a los suecos “abrir sus corazones” a los refugiados. Hoy, la ministra de Migración celebra que Suecia registre una “inmigración neta negativa”, con más emigrantes que inmigrantes, por primera vez en más de medio siglo.

“El número de solicitudes de asilo se dirige hacia el nivel más bajo de su historia, los permisos de residencia para solicitantes de asilo siguen disminuyendo y, por primera vez en 50 años, Suecia registra emigración neta”, anunció Maria Malmer Stenergard a principios de este mes.

Aunque se especuló respecto a cómo el Ejecutivo llegó a esta conclusión –incluso desde la agencia gubernamental en cuyas cifras se basó la declaración de Stenergard–, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados confirmó la tendencia. Según ACNUR, resulta sorprendente que mientras el desplazamiento global de personas se encuentra en su nivel más elevado, el número de solicitantes de asilo en Suecia se encuentra en el más bajo.

“Las estadísticas muestran que Suecia tiene una emigración neta por primera vez en diez años”, afirma a The Guardian Annika Sandlund, representante del ACNUR en los países nórdicos y bálticos.

El Gobierno de coalición sueco, encabezado por el Partido Moderado y que cuenta con el apoyo de la extrema derecha, aplicó políticas de asilo cada vez más restrictivas, como los planes para una 'Ley del delator' que obligaría a los trabajadores del sector público a denunciar ante las autoridades migratorias a las personas sin permiso de residencia.

Stenegard considera que la emigración neta es una prueba de que “el trabajo del Gobierno da resultados” y que su política es “necesaria para poder fortalecer la integración y reducir la exclusión”.

Sin embargo, Sandlund advierte de que “esta tendencia puede que no sea tan buena para Suecia como país”. Además de señalar la importancia de los migrantes en el mercado laboral, dado el envejecimiento de la población sueca, la representante de ACNUR destaca que es crucial que estas personas se sientan bien en el país de acogida. “Sabemos que la integración exitosa, que es uno de los objetivos de este Gobierno, se basa en que la gente se sienta bienvenida”.

Los datos oficiales, en entredicho

La Oficina Central de Estadística (SBC, por sus siglas en sueco) sostiene que sus datos respaldan la afirmación del Gobierno de que hubo una inmigración neta negativa entre enero y mayo de 2024, pero que el número de emigrantes durante esos meses probablemente haya sido mucho menor, debido a un proyecto reciente que pretende eliminar del registro de población a personas que ya abandonaron el país.

A principios de año, la SBC anunció que la inmigración entre enero y marzo había alcanzado su nivel trimestral más bajo desde 2005.

En palabras de Johannes Cleris, portavoz de esa entidad: “La afirmación de que por primera vez en 50 años hay más emigrantes que inmigrantes sería cierta en lo que respecta a las estadísticas de todo el año”. Sin embargo, Cleris añade que “no podemos ver en nuestras estadísticas si esto es cierto o no para el periodo de enero a mayo”.

Organizaciones que ayudan a solicitantes de asilo y miembros de comunidades de inmigrantes aseguran a The Guardian que el fenómeno de la emigración neta es consecuencia del miedo a las medidas y los discursos antinmigración del Gobierno, que anima activamente a la gente a abandonar el país o a buscar asilo en otros lugares. “Nos contactan personas muy preocupadas por el régimen restrictivo y que están pensando en marcharse”, asegura una organización de forma anónima.

Tobias Hübinette, profesor titular de Estudios Interculturales en la Universidad de Karlstad, dice que una inversión de la inmigración neta a la emigración neta sería “totémica”, además de demostrar la influencia que el partido ultraderechista Demócratas de Suecia tiene en la coalición gobernante desde las elecciones de 2022. “Si es cierto, sería absolutamente histórico porque Suecia ha sido un país de inmigración durante muchísimo tiempo. Cien años, básicamente”, agrega.

Según Hübinette, el posible aumento de las restricciones –a los visados, a la obtención de la ciudadanía y a la entrada de familiares en el país– hace que Suecia se convierta en un destino poco atractivo, sobre todo entre personas con un alto nivel educativo procedentes de países como Somalia, Irak y Siria.

En la oposición –incluso en el Parlamento– no ha habido voces críticas porque hay un alto nivel de aceptación de estas políticas migratorias. “Si esto hubiera ocurrido cinco años atrás, habría habido un enorme revuelo. Después de lo que hemos visto estos últimos dos años... uno simplemente se rinde y acepta las cosas como son”, dice el experto, quien concluye que, para la sociedad sueca, “es una pura catástrofe”.

La organización de ayuda a los solicitantes de asilo Farr dice percibir una creciente preocupación por las restricciones a la inmigración entre sus miembros, alarmados ante las dificultades para obtener asilo. “En comparación con hace diez años, ser abiertamente hostil hacia los solicitantes de asilo es algo que ya está aceptado”, cuenta Terje Holmgren, presidente de Farr. “En términos más generales, la gente cree que es bueno ser muy restrictivo y reducir las solicitudes de asilo en Suecia. Todos los partidos políticos principales llevan casi diez años diciéndolo”.

Traducción de Julián Cnochaert

Las protestas antiinmigración y contrarias al Islam organizadas en múltiples pueblos y ciudades del Reino Unido, apoyadas por grupos de ultraderecha como la Liga de Defensa Inglesa, acabaron en disturbios cuando muchos de los asistentes agredieron a los agentes con todo tipo de objetos mientras que algunas tiendas fueron saqueadas, se incendiaron cubos de basura y una biblioteca.

Aunque estas agrupaciones llevan semanas organizando protestas, la tensión aumentó a raíz del ataque con arma blanca del 29 de julio en un centro recreativo en Southport (noroeste inglés), en el que tres niñas murieron y ocho menores y dos adultos resultaron heridos.

El autor del ataque, Axel Rudakubana, de 17 años, nacido en Gales de padres ruandeses, ha sido acusado del asesinato de las pequeñas e intento de asesinato de las otras diez personas, pero el malestar de la ultraderecha aumentó al divulgarse por las redes sociales información falsa de que el agresor era solicitante de asilo que había cruzado en bote el Canal de la Mancha -entre Inglaterra y Francia- en 2023.

Los disturbios se extendieron también a ciudades inglesas como Stoke-on-Trent, Nottingham, Belfast y Blackpool, si bien otras organizadas en otros centros urbanos transcurrieron sin incidentes.

Las fuerzas del orden de los distintos condados a los que pertenecen esas ciudades desplegaron agentes con uniformes antidisturbios y otros pertenecientes a las unidades de caballería.

En Bristol, oeste inglés, un grupo gritaba “Inglaterra hasta que muera” y “queremos que nos devuelvan a nuestro país” y otros portaron afiches contrarios a los inmigración.

En Leeds, en el norte de Inglaterra, unas 200 personas caminaron por el centro de la ciudad y gritaban “detened los barcos”, en referencia a os botes precarios de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Muchos de los participantes estaban envueltos con la bandera inglesa y corearon el apoyo de Tommy Robinson, fundador de la Liga de Defensa Inglesa, que, según los medios británicos, está de vacaciones, fuera del Reino Unido, pero fomenta los incidentes a distancia.

En Belfast, un café y un supermercado fueron incendiados, así como varios vehículos, a pesar de que la Policía mantuvo separados a dos grupos enfrentados, uno denunciando la inmigración y otro que protestaba contra las acciones racistas de la extrema derecha.

Las dos partes intercambiaron insultos y se lanzaron algunos objetos en una situación tensa ante el ayuntamiento de la ciudad.

Cuatro agentes resultaron heridos en Sunderland, tres en Hull y varios en Liverpool, los lugares donde los disturbios fueron más intensos.

4.000 agentes antidisturbios preparados para responder

El Consejo Nacional de Comisarios de Policía informó hoy de que hay 4.000 agentes antidisturbios preparados para salir a la calle si la violencia continúa en los próximos días, y por el momento las autoridades descartan el despliegue de militares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, según indicó un portavoz, prometió total apoyo a las fuerzas del orden contra los “extremistas” que intentan “sembrar el odio” y que la libertad de expresión y los disturbios violentos son cosas distintas.

La viceministra principal de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, dijo que “la violencia no es aceptable”.

“Irlanda del Norte siempre debe ser un lugar que proteja el derecho a protestar, el derecho a tener una opinión y expresarla. Seamos MUY claros: la violencia no es aceptable. Nunca lo fue y no lo es ahora. Nadie, NADIE, tiene derecho a expresar odio y violencia. Deténganlo ahora”, escribió en X.

Las cortes pueden abrir las 24 horas para atender acusados

La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha adelantado a los medios que el “sistema judicial está preparado para imponer condenas lo antes posible”, lo que implicará que las cortes pueden permanecer abiertas las 24 horas del día para presentar formalmente cargos a los implicados en los disturbios.

El alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, dijo en un comunicado que se trata de “violencia insensata por parte de personas que buscan una excusa para difundir odio y llevar a cabo actos de violencia.”

“Familias y turistas perseguidos por las calles. Niños traumatizados. Y la misma policía que corrió hacia el lugar de los hechos en Southport ahora es objeto de agresiones y abusos. Estas escenas avergüenzan a nuestra ciudad y los responsables merecen sentir todo el peso de la ley”, agregó.

DM con información de agencia EFE

Una de las particularidades de la especie humana es su propensión a crear símbolos. Los simbolismos han jugado un papel esencial en la conformación de las sociedades desde los albores de la historia, como lo ha explicado Yuval Noah Harari en su muy celebrada obra ‘Sapiens’. Con ocasión de la Eurocopa, hemos visto cómo dos futbolistas, Lamine Yamal y Nico Williams, se han convertido en símbolos. El primero nació en Esplugas de Llobregat (Barcelona); el segundo, en Pamplona. Los dos tienen algo en común aparte de un talento descomunal para el fútbol: son hijos de inmigrantes. El padre de Lamine nació en Marruecos y la madre, en Guinea Ecuatorial. Los padres de Nico nacieron en Ghana y entraron ilegalmente en España en 1994 saltando la valla de Melilla, tras recorrer a pie cinco mil kilómetros a través de cuatro países abrasados por el desierto del Sáhara.

El padre de Lamine nació en Marruecos y la madre, en Guinea Ecuatorial. Los padres de Nico nacieron en Ghana y entraron ilegalmente en España en 1994 saltando la valla de Melilla, tras recorrer a pie cinco mil kilómetros a través de cuatro países abrasados por el desierto del Sáhara

Todos quisiéramos que Nico y Lamine simbolizaran única y exclusivamente la magia del fútbol. Es lo que sucedería en un mundo normal. Pero resulta inevitable que, en estos tiempos turbulentos cargados de xenofobia y racismo, los dos jóvenes deportistas hayan adquirido sin proponérselo un significado político. Ellos, que por experiencia familiar saben muy bien qué está en juego más allá de las canchas de fútbol, han aceptado su nuevo estatus con naturalidad, cuando no con orgullo, como lo han venido demostrado en sus declaraciones a los medios. Como lo aceptó Mbappé al pedir a los franceses que no votaran a Marine Le Pen.

La politización de las figuras de Lamine y Nico proviene en buena medida, como no podía ser de otra manera, de la izquierda. Obvio: en España, es el progresismo el que está haciendo frente al clima de odio y la intolerancia que pretende instalar en la sociedad la extrema derecha. La derecha llamada tradicional, representada por el PP, está plegada desde hace ya largo rato al discurso ultra y, para distanciarse realmente de él, no le bastará con haberse sumado casi a regañadientes al reparto de unos pocos niños y niñas inmigrantes llegados a Canarias. Que la izquierda haya aprovechado una vitrina como la Eurocopa para agitar el debate político sobre la inmigración es comprensible, no solo por tratarse de un evento que concita un interés multitudinario en todo el continente, sino, sobre todo, por el potente simbolismo que en España encierra la selección nacional, más aun en este momento de racha victoriosa.

No hace falta que lo pregunte el CIS para saber que muy pocas instituciones han tenido en los últimos años el poder magnético de La Roja para unir, así sea en una confluencia emocional momentánea, a los españoles. Por supuesto que hay muchos ciudadanos a los que les da igual el fútbol y que detestan –con razón– el tufo nacionalista que exhalan los torneos internacionales, pero, incluso teniendo esto en cuenta, se me ocurren pocos acontecimientos capaces de desatar un estallido de alegría a lo ancho de todo el espectro ideológico como el triunfo de la selección.

Algunos, de buena fe, recomiendan aislar el fútbol del debate político. Sin embargo, resulta difícil, por no decir imposible, sustraerse a la circunstancia excepcional de tener por primera vez en la selección a dos estrellas surgidas de la marginalidad de la inmigración en un momento en que la ultraderecha está envalentonada y arrecia como nunca sus soflamas contra el extranjero, en particular contra el musulmán, en nombre de una pretendida defensa de los “valores” de la civilización europea. El propio Nico, que junto a Lamine ha sido objeto de innumerables ataques racistas en redes, destacó tras la victoria del domingo el “cambio histórico” que la selección está transmitiendo la sociedad al recordar que su familia “ha sufrido mucho para estar aquí”. Pero no solo lo que hace la izquierda o lo que dice Nico es política. Con ocasión de la Eurocopa circuló en redes una foto de la selección francesa de 1984, en la que casi todos eran blancos, y la actual, donde la mayoría son negros. “Qué rara está la Eurocopa”, bromeó el presentador Iker Jiménez. Esta canallada también es política.

Soy consciente de que erigir en símbolos a Lamine y a Nico en el debate sobre la inmigración es susceptible de discusión desde una perspectiva progresista. En ese sentido, me parece interesante la opinión de Aldo Conway en este diario de que lo que debe hacer la izquierda es, lisa y llanamente, romper el marco narrativo de la extrema derecha rehusando convertir la inmigración en tema de debate político. Comparto también que celebrar en exceso la pertenencia a nuestro país de dos ahora exitosos hijos de inmigrantes puede desviar el foco de discusiones fundamentales como el propio concepto que tenemos de la inmigración (a veces, sin darnos cuenta, nos vemos defendiéndola con los argumentos del capitalismo: por su rentabilidad, por su su contribución a las pensiones, al PIB, a los trofeos deportivos) o los desgarros que la inmigración produce tanto en quienes se ven obligados a abandonar su tierra como en los países usualmente empobrecidos que dejan a sus espaldas.

Sin embargo, del mismo modo que el objetivo inmediato de frenar a la extrema derecha en Francia postergó momentáneamente algunos debates trascendentales dentro del bloque republicano democrático y en el propio seno de la izquierda, creo que la utilización simbólica de Lamine y Nico para confrontar al discurso neofascista ha sido un soplo de aire frente a los propagadores de la ira y no tiene por qué impedir que se ahonde en el debate de fondo sobre la inmigración.

Nota. Yo también soy inmigrante. Llegué de Colombia hace casi cuatro décadas y desde 1990 poseo la doble nacionalidad. Este domingo era para mí un día especial: no solo porque España ha ganado la final de la Eurocopa, sino también porque Colombia ha jugado (ante Argentina) la final de la Copa América. Un amigo, quizá intentando entender las complejidades emocionales de las migraciones, me preguntó: “¿Y por quién irías si les tocara enfrentarse a España y Colombia?”. Estuve tentado a responderle con una reflexión acerca de la perversidad de las pruebas de lealtad a que han sido sometidos algunos pueblos a lo largo de la historia, pero preferí no agobiarlo con la perorata. Le resumí con honestidad: “Celebraría todos los goles y me gustaría que ganara el que mejor haya jugado”. Vio en mi respuesta una salida por la tangente. Qué le vamos a hacer.  

Desde hace muchos años Argentina es un destino elegido por migrantes de distintas latitudes. La gratuidad de la salud y de la educación, las políticas de integración (implementadas por la mayoría de sus gobiernos) y las facilidades a los extranjeros para acceder a una residencia, son algunos de los motivos que explican el por qué muchos eligen como hogar este país ubicado en el sur del mundo.Sin embargo, la tendencia inmigratoria decreció en los últimos años: las sucesivas crisis sociales y políticas, y la inestabilidad económica desembocaron en la partida de muchos migrantes. De acuerdo con el último Censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2022, hay 1.933.463 personas nacidas en otro país viviendo en Argentina. Se trata del 4,2% de la población, porcentaje menor al del Censo 2010 (4,5%). 

En los últimos meses, el egreso de personas que se encontraban instaladas en el país, algunos de ellos que vivían aquí hace muchos años, se encuentra en ascenso y la llegada de extranjeros a vivir aquí bajó drásticamente. Según la Dirección Nacional de Migraciones, entre noviembre de 2023 y abril 2024, un promedio mensual de 34.940 personas llegaron y decidieron quedarse en el país. El número es considerablemente menor al del primer semestre de 2023, donde la misma dependencia estatal registró que eran cerca de 52.785 las personas que se quedaban por mes. 

Virginia es venezolana y vive en el país desde hace 7 años. Vino de Caracas en 2017.  “En ese momento hubo un estallido en mi país. Se vió en la calle, en las miles de manifestaciones que hubo, pero también en la suba de los precios de los medicamentos y de la comida. Se vivió una situación hiperinflacionaria acompañada de la escasez de productos”, explicó en diálogo con elDiarioAR. Se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires sin siquiera haberla visitado previamente. “Elegí Argentina porque era mucho más cómodo hacer los papeles acá. Los trámites para los migrantes son mucho más amables en Argentina que el resto de los países de la región. Por venir de un país que pertenece al Mercosur hay cierta facilidad”, contó.

La venezolana de 33 años es productora audiovisual y periodista. Aquí tuvo varios empleos: fue ejecutiva comercial, asistente de producción, productora y prensa, entre otros. Hasta marzo trabajó como coordinadora de comunicación en el Ministerio de Turismo y Deporte, devenido a secretaría con la asunción del presidente Javier Milei. Fue una de las miles de despedidas de la administración pública el pasado 31 de marzo. Llevaba dos años trabajando en su puesto y se enteró por Whatsapp que al día siguiente no podría entrar a su oficina. Dos semanas después recibió el telegrama de despido. “Hace dos meses estoy sin trabajo. Estoy sobreviviendo con ahorros. Tengo entrevistas de trabajo pero no consigo nada. La misma semana que me despidieron me renovaron el alquiler. Fue una catástrofe. Aumentó al doble. Tengo plata para sobrevivir hasta mitad de junio”, explicó.

Hace dos meses estoy sin trabajo. Estoy sobreviviendo con ahorros. Tengo entrevistas de trabajo pero no consigo nada. La misma semana que me despidieron me renovaron el alquiler. Fue una catástrofe. Aumentó al doble.

Virginia — Venezolana, productora audiovisual.

Virginia ya está organizando para irse del país: “Creo que me voy a ir a vivir a Europa porque volver a Venezuela no es una opción, allí no cambió nada. No quiero irme, amo mucho a la Argentina. Disfruto mucho vivir en Buenos Aires, hice una red de amigos súper grande, desde cero, pero la situación económica del país es tan difícil como la de mi país cuando me fui y me veo obligada a tomar otro rumbo.”

“No se aguanta más”

Andrea y Laura son de Santa Marta, Colombia. Llegaron a la Argentina en 2010 para hacer sus respectivas especializaciones como médicas. En su país la mayoría de las universidades son privadas y son muy pocos los cupos para ingresar a las especializaciones y encontraron que aquí podrían ingresar fácilmente, al tiempo que recibir una educación de calidad. En Argentina Andrea y Laura se enamoraron e iniciaron una familia. Hoy tienen a Benjamín, de un año, y esperan a Fátima, que nacerá a finales de junio. Pese a haber echado raíces y a la dificultad que les representa una mudanza de cuatro personas, volverán a Santa Marta a fin de año. Aseguran que regresan por varios factores pero que “la gota que rebalsó el vaso” fue la crisis económica que se profundizó en los últimos meses. “Es importante para nosotras estar más cerca de nuestra familia pero sobretodo buscamos vivir más tranquilas. La sensación de no llegar a fin de mes, pese a que trabajamos todo el día, es angustiante. Tenemos 600 y pico de dólares de alquiler, que este año comenzó a actualizarse cada tres meses, y ahora los servicios aumentaron. Nos llegaron 25 mil pesos de luz este mes y seguirán aumentando. Es imposible planificar un futuro”, dijo Andrea a elDiarioAR.

La sensación de no llegar a fin de mes, pese a que trabajamos todo el día, es angustiante

Andrea y Laura — Médicas colombianas

Según el INDEC, en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 289,4% interanual. El rubro que más subió (35,6%) fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, donde están contemplados todos los servicios públicos. En tanto, el poder adquisitivo de los salarios registra ya una caída real del 17% con respecto a noviembre de 2023 (último mes antes de la asunción de Javier Milei) y del 24% interanual, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Secretaría de Trabajo.

“Escuché muchos años que decía a este país Argenzuela, pero nada que ver. Podías ir al supermercado y comprar, podías hacer un viajecito corto de vez en cuando, ahorrar con un esfuerzo. Ahora sí puedo decir que Argentina está similar a Venezuela, donde la gente no llega a fin de mes.Yo viví eso y me fui justamente para sobrevivir. Ahora me siento una situación parecida”, reflexionó Virginia.

En la misma dirección Andrea contó: “Con la crisis todo cambió. Antes salíamos los fines de semana. Nos comprábamos por mes algo de vestir, unas zapatillas, una campera, un buzo. Antes íbamos al restaurante a comer todos los fines de semana, ahora nos quedamos en casa. Antes comprábamos mucha carne y hacíamos asados, ahora casi no compramos, solo para que él coma. Algo tan necesario como las bolsas de basura se triplicaron y nuestro sueldo sigue igual. No se aguanta más”.

El final de la migración masiva de Rusia

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022,creció la migración rusa a América Latina. Argentina fue el país que más ciudadanos rusos recibió. Las cifras oficiales aseguran que más de 20.000 emigraron a este país, incluyendo cientos de mujeres embarazadas. No obstante, la cantidad comenzó a bajar en 2023 y hoy son cada vez menos los migrantes rusos que eligen nuestro país, y varios los que se van. ¿Las razones? Son principalmente dos: Migraciones a partir de 2023 (en el gobierno de Alberto Fernández) ya no otorga fácilmente la radicaciones (documentos previos a que se puedan nacionalizar y obtener el pasaporte argentino), comenzó a realizar estudios socioambientales para ver si efectivamente esas personas se quedan en el país o sólo buscan obtener el pasaporte argentino y luego marcharse. En segundo lugar, pese a que Argentina continúa siendo un país que les garantiza la paz, sobrevivir en él se hizo más costoso en los últimos meses.

Los pedidos de radicaciones de ciudadanos rusos pasaron de 199 en 2021 a 2.106 en 2022 y 8.488 en 2023. En los primeros meses de este año (de enero a abril), serían alrededor de 2200 y se espera que el número anual sea menos de la mitad del que hubo el año anterior.

El empresario ruso Arsen Kazibekov vivió en Buenos Aires 10 meses. Llegó el 10 de agosto de 2022 escapando de la guerra, junto a su esposa embarazada para dar a luz en Argentina. Su primera opción era Estados Unidos, pero  les negaron la visa. “Mi amigo vivía en Argentina y me dijo que podíamos obtener un permiso de residencia y luego la ciudadanía. Parecía una buena opción, así que la convencí a mi esposa”, contó  a elDiarioAR.

El 3 de octubre de 2022 nació su hijo, iniciaron los trámites para obtener la residencia enseguida pero recibieron la radicación hasta julio del 2023, un mes después de que decidieron partir a Azerbaiyán, Serbia. “Me fui de Argentina porque hacía mucho tiempo que no nos daban los documentos. Vivíamos con el precario y debido a esto no pudimos abrir una cuenta bancaria. Siempre hubo problemas con la transferencia de dinero. Teníamos el dinero en cuentas bancarias americanas y europeas pero no podíamos transferirlo legalmente a nosotros mismos. Tenía que andar constantemente con enormes cantidades de dinero en efectivo, que era muy inconveniente y peligroso”.

Yegor Vasilkov, periodista ruso que vive en Argentina desde el inicio de la guerra y administra el canal de Telegram “Argentina en ruso”, contó a este medio que su comunidad se vio afectada por la crisis económica que vive el país. “Hasta hace poco era un país muy barato para nosotros. Por ahora no es posible para muchos de nosotros continuar viviendo en Palermo o Recoleta, o tomar cafés todos los días. También tuvimos que bajar lo que se gasta en el supermercado y la educación privada se encareció mucho”, dijo a este medio. 

Confirmó además que la ola migratoria mermó a finales del año pasado, hoy por cada familia que llega, tres se van. “Tengo muchos amigos que eligen otros países después de Argentina para tener una mejor vida. Yo creo que la situación va a mejorar y prefiero estar acá antes que en la guerra pero entiendo a aquellos que buscan una mayor estabilidad”,opinó.

El temido regreso del DNU 70

“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, reza el artículo 20 de la Constitución Nacional. En tanto, la actual ley de migraciones, sancionada en 2004, iguala derechos entre nativos y migrantes. A pesar de ello, hay una asimetría en el acceso a los derechos entre estas poblaciones. 

Las organizaciones de migrantes denunciaron el pasado 24 de abril en la Legislatura porteña el regreso de la criminalización de la población migrante y la intención de los gobiernos locales y nacional de restituir el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del macrismo –derogado por el anterior gobierno–, que modificó la Ley de Migraciones y permitió la expulsión del país en forma exprés, entre 2018 y 2021, de cientos de migrantes. 

La vuelta de discursos de odio y de algunas políticas que discriminan a la población migrante en nuestro país, como la propuesta de cobrarles un arancel por estudiar en las universidades públicas y la decisión del gobierno de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros en hospitales públicos, hacen que proyectos como restituir el DNU 70 sean posibles.

Pablo Cossio Bloque de los Trabajadores Migrantes, organización social y política que agrupa a diferentes migrantes principalmente latinoamericanos, explicó a este medio: “El DNU que firmó el gobierno Mauricio Macri modificó la Ley de Migración y facilitó la expulsión violando el legítimo derecho que tienen las personas migrantes a defenderse. Era sumamente estigmatizante y no era ni necesario ni urgente porque la misma ley ya contempla mecanismos para la expulsión en caso de delitos. Abonaba la criminalización y usaba a los migrantes como chivo expiatorio en un contexto también de crisis económica como la que estamos viendo hoy en día”.

Cossio afirmó que la organización recibió las consultas de varios migrantes que quieren volver a su país, o trasladarse a otro de la región, y a otros que ya lo hicieron.

 “La crisis existe desde hace tiempo pero este último año se profundizó y en estos últimos meses ya es muy aguda. En términos de la reproducción, del sostenimiento de la vida, se hace difícil vivir acá, aún más para los migrantes porque tenemos menos herramientas estatales que nos sostengan. Uno piensa en volver a su país, más aún si no encontrás trabajo como empezó a pasar en los últimos meses. Si a eso se le suma la vuelta de políticas de criminalización a los extranjeros, es entendible que muchos quieran irse de la Argentina”, manifestó.

LG/MG

Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, un gran número de italianos migró hacia Argentina y Uruguay. Los recién llegados carecían de los conocimientos suficientes para hablar un buen castellano, pero necesitaban comunicarse. Ante tal necesidad, los dialectos italianos comenzaron a mezclarse con el español y surgió una variedad lingüística de este último: el cocoliche.

«Se considera un habla de transición que tiene que ver con la vida del italiano que quiere acercarse al español, pero comete errores, tanto en la pronunciación como en las palabras que introduce. Supone un proceso de doble cambio, de reducción del italiano dialectal y de progresiva adquisición del español rioplatense», explica Ángela di Tullio, profesora y lingüista argentina.

Según di Tullio, esta variedad floreció sobre todo en la zona del Litoral, en Buenos Aires y Santa Fe. También en Uruguay, pero de manera menos masiva. Después, la paulatina desaparición de los primeros inmigrantes hizo que se fuera extinguiendo.

No obstante, muchas de sus palabras y expresiones pasaron a formar parte del lunfardo, evitando así una desaparición total. Así encontramos términos como «bagayo» (bagaglio), «chanta» (ciantapuffi), «facha» (faccia), «mina» (femmina) o «pibe» (pivello), cuyo origen es el cocoliche.

«Nos dejó muchísimos calcos del italiano: como el uso del verbo andar con el sentido de ir y no de caminar. También Cortázar, en alguno de sus cuentos, conserva mucho vocabulario. Por ejemplo, emplea máquina para referirse al coche», asegura Natalí Lescano, traductora e investigadora argentina.

Lescano comenzó a indagar sobre el tema durante su etapa como estudiante de Traducción, allá por 2013. Movida por sus raíces italianas, quiso saber más. Su curiosidad ha servido para resucitar esta variedad lingüística en las clases de español que imparte actualmente en la Universidad de Údine.

«Me doy cuenta de que, durante los primeros años, mis estudiantes suelen tener los mismos problemas que los primeros hablantes de cocoliche: dificultades para conjugar ciertos tiempos verbales, usos equivocados de artículos, de los plurales... Estudiar el cocoliche me ha ayudado a prevenir a mi alumnado sobre estos posibles errores», asegura Lescano a Archiletras.

Un término que viene del teatro

Llevamos un rato hablando de esta variedad lingüística, pasando por alto el origen del término en sí mismo. ¿Acaso no resulta curioso? Hasta es divertido pronunciarlo en voz alta: ¡Cocoliche!

Nos cuenta Di Tullio que el vocablo nace en el teatro popular argentino. Lo hace de la mano de los Hermanos Podestá, un grupo de actores circenses rioplatenses. En algunas de sus obras aparecía «Cocolicchio», un personaje cómico, caricatura de un italiano del sur que pretendía imitar a los criollos. El actor José Podestá afirmaba que, para crearlo, se basaron en Antonio Cuculicchio, un peón calabrés que trabajó en su compañía teatral.

La caricaturización se hacía a través de la vestimenta y de los gestos, pero también jugando con ambas lenguas. Por ejemplo, el personaje decía «amico» por amigo o pronunciaba «diche» en vez de dice.

Literatura para hacer burla

Los sainetes de la época acogieron al cocoliche con los brazos abiertos, aunque siempre para hacer una parodia de los inmigrantes italianos. La obra anónima Los amores de Giacumina, publicada en 1886, es un buen ejemplo. En ella se hace una burla de su forma de hablar, además de una sátira de su estilo y cultura.

Lescano pone en contexto este tipo de piezas: «Tal y como han definido algunos estudiosos, se trata de un cocoliche ficticio, pues son escritores argentinos o uruguayos quienes reproducen el habla de los migrantes. Todo tiene que ver con degradar al italiano a través de la sátira».

La autora porteña Florencia Liffredo manifiesta que la italiana era una de las inmigraciones menos queridas en aquella época: «Se tenía mucho miedo de la infiltración del italiano en el habla de Buenos Aires y de la Argentina. Entonces había un desprecio particular».

El tiempo ha hecho justicia literaria y Lescano nos invita a conocer Amores calabreses y Las cocoliches, dos novelas contemporáneas de Nora Mazziotti. Esta escritora argentina utiliza el cocoliche en sus obras para recrear la realidad lingüística de la población italiana en Argentina durante aquel periodo.

«Realiza una representación bastante fiel de esa habla de transición, sin caer en estereotipos, en lo vulgar o en la humillación», afirma la investigadora. Las obras de Mazziotti vienen a suplir la falta de testimonios orales reales grabados. En este sentido, Florencia Liffredo, de origen italiano, recuerda que su abuela le contaba anécdotas y le hacía juegos de palabras que le costaba entender.

Ella le dijo que todo aquello era cocoliche. «Una vez la grabé, lástima que lo perdí», se lamenta.

“Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”. Ovación en el Congreso de los Diputados. A las puertas del edificio, decenas de personas celebran que el Parlamento español vaya a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en el país. Es solo un primer paso y nada asegura que vaya a salir adelante, pero Gias Uddin salta y grita de alegría: en diez años de residencia en España es una de las pocas veces que vislumbra una mínima posibilidad de conseguir sus papeles.

“Me puse muy contento. Lo celebramos todos juntos. Después de dos años luchando para que nos escuchasen, fue un día muy especial”, dice este bangladesí de unos 50 años que, a través del colectivo Valiente Bangla, ha formado parte de la campaña 'Regularización Ya'. Vive en Madrid desde hace una década, pero aún no ha podido tramitar su residencia por la dificultad para conseguir un contrato de trabajo.

Mientras Gias Uddin daba brincos de alegría este martes, Mariama (nombre ficticio) ignoraba la votación que estaba teniendo lugar en el Congreso y pasaba el rato en la pequeña habitación donde pasa las horas, mientras espera que su teléfono suene para optar a unas horas de trabajo sueltas en los servicios de limpieza: “No sabía nada de esa posible regularización, pero me ayudaría mucho. Si llegan a hacerlo estaría muy bien, lo pediría y todo sería mucho más fácil”, responde la mujer senegalesa.

Gias y Mariamma son dos de los cerca de medio millón de personas que, según calculan los impulsores de la iniciativa legislativa popular, podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria solicitada. “Sin papeles no puedes hacer nada, solo podemos sobrevivir. Ganar lo justo con pequeños trabajos puntuales, pero nada más”, sostiene el hombre bangladesí. En 2014, migró a Italia con un visado que, creía, iba a permitirle trabajar en el campo. Pero sus planes se truncaron y, meses después, se trasladó a España en busca de una oportunidad. Desde entonces se dedica a la venta ambulante en las calles de Madrid: “Vendo cerveza, rosas... Sin papeles no puedo hacer mucho más”.

Ha realizado sustituciones en restaurantes o fruterías, cuenta, pero siempre sin la opción de ser dado de alta en la seguridad social. Aunque las personas sin papeles pueden empezar a tramitar la residencia por arraigo social después de vivir tres años en España, la normativa exige presentar un contrato de trabajo de 30 horas semanales que garantice el salario mínimo. Gias no lo ha conseguido. No es el único: dadas las dificultades para cumplir este requisito, hay quienes han visto negocio en la venta de contratos falsos de trabajo. “Muchos conocidos han comprado un contrato por miles de euros y así han conseguido los papeles, pero yo no tengo dinero para pagarlo”, añade el vendedor ambulante.

Su escaso salario le permite pagar los 150 euros de alquiler de una habitación compartida y lo justo para comer. “Ganaré unos 300 euros entre una cosa y otra. A veces se complica más, y aquí encontramos ayuda”, sostiene con media sonrisa en la sede de la organización Valiente Bangla. “No tenemos más remedio que trabajar en la calle, pero cada vez es más difícil hacerlo, hay más control, nos ponen multas... Antes vendía durante muchas horas, ahora muy poco”, añade.

“Me gustaría trabajar sin tener ese miedo. Con papeles podría trabajar en un restaurante, en una frutería...”. Durante los últimos diez años, ha sufrido numerosas identificaciones policiales, denuncia Gias. Hace un año y medio, el bangladesí fue detenido y encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid para ser expulsado, aunque finalmente su abogada evitó su deportación.

Mariamma lleva cinco años sin ver a sus cinco hijos menores de edad. Llegó a Canarias en cayuco en diciembre de 2021, pero antes pasó en Marruecos tres años que prefiere no recordar. En España, ha vivido la mayor parte de estos años sin papeles, combinando trabajos puntuales de sustituciones en la hostelería o en servicios de limpieza que consigue a través del “boca a boca”. “Todo es muy difícil. Conseguir una habitación sin papeles es muy complicado. Sin papeles no puedes hacer nada, ponen pegas para todo: el médico, la vivienda, el trabajo...”, se queja.

Miedo

La mujer, de origen senegalés, ha vivido en España de forma irregular hasta hace dos meses cuando fue admitida su petición de asilo, lo que le da derecho a una residencia temporal que no le llega a dejar tranquila. “Es un parche. A los senegaleses no nos están concediendo el asilo, yo quiero tener los papeles, trabajar y vivir tranquila”, clama.

Mariamma reconoce que aún no ha perdido el miedo a salir a la calle: “Tengo mucho miedo, aún ahora. Los primeros meses no salía para casi nada. Solo a estudiar español, dar un paseo por el parque del barrio y poco más. No quedaba con nadie. Tenía mucho miedo de que me parasen y me volviesen a Senegal. Luego me fueron convenciendo para salir más, pero no llego a estar tranquila. Quiero ir al médico, alquilar una habitación y trabajar sin problemas, sin tener miedo constantemente”.

Los que lo lograron

El senegalés P. Dia presenció la votación para la toma de consideración de la ILP desde dentro del Parlamento, en la tribuna de público. “Era como ver un partido de fútbol, a ver si ganábamos. No sabíamos qué iba a pasar”, cuenta a elDiario.es sin poder contener la risa. Fue un estallido de alegría y emoción. Se abrazó con otros asistentes, cantaron alguna consigna. “Es un orgullo. Después de tanto tiempo en la calle buscando firmas, después de tanto trabajo, pensé: ‘Eso lo hemos hecho nosotros’. Me daba miedo que no saliera. Es como un sueño hecho realidad”.

Dia dice que lo que sintió el pasado martes se parecía a la emoción que le atravesó cuando consiguió los papeles. “Sentí que era libre, que podía ir donde quisiera. Ahora sí que existía, antes no. Sin papeles no significas nada”. Era 2017, y habían pasado cerca de 13 años desde que llegó a España con un visado de turista desde Senegal, su país natal. “Desde que llegué estuve intentando encontrar una solución, pero me costó un montón”. 

Su testimonio refleja, al igual que muchos otros, las dificultades que se topan quienes quieren regularizar su situación administrativa en España. “El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta insuficiente y limitado”, expone la ILP respaldada por 900 organizaciones de la sociedad civil, que apunta a los “criterios altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento” y al procedimiento administrativo “lento” que “cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”.

Dia, que vive en Barcelona y ahora está pendiente de renovar su permiso de residencia y trabajo, lo conoce de primera mano. “Tras 10 años, conseguí una oferta de trabajo con ayuda de gente conocida e hice muchos cursos. Intenté tres veces conseguir los papeles y cada vez me los denegaron por algo. Cada vez que conseguía algo, había un fallo y lo perdía. Primero, porque tenía un juicio pendiente. Segundo, por la empresa. Hasta que salió favorable, tardó casi un año”, dice el activista.

“Te piden tres años [de estancia en España]. Si tienes tres años, te piden que no tengas antecedentes penales. Si tienes todo, te piden un contrato. Para buscar un contrato te encuentras con que tienes que tener papeles. Puedes tener un precontrato, pero te pueden denegar la documentación por algún motivo”, explica Dia. “Un inmigrante viene aquí con su valor y sus estudios, pero no vale nada hasta que no tiene papeles. No puedes trabajar, no puedes avanzar. Hasta que no tienes los papeles, estás sufriendo todo el rato. Y queremos acabar con este sufrimiento”. 

Ese evitar que la gente “siguiera sufriendo” fue el motivo por el que Dia ha sido parte del movimiento ‘Regularización Ya’, conformado por personas migrantes y organizaciones antirracistas de toda España. El camino hasta el Congreso comenzó hace dos años, cuando el movimiento impulsó una gran campaña de recogida de firmas a pie de calle. Dia las buscó debajo de las piedras, en mercadillos y en festivales. “Fue duro, porque siempre había que recoger firmas. Mucha gente no lo conocía, otros se negaban diciendo que les iban a quitar el trabajo, otros decían que ya habían firmado, otros no podía porque no eran españoles… Hemos aprendido que hay gente racista pero también hay gente que quiere colaborar porque sabe que los inmigrantes vienen a levantar el país. Es un trabajo que hemos hecho con ganas, por un ideal, y de manera voluntaria, pero lo cobramos cuando vimos lo que pasó en el Congreso”.

Dia explica que en todos estos años ha trabajado “en muchos sectores”, desde la jardinería hasta el mantenimiento de casas y como pintor. También, como muchas personas que no tienen documentación, se dedicó a la manta. “Sin papeles, lo único que puedes hacer es trabajar en la calle y también puede ser peligroso si te pilla la policía. O trabajar en negro y te pagan como quieran”. Ahora pertenece al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que cuenta con una tienda propia.

“Encontrar trabajo sin papeles fue difícil. Tienes que decir que sí por ejemplo a hacer fines de semana, a que te paguen más tarde o a que te paguen menos. Siempre sí, porque si lo dejas no sabes qué va a pasar. Y hay quienes no te contratan porque creen que les puede pasar algo y prefieren a gente con papeles”, dice Dia. Lo mismo ocurre con la vivienda. “A mí me costaba mucho encontrar piso. Algún amigo o conocido me alquilaba una habitación, pero tenía fecha de salida. No puedes acceder a un alquiler. Tiras de amigos o conocidos o de casas okupa, porque nadie te puede alquilar. No tienes contrato, no tienes nómina, no tienes banco. Hay gente que duerme en la calle o en chabolas. No pueden tener una vida digna”. 

“El día que tienes los papeles, dices: ‘Por fin. Ahora puedo viajar donde quiero. Puedo trabajar donde quiero. Puedo buscar formación. Puedo abrir una cuenta bancaria’. Si tu madre se muere en tu país puedes ir, sin papeles no. Puedes hacer muchas cosas. Te quitan la barrera. Es un papel chiquitito, casi como una tarjeta. Pero es muy importante. Al tener los papeles sientes felicidad, sientes que ya eres libre”, dice Dia.

Esa es la sensación que quiere que sientan las cientos de miles de personas que, según calculan los impulsores de la ILP, se encuentran en esa situación actualmente. “Hay quien lo ve como una victoria; para mí es un alivio”, dice Papalayé, otro hombre senegalés sobre el apoyo del Congreso a la ILP. “Es como si a un pájaro al que le has quitado las plumas y se las devuelves tuviera que darte las gracias. Le estás devolviendo algo que es suyo”, compara.

A Papalayé le quitaron las plumas cuando llegó desde Senegal en 2006. Era pescador y, debido a “la sobrepesca de los barcos multinacionales, mi trabajo no era sostenible”. Así que, junto a sus compañeros, decidió que el barco que ya no les daba trabajo les llevara a una vida mejor, rumbo a Barcelona.

Pero después de un viaje peligroso y accidentado, “nos dimos cuenta de que no teníamos derecho a nada. No sabíamos de la ley de extranjería, que nos impedía tener un trabajo”, se lamenta Papalayé. Así que se buscó la vida como pudo. En la venta ambulante o en las campañas de fruta de Lleida o València.

“Como no puedes trabajar, te explotan”, denuncia este hombre, que recuerda la época en que llegó a tener que vivir bajo un puente. A la falta de acceso al mercado laboral y a la vivienda se le sumó, además, el racismo que impera en la sociedad y que, en su caso, se tradujo en decenas de identificaciones policiales y detenciones que acabarón en deportación.

Estuvo nueve años en Senegal y se resignó a volver a la pesca, trabajo que complementaba haciendo de guía turístico para españoles, aprovechando sus conocimientos del idioma. Cuando la situación no daba más de sí, intentó volver, pero estaba decidido a no hacerlo por mar. “No quería volver al tirarme al océano para que me consideraran ilegal”, asume.

Trató de pedir un visado de trabajo en España, pero se lo denegaron, así que acabó pidiéndolo en Francia. De ahí, pudo volver a Barelona y lo primero que hizo fue sumarse a colectivos de lucha antirracista. De hecho, ha formado parte el grupo promotor de la ILP 'Regularización Ya' desde sus inicios. “Sólo se habla de la migración en elecciones, pero la sociedad española no se puede entender sin la gente de origenes diversos que vivimos aquí, trabajamos, pagamos impuestos y participamos del desarrollo del país”, asegura Papalayé.

Ambos celebran este primer paso en el objetivo de una regularización para cientos de miles de compañeros, para evitar que pasen más tiempo por lo que ellos pasaron. Pero saben que no está todo conseguido. “Si el Gobierno quiere, lo puede hacer. Es muy fácil para ellos. No les cuesta nada. Confiamos en nuestro trabajo y en lo que vimos en el Congreso, pero no es algo seguro. Ojalá todo salga favorable y todos podamos avanzar. Si no, seguiremos luchando. Este movimiento ha crecido y no va a morir”, dice Dia.