Entre quienes conocen la historia argentina del último medio siglo y fueron figuras de la primera línea de la política y la Justicia el video del gobierno de Javier Milei que propone la “memoria completa”, difundo justo el 24 de marzo, es algo así como mezclar peras con manzanas. Al menos así lo entiende Ricardo Gil Lavedra, exjuez del Juicio a las Juntas Militares.

En una entrevista que le concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa en Radio Con Vos, el exdiputado de la UCR y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sostuvo que el único objetivo de la discusión del número de detenidos-desaparecidos es deslegitimar la memoria de esas víctimas y criticó la selección de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazar, respectivamente, a Elena Highton y a Juan Carlos Maqueda como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

—¿Cómo vio este video que difundió el Gobierno con la pretensión de que sea “completar la historia” que se venía contando sobre los desaparecidos?

—A ver, un video que dice esta es la historia completa y que sólo menciona a los crímenes del terrorismo, sobre los cuales nadie discute que son crímenes que deben haber sido enjuiciados y castigados, pero que omite toda mención a los salvajes hechos cometidos por la dictadura militar, parece que tiene como único propósito justificar a estos últimos. Desde ya, las organizaciones armadas en la década del 70 cometieron delitos muy graves, secuestros, robos, tomas del cuartel, homicidios, homicidios de personal militar y de seguridad, etcétera. Nadie duda de que era así. Lo inaudito e inadmisible es que el Estado, o que los militares, la Junta Militar, haya ordenado un plan criminal siniestro que no sólo ha deshonrado las Fuerzas Armadas sino también ha ofendido la conciencia universal. Nadie puede pretender que el secuestro, que la tortura, que la violación de las mujeres y que la apropiación de sus bienes puedan ser actos de combate.

—¿Estamos en una especie de reaparición del discurso de la teoría de los dos demonios?

—Me da la sensación de que la masividad de los actos de este domingo en todo el país demuestra que el consenso alcanzado en la década del 80 respecto Nunca Más a la dictadura, Nunca Más a la violencia política, está firme en la Argentina. Yo no veo mucho espacio para una teoría negocianista.

—Es que lo que escuchamos del final del video del Gobierno es justamente un llamado a dar vuelta a la página de la historia, que sería algo así como olvidar y acabar con los procesos que todavía están en marcha.

—Sí, no lo sé, me parece que la expresión popular ha sido muy contundente. Esto está muy firme, lo que no quita, por supuesto, desde ya, que las víctimas de los hechos del terrorismo en el 70 son víctimas.

—Sí, y que el discurso del kirchnerismo las escondió también.

—Probablemente esto (el video del Gobierno) es una reacción. Porque el kirchnerismo no solamente pretendió apropiarse de la cuestión de los Derechos Humanos sino que reivindicó los hechos guerrilleros, los de lo que llamaron “la juventud maravillosa”. Esto no es cierto. Fueron jóvenes equivocados, que cometieron delitos muy graves. Esto es inocultable.

—Estela de Carlotto fue una de las oradoras del acto en Plaza de Mayo y recordó las más de 300 sentencias contra más de 1.100 represores dictadas en los últimos 18 años, en el marco de la política de los juicios ya durante el gobierno de Néstor Kirchner.

—Sí, yo estoy de acuerdo que se reabrieran los juicios. Lo que no estoy de acuerdo, en esto que dice Estela, es en señalar los 18 años. Es decir, ¡son 18 años de juicios y aún hay juicios abiertos! El juicio de las Juntas Militares demoró 14 meses, ¡14 meses! Estos 18 años [enjuiciando represores] es probablemente porque ha habido una política muy equivocada respecto a estos juicios. Se creó una burocracia estatal alrededor, que no quería que los juicios terminaran. Y sinceramente me parece una vergüenza la duración, estos 18 años juzgando a personas que ahora ya son muy ancianas, muchos han muerto antes de recibir sentencia, es decir que han muerto inocentes. Esto ha sido una mancha.

—Además, con la implicancia del doble estándar para los arrestos domiciliarios.

—Sin duda.

—Es un tema, porque los organismos de Derechos Humanos dicen que no les corresponde al resto domiciliario y los demás dicen que son personas que están condenadas y que como cualquier otro imputado tiene los mismos derechos.

—Yo creo que los delitos de lesa humanidad deben juzgarse pero en un tiempo útil. Incluso los imputados por los delitos de lesa humanidad no son desapoderados del resto de sus derechos y garantías. Los gozan exactamente igual y creo que ha habido violaciones al plazo razonable en la prisión preventiva y allá de los procesos. Sinceramente, yo creo que no es algo que se pueda uno enorgullecer decir estamos hace 18 años. Es terrible que estemos así desde hace 18 años. Es una carga. Repito, el Juicio a las Juntas Militares demoró 14 meses. Sin contratos, sin internet, sin WhatsApp, con máquinas manuales, con carbónico.

—Con un sector del Poder Judicial en contra.

—Sí, claro.

—Y con los militares que estaban ahí mismo, que tenían otro poder.

—Sí, claro, en otro contexto.

—Doctor, ¿cómo mira usted la discusión sobre el número de detenidos-desaparecidos? Porque ahora es la vicepresidenta de la Nación [Victoria Villarruel] la que sale a decir que no fueron 30.000, ya no una figura marginal de la política sino alguien que está en el centro del poder.

—Es una discusión que esconde otros motivos. Es imposible saber el número. Y es imposible saber el número porque el sistema era clandestino. Es decir, no hay actas, no hay constancias, no hay nada. ¿Cuántos han sido? No lo sé. Por supuesto, nadie niega tampoco que ese número de 30.000 es un número simbólico. Pero negar ese símbolo lo que pretende en el fondo es deslegitimarlo. Es decir “ah, bueno, no son tantos, no son 30.000, fueron 9.800, fueron 7.574, fueron 8.750. Es absurdo. En el fondo, lo que se está queriendo es deslegitimar lo ocurrido.

—¿Qué opina de la postulación del Gobierno del juez Ariel Lijo y del doctor García Mancilla para la Corte?

—Nosotros [desde el Colegio de Abogados de la Capital] nos hemos pronunciado muy fuerte sobre el sentido de esas postulacione, que es una regresión el principio universal de igualdad real de oportunidades entre el hombre y la mujer. Esto no solamente está sostenido en convenciones internacionales sino en nuestra propia Constitución; hay leyes sobre los cargos electivos en nuestro país y hay una regla en general, que es que hay que dictar acciones positivas para la igualdad real de oportunidades del hombre y la mujer. No es una cuestión menor esta. Una estadística de la Oficina de la Mujer de la Corte dice que más de la mitad de los cargos judiciales son ocupados por mujeres, pero en los cargos superiores, el 70% son hombres.

—¿Y con respecto a los postulantes en sí?

—Lo que ha trascendido [de ellos] no son cosas buenas en el sentido de negociaciones ocultas, tendencias a tratar de encontrar una mayoría en la Corte, y no cabe ninguna duda que ha habido muchos cuestionamientos respecto de la conducta de Lijo.

—Da la sensación, doctor, de que podría haber mejores candidatos, ¿no? Más allá de mujeres, también candidatos que reúnan mejores antecedentes, que representen al espíritu federalista de la Nación.

—Es broma. Porque dicen: bueno, lo importante es la idoneidad. ¿Eso quiere decir que solamente los hombres son idóneos? Candidatos y candidatas a la Corte Suprema, gente con aptitudes para hacerlo, no hay dos o tres, hay decenas.

JJD

La joven e incipiente democracia nacida el 10 de diciembre de 1983, amenazada por los fantasmas de un autoritarismo que buscaba consagrar la impunidad, necesitaba un hecho fundacional para consolidar un pacto de convivencia entre todos los argentinos. El juicio a las Juntas de Comandantes militares por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico militar fue un hito fundamental para afianzar la institucionalidad en los tiempos de la difícil transición que encabezaba el gobierno de Raúl Alfonsín. 

Tras la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas en 1982, la dictadura inició su retirada con un llamado a elecciones generales para que el país retorne a la constitucionalidad que ese régimen genocida había interrumpido seis años antes.

En la opinión pública y entre las fuerzas democráticas comenzó un debate sobre “cómo resolver” la cuestión de los detenidos desaparecidos y los crímenes del terrorismo de Estado que habían sido denunciados por Madres de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos.

En ese contexto de denuncia y revelamiento de las atrocidades que se habían cometido durante la represión ilegal, los medios de comunicación difundían testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y cubrían la exhumación de cuerpos NN en las fosas comunes de los cementerios. La prensa daba a conocer así lo que había preferido ignorar durante años.

Los desaparecidos y los crímenes de la dictadura se instalaron en la campaña electoral de 1983. En retirada, los militares dictaron una autoamnistía a través de la ley 22924 y los candidatos de los dos principales partidos sentaron postura. Mientras Ítalo Argentino Luder, postulante del peronismo, se manifestaba en favor de convalidar esa norma y no revisar las violaciones a los derechos humanos, Raúl Alfonsín, al frente de la UCR, se pronunciaba por desconocer esa ley promulgada por la dictadura.

En las filas del candidato radical se conformó un grupo de juristas para analizar la legalidad de los actos cometidos por la dictadura militar. Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell, y Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi fueron algunos de los intelectuales que conformaron ese grupo. 

Tras imponerse en las elecciones de ese año, Alfonsín asumió el gobierno el 10 de diciembre de 1983, y tres días después dictó, como jefe de los fiscales, dos decretos que signarían la política de derechos humanos de su gestión y daría lugar a la definición de la denominada “Teoría de los demonios” con la cual se intentó procesar y saldar las heridas que había dejado la violencia política que asoló al país de los años ’70. 

Con el Decreto 157/83, se ordenaba la persecución penal a las conducciones de las organizaciones armadas de Montoneros y ERP, y con el 158/83, se disponía al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que habían usurpado en el poder el 24 de marzo de 1976 y se ordenada distinguir en la responsabilidad de los mandos subalternos en las violaciones a los derechos humanos. Además, el 22 de diciembre, el Congreso derogó la ley de autoamnistía de la dictadura.

Con el fin de apoyar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, el gobierno dispuso por otro decreto, el 187/83, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Alfonsín eligió a diez de sus integrantes y los otros seis (tres diputados y tres senadores) deberían ser designados por el Congreso. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el obispo Jaime De Nevares, el Rabino Marshall Meyer y el escritor Ernesto Sábato fueron algunas de las personalidades que integraron esta entidad. 

Durante nueve meses, la Conadep elaboró un informe de más de 50 mil páginas que se presentó a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 en Casa Rosada. Una multitud de 70 mil personas acompañaron la oficialización de esa investigación en Plaza de Mayo. La comisión documentó más de 9 mil violaciones a los derechos humanos que condensó en un libro: “El Nunca Más”.

De esta forma, El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas comenzó a instruir la causa 13, pero ante la renuncia a investigar, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal decidió hacerse cargo del expediente en octubre de 1984, pese a las presiones de sectores del Poder Judicial y del propio gobierno que pretendían que la investigación siguiera en manos de los militares.

“Veníamos de 50 años de promiscuidad entre el poder militar y los sectores civiles que habían propiciado los golpes de Estado que se produjeron en el siglo XX. Lo cierto es que ese juicio no era deseado por los factores de poder”, señaló en diálogo con elDiarioAR, el jurista Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró la Cámara que tuvo la responsabilidad de conducir ese proceso oral y público a las Juntas de Comandantes.

Además de Gil Lavedra, el tribunal que enjuició a los comandantes estuvo compuesto por los magistrados Andrés J. D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma. En tanto, la acusación quedó a cargo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes contaron con la colaboración de un grupo de jóvenes estudiantes que recopilaron datos e información sobre los crímenes de la dictadura. El trabajo de ese grupo quedó reflejado en la película 1985, de Santiago Mitre, estrenada el año pasado y que cuenta las alternativas de ese proceso.

El 22 de abril de 1985, la Cámara federal dio comienzo al juicio a las Juntas. La defensa de los comandantes quedó a cargo de estudios privados, a excepción de la representación del dictador Jorge Rafael Videla, que resultó defendido por Carlos Tavares, un letrado del ministerio público.  

Alfonsín y el gobierno ofrecieron incluso que los integrantes de las Juntas en el juicio se declaran culpables a fin de suspender la declaración de los testigos, algo que los militares acusados rechazaron de plano. El argumento de los imputados se basó en el Decreto de aniquilamiento de la subversión que había sido promulgado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón.

Las presiones sobre fiscales y testigos fueron constantes y las audiencias no pudieron ser televisadas y se transmitieron por radio. No obstante, las declaraciones quedaron registradas y tres años después de la realización del juicio, y por temor a los levantamientos militares que había sufrido el gobierno de Alfonsín, se dispuso que una copia de todos esos materiales se trasladara al Parlamento de Noruega.

“Los testigos no teníamos protección de ningún tipo y después de declarar no teníamos que ir a nuestras casas sin que nadie nos custodiara y en un tiempo en el cual el aparato represivo estaba intacto. Así y todo, nuestros testimonios sirvieron para que los argentinos supieran qué era lo que había pasado durante el terrorismo de Estado”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Carlos Muñoz, sobreviviente los centros clandestinos que funcionaron en Coordinación Federal y la ESMA.

Un año antes del juicio, Muñoz participó junto a los integrantes de la Conadep de una inspección visual a la ESMA. Allí reconoció a unos de sus captores, apodado como “Morrón”, que seguía en funciones en la unidad militar. Su regreso al infierno quedó retratado en una foto que le tomaron en el altillo de la ESMA, donde funcionó un sector nombrado como “Capuchita”. Carlos aparece en esa imagen sentado frente a una ventana, por la cual se cuela un haz de luz sobre esa parte del centro clandestino de detención.

“Declaré en junio de 1985. Estuve más de cuatro horas ante los jueces y me fumé dos atados y medio de cigarrillos, porque en esa época todavía se podía fumar en espacios cerrados”, evoca Muñoz.

Una de las declaraciones que conmovieron a quienes presenciaron ese juicio fue la de Adriana Calvo, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada y narró cómo debió parir en cautiverio y obligar a limpiar la placenta sin recibir atención alguna, mientras el médico Jorge Antonio Bergés supervisaba esa intervención.

Más de 800 testigos dieron cuenta de la maquinaria empleada por el terrorismo de Estado y ratificaron la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas. Entre el 11 y el 18 de septiembre Strassera pronunció un alegato que quedó en la historia y que concluyó con un cerrado aplauso de los presentes.

“Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca Más’”, remarcó el acusador en alusión al título de la obra que había confeccionado por la Conadep.

El 9 de diciembre, el tribunal dictó la sentencia. Videla y el exjefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera recibieron penas de prisión perpetua. El expresidente de facto Roberto Viola recibió una pena de 17 años; el almirante Armando Lambruschini recibió 8 años y el brigadier Orlando Ramón Agosti tuvo una sentencia de 4 años y seis meses. Los brigadieres Omar Grafiña y Arturo Basilio Lami Dozo, junto con el general Leopoldo Fortunato Galtieri y el almirante Jorge Isaac Anaya, resultaron absueltos.

“La penas no nos conformaron, e incluso algunas nos parecieron irrisorias. Pero a partir de allí se supo la verdad y se reconoció que había habido un genocidio”, apuntó Muñoz.

Gil Lavedra no puede dejar de recordar el dificultoso contexto en el cual debió realizarse ese juicio y las presiones que existieron por parte del poder castrense para que no se realizara. “Hubo en esos años, tres alzamientos militares, pero se pudo condenar la impunidad. El legado de ese juicio es que las empresas más difíciles se pueden llevar a cabo si hay voluntad de justicia y decisión de evitar el olvido”, subraya el exmagistrado.

LC/MG

Javier Milei no quería que la temática de los Derechos Humanos fuera parte del debate presidencial. Fue uno de los pedidos que le hizo a la Cámara Nacional Electoral a través de su hermana Karina, su apoderada en la mesa de negociación ante los demás candidatos sobre las reglas del evento de antenoche, y que tendrá un segundo round el domingo próximo. Finalmente fue el voto de la ciudadanía el que lo puso en el menú. En la rosca pre-debate el libertario también había exigido que se quite del menú el tema educativo, pero ahí fue la Justicia electoral la que se lo rechazó de plano –según supo elDiarioAR, su hermana no protestó y aceptó la decisión “respetuosamente”–.

Sin poder esquivar el tema, Milei avanzó en la noche de Santiago del Estero con los pies hacia adelante. En el capítulo que llevó el título “Derechos Humanos y Convivencia Democrática”, en sus dos minutos desplegó los mismos argumentos que desarrollaron los militares condenados en el histórico Juicio a las Juntas de 1985: que hubo “excesos”, que “fue una guerra” y que no hubo “30.000 desaparecidos”. Incluso reveló su cierta cercanía ideológica con Mauricio Macri, al utilizar el mismo mote del “curro de derechos humanos” que usaba el ex mandatario para criticar la política de Estado que desplegó el kirchnerismo.

Los dichos de Milei suponen un paso más allá en el argumento negacionista que encabeza en La Libertad Avanza su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien llegó a organizar luego de las PASO “un homenaje a las víctimas del terrorismo” bajo el amparo de la Legislatura porteña, dominada por el macrismo. Lo del presidenciable libertario fue una retrógrada reivindicación de la última dictadura cívico-militar. 

Discurso que atrasa

Ayer se hizo viral en X un recorte que deja en evidencia lo parecido de las palabras de Milei con la intervención en el Juicio a las Juntas de Emilio Massera, entonces jefe de la Armada. “Lo único que yo sé, es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales”, se lo escucha al dictador, en un video publicado en la cuenta @rquiroga777, del bioquímico e investigador del CONICET Rodrigo Quiroga, que hasta fue reposteado por el artista español Ismael Serrano.

“El discurso de Milei fue la reproducción de lo que decían los ex comandantes, de que se trató de una guerra o que fueron excesos. Si se quiere hablar de la verdad, como dijo él, eso es de una falsedad absoluta y revela su desinformación. Porque no se trató de un exceso, sino de un plan criminal sistemático orquestado desde el Estado, ordenado para cada comandante y con centros de detención y tortura específicos”, afirmó Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y ex integrante de la Cámara Federal porteña que juzgó y condenó a las Juntas Militares, en diálogo con elDiarioAR.

La ofensiva narrativa de Milei tuvo apenas la resistencia de Myriam Bregman, la candidata del Frente de Izquierda-Unidad, de reconocida trayectoria como abogada de víctimas de la represión, entre ellos Jorge Julio López, quien permanece desaparecido con una macabra conexión con el mileísmo: en un cuaderno del represor Miguel Etchecolatz aparece como contacto el nombre de Villarruel. Ni Sergio Massa ni Patricia Bullrich –que hizo alusión a la “teoría de los dos demonios”– cruzaron al libertario con vehemencia: ya había usado sus derechos a réplica antes, lo que podría revelar su cierto desapego con la materia.

“Milei deja de ser un negacionista y pasa a ser un reivindicador. Ya sabemos que es una persona que no respeta los límites, pero tiene a favor de que en este país hay una falta de memoria, porque él puede traer a discusión libremente temas superados, acá y a nivel mundial”, entendió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez ante elDiarioAR. “Me llama la atención la aparición del discurso negacionista porque es un tema superado, ya antiguo, de la década del ‘80, y que no tiene nada que ver con las preocupaciones de la sociedad argentina actual. Es una cosa atrasada e ignorante”, completó Gil Lavedra.

Son 30 mil

También generó repudio el rechazo de Milei de que la dictadura dejó como saldo la emblemática cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos. “Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753”, precisó el libertario en su intervención. Ayer en declaraciones periodísticas al volver de Santiago del Estero, ratificó su argumento: “Hay cuatro estimaciones de cifras y yo tomé la más alta de todas para que no haya cuestionamiento de ningún tipo”, dijo, a partir de los casos registrados oficialmente, gran parte documentados por la CONADEP. 

Más que abrir una polémica, Milei busca dar por cerrada la discusión sobre la memoria histórica. Gil Lavedra defendió el significado de la bandera simbólica levantada por las organizaciones de derechos humanos: “No se sabe cuál es el número exacto de víctimas, precisamente porque el método de represión fue clandestino. El número de 30 mil tiene la connotación de la gravedad del tema. Los que quieren negarlo quieren deslegitimarlo”, subrayó.

El número de 30 mil tiene la connotación de la gravedad del tema. Los que quieren negarlo quieren deslegitimarlo

Ricardo Gil Lavedra

La provocación buscada por Milei está alimentada por otro dato: este domingo, 1 de octubre, comenzó el ya conocido “Mes de la Identidad”, a partir de que el 22 –el mismo día de la primera vuelta presidencial– es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que conmemora la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. “El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente”, cuestionó justamente ayer Estela de Carlotto en declaraciones a Radio Provincia. “No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dicen 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son, una mentira permanente”, agregó sobre la postura reaccionaria de Milei.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunció en la red social X que “en breve” el organismo que encabeza “demostrará que fueron más de 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado”. “Por lo que significó la dictadura militar, no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica, preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes”, expresó.

El funcionario recordó además que el 19 de septiembre último el Museo Sitio de Memoria ESMA, ubicado donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país, ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco al ser declarado como un lugar con un “valor universal excepcional”. Esa nominación permitiría ser un paraguas que evite que Milei, en caso de llegar al gobierno, busque “cerrar” el museo o “devolverlo” a sus dueños originales, como planteó Villarruel, quien sería la potencial ministra de Defensa y Seguridad. “Eso (el predio) era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Por la donación con cargo, ese bien debiera volver a la familia Raggio”, dijo la segunda de Milei apenas un día después de ganar las PASO. “Lo que sucede cuando un bien entra a la lista de la Unesco es que el Estado se compromete ante la comunidad internacional a sostener el bien, a darle presupuesto y sostener los valores que ese bien representa”, recogió este medio en la secretaría de Derechos Humanos. 

Milei deja de ser un negacionista y pasa a ser un reivindicador

Andrés Gil Domínguez

¿Milei podría indultar?

Otra grave polémica abrió Milei con su discurso: en caso de llegar a la presidencia, ¿podría avanzar con un indulto a los militares condenados? La respuesta escalofriante es que sí, a través de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, hay resortes legales que podrían ponerle un coto a su avanzada negacionista: principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“Podría indultar o conmutar penas, es una facultad del Presidente”, advirtió Gil Domínguez. “Milei podría indultar pero solo lo podría hacer en el orden interno, ya que haría incumplir a la Argentina ante el derecho internacional”, reconoció también Gil Lavedra. 

¿Se animaría un Milei presidente a asumir ese costo político? El corset legal es la vigencia del “fallo Mazzeo”, por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró en 2007 la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” del indulto a crímenes de lesa humanidad, a partir de que la Argentina adoptó la obligación internacional de perseguir, investigar y castigar este tipo de delitos. El indulto, entonces, queda reservado solo para delitos menores. 

El “Documento Final de la Junta Militar”, un discurso de hace 40 añoserrorismo“

Cerca de las 10 de la noche del 28 de abril de 1983, una voz en off interrumpió la transmisión en vivo de la radio y televisión para pasar un extenso mensaje de 45 minutos por cadena nacional. “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, fue el título que eligieron los comandante de las fuerzas armadas de una dictadura ya en retirada. Allí, empezaban a delinear cuál sería su estrategia para evitar la justicia una vez instalada la democracia. Sus argumentos, son los mismos que, 40 años después, utilizó Milei en la noche del domingo: Fue una guerra, y en la guerra hay excesos.

Bajo las órdenes del presidente de facto Reynaldo Benito Bignone, los militares hablaron de una “peculiar guerra que los argentinos debemos superar” y que ello “solo será posible con humildad y sin espíritu de revancha”. Afirmaron que a diferencia de una “guerra clásica”, en esta “guerra peculiar”, “el enemigo no usa uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos”, por esa razón “el número de muertos se incrementa significativamente”. De esa manera, intentaban justificar las desapariciones.

Más adelante, insisten en que los militares no hicieron más que cumplir con una orden del gobierno nacional y que si hubo errores en el cumplimiento de ese deber, en todo caso será la historia la que deba juzgarlos: “En este marco de referencia no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional únicamente el juicio de vida histórico podrá determinar a quien corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertos inocentes”.

“El accionar de las fuerzas armadas constituyeron actos de servicio”, enfatiza el documento en el que los militares invocan el “dolor de cristianos” y reconocen “los errores que pudieron haberse cometidos cumplimiento de la misión asignada”.

Ese documento se convirtió en la antesala de lo que luego fue la llamada “Ley de Pacificación Nacional”, más conocida como “ley de autoamnistía”, que quedó en la nada con el Juicio a las Juntas Militares de 1985.

MC/MG

Miembro de la Cámara Federal que condenó a los ex comandantes de la última dictadura militar, ex ministro de Justicia y legislador por la UCR, hoy titular del Colegio de Abogados de la Ciudad, Ricardo Gil Lavedra publicó en estos días La Hermandad de los Astronautas (Editorial Sudamericana) un libro en el que vuelca su experiencia en el histórico Juicio a las Juntas.

“La hermandad de los astronautas” es una ocurrencia de Jorge Torlasco, uno de los seis miembros de aquella Cámara, ya fallecido, que, como cuenta Gil Lavedra, aludía a la convivencia de los jueces en una “cápsula espacial”, la Sala de Audiencias, con un destino fijado: hacer justicia. “No importa cuán fuertes fueran nuestras individualidades, nuestros disensos: dependíamos uno del otro y lo único que importaba era que la nave funcionara”, dice ahora.

El libro de Gil Lavedra viene a poner luz, casi sin proponérselo, sobre el contexto en el que se produjo el juicio a los ex comandantes, episodios (y protagonistas) que fueron relativizados o ignorados en la película Argentina 1985 de Santiago Mitre y que abrieron una discusión pública de la que el propio ex camarista participó. Entre otras cuestiones, el papel decisivo del ex presidente Raúl Alfonsín, el rol de la Conadep, la participación del Congreso en la construcción del marco legal y el propio lugar de los jueces en todo el proceso.

El trabajo de Gil Lavedra es relato de un hombre que asumió una responsabilidad fuera de lo común, la más importante que le tocó enfrentar en su vida, como confiesa. Es una anatomía del juicio que iluminó los horrores de la represión ilegal de la dictadura militar. Es también un relato apasionante, sin pretensión académica, destinado a que se recuerde qué fue lo que pasó y cómo la naciente democracia argentina asumió, en el breve plazo de 14 meses, en medio de un contexto político extremadamente difícil y todavía en llagas, la tarea de juzgar a los responsables de la represión ilegal.

Por el libro pasan aquel horror y las figuras siniestras de Videla, Massera, Viola y Galtieri, entre otros. Pero también hay lugar para un anecdotario de aquellas jornadas, en el que no falta la dimensión humana, e incluso, el humor.

Los otros integrantes de aquella Cámara fueron Carlos Arslanian, que la presidió, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D'Alessio, también fallecido.

-Hay dos dimensiones en el juicio, o varias. Una es la dimensión ética, su significación en el restablecimiento de la democracia y cómo cimentó de alguna forma el estado de derecho en la Argentina. Democracia y derechos humanos en la Argentina es prácticamente un sintagma, son lo mismo y el juicio a la juntas tuvo un rol significativo para que esto ocurra. Pero también hay otra dimensión, que es sobre la que pone luz el libro y es cómo fue posible que el juicio se hiciera. Desde el punto de vista político, por un lado, por el contexto que todos conocemos, por otro lado la cuestión fáctica, lo técnico. Era extremadamente difícil llevar a la práctica el juzgamiento de miles de casos, la conexidad entre ellos, establecer los distintos niveles de responsabilidad. ¿Cómo fue posible, cómo lo hicieron?

-A esta altura mirando a lo lejos, mirando para atrás, yo digo que era imposible, sinceramente. Mirando esto para atrás veo que fue una proeza. Porque los planetas se alinearon, sinceramente, cuando decidimos avocarnos (N de la R: asumir la responsabilidad del juicio) . En realidad fue una decisión muy difícil porque pudimos no hacerlo, y si no lo hacíamos no había juicio. Y no iba a haber juicio. Y que no hubiera juicio, si el juicio fracasaba en los inicios de la recuperación democrática, iba a ser un golpe durísimo para esa democracia incipiente. Entonces, nosotros pensamos que tenía que haber juicio y en cuanto decidimos tomarlo, asumirlo, nos encontramos con esa montaña de papeles. Bueno, entonces, cómo hacemos. Cómo lo armamos. Primera cuestión, se discutía qué regla debíamos aplicar. Porque se decía que un tribunal civil no puede aplicar las reglas del Código de Justicia Militar. Por lo cual la Cámara, se  avoca tiene que aplicar las reglas civiles, como decían muchos autores en ese momento, muchos académicos. Y nosotros lo discutimos muchísimo y tomamos ahí una primera decisión que fue clave, como fue no aplicar las reglas del procedimiento escrito de la justicia federal corriente en ese momento sino las del Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque en el Código de Justicia Militar, por más que fueran toscas -rigen en el campo de batalla, casos de horas, minutos- esas normas tenían la estructura de un juicio oral. Y nosotros pensábamos: el juicio oral nos va a dar rapidez y nos va a dar transparencia para que la prueba que se reciba la vea todo el mundo. Y no nos acusen. Hay que tener la puesta vista en ese momento: que no nos acusen de que inventamos las cosas, que todo eso no ocurrió. En aquel momento se hablaba de una campaña contra las Fuerzas Armadas, que el juicio era un invento, etcétera.

-Sobre la cuestión de la oralidad, hoy estamos acostumbrados a eso y nos parece natural que un juicio sea oral y público. Usted menciona en el libro que fue una cuestión estratégica la determinación de hacer el juicio en su formato oral. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión, cómo fue que decidieron adaptar esa característica del Código de Justicia Militar al Código Penal? No había antecedentes de una cuestión así en la Argentina.

-No había antecedentes en nada. El juicio fue un juicio hecho a medida. Es decir, sin moldes previos. Lo fuimos hilvanando nosotros. Por las dos razones que mencioné. Una, la rapidez. Porque nosotros sabíamos que -y esto lo discutimos mucho- que si no lo hacíamos rápido no había juicio. Y es más, si no lo hacíamos rápido nos hubiéramos encontrado con la Semana Santa antes. Y en segundo lugar, la transparencia. La posibilidad de que, como dije, las pruebas sean ventiladas frente a todo el mundo. Y lo hicimos sin tener experiencia en juicio oral. Nunca habíamos hecho ninguno, yo tenía cero experiencia. Con lo cual nos zambullimos en la experiencia un juicio descomunal. Por suerte los defensores tampoco tenían mucha experiencia en juicio oral. El fiscal tampoco la tenía.

-El juicio está antecedido por ciertas vacilaciones del presidente Alfonsín, incluso de su parte de su equipo, de qué era lo más conveniente. Incluso siguió ocurriendo mientras el juicio transcurría. Alfonsín había trazado una estrategia por la que originalmente los ex comandantes serían juzgados por tribunales civiles y después se inclinó por un juicio en el ámbito militar. Se me ocurre pensar en que los melones se fueron acomodando solos, finalmente. Usted destaca el rol del presidente, el de la CONADEP, el del Congreso Nacional y el de la propia Cámara Federal para que esto fuera posible. ¿Cómo fue ese proceso?

-Una sucesión de circunstancias positivas. Alfonsín es el motor. Es el que toma la decisión de que haya juicio. Ahora, la estrategia inicial de Alfonsín la modificó el Congreso y para bien. Otra circunstancia afortunada. El Congreso le cambia a Alfonsín que en lugar de ser un recurso que tenía el Consejo Supremo a la Cámara, la Cámara podía controlar lo que hacía el Consejo y le podía sacar el expediente si cometía dilaciones indebidas. Y también el Congreso le cambió lo de la obediencia debida y dijo que esto no era procedente si los hechos eran atroces y aberrantes. Y todos lo eran. Con lo cual le rompió esa estrategia al Presidente. Es decir, el Congreso pone la base para que la estrategia de Alfonsín se pusiera en serio riesgo. Después lo hizo el propio tribunal militar, que no tuvo ninguna voluntad de juzgar, al contrario, es decir, el tribunal militar la última vez que nos mandó un informe dijo: “Mire, yo no sé cuánto dura esto, no les puedo dar plazos. Y aparte tenemos que establecer si cada una de las detenciones fueron correctas”. Es decir, querían investigar a los detenidos. Es decir que si el Congreso no hubiera dado esa facultad, sonábamos.

-En el Congreso se produce un giro, el giro del peronismo precisamente. Veníamos de un candidato como Italo Luder que convalidaba la autoamnistía, de la decisión del peronismo de no participar de la Conadep, por ejemplo. A la distancia ¿cómo ve esa secuencia en el peronismo, que va de la negación hasta incluso condicionar la estrategia de Alfonsín?

— Sí. Yo veo que lo que hizo el peronismo en la campaña electoral era lo normal. Era lo que era normal en el mundo y en la Argentina: “No hagamos nada”. Se dictó una norma, qué mal, pero reconciliémonos. Empezamos la democracia. Dejamos atrás esta etapa terrible y empecemos de vuelta. Eso es lo que hizo Luder. El peronismo estaba en esa corriente, no hay que revisar nada, sigamos adelante. Luego de las elecciones el peronismo gira, ojo, la anulación de la ley de autoamnistía se vota por unanimidad. O sea que ahí el peronismo acompañó. Lo que quería el peronismo era ir a recuperar protagonismo en el Congreso y entonces empujaba lo de una comisión bicameral. Alfonsín se lo da vuelta con la creación de la Conadep. Y yo creo que el peronismo comete un error histórico, histórico, cuando se niega a integrar la Conadep. Es como que le desconfían a Alfonsín. Es decir, ellos querían la bicameral y no la Conadep. Error grosero, la Conadep tuvo un resultado extraordinario e inauguró algo universal como son las comisiones de la verdad en el mundo. Y durante la discusión de las leyes, a diferencia del comienzo, el peronismo comenzó a correr por izquierda al gobierno y dijo “Justicia militar no, justicia civil”. Y todo lo que fuera a oponerse a la estrategia del gobierno.

-¿Ahí empezaron a tomar conciencia de que se les venía el juicio? Usted cuenta un almuerzo con los integrantes del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas que parece bastante risueño pero ya mostraba qué iba a pasar...

-Yo creo que después de ese almuerzo, cuando hablamos entre los camaristas dijimos: “Estos tipos no van ni para atrás ni para adelante”. Y pese a que el gobierno  -porque el gobierno insistió denodadamente en mantener la estrategia y yo esto desde la política lo entiendo-  aun luego de la sanción del Congreso insistió en que el Consejo Supremo lo podía hacer. Entonces los pobres mártires que estaban en Defensa, Horacio (Jaunarena), (Raúl) Borras, (Roque) Carranza, insistieron en tratar de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas funcionara. Y eso no iba a ocurrir nunca.

-Déjeme entrar en el juicio. Una imagen muy ilustrativa de la primera audiencia es cuando describe que cuando ustedes los jueces entraron a la sala y se ubicaron en el estrado, las piernas les quedaban colgando de los sillones, no llegaban al piso..

-Eran muy altos los sillones (risas).

-Claro. Es casi una manifestación de que estaban frente a una inmensidad. ¿Cómo fue ese entrar en “el túnel”, en esa cápsula de astronautas que hace referencia el título del libro?

-Bueno, cuando fijamos la fecha de la audiencia, el 22 de abril, yo no recuerdo días en mi vida que haya tenido tanta zozobra, tanta incertidumbre. Ese fin de semana yo creo que no dormí. Y cuando arrancamos… Ese día fuimos a almorzar todos juntos a La Emiliana, donde está ahora el Colegio Público (de abogados), en la calle Corrientes. Yo no paraba de moverme. Soy muy obsesivo. El Negro Ledesma dijo “yo me clavé un rivotril”. Tribunales tenía un aspecto terrible, estaba todo cortado. Carros de asalto de la policía por todos lados. Después de almorzar volvimos a la sala y con toda la tensión de que arrancamos no sabíamos qué iba a pasar. Es decir, no sabíamos si íbamos a poder manejarlo. Era una sensación abrumadora frente a una montaña en las que nos metíamos y bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Y en cuanto arrancamos nos encontramos el episodio de Hebe de Bonafini.

-Su rechazo a quitarse el pañuelo…

-Claro. Media hora estuvimos en la sala. Yo sentí un sudor frío por la espalda. Dije: “Cagamos. ¿Qué vamos a hacer? Entró el secretario y dijo: ”Fue el comisario y lo re puteó“. Obvio. Entonces bueno, entró Julio (Strassera) diciendo: ”Esta mujer no entiende razones“. Y entonces le dijimos: ”Mirá Julio, que no vaya la policía. Andá vos con Luis (Moreno Ocampo. El fiscal adjunto) y díganle que no vamos a empezar si ella no se lo saca“. Estaba en juego nuestra autoridad. Estaba desconociendo una norma que habíamos hecho también para evitar que se nos llenara la sala de uniformados. La verdad fue una media hora terrible. Incluso decíamos: ”¿Qué vamos a hacer si no quiere?. Tenemos que empezar el juicio“. Alguien dijo: ”Bueno, habrá que sacarla por la fuerza pública“. Un escándalo. Sacar a Hebe de Bonafini por la fuerza pública. Y Dios quiso que Hebe, una mujer dura,  difícil, nos diera una mano porque se sacó el pañuelo. Gracias, Hebe. Cuando vino el secretario y dijo: ”¡Se lo sacó!, ah….

-¿En qué momento sintieron que bajaban al Infierno?

-Con los “testigos del cautiverio”. Cuando empezaron. Porque ahí ya fue la realidad. Durante toda la primera semana eran testigos, aun el antropólogo  Clyde Snow,  que mostró la diapositiva del cráneo baleado, que terminó por dar origen a ese equipo fantástico que es el de Antropólogos Forenses, que ha ayudado tanto en la identificación. Tenemos que rendirle todos un gran tributo a esos chicos y chicas por esa tarea. Bueno, eso fue en la primera semana. Pero en la segunda semana, ahí fue cuando empezaron los testigos “en cautiverio”, y yo creo que fue el segundo día de la segunda semana. Ahí entramos directamente en el horror.

-Usted en el libro recorre casos desgarradores relatados por los testigos en cautiverio en los centros clandestinos de detención. En el momento de hablar de la ESMA, los describe como los “relatos de terror en el reino de Massera”, donde hubo niveles de perversión…

- Sí, porque la ESMA tenía una estructura similar a los otros, los secuestros, las torturas, y obviamente luego los asesinatos. Pero la particularidad que tenía era la recolección de colaboradores. La ESMA estaba inserta en el plan político de (Emilio) Massera. Entonces los detenidos iban siendo reclutados, manteniendo su condición de secuestrados, para ejercer tareas para Massera. Tareas políticas, escribían discursos, documentos. Hacían análisis de prensa. Y después toda esa cuestión de la perversión de las salidas. Eso que salían con las mujeres secuestradas a cenar, una cosa por el estilo. Eso era la impronta diferente, muy diferente que tuvo la ESMA.

-Sobre el comportamiento de los ex comandantes, es muy interesante volver a leer sobre cómo estaban ahí frente a los jueces, qué hacían. Hay cosas curiosas, como por ejemplo el cruce con alguno de ellos yendo al baño... Hay una cosa que me llamó mucho la atención y tiene que ver con el libro que leía Videla en una de las sesiones. Que usted cuenta, le llegó por medio de un familiar político suyo.

-Bueno, eso también revela –para cuando nos preguntan- en qué contexto se desarrollaba el juicio. El miércoles en la presentación del libro le preguntaron a Jorge Valerga por las presiones. Nosotros también vivíamos, teníamos nuestros amigos, nuestras relaciones sociales. Y en nuestros entornos familiares había muchos que estaban en contra del juicio a las juntas, muchísimos. En el caso del libro de Videla bueno, se trataba -no voy a revelar quién- pero se trataba de alguien muy, muy, muy cercano a mi esposa de entonces, muy católica. Y le hizo llegar un libro que se llama Las siete palabras de Cristo, que es lo último que dijo Jesús en la cruz.

-Hay fotos de Videla concentrado en ese libro, recuerdo.

-Sí, sí.. Ese libro dice por ejemplo “pobres aquellos que te juzgan”… Los juzgadores, que éramos nosotros. Pero bueno, eso en realidad no importa, es una anécdota. Pero revela también el medio en el que nos movíamos. Por supuesto, tanto en nuestras relaciones sociales como también en las familiares había mucha gente qué decía que bien lo que están haciendo y otras que no.

-¿Qué transmitían los ex comandantes sentados en el banquillo de los acusados? ¿Qué sensación recuerda haber tenido en el estrado?

-La sensación de ellos ahí sentados, nada. Yo los miraba y pensaba qué les pasaría por la cabeza a esos tipos tuvieron que soportar presentes toda la acusación. Estuvieron ahí diez días, una semana, lo que duró la acusación. En algunos momentos se incomodaron, en otros estaban impertérritos. Y eran distintos, algunos eran más respetuosos y otros eran más provocadores. Yo recuerdo que los más desafiantes eran (Roberto) Viola y sobre todo Massera. Massera se reía, hacía cosas. Después muchos de ellos estaban circunspectos. Todos por supuesto con respeto al tribunal. Y recuerdo las palabras de Massera, que nos increpa directamente. Dice: “¿Dónde estaban los que son ahora mis juzgadores? ¿Estaban con los terroristas? ¿Eran indiferentes? ¿Quién quería que ganara, nosotros o los terroristas?” 

-Recuerdo una frase del libro: “Habíamos decidido no tener miedo”…

-El miedo era no poder hacer. Tomamos la decisión y nos embarcamos y ahí sabíamos que teníamos que hacerlo. Que no teníamos margen. Por eso me gustó a mí tanto recordar la metáfora de Jorge Torlasco sobre la hermandad de los astronautas. Porque eso limó las diferencias entre nosotros. Éramos dos salas diferentes. Es decir, éramos personas diferentes. Digo dos salas diferentes porque la primera, que yo integraba era una sala muy armoniosa, todos paz y amor, y la segunda, la que integraban Ledesma, Valerga y Andrés, se peleaban todo el tiempo, era la disidencia. Y nosotros teníamos que armonizar entre todos. Los astronautas están encapsulados para poder llegar a su destino. Y eso fue, me parece, el espíritu de la Cámara. Teníamos miedo de aflojar y aflojar era fracasar. Teníamos que hacerlo y rápido. Y bien.

-Hubo otro tipo de presiones, fuera de las sociales y la de la sala de audiencias. Hay un encuentro de Alfonsín con la Cámara en el transcurso del juicio que es bastante revelador. Cómo Alfonsín menciona como al pasar su preocupación sobre si iban a continuar los juicios, contra oficiales y suboficiales involucrados en la represión ilegal. ¿Cómo evalúa a la distancia la manera como Alfonsín intentó saldar esa cuestión con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya después de los alzamientos militares?

-A mí siempre me llamó la atención cuando el Congreso le cambia la estrategia a Alfonsín. Sobre todo lo que hace a la habilitación de nuevos juicios. Alfonsín no veta esa ley. Y tengo a través de Andrés D’Alessio un diálogo, me lo ha contado (Carlos) Nino, que Nino llamó por teléfono al Presidente desde el Congreso y le dijo: “Doctor, esto termina en un desastre”, cuando le meten la cuestión de la obediencia debida. Y Alfonsín dijo: “Bueno. Vamos a ver..”.

-Vamos viendo...

-Vamos viendo. Después viene el revocamiento, que yo creo que en el gobierno daba posiciones encontradas. Por un lado decían: “Se rompió la estrategia inicial, ¿qué va a pasar ahora?”. Y por otro lado, decían: “Bueno, a lo mejor con la Cámara…”. Pero siempre con la idea de que el juicio a los comandantes fuera el único juicio. Después, la expectativa del gobierno era que nosotros dijéramos algo sobre la obediencia debida. Y en esa cena hubo un comentario muy suave de Alfonsín en ese sentido.

-En la sentencia dicen todo lo contrario de lo que les insinuó Alfonsín. Lo que dicen es: “Señores, hay que empezar a juzgar…”

-Sí claro. Era el régimen legal. Y yo creo que eso fue un golpe para el gobierno. Alfonsín empezó a ver al año siguiente de qué manera retomaba. Mientras tanto seguía el malestar militar. Y probablemente ya las medidas que tomó al final, bueno… Tuvo que dictar después la obediencia debida. Dictarla él. Yo siempre señalo una cosa que es notable. La posición de Alfonsín, las medidas de Alfonsín de diciembre del 83 son revolucionarias. Pero esos mismos instrumentos cuando él quiere retomar esos instrumentos en el 87 ya son insuficientes.

-Él precisamente es el responsable de que eso fuera insuficiente, por la expectativa que había generado y por el giro que había provocado en la sociedad…

-Claro, él fue quien incorporó a la agenda pública la cuestión de los derechos humanos. Y se da cuenta. Tres alzamientos militares tuvo Alfonsín. Tres. Y los fue surfeando sin tratar de arriar demasiadas banderas y terminó entregando el gobierno con 40 oficiales superiores bajo proceso.

-Déjeme preguntarle por el fiscal Julio Strassera, sobre quien hace foco la película Argentina 1985 sobre el juicio. Usted lo recuerda casi amorosamente a Strassera. Cuenta su transformación y habla de él finalmente como “el paradigma del fiscal”. Háblenos un poco de Strassera.

-Bueno, la acusación era una parte central. No la única. La acusación está inserta dentro de toda la cuestión del juicio y del diseño del juicio. Porque en definitiva fue la Cámara la que posibilitó que el fiscal tuviera esas facultades. Julio era un funcionario bien, bien de tribunales. Un tipo de carrera judicial. Los fiscales de Cámara trabajaban con la Cámara casi de común, de consulta. Él venía a nuestros acuerdos, etcétera. Y cuando establecimos un papel distinto le dijimos: “Julio no podés venir más a nuestros acuerdos, acá no podés venir más. Nos vamos a separar. Nosotros vamos a tener esta función y vos esta”. El trabajo que hicieron afuera de la audiencia los chicos de la fiscalía fue bárbaro, un gran trabajo. Y Luis fue un gran coordinador. Pero en la audiencia Julio se comió la cancha. El tipo tenía enfrente a veinte defensores que hacían quilombo, nos hacían planteos. El tipo los enfrentaba, los arrinconaba. Por supuesto con tanta vehemencia que a Julio lo tuvimos que frenar en más de una oportunidad durante la audiencia. Yo creo que el alegato era una pieza extraordinaria. Él con la colaboración de Carlos Somigliana, que era un dramaturgo. Es un gran texto y lo dijo de una manera impresionante. Las inflexiones, el tono de la voz... Un maestro.

- En una entrevista que dieron en conjunto en TV les preguntaron a cada uno de ustedes por las penas. Y recuerdo que Ledesma dijo: “Yo hago un mea culpa por las penas”. Las penas, curiosamente, no son mencionadas en su libro, con excepción de las perpetuas a Videla y Massera. ¿Fue un olvido, fue una omisión deliberada?

-La sentencia fue un documento y sinceramente no me fijaba en eso. Quizás por la reflexión de que carece de importancia. Y explico en dos palabras por qué. No había dudas de las absoluciones y no las tengo hoy con las absoluciones. No había ningún hecho que imputarle a la última junta militar. Y además porque también juzgamos el caso como se juzgaba entonces en  Tribunales cualquier caso corriente, aplicamos los mismos criterios. Con lo cual no tengo dudas de eso. Respecto de los que sí fueron condenados pasamos toda una mañana discutiendo. Y debo decir que el Negro (Ledesma) y yo fuimos los que luchamos para que la punición fuera mayor. Pero, a ver: en el caso de Viola creo que la sentencia fue 17 años, 18 años, una cosa por el estilo. Yo no recuerdo ahora pero nosotros habíamos pedido que le pusieran 12. A (Armando) Lambruschini creo que eran 9 años; habíamos luchado para que fueran 12. Agosti fueron 4 años y medio y luchamos para que fueran 6, una cosa por el estilo. No recuerdo los números. Lo que sí recuerdo es que queríamos más y discutimos. Y finalmente cuando llegamos a ese consenso fue sobre la base de que no tenía mucha importancia, estábamos dentro de la escala. Y fíjese una cosa, la Corte las bajó más todavía. Es decir, quien ganó en la Corte no fue la fiscalía, fueron las defensas que bajaron un poquitito más las sentencias. La verdad ahora a mí no me importa que hubieran sido 9 o 12. Qué importancia tiene.

-Usted menciona que no había pruebas suficientes, es decir no podían condenar a Viola a cadena perpetua porque había alguna inconsistencia en la acusación de la fiscalía, ¿no?

-Bueno, esa es otra de las limitaciones del tema de los juicios de los hechos paradigmáticos. Los hechos paradigmáticos son un puñado de hechos que tratan de representar la responsabilidad de cientos. Y en el caso por ejemplo de Viola, le había quedado un homicidio imputado. Por supuesto que bajo la comandancia de Viola se deben haber cometido muchísimos más pero estas son las consecuencias, los precios que hay que pagar para hacer posible el juicio. Si uno escogía un puñado, nos quedó uno. Y yo me acuerdo que lo discutimos mucho el fin de semana o los días previos a la sentencia. Porque dependía de ahí que lo mandábamos a perpetua o no. Y la verdad la prueba no era buena. No era buena. Y bueno, y discutimos qué hacemos, qué hacemos, y dijimos: “Bueno, no podemos”. Era un hecho.

-Sobre estas cuestiones, recuerdo el caso del represor Luis Muiña, que está en uno de los testimonios del juicio. En 2017 la Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión de Muiña en una causa de delitos de lesa humanidad. Generó una enorme polémica e incluso una movilización  obligó al Congreso a hacer un cambio en la legislación. ¿Cuál es su posición respecto de estas cuestiones?

-Es un tema por supuesto polémico. Pero yo creo que es inexplicable el beneficio del 2x1. Por muchas razones. Obviamente que no se puede aplicar retroactivamente una ley más gravosa. Pero hay muchas cuestiones distintas. Una el propio derecho internacional, el derecho humano respecto de los delitos de lesa humanidad en los cuales hay dos reglas: una, los juicios tienen que hacerse. es decir, no tiene que haber ni amnistía ni indulto ni prescripción. Y la otra es que las condenas deben cumplirse integralmente. No puede haber indultos. Y obviamente el 2x1 es una exención que la propia Corte ha asimilado al indulto en otros pronunciamientos. Y por otra parte en el momento que se sanciona la ley del 2x1 los juicios habían terminado. Es decir había concluido la persecución penal. Es una consecuencia ulterior cuando ya no estaba en vigencia la ley del 2x1 que los juicios se reinicien. Es decir, no estaba vigente la persecución penal cuando se sanciona la ley del 2x1.

-¿Considera entonces que fue un tropiezo de la Corte?

-Es una cuestión de derecho. Yo creo que los que votaron en aquel momento entendieron -y son jueces buenos y correctos- que es un punto polémico. Yo estoy en ese caso con los que votaron la minoría y obviamente luego de la sanción de la ley no cabe ninguna duda, con lo que sancionó el Congreso. 

-Otra cuestión tiene que ver con las prisiones preventivas de los militares y responsables de delitos que están siendo juzgados por delitos aberrantes. Hay una controversia también en relación a si deberían estar en libertad o no. ¿Cuál es su posición?

-Esto tiene que ver sobre qué garantías se da a los acusados de crímenes tan terribles. Y como yo dije lo que distingue los delitos de lesa humanidad de otros delitos es que tienen que hacerse los juicios y que las condenas tienen que cumplirse. ¿Gozan de las mismas garantías que el resto de los imputados? Bueno, yo creo que sí. ¿Tienen garantía de defensa? Por supuesto que sí. Derecho a producir prueba. Demostrar su inocencia, etcétera. ¿Y tienen a derecho que los juicios se terminen en un plazo razonable? Yo creo que también sí. En consecuencia yo creo que mantener en prisión preventiva encarcelada a una persona sin juicio no está bien. Porque yo también creo que los derechos humanos y las garantías individuales son para todos.  Los autores de crímenes aberrantes son seres humanos que tienen que gozar de las mismas garantías procesales que otros.

- Esta semana ha sido condenada la vicepresidenta Kirchner por defraudación al Estado ¿Cómo evalúa el veredicto en el juicio contra la expresidenta?

 -Es una pregunta cuya respuesta depende mucho de qué lado estás. A tanto ha llegado esto en la Argentina que o es un juicio arbitrario, injusto, que tiende a proscribir o la persecución política o por fin se hizo justicia contra la corrupción, etcétera. Yo creo que hay que tener una mirada más equilibrada en este sentido, bueno, no quiero hablar tanto del juicio a Cristina Kirchner, sino del tema de la credibilidad. En ese sentido creo que es una respuesta que tiene que tener matices. Es muy bueno que se haya hecho un juicio a alguien con poder. Todavía no tenemos los fundamentos con lo cual no sabemos cuál es la sostenibilidad o no del fallo.

-Como el juicio a las juntas, también es un caso sin precedentes en la Argentina...

-Sin dudas. Sin lugar a dudas. Y yo también creo que hay que perseguir la corrupción y a la vez con juicios que sean inobjetables. Y si un juicio tiene algún tipo de deficiencia tiene que corregirse por el propio sistema. Pero bueno, yo creo que hay que tratar de restablecer esta confianza y acá hay una tarea común entre todos. Que esto le cabe al poder político y le cabe también a los jueces. Los jueces tienen que ser conscientes de esto y tratar de legitimarse también a sí mismos.

-Han aparecido chats y audios comprometedores de un grupo de jueces con funcionarios y personas de influencia denunciados por “dádivas”. Está claro que esas son conversaciones del ámbito privado y fueron obtenidas de manera irregular. De cualquier manera muestran un grado de promiscuidad en gente sobre la que el ciudadano espera imparcialidad. ¿Cómo recibió eso? 

-Participo de su comentario. Hay un proceso abierto porque hay un tribunal que está investigando el viaje (de los jueces por invitación a Lago Escondido). Hay dos denuncias en el Consejo de la Magistratura. Por lo cual vamos a ver cómo se desenvuelve. Desde ya ha habido una violación ostensible a la intimidad e incluso hay negaciones sobre la autenticidad de los chats. Es decir, he visto o he leído declaraciones que dicen que los chats no son auténticos, que están editados. Toda hay una sombra de duda. Y respecto de la cuestión esta del viaje hay un tribunal abierto que está verificando.

-¿Y sobre el comportamiento de los jueces? Hay que esperar otra cosa en realidad de los jueces, ¿verdad?

-Sin referirme al caso concreto sin dudas los jueces tienen limitaciones en su comportamiento social. Hay unas reglas de ética judicial que son los Principios de Bangalore que dicen que el juez no es una persona cualquiera, es decir que voluntariamente tiene que aceptar limitaciones y restricciones para salvaguardar su integridad porque esta depende de la confianza pública. 

El ex juez Ricardo Gil Lavedra asumió al frente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por un período de dos años, luego de vencer en elecciones pasadas a Jorge Rizzo y cortar así la hegemonía por 16 años de la Agrupación “Gente de Derecho”. El acto se llevó a cabo en una sala colmada del primer piso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es necesario escuchar al matriculado, sobre cuales son sus necesidades y defenderlo en los temas que le preocupaban”, dijo el flamante presidente, quien bregó por “modernizar al colegio y el ejercicio e la capacitación”. Y habló de llevar adelante un “amplio proceso de tecnificación” y de garantizar el “acceso a la Justicia”.

También se refirió al descreimiento sobre el Poder Judicial y que los abogados deben trabajar para revertir esa situación porque “son parte del sistema Judicial”.

El discurso fue seguido de cerca por Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ambos miembros de la Corte Suprema de Justicia; así como del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Mahiques, entre muchos otros funcionarios y abogados. 

La lista Unidad en defensa de la Abogacía que encabezó Gil Lavedra consiguió casi el 49% por ciento de los votos. “Se trató de una elección histórica. Aún con las dificultades y demoras propias a la pandemia, la convocatoria fue amplia y los resultados superaron la concurrencia de años anteriores”, destacó Gil Lavedra, de extracción radical, quien lideró una coalición de trece agrupaciones.

DA